20240313

La AEGE, la asociación que agrupa en España a las industrias que tienen mayor consumo eléctrico, ha reclamado al Gobierno un incremento en las ayudas que reciben las grandes empresas para compensar el coste que tienen los derechos de emisión de CO2 de forma indirecta. Esto es, el coste asociado a los generadores de energía y que repercute en los precios de la electricidad que deben pagar estas empresas para obtener una energía que supone un capítulo muy destacado en su estructura de gastos. La AEGE, que preside el empresario vasco José Antonio Jainaga, representa a una treintena de compañías vinculadas principalmente a sectores como la siderometalurgia, la industria química o la producción de gases. «En estos momentos, esta es la principal desventaja competitiva de la gran industria electrointensiva frente a nuestros competidores europeos», apunta el presidente de la asociación en una comunicación pública, al tiempo que reclama un aumento de las ayudas «para poder competir en igualdad de condiciones». La Comisión Europea admite que este tipo de empresas puedan recibir compensaciones por la carga que supone el pago de emisiones de CO2 en el sector eléctrico, hasta un límite del 25% de lo que cada Estado recauda. Un porcentaje que alcanzan, e incluso llegan a superar, países como Francia y Alemania, que tienen importantes empresas que compiten con la industria electrointensiva española. La legislación nacional también admite ese porcentaje de compensaciones pero, sin embargo, la consignación presupuestaria dista mucho de acercarse a esos límites. Así, la AEGE estima que el Estado recaudó el pasado año 3.600 millones por los derechos de emisión de CO2, de ahí que reclaman compensaciones en el entorno de los 850 millones de euros.

El comercio exterior de Gipuzkoa, que tradicionalmente ha actuado como motor de la economía del territorio, perdió en enero su efecto tractor y provocó que el conjunto de las ventas de las empresas guipuzcoanas retrocediera un 0,4%, con lo que se rompe la tendencia al alza registrada de manera consecutiva en los tres meses anteriores. La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha confirmado la dificultad del tejido empresarial del territorio de cerrar negocios en una economía internacional que no atraviesa una buena coyuntura durante la presentación de los resultados del informe mensual que elabora el departamento foral de Hacienda y Finanzas, donde se refleja la buena evolución del comercio interior, que en enero creció un punto porcentual, y del empleo, con un avance del 2,3%. Estos buenos datos de inicio de año contrastan con el comportamiento de las exportaciones, que se anotaron una caída de 2,8 puntos porcentuales motivados por el notorio retroceso en las ventas a países de la Unión Europa del 6,1% frente a las que se formalizaron en mercados ajenos al espacio comunitario, que crecieron un 1,8%. Se confirma así la defensa que desde hace años han realizado diferentes organismos económicos guipuzcoanos de la diversificación de mercados como clave para mantener la facturación empresarial, ante posibles acontecimientos como el observado el pasado ejercicio en Europa, donde los principales países se vieron muy afectados por la alta inflación y los elevados tipos de interés que ralentizaron sus economías y, por lo tanto, sus importaciones.

Después de que la Comisión Europea avalara la fusión de Orange y MásMóvil hace un par de semanas, la operación solo necesitaba el último fleco para materializarse: el visto bueno del Gobierno. Y lo recibió ayer con la aprobación del Consejo de Ministros. «De esta fusión resulta el primer operador de España, con más de 30 millones de clientes móviles, 7 millones de banda ancha y 2 millones de clientes de servicios de televisión», indicó el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá. Esta nueva empresa será el primer operador del país, dando por con- cluido el reinado de Telefónica, hasta ahora líder indiscutible del mercado de las telecomunicaciones. Tras la autorización del Ejecutivo, se espera que los trámites administrativos pendientes para cerrar la operación de forma definitiva concluyan en un par de semanas, por lo que se cumplirán los plazos contemplados por ambas compañías, que esperan terminar la transacción en el primer trimestre del año. La operación está valorada en 18.600 millones y los compromisos de inversión en el plan industrial de la nueva entidad son «muy importantes», destacó el ministro, que también indicó que contiene compromisos de mantenimiento del empleo «suficientes», aunque de cómo afectará la fusión a las plantillas de ambas compañías no se sabe nada a ciencia cierta. Las actividades conjuntas de ambas empresas se formalizarán en una ‘joint venture’ controlada al 50% cada una de ellas. El actual consejero delegado de MásMóvil, el austriaco Meinrad Spenger, será el futuro consejero delegado de la nueva operadora, según recoge el acuerdo. Y el actual CEO de Orange en España, Ludovic Pech, será el nuevo director financiero. El presidente de la ‘joint venture’ será el actual presidente de Orange, Jean Fraçois Fallacher. Se desconoce el nombre comercial que tendrá esta nueva empresa.

La cirugía robótica autónoma avanza desde Euskadi. Los hospitales de Cruces y Donostia han probado con éxito el primer robot español y el más avanzado del mundo para cirugía de columna. El equipo lleva, además, el sello de ‘hecho en Euskadi’, tanto en el diseño como en su fabricación. En los últimos meses, un total de quince pacientes con distintos problemas de espalda han sido intervenidos con ‘Alaya’, que así se llama el ingenio, y todos ellos con «buenísimos resultados». El dispositivo, presentado en el marco del congreso nacional de ‘Neuro-raquis’ sobre cirugía de columna celebrado en Bilbao, da un salto de gigante sobre los actuales robots ‘Da Vinci’ y abre las puertas al quirófano del futuro asistido por androides. ‘Alaya’ es el resultado de un ambicioso proyecto de colaboración entre médicos y científicos vascos, que ha contado con la participación de los institutos de investigación biomédica Biocruces y Biodonostia y la compañía guipuzcoana Cyber Surgery, compuesta por un equipo de ingenieros de todo tipo, que lo han diseñado. El robot se ha probado con pacientes aquejados de diferentes patologías de columna, fundamentalmente hernias discales y escoliosis, que exigían la colocación de tornillos transpediculares, «lo que la mayoría de la población llama ‘clavos’», explica de forma gráfica el jefe de servicio de Neurocirugía de Cruces, Iñigo Pomposo, que ha dirigido el proyecto clínico. «Los resultados que hemos obtenido han sido excelentes», valoró. 

 La apuesta por el autoconsumo de energía eléctrica en Debabarrena tiene una de sus iniciativas más ambiciosas en el proyecto del parque solar fotovoltaico en el que participan Elgoibar y Mendaro, aunque no es la única que tiene como marco a la comarca. Eibar y Soraluze están siendo escenario de distintos encuentros centrados en la constitución de comunidades energéticas locales. La villa armera acogió ayer una primera reunión abierta a todas las personas interesadas en sumarse a la que se constituirá en Eibar que tendrá continuidad mañana, a las 12.00, con un nuevo encuentro en Errebal. A esta cita le seguirá otra en el mismo escenario el 19 de marzo, a las 15.00, aunque en este caso tendrá como destinatarios a los gestores de establecimientos comerciales. Por su parte, Soraluze fue testigo, el lunes, de un encuentro con el objeto de dar a conocer el proyecto de comunidad energética que se llevará a cabo en esta localidad. Los ayuntamientos de Elgoibar y Mendaro participan en un plan para la constitución de una cooperativa energética local que está en plena fase de gestación. En este momento se están cumplimentando los pasos para dar forma a un proceso no exento de complejidad antes de compartirlo con el conjunto de los vecinos de ambas localidades y animarles a participar en el proyecto como socios. 

El vertedero bergararra de Epele, uno con los que el Gobierno Vasco contaba para poder gestionar los casi 6,3 millones de residuos industriales no peligrosos que prevé que se podrán generar en Euskadi hasta 2030, «no cumple los mínimos de seguridad establecidos» en su autorización ambiental integrada (AAI), según ha concluido el estudio geotécnico encargado por la Mancomunidad de Debagoiena. Los ayuntamientos mancomunados se reunirán el jueves 21 para valorar este informe y decidir si reabrir o no este recinto ubicado en Bergara, pero lo más probable es que se acojan al dictamen negativo y decidan no proceder a su reapertura. El contenido del estudio –presentado por la propia mancomunidad–, trastoca pero «no pone en peligro» la hoja de ruta prevista por el Ejecutivo autonómico para dar salida a las 450.000 toneladas de desechos que había previsto en este vertedero del barrio de Elorregi, considerado como «fundamental pero no crítico» en la estrategia autonómica, según fuentes del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Aunque la decisión definitiva no se conocerá hasta la próxima semana, cuando se reunirá la Junta de la mancomunidad, todo apunta a que el vertedero de Bergara no reabrirá las puertas, que permanecen cerradas desde 2018 tras 25 años de actividad. 

El Aeropuerto de Loiu ha cerrado febrero con 410.745 pasajeros. De esta forma, el alza de viajeros del 17,8% convierte al pasado mes en el mejor febrero de la historia en la infraestructura vizcaína. En cuanto a la tipología de los viajes en el Aeropuerto de Bilbao, tanto los nacionales como los internacionales han mostrado un crecimiento considerable. Así, la cifra de pasajeros domésticos crece un 12,8%, hasta 267.246 pasajeros. Lo mismo ocurre con el pasaje internacional, que se refuerza en el segundo mes del año con una subida del 28,7%, alcanzando la cifra de 142.936 pasajeros. En cuanto al de Foronda sus mejores cifras las registra en el transporte de mercancías. El aeródromo alavés alcanza las 6.050 toneladas de carga en lo que, de hecho, ha supuesto el mejor mes de febrero de su historia. Y por último, en relación al aeropuerto de Hondarribia, ha finalizado febrero con 28.849 pasajeros, un 15,6% más que en febrero de 2023. Sin embargo, en cuanto a las operaciones, en la pista del aeropuerto guipuzcoano en febrero se operaron 328 movimientos de aterrizaje y despegue, lo que significa un 3,5% menos que en el mismo mes de 2023. Ver nota de Aena sobre los aeropuertos vascos. 

«Parece que hablar de FP y parques tecnológicos no casa, pero es hora de desmitificar que los alumnos que cursan una Formación Profesional no pueden trabajar en estos centros». Los tres campus tecnológicos vascos ubicados en Zamudio, San Sebastián y Vitoria recibieron ayer a cerca de 1.000 alumnos de 1º de Bachillerato –420 de ellos en Bizkaia– en una jornada que tenía como principal objetivo conocer «la potencialidad de la FP en Euskadi», además de la «impresionante empleabilidad» que tiene esta tipo de formación en las empresas del sector. Organizada por Euskadiko Parke Teknologikoa, la red de centros públicos de FP, Ikaslan, y la asociación de escuelas Hetel, esta novena edición pretendía en definitiva que aquellos estudiantes que están a un año de acabar la educación postobligatoria vieran la FP como una buena opción para afrontar su futuro laboral. Itziar Epalza, directora general de los parques tecnológicos de Euskadi, los cuales concentran 660 empresas y «el 38% del total de la inversión en I+D en el País Vasco», reconoció en el acto celebrado en Zamudio que la cita persigue «fomentar el gusto por las ciencias, sobre todo entre las mujeres, donde su presencia es muy reducida en varias ramas». Por ello decidió interpelar directamente a las jóvenes que se encontraban en el auditorio: «Os necesitamos y os estamos esperando. En algunos sectores sólo representamos el 10% del total de la plantilla cuando somos la mitad de la trainera que avanza en este país. Creo que vale la pena aportar algo a nuestro futuro, ¿no creéis?». Pero, ¿qué representación tienen los que han cursado una FP en las empresas ubicadas en estos parques? Por las caras de los alumnos, más de lo que creían. Y es que Epalza recordó que de las 22.000 personas que operan en alguna de las empresas ubicadas en los campus, al menos el 25% proviene de grados de Formación Profesional. Un discurso que fue respaldado por Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y Jokin Bildarratz, consejero de Educación, quienes intervinieron de manera telemática en la sesión. Ambos trasladaron la importancia de que los menores sientan la curiosidad de «introducirse en la industria» e incidieron en que «el 60% de los perfiles que buscan las empresas se encuentran en FP».

Artículo del viceconsejero de FP del Gobierno vasco, Jorge Arévalo: "...El desarrollo de la cuarta revolución industrial está introduciendo unos parámetros disruptivos desconocidos para la humanidad. Nos dirigimos hacia un escenario caracterizado por un mundo automatizado (Robótica), cognitivo (Inteligencia Cognitiva), de acceso inmediato a los datos (wiffi 6 y conectividad SG), en  donde todo estará conectado con todo (Internet del Todo, IoE). Además, se van a ir uniendo el mundo físico, el mundo digital y el  mundo biológico y como dice Klaus Schwab, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, la cuarta revolución industrial no va a cambiar lo que hacemos, sino que va a cambiar lo que somos. La disrupción, la complejidad y la incertidumbre nos van a acompañar en el futuro y sólo podremos superarlos preparando a las personas de otra manera...Debemos transformar el tejido productivo, reconfigurar el contexto del empleo y evolucionar y adaptar los sistemas de formación. Y es aquí donde la FP juega un papel estratégico y fundamental, ya que, en la actualidad, el 65% de los puestos de trabajo requieren personas tituladas en FP...En la CAPV hemos vuelto a transformar l sistema de FP. Lo estamos realizando, principalmente, en 70 centros que desarrollan de manera integral una formación de alto rendimiento a través de metodologías activas de aprendizaje, fomentan la innovación aplicada con Pymes en nuevos productos y procesos productivos, avanzan hacia sectores emergentes a través de diferentes áreas de especialización y promueven la cultura emprendedora y la creación de empresas desde los centros. Además, desarrollan e impulsan la transformación digital trabajando las tecnologías interactivas e inmersivas, la robótica colaborativa, la conectividad SG, la impresión 3D o la ciberseguridad, entre otras..."

El sector público vasco, con más de 150.000 trabajadores, vivió ayer su tercera jornada de huelga en menos de cinco meses de una manera muy similar a las dos anteriores, las celebradas el 25 de octubre y el 19 de diciembre. Otra vez se repitieron las aglomeraciones y las esperas en metro, trenes y autobuses. Otra vez se reprodujo la guerra de cifras sobre el seguimiento, con el único consenso de que los sectores más afectados fueron educación y transporte. Y otra vez se escucharon los reproches mutuos entre sindicatos y Gobierno vasco en un duro pulso que no remite. Al contrario, el enfrentamiento se ha recrudecido en puertas de las elecciones autonómicas y las centrales convocantes ELA, LAB, CC OO, Steilas y ESK advirtieron ayer de que «habrá más huelgas» si no se atienden sus reclamaciones. «El éxito que ha tenido esta convocatoria tiene que hacer recapacitar al Gobierno vasco actual, al futuro, y a los partidos políticos», señalaron. El lema de su protesta gira en torno a la reivindicación de que los aumentos salariales y las tasas de reposición se decidan con autonomía en Euskadi, sin interferencia de Madrid. Con ello quieren que se atienda su exigencia de subir un 10% los salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido años atrás y la convocatoria de procesos de consolidación suficientes para hacer bajar la temporalidad al 8% desde el 44% actual.

La economía española afronta un año mejor de lo previsto al haber dejado atrás el riesgo de caer en recesión o de verse impactada de forma contundente por la situación que atraviesan otros socios europeos, como Alemania. La relajación de los precios de la energía y el dinamismo del mercado de trabajo explican que el Banco de España haya actualizado al alza sus previsiones macroeconómicas al anticipar que el PIB crecerá un 1,9% frente al 1,6% anticipado en su anterior proyección. Esta revisión al alza coincide con los cálculos que han publicado en los últimos días otros organismos privados, como BBVA Research, que acercan el crecimiento del PIB más al nivel del 2%, en línea con lo estimado por el propio Gobierno. De esta forma, España sería la potencia europea con mayor índice de crecimiento para este ejercicio frente a la atonía de otros países europeos, tras cerrar 2023 con un alza que se ha situado por encima del 2,5%. Las nuevas proyecciones también apuntan a una cierta calma en los precios durante los próximos meses tras los récord marcados en 2022 y la tensión acumulada el año pasado, sobre todo en los alimentos. La inflación estimada para este año la sitúa en el 2,7%, lo que supone seis décimas menos que en el anterior cálculo. En febrero se ha situado en el 2,8%. Además, retrocedería hasta el 1,9% en 2025, ya por debajo del objetivo medio del Banco Central Europeo (BCE) para asentar los tipos a la baja. Aunque la inflación seguirá moderándose, el supervisor alerta de la «resistencia» de los precios en el sector servicios para reducir precios, como ocurre en todas las actividades ligadas al sector turístico. En el caso de los alimentos, achaca a las condiciones meteorológicas, esto es, a la sequía, el hecho de que no baje la inflación al mismo ritmo que la tasa general, cuando sí lo han hecho las materias primas.

Los impuestos y cotizaciones sociales, los pagos a las administraciones públicas, son el segundo renglón de las obligaciones de pagos de las empresas. La cifra total de transferencias realizadas por las grandes empresas españolas en 2022 fue de 79.854 millones de euros. De esta cuantía, el 60% –48.400 millones– corresponde a la labor indirecta que hacen las empresas como recaudadoras de la fiscalidad del reparto de dividendos. El 39,4% restante –31.454 millones de euros– corresponde al abono directo de los impuestos que hacen las empresas, como el de sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido. También sobre las retenciones de las rentas del trabajo. Así se desprende del informe sobre la Contribución social de la gran empresa española, realizado por PwC, una de las cuatro grandes consultoras en España, y la Fundación CEOE. El estudio está realizado sobre cuarenta grandes grupos empresariales, a excepción del sector financiero y de aquellos que son filiales de multinacionales que tienen la empresa matriz fuera de España. Entre otras, el trabajo analiza la contribución a la sociedad de grupos como Abertis, Acciona, ACS, Aena, CAF, El Corte Inglés, Ferrovial, Iberia, Iberdrola, Indra, Naturgy, OHL, Prosegur, Repsol, Técnicas Reunidas o Telefónica. En conjunto, la contribución de las grandes empresas a la sociedad en 2022 tuvo un valor total de 574.861 millones de euros. Equivale al 48% del PIB de 2022, que estaba en 1,2 billones de euros. También son 75.000 millones más que en 2021, facilitado por el crecimiento de la economía, después de la pandemia del coronavirus, que estalló en marzo de 2020. En todo caso, la primera obligación de las grandes empresas con la sociedad es el pago a los proveedores. Este renglón representa el 75,1% de este capítulo mercantil. 

“Sin reconocer las emisiones de Alcance 3 [de la cadena de valor] de una empresa no es posible comprender y evaluar completamente su contribución al cambio climático”, asegura el Grupo de Inversores Institucionales sobre el Cambio Climático (IGCC). Sin embargo, medir la huella de carbono de la cadena de valor cuando se tienen miles de proveedores y muchos de ellos son pymes con escasos recursos, se vuelve muy complicado. Aunque por el momento las pymes no están obligadas a cumplir la directiva de información no financiera (CSRD), ésta ha generado un conflicto, ya que, como explica Miguel Arias Cañete, excomisario de Energía y Acción por el Cambio Climático de la UE: “No se les puede obligar, pero las grandes empresas sí necesitan esa información para reportar los efectos de su cadena de valor”. Los reguladores de la Unión Europea, Reino Unido o Japón han dejado claro que las divulgaciones obligatorias de Alcance 3 están en el horizonte (la CSRD europea ya ha fijado plazos); la SEC estadounidense lo ha descartado en el último momento tras muchas presiones, pero ya se lo ha planteado; incluso China está acercando su legislación en materia de información sobre huella de carbono a la europea. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 3 varían según las empresas y los sectores, pero “en promedio representan más del 80% de la huella de carbono corporativa”, dice el informe de FTSE Russell, The indexes and benchmark unit of LSEG Scope for improvement: Solving the Scope 3 conundrum. “Sin embargo, la mala calidad y las lagunas en los datos a menudo dificultan que los inversores evalúen sistemáticamente las exposiciones de Alcance 3 en sus carteras y las tengan en cuenta en los procesos de inversión y la presentación de informes”, añade.

Una vez superado el trámite de la amnistía, el Gobierno de Sánchez ha cumplido otra de las exigencias de Puigdemont. Hacienda publicó ayer los datos del balance fiscal de todas las comunidades de 2021, algo que los independentistas catalanes reclaman para «mostrar la discriminación» económica hacia Cataluña. El informe de Hacienda revela que Madrid es la comunidad que más contribuye a la solidaridad interterritorial, mientras el caso catalán revela casi un punto de equilibrio. Euskadi y Navarra quedan fuera de esta estadística al contar con regímenes tributarios propios. 

La Comisión Europea sigue instando a los países de la UE a que aceleren la ejecución de sus planes de recuperación. Después de un primer llamamiento en febrero, Bruselas volvió ayer a poner esta cuestión sobre la mesa durante la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea donde el titular español, Carlos Cuerpo, destacó la velocidad de ejecución de estos fondos en España. «El ritmo está siendo bueno y España es de los mejores entre los grandes países receptores de estas ayudas», destacó. A su entrada al encuentro de ministros, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, subrayó que la implementación de los fondos Next Generation puestos en marcha durante la pandemia entran en «una fase desafiante». En un momento en el que «la actividad económica es débil serán muy importantes para apoyar el crecimiento», señaló. En su informe de evaluación publicado en febrero, la Comisión Europea apuntó que España es el tercer país más beneficiado por estos fondos, con un impacto del 3,5% de su Producto Interior Bruto (PIB). El dato lo destacó ayer también el ministro Cuerpo, quien aseguró que hasta diciembre España mantenía un ritmo de «entre 1.500 y 2.000 millones de ejecución mensual» de estos fondos. El titular de Economía añadió que el país ha alcanzado la «velocidad de crucero, algo importante teniendo en cuenta que estos grandes planes de inversión tardan en coger ritmo».

La cadena de supermercados Mercadona presentó ayer las cifras del ejercicio 2023, que su presidente, Juan Roig, calificó como “el mejor año” de su historia. El grupo logró récord de ingresos y beneficios, así como un importante aumento de su rentabilidad. La facturación bruta se situó en 35.527 millones de euros (con IVA), mientras que las ventas netas ascendieron a 32.861 millones de euros. Se trata de un crecimiento de los ingresos del 15%. Las ventas en volumen –kilitros, en su jerga– aumentaron un 5% y el margen comercial se redujo un punto. La subida media de precios en el año fue del 3%. El beneficio neto se situó en 1.008 millones de euros y se incrementó un 40,3% respecto al año anterior. De esta ganancia, Mercadona destinará a reservas 800 millones, y los otros 200 millones serán para dividendos, señaló Juan Roig, accionista mayoritario. El beneficio neto es el resultado, tras obtener 2.100 millones brutos, de destinar 600 millones de euros a primas por productividad a los empleados y pagar 523 millones de euros en Impuesto sobre Sociedades, que representa un tipo efectivo del 23,3%, destacó Roig. La plantilla era de 104.000 personas al cierre del año, es decir, 5.000 trabajadores más. Las cuentas muestran una rentabilidad del 3,1% sobre ventas, uno de los niveles más altos alcanzados por la cadena. 

El debate sobre el tiempo de trabajo no es nuevo de esta legislatura ni mucho menos. La primera ministra de Trabajo de Pedro Sánchez, Magdalena Valerio, ya sacó adelante la polémica ley que obligó a todas las empresas a registrar diariamente el horario de sus trabajadores para poder controlar la realización de horas extras, y su sucesora y actual vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz inició la elaboración de una ley de usos del tiempo, a la vez que el Gobierno aprobaba también en la legislatura pasada un proyecto piloto sobre la semana de cuatro días. Junto a ello, la propia Díaz ha llevado a gala el refuerzo del brazo sancionador del mercado laboral: la Inspección de Trabajo, que durante la pasada legislatura intensificó su actividad en varios frentes. Uno de ellos fue el tiempo de trabajo y las horas extras, donde el pasado año volvieron a aumentar las actuaciones de estos inspectores y las sanciones impuestas a las empresas incumplidoras. En concreto, la Inspección de Trabajo –que depende de Yolanda Díaz– incrementó el pasado año su número de actuaciones en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias casi un 9% respecto a 2022, superando las 35.500 intervenciones en 2023, según las cifras provisionales a las que ha accedido este periódico. No obstante, la utilización de la inteligencia artificial y, en concreto, el denominado algoritmo MAX, entre otras cosas, ha servido para optimizar dichas actuaciones, y concentrar las acciones inspectoras en empresas donde ya previamente se sospecha el abuso horario, explican fuentes de Trabajo. Esto ha permitido incrementar sustancialmente las infracciones detectadas, que se dispararon el pasado ejercicio un 45%. 

Tras cuatro meses de intensas negociaciones, los sindicatos cerraron ayer por la tarde un preacuerdo de convenio laboral para las siete entidades bancarias adscritas a la Ceca. Tendrá una duración de tres años y comenzará a aplicarse con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. La subida pactada será del 5% para 2024 y del 3% para 2025 y para 2026. Adicionalmente, ambas partes han acordado el pago lineal de 1.000 euros este ejercicio para todos los empleados. También un día de libre disposición para 2024, 2025 y 2026. Este convenio incluye por primera vez una cláusula de revisión salarial para evitar que el poder adquisitivo de las plantillas se vea mermado en el caso de que se dispare la inflación. El preacuerdo será aplicable a CaixaBank, Abanca, Ibercaja, Unicaja, Cecabank, Caixa Ontinyent y Caixa Pollença. Kutxabank y su filial Cajasur son también miembros de la Ceca, pero tienen convenio propio. La Ceca ha sellado este preacuerdo con UGT, CCOO y Fine, que tienen el 86% de la representación sindical, pero está previsto que se sumen más organizaciones.

En febrero de 2024, dos años después de la invasión de Ucrania, Rusia es el tercer mercado del que más gas importa España, con cerca de un 22% del total, según datos del Boletín estadístico que publica mensualmente Enagás. Antes del conflicto, en 2021, no llegaba al 9%. A pesar de no disponer de una conexión física con Rusia, el gas entra en forma de GNL (que no está sujeto a sanciones) por los puertos españoles y suple en cierto modo las carencias del sistema desde el cierre del gasoducto del Magreb. Rusia lleva algo más de un año consolidada como uno de los principales proveedores de España. Aunque hasta hace unos años su papel como exportador era prácticamente marginal (en 2018 únicamente el 2,5% de todo el gas que entró tenía este origen, frente al 51,2% de Argelia), desde 2019 ha ido aumentando su peso. El 8,5% que marcó ese año fue superado por Argelia (33%), Qatar (11,7%), Francia (11,7%), Nigeria (11,4%) y Estados Unidos (11%). Paradójicamente, en 2022 España no se sentía tan dependiente de Rusia como otros países europeos, especialmente Alemania. Los países no están conectados por un gasoducto, así que el hidrocarburo llega en buque en forma de gas natural licuado. A diferencia del que va por tubo, no está sujeto a sanciones. Además, Rusia no podía ejercer la misma presión con los barcos que cuando amenazaba –de nuevo, principalmente a Alemania (y sus aliados)– con cerrar Nord Stream o aducía problemas en la maquinaria por culpa de las sanciones. España, mientras, presumía de regasificadoras –hay siete, contando con El Musel– y de una diversificación considerable de importaciones. 

El transporte más contaminante es el avión. La industria de la aviación emite 192 gramos de CO2 por kilómetro y pasajero por los 23 gramos del AVE, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Con estas cifras el Congreso acaba de aprobar una proposición no de ley de Sumar, con enmiendas del PSOE, para que se reduzcan los vuelos cortos con alternativa de 2,5 horas en tren para disminuir el impacto medioambiental del sector aéreo. En mayo de 2023, Francia tomó la delantera en la UE al prohibir estos vuelos. Estas iniciativas tienen su marco normativo en el Acuerdo de París de 2015 y el Pacto Verde Europeo de 2019 que reclaman para 2050 una reducción de las emisiones de efecto invernadero procedente del transporte del 90%. Para adelantar la neutralidad climática, el Reglamento 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo establece la obligación de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero hasta 2030 de un 55% como mínimo respecto a 1990. En el ámbito aeronáutico, la Directiva 2023/1958 regula la contribución de la aviación al objetivo de reducir las emisiones en el conjunto de la economía hasta 2050. Como asegura Santiago Fernández Lena, socio de derecho mercantil de Andersen, estas normativas “exigen a los abogados atender la obligación jurídica de reducción interna de emisiones netas de gases invernadero” en el sector aeronáutico europeo.

Vodafone España, la filial del grupo británico de telecos que ha sido adquirida por la empresa financiera británica Zegona, baraja una alternativa para su negocio fijo que supondría un cambio muy significativo en el sector. La operadora, que está pendiente de que el Gobierno español autorice a Zegona a cerrar su compra, está planteándose la posibilidad de negociar sendos acuerdos, uno con Telefónica y otro con Orange-MásMóvil, para utilizar las redes de fibra óptica de sus rivales en el futuro y a largo plazo. Vodafone, Orange, MásMóvil y Telefónica declinaron realizar comentarios a esta información. En realidad, esa situación de uso de redes de terceros se produce ya en buena parte, puesto que de los casi tres millones de clientes de banda ancha fija que tiene Vodafone España sólo el 45% de los usuarios utiliza las redes propias de cable coaxial (con tecnología HFC) y de fibra óptica hasta el hogar (fiber to the home o FTTH), que cubren, en total, cerca de 11 millones de unidades inmobiliarias (viviendas, locales comerciales y oficinas) en España. El resto, alrededor del 55% de su base de usuarios fijos, está usando actualmente las redes de fibra de Telefónica, pero también las redes de Orange e incluso las de MásMóvil. Pero el movimiento que prevé abordar la nueva Vodafone, una vez que esté controlada por Zegona, es más ambicioso porque supondría alcanzar acuerdos con sus dos rivales para acabar trasladando la totalidad de sus clientes a las redes de ambos y, por tanto, dejar la suya sin uso. 

La Fiscalía ha denunciado a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas por dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil. El total de lo defraudado a través de un sistema de facturas falsas asciende a 350.951 euros en 2020 y 2021, según Hacienda. Maxwell Cremona, la empresa de Alberto González, facturó 1.009.527,02 euros a FCS Select Products SL, una compañía que importó mascarillas de China durante la pandemia, aunque se dedica a las bebidas energéticas. La factura se emitió bajo el concepto de “comercialización de clientes”: es decir, una comisión. El PP de Madrid, que dirige Ayuso, denunció casi dos años después a FCS Select ante la Fiscalía Anticorrupción por sus contratos con la Administración central. La empresa de la pareja de Ayuso multiplicó por seis la facturación entre 2019 y 2021. Su principal cliente el último de esos años fue el grupo Quirón Salud, que gestiona cuatro hospitales de la red pública madrileña.

La inflación continúa siendo la principal asignatura pendiente de la economía estadounidense. Con un crecimiento superior al previsto, una fuerte creación de empleo, una tasa de paro que lleva un tiempo récord por debajo del 4% y fuertes niveles de inversión, la estabilidad de precios se resiste. Las cifras publicadas ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo, muestran que los precios subieron un 3,2% en los últimos 12 meses, frente al 3,1% en que estaba en enero. La inflación subyacente ha aflojado algo, hasta el 3,8%, pero ambas cifras siguen muy por encima del objetivo de estabilidad de precios del 2%, lo que complica el inicio de las rebajas de tipos de interés. Las previsiones de los economistas se dirigían a una inflación mensual del 0,4% que se ha cumplido, pero apuntaban una tasa interanual del 3,1%, la misma que en enero, y una inflación subyacente del 3,7%, frente al 3,9% del mes pasado. En ambos casos, la tasa se ha situado una décima por encima de lo esperado, algo que no ha gustado a los inversores.