20240315

Valoración de Confebask con los datos correspondientes al mes de febrero. El número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social apenas varía con el comienzo del año. En febrero, ese número ascendió 57.599. Son 154 más que en enero, pero incluso, un poco menos que hace un año: hay 35 empresas menos (-0,1%) con respecto a febrero del 2023. Por sectores, Industria sigue perdiendo empresas. Su número hoy es menor que hace un año, casi 90 menos (89). Y, por el contrario, suben las de Construcción y Servicios. Por lo que respecta al número de autónomos, aumentó en febrero en Euskadi en 221 personas, la cifra más alta en un mes de febrero desde el año 2018, quedando el total de autónomos situado en 166.394. A pesar de todo, todavía hay menos autónomos que el año pasado por estas fechas, en concreto, un -0,9%. Por último, en cuanto al número de empresas concursadas, en 2023 bajó en Euskadi un  -11,5%, una cifra mejor que en el Estado, donde se redujo un -4,4%. Por sectores, Industria fue el único en el que aumentó su número con respecto al ejercicio anterior. En concreto, fueron 52, un +1’9%. Ver más en Confebask. Ver newsletter completo

Euskadi siempre encabeza los ránking de absentismo en España, tanto cuando se observa en modo global –faltar al trabajo por cualquier motivo, justificado o no– como cuando solo se mide la Incapacidad Temporal (IT), es decir, las bajas por enfermedad. Así lo atestigua un nuevo informe según el cual en el País Vasco se perdieron el año pasado un 6,9% de las jornadas por esta causa frente al 5,4% de media nacional. Solo Canarias superó a Euskadi al llegar al 7,3%. El estudio, elaborado por la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), tiene la particularidad de que se basa en el registro de la Seguridad Social, con lo que es del todo fiable. De acuerdo con sus cálculos, en torno a 65.500 trabajadores vascos faltaron cada día a su puesto por motivos de salud o, dicho de otro modo, cada trabajador vasco se ausentó una media de 25 días en el año por Incapacidad Temporal. Se mire como se mire es un gran problema que trae de cabeza a las empresas, especialmente a las pymes, que se ven con serias dificultades para funcionar. «Los mayores complementos por incapacidad temporal que se pagan Euskadi son una de las explicaciones», señala Javier Blasco, director del departamento de estudios de Adecco. Y es que en el País Vasco muchos convenios complementan la prestación hasta llegar al 100% del salario. De hecho, la influencia de este elemento se vio claramente en el sector público vasco, que tiene una tasa muy elevada de absentismo. Precisamente para entender este fenómeno y buscar soluciones, Euskadi tiene desde hace dos años un grupo de trabajo dentro de la mesa de diálogo social. Se creó después de las constantes quejas de los empresarios sobre el alto nivel de absentismo en el territorio debido a las bajas laborales y sus efectos sobre la productividad. Todavía no hay conclusiones. 

El incremento de las bajas por enfermedad se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las empresas, especialmente para las pymes, que se ven en serias dificultades para seguir funcionando. «Hemos tenido casos de negocios de cuatro trabajadores en los que han coincidido tres de baja», señala Beatriz González, de la asesoría Eurotax. Las gestorías conocen muy bien esta realidad porque desde el 1 de abril de 2023 los trabajadores ya no tienen que entregar el parte de baja a la empresa. La información se tramita de forma telemática y ellas son las que se encargan de recibirla y realizar el aviso a la empresa. «Pero surgen muchos problemas; a veces no te llega el parte de baja del médico de Osakidetza o, al contrario, te enteras meses después de que le han dado el alta», explica González. Aparte de estos problemas técnicos, las empresas tienen que lidiar también con la dificultad de que no pueden preguntar al trabajador por los motivos de su baja ni por las expectativas de su vuelta. Sería interpretado como una vulneración de la ley de protección de datos. «Estamos viendo muchas bajas por estrés y ansiedad. Son procesos inciertos y no sabes cuándo la persona se va a recuperar. Tenemos el caso de una camarera de un bar que dijo tener una cefalea en noviembre y no ha vuelto», apunta González. A su juicio, el hecho de que muchos convenios complementen la prestación hasta el 100% hace que los trabajadores cojan baja con más facilidad. En los procesos de IT la empresa se hace cargo del coste hasta el día 15. A partir de ahí lo asume la Seguridad Social.

España es un país muy competitivo para producir vehículos, pero tiene que mejorar para poder hacer frente a rivales venidos de Asia. Éste fue el mensaje del nuevo director de la fábrica de Mercedes-Benz en Vitoria, Bernd Krottmayer, en el octavo Encuentro Acicae-Expansión, celebrado ayer en Bilbao. El directivo destacó que España tiene mucho talento, así como trabajadores con una gran formación, un amplio parque de proveedores y una gran flexibilidad. No obstante, apuntó que todavía quedan muchas cosas por mejorar para poder competir con rivales chinos, que tienen unos costes muy ajustados. “Durante la pandemia, en China estaban trabajando 24 horas diarias durante siete días a la semana, mientras que en Europa estamos mirando para reducir la jornada laboral a 30 ó 35 horas semanales”, dijo el responsable de la planta vasca de Mercedes-Benz. Krottmayer señaló que no considera que haya que cambiar el modelo actual europeo al chino, pero subrayó la relevancia de hacer que las fábricas europeas sean competitivas en un entorno de fuerte incremento de costes. Por eso, abogó por la flexibilidad de las factorías para adaptarse a la producción de vehículos con nuevas tecnologías, como los eléctricos. En su opinión, una herramienta que ayudará a mejorar la eficiencia y la flexibilidad de los centros productivos será la digitalización de los procesos, reduciendo ineficiencias. Por otro lado, el director de la planta vitoriana puso de manifiesto el problema de absentismo que existe en España en la actualidad, en comparación con otros mercados competidores como EEUU o China. “Es algo que tenemos que resolver”, culminó.

Una semana después de que la amenaza del ERTE se dibujase en el horizonte, dirección y comité de Mercedes Vitoria pactaron ayer un plan para evitar que las desactivaciones lleven a la factoría a un expediente de este tipo. Según comunicó el comité de empresa de la planta alavesa –la más grande de Euskadi, con casi 5.000 trabajadores–, la segunda reunión entre la cúpula de Bernd Krottmayer y la parte social concluyó con un pacto para ampliar la bolsa de días desactivables. Hasta ahora se habían consumido 11 de las 18 jornadas que contempla el convenio, lo que hacía previsible que se desactivasen todas las jornadas posibles. Ahora, si se llega a ese punto el ERTE deja de ser una amenaza. En una comunicación conjunta, el comité de empresa no concretó en qué consiste la entente y delegó en los sindicatos la labor de informar del contenido a su afiliación. Centrales como ESK o Comisiones Obreras (CC OO) lo harán hasta principios de la próxima semana. Pero el preacuerdo mezcla parte de lo propuesto por CC OO y del plan de ELA para abordar la situación. La principal reclamación de los representantes de los trabajadores era que la empresa asumiese parte del coste diario de las desactivaciones y así ha quedado consensuado. La empresa, además, asumió ayer uno de los principales puntos de ELA: aumentar la contratación indefinida más allá de lo comprometido a través de contratos relevo cuando se firmó el convenio.

Los fabricantes de automóviles urgen la puesta en marcha de un plan de choque inmediato para impulsar la demanda de vehículos eléctricos, en un momento en que España se ha quedado a la cola en la nueva Europa a dos velocidades en la matriculación de turismos electrificados. Así lo expuso ayer en Amorebieta (Vizcaya) el director general de Anfac, José López-Tafall, que intervino en la octava edición de los Desafíos del sector de automoción. El responsable de la asociación española de fabricantes de vehículos recordó la importancia de este sector para la economía nacional, al ser el segundo fabricante europeo y el octavo del mundo. Este año, según las previsiones de Anfac, se venderán en España un millón de vehículos, frente a los 949.000 de 2023. Pero el avance de ventas de coches electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) es lento, con una cuota del 12%, lejos del 26% y del 24,6% de Francia y Alemania, respectivamente. Todos los fabricantes españoles están alineados a la hora de reclamar las mismas medidas para animar el mercado de coches eléctricos. Según López-Tafall, es necesario “mover la demanda” con incentivos al ciudadano mediante un modelo de ayuda directa en la compra, que resulta más eficiente. También sería precisa una fiscalidad específica para fomentar la electrificación del parque de vehículos, así como dar un impulso decidido a las infraestructuras de recarga de acceso público. electrificados; y una rebaja en el Impuesto sobre Sociedades para impulsar la compra de vehículos eléctricos y sistemas de recarga. En materia fiscal, Anfac pide para las empresas una deducción total de las cuotas de IVA para su flota de vehículos. 

La industria vasca dedicada a la producción de componentes para el automóvil consiguió el pasado año un récord histórico de ventas, con una facturación que alcanzó los 25.023 millones de euros. Una cifra que se situó un 11,5% por encima de los datos registrados en 2022 y que demuestra la buena salud de una actividad que tiene una amplia penetración en la industria vasca. El clúster que agrupa a estas empresas en el País Vasco, Acicae, ha trasladado además una visión optimista sobre lo que puede suceder a lo largo de 2024 ya que, salvo circunstancias coyunturales no previstas, existe la sensación de que se va a mantener la demanda en niveles elevados. Los buenos datos de facturación del sector de componentes de automoción -ahí no está contabilizada la actividad de ensamblaje de furgonetas de Mercedes en Vitoria- responden a varios factores. De un lado está el hecho de que la construcción y venta de vehículos en el mundo se ha mantenido en niveles altos, lo que junto a la diversificación geográfica que ya tienen las empresas vascas del sector, permite que estén menos afectadas por caídas puntuales en algunas localizaciones. En España se alcanzó el pasado año la cifra de 2,45 millones de unidades producidas -es el segundo país de Europa en fabricación de automóviles por detrás de Alemania-, con un aumento del 10% en comparación con 2022. Y ello a pesar de que las cifras de producción aún están lejos del récord que se alcanzó en 2004 antes de la crisis inmobiliaria cuando se superó la barrera de los tres millones de unidades. Además es un sector que ha podido repercutir con cierta normalidad el incremento de costes forzado por las subidas de las materias primas, la energías y también los salarios de sus plantillas, lo que ha permitido reforzar el aumento de facturación. 

La descarbonización, las energías renovables, la electrificación... en definitiva, la transición ecológica en su conjunto y cómo esta afecta y afectará a la industria vasca fue el tema que centró el foro ‘Tejiendo redes desde el territorio: Euskadi, transformación y liderazgo industrial’, que tuvo lugar ayer en DV Gunea. Organizado por AELEC, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, el evento tuvo como protagonistas a todos los agentes implicados en esta transición del sector industrial: instituciones, empresas, centros tecnológicos y profesionales relacionados con la educación. Porque si algo quedó claro a lo largo de la mañana es que se trata de una transformación de tal calibre que todos deben estar alineados en la misma dirección. Todos los agentes muestran su confianza en el potencial vasco para esta transición La innovación debe ser una constante para hacer un uso eficiente y sostenible de la energía que incentiven inversiones; adoptar los mecanismos que visibilicen la incorporación de soluciones de almacenamiento; impulsar el desarrollo y la actualización de la red eléctrica; impulsar el desarrollo de la cadena de valor de equipos asociados a la transición energética». Pablo Martín, responsable de Economía de Confebask, destacó que «tenemos un tejido internacionalizado», pero puso el foco en las pymes: «Son necesarias muchas inversiones y no tienen esta capacidad; necesitan otras formas de inversión». También quiso incidir en la importancia de los fondos europeos: «No podemos perder ni un euro de lo que venga. Tenemos que maximizarlos».

BBVA ha decidido reforzar sus equipos destinados al desarrollo de aplicaciones informáticas y ello va a traducirse en la contratación de 80 nuevos especialistas en Bilbao, donde tiene ubicada una parte de la plantilla de su filial BBVA Technology. El presidente de la entidad financiera, Carlos Torres Vila, explicó ayer el proceso de crecimiento de esta actividad del banco en un encuentro que mantuvo en la localidad vizcaína de Getxo con la junta directiva del Círculo de Empresarios vascos. El origen de este centro tecnológico del banco fue una apuesta muy personal de Carlos Torres por ampliar la actividad del grupo en el País Vasco, más allá del servicio financiero que presta y del hecho de que la capital vizcaína retenga la sede social. La decisión de implantar parte de la actividad de esta filial en Bilbao se interpretó hace ahora dos años como un gesto muy claro del banco de ampliar su generación de riqueza en Euskadi, y con ello recuperar al menos una parte del papel que tuvo aquí en el pasado. BBVA Technology tiene en la actualidad en la capital vizcaína 203 empleados de una alta cualificación profesional y la mayor parte de ellos son ingenieros de software, que se han incorporado a la empresa con al menos cinco años de experiencia previa en puestos similares. Esta sociedad, que es fruto de la fusión de tres filiales que tenía BBVA destinadas al desarrollo digital del banco, está especializada en la creación de la base tecnológica y de operación en la nube que utiliza el banco en todo el mundo, además de desarrollar las aplicaciones que se utilizan en la banca digital. Una vertiente del negocio financiero que sigue con una tendencia creciente, ya que según los últimos datos BBVA capta el 65% de sus nuevos clientes a través de ese canal.

«No podemos dejar escapar este tren». El parecer de las grandes empresas españolas sobre la necesidad de adoptar inteligencia artificial es unánime y se escenificó ayer en el Distrito Telefónica, donde tuvo lugar el III Foro de IndesIA, una asociación formada por algo más de una decena de multinacionales que buscan impulsar la adopción de esta tecnología. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ejerció de anfitrión de un evento que aunó entre otros a Josu Jon Imaz, CEO de Repsol; Bernardo Velázquez, CEO de Acerinox y Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp. Si bien los mensajes generales sobre la inevitabilidad de usar la IA fueron unánimes, los distintos directivos aportaron matices propios. Así, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, inició el evento poniendo el foco en la necesidad de que la IA gane eficiencia. «Una conversación con ChatGPT consume como una bombilla encendida dos horas», mientras que el presidente de Gestamp describió como su compañía lleva una década implementando esta tecnología en procesos como la eficiencia energética. «Es una apuesta a largo plazo, pero la alta dirección puede perder credibilidad si hay cosas que no tienen resultados», subrayó Riberas. En la misma línea se manifestó el CEO de Repsol que cree que la tecnología debe poder «medirse en euros» y destacó la importancia de que España apueste por la industria y la digitalización de la misma. Asimismo, ha mostrado su preocupación por el excesivo foco en la regulación que ve en Europa: «Hay una frase muy bonita de Adela Cortina. Primero se inventó la navaja y luego vino el ‘no matarás’. Aquí no tenemos la navaja y estamos pensando ya en los 27 mandamientos. Hay que regular, pero tenemos que pensar que esto es una oportunidad», subrayó el directivo, que hizo hincapié en sus intervenciones en las posibilidades que la IA abre para que empresas más pequeñas puedan competir con otras más grandes.

Artículo de Javier Giral, socio director en Deloitte Zona Norte: "...En el País Vasco cerramos un 2023 complejo para el mercado transaccional, donde, si bien el número de compraventas de empresas se mantuvo por encima de la media de los últimos años, con 176 operaciones, el tícket medio de estas –y por lo tanto el volumen de inversión– se ha visto reducido por tres motivos. En primer lugar, venimos de un 2022 que fue un año récord para el mercado de fusiones y adquisiciones en el País Vasco y Navarra, con un elevado volumen de grandes operaciones que dispararon el valor de las transacciones completadas hasta cerca de 8.000 millones, la cifra más alta desde que hay registros y que se vio impulsada por dos de las mayores operaciones que se han cerrado en nuestro territorio, como fueron las protagonizadas por Siemens e ITP Aero. En segundo lugar, el rápido aumento de los tipos de interés ha provocado una dilatación en el calendario habitual de las operaciones corporativas, afectando a aquellas oportunidades que requieren de una mayor necesidad de capital y de apalancamiento, es decir, las operaciones de mayor tamaño. Por último, otro de los desafíos que han afectado al desarrollo de las operaciones ha sido el reajuste de las valoraciones de las compañías. Ha sido difícil casar las expectativas entre compradores y vendedores, provocando que, por ejemplo, numerosos fondos con buenas compañías en cartera están manteniéndolas a la espera de poder optar a mejores precios por sus activos. A pesar de este contexto, contamos con unas perspectivas que nos hacen ser optimistas, especialmente por la aceptación de esta nueva situación por parte de los inversores. Además, la evolución de los tipos de interés, que ya se han estabilizado, abaratará y facilitará la financiación necesaria para afrontar nuevas operaciones..."

El año 2023 fue para los planes de pensiones vascos histórico gracias a unas ganancias de 1.952 millones de euros, fruto de una rentabilidad del 7,49%. El empuje de la Bolsa y los tipos de interés altos configuraron un cóctel perfecto para los gestores y socios de las EPSV. Con este empujón el patrimonio acumulado volvió a rebasar los 28.000 millones a cierre del pasado ejercicio, el techo del ahorro alcanzado por las Entidades de Previsión Social Voluntaria que canalizan las aportaciones de 1,5 millones de socios en Euskadi. Se trata de un activo que representa el 30% del Producto Interior Bruto (PIB) del País Vasco y que, según el nuevo decreto que las regula, cuenta con más opciones de inversión empresarial. El pasado año la cartera invertida en Euskadi alcanzó los 1.700 millones, con un incremento de más de cien millones. Según desveló ayer el presidente de la federación de EPSV de Euskadi, Ignacio Etxebarria, las aportaciones realizadas ascendieron en 2023 a 814 millones, algo más de los 803 del ejercicio anterior. En cuanto a las prestaciones que percibieron los socios, ascendieron a 824 millones, un 4,7% más que los 787 de 2022. Quitando el efecto de aportaciones y cobros, el saldo del patrimonio de estos planes de pensiones experimentó un salto sin precedentes en la historia de las EPSV con esos 1.952 millones. Este comportamiento sirvió para recuperar las pérdidas cosechadas en 2022, un ejercicio en el que la caída de renta variable y la irrupción de los altos tipos de interés erosionaron el patrimonio de las EPSV en más de 2.000 millones. La rentabilidad, en cambio, no oculta un problema persistente en estos instrumentos de pensiones en Euskadi y que reconoció el propio Etxebarria. Se trata de un «estancamiento en la evolución de socios y en las aportaciones» a estos planes que «se viene registrando en los últimos años».

Un pasito más. Euskal Trenbide Sarea (ETS), la sociedad dependiente del Gobierno vasco, anunció ayer el inicio del proceso para sacar a concurso público la redacción del proyecto constructivo del ‘supertúnel’ que permitirá al Tren de Alta Velocidad llegar hasta la estación de Abando. La galería de acceso que conectará Basauri con el centro de Bilbao es una de las obras pendientes de la ‘Y’ vasca que más retraso acumula junto a los soterramientos de las estaciones. Tal es la demora que las instituciones implicadas en el proyecto no tienen previsto esperar a que estas obras estén listas para inaugurar el trazado del TAV. Si se cumplen los plazos marcados por ETS, la ingeniería que resulte elegida en la licitación contará con un margen de 24 meses para diseñar un túnel del que ya se saben bastantes cosas porque el Departamento de Transportes del Ejecutivo autonómico ha ido adelantando trabajo y tiene definidos unos bocetos bastante precisos. Esto quiere decir que las obras podrían arrancar a finales de 2026, que es lo que calculan las administraciones, o muy probablemente a lo largo de 2027. A partir de ahí, la previsión es que se necesiten siete u ocho años para culminar la infraestructura.

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco pretende impulsar la implantación de la acuicultura en el litoral guipuzcoano con el establecimiento de una zona de cultivos marinos de 312 hectáreas en la costa, entre Zarautz y Getaria, sobre fondos de unos cien metros de profundidad. En una orden aprobada el pasado día 4, la consejería declara y clasifica para este fin «un polígono acuícola en el tramo litoral de dominio público marítimo terrestre» entre las dos localidades. El Gobierno Vasco «clasificará y regulará las distintas clases de establecimientos de cultivos marinos y las condiciones de instalación y explotación». La instalación del polígono deberá servir para el cultivo ‘offshore’ –el que se desarrolla en zonas marinas abiertas y muy expuestas– de peces de «especies autóctonas exclusivamente», insistieron ayer fuentes del departamento de la viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria. Según las condiciones establecidas en la orden, la actividad a desarrollar será únicamente la de tipo acuicultura, definida «como una actividad dirigida a producir y engordar organismos acuáticos en su medio».

La diputada general, Eider Mendoza, y la diputada de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Ane Insausti, han visitado este jueves las instalaciones de la empresa guipuzcoana Salto Systems. La visita, forma parte de la agenda económica organizada por la Diputación, concretamente de la ronda organizada con Adegi. El objetivo es "conocer de primera mano la realidad y los retos del futuro" de compañías representativas de diferentes sectores económicos del territorio. Además, aprovechan para compartir con las entidades el Plan Estratégico presentado el mes pasado por la Diputación y sentar las bases de las políticas de apoyo a la actividad económico de esta legislatura. La diputada general ha destacado dos rasgos de la trayectoria de la compañía, además de su "ADN innovador". En primer lugar, es un ejemplo de cultura empresarial centrada en la persona que fomenta la implicación y motivación de los y las trabajadoras. Además, añade, "cuida aspectos como la formación, la conciliación, el buen ambiente y el compromiso social y económico con el territorio".

La fuerte demora en la entrega de 30 trenes de alta velocidad del modelo Avril a Renfe no es el único punto de fricción entre el Gobierno y Talgo en plena operación de cambio de control en el fabricante ferroviario. La oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el consorcio húngaro Magyar Vagon, pese al rechazo que causa entre el Ejecutivo, cargaría con la negativa de la propia Renfe a reequilibrar el precio del pedido, valorado en 1.490 millones (incluido el mantenimiento), por los sobrecostes derivados de la inflación. Una concesión que sí se ha realizado a Alstom, CAF y Stadler por los contratos de trenes de Cercanías, con cargo a la subvención anual recibida del Estado por la prestación de las obligaciones de servicio público (OSP). Además, se mantiene en pie un pleito millonario librado por el fabricante con el Ministerio de Hacienda, lo que eleva las disputas por encima de los 200 millones. En este último caso hay 32,7 millones en disputa en la justicia ordinaria relacionados con la liquidación del impuesto de sociedades de años atrás y con bases imponibles negativas no activadas. Corría julio de 2017 cuando Talgo recibió notificación de las autoridades fiscales sobre la comprobación del impuesto sobre sociedades de 2012 a 2015, así como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) entre mayo de 2013 y diciembre de 2015.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha dado un respiro en el mes de febrero en Euskadi. Si ponemos la lupa en la cesta de la compra, ha finalizado el segundo mes del año con una reducción de dos décimas respecto al mes anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Con todo, llenar la nevera con los productos básicos sigue siendo un esfuerzo importante para el bolsillo, ya que el índice registra un alza interanual del 5,6%. Nada que ver en cualquier caso con aquella subidas de dos dígitos de 2022 y 2023. De hecho, este incermento es el menor registrado en dos años en el País Vasco. El IPC general subió en el País Vasco un 0,6% en febrero respecto al mes anterior y redujo al 3,1% su tasa interanual, cuatro décimas por debajo de la del mes anterior. Además, la inflación en lo que va de año alcanzó el 0,8%. El dato interanual de febrero es el más bajo desde agosto de 2023. En esta moderación interanual del IPC tiene una especial relevancia el descenso en el precio de la luz. Y es que la sucesión de borrascas y la gran generación de energía renovable ha permitido que la cotización de la electricidad haya registrado un descenso del 3,6% en febrero respecto a enero y hasta del 11,5% en el cómputo anual. Tampoco hay que olvidar que el hundimiento en la cotización del gas natural y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO₂) presionan a la baja todo el mercado en las horas en las que ese combustible fósil marca el precio de la luz. ¿Y qué es lo que ha pasado con el precio de los alimentos en el último año? El aceite sigue siendo el rey de las subidas. Un producto prácticamente exclusivo ya, porque en tasa interanual ha experimentado un alza del 47,5%. No hay otro artículo en el supermercado que se haya encarecido tanto de un año para otro.

El precio del petróleo tocó ayer máximos en lo que va de año ante el repunte de la demanda y los problemas de oferta, como son la extensión del recorte del suministro por parte de los grandes exportadores, la amenaza que supone la crisis del mar Rojo y el ataque ucraniano a las refinerías rusas esta semana. Todo ello ha provocado que el barril de Brent, de referencia en Europa, se eleve un 1,5% en la sesión de ayer, hasta tocar los 85,3 dólares. Sin embargo, la subida es mucho más significativa en el acumulado de los últimos tres meses, antes de los ataques hutíes a las embarcaciones que se dirigen al canal de Suez, ya que entonces el crudo se situaba en torno a los 73 dólares. Dicho en otras palabras: en los últimos tres meses el petróleo acumula un alza del 16,8%. Esta subida se debe a una aceleración de la demanda que contrasta con un suministro lastrado por el recorte del suministro por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+) y la falta de inversiones en terceros países. En concreto, la Agencia Internacional de la Energía elevó ayer sus previsiones de demanda global para este año en 110.000 barriles al día, con lo que el consumo de crudo se incrementaría en 1,3 millones de barriles diarios a lo largo de 2024 a pesar de la debilidad del crecimiento económico. Esto generaría un pequeño déficit en el mercado. Con todo, la AIE también añadió que estas posibles carencias de crudo son susceptibles de quedar anuladas debido a que hay muchos más barcos de lo habitual cargados de petróleo navegando por el mar, por los problemas en el mar Rojo, que llegarían a puerto los próximos días. Sin embargo, además de la crisis del mar Rojo hay otros dos elementos que lastran la oferta. Por un lado, los recortes de la producción por parte de la OPEP+, que en un principio se iban a moderar a partir de abril y que ahora el cártel pretende extender en su totalidad hasta julio. Por otro, los ataques ucranianos a las refinerías rusas en la última semana suponen otro foco de incertidumbre ya que, a pesar de las sanciones, Rusia logra exportar crudo a Europa a través de países como Libia.

En junio del año pasado, un grupo de científicos publicó un artículo en la revista ‘Nature’ que adquirió la forma de mensaje SOS. «La Tierra está en peligro», advertían. El más conocido de los problemas que acucian al planeta es el cambio climático. Se ha demostrado que el ser humano es el responsable del calentamiento global en los dos últimos siglos. Sin ir más lejos, el año pasado fue el más caluroso jamás registrado. Los restantes eran la disminución de la biodiversidad; la caída de la calidad del agua dulce, a la que millones de personas no tienen acceso; el uso de fertilizantes –son perjudiciales tanto su abuso, por perjudicar al medio ambiente, como su escasez, ya que las cosechas se echan a perder– y la contaminación del aire. Los premios SOStenibilidad que convocan El Correo y BBVA tienen el objetivo de estimular la innovación, consolidación y difusión de proyectos medioambientales con impacto social y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). En la primera de las categorías ha resultado ganadora A&B Laboratorios de Biotecnología. Esta firma con sede en Álava cuenta con una metodología propia de ecodiseño de desarrollo de productos en el sector químico que permite minimizar los impactos ambientales y de seguridad en todas las fases de su ciclo de vida. El reconocimiento en el área de ‘Referente en sostenibilidad’ ha sido para Barna, una empresa que abrió su primera planta en Mundaka allá por 1961 y que se dedica a rescatar los residuos marinos y transformarlos en productos naturales para consumo animal, reduciendo al máximo el impacto en nuestros océanos. H2SITE ha sido la ganadora en la categoría de ‘Iniciativa alineada con los ODS ambientales’. Esta empresa ubicada en Loiu lleva más de 20 años trabajando para dar con una solución al transporte sostenible del hidrógeno.

Europa ha apretado tuercas a los estados miembros y va a modificar los umbrales máximos de contaminación del aire en las ciudades para garantizar la salud de los seres vivos. Estos límites, que deberán cumplirse antes de 2030, se quedan aún lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más restrictiva a la hora de velar por la calidad del aire que se respira, pero los grupos ecologistas ven un avance en el acuerdo alcanzado hace unos días entre el Parlamento y el Consejo Europeo que rebaja a la mitad los niveles de los principales contaminantes atmosféricos. Ahora bien, si esos nuevos índices estuvieran en estos momento en vigor, Vitoria sería una ciudad infractora. Hay más PM (2,5) o partículas finas en suspensión –una mezcla de sustancias químicas, polvo, hollín y metales capaces de atravesar los alveolos pulmonares– que las que permitirán las nuevas normativas. Esto es, más de 10 microgramos por metro cúbico. No sólo es algo que le ocurre a la capital alavesa. Ninguna de las 20 ciudades con más población de España respetaría en estos momentos esos nuevos umbrales «debido, sobre todo, al tráfico», explica Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción. 

El Gobierno prepara una ley de consumo sostenible que pretende luchar contra el ecopostureo o greenwashing. En línea con las recientes directivas europeas, la norma identificará como “práctica comercial desleal” la inclusión de alegaciones ambientales genéricas —como “sostenible”, “verde”, “respetuoso con el planeta”— o que no tengan respaldo científico, y quienes las usen podrán ser sancionados con hasta 100.000 euros, o hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido. Según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la normativa, aún sin fecha, incluirá un índice de reparabilidad para que los consumidores conozcan la duración de los productos y cuáles se pueden reparar con más facilidad. Según datos de la Comisión Europea, más de la mitad de las afirmaciones ecológicas de los productos son “vagas, engañosas o sin fundamento”. Hasta un 40% carece de base para venderse como productos respetuosos con el medio ambiente. Por eso, la UE trabaja en dos directivas, una sobre empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica y otra sobre la justificación y comunicación de alegaciones ambientales explícitas. Con la entrada en vigor de esta última, habrá que verificar que es cierto lo que se diga en las alegaciones ambientales, mientras que las que tengan carácter genérico se considerarán “prácticas comerciales desleales”. El ministerio quiere trasponer ambas en la norma española e ir más allá. “La voluntad de este ministerio es ir a máximos con los debates que hay en Europa”, señalan fuentes del departamento de Pablo Bustinduy. Por eso, la ley pretende convertirse en “vanguardia en Europa en materia de consumo sostenible”.

El adelanto electoral en Cataluña ha dado la puntilla al proyecto de Presupuestos de 2024. Según el presidente Pedro Sánchez no existe margen político para aprobar las cuentas de este año, por lo que los esfuerzos se van a centrar en pactar los de 2025. Las inversiones figuran entre los capítulos más afectados cuando se prorrogan las cuentas del Estado, algo que los grandes contratistas españoles conocen por experiencias pasadas, ya que no existe por ley margen de subida de gasto para nuevos proyectos. Pero, a diferencia de otras prórrogas, el capítulo inversor de 2023 estuvo estimulado por los fondos de recuperación y resiliencia (Next Gen) un factor que garantiza un nivel de gasto razonable, en opinión de las organizaciones del sector consultadas. En general, las empresas ven en la debilidad parlamentaria del Gobierno un elemento de inestabilidad que daña los intereses de España. “Los Presupuestos de 2023 en lo relativo a las inversiones de los dos mayores ministerios inversores (Transportes y Transición) representan 13.982 millones de euros, un 13,3% más que los de 2022, destacando Adif con 6.160 millones, y los programas de creación y conservación de carreteras, con 2.203 millones. Prorrogar 11.618 millones del Ministerio de Transportes supone mantener un nivel razonable de inversión pública”, señala Julián Núñez, presidente de la patronal Seopan. Las grandes constructoras sí vislumbran, sin embargo, dificultades en medioambiente, sobre todo, en los planes diseñados para reducir el déficit en infraestructuras hidráulicas.

El momento del desayuno y el período de cortesía de quince minutos, en el que se pueda retrasar el empleado en la entrada a la empresa son tiempo de trabajo. Máxime si son fruto de un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. O dicho de otra manera: en la instauración del registro horario la empresa no puede alterar, de forma unilateral, las condiciones laborales de los trabajadores que no son jefes ni asimilados a tales, pactadas con anterioridad con los sindicatos. No puede hacerlo, según consta en la elaboración de una guía para que los trabajadores sepan usar el registro horario. Este es el sentido de una importante sentencia que el Tribunal Supremo difundió ayer, en la que estima los recursos presentados por los sindicatos CCOO, UGT y SCB frente a Caixabank y un fallo de la Audiencia Nacional. La sentencia señala que debe considerarse tiempo de trabajo efectivo el del “marcaje” efectuado en los 15 minutos posteriores a la hora pactada de inicio de la jornada, para quienes tengan un control rígido del horario, y no sean empleados con categoría de jefe o asimilado. El tiempo de marcaje es el plazo de cortesía que concede la empresa por el retraso que pueda tener el empleado por diversas circunstancias. En este caso es de quince minutos.

Bruselas urge a España a “agilizar” la ejecución de los fondos europeos del programa Next Generation y le advierte de que no habrá prórrogas para aprovecharlos más allá de 2026, pese a la ausencia de nuevos Presupuestos. Así lo expuso ayer el comisario europeo de economía, Paolo Gentiloni, de visita oficial en Madrid, durante las jornadas El Plan de Recuperación de España, un impulso a la competitividad de la UE. En una rueda de prensa conjunta posterior, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que la prórroga presupuestaria “no supone ningún freno o cortapisa a la ejecución del plan y el cumplimiento de hitos y objetivos”, puesto que “los Presupuestos prorrogados tienen espacio suficiente” para las inversiones comprometidas para el año, y aseveró que ya se está avanzando en cumplir los objetivos para desbloquear los próximos cobros. “Estamos ahora mismo a mitad de camino en la vida del plan. Sin duda ha sido un recorrido fantástico”, valoró, comparando la actual situación de España frente a la de hace justo cuatro años, cuando irrumpió la pandemia de Covid y causó un desplome del PIB del 20% en el cuatrimestre. Sin embargo, reivindicó, “Europa estuvo a la altura”, con un plan de ayudas del que el PIB español será el tercer mayor beneficiario de la UE (tras los de Grecia y Croacia), con un alza de 3,5 puntos para 2025, sin contar el efecto de sus reformas estructurales. Una estimación “muy conservadora”, según Cuerpo. Sin embargo, Gentiloni advirtió a España de que “en muchos sentidos, la segunda parte de vida del Plan va a ser más complicada que la primera”. “Ahora las inversiones van a llegar a un punto crítico y es crucial mantener el mismo nivel de compromiso y ambición manifestado hasta la fecha y agilizar la implementación”, subrayó. “Es importante saberlo, teniendo en cuenta que el plazo de finalización de 2026 es un plazo definitivo”, alertó, insistiendo en rueda de prensa en que “la aceleración ha sido el tema troncal” de su visita.

No habrá Presupuestos Generales del Estado en 2024 y, con la legislatura abierta en canal por el adelanto electoral de Cataluña, el Gobierno tampoco puede dar por seguro que vaya a ser capaz de sacar adelante los de 2025. Pero la amnistía al ‘procés’, el peaje comprometido por Pedro Sánchez a los independentistas catalanes a cambio de su investidura, sigue adelante imparable. El Congreso dio luz verde ayer por 178 votos a favor –del PSOE (José Luis Ábalos, ya en el Grupo Mixto, incluido), Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG y Podemos– y 172 en contra –del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria– el dictamen acordado el 7 de marzo por la Comisión de Justicia. Ahora, iniciará una tramitación de dos meses en el Senado antes de volver a la Cámara baja para su aprobación definitiva. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se mostró tan reivindicativo como cuando pudo anunciar la ‘fumata blanca’ del acuerdo que permitió, la semana pasada, desencallar la norma tras más de un mes de complejas negociaciones con Junts. «Pronto quienes han votado en contra reconocerán su aportación a la reconciliación. Y se arrepentirán de las barbaridades que nos dicen», pronosticó en un mensaje en las redes sociales. Lo cierto es que el escenario que Sánchez tenía en mente cuando hace apenas diez días decidió volver a dinamitar las líneas rojas que había marcado respecto a los delitos de terrorismo y alta traición para dar garantías a Carles Puigdemont de que la ley le dará cobijo, no era ni mucho menos el actual.

Desde la rectora hasta estudiantes respaldan un duro comunicado en defensa de la universidad pública, de sus valores y de las 50.000 personas que la integran. «Cada mañana unas 50.000 personas nos despertamos y nos dirigimos a nuestra universidad con diferentes objetivos». «Todas lo hacemos con ilusión». Así arranca un contundente comunicado «en defensa de la universidad pública» y de la comunidad universitaria en respuesta a la «escalada de agresiones personales y daños en los bienes públicos» que ha «padecido» la universidad en los últimos meses, en especial en los campus de Álava y Gipuzkoa Una declaración en la que afirman rotundamente que «no nos callamos ante las agresiones» porque «queremos que todas las personas que trabajan o estudian en la universidad se sientan cómodas y seguras en ella, que puedan expresarse y dialogar libremente, y que dejen expresarse también a las demás». No es la primera vez que la UPV/EHU condena los actos violentos que llevan a cabo grupos radicales en sus campus, especialmente en el alavés, pero en esta ocasión el comunicado está colgado en su página web para recoger adhesiones. El documento ha sido impulsado por el rectorado, así como por las direcciones y decanatos de todos los centros y las presidencias de los consejos de estudiantes central y de los tres campus. Uno de los últimos y más graves altercados tuvo lugar hace apenas unas semanas en la Facultad de Letras del campus de Álava, cuando cerca de un centenar de jóvenes de Ikasle Abertzaleak se encerraron de noche en el edificio para reclamar, aseguraban, ayudas a la vivienda y másteres gratuitos. La Ertzaintza terminó desalojando la facultad e identificó a varios jóvenes, que convocaron una protesta para denunciar el «carácter policial» de la universidad. No obstante, el manifiesto hecho público no denuncia sólo este caso, sino también otros similares que afectarían al campus de Gipuzkoa. Se trata, afirma el texto, de «repetidos ataques a la convivencia pacífica mediante agresiones verbales y físicas, insultos y amenazas a personas, destrozos de equipamientos y de instalaciones». En ellos «ha habido insultos, amenazas, lanzamiento de pintura a objetos y personas, deterioro del patrimonio público, e intimidación a quienes no satisfacen sus peticiones», denuncia el manifiesto. Leer comunicado íntegro de la UPV/EHU aquí.