20240517

Siemens Gamesa hará públicas en «algunas semanas» las cifras concretas del ajuste laboral que quiere poner en marcha en todo el mundo, dentro del proceso de «adelgazamiento» y en el intento de salvar la compañía, aquejada de importantes problemas tecnológicos y que arrastra pérdidas milmillonarias. Así lo ha confirmado el presidente de la empresa, Christian Bruch, quien se ha mostrado satisfecho de las conversaciones con la banca española para buscar financiación y del respaldo que, previsiblemente, recibirá del Gobierno de Pedro Sánchez y que se transformará en avales. «Han sido unas conversaciones muy profesionales con el Gobierno», remarcó Bruch. Siemens Energy –la propietaria de Gamesa y de la que Bruch es a su vez consejero delegado– anunció hace días la intención de poner en marcha una reordenación de su filial eólica, Siemens Gamesa, que tiene dos vertientes. La primera es tecnológica, está lanzada desde hace casi un año y busca resolver los problemas de sus generadores terrestres 4X y 5X, cuya producción y venta está paralizada desde el pasado verano. La segunda está ligada a la salida de algunos mercados en los que vende sus aerogeneradores y en los que también fabrica. A falta de una decisión definitiva, aclaraBruch, todo apunta a que la empresa saldrá del mercado terrestre de Sudamérica y quizá también de India. «Nos vamos a centrar en el mercado europeo». Esta reordenación se inicia tras evaluar la posibilidad de desprenderse del área de generación terrestre, el ‘onshore’ –el fuerte de la antigua Gamesa–, y quedarse solo con la marina –’offshore–, alternativa que fue definitivamente desechada. Siemens Gamesa perdió 4.338 millones de euros en el último ejercicio, acumula 800 más este año y cree que la cifra ascenderá hasta los 2.000 millones. 

La dirección de ArcelorMittal en España ha acordado con los sindicatos UGT y USO un ERE, por «causas organizativas», que afecta a 131 puestos de trabajo en la empresa en España, la gran mayoría de ellos en Asturias, pero algunos también de la planta vizcaína de Etxebarri. Este ajuste laboral viene motivado por la necesidad de «amortizar» determinados puestos de trabajo como consecuencia del «deterioro de la actividad de la compañía en los últimos años, tanto en ingresos como en volumen de producción», según la multinacional. Fuentes de la empresa precisaron que, serán «muy pocos» los trabajadores afectados por este expediente en la planta vizcaína de Etxebarri, que tiene una plantilla de 370 empleados y se dedica a la producción de hojalata. Este ERE, al que se ha opuesto el sindicato ELA, afectará a trabajadores nacidos en 1962 que se han acogido a la posibilidad de extinguir su contrato de trabajo con ayudas previas a la jubilación ordinaria y aquel otro personal de ese mismo año que, «por aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación, pueda adherirse de forma voluntaria a este expediente».

Los trabajadores de Sidenor se concentrarán hoy en la plaza de Azkoitia en contra del ERTE acordado entre la dirección de la empresa y los sindicatos CCOO, UGT y USO. Estas centrales y la empresa pactaron un ERTE para la planta guipuzcoana y la de Reinosa (Cantabria), «boicoteando así la mayoría de ELA y LAB en Azkoitia», según estos sindicatos. ELA recordó que el ERTE afecta a 310 personas, así como a las subcontratas, y es «totalmente injustificado» ya que Sidenor «obtuvo 23 millones de euros de beneficios en 2022, y sigue teniendo carga de trabajo».

Iberdrola celebra hoy su junta de accionistas en Bilbao en un momento extraordinariamente dulce con todos sus indicadores en positivo. El principal en los últimos días es el de su cotización en el mercado bursátil, que roza el máximo histórico alcanzado hace algo más de dos años, en enero de 2021, con 12,508 euros por título. Las acciones de la eléctrica se han revalorizado un 3,6% desde inicios de enero y el 4,45% en los últimos doce meses, en un buen comportamiento que está directamente ligado a sus resultados. La empresa obtuvo el pasado año un beneficio neto de 4.803 millones de euros, lo que supuso un aumento del 10,8% en comparación con el ejercicio de 2022. Y ese aumento del 10,8% será también el que experimente el dividendo que cobrarán los accionistas con cargo a los resultados de 2023 y que ascenderá en total a 0,55 euros por acción. El respaldo de los inversores le ha llevado a situar su valor en torno a los 80.000 millones de euros, lo que sitúa a la empresa que preside Ignacio Galán como la primera entre las ‘utilities’ europeas. Y a una distancia importante de la segunda, la italiana Enel, cuya capitalización bursátil se encuentra 10.000 millones de euros por debajo. Que Iberdrola bata sus propios récords en las cifras de cada año –beneficio y dividendos–, se ha convertido en una constante y todo apunta a que esa será la tendencia de los próximos ejercicios. Las estimaciones de la compañía apuntan a cerrar este año con un beneficio neto disparado, no solo por la buena marcha del negocio sino también por las plusvalías cosechadas en la venta de centrales de ciclo combinado en México. Al cierre del primer trimestre, el beneficio ascendía a 2.760 millones de euros.

Nuevo récord histórico de cotizantes extranjeros tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado. En la comunidad autónoma vasca los trabajadores foráneos dados de alta en la Seguridad Social rebasaron por primera vez la barrera de los 93.000 durante el pasado mes de abril. Estos números vienen a subrayar de forma aún más evidente cómo los inmigrantes siguen ganando peso en el mercado laboral vasco ante el acusado envejecimiento de la población y la escasez generalizada de profesionales. A lo largo de los últimos doce meses se han incorporado 6.944 nuevos cotizantes extranjeros al sistema, lo que supone un 42% de los nuevos afiliados, cuyo total llega a sumar 16.473. Este alto porcentaje se debe a que entre los autóctonos pesan casi más las jubilaciones que las entradas, lo que se traduce en que su incremento sea muy moderado, apenas llega al 1%. Sin embargo, la contratación de inmigrantes se mantiene al alza –de hecho crece un 8%–, justificada por la demanda de mano de obra, aunque se produce especialmente en los sectores con peores salarios y condiciones. Destacan áreas como la de los cuidados, el transporte o la hostelería. Con todo, hay que subrayar que también su ritmo de crecimiento se encuentra actualmente ralentizado. Así, ese aumento interanual del 8% es ya inferior al que se registraba hace un año, cuando los inmigrantes llegaron a suponer ya dos de cada tres nuevos afiliados. En la actualidad los extranjeros suponen en Euskadi un 9% del total de trabajadores, un porcentaje todavía reducido si se compara con el 13% que alcanza en el conjunto de España, donde los inmigrantes dados de alta en la Seguridad Social también marcaron un récord histórico de 2,8 millones el pasado abril.

El sector inmobiliario sigue inmerso en una montaña rusa al albur de un contexto en el que actúan la subida de tipos de interés, la compleja regulación urbanística que alarga plazos de construcción, la falta de suelo y un amortiguamiento del mercado después de dos años de gran crecimiento tras el parón de la pandemia. Todo ello con una tendencia generalizada a la baja en los últimos 14 meses. Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las inscripciones en el Registro de las compraventas de viviendas hechos públicos ayer. En Euskadi, en marzo se registraron 1.500 operaciones, la mayor caída en cuatro años con un retroceso del 25,8%. Unas cifras que dejan un saldo en el primer trimestre del año de 5.416 compraventas, un 12% menos que en el mismo periodo de 2023. Sin duda el impacto en las hipotecas de unos tipos de interés en el 4,5%, que han llegado a elevar hasta en 300 euros mensuales el pago del crédito para un préstamo medio de 150.000 euros, ha sido un elemento clave en este enfriamiento del mercado. Pero ese encarecimiento de la financiación también ha afectado a los promotores que también por los cambios legislativos han decidido frenar el paso. Así se ve en la estadística de la vivienda nueva. Y es que los pisos de nueva construcción siguen perdiendo peso en el total de las compras. En marzo llegaron a su suelo en Euskadi con cerca del 10% (208 operaciones). Es decir, solo una de cada diez compras se realizaron sobre una vivienda nueva. Es el porcentaje más bajo desde la pandemia y confirma una tendencia que ha dejado el 90% del mercado en las viviendas usadas, que centraron el 1.292 compraventas. Una tensión que, a pesar de la bajada de operaciones, hace que el precio no baje ya que la demanda en Euskadi sigue siendo importante. 

Pese al aumento del consumo de marca blanca en Euskadi, se da la paradoja que las dos firmas de distribución vascas, Uvesco y Eroski, son las que menos porcentaje de producto de marca propia ponen en sus lineales. Los vascos han acudido en los últimos años a las marcas blancas como estrategia para ahorrar en la cesta de la compra. Y es que la mitad de los productos con los que familias y particulares de Euskadi llenan sus carros son marcas propias de los supermercados, según datos recopilados por Kantar Worldpanel, empresa internacional que se ocupa del conocimiento y la percepción de los consumidores a la hora de hacer la compra. Se trata de una cifra histórica que llega tras un repunte de más de ocho puntos en solo tres ejercicios, desde el 42% que suponía en 2020. Es más, un 21,3% de los consumidores –dos de cada diez– llenan todo su carrito solo con estos productos, desterrando por completo a la marca de fabricante. La guerra de precios y de promociones para atraer al consumidor se nota sobre todo en productos de droguería y limpieza, donde la marca blanca alcanza el 58% de las ventas de media. En alimentación es el 54%. En refrescos y bebidas alcohólicas, como cerveza y vino, es donde menos se estila. Además, la estrategia más recurrida para ahorrar en la cesta de la compra es acudir a la marca de distribución (41%), seguida por el control del coste de la cesta de la compra (40%) y las promociones (38%), según el informe de NIQ (Nielsen). Los datos no dejan lugar a dudas. Por primera vez en la historia todas las cadenas de distribución han elevado el peso de la marca blanca en sus ventas totales, alcanzando cuotas históricas que ya superan el 82% en Lidl, se acercan al 75% en Mercadona y rondan el 69% en Aldi, en este caso según Kantar. Se trata de enseñas que venden pocas marcas de fabricante.

 Extender el «ventajoso» sistema de financiación vasco a Cataluña «supondría cargarse el Estado» y lo que habría que hacer es «revisar el cálculo de la aportación» del País Vasco y Navarra a la caja común porque es insuficiente. Este es el contundente mensaje que lanzaron ayer expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) durante una jornada sobre financiación autonómica. Uno de los temas que se abordó es la reclamación de los partidos independentistas catalanes de que esta comunidad pase a recaudar el 100% de los impuestos y luego pague una aportación al Estado a imagen y semejanza del régimen foral vasco y navarro. Esquerra Republicana de Catalunya, al inicio de la campaña electoral, y Junts, en su negociación de la investidura de Pedro Sánchez, así lo han demandado. Pero acceder a esa petición solo «empeoraría el problema» que ya existe por el sistema tan favorable que tienen Euskadi y Navarra, explicó Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. Tanto él como el resto de intervinientes –Jose María Durán, director del Instituto de Economía en Barcelona, y Diego Martínez López, investigador de Fedea– coincidieron en que las dos comunidades forales no aportan lo suficiente a través del Cupo por lo que habría que revisar el sistema. De la Fuente lamentó que la opacidad respecto a su cálculo no permite extraer datos precisos, pero todo apunta a que «deberían aportar más». En este sentido, Martínez-López, apuntó que solo la factura que correspondería pagar a Euskadi por el déficit de las pensiones ascendería a 1.500 millones, resultado de aplicar el 6,24% al agujero, estimado en 25.000 millones y cubierto con transferencias del Estado. «Esa cantidad es lo que se paga cada año por el Cupo», recordó.

El absentismo, al igual que el paro, es uno de los problemas del mercado laboral español que se está enquistando, que impacta muy negativamente en las empresas, sobre todo en las pymes, y que afecta también a la economía de un país, puesto que supone un coste muy elevado para las arcas del Estado. Un problema que lejos de reducirse se está agravando al registrar en los últimos años una tendencia al alza imparable. Así lo denunció ayer la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, durante la celebración de una jornada en la que se analizó su impacto en la actividad económica. De hecho, España tiene en la actualidad prácticamente el mismo absentismo que en plena emergencia sanitaria de la pandemia, cuando millones y millones de españoles se vieron obligados a faltar a sus trabajos afectados por la covid-19. Así, si en 2020 su tasa escaló a máximos y se situó en el 7,1%, en 2023 solo se ha conseguido rebajar este nivel una décima y se mantiene estabilizado en el 7%, frente al 5,2% que se registraba en 2018. Equivale esto a que en torno a 1,5 millones de trabajadores españoles, de un total de unos 19 millones de asalariados, no acudieron ni un solo día del año a su puesto, cuando antes de la crisis sanitaria la cifra rondaba el millón o 1,1 millones. Estas ausencias laborales han supuesto un coste total de 135.000 millones de euros anuales, englobando gastos tanto directos como indirectos para la Seguridad Social y las empresas, además de las pérdidas económicas por lo que se ha dejado de producir, según estimaciones de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Este fuerte aumento se refleja también tirando de datos oficiales del INE. «Un constipado en Alemania dura cuatro días y en España, con mejor clima, 20». Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, también lo achacó a «la incesante aprobación de permisos retribuidos que se cargan siempre a las espaldas de las empresas».

Entre los efectos perniciosos del fenómeno de precios negativos o cero que se están registrando en el mercado mayorista de la electricidad, uno de ellos es que muchas plantas fotovoltaicas no pueden ofertar en las subastas que organiza a diario el operador del mercado eléctrico (OMIE) cuando se registran esas cotizaciones. Según fuentes del sector, esto está afectando en determinadas horas a una capacidad de entre 300 y 500 MW fotovoltaicos de capacidad correspondientes a muchas instalaciones a las que no les resulta rentable vender su energía y funcionar con esos precios. Hasta el pasado 1 de abril nunca se había producido dicho fenómeno en el mercado ibérico de la electricidad (Mibel), cuyos precios se deciden en las citadas subastas para cada una de las 24 horas del día de OMIE. Pero, desde ese día hasta hoy, se han acumulado 130 horas con precios negativos y otras 200 horas con precios cero, en total, 230 horas, que equivaldrían a casi 14 días de electricidad gratis o con devolución. Hasta ahora, el precio más negativo (-1,50 euros/MWh) se produjo a las 15.00 del pasado 21 de abril. En cuanto a la última cotización negativa, esta se registró el 14 de mayo a las 16.00. En este punto, hay que distinguir varios tipos de plantas: las que tienen garantizado un precio mediante una retribución en los peajes de la factura de la luz, el llamado sistema Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos), que no pueden ofertar a precios negativos; las que reciben una retribución por la operación y el mantenimiento de la instalación y las que tienen firmados contratos a largo plazo (o PPA). 

Banco Sabadell mantiene el pulso frente a la OPA hostil lanzada por BBVA a principios de mayo. El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, advirtió ayer de que los cálculos empleados por la entidad presidida por Carlos Torres para configurar su oferta infravalora el impacto que la fusión tendría sobre capital y costes de reestructuración y, por tanto, sobre la solvencia y la rentabilidad del banco resultante. González-Bueno justificó así el rechazo del consejo a la propuesta que, a su juicio, no se ajusta a la realidad del banco. Entre otras cosas porque los números para la oferta no incluyen las actuales ‘joint ventures’ que Sabadell mantiene con Amundi en gestión de activos y Zurich en seguros. Pero, sobre todo, porque la estimación de costes y ahorros es, a juicio de Sabadell, errónea. Dentro de su limitada capacidad para cumplir el ‘voto de silencio’ impuesto por la ley de opas de 2007, el consejero delegado del Sabadell explicó que la ratio de costes de reestructuración (1.450 millones de euros) y sinergias (850 millones) es en realidad de 3 veces, según sus estimaciones, muy por encima de las 1,8 veces que prevé BBVA. El directivo también cuestionó el impacto de 30 puntos básicos sobre capital que ahora calcula BBVA. «La cifra es bastante superior», expresó González-Bueno durante su intervención en un encuentro financiero organizado por el IESE y FTI Consulting (al que también estaba previsto que acudiera el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, aunque finalmente no participó). Por otra parte, insistió en que la oferta «no vinculante» llegó «sin negociaciones previas», a pesar de que desde la entidad con sede en Bilbao han defendido estas semanas que los contactos con el equipo directivo de Josep Oliu venían ya desde mediados de abril, incluido un encuentro presencial entre los presidentes de ambas entidades. 

El Banco de España exigirá a la banca 7.500 millones de capital extra para blindar a las entidades y preservar el flujo de crédito a la economía ante futuras crisis. El supervisor articulará la medida a través de una modificación del marco actual del colchón de capital anticíclico y su próxima activación. Este colchón es una de las novedades regulatorias surgidas tras la crisis financiera internacional de 2008. Es un instrumento que persigue que la banca atesore capital en momentos en los que puede producirse una gestación de riesgos, para utilizar esa hucha durante las épocas de deterioro de la economía. El volumen de capital de 7.500 millones corresponde al 1% de los activos de riesgo por las exposiciones en España, según explicaron ayer en rueda de prensa el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera. La nueva exigencia de fondos propios será gradual. Se instrumentará en dos fases que culminarán a finales de 2026. El supervisor establecerá ya en el último trimestre de este año un colchón del 0,5% que será de aplicación el 1 de octubre de 2025. Posteriormente, y siempre que el entorno de riesgos permanezca estable, se exigirá el restante 0,5%, con un plazo de cumplimiento en octubre de 2026.

La reducción de la jornada laboral máxima de las 40 horas semanales a las 37,5, recogida en el acuerdo por el que se formó el pasado año el Gobierno de coalición con el PSOE y Sumar, provoca una gran alarma entre las empresas del sector turístico, que de cumplirse las excelentes perspectivas para este año supondrá más del 13% del PIB nacional. La voz de alerta la dio ayer Exceltur, asociación que reúne a más de 30 empresas que emplean al 10% de los asalariados del sector, con la presentación de un crítico informe en el que aporta números del impacto económico de esta medida. Un impacto de casi 2.400 millones de euros. En concreto, la organización estima que 2,5 horas menos a la semana por empleado tendrían un coste anual de 2.348 para las compañías que componen el tejido empresarial turístico. Y no solo eso, sino que el impacto sobre el beneficio sería de una reducción del 8,1%. Entre otras cosas, por el hecho de que los costes salariales también se auparían, en este caso un 4,9%. Aseguran además que es un cálculo conservador, puesto que asume “el supuesto de que las empresas pudieran encontrar trabajadores formados para complementar las horas reducidas (lo que no se produce en el contexto actual) y de que esas empresas tienen el tamaño suficiente para adaptar y gestionar con flexibilidad sus turnos, lo que es difícil de asegurar, cuando el 93,9% de las empresas turísticas en 2023 son micropymes”. De no cumplirse estas condiciones, el resultado sería que “las empresas se verían abocadas a reducir sus horarios, bajar la prestación de servicios y, en consecuencia, minorar sus ventas, lo que generaría un coste mayor del calculado”.

El PIB japonés comenzó el año en retroceso, como resultado de los problemas de la industria automotriz en el país y la debilidad del consumo privado. La cuarta economía del mundo se contrajo un 0,5% en el primer trimestre del año con respecto al cierre del pasado ejercicio, según los datos publicados ayer por la Oficina del Gabinete del Gobierno nipón, unos datos que quedan bastante por debajo de las expectativas de los analistas y que pueden dificultar los planes del Banco Central de Japón para seguir subiendo los tipos de interés para normalizar la política monetaria tras ocho años de tipos negativos. El PIB japonés se contrajo un 0,5% entre enero y marzo, dejando la tasa interanual en un retroceso del 0,2% que contrasta ampliamente con el alza del 1,2% del trimestre precedente. Este deterioro, además, tiene lugar después de una segunda mitad de 2023 muy negativa, con un descenso del PIB del 0,9% en el tercer trimestre y estancamiento en el cuarto. La caída en el arranque del año refleja el descenso del consumo de los hogares (0,7%), así como el recorte de las exportaciones (5%), de la inversión empresarial (2,5%) y en vivienda (0,8%). Únicamente el sector público ha tirado al alza de la actividad nipona, con un incremento del 0,2% en el gasto corriente y del 3,1% en la inversión, según detalla la nota de prensa. Sin embargo, gran parte de los problemas que aquejan al país tienen que ver con el parón del sector automotor, la principal industria nipona. “La nueva caída del PIB en el primer trimestre refleja principalmente los cierres en los principales fabricantes de automóviles”, sostiene Marcel Thieliant, economista para Asia-Pacífico de Capital Economics, para quien “es muy probable que se produzca un repunte pronunciado este segundo trimestre”, por la reactivación de algunas líneas de producción. Japón, antaño primer exportador mundial de vehículos, se vio superado ya por China el año pasado debido a parones en varias líneas de montaje entre sus principales marcas, 

Un grupo de 15 países europeos ha reclamado a la Comisión fórmulas “innovadoras” para frenar la llegada de migrantes a la UE, entre las que proponen “explorar” la creación, fuera de territorio comunitario, de centros donde sean trasladados los rescatados en el mar. Además, piden que la Unión firme nuevos pactos migratorios con países vecinos, como el rubricado con Túnez, para que impidan las salidas a cambio de fondos europeos. El traslado de migrantes fuera del suelo comunitario recuerda al controvertido plan que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni prepara con Albania, un paso más en la externalización de la política migratoria y de asilo. Las propuestas figuran en una carta enviada a Bruselas por los ministros del Interior de Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumania y Finlandia. La UE está endureciendo su discurso sobre inmigración, en vísperas de las elecciones europeas. En 2023, llegaron al territorio comunitario 385.445 migrantes en situación irregular, según datos de Frontex. Un grupo de 15 países, encabezado por Dinamarca, reclama a la Comisión Europea fórmulas “innovadoras” para frenar la llegada de migrantes a Europa. Proponen que la Unión Europea firme nuevos pactos migratorios, como los rubricados con Túnez —fondos europeos a cambio de que ese país impida las salidas—, y plantean “explorar” la creación, fuera de territorio comunitario, de centros para enviar a los solicitantes de asilo rescatados en el mar, en un modelo similar al controvertido plan que Italia quiere concretar en Albania y que avanza en la senda de externalizar todos los campos de la gestión migratoria.

La polarización azota Europa, donde asoma el fantasma de la violencia política. El intento de asesinato el miércoles del primer ministro eslovaco, Robert Fico, que ha sacudido al país centroeuropeo y a toda Europa, aviva los temores de que el actual ambiente inflamado en un buen número de Estados miembros tenga resultados catastróficos. El ataque contra Fico, a pocas semanas de unas elecciones clave para el futuro de la UE, es el último y más extremo capítulo de una oleada de agresiones a políticos en Occidente que ha hecho saltar todas las alarmas sobre el aumento del discurso de odio, los populismos y la división social. Esta realidad, que se vio ahondada tras el aislamiento de la pandemia de coronavirus y las diversas crisis que golpean el continente, amenaza la democracia y supone un caldo de cultivo para la injerencia extranjera, advierten expertos y líderes de la UE. En los últimos meses, la violencia política ha dejado un rastro de casos en toda Europa, como la agresión hace dos semanas al eurodiputado socialdemócrata alemán Matthias Ecke —que se investiga como perpetrada por jóvenes afines a la ultraderecha—. Este preocupante fenómeno coincide con un momento turbulento en la UE, con la guerra de Rusia contra Ucrania muy caliente, la crisis en Oriente Próximo sin visos de remitir y una dinámica que apunta al ascenso de los partidos de ultraderecha, que beben de la división social.