20241023

«Sí, en principio sí». Esa fue la respuesta que dio ayer el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, a primera hora de la mañana, cuando se le preguntó en una entrevista si su partido va a votar a favor de la reducción de jornada a 57,7 horas semanales, la medida estrella de Yolanda Díaz que sigue en la cuerda floja, pendiente de Junts y los jeltzales. La contestación generó una ola de desconcierto incluso en el propio grupo parlamentario del PNV en el Congreso porque la posición del partido hasta el momento era condicionar su apoyo a que se alcance primero un acuerdo con los agentes sociales, algo muy improbable por el rechazo rotundo de la patronal. Bien avanzada la tarde, fuentes oficiales matizaron que había habido un malentendido y que se mantiene el mismo planteamiento. Es decir, se respaldará si hay pacto social. ¿Y si no lo hay? «Ya se evaluará, pero aún no está tomada la decisión», explicaron esas mismas fuentes. Confebask evitó pronunciarse durante toda la jornada de ayer a la espera de que la posición del PNV se aclarase. Los empresarios vascos han advertido en numerosas ocasiones de que el impacto en Euskadi sería muy fuerte, por mucho que la comunidad tenga la jornada media más corta de España en sus convenios. De hecho, afectaría a cerca de 487.000 trabajadores –si se incluye a los 56.600 con convenios decaídos–, principalmente a los sectores de comercio, hostelería y transporte, según cálculos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL). La cifra superaría las 500.000 si se añade a colectivos regulados directamente por el Estatuto de los Trabajadores como las empleadas del hogar. La CEOE se mantiene inamovible en su rechazo. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vino a decirles ayer a los empresarios lo siguiente sobre la negociación de la reducción de la jornada laboral: O hay acuerdo en todo o no hay acuerdo en nada. Y, por lo tanto, si CEOE y Cepyme no firman pronto un pacto con el Gobierno y los sindicatos ella retirará la última propuesta que ha hecho a las empresas para intentar convencerlas: subvenciones directas a las empresas de hasta cinco trabajadores que creen un empleo como consecuencia de la reducción de la jornada laboral sin recortar el salario. Es decir, que la empresa incorpore a un nuevo trabajador para cubrir la parte de la jornada que libera la reducción del tiempo que tienen los más veteranos. Una suerte de reparto del tiempo de trabajo. En declaraciones a TVE, Díaz explicó que así pretende ayudar a este tipo de empresas con hasta cinco trabajadores a hacer “ese tránsito de la jornada laboral legal desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas”. En segundo lugar, y en consecuencia, la vicepresidenta amenazó también a los empresarios con llevar el proyecto de Ley al Congreso de los Diputados con tan solo el respaldo de los sindicatos. El Gobierno quiere que a finales de 2025 todas las empresas hayan reducido su jornada laboral a 37,5 horas semanales. Y lo hayan hecho por una ley. 

Petronor ha confirmado este martes que mantiene "paralizado" el proyecto para poner en marcha un electrolizador de 100 MW en la refinería de Muskiz (Bizkaia), según han informado fuentes de esta empresa a Europa Press. Esta confirmación se produce después de que esta semana se haya conocido que Repsol ha elegido Portugal como destino de una inversión de 15 millones en un nuevo proyecto de hidrógeno y de que, fuentes de la compañía liderada por Josu Jon Imaz, hayan trasladado que mantienen en "stand by" el proceso inversor en algunos de sus proyecto industriales en España ante la "inestabilidad regulatoria y fiscal". El propio consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en una tribuna publicada este martes en diversos medios, ha rechazado la decisión del Gobierno central de hacer permanente el impuesto al sector energético y la banca y advertía de que "el populismo fiscal" comprometerá el futuro de la industria en España. Este electrolizador, con una inversión de alrededor de 200 millones, pretendía dar servicio a la propia Petronor en su proceso de descarbonización y también cubrir las necesidades del Corredor Vasco del
Hidrógeno. Inicialmente, se estimaba la puesta en funcionamiento de esta planta de hidrógeno verde para 2026. Fuentes de Petronor han recordado que el electrolizador de 100 MW es el que, en su día, quedó en suspenso y ahora "se ratifica en la paralización" de este proyecto.

El debate sobre la prolongación del gravamen excepcional a las energéticas y a la banca por los llamados beneficios caídos del cielo –solo este año ha supuesto unos ingresos de 2.900 millones para Hacienda– está provocando un sinfín de críticas en Euskadi, con el PNV en papel protagonista. El lehendakari, Imanol Pradales, se sumó ayer a este coro para alertar de que este tipo de figuras basadas en «gravar las ventas y no los dividendos no son la manera más adecuada de favorecer que se desarrolle el tejido industrial». Lo hizo el mismo día en el que Josu Jon Imaz, CEO de Repsol y expresidente del Euzkadi buru batzar, denunció en un artículo la «demagogia» y el «populismo fiscal» del Gobierno en torno a un gravamen «discriminatorio» que de mantenerse, advierte, «imposibilita» futuras inversiones en el sector industrial. En el País Vasco, por ejemplo, está la que Petronor quiere impulsar para fomentar el hidrógeno verde. La Hacienda vizcaína y, por ende, las arcas del Gobierno vasco se juegan mucho –no hay que olvidar que Iberdrola también está afectada– en una decisión que debe adoptarse en el Congreso de los Diputados y que, paradójicamente, depende de lo que decida el PNV. Es decir, si los jeltzales votan en contra de este gravamen, el Ejecutivo de PSOE-Sumar no tendría mayoría para sacarlo. Sin embargo, el PNV no lo rechaza de plano, sino que está intentando redactar la letra pequeña del mismo para adecuarlo a la realidad vasca. ¿Cómo? Negociando que deje de ser una «prestación patrimonial no contributiva» y se convierta en un impuesto al uso para incluirlo dentro del Concierto Económico. Así lo señaló ayer tanto el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, como el lehendakari. Pradales, en un evento llamado Metafuturo celebrado en Madrid, aseguró que en caso de que el impuesto finalmente vea la luz en el Congreso, exigirán que se concierte «para tomar aquí la decisión más adecuada». Se trata, ‘grosso modo’, de tener la capacidad normativa necesaria para que las autoridades forales puedan hacer y deshacer «teniendo en cuenta que el tejido industrial vasco genera mucho empleo y tiene que abordar grandes proyectos de descarbonización a futuro». Es decir, que llegado el momento este impuesto pueda incluso neutralizarse vía exenciones o incentivos.

El Ministerio de Hacienda ha pospuesto la reforma para convertir en permanentes los gravámenes extraordinarios sobre banca y energéticas. Necesita hacerlo antes del 31 de diciembre para poder así hacer tributar a estos grandes grupos por los beneficios cosechados en este ejercicio. En un principio, el Gobierno contemplaba la posibilidad de incluir el nuevo esquema a través de una enmienda en la trasposición de la directiva europea que establece una imposición mínima a las multinacionales. Sin embargo, el plazo para incluir correcciones a esta normativa se ha ampliado por enésima vez, ahora hasta el 30 de octubre, lo que permite al Ejecutivo contar con unos días de margen para intentar cerrar una negociación que se ha vuelto muy compleja. En caso de no poder recurrir a esta vía, Hacienda aprobaría la medida a través de un real decreto ley que luego tendría que validarse en el Congreso, según fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero. Pero aun así se enfrentaría a la ardua aritmética parlamentaria. Precisa de los apoyos de PNV y Junts mientras empresas como Repsol presionan abiertamente para intentar bloquearlos. La banca simplemente se resigna a tratar de suavizarlos pidiendo que vayan contra el beneficio y no contra los ingresos por intereses y comisiones. Estas figuras tienen que estar integradas en el sistema tributario español para que Hacienda pueda recaudarlas en 2025 sobre los ingresos de 2024 y así sucesivamente. Es un acuerdo al que llegaron en diciembre del año pasado PSOE y Sumar, cuando se aprobó el decreto anticrisis, y al que también se ha comprometido recientemente el Gobierno con la Comisión Europea en el plan fiscal. Pero el desafío para tramitarlos es titánico. Dentro del Ejecutivo, el PSOE y Sumar escenifican dos posiciones cada vez más enfrentadas: mientras los primeros quieren suavizar el diseño, los segundos abogan por mantenerlo e incluso endurecerlo. Entre los socios habituales del Ejecutivo, Bildu, ERC y BNG se alinean con Sumar. Pero la cosa se complica mucho más con el PNV y Junts, cuyos votos serían imprescindibles.

El Gobierno está estudiando rediseñar totalmente el denominado impuestazo energético para que, en lugar de que recaiga sólo sobre los mayores grupos (Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Acciona y Disa) se extienda a todo el sector o a un abanico mucho más amplio de empresas. Además, para consolidarlo como permanente, baraja que la tasa sea un porcentaje sobre los beneficios operativos, en lugar de un porcentaje sobre las ventas, que es como se ha aplicado a las mayores energéticas. En paralelo, estudia fórmulas para que las compañías puedan desgravar parte de esa carga fiscal, pero siempre a cambio de reinversión de ganancias en proyectos de transición ecológica y economía sostenible, y con un tope, en concreto, por un máximo del 30% de la base imponible. Así lo aseguran distintas fuentes involucradas en estos momentos en las intensas negociaciones a nivel político y empresarial que se están produciendo en España, y que se han convertido en una maraña de intereses económicos. Ese impuesto fue ideado hace dos años por el actual Gobierno del PSOE y afecta a grandes energéticas y bancos. El argumento del Gobierno fue el de redistribuir parte de las ganancias que estaban obteniendo las grandes empresas por la subida de los precios de energía y de los tipos de interés. En el caso de las energéticas, el gravamen se calculaba tomando como referencia grupos con más de mil millones de facturación.

Una de fundaciones bancarias propietarias de Kutxabank, la alavesa Vital, está dispuesta a participar en Talgo si se dan una serie de condiciones referidas al «arraigo». Así lo han confirmado fuentes conocedoras de los contactos. La entidad no ha querido hacer valoraciones oficiales y, aunque no ha tratado en su comisión de inversiones esta operación, sí contempla la posibilidad. Eso sí, la condición es que se planteen compromisos claros con Álava como trasladar la sede social de la compañía al territorio y reforzar las instalaciones y el empleo dentro del plan industrial futuro. Entonces la entidad sí estaría dispuesta a ayudar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga en su aterrizaje en Talgo. Se trataría, además, de un giro estratégico en las inversiones de la fundación bancaria presidida por Jon Urresti. Hasta ahora sin actuar en empresas alavesas para asegurar el «arraigo», este movimiento supondría también alinear sus inversiones en el objetivo de reforzar el perfil industrial de Euskadi que ha venido reclamando el lehendakari Imanol Pradales. En foros económicos y políticos esta posibilidad ha sido una opción recurrente en las últimas semanas. Este mismo lunes, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, la reclamó públicamente. Talgo genera 247 millones en compras a proveedores nacionales y tiene en la localidad alavesa de Rivabellosa la fábrica más grande de las dos con las que cuenta. Allí trabajan 700 personas y se generan 5.000 empleos indirectos. Una realidad que ha hecho que sectores empresariales y el propio diputado general de Álava, Ramiro González, se hayan mostrado muy activos para buscar una solución.

El País Vasco será la comunidad autónoma que menos crecerá en este 2024, según el último ‘Observatorio Regional’ elaborado por el servicio de estudios BBVA Research y publicado ayer. En concreto, el PIB de Euskadi avanzará este año solo un 2%, lo que supone una revisión a la baja de tres décimas, porque en junio este mismo servicio estimaba que crecería un 2,3%. De esta forma, el País Vasco no solo se aleja del crecimiento del conjunto de España, calculado ahora en un 2,9% (cuatro décimas más que la estimación realizada en junio), sino que también cae a la última posición entre todas las comunidades autónomas. A la cabeza del aumento del PIB nacional se sitúan las regiones con un importante peso del turismo extranjero, así como de venta de bienes al exterior, como Murcia (para la que se calcula un crecimiento del 3,4% en este año); Baleares, Canarias y Castilla y León (3,1%); Cataluña, Madrid, Valencia y Aragón (3%). Por su parte, el PIB de Galicia avanzará al mismo ritmo que en el conjunto de España (2,9%), mientras que otras ocho comunidades crecerán por debajo de la media del país: Andalucía y La Rioja (2,7%), Castilla-La Mancha (2,6%), Navarra (2,5%), Asturias (2,4%), Cantabria ( 2,3%) y Extremadura y Euskadi (2%). Sin embrago, BBVA Research estima que el próximo 2025, año para el que mantiene un crecimiento de la economía española del 2,4%, tanto País Vasco como Navarra lideren con un 2,8% el incremento del PIB por la recuperación que se espera de la economía europea y, con ello, de las exportaciones de la industria.

Una sentencia del TSJPV da la razón a Confebask y anula dos artículos de la norma. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado dos artículos del decreto que desarrolla la ley de servicios sociales del Gobierno Vasco que acotaba el beneficio de las empresas privadas con ánimo de lucro en adjudicaciones sociales. El decreto, aprobado a finales del pasado año, incluía dos puntos que la confederación empresarial vasca Confebask consideraba que iban en contra de su derecho a obtener beneficios por la prestación de servicios, sobre todo de residencias de mayores, y tras poner un recurso, la Justicia le ha dado la razón. Los artículos recurridos por la patronal son el 9.3 y 15.a, en los que «de facto se ponen unas condiciones que sacan al sector privado con ánimo de lucro de la posibilidad de concertación», explica la directora del área jurídicolaboral de Confebask, Virginia Múgica, que celebra la sentencia del TSJPV al considerar que este decreto del Gobierno Vasco, que regula el régimen de concierto social y los convenios en el sistema vasco de servicios sociales, «vulnera la ley». Hasta ahora, en el sistema de concertación vasco podían concurrir tanto la empresa privada como la que no tiene ningún ánimo de lucro, esta última con una serie de prioridades. Sin embargo, explica Múgica, «en el decreto, a través de los dos artículos impugnados, se obliga a la empresa que tiene ánimo de lucro a que no lo tenga», dejando de lado la «libre competencia y el derecho a la empresa privada». Y no solo eso. «Va en contra de la ley de Servicios Sociales de 2008». Fuentes consultadas por este periódico aseguran que, si el decreto hubiera salido adelante tal y como estaba redactado, «habrían estado en peligro unas 9.000 plazas de los gestores privados que estos podrían no ofrecer a las diputaciones y vender al mercado privado, o cerrar los centros si con el precio ofertado no se cubren los costes». Añaden que «crear estas 9.000 plazas podría suponer un coste de unos 1.000 millones de euros a la administración o las entidades sin ánimo de lucro».

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco está recibiendo un aluvión de peticiones por parte de trabajadores sin formación académica que aspiran a logar un título de FP acreditando al menos dos años de experiencia profesional. La campaña para la acreditación de competencias profesionales para obtener un título de Formación Profesional en Euskadi se puso en marcha a principios de octubre y la acogida entre los trabajadores vascos está siendo «muy buena», se felicitan desde el departamento de Educación del Gobierno Vasco, donde añaden que «en los últimos 15 días las solicitudes para obtener estas titulaciones han superado las 1.200». El programa consiste en dotar de una titulación de FP a aquel trabajador que pueda acreditar, como mínimo, dos años de experiencia laboral o 200 horas de formación –no formal– en una de las muchas ramas profesionales que conforman esta red educativa. El interesado en obtener información de esta titulación puede acceder a ella de distintas formas. Bien de manera presencial en los centros integrados de FP de la red vasca o bien rellenando el formulario que está disponible en el sitio web del departamento vasco de Educación (www.euskadi.eus), en el que simplemente debe introducir sus datos personales y la familia profesional a la que pertenece. Fuentes cercanas al IVAF –Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros–, que es el que está celebrando reuniones en las últimas semanas con diversos centros de FP de Euskadi para trabajar con ellos en el desarrollo de la iniciativa, subrayan que «se ha notado que el tema se ha publicitado mucho, porque en los últimos días ha llamado mucha gente y han llegado muchas solicitudes para obtener esta titulación». Fontaneros, informáticos, administrativos, electricistas, cocineros... Todos ellos y muchos otros trabajadores de otras ramas profesionales son el público objetivo de una campaña del Gobierno Vasco que pretende contar con un mayor número de titulados entre los profesionales vascos. Aquellos que cumplan las condiciones de este programa podrán, además, optar a puestos de trabajo en los que hace falta una titulación oficial, acreditar una nueva categoría profesional o ascender en la empresa si así lo estima el convenio, facilitar la incorporación al mercado laboral o continuar con otros estudios o cursos formativos gracias a los títulos obtenidos mediante la convalidación de competencias.

"Buena iniciativa, buenos socios y una cadena de valor que absorberá el talento que se genere". Así ha resumido esta mañana la diputada vizcaina de Promoción Económica, Ainara Basurko, la puesta en marcha de Smart Grids Academy, una plataforma internacional "innovadora, estratégica y pionera" impulsada desde la Diputación, Iberdrola y Gaia (el clúster vasco de las telecomunicaciones). Smart Grids Academy nace para acelerar la formación y superar el gap que existe entre las necesidades de las empresas y los profesionales especializados en la materia. Se trata de una carrera de medio fondo en la que la táctica tiene la misma importancia que la velocidad. No hay tiempo que perder y la iniciativa se pondrá en marcha en el primer trimestre del próximo año.  "Necesitamos talento para liderar este proceso", ha remarcado Ainara Basurko. Todo parte de una lectura compartida: sin redes inteligentes no hay transición energética y, sin personas, no habrá redes inteligentes". La iniciativa forma parte de Bizkaia with the Talent, el programa de la Diputación para "atraer, retener y fidelizar" el talento en el territorio histórico. Otro ejemplo de colaboración público-privada que ya cuenta con 16 proyectos en marcha, dirigidos a la cualificación, recualificación y a las nuevas habilidades de los profesionales llamados a liderar las transiciones. "Nuestro objetivo es capacitar a miles de personas comprometidas con la electrificación y las redes inteligentes, y hoy se marca un hito en ese camino", ha indicado el director global de Personas y Servicios de Iberdrola, Asís Canales. Según ha explicado el también delegado de Iberdrola en Euskadi, la reciente actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) estima la creación de 560.000 empleos gracias a la transición energética hasta 2030 en el Estado, un dato que "subraya la importancia del talento en este proceso".

La huelga del transporte tanto de mercancías como de viajeros convocada en todo el Estado por CC OO y UGT este próximo lunes no contará en Euskadi con un amplio respaldo, ya que tanto ELA como LAB indicaron ayer a este periódico que no apoyarán la misma. Por su parte, el sindicato de autónomos Hiru no ha adoptado todavía una decisión al respecto. Señala que lo hará a lo largo de esta semana, pero de momento, no tienen previsto llevar a cabo una asamblea «porque no nos lo han pedido nuestros afiliados», remarcan. Las centrales de corte confederal han convocado seis días alternos de huelga para este lunes, el 11, 28 y 29 de noviembre y 5 y 9 de diciembre, que se convertirá en indefinida a partir del 23 de diciembre, en plena campaña navideña. Están llamados a los paros los trabajadores del transporte de mercancías y también de viajeros, así como los de los autobuses urbanos de titularidad pública. En el conjunto del Estado hay 250.000 camioneros asalariados. CC OO estimó que en Euskadi podía afectar a unos 40.000 profesionales. Ambas centrales esperan que los trabajadores autónomos se sumen a la huelga, aunque en Euskadi, no parece que haya un sentir generalizado a favor de la misma.

El despliegue de la Ertzaintza en los Puertos vascos de Santurtzi y Pasaia, fruto de los acuerdos entre el PSOE y el PNV con motivo de la investidura de Pedro Sánchez hace casi un año, se acerca en el tiempo. Será en las próximas semanas cuando la Policía vasca se haga cargo en las dos instalaciones portuarias de la seguridad y la protección de la zona restringida de las instalaciones, una función que hasta ahora era competencia exclusiva de la Guardia Civil. Pero el proceso de asunción de esa competencia no va estar exento de dificultades. La Ertzaintza se desplegará en los Puertos con «muchas dudas» internas respecto a su capacidad para dar respuesta a estas nuevas atribuciones, sobre todo por la falta de efectivos que sufre, entre otras unidades, la sección acuática. La idea es que este grupo, compuesto por unos 40 efectivos y que hasta ahora trabajaba en 3 grupos y en turnos de 12 horas diarias, tenga una presencia permanente en los muelles. Al interrogante sobre el número de efectivos necesario se suman otros de carácter logístico. Entre otras cosas, no se sabe todavía dónde amarrarán las embarcaciones de la Policía vasca ni las instalaciones de las que podrán disponer los agentes. Estas dudas se pusieron de manifiesto en una reunión de mandos policiales pertenecientes a la Unidad de Vigilancia y Rescate y Recursos Operativos que se celebró el pasado lunes para ultimar los preparativos de este despliegue que, en todo caso, no afectará a las principales competencias que seguirán manteniendo la Guardia Civil y la Policía Nacional, como son el control de fronteras y las aduanas. 

Los sistemas de previsión social complementaria siguen estando de actualidad en Euskadi. Esta vez ha sido el viceconsejero de Finanzas y Presupuestos del Gobierno Vasco, José Enrique Corchón, quien ayer, durante la apertura del ‘Global Pensions Programme’ en el BEC de Barakaldo, afirmó que se aprecia una «insuficiente generalización» de la previsión social complementaria entre ciudadanos con «escasa capacidad de ahorro» y apostó por impulsar su generalización a través de la EPSV de empleo. Corchón considera que una «discriminación legal y fiscal positiva» ayudaría a favorecer un ahorro finalista. El objetivo que se pretende es la extensión de estos sistemas al menos al 70% de la población trabajadora de Euskadi. Corchón apuntó que, si se analiza la situación individual del ciudadano medio, se aprecia una «insuficiente generalización» de la previsión complementaria entre las clases medias-bajas y bajas de la sociedad vascas, es decir, «entre aquellos ciudadanos con escasa capacidad de ahorro, por lo que podemos concluir que se han creado sistemas previsionales consolidados, básicamente, entre potenciales ahorradores de rentas medias y altas». Por ello, a su juicio, se debe atribuir una «discriminación legal y fiscal positiva».

Tal y como puede leerse en el último newsletter de Confebask sobre financiación empresarial, el coste de financiación de las empresas en el Estado sigue a la baja, quedando por debajo del 5% tanto para pymes como para grandes empresas. En ambos casos pagan menos que sus homónimas europeas. Por otra parte, el informe de Confebask destaca que el crédito nuevo a las empresas crece hasta agosto un +16,4%, con una subida del 21,3% del destinado a pymes, y del 10,4% en el caso del nuevo crédito dirigido a las grandes empresas. Todo esto en un contexto en el que el Euribor se situó en septiembre en su nivel más bajo en 22 meses, el bono a 10 años marcó su nivel menor en 2 años, y la prima de riesgo se sitúa en 81 puntos básicos, la cifra más baja desde enero de 2022. Ver más en Confebask. Gehiago irakurri enpresaBIDEAn. Descargar newsletter Confebask

Artículo del vicelehendakari Mikel Torres: "En junio entró en vigor, desplegando todos sus efectos, la Ley de Empleo Vasca, aprobada a finales del año pasado. Es la primera norma de empleo de nuestra comunidad autónoma tras más de 40 años de autogobierno, lo que no significa que no fuese una preocupación y una ocupación de anteriores gobiernos y del legislador vasco, que sin duda lo era, sino que ahora se plantea una visión completa, con perspectiva de futuro, en este ámbito, que se complementa con la Estrategia Vasca de Empleo 2030 y el Libro Blanco del empleo en Euskadi (2023). Son muchos los elementos que aborda esta ley, descritos y explicados en su momento, por lo que quisiera centrarme en uno de los más importantes, y que va a ser fundamental en el devenir de la sociedad vasca los próximos años, especialmente para las personas que acaban de acceder al mercado laboral o están a punto de tener su primer empleo. Me estoy refiriendo a la calidad en el empleo, y de los llamados ‘buenos empleos’, una expresión relativamente reciente que va a adquirir cada vez más importancia y peso específico en nuestra sociedad...Estamos ahora en una nueva coyuntura, impulsada por los tres retos (digital, medioambiental y demográfico) que van a desembocar, ya lo están haciendo, en una nueva revolución del trabajo y de los empleos de manera muy distinta a como los hemos venido conociendo. Ya no basta con que un empleo nos garantice una retribución suficiente, unas condiciones laborales dignas o una perspectiva de crecimiento profesional adecuada, algo que sigue siendo necesario. Ahora necesitamos que sean ‘buenos empleos’, en los que el centro de la vida de una persona ya no es su trabajo, como ocurría hasta hace poco, sino que se prioriza la vida personal a la laboral. El trabajo ya no es el objetivo, es el complemento de una existencia mucho más completa, más holística. Buscamos trabajar para vivir, no vivir para trabajar, especialmente los más jóvenes..."

La economía española crecerá este año un 2,9%, según el Fondo Monetaria Internacional (FMI), que acaba de revisar al alza sus previsiones para nuestro país, disparándolas medio punto porcentual respecto a las cifras que manejaba al inicio del verano tras reconocer su “sorpresa” ante su buena evolución en el segundo trimestre del año gracias al turismo. España se convierte en el motor del crecimiento dentro de la Unión Europea y su producto interior bruto (PIB) incluso mejorará más rápido que el de la primería economía mundial. Estados Unidos avanzará a un ritmo del 2,8% este año (tras una mejora de dos décimas), tal y como se desprende de la última edición de su informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés). A principios de este año, las previsiones que manejaba el FMI para España apenas predecían un crecimiento del PIB del 1,5%. Sin embargo, tanto en la actualización de abril como en la de julio, el organismo revisó al alza sus cálculos de forma meteórica, hasta situarlos en el 2,9%, prácticamente el doble de lo estimado inicialmente. Las únicas dudas que tiene el organismo respecto a nuestro país es si será capaz de mantener el ritmo en 2025, cuando según sus estimaciones terminará el ejercicio apuntándose un 2,1%. Esta cifra no ha sido actualizada por el FMI (ni ahora ni en julio) y se mantiene estable, a la espera de que se disipen algunas de las nubes que planean en el horizonte. El gran farolillo rojo está sobre la tasa de paro, que podría terminar este año en el 11,6%. Es prácticamente el doble que la media de los países de su entorno, que se sitúa en el 6%. Las asignaturas pendientes no han cambiado: debilidad de la inversión privada, temor a un repunte en los precios de la energía, incremento de los costes laborales y la baja productividad.

“Los empresarios estamos para pagar impuestos”, señaló ayer el presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Ignacio Rivera, en el discurso de clausura del XXVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, celebrado entre el domingo y el martes en Santander, si bien a renglón seguido añadió que la presión fiscal que soportan las empresas en España “ya es elevada” y tiene impacto en la competitividad de las compañías. “Ver las cosas sólo desde España es estúpido, hay que verlas desde Europa y converger con Europa en competitividad”, reflexionó Rivera. “Si la presión fiscal te condiciona la competitividad habrá que mirarlo [...] y la presión fiscal en España ya es alta”, advirtió Rivera en un discurso en el que ensalzó el papel de la empresa familiar para cuidar de “nuestros orígenes, nuestros empleados, nuestros aliados [esto es, clientes y proveedores] y nuestro entorno”. Ignacio Rivera afirmó que “los empresarios estamos para pagar impuestos”, admitiendo que buena parte de la carga tributaria para sostener el Estado del Bienestar descanse sobre las empresas, ya sea de forma directa o indirecta, pero inmediatamente reivindicó: “Las cosas tienen un límite, no nos pasemos de rosca”. Rivera hizo alusión así al impacto que esta elevada carga tributaria y normativa supone para la competitividad de las empresas. “Tenemos una presión fiscal alta. Otros países y otros continentes no tienen la regulación que tenemos nosotros, con lo cual, regulémonos de forma que podamos competir”, señaló Rivera. “Tenemos que ser conscientes de la competitividad de las empresas, no se puede hacer todo a la vez [señaló en alusión a políticas sociales a cargo de la empresa, mejoras salariales, recortes de la jornada laboral, incrementos de cotizaciones, etc.] y a la vez ser competitivos, tenemos que analizar las reglas de nuestros competidores”, remarcó.

PP y Sumar alcanzaron un acuerdo para facilitarse con sus votos la tramitación en el Congreso de las proposiciones de ley que cada uno había presentado en el Pleno. Los populares llevaban una iniciativa para obligar al Gobierno a votar en el Parlamento los envíos de armamento, como los de Ucrania. Por su parte, Sumar impulsaba medidas para regular las cláusulas abusivas de las hipotecas y para facilitar que los afectados por esas «estafas» puedan reconducir su situación. Sumar no necesitaba en realidad los votos de los populares, porque iba a conseguir su objetivo igualmente con otros grupos, sin embargo, buscó y amarró el acuerdo con el PP a pesar de que eso pudiera despertar el enfado del PSOE. La jugada de Sumar va mucho más allá de esa votación y del día de ayer. El acuerdo es un primer puente de entendimiento con el PP para explorar en el futuro cuestiones y debates que están por venir más pronto que tarde como la reducción de la jornada laboral que ultima Díaz o medidas sobre conciliación y permisos. Son temas en los que el PP ha virado en este curso con su llamado «giro social» y en los que ha entrado con propuestas. Ese movimiento de Feijóo ha sido visto por Sumar como una oportunidad de oro para avivar medidas con las que ha hecho bandera desde las elecciones. Por tanto, una vez que consigue que entre el PP en su debate, les sitúa de nuevo en el primer plano, con la iniciativa y sobre todo abre una oportunidad a conseguir, en efecto, consenso para ciertas medidas. Un ejemplo que se cita es lo que pasó cuando Feijóo habló de los cuatro días laborales, que agitó el debate político sobre la reducción de las horas y los días de trabajo. Un giro inesperado con el que Sumar ha dado aviso a los empresarios de hasta qué punto se mueven las cosas acerca del objetivo de reducir la jornada a 37,5 horas semanales sin pérdida de sueldo.

El descarrilamiento de un tren vacío el sábado pasado en el túnel que conecta las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín fue una decisión premeditada para evitar que el convoy chocara contra otro tren de pasajeros. Así se desprende del testimonio de un trabajador de Adif que estuvo esa jornada en el centro de control (CTC) en Madrid –desde donde se gestiona toda la red ferroviaria del país–. Este incidente conllevó un caos en el transporte ferroviario de la capital que afectó a sus conexiones con el este, con cientos de servicios retrasados o anulados. El ministro de Transportes, Óscar Puente, aclaró ayer finalmente la situación ante los medios de comunicación asegurando que el tren «se soltó del remolcador e inició una caída libre por el túnel de Chamartín». En consecuencia, el paso subterráneo que conecta esa estación con la de Atocha quedó colapsado y el tráfico entre Madrid y el este peninsular quedó anulado durante horas. El ministro destacó en una breve explicación que la actuación de esta persona fue «clave» para evitar un siniestro mayor. «Un trabajador tomó la decisión de desviar el tren para evitar su descarrilamiento y que saliera a la playa de vías de Atocha o chocara con algún tren que viniera», detalló Puente, que no quiso ahondar mucho más en el tema. En el testimonio del trabajador de Adif se entiende que trabajadores de Renfe (un conductor y dos mecánicos, que precisamente estaban en la unidad descarrilada) trasladaban dos convoyes a Chamartín. En realidad, se trataba de un tren AVE vacío pero en doble composición, donde «la unidad de cabeza iba tirando» y la segunda estaba «inútil». Por un fallo mecánico se quedaron parados en las agujas de entrada de la estación. En esa tesitura, «no tenía potencia suficiente porque para entrar hay mucha pendiente...», explicaba a otro compañero de Adif en un audio de WhatsApp.

A lo largo de esta carrera electoral el Partido Demócrata ha ido por delante de forma continua. Siempre por un estrecho margen, tanto que justo antes de la renuncia de Joe Biden, Donald Trump logró situarse a la misma altura. Con la designación de Kamala Harris, representada en las encuestas a partir de agosto, porque siempre hay un decalaje –el proceso desde que se recogen los datos hasta que se publican lleva varios días–, la candidata demócrata se ha mantenido en todo momento por delante, aunque por poca diferencia. Hoy sigue con más posibilidades, pero ha perdido la mitad de la ventaja que llegó a tener hace dos meses. Si seguimos los análisis de la página especializada www.fivethirtyeight.com, que publica día a día los porcentajes estimados según se incorporan nuevas encuestas a su base de datos, en la actualidad la aspirante demócrata está 1,8 puntos por encima del republicano. Parecen movimientos sutiles, pero la ventaja era exactamente el doble (3,6) en la tercera semana de agosto. Nate Silver, en su día fundador de este portal ‘online’, ahora propiedad de ABC News, fue de los pocos en predecir la victoria de Trump en 2016, lo que le convirtió en uno de los analistas más reconocidos. Curtido en el estudio estadístico del béisbol, su ‘silver bullet’ se ha convertido en otra de las referencias para la interpretación de la pléyade de encuestas que se publican estos días. Pronostica un margen más estrecho aún a favor de Harris (48,8% frente a 48,2%), pero sobre todo advierte de que el candidato republicano se encuentra en un momento de inercia positiva porque está sabiendo capitalizar una mayor presencia en los medios con asuntos para los que Harris no parece tener respuesta. Justo como sucedió hace 8 años, recuerda.