20240331

Las empresas vascas están a la caza de talento, pero no siempre logran encontrarlo. Así lo refleja el número de vacantes laborales en Euskadi, que se ha estancado en torno a los 5.000 puestos durante los dos últimos años. En concreto, en el último trimestre del pasado ejercicio las plazas pendientes de cubrir llegaron a las 4.944, lo que supone aproximarse al doble de los valores que se registraban en 2021, cuando se cerró aquel el ejercicio con 2.761 puestos a la busca de aspirantes. La situación se produce en un momento en el que los trabajadores vascos afiliados a la Seguridad Social no han dejado de aumentar, lo que reafirma la falta de perfiles ajustados a la demanda que desde hace tiempo vienen lamentando los empresarios, así como una realidad demográfica en la que crecen las jubilaciones y caen las incorporaciones al mercado laboral. Las empresas defienden su compromiso de contratar, pero algunas ya no saben dónde hacerlo. La escasez de hosteleros, marinos, ingenieros o mecánicos se ha convertido en algo habitual. En la patronal de las empresas alavesas SEA, con más de 4.000 sociedades inscritas de diferentes sectores, también apuntan a la realidad demográfica, pero piden estrategias políticas que ayuden a «retener el talento». Su Observatorio de Empleo muestra una tendencia constante que señala a la Formación Profesional. Ésta suma seis de cada diez contrataciones solicitadas, con los mecánicos en primer lugar (más del 40% de las solicitudes), seguidos de mantenimiento (15%) y electricidad y electrónica (11%) debido al carácter industrial de Álava. En cuanto a los estudios universitarios, la Ingeniería Industrial (30%) lidera una lista donde también asoma la Informática (22%) y la Administración y Gestión (18%) como «las vías más demandadas». «Son necesarios esfuerzos no solo de las empresas, sino de todos los agentes sociales, económicos y políticos para que la captación y la retención de talento sea un éxito», manifiestan.

El envejecimiento de la población vasca, que ofrece datos desoladores en cuanto a la relación entre los nacimientos y los fallecimientos en el país, está dejando una Euskadi envejecida en la que la pirámide poblacional se asemeja más bien a un champiñón. El fenómeno, con multitud de aristas y consecuencias en numerosos ámbitos, tiene también su impacto en el mercado laboral, que como la propia sociedad se hace mayor. De hecho, como recuerda el responsable de empleo de Confebask, Carlos Pereda, «nunca ha habido trabajando en Euskadi tanta gente mayor de 45 años». Con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), del Instituto Nacional de Estadística, a cierre de 2023, 542.700 trabajadores en activo en el País Vasco superaban esa barrera de edad. Eso supone un 54,4% del total. Un fenómeno que gana fuerza según pasa el tiempo, y es que la realidad se impone y con carreras laborales que llegan en muchos casos a los 65 años, las personas mayores de 45 o de 50 años siguen estando en primera línea laboral, máxime cuando atesoran una experiencia que muchas veces les hace muy atractivos para las empresas. Otra cosa es el hándicap de la formación, que sí levanta muros a veces infranqueables para el acceso o el regreso al empleo. De todos modos, está a la orden del día, los veteranos siguen siendo atractivos a la hora de buscar profesionales en un mercado que se va estrechando.  El edadismo (la discriminación por edad a la hora de seleccionar a un candidato a un puesto de trabajo) flota en el aire, pero según Pereda atesorar más o menos primaveras no es en realidad un problema «per se». «Cuando te faltan profesionales, que es lo que está sucediendo, la edad deja de ser un requisito; es más, la experiencia es algo muy bien valorado», afirma. A su juicio, el verdadero lastre son las situaciones irregulares en las que se encuentran algunos parados y, ante todo, la falta de formación: «No hay más que ver que dos tercios de los parados mayores de 55 años en Euskadi no tienen estudios». «Eso sí es un problema que termina traduciéndose en paro de larga o larguísima duración, por eso es importante la recualificación, la FP o la formación dual», concluye.

Los mayores de 50 años copan el paro de larga duración, aquel que se prolonga más allá de un año. En concreto, hay más de 47.300 desempleados vascos que rebasan la cincuentena y de ellos 30.000 llevan en esa situación más de doce meses, el 56% del total. Por mucho que la cifra pueda estar inflada por las prejubilaciones, es un claro ejemplo de la resistencia de las empresas a contratar a mayores. Algo que se vio en un reciente experimento de la Fundación Iseak: se mandaron cientos de solicitudes con dos currículum gemelos, en los que la única diferencia era la edad: el más joven (35 años) recibió el doble de invitaciones que el de 49 años. Pero esta realidad también convive con otra y es que las empresas cada vez valoran más el talento ‘sénior’, sobre todo en el actual contexto de falta de profesionales en múltiples sectores. Las empresas advierten una y otra vez de que no encuentran perfiles cualificados para cubrir sus vacantes en un mercado laboral en ebullición que no para de encadenar máximos históricos y se ha asentado ya por encima del millón de cotizantes. El déficit de trabajadores es un factor que impulsa las contrataciones con todas las franjas de edad, pero además hay un creciente interés por las generaciones mayores y su actitud ante el trabajo. «Si me das a elegir entre contratar a un mayor de 50 años y un chaval joven, me quedo con el primero», dice Iñigo Béjar, fundador de E&M Combustión, que acaba de fichar al venezolano César Flores, que tiene ya 55, según explica en este reportaje. Los empresarios valoran la cultura del esfuerzo de los trabajadores de más edad y su mayor nivel de compromiso. El Gobierno vasco puso en marcha a mediados de noviembre un programa que subvenciona con hasta 17.000 euros la contratación de estos perfiles, con la condición de que el desempleado lleve menos de un año en esta situación. Desde que se implantó, se han recibido ya 219 solicitudes, 132 en Bizkaia, 53 en Gipuzkoa y 34 en Álava. El 23% de las peticiones vienen de la industria manufacturera y casi un 22% del comercio y la reparación de vehículos.

En la sala de reuniones de E&M Combustión hay un mapamundi lleno de chinchetas con las delegaciones que tiene por los cinco continentes. Su fundador, Iñigo Béjar, lo muestra orgulloso para ilustrar lo lejos que ha llegado su empresa de quemadores industriales de alta tecnología en sus dos décadas de vida. Anda, sin embargo, desesperado en los últimos años por las dificultades para encontrar profesionales. «Faltan electricistas, ingenieros, soldadores y los caldereros son como los ‘koalas’, una especie en extinción», se lamenta. «También hay una escasez crítica de técnicos de mantenimiento, que requieren formación, aprendizaje y disponibilidad para viajar». Se queja de que los jóvenes tienen una actitud muy diferente ante el trabajo y «priorizan vivir bien», con lo que muestran rechazo a viajar. «No tenemos capacidad de elegir y si encontramos un perfil que encaja, le contratamos. Pero si me das a elegir entre un mayor de 50 y un chaval, me quedo con el primero», asegura. Cuando le pusieron en contacto con César Flores, de 55 años, le contrató inmediatamente. «Llegó por la Federación Vizcaína del Metal (FVEM), que tiene un servicio de empleo muy eficaz», explica Iñigo. Para César también fue providencial la ayuda de la patronal. «En ese momento me estaba quedando sin dinero. Me asesoraron y me buscaron este trabajo, que me salvó la vida». Está lleno de agradecimiento por todo el apoyo recibido desde que llegó a Euskadi a finales de 2022. Otros ejemplos de este reportaje: «No damos abasto y nos cuesta encontrar personas de confianza». A Óscar le va muy bien el negocio que montó con un socio el año pasado de sistemas de climatización. «Trabajábamos por cuenta ajena y decidimos dar el salto y abrir nuestra propia empresa. Hay mucho mercado con esto del ‘Bilbao tropical’ y cada vez más casas demandan ventilación», relata. Clientes no les faltan pero trabajadores sí. «Es muy difícil encontrar gente de confianza, con ganas de trabajar». En su búsqueda se encontró con Koldo, que este año cumplirá 55 años, y no lo dudaron un momento...

El 41,2% de las personas contratadas el pasado mes de febrero en Euskadi tiene un nivel formativo básico (como mucho han cursado la enseñanza obligatoria), el 22,8% tiene estudios de bachiller, el 18,3% estudios universitarios y el 17,1% estudios de FP. Según recoge el último informe de Lanbide, el número de personas contratadas en febrero en Euskadi ha sido de 40.091, lo que supone 2.500 personas más que en febrero del año pasado (un ascenso del 6,7%). En relación al mes de enero, disminuye en 4.051 personas (un descenso del 9,2%). En cuanto a la procedencia, el 20% de los contratados tiene nacionalidad extranjera, porcentaje 0,8 puntos superior a febrero del año pasado. Del total de las personas extranjeras contratadas, el 54,6% tienen nacionalidad de algún país latinoamericano, el 14% del norte de África, el 9,4% de África subsahariana, el 7,5% procede de algún país de Europa no comunitaria, el 6,8% de Europa comunitaria y el restante 6,6% de Asia. Las personas nacidas en la CAV (36,45 años) recién contratadas son mayores que las personas migrantes (36,33 años). Entre la población extranjera con cierto volumen de contratación, los procedentes de África del norte son los más jóvenes con 35,26 años y los procedentes de algún país de Europa no comunitaria la población más madura con 38 años.   

Entrar en la fábrica de Bellota en Legazpi es como visitar los dos extremos de un túnel del tiempo a la vez. De un lado, y tras una serie de inversiones millonarias en los últimos años, el cuartel general de la firma pilotada por Pablo Izeta esconde unas modernas líneas de producción al más puro estilo 4.0 en las que, con enorme flexibilidad operativa, se fabrican sus famosas herramientas de mano. De otro, la planta ofrece todo el sabor de esas firmas centenarias que (afortunadamente) han sabido conservar balaustradas y salones decorados con maderas nobles y máquinas con toda la historia industrial de Gipuzkoa en sus engranajes. La compañía, una de esas que todos los guipuzcoanos imaginamos como propia, camina con paso firme tras facturar 116 millones de euros el año pasado. En 2024 prevé alcanzar unas ventas de 121, con no pocas esperanzas puestas en la introducción de nuevos productos –principalmente, maquinaria agrícola– y el desarrollo de nuevos mercados en Europa del Este, el sur de Europa y algunos países de Latinoamérica, como Venezuela. Así lo detalla Izeta, que pone en valor el hecho de que Bellota está repatriando a Legazpi producción que hasta ahora hacía en países como China o India. Eso, y que, insiste, la modernización de las instalaciones ha permitido fabricar «el doble con la misma gente y mejor», tras automatizar parte de la producción y desterrar los procesos más penosos para la plantilla, hoy en 175 personas. Más allá de las cifras y los productos concretos, el directivo explica que la filosofía principal que guía a la empresa no es otra que la de poner en el centro a las personas. Una forma de hacer que puede resultar conocida, y hasta manida, pero que tiene su miga cuando se desarrolla.

Que los costes laborales en Euskadi son los más elevados de toda España –en pugna en ocasiones con los de la comunidad de Madrid– es algo ya habitual. Sin embargo se sitúan lejos de la media de la Eurozona y también por debajo de la media del conjunto de la UE. Así, según los últimos datos de la Oficina Estadística Europea, Eurostat, a cierre de 2023 los costes laborales (salarios más cotizaciones sociales, principalmente) en los 20 países de la Eurozona se situaron en una media de 35,6 euros por hora, mientras que en Euskadi se quedaron en 30,13 euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, un 15,3% menos. Asimismo, también esos 30,13 euros de media por hora de coste laboral vasco fue de un 5,2% menos que los 31,8 euros de media de los 27 países que conforman la UE. Eso sí, Euskadi fue en el último trimestre del pasado año la única comunidad autónoma que superó los 30 euros de coste laboral medio por hora. La comunidad de Madrid se quedó en 28,4 euros, Navarra en 27,9 y Cataluña en 27. En las últimas posiciones figuran Andalucía (21,8 euros de media por hora), Extremadura (20,6) y Canarias (20,4 euros). La media del conjunto de España fue de casi 25 euros por hora, en concreto, 24,98, según el INE –Eurostat la rebaja a 24,6 euros–, lo que supone un 17% menos que en Euskadi. Asimismo, el dato nacional es un 30% menor al de la media de la Eurozona y un 21,4% menos respecto al conjunto de la UE. Además sitúa a España con el coste laboral más bajo entre las economías desarrolladas de Europa occidental, ya que solo en Portugal es menor, con 17 euros por hora.

Más oferta y más demanda de electricidad. Ese es el horizonte que se dibuja para Álava, el territorio que más energía puede producir en Euskadi incluso con regulaciones más permisivas como plantea el PTS del Gobierno vasco. Para avanzar en la electrificación y dejar de lado el gas y el diésel, es clave contar con una mayor potencia en megavatios. De ahí que Red Eléctrica (Redeia), la empresa que gestiona las redes que hacen llegar la electricidad a hogares y empresas en toda España, tenga ya previsto actuar en cuatro de los ‘enchufes’ con los que Álava aporta y recibe la energía. Redeia es una empresa fundamentalmente privada. Sin embargo, sus inversiones las fija el Gobierno central, que elabora planes quinquenales en los que establece dónde hace falta mejorar la infraestructura. Y en el plan actual, vigente hasta 2026, Madrid ha puesto su atención sobre Álava. Es por eso que Redeia plantea de aquí a dentro de dos años la intervención en cuatro de las subestaciones –así se les llama a estos nodos en el sector eléctrico– que conectan al territorio con las ‘autopistas’ por las que circula la energía de un punto a otro del país. Portavoces de la firma admiten que parte de las inversiones en la provincia responden a la llegada de más proyectos de renovables. El caso más evidente en el territorio es la subestación de Vitoria. Dotada con 13 posiciones para canalizar la energía, hasta ahora dos de ellas en esta infraestructura estaban sin uso y reservadas. Ahora Redeia va a invertir 764.000 euros en ocupar una de esas posiciones reservadas y la empresa señala que lo hace por «las necesidades derivadas de la transición ecológica». Esta iniciativa se encuentra en fase de tramitación; una vez consiga los permisos llevará un año hacer realidad el proyecto.

El concurso para diseñar las dos sedes que tendrá el futuro campus del vino en Vitoria y Laguardia atrajo a 31 de los más prestigiosos arquitectos de todo el planeta. El jurado lo tuvo muy complicado, pero al final seleccionó a los estudios de Zaha Hadid, Barozzi-Veiga y Carvalho Araújo. De las cabezas de sus principales responsables saldrá qué forma toma el oficialmente denominado Edariak eta Ardoak (EDA) Drinks & Wine, que de la mano del Basque Culinary Center y las instituciones del territorio aspira a colocar a Álava en el epicentro de los conocimientos más modernos sobre enología. Tan sólo cuentan con dos meses para trazar sobre sus planos la forma que tomarán estos dos edificios, uno contiguo a la estación de autobuses de Lakua y otro en una parcela rural a las afueras de la villa amurallada. En mayo, se elegirá quién se ocupa finalmente de este diseño que busca ser un referente que atraiga las miradas.

"...Reaparecen los viejos fantasmas de los sistemas forales. Una de sus principales virtudes, como reconoce todo el mundo, es el ejercicio de la corresponsabilidad fiscal. Ni para el País Vasco ni para Navarra existe el FLA y las dos comunidades gastan ‘de lo suyo’, de tal manera que se responsabilizan ante sus ciudadanos/contribuyentes de la presión fiscal que ejercen sobre ellos y del gasto social que les devuelven a cambio. Son sistemas de ‘mayoría de edad regional’ que no todas las demás desean y que, incluso, a algunas espanta. Pero la opacidad del cálculo del Cupo, que nadie entiende y nadie se toma la molestia de explicar con sencillez y claridad, abre la puerta a las consideraciones más perversas, ayudadas en el evidente desfase existente entre las distintas comunidades a la hora de comparar el gasto social por habitante. La propia Asociación de Inspectores de Hacienda de la que hablábamos al principio califica de ‘agujero negro’ al régimen foral. Es un calificativo a todas luces exagerado, pero es evidente que le vendría bien un poco de claridad. La solidaridad entre regiones es uno de los pilares en los que se asienta la convivencia en el Estado". 

El mayor golpe a la ‘mafia de los carburantes’, uno de los principales focos de fraude fiscal, se juzgará después del verano en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El presunto ‘cerebro’ de una de las tramas desmanteladas por la ‘operación Drake’ de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil en abril de 2019 es un empresario miembro de una conocida familia de Neguri, Alejandro H.L., ‘Alex’, de 42 años, que preside el grupo Hafesa de comercialización y distribución de productos petrolíferos. La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pide para él y para su lugarteniente, José Norberto U., quien fue director de Administración local con Feijoo en la Xunta de Galicia, un total de 89 años y tres meses de prisión en el juicio, que se celebrará el próximo mes de septiembre, además de la disolución de su empresa. Los dos principales acusados se enfrentan a 14 delitos de fraude fiscal, además de otro de organización criminal en su modalidad agravada de dirección, promoción y coordinación, y uno más de blanqueo de capitales. Según el auto de apertura de juicio oral al que ha tenido acceso este periódico, dictado por el magistrado-juez central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ‘Alex’ ideó presuntamente un «complejo» entramado dirigido a eludir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que carga con un 21% los hidrocarburos, para su «enriquecimiento patrimonial» y el de los otros 14 acusados. La red aprovechaba las «peculiaridades del comercio de hidrocarburos», que permite la exención del IVA al importar el producto que se ha adquirido a empresas y brókeres internacionales mientras se encuentra en el depósito franco. Hafesa utilizaba esos depósitos fiscales, como DBA Bilbao Port, CLH o Sesicar, para evitar pagar las cuotas de IVA al vender el diésel a empresas distribuidoras, que actuaban supuestamente como testaferros, entre los ejercicios de 2016 a 2019. La cuantía defraudada asciende a los 155 millones de euros.

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha resuelto que la indemnización por despido improcedente en España, que establece un máximo de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, no se ajusta a la Carta Social Europea, según adelantan fuentes conocedoras de la resolución. El sindicato UGT había presentado una reclamación ante este organismo en 2022 porque, en su opinión, las indemnizaciones por despido improcedente no siempre resarcen el daño causado al trabajador, sobre todo cuando la relación laboral ha sido corta. La Carta establece “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Y ese máximo de 33 días por año del sistema tasado español, interpretaba el sindicato, no siempre es “adecuado” o “reparador”. La institución encargada de interpretar la Carta, el CEDS —que depende del Consejo de Europa— le ha dado la razón. El organismo, según estas fuentes, no da recomendaciones, sino que señala las vulneraciones del tratado. Sus decisiones no son vinculantes, pero esta cobra un especial valor a la vista del compromiso del Gobierno de coalición de cumplir con la Carta Social Europea, siendo el CEDS el órgano encargado de monitorear su correcta aplicación. Estrasburgo se alinea con la tesis de UGT y repite los argumentos que ya había aportado anteriormente ante reclamaciones parecidas. En 2022 falló a favor de un sindicato francés que había denunciado, al entender que el sistema de este país establece tramos indemnizatorios obligatorios, según la antigüedad del trabajador (como en España). El Comité también había avalado reclamaciones sindicales en Italia o Finlandia. 

La locomotora económica europea sigue varada. Y como cuando Alemania estornuda la eurozona se resfría, las capitales de los principales socios comunitarios miran de reojo todo lo que sucede en Berlín. Por el momento, las perspectivas no son nada halagüeñas. Los cinco grandes institutos de investigación y análisis económico del país —entre los que se encuentra el prestigioso Ifo— rebajaron esta semana fuertemente sus previsiones para 2024: si hace apenas medio año esperaban un crecimiento del 1,3%, ahora lo recortan de manera drástica en más de un punto, hasta el 0,1%. Todo ello ocurre en un claro contexto previo de declive, ya que Alemania cerró 2023 con una contracción del 0,3% de su producto interior bruto (PIB) que llevó al ministro de Economía germano, Robert Habeck, a calificar el panorama de “dramáticamente malo”. Los próximos meses, con las primeras bajadas de tipos de interés a la vista, serán clave para determinar si el país logra salir del bache. Tractoradas de agricultores multitudinarias en Berlín. Aeropuertos completamente vacíos en Fráncfort y Hamburgo. Estaciones de tren desangeladas en Múnich. Son solo algunas de las estampas que se han podido fotografiar en los últimos tres meses en Alemania, agitada por las demandas sindicales para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo y, a la vez, por una parálisis económica. Esa situación está empezando ya a afectar al comportamiento del resto de Europa. No en vano, Alemania sigue representando más de una cuarta parte de la riqueza de la zona euro. “La economía de la eurozona está creciendo menos por la fuerte dependencia y la interconexión que hay entre Alemania y otros países como Francia e Italia”, explica Raymond Torres, director de Coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). “Todavía es pronto para saber qué sucederá en el medio plazo, pero en el corto el impacto está siendo claramente negativo”, añade.

"La escasez de vivienda no solo genera malestar social, particularmente para los jóvenes que no pueden emanciparse y las familias que se enfrentan a la inflación del alquiler. También amenaza con convertirse en un cuello de botella para el crecimiento económico. Las tensiones del mercado inmobiliario se concentran en las grandes urbes y en las regiones más boyantes económicamente. Estos territorios son los principales motores del crecimiento de la economía, algo que solo puede perpetuarse movilizando más fuerza laboral, o mejorando su productividad. En el último decenio la población activa se ha incrementado un 7% en las provincias con más densidad urbana, siendo éste un factor facilitador de la expansión registrada en estas grandes zonas. Esto es más del doble del incremento observado en el resto del país, además con trayectorias territoriales muy diversas: por ejemplo las provincias más turísticas, como Málaga, registran un importante flujo de entrada de habitantes en edad de trabajar. La carestía de la vivienda puede afectar esta dinámica por el lastre que supone para la movilidad laboral. Algunas señales de este fenómeno ya son perceptibles en destinos turísticos como las Islas Baleares (en el conjunto de la comunidad, se aprecia, por ejemplo, un descenso del número de jóvenes de entre 16 y 24 años en el último año). Por otra parte, el elevado precio de la vivienda constituye un desincentivo a la movilidad de los parados hacia los lugares con más oportunidades de empleo..."

“El consumo de datos está multiplicándose por dos cada cinco años y eso lo que requiere es más capacidad de computación y más capacidad de almacenamiento de datos”, explica Santiago Olivares, socio responsable de las inversiones en energía, infraestructuras y sostenibilidad de Azora. Eso, unido al hecho de que la mayoría de las empresas prefiere no tener sus datos en sus propias instalaciones por el coste que suponen y la complejidad de alojar los servidores, está impulsando la construcción de este tipo de instalaciones en España. “Es un sector en pleno auge en todo el mundo. De hecho, en 2022, tras más de una década de ascensos, alcanzó una cifra de inversión de 248.000 millones de euros” cuenta José Antonio Salomón, responsable del área de Research de Gesvalt. Quién además insiste que España puede tener muchas oportunidades en este negocio: “Se está consolidando como uno de los destinos principales para la inversión”, apunta. “El hecho de que España sea un país donde el precio de la energía es más bajo que en países de su entorno, que tenga muy buena red de fibra y de cable submarino y que tengamos bastante capacidad de generar energía renovable, nos coloca como un buen destino para construcción de centros de datos”, explica Olivares. Actualmente, es Madrid la región que más infraestructuras de este tipo posee. Así, la Asociación Española de Data Centers estima que en la comunidad se habrían invertido 16.320 millones de euros, de los que 6.120 millones son inversión directa y 10.200 millones inversión indirecta. “En total, el impacto en el PIB de la región de Madrid puede ser superior a los 11.500 millones de euros”, explica Salomón. Pero el fenómeno no se restringe a la capital. Otras comunidades como Aragón, Andalucía, Valencia, Cataluña, Asturias o Cantabria cuentan ya con proyectos en marcha.

Subidas de precios, impuestos especiales y hasta la prohibición para entrar en algún barrio. El país nipón busca el difícil equilibrio entre los beneficios económicos y la molestia social que provocan los visitantes. El sector económico que más sufrió durante la pandemia fue el del turismo. Con los aviones en tierra y la población confinada, los alojamientos y la hostelería se quedaron sin ingresos. Fue un desastre para algunos, y una bendición para otros. Sobre todo para quienes están hartos del turismo masivo y > de la gentrificación que provoca. Pero esa alegría fue efímera, porque el fin de las restricciones provocó un ‘consumo de venganza’ que se ha traducido en un rebote sin precedentes. Los récords que el turismo marcó en 2019 ya se han rebasado. En Japón, donde 2023 se cerró con un 20% menos turistas internacionales que antes de la pandemia, se han propuesto impedir que eso suceda. Y eso que sus cifras están muy alejadas de las registradas en un país como el nuestro: el año pasado recibió 25,1 millones de visitantes. Ni siquiera es una tercera parte de los 85 millones que viajaron a España, y eso que el país del Sol Naciente duplica con creces nuestra población. Vamos, que para nuestros estándares el archipiélago asiático está lejos de tener un problema con el turismo. Pero el Ejecutivo de Tokio discrepa, porque ve que en los últimos meses se han superado las cifras de 2019, y ha puesto en marcha una batería de medidas para combatir la masificación y diversificar el sector.

Soha Saad descansaba en el sofá de su casa cuando la mató una bomba el pasado 27 de septiembre. Tenía 24 años, vivía con su hermano y sus padres a las afueras de la ciudad sueca de Uppsala y acababa de terminar la universidad. La joven, que contaba los días para empezar a trabajar como maestra infantil, ignoraba que sus vecinos de enfrente, objetivos del atentado, pertenecían a bandas criminales. Y hacía días que, como otras decenas de delincuentes, habían huido a otras regiones tras el asesinato de la madre de uno de los capos de la mafia sueca, tiroteada en su casa por dos sicarios de 15 y 19 años. Uppsala, 70 kilómetros al noroeste de Estocolmo, es una ciudad turística y universitaria. Una cuarta parte de sus 230.000 residentes son estudiantes, muchos de ellos extranjeros. Como el resto de principales urbes, sufre la plaga de tiroteos y explosiones que ha causado más de 400 muertes en el último decenio en el país escandinavo. El pasado septiembre fue estremecedor en Uppsala. El asesinato de la madre de Ismail Abdo, alias Jordgubben (El Fresa), derivó en una sed de venganza que parecía no tener límites y que pronto se extendió a otras ciudades. Aun así, el alcalde, Erik Pelling, sostiene que la situación ha mejorado. Pelling, de 47 años, asumió el cargo cuando la ciudad tenía las peores estadísticas de crímenes con armas de fuego de toda Suecia. En 2019 hubo 29 tiroteos; el año pasado, 17. En su segundo mandato, la seguridad sigue siendo prioritaria para el alcalde socialdemócrata. El éxito de algunas de sus políticas resulta más evidente en Gottsunda, el barrio más violento de Uppsala. Aún aparece en la lista de los 61 barrios más inseguros, pero ya no está catalogado en el peor nivel, en el que figuran otras 17 áreas, sobre todo en torno a Estocolmo, Gotemburgo y Malmö. Todos los barrios de la lista destacan por la criminalidad, pero tienen más en común: mucho desempleo juvenil y fracaso escolar; ingresos bajos, alquileres más económicos y una clara mayoría de población de origen foráneo.