20240223

El grupo Repsol presentó ayer sus resultados de 2023 y una parte de su actividad industrial está radicada en Euskadi, donde su filial Petronor cerró el ejercicio con un beneficio neto de 348 millones de euros. Una cifra que supone un recorte del 26% en el resultado final de la compañía vasca como consecuencia de un estrechamiento de los márgenes del refino. Pese a ello, Petronor obtuvo el año pasado el segundo mejor resultado económico de su historia. El margen del refino –la diferencia entre el coste de cada barril de petróleo y lo que se obtiene con la venta de los hidrocarburos que se pueden obtener de él–, se redujo en términos similares al beneficio, un 28%. A lo largo de 2023 el petróleo experimentó ligeros descensos, pero hubo mayores recortes en los precios finales de los combustibles. Por otra parte, el efecto patrimonial que siempre afecta a las compañías petroleras –la subida o bajada de la cotización del crudo que supone apreciación o depreciación de sus productos almacenados–, impactó en la cuenta de resultados con una minusvalía de 73 millones. Petronor está en los puestos de cabeza de los contribuyentes a las arcas públicas vascas y el pasado año generó el 5,5% de la recaudación total de las haciendas forales. La empresa generó –con el IVA, el impuesto especial de hidrocarburos, el de Sociedades y el IRPF de los salarios de su plantilla–, un total de 936 millones de euros. La mitad de estos impuestos se quedó en la Diputación de Bizkaia –a su vez esta entrega el 70% al Gobierno vasco–, mientras que el resto se repartió entre las haciendas de Gipuzkoa y Álava, ya que tanto el IVA como el Impuesto de Hidrocarburos se distribuyen en función de las estimaciones de consumo. La empresa invirtió el pasado año un total de 127 millones de euros, cifra que crecerá este año hasta los 167, de lo cuales 100 se destinarán a mantenimiento y mejoras en eficiencia de la refinería, el negocio tradicional, y los 67 restantes a lo que se denomina «nuevos negocios», un área vinculada a la producción de hidrógeno y combustibles sintéticos, principalmente.

Repsol pronostica que si hay un «cambio» de calado en el impuesto extraordinario que grava a las energéticas, como ha anunciado el Gobierno, el grupo desarrollará las inversiones previstas en España sobre las que llegó a amagar con llevárselas a otro país. Lo hará dentro del programa de entre 16.000 y 19.000 millones de euros previsto para los próximos cuatro años. De esa cuantía, un 60% irá a parar a sus negocios de la Península Ibérica. El anuncio llega después de meses de fricciones entre el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a cuenta del impuesto y de la velocidad en la que se aplica el calendario de descarbonización. En estas semanas, el contexto es «diferente», según apuntó ayer Imaz en la presentación de la actualización del plan estratégico del grupo. Valoró «positivamente» lo que considera como un tratamiento distinto de esta política fiscal, que incluiría bonificaciones a cambio de que las energéticas realicen inversiones verdes. Imaz insistió en que esta figura fiscal «discrimina» a las compañías que, como Repsol, «invierten en España frente a otras». Y lo hizo mostrando un cable de alta tensión fabricado con materiales procedentes de sus instalaciones en el país. El consejero delegado insistió en que Repsol, que ha reducido un 25% su beneficio neto en 2023 hasta los 3.168 millones, ha estado «de manos atadas» al competir con empresas que fabrican ese mismo cable sin pagar ese impuesto. Y afirmó que «nadie puede sostener que este sea un impuesto social», para referirse a la paralización de inversiones, empleo y actividad económica que conlleva. También pidió políticas europeas «más inteligentes» en materia de descarbonización. No se trata de frenar el proceso, señaló Imaz, sino que sean «más efectivas» e impulsen «el empleo industrial», una de sus obsesiones empresariales. «Tenemos que descarbonizar pero por la ruta más eficiente», indicó.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, arremetió ayer contra la “enorme” cantidad de impuestos que existen en España, casi 40 diferentes, e insistió en que mantener el gravamen a las energéticas “no tiene ningún sentido”. En una conferencia de analistas para presentar los resultados de 2023, que se han saldado con un beneficio neto de 4.800 millones de euros, un 10,7% más que en 2022, el ejecutivo pidió que España se alinee con el resto de países de la UE, “puesto que queremos hacer este país totalmente atractivo”. En la información remitida a la CNMV, Iberdrola destaca que su contribución fiscal en los países en los que opera fue de 9.300 millones de euros, lo que supuso un 24% más que el año anterior. De esta cifra, casi 3.500 millones se destinaron a España, un 35% más que en 2022. En el caso del polémico impuesto por las ventas de energía en España (excepto las de los negocios regulados), la aportación de Iberdrola el año pasado fue de 213 millones. Precisamente, las ventas del grupo descendieron un 8,6%, hasta 49.335 millones, caída mucho más pronunciada en el caso de España, que lo hizo en un 22%, por el descenso de los precios de la energía. Galán recordó que este impuesto extraordinario por dos años (que grava los ingresos y no los beneficios como en el resto de Europa) ha sido recurrido por las compañías ante la justicia. Por otro lado, el presidente de Iberdrola señaló que si los activos regulados se mantuvieron constantes en España en 9.300 millones de euros el año pasado es por el límite legal a la inversión en redes. Un tope que pidió eliminar: “Se trata de una ley que tiene una década y que se basa en algo que no tiene mucho sentido”, como es relacionar el PIB con la inversión en redes, si bien, confió en que el Gobierno abra la posibilidad a que reconsidere dicho máximo.

Iberdrola ha confirmado el cierre de un nuevo año récord en beneficios tras obtener un resultado neto de 4.803 millones de euros en 2023. Una cifra que supone mejorar en un 10,8% el beneficio obtenido en 2022. El negocio eléctrico entró en una fase de normalización a lo largo del pasado año, tras los desajustes que se produjeron en todos los mercados relacionados con la energía en 2022, especialmente a partir del mes de febrero con la invasión rusa de Ucrania. Iberdrola ha conseguido mejorar de forma notable sus resultados pese a que el volumen de ingresos descendió un 8,6%, hasta situarse en 49.335 millones de euros. La compañía que preside Ignacio Galán destaca el importante esfuerzo inversor que sigue realizando para incrementar su capacidad de producción de electricidad con tecnologías renovables, así como en la infraestructura de redes de distribución. La cifra de inversiones del pasado año ascendió a 11.400 millones de euros, de los que 2.300 correspondieron a los nuevos activos ubicados en España. El flujo de inversiones de los últimos años permitió a la eléctrica vasca cerrar el pasado ejercicio con una potencia renovable instalada de 42.187 megavatios, tras sumar 3.250 adicionales. Iberdrola también ha querido poner en valor su importante contribución a las arcas públicas con la generación de 9.300 millones de euros en impuestos a lo largo del pasado año. De esta cantidad, 3.500 millones corresponden a los ingresos de las haciendas españolas. España es el país de mayor contribución en impuestos de Iberdrola, seguido de Brasil, EE UU y Reino Unido. Al cierre de 2023, la compañía contaba con un total de 42.276 empleados en todo el mundo e incorporó a 4.653 nuevos en el último año. Su presidente, Ignacio Galán, criticó ayer la estructura impositiva que la compañía tiene que soportar en España y que, aseguró, «hace que no sea atractivo invertir. Es más atractivo invertir en otros países, como EE UU o Brasil. Deberíamos estar en línea con ellos», apuntó.

El Ministerio de Industria resolvió ayer la última convocatoria de los fondos europeos para el coche eléctrico. Se trata de una línea ‘B’ de la segunda cita que se había cerrado el pasado año del Perte VEC. Un total de 170 millones de los que se han quedado para proyectos vascos el 95%. La empresa más beneficiada ha sido la fábrica de Mercedes de Vitoria, con 130 millones para adquirir equipamientos en la nueva planta en la que construirá su nuevo modelo eléctrico. Además, el proyecto impulsado por el Gobierno vasco para la elaboración de baterías, Basquevolt, también ha recibido una asignación de 10,4 millones. Recursos con los que podrá avanzar en la construcción de la planta de prototipado en sus instalaciones. Se suman también la iniciativa de autobuses eléctricos de Irizar. La fábrica de la localidad guipuzcoana de Aduna contará con 13,9 millones para la fabricación de baterías de última generación y materiales que mejoren la autonomía de sus autobuses eléctricos. Las instalaciones alavesas de Nissan Motor Ibérica se han adjudicado 5,6 millones para la construcción de plataformas para vehículos adaptables. En el mismo territorio, Jema Energy, recibirá 1,2 millones para desarrollar un sistema de carga rápida para vehículos eléctricos. Y por último, Mugape, la firma vizcaína se ha asignado 330.000 euros para el desarrollo de tratamientos de superficies de componentes del coche eléctrico para que alarguen su vida.

Apenas 48 horas después de que la Comisión Europea haya autorizado la fusión entre MásMóvil y Orange, el consejero delegado del grupo 'amarillo', Meinrad Spenger, ha señalado que Euskaltel «será la marca de referencia en Euskadi» cuando se complete la fusión. El CEO de MásMóvil se ha pronunciado sobre la operación el Foro Empresarial de Álava, organizado por El Correo. El máximo directivo del grupo dueño de Euskaltel y Guuk ha traslado su satisfacción por el 'ok' de Bruselas a la fusión, que dará luz al primer operador de telecomunicaciones en España. La operación dejará al futuro grupo con una cartera de 30 millones de clientes, valorado en 18.600 millones de euros y una multitud de marcas. Sin embargo, Spenger ha sido tajante sobre el futuro de Euskaltel, que «es y será la marca de referencia» en nuestra comunidad autónoma. «Estamos muy contentos con el comportamiento de la marca», ha señalado. Spenger se ha deshecho en halagos para la histórica 'teleco' vasca, de la que ha dicho que acumula «siete trimestres de crecimiento». «Hemos hechos inversiones muy relevantes y tenemos un equipo muy fuerte aquí. Eso no va a cambiar», ha destacado. Sobre la fusión con Orange, el CEO de MásMóvil -que también ocupará ese cargo en el grupo que resulte de la fusión- ha hecho hincapié en la «responsabilidad» que supondrá liderar el mercado de las telecomunicaciones en España: «No nos podemos permitir fallar. Somos más; debemos ser mejores».

Euskadi volverá a las urnas el 21 de abril por tercera vez en menos de un año, esta vez para decidir en las elecciones autonómicas más abiertas de los últimos tiempos. Tras semanas de crecientes especulaciones, Iñigo Urkullu apretó ayer el botón para convocar los comicios que pondrán fin a su era de más de once años como lehendakari, ya que no aspirará a la reelección para un cuarto mandato. La cita abrirá así un nuevo ciclo político, con un profundo cambio de caras al frente de la mayoría de candidaturas, y permitirá que el próximo Gobierno vasco esté en funcionamiento antes de verano. El todavía lehendakari −entrará en funciones al día siguiente de las elecciones− anunció la convocatoria en una comparecencia solemne en Vitoria, rodeado de todos sus consejeros, ocho del PNV y tres del PSE-EE. Explicó que en su decisión, sometida minutos antes a la deliberación del Consejo de Gobierno, han influido tres criterios principales: el «cumplimiento» del programa de gobierno lanzado en 2020, haber dejado «el mejor legado» al próximo inquilino de Ajuria Enea y «la defensa del interés general de la sociedad vasca». Por esas razones firmará el lunes un decreto que se publicará el martes en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) para cumplir exactamente con los 54 días de anticipo que exige la legislación electoral y que los comicios se celebren así el tercer domingo de abril.

La legislatura que cerró el lehendakari ayer al convocar las elecciones para el 21 de abril ha sido, en lo económico, la de los cisnes negros. Y es que tras la pandemia, la estructura empresarial vasca ha tenido que hacer frente a cuatro crisis con fenómenos del todo imprevistos: una pandemia, un atasco en las cadenas de suministros, una crisis de precios y una energética por la guerra de Ucrania. Todo aderezado con la gestión de los fondos europeos, el impulso a la transición energética, la falta de determinados perfiles profesionales y la lucha contra la pérdida de arraigo de las compañías vascas. La suma de todos estos acontecimientos ha dejado un escenario de desaceleración económica con el que Euskadi ha estrenado este 2024. Pero con síntomas de fortaleza que permiten esquivar la recesión y apoyar la recuperación del PIB perdido por el coronavirus –cayó en el 2020 hasta un 10%– . Además, el empleo ha llegado a récords históricos. En el País vasco los afiliados a la Seguridad Social se mantienen por encima del millón de personas con un crecimiento de 60.000 trabajadores desde julio de 2020. La tasa de paro está por debajo del 8%, unos parámetros desconocidos desde 2008. Y es que el empleo no solo se ha reforzado, sino que ha sido una de las palancas para la economía elevando el consumo interno. Este elemento, reflejado en el IVA, y la actividad de las empresas, muy sólida en 2021 y 2022, han hecho que la recaudación de las haciendas vascas haya llegado a su techo histórico. El pasado 2023, las diputaciones cobraron en impuestos 18.212 millones, un 30% más que en 2020, cuando el confinamiento provocó un descenso en los ingresos fiscales del 9,8%. Quizá sea la reforma fiscal una de las asignaturas pendientes en lo económico. 

Osakidetza ampliará su plantilla estructural –es decir, de puestos de funcionariado– en 1.431 trabajadores. De esta manera, el Servicio Vasco de Salud alcanzará las 32.442 plazas fijas. La medida fue aprobada ayer por la tarde en un Consejo de Gobierno celebrado una hora antes de que Iñigo Urkullu convocara elecciones para el 21 de abril. Entre los nuevos trabajadores que pasarán a formar parte de la plantilla fija de Osakidetza, 1.208 plazas estarán dirigidas a empleados que en estos momentos tienen un contrato temporal y 223 serán de nueva creación. Estos últimos puestos se destinarán a atender los proyectos impulsados desde la Dirección General (en áreas técnicas como recursos humanos) y el programa Farmabide, el nuevo servicio de dispensación farmacéutica a residencias de mayores. El Servicio Vasco de Salud impulsa de esta manera la que es la tercera ampliación de plantilla de la legislatura. La primera tuvo lugar en octubre de 2022, cuando crearon 358 nuevas plazas en Atención Primaria e hicieron fijos a 2.109 trabajadores temporales, cumpliendo así con la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Euskadi es la comunidad más afectada por el fallo, ya que tiene una tasa de temporalidad del 44% en el sector público, con 20.000 interinos de más de 8 años de antigüedad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó ayer una sentencia en la que insta a España a convertir en fijos a los interinos de larga duración. Considera que esta es la salida que se debería dar a los casos de abusos en la temporalidad, tras tachar de insuficientes las soluciones articuladas por el Gobierno de España o las aplicadas por el Supremo, como recurrir a la figura del indefinido no fijo, la posibilidad de indemnizar a la extinción del contrato o la convocatoria de concursos de estabilización establecida en la denominada ‘ley Iceta’ destinada a reducir la interinidad al 8%. El fallo solo afecta al personal laboral y deja en manos de los tribunales españoles su aplicación. No obstante, abre la puerta a que cientos de miles de empleados públicos que han encadenado contratos temporales durante años, incluidos los indefinidos no fijos, reclamen en los juzgados, según explica Amaia Zarrabeitia, portavoz del sindicato Interinok Taldea. Su impacto tiene especial alcance en Euskadi, que presenta el mayor índice de temporalidad de toda España en el sector público, con un 44% del total. En la Administración vasca (Lakua, Osakidetza, Educación...) se contabilizan casi 30.000 interinos y eventuales con más de tres años de antigüedad, de los que 20.000 acumulan incluso más de ocho años, de acuerdo con datos de ELA. El Gobierno vasco ha asegurado que consolidará a 17.000 interinos para finales de este año en diversos procesos, pero las cifras aún no cuadran. 

En Euskadi, esta medida afectaría en el caso más restrictivo a 19.800 trabajadores del ámbito público que llevan más de ocho años de forma interina o temporal, según datos aportados por ELA y que fueron dados a conocer por el Gobierno Vasco en el Parlamento. Y es que la central apunta que también afecta al personal laboral temporal. Si se tienen en cuenta aquellos que llevan más de tres años, la cifra ascendería a 29.740. Igor Eizagirre, responsable del Area Pública de ELA, subraya que a día de hoy hay más de 77.000 temporales en el ámbito público vasco, lo que supone el 44% de toda la plantilla, «cifras récord». Añade que la sentencia del TJUE pone de relieve la falta de voluntad de instituciones y partidos políticos para poner fin a las altísimas tasas de temporalidad. La central, que recurrió ante el Superior Vasco por entender que el Ejecutivo de Urkullu no cumplía con la Ley Iceta, reclama, con todo, que «se acaben con las tasas de reposición que fija Madrid y que se articulen soluciones que permitan consolidar a los miles de trabajadores temporales, al tiempo que se incluyen medidas para evitar que esta situación se repita a futuro».

Telefónica registró en 2023 sus primeras pérdidas anuales desde 2002 como consecuencia de varios efectos extraordinarios. La operadora arrojó un saldo negativo de 892 millones de euros en 2023, como consecuencia del impacto del saneamiento de 3.107 millones de libras (unos 3.600 millones de euros) en la filial británica Virgin Media O2 (VMO2), y de la provisión de 1.300 millones de euros derivada del expediente de regulación de empleo (ERE) en España, para 3.400 personas que, en su mayoría, dejarán la compañía en los próximos días. El impacto para Telefónica por el deterioro en el Reino Unido es de 1.786 millones de euros, dada su participación del 50% del capital (el otro 50% es propiedad de Liberty Global) de su filial en las Islas. En cualquier caso, de no contabilizarse los extraordinarios, el beneficio neto ordinario de Telefónica alcanzó los 2.369 millones de euros en el conjunto de 2023, un 17,1% más que en 2022. Las acciones de Telefónica avanzaban algo más de un 2% a medio día. El fondo de comercio es la capacidad de una compañía de generar beneficios gracias a activos intangibles que pueden producir ganancias futuras, como el valor de la marca, la cartera de clientes, su posicionamiento, el know how o el valor de patentes. En el caso de VMO2, este ajuste contable se ha establecido como consecuencia del deterioro de la situación macroeconómica en el Reino Unido, y su influencia en la futura generación de caja.

El volantazo que dio el BCE a partir de julio de 2022 se ha traducido en una sangría en sus cuentas anuales. La autoridad monetaria europea cerró el año pasado con unas pérdidas de 1.266 millones tras provisionar otros 6.620 millones. Por primera vez desde 2004, la institución que preside Christine Lagarde registra números rojos, a los que ha llegado a causa de la abrupta subida de los tipos de interés después de casi una década de dinero ultrabarato. El Eurobanco aún espera incurrir en pérdidas en los próximos años, pero prevé irlas drenando a medida que siga reduciendo el tamaño de su balance y rebajando los tipos de interés. Sus números rojos no han sido ninguna sorpresa. Los resultados de los bancos centrales, dentro y fuera de la zona euro, se están viendo teñidos de rojo por el rápido endurecimiento de la política monetaria para aplacar la inflación. Tras la crisis financiera, Fráncfort llevó a cabo una política ultraexpansiva para sacar a Europa de la penuria económica, con una receta que consistía en tipos de interés bajos y compras masivas de deuda. Sin embargo, la elevada inflación llevó al instituto monetario a cambiar por completo esa dinámica, elevando el precio del dinero del 0% al 4,5% en poco más de un año y medio. En ese periodo, la facilidad de depósito subió del -0,5% al 4%, por lo que tuvo que elevar la remuneración por las reservas bancarias a la vez que los ingresos por los rendimientos de la deuda en balance seguían siendo muy inferiores. En realidad, el BCE ya cerró su ejercicio de 2022 con un resultado de cero euros. Sin beneficios ni pérdidas. Eso sí, logró ese equilibrio tras provisionar 1.627 millones. Rompía una racha de casi 20 años de ganancias en las que acumuló unos beneficios de 33.600 millones.

La inflación se modera en Europa pero se acelera en España, lo que agrava la pérdida de competitividad que aqueja al sector exterior en los últimos meses. El Índice de Precios de Consumo en la eurozona subió en enero un 2,8%, una décima menos que el mes anterior, de acuerdo con los datos publicados ayer por Eurostat, la oficina estadística comunitaria, una ralentización que contrasta con un pequeño acelerón de dos décimas en España, hasta el 3,5%, con lo que el país queda ya como uno de los que registran mayores incrementos de precios en la eurozona y el mayor entre los grandes del euro. Un alza que supera, además, el incremento de los salarios pactados en convenio, lo que resulta en una mayor pérdida de poder adquisitivo. La moderación de los precios en la eurozona se debe fundamentalmente a la contención de los precios energéticos y los alimentos procesados, debido a que los fabricantes están dejando de repercutir los incrementos de costes de meses atrás, en parte debido a que la pérdida de poder adquisitivo dificulta la traslación total de los costes intermedios al consumidor final. En concreto, los bienes industriales no energéticos pasan de subir a un ritmo del 2,5% en diciembre al 2% en enero mientras que los alimentos procesados se ralentizan siete décimas, del 5,9% al 5,2%. En sentido contrario, la energía modera su caída del 6,7% al 6,1% y el sector servicios sigue tirando al alza, con una subida anual de los precios del 4%, impulsado por los salarios.

La firma de hipotecas en Euskadi suavizó su caída en la recta final de 2023, pero en el conjunto del ejercicio se desplomó un 17% hasta las 19.181, como consecuencia de la escalada de los tipos de interés, que solo empezó a remitir a partir de septiembre. La subida de las cuotas, de más de 300 euros en dos años, hizo que muchos usuarios renegociasen sus condiciones o buscaran mejores ofertas en otros bancos, lo que provocó un récord en los cambios. Las entidades, por su lado, promovieron este trasiego al volcarse en el ‘robo’ de clientes ante el hundimiento del mercado. En concreto, los cambios registrales sobre hipotecas sumaron más de 4.000 el año pasado en el País Vasco, casi un 20% más que el ejercicio anterior, según la estadística publicada ayer por el INE. Buena parte de estos movimientos fueron traslados de entidad –subrogación del acreedor–, que se dispararon hasta los 1.500, más del doble que el año anterior. Además, hay que tener en cuenta la cifra récord de cancelaciones de hipotecas, 15.495, que en muchos casos obedecieron a cambios de entidad; el préstamo hipotecario se amortiza anticipadamente en un banco y se constituye uno nuevo en otro. «Nos robamos clientes porque el mercado no crece», explica el responsable de una sucursal de un banco vasco, que asegura que un 35% de sus hipotecas viene de subrogaciones. Los cambios han estado alentados desde el Gobierno, que estableció su gratuidad siempre que se pasara de una hipoteca variable a una fija, algo que ha extendido a las mixtas, la fórmula preferida en estos momentos.

El infierno se desató en Valencia pasadas las cinco y media de la tarde. Llamas recorriendo por completo un bloque de dos torres de viviendas de diez y catorce plantas. Placas de revestimiento cayendo a la calle. Gritos. Peticiones de auxilio. Vídeos de fuego y humo recorriendo de manera viral las redes sociales. Y la tragedia cebándose con dos edificios con 137 viviendas en las que residen 450 vecinos. El inmueble es de reciente construcción, se acabó en 2008, aunque los residentes entraron a vivir más tarde porque la promotora quebró y lo tuvo que comercializar el banco. En un principio eran pisos de lujo a 6.000 euros el metro cuadrado, aunque Banesto redujo los precios en un 20%. El drama empezó a gestarse en un balcón del séptimo piso. Allí comenzaron a brotar las primeras lenguas de fuego. La causa aún se investiga. En menos de media hora, las llamas y el humo negro envolvían las dos torres. Pánico. Sirenas. Carreras en la calle. El inicio de la tragedia. Pasada la media noche se confirmó el horror. Cuatro personas fallecidas en el siniestro. Y la posibilidad no descartada de que sean más las víctimas mortales, al seguir peinando Policía y Bomberos la búsqueda de más posibles desaparecidos. Al cierre de esta edición se hablaba de una veintena de personas de las que se desconocía dónde estaban. Vecinos a los que sus familiares no lograban localizar. Inquilinos a los que las Fuerzas de Seguridad no lograban cuadrar en el macabro listado de supervivientes que empezó a hacerse en cuanto los residentes salieron a la calle. La lista del milagro a la vez que la lista de la tragedia. Entre las personas sin encontrar, una abuela y su nieta de 9 años. Las víctimas son cuatro vecinos que supuestamente se vieron atrapados por el fulminante incendio. La fatalidad se empezó a vislumbrar pasadas de las 11 de la noche. Fue entonces cuando los rostros se tornaron serios en el Puesto de Mando Avanzado levantado por Policía y Bomberos. El vuelo de un dron de los Bomberos Municipales registró en un balcón y en una vivienda de los bloques imágenes de cuatro posibles cuerpos calcinados. La culminación de una tragedia que parecía casi anunciada.

Los sindicatos de Argentina endurecen el pulso contra el Gobierno de Javier Milei. El país amaneció el pasado miércoles sin servicio de trenes y la medida de fuerza continuó hasta la medianoche. El jueves también se convocó una huelga para el personal de salud y el lunes, a menos que se alcance un acuerdo antes (al cierre de esta edición no se había producido), serán los docentes quienes se ausentarán de las escuelas en el primer día de clases en más de una decena de provincias. La movilización sindical responde al duro ajuste fiscal de Milei, el más rápido de las últimas cuatro décadas de democracia argentina y todo apunta a que crecerá porque el Gobierno no está dispuesto a ceder. “Se están evaluando las medidas pertinentes [contra los responsables del paro de ferrocarriles] para que no quede sin consecuencias”, advirtió el portavoz presidencial, Manuel Adorni. En enero, el primer mes íntegro del nuevo Ejecutivo, el sector público argentino registró un superávit financiero. Fue el primer resultado mensual sin déficit desde agosto de 2012, pero se obtuvo a costa de una reducción drástica del gasto público. La inversión en obra pública cayó más de un 80%, los subsidios al transporte, gas, luz y electricidad sufrieron un recorte del 64% y las prestaciones sociales –como jubilaciones y ayudas a la población más vulnerable– disminuyeron un 30%. La inflación hizo el trabajo sucio para el Gobierno: entre diciembre y enero los precios aumentaron un 46%, muy por encima de las transferencias estatales. La situación se repitió en el sector privado: los salarios de los trabajadores con contrato perdieron un 23% de poder de compra en los últimos dos meses.