20240725

El lehendakari Imanol Pradales ha recibido esta mañana a la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, en lo que constituye la primera reunión institucional tras su reciente nombramiento como nuevo jefe del ejecutivo vasco.  En comparecencia posterior ante los medios de comunicación, Tamara Yagüe ha destacado que “hemos ofrecido al lehendakari nuestra colaboración y lealtad institucional para impulsar todo tipo de políticas que ayuden a mantener la competitividad de las empresas vascas y, con ello, el mantenimiento de nuestro estado del bienestar, vía creación de empleo, pago de impuestos, etc….  El lehendakari tendrá en nosotros un aliado, nunca un obstáculo. Creemos que es lo que el País nos pide a los agentes sociales”.  Asimismo, la presidenta de Confebask ha remarcado al lehendakari la necesidad de “poner en valor social y político la aportación de las empresas y del empresariado vasco al progreso y bienestar social de Euskadi. También es importante dar respuesta a la escasez de personas para satisfacer las necesidades de empleo y cualificación de las empresas vascas. Y, además, proponemos reforzar la competitividad regional y acelerar el crecimiento económico. Para ello, más allá de reforzar y renovar la apuesta industrial, también planteamos abordar una nueva mirada fiscal”. Por último, ha trasladado al lehendakari su preocupación por dos asuntos: de un lado, el clima laboral en Euskadi. “Independientemente de que en el sector privado estemos en niveles récord de convenios firmados, la imagen que trasladan determinados mensajes no ayuda a atraer inversiones. Coincidimos en que hay poner en valor el acuerdo y no, precisamente, el conflicto”, ha subrayado Tamara Yagüe. De otro lado, “otra de nuestras preocupaciones es el absentismo laboral en Euskadi, que se sitúa a la cabeza del Estado por mucha diferencia, y no acabamos de entender por qué. Ver más en Confebask.

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, se reunió ayer con el nuevo lehendakari, Imanol Pradales, en Ajuria Enea para trasladarle en persona su visión de la economía vasca, sus preocupaciones –que no son pocas– y su particular carta a los Reyes Magos centrada en una «nueva mirada fiscal». Todo ello, recalcó, desde la «máxima colaboración y lealtad institucional». «El lehendakari tendrá en nosotros un aliado, nunca un obstáculo. Creemos que es lo que el país nos pide a los agentes sociales», apostilló. La visita de la presidenta de los empresarios vascos se produjo días después de que Pradales recibiese primero a los líderes del sindicato ELA y a continuación a los de LAB y CC OO. Todo ello enmarcado en una ronda de contactos con los principales agentes institucionales y sociales de Euskadi que el lehendakari ha impulsado para activar con la mayor celeridad posible sus primeros cuatro años de gobernabilidad. Tamara Yagüe le trasladó las líneas maestras trazadas por la patronal y que fueron expuestas recientemente en una comparecencia conjunta con los responsables de las organizaciones de los tres territorios. Entre otras peticiones, reclaman como punto de partida «poner en valor social y político la aportación de las empresas y del empresariado al progreso y bienestar de Euskadi». Y es que su imagen, sobre todo a raíz de ciertos discursos abonados desde Madrid, ha quedado muy tocada en los últimos años. No se trata tanto de recibir algo de ‘cariño’, que también, sino de reconocimiento. En lo referido a las cosas del comer, las preocupaciones siguen siendo las mismas de siempre, lo que evidencia que Euskadi no es capaz de poner coto a tres grandes problemas. Primero, «la escasez de personas» para trabajar, sobre todo en determinados puestos cualificados. Segundo, un clima laboral que «no ayuda a atraer inversiones por la imagen que trasladan determinados mensajes». No citó a ELA, pero el viernes pasado, su secretario general, Mitxel Lakuntza, advirtió a Pradales en su reunión de Ajuria Enea de que la estrategia de presión a base de huelgas seguirá siendo su principal seña de identidad. Y tercero, el absentismo laboral. «Euskadi se sitúa a la cabeza del Estado por mucha diferencia y no acabamos de entender por qué. No se trata de buscar culpables, sino soluciones», recalcó Tamara Yagüe. En este sentido, avanzó que están preparando de cara al otoño un acto conjunto de Confebask, Adegi, Cebek y SEA para que expertos en la materia «puedan ofrecernos una visión multidisciplinar del problema».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe ha asegurado que “con nuestra propuesta fiscal no estamos pidiendo que a las empresas vascas se nos trate mejor, de una forma privilegiada, que al resto ni de los países que nos rodean, ni de las comunidades. Sólo estamos pidiendo que se nos trate igual”. La presidenta de Confebask cree que eso "incentivaría el arraigo y las inversiones, tanto personales como empresariales. El modelo no es Madrid, el modelo es Madrid, el modelo es Alemania, el modelo es Francia. Queremos lo mismo que tienen ya las empresas allí, teniendo en cuenta, además, que en Euskadi estamos en máximos de recaudación histórica”. Ante las palabras del vicelehendakari, Mikel Torres, que veía “chocante” su propuesta en un momento "récord" de beneficios, Tamara Yagüe no se ha mostrado de acuerdo con esa afirmación, porque, afirma, “puede que lo estén las grandes empresas pero el entramado vasco, son mayoritariamente pymes y son las que más han sufrido con la subida de los costes laborales y de los materiales”. "Volvemos a decir- concluye- que no estamos pidiendo ningún privilegio sino que nos equiparen con lo que nos rodean para poder llegar a ser competitivos". En cuanto la conflictividad laboral, la presidenta de Confebask ha afirmado que siempre van a tener "la mano tendida para colaborar y para poder llegar a entendimientos. De hecho, se llegan a muchos convenios sin tener que hacer una huelga. La conflictividad lo que hace es que futuras inversiones no se lleguen a hacer en el País Vasco. Hay que tener una visión de país. Algunos están  más en el corto plazo que en el medio plazo". Ver más en Confebask. 

ELA ha exigido al lehendakari una reforma fiscal en profundidad que permita recaudar más para aumentar la inversión del Gobierno en los servicios públicos esenciales, como salud, educación y cuidados. Para ello, propone subir el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 17% al 25%, sin que haya excepciones de ningún tipo. Asimismo, reclama una tarifa única de IRPF para todas las rentas y duplicar el gravamen del Impuesto de Patrimonio. Estas son algunas de las medidas que recogía el documento que entregaron el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y la secretaria general adjunta, Amaia Munoa, este lunes a Imanol Pradales. Se trata de un conjunto de medidas no solo fiscales, sino también en lo referente a inversión pública, Osakidetza, cuidados, educación, euskera, salud laboral o el marco vasco de relaciones laborales. Para ELA, la fiscalidad es fundamental para poder abordar todas esas políticas, ya que remarca que la presión fiscal vasca es del 32,9% del PIB, muy inferior a la media europea (40,2%). Un diferencial que supone una recaudación inferior en 7.100 millones al año, «algo que hay que corregir», subraya. Respecto a las exigencias de la patronal de reducir el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 17% al 15%, lo tachó de «auténtico escándalo cuando las empresas pagaron el año pasado 400 millones menos que en 2007».

El peso de la industria en Euskadi, el sector con los salarios más altos, siempre se ha dejado notar en la estadística de los costes laborales. Esta realidad, junto a unos precios tradicionalmente más elevados, han colocado siempre al País Vasco a la cabeza de la clasificación del gasto por empleado, como confirmaron los últimos datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero en esta ocasión, las cifras de 2023 añaden un elemento más al superar la barrera psicológica de los 40.000 euros. El crecimiento que recoge en Euskadi es del 4,5%, hasta alcanzar los 41.424 euros, solo superados por Madrid con 42.568 y muy por encima de los 36.130 de la media nacional, que ascendió un 5,4%. Esta cuestión evidencia una remuneración más alta en Euskadi, que coincide además en un momento en el que el 60% de los trabajadores vascos han renovado el convenio, según señaló recientemente el Consejo vasco de Relaciones Laborales. Pero también con unos datos de absentismo que rozan el 10% en una combinación sobre la que la patronal vasca alerta de una pérdida de competitividad. La mayor subida de los costes laborales se debe a que los costes no salariales aumentaron un 6,9% en Euskadi y llegaron a los 11.304 euros. De estos, 10.348 euros se pagaron por cotizaciones obligatorias (un aumento del 7,5% y 722 euros más que el año anterior); 351 por cotizaciones voluntarias, 462 euros por prestaciones sociales directas y 153 por indemnizaciones por despido. Las subidas en Euskadi, eso sí, registran menor velocidad que en el resto de España, que ha firmado la segunda mayor subida del registro histórico, tras el 5,6% registrado en 2021. 

Los salarios vascos se situaron entre los que menos crecieron el año pasado, en concreto fueron los cuartos con menor incremento. Y es que los sueldos aumentaron un 3,7%, hasta alcanzar los 30.120,77 euros brutos. Así lo refleja la Encuesta Anual de Coste Laboral que publicó ayer el INE. Un aumento que se sitúa solo por delante del registrado en Extremadura, donde subieron un pírrico 1,9%; Galicia, con un aumento del 3,4%, y la Comunidad Valenciana, con el 3,6%. Además, los sueldos vascos crecieron un punto menos que la media estatal, que se situó en el 4,7%. En el lado opuesto se colocan las Islas Baleares, donde los salarios se incrementaron un 8,5%, pero siguen estando muy por debajo de los vascos. Y es que pese a ese aumento más moderado de los salarios vascos, siguen siendo los segundo más elevados de todo el Estado, con Madrid a la cabeza, donde avanzan un 5,6% hasta alcanzar los 32.040 euros. Esto hace que siga aumentando la brecha salarial entre la comunidad de Madrid y Euskadi, hasta el punto de que de media un trabajador madrileño percibe 1.920 euros brutos más que uno vasco. Este aumento salarial permite, con todo, ganar algo de poder adquisitivo a los trabajadores vascos, ya que el año pasado la inflación se moderó al 3,1% desde el 5,4% del ejercicio anterior. En Navarra se incrementaron un 6,4%, el segundo mayor porcentaje, y llegaron hasta los 28.716 euros, por encima de la media estatal (26.556 euros).

Los resultados de Iberdrola en lo seis primeros meses casi suponen todo lo ganado a lo largo de 2023. La compañía eléctrica vasca ha pulverizado su récord semestral de beneficios alcanzando este año una cifra de 4.134 millones de euros, lo que supone un aumento del 64% en comparación con el mismo periodo de 2023. La clave hay que buscarla en la buena marcha de su actividad en todo el mundo, así como en la consecución de 1.165 millones de euros de plusvalías tras la venta de un conjunto de centrales de ciclo combinado en México. La empresa presidida por Ignacio Galán ya ha anticipado que lo que ha sucedido en el primer semestre no es un hecho coyuntural y que espera cerrar el año con una cifra de beneficio que va a superar con creces los 5.000 millones de euros –en 2023 obtuvo 4.800–, ya que anticipa un crecimiento superior al 10%. Y ello sin contar con la plusvalía obtenida en México, que puede ayudar a situar el resultado neto total del ejercicio muy cerca de los 7.000 millones de euros. La eléctrica destacó ayer que estos resultados se han obtenido en un contexto de mayor producción hidroeléctrica que en la primera mitad de 2023, ya que sus centrales con esta tecnología han sido capaces de producir un 50% más de electricidad gracias a las buenas condiciones climatológicas. Por otra parte, las inversiones en los seis primeros meses del año han alcanzado la cifra de 5.300 millones de euros, lo que supone un aumento del 16% en comparación con el primer semestre del pasado año. Estados Unidos y Reino Unido siguen siendo el punto prioritario de inversión de esta compañía, ya que destina a ese país el 56% de sus nuevos recursos. La Península Ibérica recibe el 19% de la inversión y estiman que la demanda eléctrica se va a disparar en el corto plazo debido al despliegue de centros de datos, que son grandes consumidores de energía. Ver más en Iberdrola. 

Las malas señales que Tubacex transmitió en abril, durante la presentación de los resultados del primer trimestre, se han confirmado al cierre de la contabilidad de junio. Aunque las ventas de tubos inoxidables sin soldadura solo han caído un 8,5%, para alcanzar la cifra de 398 millones de euros, el beneficio de la compañía se ha hundido. Únicamente ha ganado 6,5 millones de euros, lo que representa una caída del 67,7% en comparación con el primer semestre de 2023. La empresa justifica la situación en los retrasos al entregar algunos pedidos y a la necesidad de comenzar a fabricar los tubos que comenzarán a entregarse a finales de año a la compañía árabe Adnoc y que serán terminados en una factoría que se construye en la actualidad en Abu Dabi. La empresa alavesa basa buena parte de su confianza en la buena marcha de ese pedido y en el proyecto industrial en Abu Dabi, tras alcanzar un acuerdo con la compañía Mubadala para que participe también como socio. El pedido de Adnoc, aseguró Jesús Esmorís, consejero delegado de la compañía, «tendrá un efecto positivo sobre la actividad en las plantas vascas, porque lo lógico es que fabriquemos aquí el acero y también hagamos aquí la extrusión del tubo». Uno de los puntos débiles de la empresa está centrado en su elevado endeudamiento, que ha comenzado a pasar factura en términos de costes financieros. Al terminar el primer semestre la empresa tenía una deuda financiera neta –la deuda total menos los activos líquidos– de 395 millones. Una cifra que se sitúa un 45% por encima de la existente a finales de junio de 2023. La empresa ha explicado de forma reiterada que esta elevación desmedida de la deuda está justificada por las nuevas inversiones, así como por la necesidad de adquirir las materias primas para los pedidos en cartera, y que comenzarán a convertirse en ventas en la recta finales del año.

La empresa alavesa fabricante de botellas de vidrio Vidrala ha cerrado un semestre positivo aunque con un descenso del beneficio neto del 6%, para situarse en la cifra de 120,8 millones de euros. La compañía advierte que en Europa detecta una recuperación del mercado más lenta de lo que había estimado a finales del pasado año, como consecuencia de que la demanda de los principales países del continente se mantiene al ralentí. La empresa facturó un total de 830,4 millones de euros en este primer semestre del año, con un aumento del 4,5% en el periodo. Sin embargo una parte sustancial de ese aumento de facturación se ha debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, que cada vez tienen más incidencia en la empresa debido al aumento de su perímetro de consolidación fuera de Europa. Las ventas también han estado impactadas por los cambios de consolidación, ya que desde el pasado mes de enero se integra la compañía brasileña Vidroporto, mientras que el pasado mes de marzo dejó de contabilizarse Vidrala Italia, tras el acuerdo para su venta.

El grupo industrial y tecnológico Velatia facturó 983 millones de euros en 2023, un 18% más que durante el año anterior según consta en la memoria anual no financiera. Así alcanza unos resultados récord gracias al crecimiento de los negocios de las empresas que lo conforman, con más de 3.900 profesionales. Los resultados se sujetan de forma mayoritaria en dos de las empresas: Ormazabal (a la que corresponde el 77% de la facturación) e Ikusi (18%). El presidente del grupo Velatia, Javier Ormazabal, destacó que los resultados son fruto de una apuesta por la tecnología, la innovación y la sostenibilidad. «Los resultados que vemos hoy son el reflejo de las decisiones y acciones del pasado», valoró.

Talgo ha dado un paso más y ha planteado sin ambages al Gobierno de España que, si se prolongan los trámites administrativos sobre su futuro, la compañía de origen vasco podría verse comprometida. Hizo llegar la advertencia mediante una carta a la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), un organismo que depende del Ministerio de Economía y que debe autorizar la operación en la medida en que supone una inyección de capital internacional en una compañía española. La información sobre la misiva enviada el lunes eleva la temperatura de una operación que se acerca a las fechas clave. A mediados de agosto es cuando termina el plazo para que el Jinvex emita una respuesta a la autorización solicitada por Magyar Vagon que servirá de fundamento para la resolución del Consejo de Ministros. Talgo está ahogada por una cartera de pedidos que supera los 4.200 millones de euros y busca, al ser adquirida por la compañía húngara, acceder a su decena de fábricas, así como a nuevos mercados. La posición abiertamente hostil del Gobierno hacia la opa ‘amistosa’ de Magyar Vagon ha despertado también las alarmas en Talgo sobre posibles dilaciones deliberadas. La empresa presidida por Carlos de Palacio y Oriol defiende en la carta la importancia de avanzar para permitir a Talgo acudir con garantías a nuevas licitaciones. Y es que los retrasos en las entregas pueden acarrear sanciones, como las interpuestas por Renfe por las dilaciones en los trenes Avril, o que los clientes pidan la ejecución de los avales con que los bancos respaldan a Talgo en los contratos. En esa situación se añade que, en menos de un año, debe comenzar la entrega a Deutsche Bahn –la Renfe alemana– del pedido más importante de la historia de Talgo, 55 trenes por más de 1.000 millones de euros.

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, y las tres diputadas forales del área, se reunieron ayer para corroborar su compromiso para impulsar proyectos compartidos en favor de una industria sostenible. Asimismo, Jauregi afirmó que trabajará en un nuevo Plan de Industria 2028 que propicie las condiciones para liderar la reindustrialización de Europa. Esta fue la conclusión del primer encuentro conjunto que se dio ayer entre Jauregi, y las diputadas de promoción económica de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, Ane Insausti, Saray Zárate y Ainara Basurko, respectivamente. Durante la reunión, analizaron la situación de los respectivos territorios de los que las diputadas son responsables en sus ámbitos además del contexto global. Compartieron los objetivos de hacer crecer la industria y avanzar en su descarbonización. Además, con el Programa de Gobierno 2024-2028 como referencia, Jauregi desatascó la necesidad de profundizar en la cooperación interinstitucional como fortaleza del país, apelando a ese «espíritu pionero que durante décadas ha exhibido Euskadi». Los asistentes se comprometieron a dotar de un nuevo impulso a sus políticas y a tener una «visión de país» para atraer nuevas inversiones y sobre todo, para situar a Euskadi como un referente industrial pionero en Europa.

Kutxabank ha aprobado el reparto de casi la mitad del beneficio obtenido en el primer semestre del año como dividendo a sus tres accionistas, las fundaciones BBK, Kutxa y Vital. En total, el banco vasco repartirá 131,8 millones tras haber contabilizado un beneficio neto de 264 millones de euros entre enero y junio. Pese a la positiva evolución del negocio de Kutxabank, lo cierto es que el desempeño económico de la entidad hay que calificarlo como modesto, un aumento de tan solo el 5,4%, en comparación con los resultados de otras entidades financieras españolas que ya se conocen. El Banco Sabadell ha mejorado su beneficio en un 40,3% –aunque todo apunta que en un alarde de contabilidad creativa para revalorizarse en plena opa de BBVA–; Bankinter ha aumentado un 3,3% y Santander, que también dio ayer a conocer sus resultados, un 16%. Aunque el negocio de la entidad mantiene cifras positivas muy relevantes, la clave para justificar un beneficio no tan deslumbrante como cabía esperar ha sido el importante aumento de las provisiones que ha decidido realizar, en especial de los activos adjudicados. Aunque el banco mantiene una tasa de morosidad de tan solo el 1,31%, la más baja del sector en España, lo cierto es que ha dado un auténtico salto en las provisiones y las ha más que duplicado en este semestre. De los 144 millones destinados el pasado año a cubrir este tipo de quebrantos ha saltado a 318 millones en lo que va de año. Es, apuntan, una decisión de prudencia para proteger el resultado futuro de la entidad.

Las instituciones alavesas llevaban desde principios de 2022 trabajando para que resultara posible instalar en Foronda un hangar de reparaciones de aeronaves de DHL. Un trabajo intenso que se ha intentado llevar con discreción y que, por fin se ha confirmado por parte del gigante internacional de la paquetería. La inversión de 40 millones será histórica para la terminal de la Llanada. «Es un proyecto que supondrá un avance importante y significativo para el desarrollo industrial del aeropuerto», reconoció ayer el diputado general, Ramiro González, que se ha implicado personalmente en las negociaciones con DHL y Aena. «Por fin ha dado sus frutos. Hoy ya es una realidad», afirmó el máximo dirigente foral con una clara sensación de alivio. González consideró que la nueva infraestructura que DHL tiene prevista para el territorio histórico es «una de las más importantes de Europa para el mantenimiento de aeronaves sobre el mantenimiento de aeronaves». De esta manera espera que Foronda llegue a una nueva dimensión ya que el tráfico aéreo seguramente aumentará a partir de 2027, cuando se espera tener concluidos los trabajos. Será el segundo hangar más importante de la compañía en Europa por detrás del que tiene en Leipzig (Alemania). Los responsables forales consideran que una de las cuestiones que ha decantado la balanza a favor de Vitoria es la cercanía a otros nodos como la futura plataforma intermodal de Júndiz. «Desde SEA-Empresas Alavesas siempre hemos defendido y apoyado el aeropuerto de Foronda y su crecimiento con la incorporación de nuevas empresas o con la ampliación de las que ya existen. Supone un impulso decisivo para el futuro de esta importante infraestructura para el empresariado alavés», destacó José Antonio Sánchez Corchero, nuevo presidente de SEA.  «Es una magnífica noticia. Este proyecto «Se consolida la apuesta de DHL y abre la novedosa vía del mantenimiento aeronáutico», afirma Sánchez Corchero (SEA)

Los viticultores están pendientes del envero –el cambio cromático– y la maduración de la uva antes de arrancar con la vendimia entre finales de agosto y principios de septiembre. Es lo tradicional. Nada cambia en la rutina de la producción. Pero para un grupo de bodegueros agrupados en ABRA hay un componente extra de malestar y frustración. Promovieron una denominación de origen de Rioja Alavesa –consiguieron, de hecho, el plácet del Gobierno vasco– y se marcaron el objetivo de sacar a la venta sus caldos con el etiquetado propio Arabako Mahastiak (Viñedos de Álava). Pero por segundo año consecutivo no podrán hacerlo. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que en el verano de 2022 frenó el proyecto alavés. Fue el primer envite de la ofensiva judicial iniciada desde Logroño. Aún no se ha resuelto. Y lo condiciona todo. Porque entre las medidas cautelares asociadas a ese recurso está la prohibición expresa de comercializar vino bajo la nueva denominación. Es decir, como aún no se ha resuelto la causa principal, los bodegueros no pueden usar etiquetado al margen del tradicional de Rioja, pese a que el proyecto alavés cuenta con los parabienes del Ejecutivo de Lakua, lo que permitiría su venta en el mercado nacional.

La Justicia ha arrojado un jarro de agua fría sobre una de las herramientas clave con las que esperaba contar el Gobierno vasco para solventar el déficit de médicos en Osakidetza. El Tribunal Supremo ha decidido paralizar la transferencia a Euskadi de la competencia de homologación de títulos universitarios extranjeros que se acordó en marzo y que se materializó este pasado 1 de julio. El alto tribunal ha acordado su suspensión temporal, a la espera de entrar al fondo de la cuestión, en respuesta a los recursos interpuestos por organizaciones profesionales como los colegios de médicos y dentistas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo argumenta que «la variedad creciente de titulaciones y la extraordinaria movilidad que se produce en nuestros días, en que cada vez más españoles estudian en el extranjero y más extranjeros aspiran a la homologación o al reconocimiento en España de los títulos universitarios obtenidos en sus países o en otros distintos al nuestro, aconsejan extremar todas las cautelas». El Supremo subraya «la trascendencia para los intereses públicos generales» e interpreta que la suspensión cautelar tendrá «muy escasa incidencia» porque las primeras resoluciones no se preveían hasta dentro de diez meses y «antes de llegar a ese momento, ya habremos dictado sentencia». A día de hoy, en el buzón del Gobierno vasco se acumulan hasta 200 solicitudes para la homologación de títulos extranjeros y la prioridad es que esta decisión judicial «no paralice los proyectos de esas personas que quieren desarrollarse profesionalmente en Euskadi». Fuentes del Ejecutivo autonómico subrayan que es una competencia «legalmente asumida por las instituciones vascas», rebaten los argumentos esgrimidos por el Supremo por no ser «los más adecuados» y reclaman que si se trata de una cuestión competencial sea el Tribunal Constitucional quien dictamine.

El servicio vasco de empleo Lanbide ha suspendido la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a cerca de 6.000 personas en año y medio, la mayoría autóctonas. Desde enero del año pasado, 3.258 vascos y 2.489 extranjeros dejaron de recibir esta ayuda económica por diferentes motivos, como no presentar la documentación requerida. Es más, no comparecer o no entregar los papeles necesarios son las razones más repetidas por las que hasta 2.070 personas –57,4% nacionales– no cobran ya esta prestación, según datos ofrecidos por Mikel Torres, vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo con motivo a una pregunta realizada por Amaia Martínez, del grupo mixto Vox, en el Parlamento Vasco. Los incumplimientos vinculados al itinerario de inclusión sociolaboral, como puede ser rechazar una oferta de trabajo pese a haber sido seleccionado para cubrir el puesto, son la segunda causa más repetida a la hora de suspender la RGI. Así, desde enero del último año hasta julio de este, 1.734 personas han visto su prestación social interrumpida. En este caso, la mayoría (966) son también de nacionalidad española, al igual que ocurre entre los 931 que han dejado de percibir la ayuda por la falta de comunicación de hechos. De ellos, 547 son nacionales y 384, extranjeros. Solo superan las suspensiones de extranjeros a las de nacionales si se tienen en cuenta las «inexactitudes, falsedades u omisiones en las declaraciones responsables», motivo por el que se ha quitado la RGI a 15 personas procedentes de otros países, frente a 10 locales.

La tasa turística empieza a tomar forma en Euskadi. Es uno de los compromisos que recoge el programa de Gobierno acordado por el PNV y PSE-EE para esta legislatura que acaba de comenzar y parece que se va a pisar el acelerador. El consejero de Turismo, Javier Hurtado, se ha dado seis meses para presentar una propuesta sobre este nuevo impuesto, destinado a «gravar las estancias de los viajeros y potenciar la competitividad y sostenibilidad del sector». Las instituciones creen que es el momento idóneo para abrir este melón. Tras el final del terrorismo, el auge del sector del ocio y el restablecimiento de la movilidad tras la pandemia, el turismo se ha consolidado como uno de los motores económicos de Euskadi. Aunque el impacto del fenómeno todavía es menor que en otras comunidades, el propósito del Gobierno vasco es regular «antes de que el escenario cambie», tal y como aseguró Hurtado en una entrevista en la Cadena Ser. El compromiso de impulsar este impuesto llega después de que la pasada legislatura se creara una mesa de trabajo formada por las asociaciones del sector, el Ejecutivo autonómico, las tres diputaciones y los ayuntamientos de las tres capitales. Son las administraciones con las que la Consejería de Turismo dialogará durante estos seis meses para decidir cómo implantar este tributo. De lo que estamos hablando, en definitiva, es de que quienes nos visitan paguen un canon por cada noche que pasan en Euskadi. La cuestión –y el principal punto de fricción entre las distintas instituciones – es cómo tiene que ser este recargo y quién lo debe gestionar. El alcalde San Sebastián, Eneko Goia, es el principal promotor de la medida. Su defensa férrea de la tasa es, de hecho, la que provocó que el Gobierno vasco aligerara los tiempos y creara una mesa interinstitucional. Ahora bien, Goia defiende este recargo «siempre que sea de carácter municipal». 

Repsol, la primera petrolera de España, obtuvo un beneficio neto de 1.626 millones de euros en los seis primeros meses del año, según las cuentas presentadas ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que significa un 14,5% más que el año pasado. Y ello pese a obtener menores márgenes de refino que en los años de la crisis energética y en un contexto marcado por los bajos precios del gas. De hecho, el resultado neto ajustado, que mide la marcha de los negocios de forma más precisa, fue de 2.126 millones, casi un 22% inferior que en los seis primeros meses de 2023. La energética quiere destinar los mayores beneficios a seguir avanzando en su política de remuneración a sus accionistas y anunció en un comunicado un segundo programa de recompra de acciones para la segunda mitad del año. Con 1.128 millones de euros comprometidos como dividendo en efectivo en 2025, la compañía distribuirá a sus accionistas 0,975 euros por acción en 2025, lo que representa un 8% más. Este año, Repsol distribuyó un dividendo en efectivo de 0,90 euros por acción: 0,40 euros por acción en enero y 0,50 euros en julio. Esto representa un incremento cercano al 30% respecto a la remuneración de 2023. Adicionalmente, la compañía amortizó 40 millones de acciones propias el 12 de julio de 2024, finalizando de esta forma la primera reducción de capital de 2024. Desde 2022, la compañía ha amortizado 350 millones de acciones, un 22,9% del capital social a 31 de diciembre de 2021. El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, insistió durante la conferencia con analistas en que «hay motivos para pensar» que el gravamen especial para las energéticas y banca creado hace dos años por el Gobierno «está empezando a ser cosa del pasado». Así, el ejecutivo se reafirmó en su posición del «impuestazo» por ser «injusto e ilegal» y aseguró que desde finales del año pasado ya se perciben señales, tanto desde Bruselas como a nivel político en España, de que «no hay razón» para mantener este gravamen, ya que la prioridad debe ser la inversión en la transición energética. 

Santander camina hacia el mejor año de su historia. En el primer semestre ha logrado un beneficio de 6.059 millones de euros, un 16% más respecto al mismo periodo del año anterior. Los resultados estuvieron en línea con las previsiones del consenso de mercado. Héctor Grisi, consejero delegado de Santander, subrayó durante la presentación de las cuentas que el semestre positivo responde al “buen desempeño de todos los negocios en las regiones en las que operamos”. La presidenta, Ana Botín, detalló en un escrito que estos resultados demuestran “que crecemos de forma sostenible y rentable gracias a nuestra escala, diversificación y a la transformación”. El margen de intereses –principal canalizador de ingresos de la entidad– creció un 12%, hasta 23.457 millones de euros, mientras que los costes de explotación se contuvieron, hasta 12.913 millones de euros, un 3,5% más. Los costes se mantienen prácticamente planos y seguimos elevando los ingresos”, resaltó Grisi. Estas cifras responden a la “alegría” en la demanda de crédito, especialmente en España, añadió. Las provisiones crecieron un 35%, hasta 1.762 millones. La ratio de morosidad cayó hasta el 3,02%, cinco puntos básicos con respecto al primer semestre de 2023.

La desigualdad salarial entre comunidades autónomas en España se disparó un 13% el año pasado hasta alcanzar el récord de 11.266 euros. Una brecha muy superior a la del ejercicio precedente (de 9.968 euros entre los trabajadores de la región con sueldos más altos y la que los tiene más bajos) y que ha subido un 53% en los últimos quince años en el país. Según la Encuesta anual del coste laboral publicada ayer por el INE, son los trabajadores de la Comunidad de Madrid los que más ganan, con un desembolso medio de las empresas en salarios de 32.040 euros anuales, seguidos de los de País Vasco (con 30.120 euros) y Cataluña (28.725). En el lado opuesto se sitúan Extremadura, con un gasto empresarial en sueldos de 20.774 euros de media en el año, Canarias (con 21.915 euros) y la Región de Murcia (23.078 euros). Aunque las comunidades que se mantienen en el podio de las que más pagan han sido tradicionalmente siempre las mismas y también lo son las que están en la parte baja de la distribución, la brecha entre unas y otras no ha parado de crecer en los últimos años y se ha disparado especialmente el pasado. El motivo principal es que los privilegiados de las regiones que mejor pagan son las que han experimentado los mayores incrementos: así, a los madrileños les han subido el sueldo cuatro veces más que a los extremeños en 2023 (casi 1.700 euros de media frente a un aumento de 394 euros), lo que ha acentuado las diferencias entre ellos. Junto a la Comunidad de Madrid, son Baleares, Navarra y Aragón las regiones que han experimentado los mayores aumentos, mientras que los más modestos se han producido en Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana. En ninguna, al menos, ha habido bajadas. 

Jarro de agua fría para la compra de Air Europa por parte de IAG. La Comisión Europea ha hecho saber a la matriz de Iberia y a Air Europa que la propuesta de cesiones es insuficiente. Falta un mes para que expire el plazo teórico para que Bruselas autorice, o no, la concentración, en la que ahora el no ganaría al sí holgadamente. Según adelantó ayer Financial Times, el pasado lunes hubo una reunión en la que las autoridades comunitarias trasladaron su preocupación por la falta de competencia en Madrid, un punto de vista que hace “muy difícil” la compra. IAG, Iberia, Air Europa y la Comisión Europea han recordado que están obligadas a no realizar comentarios. Las negociaciones están en una fase tan avanzada que es poco probable que pueda haber cambios importantes en los remedies propuestos por IAG, que han llegado al límite. Fuentes del sector apuntan a una intervención política como la principal baza que queda para evitar un fracaso de la operación. El grupo hispano británico ha planteado ceder el 52% de las frecuencias de Air Europa en Barajas y, además, se ha atenido a varias de las exigencias de Bruselas: que ninguna ruta problemática quedase en monopolio y que las aerolíneas que asumiesen las cesiones (remedy takers) pudiesen convertirse en una competencia global, y no solo en algunas rutas punto a punto.

Masorange y Vodafone, la primera y tercera telecos respectivamente del mercado español por volumen de clientes, se repartirán un dividendo de entre 4.000 y 5.000 millones de euros por la constitución de la empresa conjunta de redes fijas de fibra (netco o fiberco) que van a crear y que tendrá un valor de empresa de entre 7.000 y 10.000 millones de euros. Masorange y Vodafone confirmaron ayer que han alcanzado un acuerdo no vinculante para poner en marcha la empresa conjunta. El reparto de los recursos entre los dos socios responderá a una proporción de aproximadamente un 70% para Masorange y un 30% para Zegona/Vodafone, según señalan fuentes conocedoras. Este reparto, que se basa en las aportaciones de cada una de las dos empresas, en cuanto a número de clientes, coincide con el estimado por Barclays en un informe publicado el 23 de julio. De esta forma, si al final los recursos obtenidos fueran de 4.000 millones, la parte para Masorange sería de unos 2.800 millones y la de Vodafone de unos 1.200 millones. Si la cifra llegase a los 5.000 millones, el reparto supondría unos 3.500 millones para Masorange y unos 1.500 millones para Vodafone. Orange, en su presentación de resultados de ayer, señaló que la compañía de fibra conjunta contaría con unos 11,5 millones de hogares y 4 millones de clientes activos, por lo que previsiblemente Vodafone aportaría un 30% del total, es decir, unos 1,2 millones, mientras que Masorange colocaría en la nueva filial el 70% de los 4 millones, es decir, unos 2,8 millones.

El crecimiento de la actividad de las empresas de la zona euro se frenó de forma significativa en julio, hasta llegar a una situación de casi estancamiento, según el avance del índice compuesto de gestores de compra [del sector privado] (PMI), que ha bajado a 50,1 puntos desde los 50,9 de junio. Es su dato más bajo de los últimos cinco meses, y casi se acerca a la caída. 50 puntos marca la barrera entre el descenso de la actividad, por debajo de la cifra, y el incremento de la misma, superior a los 50 puntos. La razón principal de lo que casi es un estancamiento de la actividad está en el sector manufacturero, en la industria. En julio siguió su descenso, con un índice de 45,6 puntos, dos décimas menos que en junio. También es el peor dato del sector en los últimos siete meses. Esto se debe a que los nuevos pedidos disminuyeron por segundo mes consecutivo, lo que se traduce en una caída de la confianza empresarial en la zona del euro, hasta los niveles más bajos de los últimos seis meses. Por lo tanto, se ha truncado una racha positiva de contratación que había comenzado al inicio de 2024. Los empresarios de la industria están preocupados por la resistencia de los precios y su repercusión en los costes. En julio experimentó una aceleración, mientras que la debilidad de la demanda hizo que las empresas aumentaran sus precios de venta a un ritmo más atenuado. De hecho, el ritmo de inflación de los precios cobrados fue el más lento desde octubre de 2023. En lo que se refiere al sector servicios, en julio la actividad de sus empresas moderó su ritmo de expansión a mínimos de cuatro meses, con un indicador PMI de 51,9 puntos desde los 52,8 de junio.

Joan den ostiralean, uztailaren 19an, Windowsen eguneratze batek akats masibo bat eragin eta horrek sistema eragilea abiaraztea eragotzi zuen, aireportu, ospitale, banku eta hainbat erakunderi eraginez. Gertakari horrek sistema bakar batean dugun mendekotasun kritikoa azaleratzen du, eta zalantza handiak sortzen ditu segurtasun eta subiranotasun teknologikoaren gaiaren inguruan. Gehiago irakurri hemen. 

Parecía que a casi cien días de las elecciones la victoria de Donald Trump era inevitable, convertido en superhéroe en los memes de las redes sociales tras salir ileso del intento de atentado, frente a un rival de 81 años que se tambaleaba por las escaleras. Todo cambió de un momento para otro con la entrada en la campaña de Kamala Harris, la nueva heroína. Ahora las encuestas dicen que otro presidente diferente al republicano es posible. O más bien, presidenta. El entusiasmo que ha generado la renovación de la candidatura demócrata y la velocidad sin precedentes con la que Harris ha unido a la formación se han traducido ya en donaciones, voluntarios e intención de voto. De la noche a la mañana, algunas de las encuestas que ponían a Trump en la Casa Blanca han dado la vuelta. En la que Reuters le encargó a Ipsos después del anuncio, Harris le saca dos puntos al magnate, en lo que se interpreta como un empate, al haber un margen de error del 3%. La de CNN es más pesimista, porque si bien la vicepresidenta ha mejorado el resultado de Biden, sigue a tres puntos de su rival –la mitad de lo que éste le sacaba al actual presidente–. Harris se lleva el 95% de los que apoyaban a su jefe en sondeos anteriores y se divide el voto de los que no respaldan ni a uno ni a otro, pero hay una diferencia sustancial. Mientras los que se decantaban por Biden decían votarle para evitar la vuelta de Trump, la mitad de los que apuestan por Harris lo hacen por su figura. Eso supone una diferencia de entusiasmo que abre la puerta a la participación masiva necesaria para ganar. Será difícil que pueda conquistar a votantes de Trump, por lo que su victoria dependerá de que sea capaz de movilizar al 38% de estadounidenses que no se molestó en votar en los anteriores comicios.