20241228

Los empresarios alaveses han mostrado su temor a que Talgo, que cuenta con una importante factoría en la localidad de Rivabellosa, acabe bajo el control de la empresa pública polaca Pesa y ello signifique una deslocalización de la actividad industrial y también de las compras a proveedores vascos. Así lo han transmitido esta semana la patronal alavesa SEA y la Cámara de Comercio del territorio en un conjunto de cartas que han remitido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; al lehendakari, Imanol Pradales; al ministro de Industria, Jordi Hereu; al consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi y al diputado general de Álava, Ramiro González. El mensaje de las misivas es directo: que hagan todo lo posible para impedir esa entrada de capital público extranjero en una empresa que consideran estratégica y que, en sentido contrario, mantengan su respaldo a la propuesta realizada por el empresario vasco José Antonio Jainaga. «Desde SEA y la Cámara de Comercio de Álava, queremos hacerte llegar nuestra enorme preocupación por los recientes rumores de la entrada de capital polaco en Talgo y las pésimas consecuencias que esto supone para Álava y para toda Euskadi», señalan los empresarios en la misiva enviada a Pradales, en la que también dan cuenta de los mensajes remitidos al resto de responsables institucionales. Así, recuerdan que Talgo tiene más de 400 proveedores vascos y da empleo, directo e indirecto, a unas 5.000 personas en Euskadi. «La noticia de que PESA, una empresa propiedad de la SEPI polaca, es decir, con capital 100% público, está interesada en comprar Talgo nos ha puesto en estado de alarma. Y nos preocupa especialmente por dos motivos: primero, perderíamos la sede y su fuerza en Álava, y, en segundo lugar, pondría en riesgo toda su capacidad de compra actual en el entorno», indican la patronal SEA y la Cámara de Comercio de Álava, instituciones que presiden Juan Antonio Sánchez Corchero y Gregorio Rojo, respectivamente. «No tenemos dudas de que una empresa pública polaca ‘favorecerá’ la compra a proveedores polacos en lugar de a proveedores vascos. Eso supondría que dejaríamos de tener contratos con Talgo y la consiguiente pérdida de actividad y empleo, hasta su posible desaparición», apostillan. «Te pedimos, lehendakari, que hables con el Gobierno de España para impedir esta operación y la compra de una empresa esencial y estratégica para Euskadi, y evitar convertirla en una empresa polaca con todo lo que eso supone para todos», señalan en su carta. 

La empresa vasca Basquevolt espera lanzar al mercado las baterías de estado sólido a partir de 2027. Antes de unirse a Basquevolt, Francisco Carranza (Sevilla, 48 años) ocupó puestos relevantes en las empresas de automoción más importantes de Europa. Vivía en París, adonde emigró para desarrollar su carrera, y allí trabajó en Nissan, Renault, Peugeot o Citroën. Fue vicepresidente de ACC, una compañía creada conjuntamente por Stellantis, Mercedes-Benz y Saft para la fabricación de celdas de batería. Hasta que, en 2022, le llamaron desde País Vasco para dirigir una startup con un equipo de científicos liderado por Michel Armand, uno de los padres de la batería de litio moderna. Dijo que sí. Dos años después, Basquevolt –con el 25% del capital público y 85 empleados–, tiene una batería de litio en estado sólido que, según Carranza, puede cambiar el mundo. Ya han entregado la primera versión a varios fabricantes de coches, desvela en esta entrevista realizada en The Business Booster, una feria tecnológica celebrada en octubre en Barcelona por EIT InnoEnergy. La firma, que no revela datos de producción ni facturación, prevé tener el producto listo para la venta a partir de 2027. "Europa tiene una capacidad de innovación enorme, pero nos cuesta mucho convertir esa I+D en industria; falta agilidad...Necesitamos más inversión en proyectos como este, en tecnologías disruptivas...Las baterías de estado sólido representan un avance crítico en eficiencia. Permiten almacenar más energía en menos espacio, reduciendo el coste y el peso. En comparación con las baterías de litio tradicionales, que apenas han evolucionado desde los ochenta, reducen un tercio el peso, el volumen y el coste, manteniendo la misma capacidad energética...Es una frontera tecnológica extremadamente compleja. Almacenar más energía en menos materia nos obliga a ir al límite de lo que la humanidad sabe sobre materiales y electroquímica. Resolver este problema requiere de una colaboración científica e industrial de alto nivel. No basta con tener grandes científicos. Uno de los retos más grandes que tenemos es coordinar al mundo científico con el industrial. Son dos lenguajes diferentes: el científico busca entender los materiales en un laboratorio, mientras que el ingeniero necesita productos que puedan fabricarse a gran escala y a costes competitivos..."

Euskadi superó el pasado año las 22.800 personas dedicadas a labores de investigación, lo que supone un aumento del 3% respecto al ejercicio anterior. De todas ellas, más de 15.000 lo hacen a jornada completa, consolidando al alza el número de investigadores. Estas cifras indican que más del 2% de la población activa del País Vasco se dedica total o parcialmente a labores de investigación, situando a la Comunidad Autónoma Vasca a la cabeza a nivel estatal. «La producción científica en Euskadi ha aumentado tanto en cantidad como en calidad», subrayó ayer el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, José Ignacio Pérez, en la rueda de prensa en la que se presentó el ‘Informe sobre la Ciencia en Euskadi en 2024’, en la que estuvo acompañado por la directora de investigación Amaia Esquisabel, la directora de política y coordinación Universitaria, Sara Urionabarrenetxea y el director científico de Ikerbasque, Fernando Cossio. Este crecimiento ha sido posible gracias a varios factores, entre los que destacan «un sistema universitario capaz de generar nuevos doctores, el creciente atractivo de Euskadi a nivel internacional como polo de investigación y la consecuente atracción de personal investigador que ello conlleva». A pesar de ello, el incremento de la población investigadora de Euskadi no ha contribuido a reducir significativamente la brecha de género, ya que el porcentaje de mujeres apenas alcanza el 35%. «Existe y persiste una desigualdad de género en la ciencia», incidió Urionabarrenetxea, quien puso de manifiesto el «efecto tijera» en lo que respecta al desarrollo de la carrera investigadora y el acceso a puestos de máxima responsabilidad. Sin ir más lejos, más del 70% de las cátedras estaban ocupadas por hombres en el curso 2022/2023.

La multinacional tecnológica estadounidense IBM se incorporó ayer al Patronato del Donostia Internacional Physics Center (DIPC) de San Sebastián tras una reunión presidida por el lehendakari, Imanol Pradales, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el director general de IBM España, Horacio Morell, el presidente del DIPC, Pedro Miguel Etxenike, y el alcalde de Donostia, Eneko Goia. Con esta incorporación se refuerza la «estrecha colaboración» entre IBM y DIPC, que «se remonta a décadas atrás», glosó Pradales. Precisamente la multinacional prevé instalar en la capital guipuzcoana en 2025 su superordenador cuántico, en el nuevo edificio en Ibaeta, entre el edificio Korta y el Nanogune. Será el sexto ordenador de este tipo en el mundo y el segundo de la Unión Europea. El responsable del Gobierno Vasco destacó la incorporación al Patronato del DIPC de la multinacional tecnológica IBM, como «un referente internacional en la investigación en ciencia de materiales y ciencias computacionales, entre otros campos». Para el Ejecutivo vasco, «esta decisión refuerza el compromiso de IBM con Euskadi y se alinea con la apuesta estratégica del Gobierno Vasco por las tecnologías cuánticas, promovida a través de Basque Quantum-BasQ e Ikerbasque». El Centro de Computación Cuántica IBM-Euskadi, anunciado en 2023, incluye la instalación del citado ordenador cuántico de IBM en el edificio de Ikerbasque, situado a pocos metros del DIPC.

La innovación empresarial nos lleva a pensar en el desarrollo de productos tecnológicamente avanzados, en sistemas de fabricación y producción más eficientes, en nuevos materiales... pero abarca mucho más, pudiendo implementarse en todos los niveles de la organización. Y esa es la apuesta de Salto, empresa con sede en Oiartzun convertida en referente, no solo de las soluciones inteligentes de control de accesos, sino también en la implementación de una estrategia de innovación que ejerce como palanca en la toma de decisiones y de crecimiento, abarcando ámbitos de gran relevancia como la sostenibilidad. Salto aborda la sostenibilidad desde un prisma innovador pionero en el territorio y con un enfoque integral que trasciende la propia empresa para abordar los retos que tiene el conjunto de la sociedad. Para ello, cuenta con una hoja de ruta propia que, bajo el nombre Estrategia ESG, se vertebra en tres ejes: Enviroment (medioambiente), Social y Gobernanza. En palabras del CEO de Salto, Marc Gómez, «trabajamos para transformar nuestro mundo hacia un planeta más sostenible, poniendo el foco en la inclusión social y la protección medioambiental; una responsabilidad que se extiende más allá del ámbito de nuestros objetivos empresariales y que refleja nuestro compromiso con los principios de la economía circular».

CCOO y UGT han alcanzado un preacuerdo con SEA-Uneca para el convenio de la construcción de Álava, que cubre a más de 10.000 trabajadores del sector y que tendrá una vigencia de tres años (2024-26) con incrementos salariales y reducción de la jornada anual. En una nota, CCOO ha explicado que el preacuerdo se ha logrado tras un año de "complicado proceso negociador". Recoge incrementos salariales del 2 % en el 2024, del 3 % en el 2025 y del 3 % en el 2026, con una clausula de garantía de los IPC de estos tres años "sin ningún tipo de tope". La jornada anual se reduce en 8 horas y queda en 1.712 para el 2026. En caso de cambio normativo la jornada semanal de 37,5 horas se adaptaría en 2025. Asimismo, se adecuan los permisos y licencias a la legislación vigente, se genera uno nuevo para víctimas de violencia de género y se introduce una mejora en el acompañamiento para familiares de primer grado con tratamientos crónicos. El preacuerdo cuenta con el rechazo de ELA, que alega que no garantiza que las subidas salariales se liguen al IPC con carácter retroactivo, lo que supone pérdida de poder adquisitivo. Esta central considera además que el resto de lo firmado tampoco es positivo ya que, a su juicio, no se ha logrado ninguna medida para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la construcción, "que trabaja en condiciones precarias y con gran cantidad de accidentes de trabajo"

La actividad congresual registrada en los últimos meses en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria ha llevado al equipo de gobierno municipal, comandado por Maider Etxebarria, a estudiar «la habilitación de una nueva sala en la parte superior» del recinto para que este equipamiento pueda tener una mayor capacidad de cara a años venideros. «Va a batir su récord con casi 100.000 congresistas en 2024 y en muchas ocasiones se está quedando pequeño», remarcó. «Hay zonas del Palacio Europa sin habilitar en la parte de arriba y en eso estamos trabajando. Primero en buscar financiación y también ver desde la parte técnica cuáles son las posibilidades para, cuanto antes, habilitar una nueva sala para albergar la máxima cantidad de eventos y congresos», detalló la alcaldesa. Este plan de incrementar la capacidad de asientos del recinto se engloba dentro de la idea del gabinete Etxebarria de potenciar el Palacio Europa como un referente en el mundo congresual. «Hemos querido centralizar su actividad solo en congresos porque es muy interesante por su repercusión en la hostelería, el comercio y la vida en las ciudades. Es interesantísimo tener congresistas nacionales e internacionales y en eso estamos trabajando con éxito, como se vio con el Congreso Internacional de Víctimas organizado por la ONU y ahora hay numerosas peticiones», aseguró Etxebarria. Concretamente el recinto de la Avenida ha albergado a lo largo de este 2024 un total de 275 eventos. 

Álava aprobó el pasado lunes el proyecto de norma foral que recoge la propuesta de cambios legales en el IRPF y también en el Impuesto de Sociedades. Bizkaia lo hizo el jueves y Gipuzkoa, ayer. Pero 2025 comenzará con una cierta inseguridad jurídica para los contribuyentes vascos –ciudadanos y empresas, todos a una–, porque esa normativa, de momento, tan solo es una propuesta que requiere la aprobación de las respectivas juntas generales. En Álava y en Gipuzkoa los ejecutivos forales de coalición PNV y PSE, además, no tienen una mayoría parlamentaria suficiente, de ahí que estén obligados a buscar el respaldo de una tercera fuerza política para garantizar la reforma. Una obligación que refuerza la idea de que estamos ante un proyecto de norma fiscal «sometido a cambios». El retraso acumulado en la tramitación de este cambio en el IRPF y Sociedades en el País Vasco es brutal. Tanto que acerca la idea de que se ha tratado de una dilación táctica para evitar que esa negociación política imprescindible en Álava y Gipuzkoa –innecesaria en Bizkaia donde PNV y PSE sí tienen mayoría absoluta– no se solapase con la de los presupuestos forales, que por lógica se consideraba prioritaria. Los ejes fundamentales del proyecto de nueva normativa fiscal giran en torno a la rebaja de la presión fiscal para las rentas más bajas –estarán exentos de presentar la declaración quienes ganen menos de 19.000 euros anuales–; un mayor respaldo a los jóvenes –pasan a ser considerados como tales los menores de 36 años–, que tendrán más deducciones adicionales para la compra y alquiler de vivienda; ayudas para la compra de vehículos no contaminantes, así como ventajas para quienes decidan cobrar sus planes de pensiones privados en forma de renta y no como rescate único, que llevarán a la exención total de los rendimientos financieros que hayan generado. Además se ha incrementado la presión fiscal sobre las rentas del capital y las plusvalías. En el Impuesto de Sociedades los cambios fundamentales afectan al aumento de las deducciones por inversión en instalaciones que rebajen las emisiones a la atmósfera, además de una deducción para incentivar los planes de pensiones de empleo, aquellos en los que las aportaciones las realizan trabajadores y empresa. Por otra parte, la patronal vasca Confebask ya ha destacado que esta propuesta le parece «una oportunidad perdida», ya que han sido desechadas la práctica totalidad de sus ideas –quince medidas concretas– que deberían servir para impulsar la inversión en Euskadi, así como la tracción y retención del talento profesional.

El año 2024 ha sido un año de cambios en la política vasca. El principal ha venido provocado por el relevo del lehendakari Iñigo Urkullu, que después de tres legislaturas ha dejado el timón. Un hombre de su estilo, profesor de Sociología de la Universidad de Deusto y diputado foral en varias ocasiones en Bizkaia ha sido el encargado de sustituirlo. Imanol Pradales, a sus 48 años, ganó las elecciones autonómicas de abril y empató a 27 escaños con EH Bildu, que ha crecido como segunda fuerza y aspira a dar el ‘sorpasso’ en unas próximas elecciones. Pradales es una de las novedades del año. Hijo de una familia de origen burgalés de la Margen Izquierda, representa a una nueva generación que aspira a ampliar el autogobierno vasco para mejorar el bienestar económico y social de la ciudadanía vasca. El mismo se ha envuelto en una bandera que pretende buscar la empatía con sectores que han visto al PNV en los últimos años demasiado lejano y arrogante, y con un déficit en la gestión que era precisamente su histórico aval. La búsqueda de esa conexión perdida, sobre todo con los jóvenes se ha convertido en una asignatura pendiente para el nacionalismo institucional, que observa expectante los cambios en la sociedad vasca. La prioridad de la ciudadanía, según las encuestas, se sitúa en la carestía de la vivienda y en los problemas de la atención sanitaria, en especial en la primaria, además de una incipiente sensación de inseguridad ciudadana en algunos barrios de las grandes ciudades. El telón de fondo de esta mutación es un sensible enfriamiento de la pulsión identitaria y el apoyo a la independencia toca mínimos, según los estudios realizados por el propio Gobierno Vasco, que constata un sensible envejecimiento de la población. La salida de Urkullu y la llegada de Pradales simboliza esta apuesta del PNV por el relevo, centrado en la cuestión de la gestión, consciente del desgaste que implica y de la necesidad de ofrecer un relato atractivo en una coyuntura de profunda desafección por la política en la que, como se ha hecho en Osakidetza, se busca un pacto amplio para corregir los errores del pasado. ‘Las cosas del comer’ y del ‘vivir’ van ganando terreno a la batalla de las esencias nacionalistas, que tanto juego ha dado a la dialéctica política vasca.

Más de medio millón de funcionarios se quedarán sin seguro médico tras el portazo de Adeslas a Muface, la mutua que atiende a 1,6 millones de empleados públicos en toda España. En el caso de Euskadi serán unos 12.000 los trabajadores que dejen de recibir esa cobertura sanitaria que les prestaba la aseguradora. La amenaza que se cernía sobre los funcionarios se ha hecho realidad, al menos para más de medio millón en el conjunto de España. De ellos, en torno a 12.000 en el País Vasco. Adeslas finalmente no acudirá al nuevo concierto de Muface para prestar los servicios sanitarios a cerca de 1,6 millones de empleados públicos durante el periodo comprendido entre 2025 y 2027, y deja sin seguro médico a una tercera parte del colectivo de mutualistas. Es la aseguradora principal por la que se decantaban la mayoría de empleados públicos –en Euskadi copa la mitad de los 24.000 existentes–, de forma que con el nuevo año, ese más de medio millón de funcionarios y sus familias tendrán que reubicarse en otra compañía aseguradora –en el caso de que finalmente alguna se presente al concurso– o bien cambiarse a la sanidad pública. Lo que es seguro es que uno de cada tres funcionarios no tendrá el mismo cuadro de profesionales médicos y hospitales en los próximos tres años, con las complicaciones que eso puede acarrearles, puesto que habrá personas que estén bajo tratamientos de larga duración. No es viable. Esto es lo que argumenta Adeslas, que asegura –en un comunicado publicado ayer– que el nuevo concierto le generaría unas pérdidas de 250 millones de euros para el periodo 20252027, casi las mismas que ha registrado entre 2022 y 2024. Y ello a pesar de que el Gobierno de coalición PSOE-Sumar mejoró mucho el presupuesto que en un principio había previsto, duplicando incluso la subida y elevándola al 33,5%.

Verano y Navidades sin vacaciones ni escapadas. El número de vascos que no pueden permitirse salir al menos una semana al año ha ido aumentando en los últimos cuatro años y ya representan el 22% del total. En el otro lado de la balanza, el 36% hace las maletas incluso varias veces al año. Aunque irse de puente también es un hábito consolidado entre los vascos, esta tendencia ha ido frenándose y ya son casi cuatro de cada diez los que deciden no salir. Son algunos datos del estudio elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco y Basquetour que se ha llevado a cabo a través de 1.593 entrevistas telefónicas y que aborda aspectos como el perfil del viajero de Euskadi o el tipo de viaje que realiza. Hacer las maletas. Casi siete de cada diez vascos (68,5%) afirma que tiene por costumbre irse de vacaciones una semana o más al menos una vez al año, siendo las personas de entre 30 y 39 los que lideran la lista de quienes viajan más veces al año (48%). Sin embargo, si se observan los datos de los últimos cuatro años, se ha ido reduciendo el número de personas que hacen las maletas para disfrutar del periodo estival fuera de casa. Así, en 2021 el 46% de los vascos salía de viaje durante una semana o más varias veces al año frente al 36% en 2024. Así, quienes marcaron que «nunca o casi nunca» salen de viaje representan el 24,7% de los vascos cuando hace cuatro años era el 13%. Aunque los datos de turismo marcan cifras de récord un verano tras otro, los apuros económicos para llegar a fin de mes por la subida del coste de la vida ha provocado que haya familias que ahorren costes y se priven de las vacaciones.

El envejecimiento de la población vasca tiene un espejo en el que reflejarse: las pensiones contributivas que siguen al alza y que lo hacen claramente empujadas por el número de jubilaciones. Este mes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha contabilizado en Euskadi 7.132 prestaciones más que hace un año –llegan ya a las 582.350–, de las que casi 6.000 se corresponden con el aumento de jubilados, cuyos titulares absorben además los mayores desembolsos. Desde diciembre del año pasado las prestaciones han incrementado su importe en el País Vasco un 5% de media, hasta los 1.560 euros, lo que supone el cobro mensual de 74,7 euros más que hace un año. Euskadi se mantiene así como la comunidad autónoma con mayor pensión de toda España (la que más se le acerca es Madrid, con 1.466,34 euros, seguida de Navarra, con 1.446,88). Las jubilaciones suponen el gran grueso de estas pensiones. En la actualidad son ya 389.375 sus titulares en el País Vasco, que cobran de media 1.771,55 euros mensuales (un 4,9%% por encima de lo que suponía hace un año, esto es, 103 euros más). Estos ingresos suponen de nuevo la partida más alta de España con Asturias –1.717,89 euros– y Madrid –1.669,25– como la segunda y tercera región del ranking. La progresión en la cifra de jubilados vascos representa subir un escalón más en una evolución que se mantiene constante. Sólo en los últimos cinco años, al comparar los datos actuales con los registrados en 2019, el número de jubilados en Euskadi ha crecido un 6,5%, con 24.000 personas más. En total, las 582.350 pensiones abonadas en el País Vasco supondrán un desembolso de 908 millones de euros. Para 2025 está previsto que suban un 2,8%, lo que supondría un crecimiento medio cercano a los 44 euros mensuales. Por territorios, Bizkaia cuenta con la jubilación más alta (llega hasta los 1.803,96 euros), seguida por Álava (con 1.786,22) y Gipuzkoa (1.717,90). 

España ha dicho adiós a la inflación que sacudió los bolsillos en 2022 y 2023. Pese al repunte de la luz, el alcohol o el tabaco, hay signos que muestran que la escalada de precios está controlada. Hacer la compra causa menos dolores de cabeza, aunque resulta más caro que hace tres años porque los precios no han retrocedido. Vestirse y calzarse sí es más barato. La inflación no es solo una cuestión de precios, es una cuestión de expectativas”. Las palabras de Paul Volcker, expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, resuenan en una época en la que el valor del dinero no se mide únicamente por lo que una persona puede comprar hoy, sino por la confianza en lo que podrá pagar mañana. En este contexto, 2024 será recordado como el año en que España logró domar la inflación, como otros países de su entorno, marcando un punto de inflexión tras años de turbulencia económica. El flagelo económico que azotó en 2022 y gran parte de 2023 ha mostrado signos definitivos de control durante este año. A falta de los datos de diciembre, cuyo avance se conocerá el lunes aunque no se tendrán detalles hasta mediados de enero, el Índice de Precios al Consumo (IPC) acumula una variación del 2,4% hasta noviembre, último mes con datos definitivos. Esto supone un retroceso significativo frente al 3,1% registrado a finales del año pasado. 

La cesta de alimentos básicos se ha encarecido un 9% desde que el Gobierno anunció la medida de reducir el IVA hace ahora dos años, según los datos de la asociación de usuarios financieros Asufin, que advierte de que esta medida decae el 1 de enero, por lo que prevé que los precios suban en todos los supermercados. El análisis muestra que los precios de los alimentos básicos se moderaron en diciembre un 5,56% respecto al mes anterior hasta costar 32,87 euros de media tomando como referencia las cinco principales cadenas. Sin embargo, si se toma como referencia el precio de la cesta de alimentos básicos del 1 de enero de 2023 frente a la actual, ha habido un encarecimiento del 9%, detallan desde la asociación. Por ello, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, asegura que la medida no ha sido eficaz porque «ha quedado demostrado que no se han vigilado los márgenes ni se ha establecido un cauce de cumplimiento de lo que la bajada del IVA pretendía, que era abaratar la cesta». Además, al ser una medida universal, ha beneficiado «tanto al que más compra como al que menos» y sin distinción por tramos de renta. El Gobierno retirará todas las bonificaciones a los alimentos a partir del 1 de enero, excepto en el caso del aceite de oliva donde el IVA pasará a ser con carácter permanente del 4% en lugar del 10% que se pagaba antes de que comenzara la crisis inflacionista. «Sin estar tampoco de acuerdo en topar precios, consideramos que los gobiernos tienen medios para determinar quién necesita ayuda directa para combatir los efectos perniciosos de la inflación », señaló Suárez.

El euribor a 12 meses está a un paso de echar el cierre a un año en el que se ha desplomado hasta los niveles más bajos desde septiembre de 2022. El índice, del que depende el coste de alrededor de cuatro millones de préstamos a tipo variable en España, cerró ayer en el 2,465% a tipo diario, lo que deja la media mensual provisional en el 2,434%. Respecto a diciembre del año pasado, la caída es de 1,24 puntos porcentuales. No se producía un descenso mayor en el cómputo de un ejercicio natural desde 2012 cuando, todavía bajo los efectos del gran estallido de la burbuja inmobiliaria, el euribor cayó 1,45 puntos, desde el 2% hasta el 0,549%. Para los hipotecados a tipo variable, el descenso de diciembre, el noveno mensual consecutivo, supone un gran alivio en la letra. El actual nivel contrasta con el 3,679% de diciembre de 2023 (dos meses antes el euribor marcaba máximos del año pasado en el 4,16%), lo que supone que una hipoteca variable de 150.000 euros a un plazo de 25 años con un diferencial del 1% que se revisa anualmente paga ahora 103 euros menos al mes, desde los 974 hasta los 871 euros. En el caso de que la revisión sea semestral, la diferencia es de alrededor de 100 euros, desde los 970 hasta los 870 euros. Por lo tanto, las familias recuperan poder adquisitivo. La gran pregunta ahora es cuánto más puede bajar el euribor a 12 meses. La respuesta es compleja, como demuestra que el índice hipotecario ha roto este año todos los pronósticos de los analistas con una caída que no habían previsto ni los más optimistas. El consenso dice ahora que el euribor seguirá bajando durante 2025, pero a un ritmo más lento que en el año que acaba.

2025 puede caracterizarse por la divergencia entre las principales regiones económicas del mundo en torno a tres dimensiones: crecimiento subyacente, política fiscal y política monetaria. Empecemos con el crecimiento. Esperamos que el PIB gane un 2,3% en Estados Unidos el próximo año, una cifra superior a la del consenso. Esta tendencia contrasta con las dificultades de China. La experiencia acumulada en muchos de estos episodios en todo el mundo sugiere que el desplome de la inversión residencial dura años. Creemos que es ilusorio contar con una recuperación pronto, y no está claro cómo China podría repetir el objetivo oficial de este año de crecimiento del PIB en torno al 5% –esperamos un 4,5% el próximo año–. Respecto a la eurozona, es probable que mantenga un ritmo de crecimiento mediocre en 2025. Esperamos una subida del PIB del 1,0%, por debajo del consenso. Si bien los salarios nominales siguen batiendo a la inflación, las ganancias reales resultantes –a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos– tienden a ahorrarse en lugar de consumirse. La incertidumbre genérica probablemente explica este patrón. Los casos con mejores resultados no pueden replicarse fácilmente: a España le sigue yendo bien, pero esto se debe a una fuerte mejora de las condiciones de oferta, con flujos migratorios masivos, sobre todo desde Latinoamérica. La productividad sigue estancada en toda la zona euro, algo que, junto con el mediocre crecimiento de la oferta de mano de obra –fuera de España– y la dubitativa inversión empresarial, sugieren que el crecimiento potencial probablemente deba revisarse a la baja desde su estimación habitual de alrededor del 1,2%. Estados Unidos no necesita más estímulos fiscales. Más allá de su capacidad estructural, su posición cíclica sigue siendo sólida. 

Las nuevas funciones que el Gobierno ha adjudicado a Correos acercan a la compañía pública a los modelos italiano y francés, pero sin llegar a ser un banco. Estas nuevas atribuciones se incluyeron en el Real Decreto Ley de medidas urgentes del último Consejo de Ministros, donde también se estableció que Correos es la empresa designada para prestar el servicio postal universal hasta 2030. Los sindicatos celebraron ayer que el servicio pasará a estar mejor financiado, ya que hasta ahora la retribución de muchos envíos no llegaba a cubrir gastos. En el Real Decreto se explicaba que los “elevados costes estructurales”, la ausencia de “diversificación de ingresos y la “excesiva dependencia del servicio postal condiciona la viabilidad económico-financiera”. El servicio postal universal es el conjunto de servicios postales que deben garantizarse de forma permanente en todo el territorio, con determinados estándares de calidad y a precios asequibles para los usuarios. Correos recibe una compensación por el coste adicional que le supone cumplir con estas obligaciones de servicio. El SPU incluye los envíos nacionales y transfronterizos, ordinarios y certificados, de tarjetas postales y de cartas hasta 2 kilogramos de peso, y de paquetes postales hasta 20 kilogramos. Según explica CSIF, el sindicato con mayor representación dentro del sector público (en Correos, el principal es CC OO), la empresa pública aún debe detallar cuáles serán exactamente los nuevos servicios que prestará, pero esta ha adelantado que no serán operaciones crediticias, sino “servicios financieros básicos”, sobre todo en la España vaciada. “No va a ser una banca postal como la italiana, se centrará en facilitar la realización de algunas operaciones”, según explica el presidente de CSIF Correos, Óscar Venteo.

Durante el próximo año aún cohabitará el despliegue de los efectos de dos reformas del sistema público de pensiones: la aprobada en 2011 y la sustanciada entre los años 2021 y 2023. Mientras que la primera de ellas implica un aumento progresivo de la edad de jubilación que culminará dentro de dos años cuando la edad legal se sitúe en 67 años, la segunda y más reciente recoge una importante batería de medidas destinadas a incentivar el retraso voluntario del abandono del mercado laboral –además de un aumento de las cotizaciones destinado a reforzar los ingresos de la Seguridad Social– con el objetivo de elevar la edad efectiva de jubilación. Esta demora voluntaria es precisamente la única medida que el Gobierno ha previsto como vía de ahorro de gasto en pensiones a medio plazo. El anterior ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, vislumbró que los incentivos para estirar la edad de jubilación más allá de los 67 años supondrán un ahorro de 1,4 puntos del PIB para el año 2050, unos 21.000 millones de euros.

La permanencia media de un ingeniero de Boeing se está acortando, mientras que el talento abandona al fabricante aeronáutico. Boeing ha recortado su plantilla un 10% y este mes una segunda ola de despidos dejará fuera de la compañía a un total de 400 ingenieros. Muchos de ellos están empezando a comparar el turbulento contexto de Boeing con la enorme oferta de compañías aeroespaciales con objetivos más atractivos. La permanencia media de un ingeniero de Boeing ha caído en la última década de 16,4 años a 12,6 años, según datos del sindicato que representa a 12.000 ingenieros de Boeing, la Sociedad de Empleados Profesionales de Ingeniería Aeroespacial (SPEEA). El riesgo de esta “sangría de cerebros” es que arrastra con ella las operaciones actuales y podría dificultar aún más el lanzamiento del próximo avión de Boeing. La compañía afirma que “continuará en una posición fuerte para competir por el mejor talento” de la ingeniería aeroespacial y retenerlo con los salarios más altos del mercado, prestaciones y conciliación. La competición con la industria espacial para contratar y retener el talento es uno de los factores por el que está disminuyendo la permanencia de los ingenieros en Boeing. La compañía es terreno de contratación fértil para Blue Origin y SpaceX, un sector en auge en el estado de Washington en los últimos seis años, afirma Stan Shull, fundador de la firma de asesoría Alliance Velocity. Calcula que el 15% de la plantilla de Blue Origin en Puget Sound tiene experiencia previa en Boeing. Los problemas de Boeing se han multiplicado en los últimos años. A dos accidentes mortales en 2019 se han sumado otros dos contratiempos este año. Primero, cuando el panel de una puerta salió volando durante un vuelo comercial, y después cuando la Nasa eligió a su rival SpaceX para que traiga a dos astronautas a la Tierra. La compañía intenta reparar además su balance. Su consejero delegado, Kelly Ortberg, aseguró en octubre que Boeing eliminará el 10% de su plantilla, es decir, 17.000 empleos. También se ha retrasado el anuncio de un nuevo avión, privando a los ingenieros de un proyecto ambicioso que dispare su imaginación. El último avión “sin incidentes”, el 787, se lanzó hace 20 años.

La élite multimillonaria elevó su patrimonio en 2024 en 795.800 millones de dólares, según datos de Bloomberg. Para poner la cifra en contexto, en 2023, su riqueza acumulada repuntó unos 585.200 millones de dólares. La principal causa de su gran año está en el buen desempeño de las Bolsas a lomos de la inteligencia artificial (IA) y de las bajadas de los tipos de interés en Europa y en Estados Unidos. También, en este listado dominado por empresarios estadounidenses, la reelección de Donald Trump como presidente ha jugado un papel fundamental. Y es que la política ha sido una mina de oro para el hombre más rico del mundo. La fortuna de Elon Musk, fundador y consejero delegado de Tesla, SpaceX y propietario de la red social X, se ha duplicado en 2024 hasta alcanzar los 468.000 millones de dólares, otorgándole el trono de la clasificación por segundo año consecutivo. El día previo a las elecciones de Estados Unidos su patrimonio era de 258.000 millones de dólares. Su campaña a favor de Donald Trump y su posible presencia en el futuro Ejecutivo de la primera economía del mundo espolearon las acciones de Tesla y, con ellas, su fortuna. Los inversores han puesto en valor que su buena sintonía con la nueva Administración será buena para sus negocios. Unos 182.000 millones de dólares de la fortuna de Musk proceden de 411 millones de acciones de Tesla que todavía mantiene en su poder, aproximadamente, un 13% de la empresa. El 42% que posee en la firma de servicios espaciales SpaceX le aporta 135.800 millones de dólares.

Por mucho tiempo que pase, el canciller alemán, Olaf Scholz, no consigue dejar atrás el llamado escándalo de las Cum-Ex, como se conoce a las operaciones que permitían reclamar múltiples veces por retenciones de impuestos que se habían pagado una vez o ninguna y que según los expertos supusieron unas pérdidas para el fisco alemán de más de 10.000 millones de euros. La cuestión en este asunto es si Scholz, entonces alcalde de Hamburgo –ejerció el cargo entre 2011 y 2018–, u otros políticos, usaron su influencia en favor del banco privado MM Warburg y del HSH Nordbank, anteriormente de propiedad estatal. A pocas semanas de que Alemania celebre elecciones anticipadas, la posible responsabilidad de Scholz aún sigue abierta. Para tratar de dilucidarlo, a finales de octubre de 2020 se creó una comisión de investigación en el Parlamento de Hamburgo con el objetivo de aclarar la posible influencia política en el trato fiscal hacia MM Warburg, con sede en Hamburgo. El líder socialdemócrata ya ha declarado tres veces como testigo –en 2021 y 2022 sobre Warburg y el 6 de diciembre con respecto al HSH Nordbank– y en todas ha negado haber ejercido cualquier tipo de influencia. Aunque tras la vista de las pruebas hay indicios de una estrecha relación entre políticos y banqueros; no se han encontrado pruebas de ello.

La directiva que establece un cargador universal para los aparatos electrónicos vendidos en la Unión Europea entra hoy en vigor. De esta forma, culmina un largo proceso legislativo —una década de negociaciones y dos años de adaptación— que pondrá fin para los ciudadanos europeos a uno de los mayores quebraderos de cabeza tecnológicos en una época en la que es casi imposible vivir sin dispositivos recargables. Todos los teléfonos móviles nuevos, cámaras digitales, cascos y audífonos, consolas de videojuegos manuales, altavoces portátiles, libros digitales, teclados, micrófonos, sistemas de navegación portátiles vendidos en territorio comunitario deberán tener un puerto de carga USB de tipo C. A partir del 28 de abril de 2026, también los ordenadores portátiles deberán disponer de un cargador único. “Este hito supone un paso decisivo hacia la comodidad del consumidor y la responsabilidad medioambiental”, celebró la presidenta de la comisión de Mercado Interno y Protección al Consumidor del Parlamento Europeo, Anna Cavazzini. Los consumidores “podrán disfrutar de un futuro donde un solo cargador funciona para toda una variedad de productos electrónicos, independientemente de su marca”, agregó la eurodiputada verde alemana. Desde la aprobación final, a finales de 2022, la UE ha vendido esta legislación como una muestra palpable —de las que a veces hay pocos ejemplos prácticos— de los beneficios de contar con un marco legislativo comunitario para los Veintisiete. “Esta norma ofrece beneficios a todos, desde reducir los residuos medioambientales a ayudar a los hogares a limpiar sus cajones llenos de cargadores incompatibles o no usados”, señaló. La directiva europea también armoniza los requisitos de carga rápida, lo que “permitirá a los usuarios alimentarlos a la misma velocidad con cualquier cargador compatible”, según estipuló la UE al aprobar la nueva legislación.