20240717

Confebask celebra su Consejo General anual durante el que da a conocer sus líneas de actuación, las principales demandas de las empresas y sus retos y preocupaciones. En su discurso, Tamara Yagüe, ha asegurado que “tenemos que ser conscientes de que, desde la crisis financiera de 2008, el crecimiento de la economía vasca ha estado por debajo de la zona euro y del resto de CCAA más prósperas. Por eso, creemos que ha llegado el momento de volver a poner el Concierto Económico al servicio de la competitividad y del crecimiento del País”. En ese sentido, la presidenta de Confebask ha revelado que “hemos elaborado y trasladado ya a las diferentes Autoridades Tributarias una propuesta fiscal con las aspiraciones empresariales de cara a una futura revisión que previsiblemente se abordará tras el verano”. ‘No se trata de aportar menos, si no de aportar mejor’. ‘Ha llegado el momento de contribuir desde la fiscalidad y con las competencias que nos da el Concierto Económico para acelerar el crecimiento económico de Euskadi’. Confebask celebra su habitual Consejo General en el que también constata la preocupación de las empresas por el alto índice de absentismo laboral, el talento y la escasez de personas, y por la negativa contribución al País de la conflictividad laboral en Euskadi. La previsión de crecimiento para este año se sitúa en el entorno del 2% y la creación de unos 16.000 nuevos puestos de trabajo, una vez constatado que las empresas vascas mantienen un fuerte compromiso con la inversión para abordar las transformaciones en ciernes.Entre los retos, continuar con la implantación de una nueva cultura empresarial que impulse también la igualdad de género en las empresas, intensificar la decidida apuesta por la colaboración público-privada, y poner en valor la relevante aportación de la empresa y el empresariado al bienestar y progreso colectivo del conjunto de la sociedad vasca. Ver más en Confebask. 

Las dificultades para atraer talento ante la falta de acceso a la vivienda y el absentismo laboral escalan como las principales preocupaciones de las empresas vascas. Confebask reclama medidas para aumentar la oferta de inmuebles con el fin de responder al reto demográfico y la falta de personal. La atracción de talento se ha convertido en un verdadero problema para muchas compañías vascas, que se ven obligadas a mirar fuera de nuestras fronteras para ‘fichar’ personal cualificado. No obstante, la patronal vasca, Confebask, identifica que uno de los grandes ‘hándicaps’ que tiene Euskadi para la atracción de talento es el acceso a la vivienda, por lo que considera necesario impulsar una política que contribuya al «aumento de la oferta y a la moderación de precios», lo que también daría respuesta al reto demográfico «al que nos enfrentamos en el País Vasco». Es uno de los titulares que se desprenden del informe ‘Situación Económica y Relacionales Laborales en Euskadi’, presentado ayer por la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe tras la celebración del Consejo general. Pero no el único. La segunda gran preocupación que aflora en las últimas encuestas realizadas por Confebask– más allá de la del talento y su escasez – es el alto índice de absentismo laboral en Euskadi, muy por encima de las economías de su entorno. En palabras de Yagüe, este alto porcentaje de absentismo «lastra nuestra competitividad», aunque «no se trata de hallar culpables, sino soluciones». El alto grado de conflictividad laboral también es otra de las preocupaciones empresariales, puesto que lastra la atracción de inversiones en Euskadi. Confebask, como ya han hecho también otras instituciones y organizaciones vascas, mueve ficha en el tablero de la futura reforma fiscal que el Gobierno Vasco pretende aprobar este mismo año. La patronal vasca, que aglutina a 58.000 empresas, ha sido la última en proponer una batería de medidas fiscales para «reforzar la competitividad» de Euskadi y «acelerar» así su crecimiento económico. Ese es el ‘leit motiv’ de un plan fiscal que tiene como clave de bóveda la eliminación del impuesto de Patrimonio y la reducción del 17 al 15% en la tributación mínima en el impuesto de Sociedades, amén de otras trece medidas que van desde mejorar el incentivo fiscal a la innovación hasta deflactar los tramos de renta en base a la inflación. El hilo conductor de este nuevo plan fiscal que Confebask ya ha trasladado a las diferentes autoridades tributarias es adecuar algunos elementos que son claves para los empresarios y que en su opinión permitirían relanzar la inversión, la atracción de empresas y también de talento. Y es que desde la crisis financiera de 2008, el crecimiento de la economía vasca ha estado por debajo de la zona euro y del resto de comunidades más «prósperas» como Madrid. El director general de Confebask, Eduardo Arechaga, abogó por «poner la fiscalidad a trabajar» y añadió que lo que propone la patronal vasca es una «inversión fiscal razonable», que «no va a descabalgar la recaudación».

La patronal vasca, Confebask, ha hecho una defensa de un nuevo modelo fiscal que sirva para estimular la competitividad. "No se trata de aportar menos, sino de aportar mejor", expuso la presidenta de la organización, Tamara Yagüe, en Bilbao. Por ello, reivindicó "con las competencias que nos da el Concierto Económico", consensuar una fiscalidad que contribuya a "reforzar la competitividad regional y acelerar el crecimiento económico de Euskadi". Confebask celebró hoy su Consejo General, que sirvió también para actualizar sus previsiones de crecimiento económico y mercado laboral vasco. Sobre el primero, la patronal lo cifró en el entorno del 2%, mientras que sitúa en 16.000 los puestos de trabajo que se crearán en este año. Por otra parte, entre los retos, "continuar con la implantación de una nueva cultura empresarial que impulse también la igualdad de género en las empresas, intensificar la decidida apuesta por la colaboración público-privada, y poner en valor la relevante aportación de la empresa y el empresariado al bienestar y progreso colectivo del conjunto de la sociedad vasca", indicó Yagüe. Pero fue la fiscalidad la que centró su intervención. Los empresarios creen necesario un modelo que ayude a generar crecimiento, en un momento en el que, como destacaron sus representantes, el aumento en la recaudación tributaria en la CAV está por encima del incremento en el PIB, "y es hora de darle la vuelta a eso". "Crecemos por debajo de la media de países como Francia y Alemania, y de comunidades como Madrid, Catalunya o Navarra", indicó Eduardo Aretxaga, director general de Confebask. "Nuestra propuesta no va a descabalgar la economía, pero si quieres crecer tienes que invertir". Ver más en enpresaBIDEA. 

Los empresarios vascos creen que es necesario reducir la presión fiscal para reactivar la economía y dejar de perder posiciones respecto a otras regiones más dinámicas de Europa. «No se trata de aportar menos sino de hacerlo mejor», dijo ayer la presidenta de la patronal vasca Confebask, Tamara Yagüe, tras una reunión del consejo general de esta organización que ha vuelto a exponer los ya ‘viejos’ problemas por resolver de las empresas en Euskadi: el absentismo disparado, la dificultad para retener y atraer a los profesionales que se necesitan y la conflictividad. Más allá del tópico habitual en la reclamación de una reducción de impuestos, Confebask ha aprovechado el debate abierto para la reforma fiscal que han anunciado las diputaciones y el Gobierno vasco, para hacer una propuesta concreta de medidas. El hilo conductor es adecuar algunos elementos que son claves para los empresarios y que en su opinión permitirían relanzar la inversión, la atracción de empresas y también de talento. Todo ello, concluyen, redundaría en más actividad económica de tal forma que no se perdería recaudación. «Deberíamos invertir en fiscalidad para crecer más porque en los últimos años la economía vasca ha crecido menos que otras zonas de Europa y también menos que Madrid, Cataluña y Navarra. Si hubiésemos crecido como ellos tendríamos más ingresos fiscales con menor presión fiscal. No se trata de descabalgar la recaudación sino de invertir para crecer, un concepto que está en la mente de cualquier gestor de forma permanente», apuntó Eduardo Aréchaga, director general de Confebask. En esta línea, plantean quince medidas concretas a incorporar en la reforma fiscal, de las que dio a conocer tan solo cinco. Entre ellas figuran algunas viejas reivindicaciones, como eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio o deflactar siempre la escala de gravamen del IRPF. Además de una rebaja en el tipo mínimo de Sociedades –piden que pase del 17% al 15%– y un aumento de las deducciones por inversión en investigación y desarrollo, los empresarios también reclaman deducciones «por la creación de empleo de calidad». Creen que con el nuevo Gobierno liderado por Pradales será posible elaborar un diagnóstico sobre el absentismo. 

El candente debate sobre la reducción de jornada laboral a 37,5 horas propuesta por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también copó buena parte de la comparecencia de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, que lamentó que no se hayan aceptado los «distintos planteamientos» que ha hecho la CEOE en la negociación sobre la reducción de la jornada laboral y defendió que se deberían mantener los convenios ya firmados «y después marcar una transitoriedad». Yagüe indicó que en Euskadi «muchos de los convenios» ya contemplan esa reducción de jornada, pero precisó que afecta aproximadamente a 250.000 trabajadores, principalmente en sectores como el comercio o la hostelería. La presidenta de la patronal vasca indicó que, «sin dudar de que se puede llegar a conseguir en un futuro», hay que «mantener lógicamente los convenios que están firmados en consenso con el resto de los agentes sociales, y después marcar una transitoriedad». De hecho, la propia CEOE exigirá en la reunión que mantendrá hoy con el Gobierno y los sindicatos una serie de exigencias encima de la mesa, como excluir de este recorte horario a los trabajadores de mayor rango, como son los directivos y ejecutivos. Ante todo, los empresarios demandan al Gobierno que respete los convenios actuales que están en vigor hasta que decaigan. Otra de las exigencias que hará la CEOE al ministerio es que se establezcan bonificaciones para los nuevos contratos que tengan que hacer las empresas para poder cubrir las horas que se queden disponibles tras la reducción, lo que supondría un recorte en las cotizaciones de estos nuevos trabajadores que se incorporen a los pequeños comercios, bares, restaurantes...La vicepresidenta Díaz, por su parte, confía en lograr un acuerdo para la reducción de la jornada en la reunión que tendrá lugar hoy.

La negociación colectiva vasca, a pesar de necesitar una media de más 20 meses para firmar un acuerdo, avanza y tiene ya al 58,4% de los trabajadores con un convenio actualizado. Eso significa que son 616.941 vascos los que gozan de un marco actualizado de derechos y condiciones laborales que, en un 85% de los casos, tiene una duración de tres o más años. Así se desprende de los datos, a 31 de mayo, que presentó ayer la nueva presidenta del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), Emilia Málaga Pérez. Supone un gran salto de 286.777 personas más, casi el doble, si se compara con la situación de hace dos años. Además, se constata cierta tendencia de recuperación de poder adquisitivo de los trabajadores. Y es que la subida salarial media en 2023 fue de un 4,2%, mientras que la tasa de inflación alcanzó un 3,5%. Y en lo que llevamos de año, según detalla el ‘Informe de situación económica y relaciones laborales’ del CRL, el aumento registrado en las nóminas vascas ha sido del 3,38%. En cuanto a la reducción de jornada que patrocina la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que trata de acordar con patronal y sindicatos, Málaga Pérez ha recordado que afectaría al 43,5% de las personas que en Euskadi tienen contrato en vigor. Un total de 250.000 trabajadores con convenios, la mayoría de ámbito nacional. Y es que la jornada media vasca está en 37 horas semanales, por debajo de las 37,5 que quiere fijar el Gobierno central. Por sectores, la industria y la construcción tienen 37,5 horas de jornada semanal, mientras que el sector servicios y el sector público queda por debajo de las 37 horas. La firma de acuerdos en 2023 fue acompañada de un descenso de la conflictividad laboral en Euskadi, donde en 2022 se concentraron la mitad de las huelgas del conjunto de España. Así, el año pasado, las jornadas no trabajadas se redujeron un 55% y, aun así, fueron 169.836. En cuanto a las personas que secundaron algún paro, ascendieron a 58.037 trabajadores, un 48% menos. Pero la conflictividad en el sector público sigue muy alta en este 2024 y se ha dejado notar en los datos del primer trimestre.

Este avance no será nada homogéneo, debido en buena medida a que se fundamenta principalmente en la buena evolución del turismo internacional y de las exportaciones de servicios, frente a la industria intensiva en energía o un sector público que pierde fuelle por la necesaria normalización del gasto. Por ello, Canarias, Baleares y Madrid liderarán el crecimiento de la economía este año, de acuerdo con las previsiones presentadas ayer por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), mientras que Asturias, La Rioja o Murcia quedarán algo más rezagadas. Baleares (3,5%), Canarias (3,2%) y Madrid (2,6%) son las comunidades autónomas que más crecerán este año y las únicas que crecerán por encima de la media nacional (2,5%), seguidas justo en esta cota de Aragón y Cataluña. El avance de los dos archipiélagos se fundamenta en gran medida en el fuerte crecimiento del sector turístico este año. De hecho, el Gobierno espera que el gasto de los visitantes extranjeros crezca un 22% este verano respecto al año pasado, lo que favorecerá especialmente a las comunidades más turísticas, como es el caso de ambas regiones insulares. Y a ello habría que sumar también a Madrid, donde el turismo tiene un peso económico mucho menor pero está creciendo con muchísima fuerza en términos relativos. Además, el turismo también habría apoyado los avances en regiones como Comunidad Valenciana o Andalucía, ambas con unas previsiones de crecimiento del 2,4%. El director general de Funcas, Carlos Ocaña, explicó que el crecimiento viene “liderado por los sectores exportadores y los servicios de mercado” y que, aunque el turismo es uno de los principales factores determinantes de esta heterogeneidad, no es el único. A este sector habría que sumar elementos como “un sector de servicios de mercado competitivo (sobre todo en el segmento de servicios a empresas) capaz de aprovechar el auge de las exportaciones de estos productos, así como la demanda procedente de los fondos europeos”, algo que está impulsando el crecimiento de regiones como Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco.

La economía española ha arrancado el año con buen pie, lo que ha llevado a una cascada de revisiones al alza por parte del Gobierno (ver página 23), la Comisión Europea, el Banco de España o las principales casas de análisis nacionales. A ellos se sumó también ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI), elevando medio punto sus previsiones de crecimiento para el PIB español este año, hasta el 2,4%. Aunque el FMI ya había adelantado esta mejora hace un mes, lo realmente llamativo es que la revisión al alza respecto a los pronósticos de abril se produce en un contexto de atonía generalizada en la economía mundial: la mayor parte de los países analizados sufre una merma o un estancamiento en sus perspectivas de crecimiento y, de entre los pocos que se anotan una subida, España es la que más avanza junto con Turquía. “España es un punto brillante en la eurozona”, en parte por el “repunte de la inversión” y por “exportaciones de servicios muy fuertes”, señaló la subdirectora del departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva Brooks Así, la mejora en sus perspectivas de crecimiento para la economía española ya venía apuntada en el denominado informe del Capítulo IV para España presentado hace un mes, si bien la gran novedad es que esta subida tiene lugar prácticamente en solitario y a mucha distancia de la mayor parte del resto. En concreto, el FMI destacaba en su documento de junio la utilización cada vez más intensa de los fondos Next Generation, con el consiguiente impacto sobre la inversión, y la “normalización gradual de la tasa de ahorro de los hogares”, que junto con el alza de los salarios daría soporte al consumo. Y a ello había que sumar también el fuerte avance del turismo y de las exportaciones de servicios, que compensarían en buena medida la debilidad de la venta al exterior de mercancías.

Mondragon afronta el Congreso de hoy con aires de cambio. Cambio en la presidencia, ya que Iñigo Ucín dará el relevo el próximo 1 de agosto a Pello Rodríguez, un hombre de la casa, como es habitual en el grupo cooperativo con sede en Arrasate, y también con la aprobación de una nueva hoja de ruta para los próximos cuatro años. Esta hoja de ruta es lo que se conoce como la Política SocioEmpresarial y consta de cuatro ejes. El primero se fija el reto de que la Corporación alcance posiciones de liderazgo siendo más competitivos y más ágiles ante los cambios. ¿Para qué? «Para ser un agente clave de transformación social en la sociedad en la que estamos», según explicó Iñigo Ucín a este periódico en una entrevista concedida a finales de mayo en la que hacía un repaso de su andadura y de los retos del Grupo y de la Economía. El segundo eje es la intercooperación, «que supone sumar esfuerzos para multiplicar resultados. Este punto va ligado con el tercero: seguir desarrollando negocios con futuro. «Tenemos que generar sistemáticamente nuevos negocios para compensar las caídas y seguir creciendo». Y el cuarto, «estar abiertos al mundo y comprometidos con el entorno social». Esta hoja de ruta será presentada por Pello Rodríguez, que es desde 2015 vicepresidente de Mondragon y director general de la división de Bienes de Equipo. Asimismo, es miembro del Consejo General y del Consejo Industrial de la Corporación; participa en el Consejo Vasco de Ciencia, Innovación y Tecnología y es miembro de la Junta Directiva de Innobasque. Inició su andadura profesional en el año 2000 en Danobat S. Coop, como gerente de proyectos.

El tercer sector sigue creciendo en Euskadi. En el último año, el número de asociaciones se ha elevado hasta las 4.259, que emplean a 45.500 personas, y mueven 2.000 millones de euros. Las entidades sociales vascas van al alza. Lo hacen a ritmos diferentes en cada uno de los territorios históricos, pero en global presentan un «crecimiento constante y sustancial» desde varios puntos de vista. Por un lado, por el número de organizaciones del tercer sector social de Euskadi, que asciende a 4.259 tras la incorporación de aproximadamente 226 nuevas entidades en los últimos dos años. Por otro, por las personas que emplean estos colectivos, que cada año suman nuevos trabajadores remunerados y voluntarios. Y, por último, por el peso económico que suponen para el País Vasco. El volumen de dinero que gestionan las organizaciones sociales ha crecido un 30% en los últimos ocho años y supera ya los 2.000 millones de euros, lo equivalente al 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la CAV. Sobrepasadas las consecuencias que trajo consigo la pandemia provocada por el coronavirus, y tras «un periodo de estancamiento», el montante económico que manejan las entidades sociales vascas ha experimentado «un aumento significativo» de casi 600 millones de euros desde 2015. Los datos vienen recogidos en el barómetro del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social de 2023, donde se consta que estas organizaciones han pasado de gestionar 1.451 millones de euros en 2015 a 2.045 el pasado año; es decir, un 30% más. Los autores del informe explican que mientras el resto de sectores «sufrió una contracción notable» en los años de la pandemia, las entidades sociales lograron «mantener el volumen económico similar» a la época previa al coronavirus, «evitando el efecto rebote y padeciendo los efectos de la pandemia en un medio y largo plazo».

El número de personas extranjeras que cotizan en Euskadi llega ya a 96.507, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cifra representa un crecimiento anual del 7,16%, lo que supone 6.452 afiliados foráneos más que en junio de 2023, de manera que se marca un nuevo máximo histórico. El País Vasco es la novena comunidad española en números absolutos. A nivel nacional, el total de cotizantes procedentes de otros países roza los 2,9 millones. En la actualidad, este colectivo representa el 13,6% de todos los afiliados a la Seguridad Social, mientras que en Euskadi no alcanza aún el 10%. De mayo a junio, los cotizantes inmigrantes en el País Vasco crecieron casi un 1% –aumentaron el 0,98% durante el mes–, con 937 nuevos trabajadores registrados, frente al medio punto subido en la media nacional –en datos exactos, el aumento fue del 0,56%–. En toda España se ganaron 16.036 afiliados, marcando cinco meses consecutivos de ascensos. En Euskadi, enero supuso un descenso de 1.060 afiliados, que casi se recuperaron por completo en febrero. Tan solo un 23% de los extranjeros que cotizan en Euskadi en la actualidad procede de la Unión Europea (22.162 personas), mientras que la gran mayoría (77%, es decir, 74.345) llegaron de países no comunitarios. 

Entre los cursos 2020/21 y 2022/23 (últimos datos disponibles), los centros educativos vascos perdieron 41 aulas de alumnos de dos años, que es el curso de entrada más habitual al sistema educativo. Es una consecuencia directa del desplome en los índices de natalidad. Sin embargo, el cierre de clases no fue homogéneo. Los colegios concertados se vieron obligados a cerrar 35 aulas al pasar de 499 a 464. Mientras tanto, la red pública clausuró sólo seis (cayó de 614 a 608). Las cifras oficiales a las que ha tenido acceso este periódico no suponen ninguna sorpresa. La tasa de natalidad no deja de descender desde hace una década. En los años de referencia para los cursos citados el desplome fue considerable. En 2018 (cuando nacieron los niños matriculados en 2020) llegaron al mundo 16.090 bebés en el País Vasco, mientras que en 2020 (curso de referencia para los inscritos en 2022) fueron apenas 14.739. La caída fue del 8,4%. El primer impacto se nota en los colegios. Y, a la luz de los datos, quienes más sufren son los centros concertados. La tendencia viene de lejos, ya que la pérdida de aulas es continua desde 2017. La situación tensiona el sistema –a fin de cuentas, un aula de dos años supone 80.000 euros para un centro concertado– y plantea no pocos interrogantes. Algunos son inmediatos y de carácter laboral, como se ha visto durante el curso que acaba de terminar con el grave conflicto vivido en los centros de iniciativa social. El blindaje de los puestos de trabajo fue una exigencia de los trabajadores para firmar un acuerdo que pusiera fin a la huelga el pasado mes de febrero, pero la situación está lejos de resolverse. 

El Gobierno vasco ha realizado en los últimos cuatro años una decena de inspecciones no programadas a Sader y Profersa, las únicas industrias potencialmente contaminantes que continúan asentadas en Bilbao y objeto de denuncias vecinales por los malos olores y los escapes. De hecho, todas las visitas menos la primera, de 2021, se produjeron el pasado año y en lo que va de 2024 precisamente a raíz de las quejas de los residentes en Zorroza y San Ignacio, según recoge la información remitida al Parlamento vasco por el nuevo consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi. El responsable de esta área, a petición del PP, enumera las inspecciones e incidentes registrados en el último año y medio, aunque los populares habían solicitado conocer todos los avisos desde el año 2014. En prácticamente la totalidad de las inspecciones, los técnicos acudieron por denuncias vecinales de malos olores, escapes o por la presencia de residuos fuera de los lugares correspondientes, situaciones que, en el momento de la visita, ya no se daban. El último de los percances, desconocido hasta ahora, se produjo el 20 de junio en Sader, dedicada al tratamiento de residuos (peligrosos y no peligrosos) y que desde este año recibe «todos» los lixiviados (líquidos y lodos que se filtran) de la central de basuras guipuzcoana de Zubieta. Según el documento firmado por el consejero, ese día la compañía comunicó que, «en una descarga de HCI», ácido clorhídrico, a un depósito «se ha derramado al suelo parte del líquido que quedaba dentro de la manguera del camión». Eso provocó, continúa el documento, que se generara «una nuble blanca durante aproximadamente diez minutos», incidente sobre el que no se registraron «quejas al respecto». El percance en Sader se produjo en un momento en el que Profersa, dedicada a la fabricación de fertilizantes y propiedad también del Grupo Agaleus, se encontraba clausurada por el Ejecutivo autonómico tras haberse registrado en apenas quince días dos aparatosos escapes que obligaron a los vecinos a mantener las ventanas cerradas.

Dos nuevos casos de trabajadores que desarrollaron algún tipo de cáncer vinculado a una exposición al amianto durante el desempeño de su profesión han salido a la luz en Gipuzkoa. Se trata de un trabajador, Patricio Echeverría, que ha visto cómo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado la indemnización de 279.000 euros que le otorgó un juzgado de Eibar; y un fontanero que falleció en 2022, cuatro años después de jubilarse en Oñati tras haber trabajado en varias empresas. Su viuda recibirá 20.000 euros. Según explica Asviamie, el TSJPV ha desestimado los recursos interpuestos por las empresas CIE Legazpi y Sidenor Aceros –sucesoras de Patricio Echeverría– contra la sentencia condenatoria dictada por un juzgado de Eibar. Ambas firmas reclamaban su absolución, al considerar que no había quedado probado que el enfermo hubiera tenido contacto con amianto» ni que este «fuera la causa» del cáncer pulmonar que padece. El operario en cuestión, José, comenzó a trabajar en esta siderurgia en los años 60, donde «durante décadas» habría estado «expuesto a fibras de amianto», sin ninguna protección específica y sin ser informado «del riesgo cancerígeno» que entrañaban sus labores de «mantenimiento, laminación, grúas, hornos y cucharas, manipulando el amianto o materiales que lo contenían». En 2020 le diagnosticaron un ade nocarninomapulmonar, Los dos empleados, uno de ellos fallecido, habían trabajado varias décadas en sendas empresas de Legazpi y Oñati y en 2022 el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció una incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional». Por su lado, el INSS de Gipuzkoa ha reconocido «las prestaciones de viudedad, muerte y supervivencia derivadas de enfermedad profesional» a la viuda de Joaquín A. O. Z., un fontanero fallecido en 2022, cuatro años después de jubilarse en Oñati tras 46 años de labor en varias empresas. 

El Consejo de Gobierno Vasco aprobó ayer destinar 92,5 millones de euros euros al programa de ayudas Hazitek que promueve el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, destinado a financiar la I+D empresarial. En concreto, Hazitek destinará 42,5 millones para la financiación de los proyectos de carácter competitivo y 50 millones para la financiación de los proyectos de carácter estratégico. La realización de las solicitudes y demás gestiones se efectuará por medios electrónicos.

Para desactivar una opa en el mercado de valores la regulación no ofrece muchas opciones más allá de la retirada de la oferta, el rechazo de los accionistas ‘opados’ o la aparición de una alternativa que ponga más dinero encima de la mesa. Y, de momento, no es eso lo que ha planteado la checa Skoda a Talgo con su invitación para constituir una fusión sobre una «combinación de negocios e integración industrial». La recepción de esta propuesta de fusión fue notificada ayer por Talgo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, la compañía presidida por Carlos de Palacio ha dado 10 días de plazo a la marca checa para que concrete más sus intenciones aclarando si está dispuesta a superar la oferta económica de Magyar Vagon y si haría el pago en dinero o en acciones. En las explicaciones deben plantearse también las «capacidades industriales y financieras» de Skoda. Y es que el movimiento de la compañía checa llega en plena tramitación de la opa que Magyar Vagon presentó en marzo por 617 millones para hacerse con el control de Talgo. Una operación pactada y respaldada por la dirección y accionistas principales del fabricante de trenes de alta velocidad. Talgo, ahogada con una cartera de pedidos de 4.200 millones, necesita reforzar su capacidad fabricación. Y, además, dar salida al fondo británico Trilantic, principal accionista y que lleva años queriendo vender. Pero en Moncloa, en cambio, recelan de la operación por el apoyo del Ejecutivo de Hungría a Magyar Vagon y el miedo a conexiones con capital ruso, que la empresa ha desmentido. El caso es que, tras varios intentos del Gobierno central por configurar una alternativa, el grupo ferroviario checo se ha interesado en participar. El problema: su capacidad financiera no llega para responder con una ‘contraopa’, de ahí que se haya diseñado una operación de intercambio de acciones para desarrollar en los próximos tres años.

El Gobierno de Pedro Sánchez comenzó a dar forma ayer al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025 aprovechando el estrecho margen que le dejan las nuevas reglas fiscales europeas para aprobar un techo de gasto que marca récord, al borde de los 200.000 millones de euros, por la mínima. De hecho, Hacienda desveló que su compromiso de rebajar el déficit público al 2,5% del PIB el próximo ejercicio pasa por incrementar el doble la recaudación de impuestos que el gasto público, cuyo aumento queda ya sujeto a los nuevos límites comunitarios. En concreto, según detalló ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el techo de gasto nacional, sin fondos europeos, se situará en 195.353 millones, un 3,2% más sobre los 189.215 millones de 2024. El monto incluye una inyección a la Seguridad Social de 22.881 millones (7% más) para cubrir sus gastos impropios, como exige el Pacto de Toledo. “Se trata de un incremento relevante, pero al mismo tiempo prudente, que anticipa nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal y con el refuerzo de los servicios públicos, la sanidad, las pensiones o la dependencia”, sostuvo Montero. De hecho, sumando los 3.818 millones previstos en ayudas europeas (el grueso de los fondos Next Generation para 2025 son ya créditos blandos), el límite de gasto no financiero total alcanza los 199.171 millones, apenas un 0,03% más que los 199.120 millones de 2024. A su vez, sin embargo, Hacienda ha proyectado un incremento del 6,5% en la recaudación tributaria de 2025, incluyendo la conversión en perpetuos de los impuestos a banca y energéticas, y un aumento del 5,4% en el conjunto de ingresos del Estado.

La sequía extrema en el mercado de crédito que fue especialmente intensa a finales de 2023 comienza a revertirse. Por primera vez desde 2021, las solicitudes de préstamos en todos los segmentos –familias y empresas, y tanto en hipotecas como en consumo y otros fines– crecieron en el segundo trimestre de este año, según refleja la Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España. Lejos de flexibilizar las criterios de concesión ante esa mejora de la demanda, el informe muestra que los bancos españoles volvieron a endurecer los criterios que valoran a la hora de conceder un préstamo a las familias. Y aunque las condiciones generales para las hipotecas sí habrían registrado una leve relajación –en términos de tipos de interés, cuantías, plazos o garantías requeridas–, el supervisor detalla que los bancos han extremado la prudencia en los aspectos que manejan a la hora de determinar a quién se la otorgan y a quién no. «El endurecimiento de los criterios de concesión de los préstamos a los hogares se habría producido, en el caso de los destinados a adquisición de vivienda, por la menor tolerancia al riesgo de algunas entidades bancarias», indican desde el Banco de España. «En cambio, en los créditos al consumo y otros fines, el endurecimiento habría sido consecuencia, principalmente, de un cierto deterioro de las perspectivas económicas generales y de la solvencia de los prestatarios y, en menor medida, de los mayores costes relacionados con el nivel de capital de las entidades financieras», aclaran desde el supervisor. De hecho, las entidades españolas aparecen entre las más exigentes en estos términos dentro de todo el sector en Europa, según la misma encuesta acometida por el BCE para toda la región.

Cuando en enero de este año el precio del alquiler alcanzó los 11,78 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Fotocasa, esta cantidad suponía el récord histórico de precio. Pues bien, desde entonces ese récord se ha batido sin parar, mes tras mes, con la excepción de un pequeño bache en abril. El resultado de esta subida implacable de precios es que, seis meses después, el alquiler es aún más caro: en concreto, se situó en junio en los 12,65 euros por metro cuadrado de media nacional, un 9% más que un año atrás. El crecimiento intertrimestral, por su parte, se situó en un 2,3%. Por bajarlo a cifras más concretas: un alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta ahora 25 euros más que hace solo tres meses. El boom de demanda de alquiler generado tras el Covid es uno de los catalizadores de esta subida de precios de los arrendamientos. Efectivamente, después del confinamiento los inquilinos generaron un movimiento masivo en el mercado, en búsqueda de viviendas mejores que en las que residían en caso de que se volviera a repetir una situación como la generada por el coronavirus. Es cierto que la subida de precios, especialmente en las grandes ciudades, está provocando que la demanda se mitigue ligeramente, pero, como fuerza contrapuesta, como los precios de compra también suben, muchos interesados en adquirir vivienda tienen que conformarse por ahora con alquilar. De este modo, la demanda todavía sigue muy por encima de la oferta. La oferta es precisamente la otra gran causa de los incrementos de precios. Cada vez hay menos propietarios interesados en alquilar sus viviendas, porque medidas como los topes al alquiler, establecidos por la ley de vivienda aprobada en mayo del año pasado, les lleva a vender sus propiedades o buscar otros mercados que no estén afectados por estos topes, como los del alquiler turístico o del arrendamiento de temporada. 

BBVA asume que la opa sobre Sabadell puede fracasar. El banco detalló en el folleto de emisión de bonos convertibles contingentes (CoCos) de junio que presentó en la CNMV que “es posible que el grupo no complete la oferta o cualquier otra transacción en curso de manera oportuna o rentable”. BBVA alerta por primera vez de los riesgos que entraña la transacción en este escrito. Fuentes oficiales detallan que el banco ha informado de los mismos riesgos en el programa de renta fija que publicó el pasado 11 de julio y recoge el regulador. Se trata de un procedimiento habitual en operaciones de adquisiciones o fusiones, puesto que la entidad está obligada por los supervisores a informar a los inversores de los potenciales escenarios negativos que pueden darse y escudar a la entidad en caso de demandas. BBVA reconoce en el folleto varios factores que podrían dinamitar la operación sobre Sabadell, y que podría no obtener “los resultados esperados” en caso de integrar al banco catalán. La entidad presidida por Carlos Torres contempla que la integración podría mermar sus cuentas: “Los resultados del grupo podrían verse afectados negativamente por cargos y contingencias relacionados con la adquisición”, señala.

El Consejo de Ministros autorizó ayer la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) – conocida como Sepi digital–, una entidad pública que administrará cerca de los 16.000 millones de euros del plan de recuperación. Inicialmente, gestionará las competencias del Perte Chip, el de mayor cuantía de los 13 proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno y que promueve en España un ecosistema industrial en toda la cadena de valor de los semiconductores con alrededor de 12.000 millones de euros. La SETT también gestionará los 2.000 millones de euros del Fondo Next Tech –el Gobierno apunta en esta partida 4.000 millones, pero en realidad sólo son 2.000 millones de fondos públicos, ya que los otros 2.000 millones procederán de fondos de empresas privadas–, destinado a impulsar la inversión pública en proyectos tecnológicos, y más de 1.700 millones de euros de apoyo al sector audiovisual. En total las tres partidas suman 15.700 millones de euros. Para crear la SETT se ha usado la sociedad mercantil SEMyS, creada para impulsar el Perte Chip. Lo que ha aprobado el Consejo de Ministros es la transformación de SEMyS en la SETT, junto con el estatuto de la nueva entidad. “La SETT es un ente público empresarial que va a gestionar y coordinar las inversiones públicas en los ámbitos de innovación tecnológica”, según detalló el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en un comunicado. La SETT involucrará a los sectores tecnológicos de alto valor añadido y tomará las decisiones de presencia y financiación del Gobierno en proyectos con participaciones en empresas tecnológicas estratégicas.

El 80% de la plantilla de Vodafone España aceptó ayer las condiciones ofrecidas por la empresa en su última oferta del pasado lunes, por lo que el ERE será aprobado hoy por los sindicatos, que habían considerado insuficientes las contraprestaciones ofrecidas. La insatisfacción de los sindicatos les había llevado a no asumir la última propuesta empresarial y a delegar la responsabilidad de la aprobación a la asamblea de la plantilla que se celebró ayer. En total, votaron 2.289 empleados, de los que 1.821 –el 79,6%– refrendaron la propuesta empresarial frente a 468 votos que la rechazaron. El ERE supondrá la salida de 898 trabajadores de un total de 3.268 empleados, por lo que finalmente supondrá el despido de un 27,47% de la plantilla. Tras este proceso, por tanto, la plantilla de Vodafone España quedará por debajo de los 2.400 empleados (2.370 en total). En la reunión del lunes, la empresa realizó algunas concesiones adicionales, entre ellas un sistema de prejubilaciones para personal con más de 57 años –con 10 de antigüedad– que cobrará un 80% del salario regulador; también añadió una prima lineal de 3.500 euros para trabajadores con menos de 40.000 euros de sueldo; la prohibición del despido para mayores de 55 años y el compromiso de no hacer otro ERE hasta el 31 de diciembre de 2025.

El Banco Central Europeo (BCE) no tiene prisa. La autoridad monetaria se reúne mañana en Fráncfort en una nueva cumbre de política monetaria en la que todos cuentan con que no habrá rebaja de los tipos de interés. El precio del dinero permanecerá en el 4,25% que fijó en junio. Así lo han telegrafiado los miembros del Consejo de Gobierno en sus intervenciones públicas. Pese a que en las últimas semanas el optimismo respecto a la inflación ha mejorado de forma notable entre los representantes del BCE, la institución que preside Christine Lagarde ha asegurado que necesita todavía más confianza antes de recortar de nuevo las tasas. El banco central quiere darse un tiempo antes de avanzar en la senda de la relajación monetaria y julio será la primera muestra de ello. A diferencia de cuando subió los tipos, que el organismo actuó de forma rápida y contundente, la persistente inflación doméstica –que todavía ronda el 4%– ha llevado al BCE a diseñar una senda de relajación con pausas. La fortaleza del mercado laboral y la incipiente recuperación económica de la zona euro son los elementos que permiten a la institución con sede en Fráncfort tomarse su tiempo para decidir si vuelve a bajar o no los tipos en el corto plazo. 

Los grandes bancos de Estados Unidos han cerrado el segundo trimestre con los mayores beneficios en tres años gracias a la recuperación de las comisiones de banca de inversión y a las plusvalías extraordinarias. Esos factores han servido para contrarrestar la presión sobre el margen de intereses derivada del mayor precio del pasivo, de las nuevas contribuciones para hacer frente al rescate de las entidades que entraron en crisis el año pasado y de unos costes que crecen más de lo previsto. El beneficio agregado de las seis entidades más destacadas (JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Morgan Stanley) se ha disparado un 17%, hasta los 38.555 millones de dólares (unos 35.400 millones de euros), en el segundo trimestre del año, según las cuentas presentadas por las entidades. El resultado agregado está algo distorsionado por las plusvalías extraordinarias logradas por JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, por la venta de acciones de Visa. La entidad dirigida por Jamie Dimon logró un resultado histórico de 18.149 millones de dólares, con un aumento del 25%, gracias a los extraordinarios de 7.900 millones por Visa y pese a destinar 1.000 millones de esas plusvalías a la fundación del banco. El resultado agregado de las seis entidades se queda algo por debajo del beneficio que lograron en el primer trimestre de 2021, al calor de la recuperación de la crisis de la pandemia, cuando sus negocios de banca de inversión y sus ganancias en la negociación de bonos y acciones permitieron a los grandes bancos de Wall Street lograr beneficios récords.

El presidente eligió a J. D. Vance por su conexión y su buena imagen en televisión «Es un bien seguro», consideran todos los delegados presentes. Poco antes de que J. D. Vance se subiese ayer al escenario del pabellón del Fiserv, en Milwaukee, donde se celebra la convención del Partido Republicano, para ensayar su debut como vicepresidente de Trump, Vivek Ramaswamy se paseaba por delante con una cara mucho más seria. El excandidato presidencial, que algunos vieron como alternativa a Trump, se sumó rápidamente a su equipo tras la apabullante victoria de Iowa, con la esperanza de que su lealtad fuera recompensada con el puesto que acaba de llevarse Vance, una versión mejorada de él mismo. Ambos son jóvenes (Ramaswamy cumple los 39 de Vance en dos semanas). Son los primeros millennials en llegar a la órbita de la Casa Blanca, se han graduado en Derecho por la prestigiosa Universidad de Yale, están conectados con Silicon Valley, donde han hecho carrera financiera, y por tanto movilizan las donaciones de multimillonarios de la industria tecnológica. Brillan en los debates con respuestas ágiles. Conocen el mundo del dinero, proponen recetas para rescatar a la clase trabajadora que sigue a Trump y tienen bellas esposas que conocieron en el campus. Pero Vance tiene la piel blanca, es mucho más apuesto que el empresario de origen indio y da mejor en televisión, ha comentado el magnate en privado. «¡Esos ojos azules!», ha admirado, siempre fascinado por la raza anglosajona. En los últimos meses, fuentes del ‘New York Times’ dicen que le ha impresionado por cómo ha mejorado su aspecto. La barba más recortada, el traje le sienta bien y esa sonrisa de dentífrico dispuesta a conquistar América. Ayer empezó en la arena del Fiserv, donde arranca suspiros a su paso. «Ha sido una elección brillante», aplaude Marc Ivanyo, director ejecutivo de los Republicanos por la Renovación Nacional. «No podíamos pedir nada mejor. Es sólido en las materias y se alinea igual de bien con la visión del presidente Trump. Es un buen seguro para los republicanos».