20240424

Euskadi no puede abstraerse del enfriamiento de la economía en Europa, pero aun así realizó una demostración de resiliencia en el primer trimestre del año con un crecimiento del 1,6% interanual de su Producto Interior Bruto (PIB). Y es que, aunque el dato sea el peor inicio de ejercicio desde el estallido del covid, se mantiene alejado de la contracción que afecta a las economías industriales de la zona euro. Según el avance del PIB del primer trimestre, facilitado ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), entre enero y marzo Euskadi creció ese 1,6% respecto al año pasado y un 0,5% en referencia al último trimestre de 2023. El dato del organismo oficial revela el impacto que ha tenido en la actividad el enfriamiento industrial por la subida de precios y el encarecimiento de la financiación por el incremento de tipos de interés con el que se ha tratado precisamente de frenar la inflación. Y es que el crecimiento registrado el año pasado fue del 2,2% por el 5,7% de 2022. Las cifras de la economía vasca mejoran la media de la eurozona que prevé un crecimiento del 0,7% para todo 2024. Los datos son más adversos aún para Alemania que, según el Ejecutivo liderado por el socialdemócrata Olaf Scholz, solo crecerá este año un 0,1%, lo justo para salir de las cifras negativas cosechadas en 2023. El propio Gobierno vasco ya advirtió hace tres semanas de estos síntomas cuando revisó a la baja sus previsiones de crecimiento para este año. El Departamento de Economía y Hacienda dirigido por el consejero Pedro Azpiazu rebajó del 2,1% al 1,9% la cifra en la que el Ejecutivo cree que se expandirá la economía vasca en el presente ejercicio. El movimiento se ha dejado notar también en las exportaciones, que en los dos primeros meses de este año han retrocedido más de un 10%.

Euskadi ha presentado 20 proyectos para solicitar las ayudas recogidas en la primera línea de actuación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Descarbonización Industrial, destinado a la transición verde de la industria, según ha informado este martes el Ministerio de Industria y Turismo. En total, se han recibido 144 proyectos en el conjunto del Estado español, por valor de 3.000 millones de euros de inversión total y se han solicitado préstamos por valor de 118,2 millones de euros y subvenciones por valor de 1.000 millones de euros. La industria de la alimentación con 32 proyectos, la fabricación de productos minerales no metálicos con 27 proyectos y la metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones con 19 proyectos, son los sectores que más proyectos han presentado. En cuanto a la distribución geográfica, Catalunya (26 proyectos), Euskadi (20 proyectos), Comunidad Valenciana (18 proyectos), Asturias (14 proyectos) y Andalucía (14 proyectos) son las comunidades con más solicitudes de ayudas. El Departamento que dirige Jordi Hereu ha detallado que el Perte de Descarbonización Industrial es una iniciativa "clave" en el impulso hacia una economía más sostenible, centrándose en la reducción de emisiones de carbono en el sector industrial a través del uso de tecnologías innovadoras y prácticas ecoeficientes.   

El Puerto de Bilbao es el mejor termómetro de la situación económica vasca. Y según los datos de Puertos del Estado hechos públicos ayer la infraestructura del Abra de la Ría de Bilbao sigue reflejando un parón en el transporte de mercancías, contenedores y graneles sólidos. El síntoma de la desaceleración, que también han evidenciado las exportaciones, solo ha sido contrarrestado por los graneles líquidos. Estos materiales han crecimiento con fuerza entre enero y marzo cerrando un balance positivo en el arranque de año. En total, han sido movidas en la dársena vizcaína 8,45 millones de toneladas de diferentes mercancías, un 9,5% más que en el mismo periodo del año pasado. De esas cantidades, la gran mayoría (5,71 millones) correspondieron a líquidos, entre los que destacaron los combustibles de la refinería de Petronor y el gas natural licuado (GNL) de la regasificadora que comparten Enagás y Gobierno vasco a través del Ente Vasco de la Energía (EVE). Este tráfico fue un 18,8% mayor que el del año pasado y sirvió para hacer frente al descenso de los graneles sólidos, que con 837.000 toneladas cayeron un 15,6%. En este capítulo se acusó la caída del tráfico de productos siderúrgicos, que en el conjunto de España sufrieron un descenso del 42,3%. En Pasaia, el tráfico de mercancías cayó un 4'7%. 

Las organizaciones sindicales no tendrán ningún papel representativo en los consejos de administración u otros órganos de dirección de las empresas, como quería la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una de sus reclamaciones que había acelerado esta legislatura aunque no estaba recogida en el pacto de investidura de Sumar con el PSOE. Los votos contrarios de PNV y Junts, dos de los socios parlamentarios habituales del Ejecutivo de coalición, junto a los de PP y Vox, han tumbado la proposición no de ley de Sumar, apoyada por el PSOE, para incluir a trabajadores, sus representantes y las organizaciones en los consejos de administración y grupos empresariales. Aunque la propuesta rechazada no tenía carácter legislativo, la inclusión de sindicatos en la alta esfera de la empresa es una petición recurrente de la líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de hecho en el plan normativo de 2024 se incluye la previsión de elaborar una ley con tal objetivo. Díaz lleva reclamando esta posibilidad desde hace meses. Lo ha hecho apoyándose en casos como el de Alemania, donde una ley regula la participación de los empleados en las decisiones de planificación, dirección y organización de las empresas con sede en Alemania. Los trabajadores están representados en los consejos de vigilancia por delegados de los trabajadores y asalariados, empleados de alta dirección y del sindicato. Sumar ha respaldado su postura en dos directivas europeas sobre la implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea y en la sociedad cooperativa europea.

El Banco de España se suma a las voces que abogan por reformar el despido en España. Sin embargo, va en una dirección totalmente contraria a la que marca Europa en esa resolución en la que, aunque aún no se ha hecho pública, dictamina que la regulación actual es contraria a la Carta Social Europea e insta al Gobierno a elevar la indemnización que se paga a los trabajadores para adecuarla al daño que se ha hecho en función de sus circunstancias personales y para disuadir a las empresas a hacerlo. El supervisor, en su informe anual -en el que dedica un extenso espacio al mercado laboral-, carga contra esta «indemnización a la carta» que también se ha comprometido a implantar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y advierte que tendrá efectos negativos en el empleo. A juicio de este organismo público, si España finalmente acata la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales y regula una indemnización por despido improcedente que abone una cuantía u otra en función de la situación personal de cada trabajador, lo que provocaría sería un previsible incremento de la conflictividad judicial por despidos, un aumento de la incertidumbre y un encarecimiento de los costes de dichos procesos, lo que tendría «potenciales efectos negativos sobre el empleo». En lo que sí coincide el Banco de España con Yolanda Díaz es en que hay que reformular las causas por las que empresas puedan hacer uso de un despido objetivo, pero, una vez más, con un motivo totalmente distinto al que defiende la ministra de Trabajo. Si la líder de Sumar prometió recientemente reforzará las causas del despido objetivo para limitarlo más e impedir que una empresa pueda echar a un trabajador cuando registre una caída de sus beneficios o no alcance los niveles que había previsto, el supervisor aboga por definir mejor y clarificar estas causas por las que se permite a las empresas cesar a un empleado pero para evitar esa incertidumbre que se genera al terminar la gran mayoría en los tribunales y para no paralizar la «necesaria reasignación» de los trabajadores que va a traer los cambios tecnológicos (la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial); es decir, para permitir más flexibilidad a las empresas en un momento de cambios continuos.

La supervivencia de los contratos indefinidos ordinarios –sin contar los fijos discontinuos– ha empeorado tras la reforma laboral, de forma que ahora menos de la mitad de los que se firman continúan en vigor un año después, según ha señalado el Banco de España en el tercer capítulo de su informe anual sobre empleo publicado ayer. «La supervivencia de los contratos indefinidos, sin incluir los contratos fijos discontinuos, se ha deteriorado tras la reforma laboral. Así, el 48% de las relaciones laborales iniciadas en marzo de 2022 con un contrato indefinidos permanecían vivas un año después, mientras que este porcentaje era del 52,5% en el promedio de los contratos indefinidos firmados en los meses de marzo de 2017 y 2018», apuntan. ¿A qué se debe este empeoramiento? Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística de la institución, explica que cuando se produce un emparejamiento entre una empresa y un trabajador siempre hay un periodo de prueba en el que se ve si ese encaje es adecuado y se genera la suficiencia riqueza. «Esto en el pasado se podía gestionar por medio del contrato temporal y ahora lo hacen con el indefinido. Fruto de esto había contratos temporales que no continuaban, y ahora parte de los indefinidos decaen como decaían antes los temporales», explica. Se refiere a que las compañías antes utilizaban el contrato temporal como un periodo de prueba en sí mismo y que, dado que ahora no tienen esa posibilidad y están obligadas a hacer contratos indefinidos en la mayoría de los casos, usan el periodo de prueba para despedir sin coste, como ya ha contado este medio en otras ocasiones.

El mercado laboral está creciendo con cierta intensidad en los últimos años, si se mira la evolución en cuanto al número de ocupados, pero presenta varias aristas muy negativas en cuanto se empiezan a mirar las cifras al detalle, como es el caso de la pérdida de horas trabajadas, el descenso de la productividad, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios o el aumento de los costes laborales no salariales. Unos elementos que comprometen la evolución futura del empleo, de acuerdo con el Banco de España. De hecho, el Capítulo 3 del Informe Anual de la institución gobernada por Pablo Hernández de Cos, un anticipo publicado ayer del documento completo que se conocerá la semana que viene, apunta que el incremento de las cotizaciones sociales podría costar más de 80.000 puestos de trabajo a lo largo de los próximos años, al tiempo que lastrará la competitividad del sector exportador y el crecimiento del PIB. En concreto, el capítulo titulado El mercado de trabajo español: situación actual, tendencias estructurales y políticas de empleo sostiene que “de acuerdo con los ejercicios de simulación realizados con el Modelo Trimestral del Banco de España, un incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%”. Por un lado, como el incremento de las cotizaciones sociales por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional implica un incremento de cotizaciones algo mayor, de 1,2 puntos, el impacto sería del 0,3% del empleo. Esto es, unos 63.000 puestos de trabajo. Por otro, a ello habría que sumar también el impacto derivado del recargo de solidaridad que tendrán que pagar los salarios más elevados, si bien este entrará en vigor de forma diferida y paulatina, lo que añadiría otros 18.400 puestos de trabajo a la lista, hasta los 81.400 ocupados. Y a ello habría que añadir el golpe de las posibles subidas adicionales que se implementen en los próximos ejercicios, ya que la reforma de José Luis Escrivá introdujo un mecanismo de ajuste automático que obligará a realizar recortes de pensiones o subidas de cotizaciones, debido a la prácticamente segura persistencia del déficit del sistema.

Las bajas por enfermedad se dispararon con el estallido de la pandemia, en 2020 y, una vez que la situación sanitaria se ha normalizado, apenas se han corregido. El Banco de España señala que, si en 2019 se perdieron el 2,7% de las jornadas laborales por enfermedad o accidente, esta cifra se fue incrementando progresivamente en los siguientes ejercicios, hasta alcanzar el 4,1% en 2022, y apenas retrocedió al 4,08% el año pasado. Con ello, en 2023 se perdieron cerca de 207,4 millones de jornadas laborales, un 61,8% más de las que se produjeron en 2019. Además, las cifras son todavía mayores en el caso de los empleados del sector público, donde la pérdida de jornadas laborales se eleva al 4,55% del total. “Este fenómeno podría deberse a las posibles secuelas persistentes sobre la salud del Covid-19, los cambios adoptados en los protocolos sanitarios para hacer frente a la pandemia, el habitual comportamiento procíclico del absentismo laboral, el mayor vigor reciente del empleo en el sector público y el envejecimiento de la población trabajadora”, señala el texto. “De mantenerse, esta mayor incidencia de las bajas laborales podría afectar negativamente a la productividad, al empleo y al crecimiento económico potencial”, añade.

El Banco de España se pronunció ayer sobre la política de vivienda del Gobierno con un texto en el que pone en duda la eficacia de sus medidas estrella, hasta el punto de que advierte de que pueden conseguir el efecto contrario al deseado. Así, en un capítulo que forma parte del Informe Anual, publicación que hace una radiografía completa de la economía española y que difundirá íntegramente en los próximos días, la institución repasa una a una las principales medidas inmobiliarias impulsadas por el Ejecutivo, destinadas en líneas generales al impulso de la oferta de vivienda y a la bajada de los precios de la misma, tanto en el segmento de compra como en el del alquiler, si bien podrían terminar traduciéndose en un mercado cada vez más pequeño y con unos precios muy elevados. Una de las cuestiones que más trata es la del control de precios del alquiler, medida introducida de forma temporal por el decreto de medidas anticrisis tras la invasión rusa de Ucrania pero que la ley de vivienda, aprobada en abril del pasado año, ha hecho permanentes. El Banco de España señala, aun reconociendo que la intención del Gobierno con ellos es la de “reducir los problemas de sobresfuerzo de los hogares vulnerables”, que una “aplicación sostenida en el tiempo” de esta norma puede “generar nuevos problemas de accesibilidad a la vivienda”, es decir, todo lo contrario a lo que se persigue. Añade que “la fijación de precios máximos en el mercado del alquiler podría generar efectos distributivos regresivos y aumentos en el sobresfuerzo entre el segmento de hogares con menor renta”, puesto que “la fijación de un precio máximo podría incrementar los precios situados por debajo del nivel de referencia”. Además, desgrana una serie de consecuencias negativas que ha traído la implantación de medidas similares a esta en otros lugares del mundo, como “una contracción de la oferta de vivienda de alquiler en las áreas reguladas, el desplazamiento del uso de las viviendas a otros mercados alternativos (por ejemplo, al alquiler de temporada o a la vivienda turística) y un descenso de la calidad de la vivienda por un menor mantenimiento”.

Los fantasmas de la falta de suministros vuelven a golpear a la automoción española. Según los datos facilitados este martes por la patronal de fabricantes de coches, Anfac, el ensamblaje de vehículos en España se desplomó un 17,7% en marzo, hasta las 195.252 unidades. Los motivos para esta caída son varios, como el periodo vacacional de Semana Santa, que este año cayó en marzo. Pero la bajada se debió fundamentalmente a la escasez de piezas que han sufrido varias plantas por la crisis del mar Rojo. El mal marzo de las fábricas de coches españolas ha arrastrado al conjunto del trimestre a números rojos, con una bajada del 0,5% respecto a 2023, después de registrar un gran enero (entonces se disparó un 18,7%) y un febrero de estancamiento, pero positivo (cuando aumentó un leve 0,7%). En total, en los tres primeros meses de 2024 salieron 654.825 coches, un 13,5% por debajo del nivel de 2019. Entre los distintos tipos de motorizaciones, los que más han aumentado su peso han sido los híbridos autorrecargables, un tipo de coche que está creciendo en popularidad en lugares como España porque no llevan enchufe y además cuentan con la etiqueta Eco de la DGT. En total, se ensamblaron hasta marzo 52.842 unidades de este tipo, lo que supuso un 8,1% de la cuota de producción, unos 2,7 puntos porcentuales más que hace un año. El otro tipo de vehículo que crece es el propulsado por gas licuado de petróleo (GLP), que se disparó un 53,6%, con 8.172 unidades. Aun así, este último supone una cuota casi residual del 1,2%.

Los puertos de contenedores del Mediterráneo occidental están casi al límite de su capacidad, lo que aumenta el riesgo de un aumento de los costes de inventario y de escasez de componentes para los minoristas y fabricantes europeos. Todos estos factores representen el último desafío a las cadenas de suministro de la región. Los ejecutivos portuarios aseguran que están lidiando con problemas por la falta de espacio de almacenamiento y las esperas de los buques para atracar tras los ataques a los buques en el mar Rojo. Esto ha provocado un aumento del tráfico en los puertos de Algeciras y Barcelona en España y el de Tánger en Marruecos. La danesa Maersk advirtió hace poco a sus clientes de que la congestión en el puerto de Barcelona había aumentado, ya que el puerto gestiona movimientos muy superiores a lo que es habitual. Maersk añadió que las terminales de Algeciras y Tánger también se estaban viendo afectadas. Alonso Luque, CEO de TTI Algeciras, una de las dos terminales de contenedores de Algeciras, afirmó que sus instalaciones estaban “bastante llenas” y que sólo habían evitado una grave congestión limitando el volumen de negocio que aceptaban. “La capacidad es muy limitada”, añadió. La mayoría de las grandes navieras de contenedores que operan en la ruta Asia-Europa han desviado el tráfico a través del Cabo de Buena Esperanza, en lugar del Canal de Suez, tras los ataques de los hutíes apoyados por Irán. Los desvíos han obligado a las navieras a idear nuevos acuerdos para las mercancías que se dirigen entre Asia y los puertos de Italia, Grecia y Turquía. Tras rodear Sudáfrica, muchos buques dejan los contenedores en puertos de la orilla occidental del Mediterráneo, como Algeciras y Tánger. Desde allí, servicios de corta distancia transportan las mercancías a otras terminales del sur de Europa.

Cuando Warren Buffett entró en el accionariado de BYD en 2008, la empresa china ya era uno de los mayores proveedores de baterías para teléfonos móviles, con Motorola y Nokia como clientes. Hoy en día, la firma fundada en 1995 se ha convertido en un gigante con 30.000 patentes registradas y 700.000 empleados. En 2005 lanzó su primer automóvil y hoy es el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo por delante de Tesla, a la que también suministra baterías. BYD pretende convertirse en uno de los cinco mayores fabricantes de coches del mundo esta década y ha emprendido una agresiva estrategia de expansión que le hizo desembarcar en Europa hace un año. Según desvela la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, la firma empezará a fabricar coches en Hungría a finales de 2024 y estudia establecer una segunda planta en Europa, además de una gigafactoría, centros de diseño y de I+D. “Antes de 2025 anunciaremos tres o cuatro fábricas más en varias regiones y abriremos centros de diseño y de I+D en diferentes zonas, incluida Europa”, explicó Li en un encuentro con periodistas en la sede de BYD. La ejecutiva asegura que BYD quiere asentarse en Europa y ser considerada una marca local. “BYD es una empresa global y, para nosotros, ya somos una empresa europea. No tiene nada que ver con pagar más o menos impuestos, nosotros producimos a nivel local porque es nuestra filosofía. Si vas a un mercado grande tienes que invertir”, subraya. “Aunque la mano de obra sea más cara y cueste más producir en Europa”, la directiva afirma que BYD tiene que hacerlo para “contribuir a la comunidad”, y añade que sus procesos de producción compensarán el mayor coste laboral. “La ventaja es que producimos muchos componentes internamente y tenemos tecnologías muy innovadoras que llevaremos a Europa, dice la vicepresidenta de BYD, que cuenta con ocho fábricas de coches en China, una en Tailandia y dos en construcción en Brasil y Hungría.

Si Emiratos Árabes Unidos (EAU), a través de la energética estatal Taqa, logra sacar adelante una oferta pública de adquisición (opa) sobre Naturgy, esta empresa será el grupo español más atado a países árabes de Oriente Medio y el Magreb, al sumar acuerdos con Argelia, Marruecos, Kuwait, Omán, Egipto y Catar, además de EAU. Las relaciones se remontan a hace tres décadas, pero se han ido estrechando más en los últimos diez años con contratos multimillonarios y acuerdos accionariales que suman cerca de 30.000 millones de euros, más que el precio que se baraja para la opa, a 27 euros por accion, que valoraría el 100% de Naturgy en unos 26.000 millones. Las relaciones han tenido altibajos que a veces han conducido a litigios de arbitraje internacionales por desacuerdos sobrevenidos en los contratos. No obstante, sistemáticamente han terminado en nuevos acuerdos y alianzas, como una pareja que discute pero que termina reconciliándose a sabiendas de que está condenada a entenderse. Más allá de la propia opa, esta operación trastoca otras muchas piezas en el tablero de la geopolítica empresarial de Naturgy.

Cuando se habla de riqueza y fiscalidad, hay una máxima que habita en la mente del 60% de los españoles: la clase más adinerada y las grandes empresas pagan muy pocos impuestos, mientras que la clase trabajadora –tanto asalariada como autónoma– asume una carga mucho mayor en términos comparativos. Por contra, solo un 10% de la población considera que los tipos impositivos que se aplican a las grandes fortunas son excesivos, según un informe publicado ayer por Oxfam en el que se analizan las múltiples desigualdades que existen en el país. En un contexto en el que la riqueza tiende a concentrarse en pocas manos y la brecha salarial persiste (en 2023, el 20% más rico de España ingresaba 5,5 veces más que el 20% más pobre, según el INE), la percepción de la ciudadanía es que las rentas altas pagan menos impuestos de lo que les correspondería y que el Estado no hace una redistribución justa de esos ingresos. En concreto, siete de cada diez encuestados considera que el actual sistema fiscal no garantiza un reparto equitativo de los recursos. Esto significa que, con independencia de cuánto se recaude, el gasto público sigue sin conseguir una mejora en la calidad de vida de todos los colectivos, en particular de los más desfavorecidos. Las dudas respecto al destino de los impuestos y su progresividad explican en gran parte que solo el 42% de la población en España esté dispuesta a pagar más a Hacienda si ello sirviese para reducir las desigualdades que aquejan al país.