20240202

La AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un organismo tutelado por la Unión Europea y cuya principal misión es la vigilancia de las finanzas públicas, ha situado al País Vasco a la cola del crecimiento económico en la recta final de 2023. En concreto, en el cuarto trimestre del ejercicio pasado, periodo para el que ha calculado que el PIB vasco aumentó tan solo el 1,3%. El organismo que preside Cristina Herrero ha hecho esta aproximación al crecimiento regional en España a partir de un dato más general, el de la evolución del PIB español calculado por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Según este organismo, en el cuarto trimestre de 2023 el aumento del valor de los productos y servicios generados en España creció el 2%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. A partir de ese dato y de algunos indicadores mensuales como las ventas minoristas, el consumo de combustibles, las autorizaciones de nuevas viviendas o la demanda de crédito –utiliza 11 índices en total–, anticipa un reparto regional de ese crecimiento. Y las diferencias son importantes. Así, según la AIReF la economía vasca fue la menos dinámica en el cierre del año, en lo que cabe interpretar como un efecto directo de la desaceleración europea y con ello de las exportaciones industriales. Un mercado clave para la economía vasca, que si bien no ha llegado a entrar en crisis sí que está deprimido y en especial en lo que afecta la industria. Sin embargo, ese 1,3% de crecimiento contrasta con las regiones que tienen en el turismo su principal fuente de riqueza, porque ahí es donde ha estado el epicentro de los aumentos más acusados en el PIB.

La emblemática marca comercial de Ibermática desaparece tras más de medio siglo. La multinacional sevillana Ayesa, que adquirió al proveedor de servicios tecnológicos e informáticos con sede en el parque donostiarra de Miramon en agosto de 2022, ha culminado la operación con la absorción definitiva de Ibermática. A partir de ahora operará en un grupo que actuará en el mercado bajo la denominación de la ingeniería sevillana. De hecho, en breve se procederá a sustituir los carteles de la sede central de la capital guipuzcoana por los nuevos logos de Ayesa. En cualquier caso, la firma garantiza la continuidad del trabajo de Ibermática en Euskadi y de sus trabajadores y proyectos, amén de mantener su sede en el parque tecnológico donostiarra. Además, como muestra de su apuesta por el «arraigo en Euskadi», Ayesa ha puesto en marcha Ibermática Fundazioa en el País Vasco, para mantener viva la denominación histórica creada hace 51 años y que ha sido un referente. La actividad de esta fundación pivotará en torno a cuatro grandes pilares: la I+D+i del grupo, que a partir de ahora se impulsa desde el País Vasco; la formación en Tecnologías de la Información, con su Junior University y acuerdos con centros de FP y universidades principalmente; el empleo, con un nuevo Centro Especial de Empleo para la inclusión laboral en el sector de personas con diversidad funcional; y la Responsabilidad Social Corporativa. Con la desaparición de la marca comercial, Ibermática cierra un ciclo que inició en 1973 en San Sebastián y que creció hasta ser una referencia en la provisión de servicios como la aplicación digital de Kutxabank, la solicitud de cita ‘online’ en Osakidetza o la implantación del sistema de facturación electrónica, Ticket Bai.

Siemens Gamesa anunció ayer la venta del 32% que tenía hasta ahora en la firma asturiana Windar, especializada en la construcción de estructuras de soporte de los aerogeneradores marinos. El comprador ha sido el fondo Bridgepoint, que ya en mayo del pasado año se había hecho con el control de la empresa tras adquirir una participación mayoritaria a sus fundadores, la familia Alonso Villarón. Con esta operación Siemens Gamesa consigue hacer algo de caja en un momento especialmente delicado para la compañía, no solo por las pérdidas multimillonarias que arrastra, sino también porque aún se encuentra en plena ‘travesía en el desierto’. Los problemas técnicos detectados en sus aerogeneradores terrestres 4.X y 5.X han obligado a paralizar su producción y también las ventas, al tiempo que han desencadenado un importante quebranto económico en compensaciones por las averías o las demoras en las entregas a los clientes. Por el momento no se ha dado a conocer el importe de la venta de Windar, pero expertos en el sector eólico sitúan la operación en una cifra superior a los 300 millones de euros. Siemens Gamesa ya ha aclarado que Windar seguirá siendo un proveedor habitual de la compañía en sus operaciones de generación eléctrica en alta mar.

El presidente de la compañía CIE Automotive, Antón Pradera, se mostró ayer partidario de que los fondos de inversión que toman participaciones en empresas «tengan también vocación industrial y no solo financiera» con el objetivo de evitar «los pelotazos a corto plazo». En un encuentro organizado por la sociedad Elkargi y en un diálogo con su director general, Zanón Vázquez, Pradera desgranó algunos detalles de la filosofía de gestión de CIE y abogó por compañías muy descentralizadas en su gestión.

Ayer arrancó el primer plan de pensiones sectorial que puede beneficiar en el corto plazo a un millón de trabajadores por cuenta ajena y 400.000 autónomos. Se trata del primer gran plan de pensiones sectorial respaldado por un convenio colectivo –el VII Convenio General de la Construcción– que desarrolla la nueva regulación que puso en marcha el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al crear la figura de los planes de pensiones de empleo simplificados. La Fundación Laboral de la Construcción, formada por la Confederación Nacional de la Construcción, CC OO y UGT, ha sido la primera entidad partícipe del plan de pensiones de empleo simplificado. Dicho plan se ha integrado en el fondo de pensiones que gestionará VidaCaixa y que ha empezado a recibir las contribuciones de grandes constructoras y de pymes y autónomos desde ayer. Las empresas tienen hasta el 30 de abril para realizar las contribuciones correspondientes a 2022, 2023 y enero de 2024. Estas aportaciones tendrán un carácter mensual y se abonarán al mes vencido.

Desde el pasado mes de diciembre, Cebek, Confederación Empresarial de Bizkaia, está tramitando la creación de una EPSV de empleo que dé respuesta a los compromisos derivados del convenio de la construcción firmado el pasado mes de noviembre de 2023, así como a los posibles futuros compromisos que puedan derivarse de la firma de otros convenios colectivos en territorio vizcaíno. Si bien el secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu, ha señalado que “este compromiso se limita, a día de hoy, al sector de la construcción, desde Cebek entendemos que la figura de la EPSV de empleo puede generalizarse en el futuro, por lo que hemos considerado que somos nosotros quienes debemos poner en marcha esta configuración en Bizkaia”. Desde Cebek y las asociaciones que la configuran se negocian un total de 20 convenios colectivos que afectan a más de 140.000 trabajadores, lo que representa el 87% de los trabajadores afectados por los convenios colectivos sectoriales provinciales. Respecto a la petición fiscal, Azpiazu subraya cómo ya se ha trasladado tanto al Gobierno como a la Hacienda Foral y aunque todavía no se tenga respuesta, desde Cebek consideran que se está trabajando en ello. A juicio de Azpiazu, “esta reclamación fiscal resulta un elemento sustancial”. 

Tras cerrar un 2023 en el que las ventas de coches registraron una notable recuperación, tanto en el mercado vasco (un 11% más respecto a 2022) como en el conjunto de España (un 17% más), el inicio de este 2024 ha seguido esa senda de crecimiento en el número de matriculaciones, aunque con más fuerza en Euskadi que en el resto del país. Así, en enero se vendieron en el País Vasco 1.938 automóviles y todoterrenos nuevos, lo que supone un aumento del 19,6% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos hechos públicos ayer por las patronales del sector, Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores). Ese incremento casi triplica el experimentado en el conjunto de España, donde se matricularon 68.685 unidades, un 7,3% más que en enero de 2023, y sitúa a Euskadi como la segunda comunidad autónoma con un mayor aumento de las ventas, solo superada por el 23,1% de crecimiento que registró La Rioja. Lo que también continuó su senda ascendente en enero fue la compra de coches con propulsiones alternativas a los puros motores de combustión. En este sentido, el 55,8% (1.082 unidades) de los coches vendidos en Euskadi el mes pasado fueron eléctricos –puros o no–, híbridos –enchufables o no–, de hidrógeno o propulsados con otros gases. Por contra, los de gasolina, que siguen poco a poco a la baja, solo fueron el 36% de los comercializados (698 unidades), mientras que los diesel empiezan a ser marginales, ya que solo se vendieron 158 unidades, el 8,1% de todos los matriculados en el primer mes de este año en el País Vasco.

Entrevista con Juan Mancisidor, director de Fabrika. El centro de alto rendimiento impulsado por Adegi para fomentar la nueva cultura de empresa, acaba de cumplir su primer aniversario de funcionamiento a pleno rendimiento. Durante este año de intensa actividad ha trabajado con más de 60 organizaciones de muy diversos perfiles y más de 600 personas han participado en sus dinámicas. Tiene en cartera atraer compañías de Gipuzkoa y de Euskadi para que puedan participar y sacar más partido de Fabrika. A estas iniciativas sumarán colaboraciones con una empresa de Álava, proyectos en Madrid y sesiones con empresas multinacionales. Otro foco de actividad esta dirigido a la formación con la puesta en marcha de la segunda promoción de la escuela de facilitadores. Su director, Juan Mancisidor, repasa los principales hitos logrados durante este primer ejercicio de actividad. ".... Otro aspecto destacado ha sido el alto nivel de satisfacción obtenido entre los participantes. De hecho, en las notas de las encuestas que les pasamos hemos obtenido un 9 de media y muchos reconocen lo mucho que les está ayudando el trabajo que hacen en las sesiones. Estamos muy contentos por la actividad desarrollada y la satisfacción mostrada por las organizaciones. Ha sido un muy buen comienzo...Lo que buscan es mejorar aspectos como la manera que tienen de relacionarse en la empresa y en el trabajo en equipo, para, mejorando esa manera de relacionarse y teniendo una mejor comunicación, participación y liderazgo, ser capaces de ser más efectivos en su trabajo. Muchos equipos, ante la irrupción de nuevos retos y proyectos, sienten que quieren cohesionar al equipo y trabajar cómo gestionar ese cambio..."

Los nuevos incentivos fiscales para los rodajes audiovisuales aprobados en Bizkaia han provocado un desplome de las producciones en Gipuzkoa a cifras de años de pandemia. El año pasado se registraron 77 rodajes en el territorio, que dejaron una inversión de cinco millones. En Bizkaia, en cambio, en 2023 acogieron doce películas con 78,7 millones de inversión. No por previsible deja de ser llamativo el descenso en el número de rodajes en Gipuzkoa que han provocado los nuevos incentivos fiscales aprobados por Bizkaia el año pasado. Los efectos de las medidas implementadas en el territorio vecino han devuelto al guipuzcoano a cifras de rodajes propias de los años de la pandemia e incluso se sitúa por debajo en cuanto a impacto económico. Así, Gipuzkoa acogió 57 rodajes en 2023, con un impacto de cinco millones de euros, según datos provisionales de la San Sebastian-Gipuzkoa Film Commission. En 2022, fueron 68 los rodajes, que dejaron trece millones de euros, mientras que en 2021 las 56 producciones realizadas en Gipuzkoa supusieron siete millones de euros de inversión. Incluso en 2020, el año en el que casi todo se interrumpió por la pandemia de coronavirus, el impacto económico fue mayor que en 2023: seis millones de euros invertidos en 43 producciones. A la espera de que las Juntas Generales aprueben con carácter retroactivo desde el 1 de enero la nueva fiscalidad que armonizará los incentivos del territorio con los de Bizkaia, las cifras reflejan que Gipuzkoa acusó el atractivo económico que ha supuesto la medida implementada en el territorio vecino desde el 1 de enero del año pasado.

La Diputación de Álava precisa «de forma urgente» un «replanteamiento generalizado de toda la estructura existente, rompiendo con el modelo actual». Esta es una de las principales conclusiones que arroja un análisis encargado a la empresa Consultores de Gestión Pública por la propia Administración foral, consciente desde hace tiempo de que su organigrama precisa de cambios y mejoras. «La estructura no responde a un modelo racional y ordenado de crecimiento que garantice mayor flexibilidad y capacidad de adaptación, ni tampoco que responda a la necesidad de hacer más con menos. Tanto es así que, en los últimos tiempos, la estructura ha terminado asemejándose a un reino de taifas», equipara el documento de carácter interno. Este extensísimo informe interno analiza en profundidad la administración general de la Diputación, es decir, la labor que desempeñan los 953 funcionarios que se reparten en los diez departamentos que componen el sistema foral, entre los que Hacienda es el más numeroso. No se incluyen entidades como el Instituto Foral de Bienestar Social, que tiene una plantilla de 1.100 profesionales para la gestión de residencias o centros de atención diurna. La compañía contratada ha tenido acceso a toda clase de documentación interna y también entrevistó a 75 cargos técnicos, que no políticos. Las conclusiones son sorprendentemente críticas porque –confiesan– el objetivo era detectar las «principales debilidades» del sistema organizativo y no las bondades. Alerta sobre la ausencia de una configuración funcional, una ineficiente distribución de efectivos, una falsa creencia de organización moderna, una débil coordinación, una carencia de estrategia a medio-largo plazo y así hasta sumar 16 cuestiones a mejorar. «Los retos que están planteando las nuevas tecnologías no pueden abordarse con las mismas políticas y enfoques de personal de los años ochenta y noventa». 

En abril, el Ministerio de Industria subió a este tren con el lanzamiento de un proyecto piloto: planteó una serie de ayudas a empresas industriales que recortasen la jornada a cuatro días. Pero no termina de arrancar. El propio ministerio se dio un plazo máximo de cinco meses en mayo para resolver los destinatarios de las ayudas. Es decir, se esperaba una resolución en octubre. Más de tres meses después, aún no hay novedades. Fuentes del ministerio explican que este retraso se debe a las elecciones generales de julio y el cambio al frente del ministerio, antes en manos de Héctor Gómez y ahora en las de Jordi Hereu. También ha cambiado la dirección del organismo que diseñó estas ayudas, la Escuela de Organización Industrial, ahora bajo la coordinación de la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró. Asimismo, las mismas fuentes señalan que en “las próximas semanas” se resolverá este retraso y que se notificará a las empresas beneficiarias. Este proyecto parte de un acuerdo de 2021 entre el Gobierno y Más País, ahora integrado en el grupo parlamentario de Sumar.

Los estudiantes de más de una docena de centros públicos de Formación Profesional (FP) de Madrid no están en las aulas, están en huelga porque en sus institutos ya les advirtieron que es posible que no haya plazas suficientes para que todos comiencen sus prácticas en marzo. Si los alumnos no cumplen ese módulo FCT (Formación en Centros de Trabajo), quedan en el limbo: ni pueden titularse ni pueden trabajar en lo que estudiaron. La crisis, que comenzó en el instituto San Juan de la Cruz de Pozuelo de Alarcón, se ha extendido a otros centros que, en enero, se han organizado en la plataforma estudiantil FP sin prácticas, que concentra a más de 600 alumnos de 14 centros. El sindicato de estudiantes, además, también se ha sumado a las denuncias y huelgas que completan una semana. Los jóvenes, en su mayoría de programas sanitarios, se han concentrado en dos manifestaciones, una frente a la Consejería de Educación el martes y otra ayer frente a la Asamblea de Madrid. A esta última asistieron alrededor de 200 personas, según datos facilitados por la Delegación de Gobierno. “La FP no se vende, se defiende”, “El PP destruye la FP” o “No son errores, son recortes” son algunos de los cantos que se escucharon en la mañana de ayer frente a la Asamblea de Madrid. Celia del Barrio, portavoz del sindicato de estudiantes, llegó primero a encender el megáfono y recibir a los manifestantes. “No puede ser que alguien se matricule y no sepa si va a terminar su educación o no”, criticó Del Barrio, para agregar: “Cada año se va disminuyendo la oferta. Antes eran problemas individualizados, pero ahora se ven, por ejemplo, clases de 50 estudiantes con 10 plazas para prácticas. Es un mensaje de ‘tomad estas migajas y mataros por ellas”.

Banco Sabadell ha cerrado en 2023 el mejor ejercicio de su historia. El grupo catalán ha obtenido un beneficio de 1.332,2 millones de euros en el conjunto del año, un 55,15% más que el ejercicio anterior, según comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los inversores reaccionaron a estos resultados con una bajada del 2,86% en la sesión. Con estos guarismos, Sabadell ha impulsado la remuneración a sus accionistas. El banco mantiene una política de pay out (parte del beneficio que se destina a repartir entre los inversores) del 50%. Por un lado, la entidad ha aprobado un pago de tres céntimos por título a sus accionistas, que se suma a los tres céntimos ya abonados en diciembre. En total, distribuirá seis céntimos a cargo del ejercicio de 2023, un 50% más que el año anterior. Por otro lado, la entidad ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones por 340 millones. Las fuertes subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo desde julio de 2022 han ayudado a la mejora de los ingresos de las entidades. En el caso de Sabadell, su margen bruto aumentó un 13,2%, hasta los 5.862 millones. Se vio favorecido por el margen de intereses (+24,3%), que sumó 4.723,2 millones. Los ingresos por comisiones cayeron un 7%, ya que el banco ha adoptado una política de eliminar comisiones a los clientes por su operativa básica.

UGT, CC OO y FINE han convocado las primeras movilizaciones ante el bloqueo en las negociaciones con las patronales de banca, antiguas cajas de ahorro y cooperativas de crédito. De esta forma, los representantes de los trabajadores han convocado una manifestación en Madrid el 8 de febrero, un paro parcial de dos horas el lunes, 26 de febrero y, en caso de que no se produzcan avances, una huelga de 24 horas el 22 de marzo. “A pesar de nuestra apuesta por una negociación rápida que aporte soluciones inmediatas a la pérdida de poder adquisitivo de las plantillas, y que se hiciese antes de publicar los beneficios récord de 2023, de los que ya tenemos avances, las patronales y empresas del sector financiero han apostado por propuestas a años luz de esos beneficios, del incremento de retribuciones de la alta dirección, de los dividendos de sus accionistas y, sobre todo, de lo que reivindican y merecen sus trabajadoras y trabajadores”, expresaron las tres organizaciones sindicales en un comunicado conjunto. Sindicatos y patronales llevan negociando los nuevos acuerdos sectoriales desde finales de 2023, pero las posturas se mantienen muy alejadas. El principal escollo está en la subida salarial. Las fuerzas laborales buscan un aumento de entre el 17% y el 23% en tres años, en función de la inflación y los resultados. Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB) ofrece una subida del 7%; la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), del 5%, y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), del 8%.

La cesta de la compra básica es, a día de hoy, casi un 20% más cara que en enero de 2023, cuando entró en vigor la rebaja del IVA de los alimentos. A pesar de que los productos de primera necesidad llevan un año soportando menos impuestos, la medida aprobada por el Gobierno para amortiguar el impacto de la inflación sobre las economías de los hogares ha quedado diluida por la escalada de los precios y prácticamente no se deja sentir en el bolsillo. El ticket medio de una compra básica asciende actualmente a 35,81 euros. Este carrito incluye alimentos con IVA rebajado del 4% al 0%, como leche, huevos, plátanos o arroz, y otros con IVA rebajado del 10% al 5%, como aceite de oliva o macarrones. La misma compra, hace un año, salía por 30,11 euros. Es decir, estamos pagando un 18,93% más por los mismos productos que en enero de 2023, cuando los supermercados ya les habían aplicado el descuento impositivo. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) lleva más de un año haciendo seguimiento a los precios de una serie de productos básicos en cinco supermercados: Alcampo, Carrefour, Dia, El Corte Inglés y Mercadona. En concreto, desde finales de diciembre de 2022, antes de la aplicación de la rebaja del IVA, cuando la cesta media costaba 33,67 euros. El 2 de enero de 2023, con la medida ya en vigor, el ticket medio en estas cinco cadenas se abarató hasta los 30,11 euros, y el 29 de enero de este año ha alcanzado los 35,81 euros. La información recopilada por Asufin permite analizar el impacto de la reducción del IVA de los alimentos, una de las medidas estrella del escudo antiinflación del Gobierno, justo un año después de su puesta en marcha. Y la conclusión es clara: la bajada de impuestos no ha surtido el efecto previsto por el Ejecutivo. 

El grupo Volkswagen ha creado su propia compañía de productos digitales basados en inteligencia artificial (IA) llamada AI Lab, que actuará como centro de competencia e incubadora, detalló la compañía alemana en un comunicado este jueves. El fabricante de automoción explica que los productos digitales basados en inteligencia artificial (IA) desempeñarán un papel clave para el grupo Volkswagen. Entre las nuevas aplicaciones que se desarrollarán habrá de infoentretenimiento y navegación, reconocimiento de voz de alto rendimiento, funciones avanzadas del vehículo y la profunda integración de los ecosistemas digitales en el automóvil, que “aportarán considerables beneficios a los clientes, mejorando la experiencia del producto”. AI Lab identificará nuevas ideas de productos para el grupo Volkswagen y las coordinará internamente dentro del grupo. Cuando surja la necesidad, también colaborará con el sector tecnológico de Europa, China y Norteamérica. Al adoptar este enfoque, Volkswagen pretende simplificar la colaboración con las empresas tecnológicas con vistas a aprovechar al máximo el potencial de innovación y la velocidad del sector de la inteligencia artificial.