20240316

La última encuesta sobre los costes laborales que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes ahonda en uno de los retos del mercado laboral vasco. Los costes por contratar empleados son de los más altos de España y Euskadi es líder también en horas pérdidas por ausencias en el puesto de trabajo. Algo que hace que la jornada laboral semanal real se quede en 30,2 horas. Según los datos del organismo oficial, el coste laboral por trabajador (incluyendo salario, impuestos y cotización a la seguridad social) en Euskadi asciende a 3.643 euros al mes. Es el segundo más alto de España, casi empatado con Madrid, que tiene 3.687 euros. Una alta retribución es un síntoma que evidencia el peso de la industria en la economía vasca, un sector que favorece los salarios más altos. Por eso, la evolución general del 2,2% de subida en este gasto para las empresas vascas evidencia un mayor desarrollo del sector servicios. El área donde más empleo se creó en Euskadi durante 2023. Y es que la evolución de los costes laborales en la Industria fue muy dispar. En el País Vasco aumentaron hasta los 4.623 euros, un 6,7% más que el año anterior. El salto porcentual es el mismo que en la construcción donde el coste laboral ascendió a 3.803 euros por trabajador. Son los ámbitos laborales con mayores salarios, mientras que los servicios es donde menos se cobra y donde los costes de personal para la empresa solo subieron un 0,5%, con 3.375 euros al mes por empleado. En cuanto a la jornada firmada, el horario recogido en el contrato, el INE señala que en Euskadi es donde menos horas se recogen con un total de 148,1 al mes, lo que haría una jornada oficial de 37 horas a la semana. Por debajo de las 37,5 horas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere impulsar en España. El dato llega justo después de un fuerte encontronazo por la cuestión de los horarios entre Gobierno vasco y la patronal vasca. La vicelehendakari, Idoia Mendia defiende analizar la reducción de la semana laboral a 4 días y para ello concedió 6 millones de euros con los que estudiar la alternativa en colaboración con Adegi. El movimiento despertó el rechazo de las otras patronales vascas que creen que lo prioritario ahora es precisamente reducir el absentismo y no restar horas a la jornada laboral. La presidente de Cebek, la organización vizcaína, tildó de «disparate» la propuesta de la consejera de Trabajo.

La carrera de Imanol Pradales hacia las elecciones del 21-A está teniendo un fuerte componente económico con el que busca identificar al PNV como garante del desarrollo. Ayer, el candidato a lehendakari de los jeltzales abogó por activar un fondo soberano vasco para contar con «capacidad financiera» y abordar «operaciones industriales y tecnológicas de crecimiento y arraigo en Euskadi». En concreto, plantea alinear esfuerzos tanto públicos como privados para impulsar proyectos y captar oportunidades en un mercado global. Pradales ensalzó el campo de la economía digital como una palanca para la competitividad y apreció la oportunidad de situar a Euskadi como un polo centrado especialmente en la economía del dato. «Es una nueva frontera para la innovación, para desarrollar negocios, crear valor y atraer talento», indicó el aspirante del PNV. En su opinión, hay varios factores propicios para ello en suelo vasco, ya que «tenemos terreno fértil, hay un ecosistema digital y de innovación, capacidades industriales, talento y ganas». Para todo ello, Pradales considera «muy importante» que exista estabilidad en el marco político e institucional y, en una alusión indirecta a las elecciones autonómicas, llamó a «no ponerla en riesgo», de forma que haya seguridad jurídica y fiscal para las inversiones. «La estabilidad es un intangible muy importante para crear riqueza y bienestar», apuntó. En este mismo sentido, recordó que Euskadi puede ser una isla de confianza y estabilidad frente a un entorno que «está demasiado revuelto». 

«Es cierto que nos acercamos con cautela a las nuevas tecnologías. Es el miedo que sentimos ante lo desconocido. Es una reacción normal del ser humano». El lehendakari, Iñigo Urkullu, puso ayer voz a los datos del último Sociómetro publicado por su Gobierno, titulado ‘La sociedad vasca ante el futuro’. La incertidumbre se ha adueñado de todos los ámbitos de la vida, lo que hace que en términos generales, los pesimistas (51%) dominen sobre los optimistas (45%). Pero hay un dato que destaca sobremanera: los vascos ven con temor los procesos de robotización y automatización en el mercado laboral hasta el punto de que un 56% asume que provocará, en la próxima década, un aumento del paro. Son ocho puntos más que la media del conjunto de España, una distancia que se explica por el perfil de la economía vasca y el relevante peso de la industria en su PIB. Por contra, sólo el 12% considera que creará más empleos y el 23% cree que todo seguirá igual. Otro 4% duda de cómo influirá. De ahí las palabras de Urkullu, que pronunció durante su visita al Centro Tecnológico Vicomtech en el Parque de Miramón para conocer, según el programa oficial, las tecnologías más avanzadas de Inteligencia Artificial (IA). «Compartimos una idea: quedarse quieto es el primer paso para comenzar a retroceder. Por eso, si queremos que nuestra industria siga siendo competitiva, si queremos que siga generando riqueza, es imprescindible que se reinvente cada día», subrayó.

Un parque eólico en Noruega se ha visto obligado a parar prácticamente toda su actividad debido a defectos de fabricación en las palas de varios aerogeneradores de Siemens Gamesa. En concreto, el parque eólico Odal, de 160 megavatios (MW), cuenta con 13 de las 14 turbinas fuera de servicio del modelo SG 5.0145 debido a esos fallos. El año pasado, la matriz Siemens Energy anunció problemas de calidad en los modelos de turbinas eólicas 4.X y 5.X de Siemens Gamesa, que le arrastraron a unas pérdidas de más de 4.500 millones de euros en su ejercicio fiscal 2023 y a que el Estado alemán tuviera que salir en su rescate garantizando 7.500 millones de euros de un importe total de 12.000.

La afiliación extranjera ha mantenido una fuerte pujanza en los últimos meses y ha sostenido gran parte del empleo que se ha ido creando en Gipuzkoa y en el País Vasco. De hecho, cuatro de cada diez empleos creados en nuestro territorio en el último año –datos de febrero– lo coparon personas de otros países. En concreto, en ese periodo se crearon en Gipuzkoa 6.516 empleos , de los que 2.636 fueron generados por trabajadores foráneos, es decir el 40,4%, según los últimos datos de afiliación publicados ayer por la Seguridad Social. El sector que más mano de obra extranjera utiliza en el territorio es la Hostelería, con 5.672 cotizantes. Le siguen las empleadas de hogar, con 3.885; Comercio y reparación de vehículos (3.825); Construcción (3.495) e Industria (3.308). En Euskadi, los afiliados extranjeros se incrementaron en 8.225, hasta los 91.602. En Álava el aumento fue del 9,15%, con 1.315 cotizantes más; en Bizkaia la subida fue del 10,67%, con 4.273 nuevos cotizantes extranjeros, y los ya citados 2.636 de Gipuzkoa (9,1%). Del total de extranjeros al finalizar febrero en Euskadi, 50.697 eran varones y 40.905 mujeres. Los ciudadanos rumanos siguen siendo los afiliados extranjeros más numerosos en Euskadi (10.141), seguidos de colombianos (8.821), marroquíes (8.717) y nicaragüenses (6.641). Si hacemos la comparativa con el mes anterior, Gipuzkoa sumó 353 nuevos trabajadores foráneos a la Seguridad Social, y se apunta el segundo mayor crecimiento (1,13%) vasco para alcanzar un total de 31.612 afiliados extranjeros. 

A cierre del año pasado se quedaron sin cubrir en Euskadi un total de 4.944 puestos de trabajo ofertados por las empresas, según los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales. Una cifra que es inferior a la del mismo periodo del año anterior, cuando se quedaron vacantes 5.601 puestos. Suponen 657 menos. En cualquier caso, se trata de cifras muy elevadas comparadas con los años precedentes, ya que en 2021 eran 2.761 y un año antes apenas rebasaban los 3.000. Hay que remontarse hasta 2017 para encontrar una cifra que se le acerca (4.578). En el conjunto del Estado son 139.313.

El número de puestos de trabajo sin cubrir se redujo en el cuarto trimestre de 2023 en algo más de 16.000, un 10,5% menos, situándose el total de vacantes en las 139.314. Es la cifra más baja desde hace año y medio, según los datos publicados este viernes por el INE. Esta reducción, a pesar de ser la más elevada en un final de curso desde 2013 –solo superada por la que tuvo lugar en el ecuador de 2020, cuando fue de algo más de 28.000 puestos a consecuencia de la pandemia–, apenas altera la tasa global española, que sigue siendo de las más bajas de Europa. Según los datos publicados también este viernes por el organismo estadístico europeo (Eurostat), las vacantes de empleo en España se sitúan en el 0,8%, una décima menos que en el trimestre anterior, y a casi dos puntos de distancia de la media comunitaria (2,5%). El hecho de que el número de puestos sin cubrir haya menguado en el tramo final de 2023 no quiere decir que se hayan resuelto ya muchas de las demandas laborales que viene realizando en los últimos años el sector empresarial. Estas siguen teniendo cabida, en parte, por la ralentización en la creación de empleo que está experimentando Europa, y de la que no es ajena España. A pesar de que los últimos datos de paro registrado de febrero mostraron un crecimiento inusitado para este mes desde 2007, y de que la cifra global de cotizantes a la Seguridad Social sigue cerca de la barrera de los 21 millones (20,7 en la última medición), la capacidad de aumento del volumen de trabajadores ha alcanzado ya unos niveles difícilmente expandibles. Los datos de la encuesta trimestral de costes laborales (ETCL) –que contabiliza también el número de vacantes– publicados este viernes por el INE, señalan que el único sector que recortó su demanda de trabajadores respecto al trimestre anterior fue el de los servicios (-17.000), puesto que tanto la industria (+150) como la construcción (+267) vieron acrecentado el número de puestos descubiertos. Sin embargo, la caída en los servicios fue tal –la campaña de Navidad es uno de los momentos del año en el que se conciertan más contrataciones en esta rama– que solapó el resultado general.

Frente a las críticas habituales al sector bancario e incluso los señalamientos directos desde el poder político e institucional, el presidente de BBVA, Carlos Torres, defendió ayer ante sus accionistas el «servicio esencial» que el sector presta a la sociedad, incentivando la economía, el empleo y la posibilidad de que ciudadanos y empresas puedan alcanzar sus metas gracias al acceso que tienen al crédito. Torres presidió la junta de accionistas anual celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao en un momento dulce para la entidad, tras batir el pasado año su récord histórico de beneficios hasta alcanzar los 8.019 millones de euros. «Los bancos desempeñamos un papel fundamental en la sociedad prestando un servicio esencial. Promovemos el crecimiento económico, canalizando el ahorro hacia la inversión productiva. Porque nuestra financiación es necesaria para que se lleven a cabo las inversiones, que son el motor de la productividad, de la creación de empleo, del crecimiento económico y social. Esta es la forma más importante en la que los bancos contribuimos a la sociedad», señaló el presidente de la entidad. En la misma línea concretó que el pasado año se incrementó un 7,6% la cartera de créditos a la clientela, «haciendo con ello posible que más de 140.000 familias compraran su vivienda, y que 550.000 pymes y autónomos y más de 70.000 grandes empresas impulsaran su negocio», indicó.

Aún quedan varios millones por repartirse de los fondos del PERTE VEC II, pero el Gobierno anunció ayer que aumenta considerablemente la dotación para el próximo PERTE del vehículo eléctrico y conectado (VEC III) hasta los 500 millones, de los que 300 irán a la línea de baterías. El ministro de Industria, Jordi Hereu, anunció que esta tercera convocatoria contará con 200 millones más de lo previsto inicialmente, hasta los 500. «Con este esfuerzo adicional impulsaremos la fabricación del vehículo eléctrico en España», aseguró en la comisión de Industria del Senado. Además, anunció que la primera sección de este PERTE VEC III saldrá «a principios de abril», con una dotación de 200 millones, a los que habrá que añadir otros 100 en préstamos. La segunda sección, dedicada a la cadena de valor, contará con 100 millones en subvenciones públicas y otros 100 en préstamos. Es más, el Gobierno tiene previsto que la cuarta convocatoria del Perte VEC, que se lanzará en el segundo semestre del año, sea la más cuantiosa ya que contará con 1.250 millones de euros en ayudas, aunque solo 250 serán subvenciones y el resto, préstamos. Hereu recordó, por otro lado, que el coche eléctrico no solo contará con estas subvencione. Como avanzó Pedro Sánchez, se está trabajando en un «nuevo programa» para apoyar a los conductores en la adquisición de estos vehículos y la ampliación de la red de puntos de recarga y que se presentará en «las próximas semanas».

Su llegada al puerto alemán de Bremerhaven el domingo marcó un nuevo capítulo en los objetivos de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos de abrirse paso en el lucrativo mercado del automóvil europeo. “La demanda está aumentando... nuestras búsquedas en Google han superado a las de Tesla. Vamos a conseguir muchas cosas en el mercado europeo”, declaró Michael Shu, director general de BYD Europa. Pero los fabricantes de automóviles europeos están decididos a contraatacar. A más de 600 millas de Bremen, horas después de que el barco de BYD atracara, el CEO de Renault, Luca de Meo, presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra una serie de modelos que cree que ayudarán al fabricante francés a mantener su posición frente a sus rivales asiáticos. Entre ellos, el Renault 5, un eléctrico de 25.000 euros que dará paso a modelos más económicos, y el Dacia Spring, el primer eléctrico de la marca económica del grupo. El Spring, fabricado en China, tendrá un precio de partida inferior a 20.000 euros, según la empresa, y algunos informes lo sitúan en 15.000 libras en Reino Unido. Renault también negocia la colaboración con Volkswagen en un proyecto de vehículo eléctrico de bajo coste, según De Meo. Por su parte, Stellantis, rival de Renault y propietaria de marcas como Peugeot y Fiat, espera ofrecer en Europa un modelo eléctrico que costaría menos de 20.000 euros, según el jefe de operaciones en Europa, Uwe Hochgeschurtz, recortando los costes de su nuevo Citroën e-C3 eléctrico, que se vende por 23.000 libras. “Depende de lo que se le añada al coche, tenemos la plataforma para ello. Adaptamos la autonomía, adaptamos la batería. Es posible”, explica Hochgeschurtz.

Las grandes empresas de la Bolsa española, que partían de una facturación récord en 2022, crecieron con fuerza el año pasado por el repunte de los ingresos de los bancos gracias al alza de tipos, la intensa recuperación del turismo, y la mejora de los negocios de concesiones e infraestructuras. Las compañías del Ibex, con la excepción de ArcelorMittal, que no desglosa las cifras por áreas geográficas, lograron una cifra de negocio de 586.896 millones de euros en 2023, lo que supone un 9% más. En esta positiva evolución sobresale el negocio internacional de las grandes cotizadas, que elevó las ventas un 12,3%, hasta 385.769 millones. La división exterior de las compañías del selectivo representó un 65,7% de la facturación total, dos puntos porcentuales más que en 2022. La internacionalización del Ibex se consolida como el gran pilar del selectivo, ya que la contribución exterior se ha mantenido durante la última década, con ligeros altibajos, en torno a los dos tercios de la facturación global. En 2019, antes de la pandemia, la aportación del negocio extranjero alcanzó el 67%. En España, donde los ingresos también partían de cotas históricas y habían recuperado todo lo perdido con el desplome del Covid-19, las grandes cotizadas también elevaron los ingresos en 2023, aunque de forma más modesta, un 2,9%. No obstante, superaron por primera vez en la historia la barrera de los 200.000 millones de euros. Trece empresas del selectivo, incluyendo a ArcelorMittal, anotaron más del 75% de sus ingresos fuera de España el año pasado. Es decir, casi cuatro de cada diez firmas del Ibex registran un grado muy alto de internacionalización. 

Las exportaciones de bienes y servicios de España –que incluyen desde productos físicos como alimentos y vehículos, hasta servicios como consultoría, telecomunicaciones y el propio turismo– suponen un 41% del PIB en España, lo que implica que se sitúan todavía a 15 puntos porcentuales del peso que tienen de media en la Unión Europea, a pesar del crecimiento posterior a la pandemia. «Las exportaciones españolas de bienes y servicios han ido aumentando a lo largo de los años, pero su peso sobre el PIB está lejos de los niveles europeos. Tras la pandemia, experimentaron un fuerte crecimiento, por encima del promedio europeo. A pesar de registrar una tendencia creciente, en términos relativos el peso sobre el PIB se sitúa aún 15 puntos porcentuales por debajo del promedio europeo y el peso de España sobre las exportaciones globales se ha mantenido por debajo del 2% desde 2005», alerta un informe publicado esta semana por BBVA Research. Pese el dinamismo de las exportaciones en los últimos años y el previsto para los próximos, España tiene dos problemas que resolver. Uno, que sus clientes están poco diversificados –ya que la mayoría de ellas se destinan a Europa– y, dos, que son poco variadas y, en términos generales, poco sofisticadas. La Eurozona absorbe más de la mitad de las exportaciones, seguida de América Latina y África; mientras que, en lo relativo a sectores, «las semifacturas representan un cuarto de las exportaciones españolas, seguidas de los bienes de equipo y la alimentación», con una pérdida de cuota a lo largo de los años del sector automóvil.

Las grandes promotoras españolas controladas por fondos de inversión o bancos trabajan en la forma de entrar en nuevos proyectos y aprovechar sus estructuras, sin necesidad de quemar tantos recursos propios y logrando una inyección de liquidez a corto plazo para diversificar. Metrovacesa, para poner en producción sus suelos terciarios, junto con Neinor y Aedas, para proyectos de desarollo residencial, han sido las primeras en dar un paso decidido en esta dirección con su apuesta por la coinversión. Se unen ahora a la ola otras empresas como Habitat Inmobiliaria o Culmia. En conjunto las cinco promotoras suman proyectos en joint venture, o sondean el mercado en busca de alianzas, para coinvertir unos 1.500 millones de euros en los próximos años. Estos modelos de coinversión pasan en la mayoría de los casos por la creación de sociedades conjuntas en las que la promotora local cuenta con una participación minoritaria de entre el 10% y el 30% y se encarga, además, de la gestión del proyecto al completo. Con el plan a cinco años que Neinor presentó en marzo de 2023 al mercado la compañía anunciaba un giro en su estrategia con el que buscaba optimizar su balance apalancándose en terceros para crecer. En su hoja de ruta Neinor hablaba de una inversión de 1.000 millones en compra de nuevos suelos en un lustro, de los cuales un 50% se llevaría a cabo en estrategias de coinversión para built to rent (promociones para alquiler), build to sell (para la venta) y senior living. Con este modelo Neinor pretende liberar caja para retribuir a sus accionistas, entre los que destaca el fondo francés Orion, Stoneshield (gestora de Juan Pepa y Felipe Morenés) y el fondo israelí Adar, con un dividendo previsto de 600 millones hasta 2027. Solo un año después del anuncio, la compañía se ha aliado con inversores como Axa y Orion para destinar de forma conjunta 160 millones de euros a nuevos desarrollos. Neinor cuenta con una participación del 10% en los vehículos. También ha firmado un acuerdo con Urbanitae, que se encargará de obtener financiación de terceros para invertir unos 150 millones de euros en nuevos proyectos.

Son las dos Españas del agua: una cuenca atlántica rebosante y un Mediterráneo cada vez más seco. Uno de los ámbitos en los que mejor se percibe esta creciente asincronía es el de la energía hidroeléctrica, la tercera pata de la revolución renovable tras la eólica y la solar fotovoltaica. Con medio país en situación de sequía —en especial Cataluña, la costa mediterránea y los archipiélagos—, el buen tono de precipitaciones en el norte y el oeste están propiciando uno de los mejores tramos finales de invierno de turbinación desde que hay registros. La energía producida por los saltos de agua ha batido estas últimas semanas del invierno su máximo desde finales de febrero de 2021, según Red Eléctrica de España (REE). En clave diaria, el pico es aún mayor: la generación fue la mayor desde marzo de 2016, según los datos recopilados por Pedro Cantuel, analista de Ignis Energía. Y está a un solo paso de su máximo histórico. “Los seis últimos meses han sido muy lluviosos en las principales cuencas con centrales hidráulicas (Miño-Sil, Duero y Tajo) y, tras el temporal de las últimas semanas, por cuestiones técnicas y de seguridad es habitual que suba mucho la generación hidroeléctrica”. Las reservas de esas demarcaciones, recuerda, están al 80% o al 90%. “Lo que estamos viendo en los últimos días en la hidro es una situación de récord: tanto la cuenca del Duero como la de Galicia están muy bien, mientras que en otros sitios de España la cosa está fatal”, profundiza José Luis Sancha, profesor en ICAI. “Se habla mucho de sequía, porque la hay en muchas zonas del país, pero esta diferencia entre hidroeléctrica y nivel general de los embalses quiere decir que la producción hidroeléctrica está donde tiene que estar: donde hay recurso”, completa Francisco Valverde, analista independiente.

¿Es el silencio beneficioso o perjudicial para una institución o empresa? Para Joel Márquez, director de cuentas en la agencia de comunicación LF Channel, la respuesta es “depende”. “Cuando una empresa tiene un episodio de crisis reputacional, o hay un suceso que escapa de su control y eso puede afectar a su reputación, puede ser una estrategia válida el no comunicar”, asegura. Pone como ejemplo la reciente polémica que afectó a Pans & Company, tras contar C. Tangana, en el programa de Jordi Évole, que cuando trabajaba en un establecimiento de la cadena de comida, la encargada del local le borraba del registro algunas horas extras, por lo que le debían 600 euros. “La empresa optó por guardar silencio, porque sabía que si entraba en esa refriega mediática con un peso pesado como es el cantante, tenía las de perder. Optaron por dar respuesta con su posición a los medios que preguntaban sobre el tema, pero a nivel proactivo no lanzaron ningún comunicado, ni salió un portavoz a comentar lo sucedido. Guardaron silencio y esperaron que pasara el temporal”. Depende es también la respuesta de Iván Pino, socio y director sénior de crisis y riesgos en LLYC. En su caso, cuenta que hay tres factores. “Primero, que la marca sea renombrada; segundo, que el asunto afecte a dimensiones o asuntos determinantes para su reputación; y tercero, que existan grupos de interés que presten especial atención al comportamiento de la marca, por diferentes circunstancias”. Pino pone el caso de una empresa importante y conocida, que recibe la atención de periodistas, analistas e inversores por estar cotizada en Bolsa, y que es objeto de informaciones que ponen en tela de juicio su solvencia económica o la integridad de su gobernanza. Aunque no la nombra, la situación recuerda a la que está atravesando en las últimas semanas Grifols. “Ese sería un caso que cumpliría las tres condiciones para no guardar silencio y comunicar de inmediato una argumentación segura y creíble, porque, con total certidumbre, se generarán rumores y opiniones que la situarán en una posición más difícil”, explica.

Más de un año después de que Pekín levantara los estrictos controles de la pandemia que aislaron al país del resto del mundo durante casi tres años, los visitantes extranjeros están regresando de forma muy gradual. El año pasado, China registró 35 millones de entradas y salidas de extranjeros, solo un tercio de las casi 98 millones de 2019. La prensa estatal calcula que entre 2020 y finales del año pasado, la pandemia costó a China 362.000 millones de dólares en ingresos perdidos por turismo internacional. Aparte del impacto en la industria turística, a los funcionarios les preocupa que la menor afluencia de extranjeros aísle aún más a China y proyecte una percepción negativa del país en el extranjero. Según los analistas, ofrecer la exención de visado a algunos ciudadanos europeos y asiáticos podría ser también una forma sutil de dividir a la opinión pública occidental, en un momento en que Pekín está intensificando su pulso geopolítico con EEUU. Durante la primera mitad del año pasado, más turistas comenzaron a llegar a China, pero eran principalmente para viajes “esenciales”, como visitas a familiares o viajes de negocios, no turísticos, sostiene Peng Han, analista jefe de Travel Daily, una empresa especializada en el sector turístico del gigante asiático. “La recuperación del mercado ha sido lenta y se ha visto afectada por múltiples factores, como la capacidad de los vuelos internacionales y los visados”, afirma. En su opinión, el volumen de vuelos internacionales en enero de 2024 se había recuperado a alrededor del 65% del mismo período en 2019, aunque esto variaba según el destino.