20240621

En declaraciones a Onda Vasca, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, se ha referido a la necesidad de promover una fiscalidad en Euskadi “más dirigida al crecimiento económico del país que a la recaudación. Creemos que ha llegado el momento de abordar el debate de una nueva fiscalidad en Euskadi, que potencie aún más la competitividad de las empresas y la creación de empleo. No se trata de pagar menos, si no de recaudar mejor”, ha asegurado la presidenta de Confebask. Y ha puesto el ejemplo de lo hecho con la industria del cine. “La diputación de Bizkaia fue la primera en aplicar importantes deducciones fiscales a las productoras que eligieran el territorio vizcaíno para rodar sus películas, y ha sido un éxito que ha multiplicado la actividad del sector y su empleo. Nosotros planteamos algo parecido para el conjunto de las empresas". Sobre la reducción de horas que plantea el Ministerio de Trabajo, Tamara Yagüe recuerda que "es algo que se lleva pactando en los convenios desde hace mucho tiempo. Y, de hecho, ya se reflejan medias inferiores a esas 37’5h. Por lo tanto, no vemos la necesidad de imponer nada porque, además, una imposición genérica como la planteada no contempla la necesaria flexibilidad, ni la adaptación según sectores que piden las empresas”. Por último, y sobre absentismo, Tamara Yagüe ha insistido en que “sin duda, tenemos un problema en Euskadi con este tema. Nuestro índice es muy superior al del Estado y es algo que nos afecta a todos: a las personas, las empresas, la Seguridad Social, mutuas, Osakidetza, sindicatos e instituciones. Por lo tanto, es necesaria una respuesta conjunta, acordada entre todos los implicados”. Ver más en Confebask. Escuchar entrevista en Onda vasca

La patronal vasca Confebask tiene previsto mejorar sus previsiones económicas para 2024, de forma que espera que el Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi crezca un 2% y la creación de empleo alcance los 15.000 puestos de trabajo netos, según señaló ayer su presidenta, Tamara Yagüe, en una entrevista en Onda Vasca. La dirigente de Confebask explicó que la economía vasca «va mejor de lo esperado a principios de año» y por ello estima que este ejercicio se producirá un crecimiento en torno al 2% de su PIB, «principalmente por la pujanza del sector turístico», ya que el sector industrial continúa «un poco plano» por la situación en Europa, sobre todo en Alemania. Yagüe aludió también a «la falta de personal cualificado para el relevo generacional» en las empresas, advirtiendo de que actualmente hay en Euskadi 1.025.000 cotizantes a la Seguridad Social, pero que de ellos «en las próximas tres décadas 700.000 personas se estarán jubilando», un 70%. A este respecto, la presidenta de Confebask explicó que se calcula que aproximadamente se precisan «400.000 personas más trabajando para poder hacer el relevo generacional», por lo que en un momento de «mínimos de natalidad» se va a necesitar «traer migrantes». Por ello, apuesta por hacer «un plan de atracción de talento y de gobernanza de ese talento» para que «venga a Euskadi y no vaya a otros sitios».

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, abordó ayer uno de los temas estrella del debate económico, el del absentismo laboral. Y anunció que este otoño Confebask va a organizar un foro exclusivamente sobre absentismo enfocado a la baja por enfermedad común con el objetivo de intentar hacer «una hoja de ruta en la que, por supuesto, las empresas seguro que tenemos mucho que hacer, pero invitar a que el resto también haga». Yagüe consideró que «sin duda» existe un problema de absentismo laboral en Euskadi, con un 33% más que la media del Estado, una situación que «lastra la competitividad» y que es «un problema de las empresas, de la Seguridad Social, de las mutuas, de las instituciones públicas, de las organizaciones y, por supuesto, de la salud de los trabajadores», señaló en una entrevista en Onda Vasca.

La última Encuesta de Inserción Laboral de alumnos y alumnas universitarias que anualmente realiza el Servicio Público de Empleo Lanbide revela que un 88% dispone de empleo encajado (empleo correspondiente a su nivel de capacitación profesional) tres años después de su titulación, un 2% más que la promoción anterior, y que un 76% ha encontrado un empleo relacionado, plenamente ajustado a sus estudios de grado en el mismo periodo de tiempo. Además, se ha obtenido el mejor dato de la serie histórica en cuanto a estabilidad laboral, un 61%, 16 puntos más que el año anterior. Se trata de la promoción que finalizó en 2020, año condicionado por la pandemia de la COVID. Estas son algunas de las conclusiones del Informe Anual de Lanbide, un completo y ambicioso sistema de información que puso en marcha en el año 2000, único en el Estado y destacado en Europa, realizado en colaboración con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Mondragon Unibertsitatea y Universidad de Deusto a través de encuestas a personas que tres años antes concluyeron estudios de grado, un tiempo que se consideran suficiente para enfocar una carrera profesional hacia un sector o profesión determinada. Todos los campos, salvo Humanidades, incrementan en mayor o menor medida el salario medio neto a jornada completa. Vuelven a ser Salud, con 1.955 €, y las Técnicas, con 1.902 €, los dos campos que obtienen incrementos por encima de la media y mejores resultados, situándose de nuevo por encima del salario medio de la promoción. Por debajo del salario medio están Económico-Jurídicas (1.686 €), Humanidades (1.624 €) y Sociales (1.616 €), sin variaciones apreciables respecto a cifras anteriores. Ver encuesta completa 

En pleno debate sobre los salarios de los jóvenes en Euskadi, el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, publicó ayer su informe anual sobre los sueldos que cobran los universitarios a los tres años de graduarse, una amplia encuesta que se realiza con participación de la UPV/EHU y la universidades de Deusto y Mondragón. La conclusión es que el salario neto ha crecido un 4,4% y alcanza de media los 1.751 euros al mes por 14 pagas. En la última década ha sumado 334 euros, algo más del 23%. El estudio se realizó sobre la promoción que se graduó en 2020, integrada por 9.194 alumnos, a los que tres años después se les preguntó por su situación laboral, lo que ofrece una fotografía muy realista de sus condiciones de acceso al mercado de trabajo. Unos datos que, por tanto, arrojan luz al debate en torno a la remuneración de los jóvenes después de que el presidente de Kutxabank, Anton Arriola, dijera que sus salarios son «extremadamente bajos», y que el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, insistiera en la necesidad de mejorarlos para evitar la fuga de talento. Como es habitual, hay grandes diferencias en función de la rama de estudios. A la cabeza se mantiene la sanitaria, con 1.955 euros de media tras aumentar un 5,7%. Cerca figuran las carreras técnicas, con 1.902 euros y la mayor subida respecto al año anterior, un 8,3%. El único ámbito en el que descienden los sueldos es en el de humanidades, donde se cobra de media 1.624 euros. No obstante, la remuneración más baja sigue correspondiendo a las ciencias experimentales (matemáticas, física, química y biología), con 1.587 euros. La media para los graduados en ciencias sociales se sitúa en 1.616 euros y en economía y derecho ronda los 1.686. Al realizar la consulta en 2023, el 85% de los graduados estaba trabajando, un 7% buscaba empleo y otro porcentaje similar estudiaba un postgrado, otra carrera o una oposición. Estas tasas mejoraban respecto al año anterior, lo que revela el dinamismo del mercado laboral vasco.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) también dio a conocer ayer su encuesta anual sobre la estructura salarial en España correspondiente a 2022. De acuerdo con sus datos, Euskadi fue la comunidad en la que más se cobró de media en aquel año, 32.314 euros brutos, por encima incluso de Madrid (31.231 euros), mientras que la media del conjunto de España rozó los 27.000 euros –se quedó en 26.949–, lo que supone 5.365 euros menos que en el País Vasco. Esta encuesta permite, entre otras cosas, comparar los salarios de hombres y mujeres. En Euskadi la brecha de género se situó en el 16,4% porque ellas cobraron de media 29.314 euros y ellos 35.095. Es aún mayor la diferencia entre trabajadores inmigrantes y autóctonos: 21.722 euros para los foráneos y 33.087 para los locales. Otro dato que se puede extraer de esta encuesta es que a pesar de que la media fue superior a los 32.300 euros, los sueldos brutos de una cuarta parte de los trabajadores vascos no llegaban a los 20.000 euros. En concreto, el cuartil inferior se quedaba en 19.177 euros. Incluso el percentil 10, el más bajo, ni siquiera alcanzaban los 13.000 euros. Y es que ese 10% de empleados con menores salarios percibían 12.609 euros brutos al año. En el lado contrario, los del percentil 90 cobraban 54.446 euros, mientras que el sueldo medio de la cuarta parte de los que más ganaban era de 42.370 euros.

Hostelería, los más bajos

La prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales, uno de los grandes acuerdos que el PNV arrancó en el pacto de investidura de Pedro Sánchez, fue convalidada ayer en el Congreso de los Diputados. Este cambio normativo en la negociación colectiva estaba recogido en el decreto junto con la reforma del subsidio de desempleo, ratificado ayer sin ningún voto en contra y con la abstención de PP, Vox y UPN. Cabe recordar que la primera versión de la reforma del subsidio fue tumbada por Podemos tras denunciar que suponía recortes, un rechazo que hizo caer también la prevalencia de los convenios autonómicos, que iba en el mismo decreto. Tras los cambios introducidos por el Gobierno en el subsidio el nuevo texto salió ayer adelante. El PNV se felicitó de que por fin se haya convalidado la ansiada prevalencia de los convenios vascos, así como del conjunto de autonómicos. «Es una reivindicación histórica para ampliar el marco vasco de relaciones laborales y mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras», señaló la diputada jeltzale, Idoia Sagastizabal. Destacó que los convenios colectivos regulan cuestiones «fundamentales para el desarrollo económico de un país como los salarios, la jornada laboral, las horas extra o las vacaciones». Pero en el Congreso también se escucharon críticas. Así, el diputado del PP Ángel Ibánez Hernando tachó de «inaceptable» e «infumable» la prelación de los convenios autonómicos, pues considera que va a generar conflictividad y una inseguridad jurídica «permanente». En su intervención recordó que el diálogo social protestó contra esta medida pactada entre PSOE y PNV, que precisamente no se incluyó en la reforma laboral de 2021 por falta de acuerdo. «Sánchez demuestra hoy que sigue acorralado por quienes le facilitaron la investidura y que cada día le ponen nuevos pagos para seguir en La Moncloa», reprochó.

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) ha alertado de que las previsiones para este año indican que la bre­cha en precios eléctricos con los países del entorno va a aumentar de nuevo. Según expuso su presiden­te, José Antonio Jainaga, "para fin de año se estima un precio para la industria electrointensiva española de 60 euros por MWh, más del doble que el precio francés". Jainaga aprovechó la úl­tima asamblea anual de la asociación para advertir de que, "sin medidas que nos equiparen, el riesgo de pa­rálisis y deslocalización de la actividad industrial se­guirá vigente este 2024". En este sentido, Aege soli­citó con urgencia la amplia­ción presupuestaria para las compensaciones del CO2 indirecto, recordando que la recaudación del Es­tado por derechos de emi­siones debería permitir ac­ceder a 850 millones, muy lejos de los 300 anunciados para este ejercicio. Asimis­mo, reclamó una reforma del Estatuto del Consumi­dor Electrointensivo. 

Producir materiales de construcción a partir de la incineración de residuos urbanos que se evitan llevar a un vertedero, ganando así en eficiencia y sostenibilidad. Este es el objetivo de Alba Emission Free Energy, una filial de Petronor que está a unos pasos de arrancar su innovador proyecto. El Puerto de Bilbao aprobó ayer la instalación de esta planta, en el término municipal de Zierbena, para la que Petronor invertirá 20 millones de euros. Comenzará su construcción después del verano y entrará en funcionamiento en 2026. El proyecto de una planta, la primera de Europa, en la que mediante la tecnología de carbonatación acelerada se transforman cenizas procedentes de la incineración de residuos urbanos en materiales para el sector de la construcción y que, además, capturan C02, fue premiado el pasado mes de mayo en la séptima edición de Innpulso Emprende. Un encuentro organizado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que puso el foco en el progreso y las nuevas tecnologías como motor de desarrollo urbano y rural. «A partir de un residuo, de unas cenizas que se pueden obtener de diferentes procesos, en lugar de enviarlos a un vertedero –con un coste económico bastante potente–, los vamos a valorizar materialmente para hacer materiales de construcción totalmente seguros. Y para consumar ese proceso vamos a utilizar CO2 capturado que evitamos que vaya a la atmósfera», explicó entonces Elías Unzueta, gerente de Petronor Innovación. Mediante ese proceso se obtienen una especie de piedras con las que se pueden hacer baldosas, ladrillos... Cualquier elemento de construcción. «Podemos incluso hacer carreteras. Y lo más importante, evitamos extraer recursos naturales de nuestras canteras», apuntó. No solo eso. «Además del CO2 que hemos utilizado para producir esas piedras, esa baldosa, cuando la coloquemos, va a seguir activa, Continuará absorbiendo CO2 durante bastante tiempo».

El centro de fabricación avanzada de Mercedes está más cerca de convertirse en una realidad. Lo que hasta ahora eran diseños, bocetos y planos son ya materiales y movimientos de tierra en la parcela de Júndiz que ocupará el conocido como Basque Automotive Manufacturing Center (BAM). Las obras ya han empezado con el objetivo de levantar el edificio de dos plantas que Sprilur encargó a la UTE constituida entre Viuda de Sainz y Lagunketa. El bloque se ubicará en el Centro de Transportes de Vitoria, en el corazón de Júndiz: entre las calles Errotaurra y Zuazobidea. En la parte baja habrá un espacio de 10.295 metros cuadros reservados para la actividad industrial y que se repartirá entre las firmas privadas que participan del BAM: Mercedes Vitoria, Gestamp y MB Sistemas, una de las cooperativas industriales de la Corporación Mondragón. Mientras, en la planta superior se habilitará un espacio de 3.643 metros para la parte administrativa. Habrá además, un aparcamiento con 92 plazas. El BAM será vecino de la terminal de la autopista ferroviaria que Adif está construyendo en Júndiz. También se encontrará cerca de firmas logísticas como Cargor, Correos o DHL, que presta servicios a Mercedes Vitoria. Aunque en el momento de su presentación el Gobierno vasco apuntó a que el bloque podría estar listo en agosto de 2025, los plazos no están tan claros. Lo que ha comenzado ahora es la primera fase de las obras, con un coste de 9 millones y un plazo de 16 meses. Fuentes de Sprilur –que es quien paga las obras– definen esta primera etapa como una «fase cajón», más orientada a la construcción propiamente dicha del bloque. Después llegará un segundo paso, que será el de habilitar los pabellones y oficinas, pero aquí se está redactando el proyecto y es imposible concretar todavía los plazos. 

Impulsar el Parque Tecnológico de Álava es una de las medidas por las que apuesta el Gobierno vasco en su programa de la legislatura. En concreto se plantea una «ampliación» dentro del ámbito de las Infraestructuras para el desarrollo industrial y empresarial. Se trata de «poner en marcha» esta extensión, según recoge el documento, pero con una particularidad. No estará en Miñano. Se pretende levantar una nueva sede «en la ciudad de Vitoria», es decir, en el marco urbano. El objetivo de la medida es dar una «mayor visibilidad» al polígono empresarial desde la propia ciudad para atraer talento y profesionales. Aunque su ubicación definitiva aún no está decidida, el Parque Tecnológico persigue «generar una cultura de innovación y tecnología». De ahí que la prioridad sea ubicarlo cerca del campus de la UPV/EHU en la capital alavesa y que esté conectado con el tranvía para favorecer esa atracción de profesionales e investigadores. La nueva infraestructura funcionaría como un parque tecnológico incrustado en la trama urbana, con un modelo similar al que se proyecta en Zorrozaurre, en Bilbao. El motivo es explotar los servicios urbanos, como el transporte público y las residencias de estudiantes. Aunque el planteamiento se asemeja a lo que persiguen las instituciones para regenerar los polígonos históricos de Gamarra y Betoño para hacer una transición hacia industrias ‘limpias’. La búsqueda de una nueva sede contribuiría a atraer más firmas. Y es que el parque de Miñano centra el debate en Álava por la falta de suelo.

IMQ cumple 90 años como pionera del sector asegurador de asistencia sanitaria en España con "una clara apuesta por seguir creciendo e innovando", lo que "pasa por fortalecer aún más nuestro modelo asistencial", según avanza su director general, Javier Aguirregabiria. "Nacimos como una aseguradora médica y a día de hoy constituimos un holding empresarial con 6 divisiones y casi 50 empresas del ámbito sanitario, sociosanitario, de pre­vención laboral y servicios clínicos. Contamos también con la mayor red asistencial privada de Euskadi, tanto en número de centros propios y concerta­dos como en profesionales sanitarios. Damos empleo directo a más de 2.800 personas y seguimos creciendo y am­pliando servicios e instalaciones con la mira puesta en mejorar de forma per­manente nuestra competitividad, al tiempo que preparamos el futuro para seguir siendo una compañía cada día más referente dentro de la economía vasca...Uno de los prin­cipales retos actualmente es la digitali­zación de procesos y el desarrollo de la telemedicina, así como la necesidad de incidir en la calidad, agilidad, amplitud y mejora del servicio. Venimos también invirtiendo en herramientas, instalacio­nes, equipamientos y tecnologías que mejoren la experiencia y atención al paciente, así como en la atracción del mejor talento...Dentro de la autonomía de gestión que mantiene IMQ, la alianza reforzada con SegurCaixa Adeslas fortalece nuestra estrategia en ámbitos clave como la in­novación, el desarrollo tecnológico, la calidad asistencial y la sostenibilidad, haciéndonos con ello más competitivos y permitiéndonos seguir creciendo de forma rentable con mayor garantía y potencia...La ampliación de IMQ Zo­rrotzaurre es una clara muestra de nuestra apues­ta por consolidar y refor­zar nuestro crecimiento y el proyecto más ambicio­so que actualmente enca­ramos como Grupo..."

Dos startups, Dive Medical y NX Technologies, con proyectos en los sectores de biosalud y movilidad, respectivamente, se han alzado con los dos reconocimientos más destacados en la 34 edición de los Premios Toribio Echevarria-Premios Euskadi al Emprendimiento Innovador, entregados ayer en Eibar. Dive Medical, ubicada en el parque tecnológico de Miramon, utiliza tecnología propia basada en Eye Tracking e Inteligencia Artificial «para valorar la función visual de pacientes incluso no verbales». Por su parte, NX Technologies, también situada en el complejo empresarial de Donostia, desarrolla productos de alto valor añadido para soluciones de movilidad eléctrica enfocadas a la unidad de tracción, así como soluciones para el almacenamiento de energía. Dive Medical triunfó en la categoría de Startups y Proyectos Empresariales y NX Technologies, en la de Empresa Innovadora’. El jurado destacó «el planteamiento innovador de sus propuestas y su potencial de aportar un valor diferencia al mercado». En el caso de NX Technologies, la firma recibió también el ‘Premio Apoyo a la Internacionalización. El alcalde eibartarra, Jon Iraola, participó en el acto junto a representantes de Gobierno Vasco y Diputación de Gipuzkoa.

Danobatgroup presentó ayer su resultado histórico de facturación de 2023, con 337 millones de euros. El 90% de los ingresos del grupo industrial de Elgoibar, dedicado a la fabricación de máquina herramienta, proceden de mercados internacionales. Destaca también que ha tenido un gran compromiso medioambiental, y este logro lo consolida con un liderazgo de fabricación avanzada. La empresa ha invertido en I+D+i alrededor del 9% de sus ingresos. Estos resultados siguen los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno), entre las que destacan acciones medioambientales, innovación y compromiso social, entre otras. A pesar de haber invertido una gran suma en investigación, desarrollo e innovación (alrededor de 28 millones de euros), el grupo empresarial perteneciente al Grupo Mondragon señala en su balance su compromiso con el «entorno cercano, propiciando así el bienestar económico y social local». Esto lo respalda el hecho de que su plantilla está compuesta un 70% de empleados vascos y navarros, explican. En el ámbito internacional, los principales mercados con los que cuenta Danobat son China, Estados Unidos, Alemania, Italia y México. Dentro de sus acciones destacan el aumento de placas fotovoltaicas implementadas, la inversión de 1 millón de euros en una huerta solar para 2025, la creación de un plan de descarbonización para el futuro y la inversión de 1,35 millones de euros en iniciativas sociales, entre otras.

El número de hipotecas sobre viviendas firmadas en Euskadi creció un 48,92% en abril, regresando a tasas positivas y alcanzando el mayor incremento de España respecto al año pasado, con 1.796 operaciones. En total en el País Vasco se constituyeron 2.236 hipotecas, que supusieron un desembolso de 401,2 millones de euros. Una veintena se dirigió a fincas rústicas, mientras que el resto de las suscritas (2.216) se realizaron sobre suelo urbano. Según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España el número de hipotecas creció un 28% respecto a abril del 2023, abandonando también la tasa negativa previa cuando los datos se habían hundido un 18%. En abril se firmaron 34.264 préstamos, la mayor cantidad para ese mes desde el año 2010. El tipo de interés medio fue más moderado que en marzo, con un 3,38% (venía del 3,41%). Dentro de Euskadi, por territorios en Bizkaia se constituyeron 885 hipotecas, en Gipuzkoa fueron 737 y en Álava 174. En cuanto a las hipotecas constituidas sobre fincas urbanas, además de las 1.769 viviendas se cerraron otras 24 sobre solares y 396 dedicadas a otras operaciones. Fruto de estos movimientos en el País Vasco se prestaron 260,61 millones para constituir las hipotecas sobre viviendas. El capital supone un incremento del 35,79% sobre lo prestado hace un año. Comparado con marzo de 2024, el incremento de la cuantía es un 16,36% mayor.

Hacer política «con sensibilidad emocional». Esa frase, entresacada del discurso de investidura con el que Imanol Pradales presentó ante la Cámara vasca sus credenciales para convertirse en el sexto lehendakari de la democracia –cruzó ese umbral a las 19.00 horas, a la espera de la jura mañana en Gernika, y gracias a los 39 escaños de la mayoría absoluta PNV-PSE–, podría sintetizar el nuevo estilo que el candidato designado por el EBB en sustitución de Iñigo Urkullu quiere llevar a la sede de la Presidencia vasca. Un cambio de etapa no del todo pacífico que se escenificó en el abrazo sereno pero frío de los dos lehendakaris tras el regreso al hemiciclo de un Urkullu ausente durante la mayor parte de la sesión. De lo escuchado ayer en las casi ocho horas de pleno de investidura se deduce que Pradales llega al cargo sin ánimo de rupturas bruscas con la etapa anterior pero decidido, a la vez, a abrir «un nuevo tiempo» que exige respuestas renovadas a problemas emergentes. Consciente de que la Euskadi que gobernará es «más individualista», más exigente y menos dispuesta a perdonar errores a sus dirigentes que la previa al estallido de la pandemia, el ya lehendakari dejó claro desde el minuto uno que asume la «desafección» ciudadana –una ‘mochila’ que explica, en parte, el abstencionismo que castiga a su partido, el PNV– y aspira a «volver a conectar política y emocionalmente» con una sociedad vasca «diferente» tras el trauma del covid. Una sociedad con «enormes desafíos» por afrontar pese a los buenos datos macro y a exhibir «algunos de los mejores indicadores de calidad de vida y cohesión social de nuestro entorno». Ver aquí programa completo PNV-PSE

El Gobierno vasco impulsará la creación de un macrofondo de inversión, a imagen de los soberanos que operan en algunos países del norte de Europa, como es el caso de Noruega, aunque con una combinación de recursos públicos y privados. El objetivo es tomar participaciones accionariales en empresas –se alude de forma textual a «multinacionales vascas»– con el objetivo de influir para evitar la deslocalización de sus centros de decisión. La experiencia de los últimos años ya ha demostrado que este objetivo difícilmente se puede conseguir con un fondo de algunos cientos de millones de euros, como es el Finkatuz del Ejecutivo vasco. Para reforzar aún más esa política, PNV y PSE se comprometen a «agilizar» la toma de decisiones en Finkatuz –el fondo se ha consumido el último año y medio sin nuevas inversiones–, al tiempo que anticipan una modificación de la normativa de las EPSVs para facilitar sus inversiones en empresas de la comunidad autónoma. El programa recoge también una clara apuesta por la descarbonización de la industria, que incluye el compromiso del Ejecutivo de no participar como accionista en empresas que estén vinculadas a los combustibles fósiles –hay todavía alguna participación pública en firmas relacionadas con el gas– más allá de 2030. Sin embargo, hace un guiño muy claro a la estrategia de Petronor, al incluir el respaldo a los procesos industriales vinculados a los combustibles sintéticos, en especial para el segmento de aviación, que es una de las apuestas estratégicas de la compañía vasca.

El acuerdo de gobierno deja un papel destacado al reto demográfico, que ya comenzó a afrontarse la pasada legislatura y que se plantea como un «objetivo estratégico de país». Imanol Pradales mencionó ayer algunas de las medidas, en este caso concretas, que desarrollarán a lo largo de este mandato, dirigidas en buena parte a fomentar la conciliación y, de paso, la natalidad, que el pasado año volvió a tocar suelo con apenas 13.453 alumbramientos. Entre las propuestas para afrontar una realidad «compleja» destaca la ampliación de la ayuda de 200 euros al mes por niño. Se implantó en 2023 y estaba dirigida a hogares con menores de hasta 3 años, pero la intención del nuevo Ejecutivo es extenderla hasta que cumplan los 7 (10 en el caso de las familias numerosas o monoparentales). En su primer año, 53.413 familias recibieron esta prestación, a la que se destinaron 107,6 millones de euros en sus primeros doce meses en vigor. Otra de las iniciativas de mayor calado está dirigida a que los progenitores estén más tiempo con sus hijos después del nacimiento, ampliando los permisos hasta las 24 semanas. La intención es que sean idénticos, e intransferibles, para ambos progenitores. En el documento suscrito por PNV y PSE no se especifica cómo se regularán estas licencias, que deberán ser estudiadas también por sindicatos y patronal, pero Euskadi, pese a no tener competencias para legislar sobre los permisos, sí que dispone de otras fórmulas.

El mercado laboral vasco ha sido uno de los principales motivos de satisfacción para el Gobierno saliente, que cierra la legislatura con récord histórico de cotizantes y una tasa de paro por debajo del 8%. El nuevo Ejecutivo liderado por Pradales se propone avanzar hacia el pleno empleo, pero garantizando su calidad. En este sentido, se compromete a promover en la Mesa de Diálogo Social un acuerdo interprofesional que recoja «un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica vasca». Recoge así el pacto que se alcanzó en el Parlamento vasco en marzo de 2023. No se fijó una cantidad concreta, pero se dejó claro que debía adaptarse al mayor coste de la vida del País Vasco. En España el SMI está en 1.134 euros. Por otro lado, el nuevo Ejecutivo seguirá trabajando en la experiencia piloto para reducir la jornada laboral pese a la oposición de Confebask. Ante su rechazo, el departamento de Empleo llegó a un acuerdo para desarrollarlo con la fundación Fabrika, impulsada por la patronal guipuzcoana Adegi. Otro de los ejes en política laboral es avanzar en la transformación de Lanbide para que sea un servicio más eficaz. En este ámbito se compromete a realizar un acompañamiento específico a los mayores de 55 años y a reformar los incentivos para que los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) puedan compatibilizar la ayuda con un salario. En un contexto de escasez de trabajadores en varios sectores, el Gobierno se propone impulsar el Basque Talent Center para atraer talento. El programa presta atención a la necesidad de simplificar la homologación de los títulos extranjeros, impulsar la atracción de estudiantes extranjeros en estudios de postgrado y doctorado y activar, en colaboración con diputaciones y ayuntamientos, la integración del talento internacional «incluyendo el acceso de la vivienda y a los servicios educativos».

Un total de 900 megavatios adicionales de producción renovable. Es el objetivo para tratar de avanzar con paso firme hacia la descarbonización y la mitigación de la dependencia energética en los próximos años. Actualmente, Euskadi cuenta con una potencia instalada de proyectos sostenibles que no llega a los 500 MW. Las últimas cifras hablan de que la solar, la eólica y la hidráulica tienen una capacidad de generación en el País Vasco de 480 MW, lo que supone el 16% del total (2.975 MW). La idea del nuevo Ejecutivo es que las renovables alcancen a corto plazo los 1.400 MW de potencia instalada, lo que permitiría avanzar hacia la pretendida sustitución de los combustibles fósiles exigida por la UE y en la que el territorio se ha quedado muy rezagado con respecto a otras comunidades autónomas y regiones europeas. El Gobierno de Iñigo Urkullu aprobó el año pasado el Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables (PTS), lo que generó un rechazo social reseñable (se presentaron más de 4.000 alegaciones). De forma paralela, las empresas interesadas en implantar parques eólicos y fotovoltaicos en Euskadi comenzaron a solicitar autorizaciones. En Bizkaia, por ejemplo, hay pendientes una docena de solicitudes de parques eólicos de hasta 49 MW de potencia. En Álava la cifra de iniciativas asciende a once.

El programa de gobierno recalca la necesidad de impulsar medidas «eficaces» para que los jóvenes puedan emanciparse y «desarrollar un proyecto de vida». En este sentido, pide dar continuidad a la Ley de Juventud y la Estrategia Vasca 2030 aprobadas recientemente y que se marcaban como objetivo rebajar la edad en la que los vascos dejan la casa de sus padres. Según los últimos datos, ese paso está ahora en los 29,7 años. La Administración vasca pretende reducir esa franja a los 28 años. En este sentido, el Ejecutivo de Imanol Pradales se marca tres grandes objetivos. El primero de ellos sería el de que los jóvenes disfruten de un «empleo de calidad». Lo que, según PNV y PSE, se debería traducir en «buenos salarios, buenas condiciones laborales, un desarrollo profesional ambicioso, una mayor flexibilidad laboral y oportunidades de conciliación entre trabajo y vida personal». Un planteamiento que va en la línea de los expresado recientemente por altos directivos como el presidente de Kutxabank. En segundo lugar, el Gobierno de coalición considera necesario «intensificar» las ayudas para que los jóvenes puedan «acceder a una vivienda en alquiler a precio asequible». Para ello el gabinete PNV-PSE se propone «construir 7.000 viviendas en régimen de alquiler social», incrementar «del 40% al 50%» la reserva de plazas para este colectivo en las adjudicaciones de vivienda pública, y también se quiere subir a 30.000 euros el límite para que los jóvenes puedan recibir las ayudas de los programas Gaztelagun y Emantzipa. Por último, uno de los aspectos novedosos que se incluyen es la creación de un «programa de préstamos de devolución a largo plazo para estudios», es decir, que los jóvenes puedan financiar sus carreras de una manera asequible, independientemente de que puedan recibir mayores becas.

El Gobierno vasco ha trazado las líneas maestras que marcarán la primera legislatura de Imanol Pradales al frente del nuevo Ejecutivo vasco. Se trata de proyectos estratégicos e importantes inversiones que se trasladan por fin a un documento concreto, lo que refuerza el compromiso de su ejecución. Estos son algunos de los planes más destacados en Vitoria y el resto de Álava, que contemplan deudas históricas con el territorio y algunas sorpresas. Es, sin duda, uno de los puntos clave de las infraestructuras alavesas. El programa de gobierno recoge el «impulso decidido a impulsar Foronda como aeropuerto de referencia de Euskadi para las conexiones transoceánicas y de mercancías». El anuncio no es sólo relevante por su contenido, sino por la contundencia que muestra en su desarrollo. Los vuelos de larga distancia son un viejo anhelo de las instituciones del territorio que por fin encuentra respaldo en un programa concreto. Además, según el documento que regirá la actividad del Ejecutivo vasco durante los próximos cuatro años, no se trata de un estudio o un análisis de viabilidad, como se refiere a otros proyectos que se mencionan de pasada, sino un planteamiento en firme. El segundo gran objetivo de la terminal vitoriana será atraer los vuelos desviados de Loiu por climatología adversa.

La inversión extranjera directa en España se desplomó un 18,5%, retrocediendo a sus niveles más bajos desde la pandemia en 2020, esta tendencia se ha prolongado en el arranque de 2024. Entre enero y marzo, los extranjeros invirtieron 6.678,9 millones de euros en España, un 33,3% menos que en el mismo periodo del año pasado (10.014,8 millones) y casi un 34% menos que en el último cuarto del año pasado (10.118 millones), según se desprende de los datos publicados este jueves por la Secretaría de Estado de Comercio. El Banco de España, a través de su ya exgobernador, Pablo Hernández de Cos, advirtió a finales de abril del deterioro de la confianza en las instituciones españolas que se viene sufriendo desde hace años, “más acusado” que en otros países del entorno, alertando de que “el grado de confianza que generan las instituciones en los agentes económicos es un determinante fundamental del crecimiento a largo plazo” y un ingrediente indispensable para atraer (y retener) inversión. Madrid fue la primera en atraer inversión, con 4.150,4 millones y copó el 62,1% de la inversión extranjera total en el trimestre. Euskadi figura en el puesto número diez. 

El Gobierno se ha puesto las pilas y parece que, ahora sí, prorrogará y modificará el plan Moves III de ayuda a la compra de coches eléctricos e infraestructura de recarga como le pedía el sector del automóvil. Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo está acelerando y aprobará nuevas medidas que probablemente se concretarán el martes en la reunión del Consejo de Ministros. Estas irán acompañadas de la extensión del programa que caducaba el próximo 31 de julio. Del Moves III, que ha recibido numerosas críticas por sus listas de espera que oscilan entre uno y dos años en la mayoría de casos, quedan unos 131,27 millones de euros aún por repartir a las distintas comunidades autónomas, según datos del IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, que es el encargado de repartir los fondos que luego gestionan las autonomías. Si bien desde el Gobierno no dan más detalles de las medidas que preparan, este cambio en el escenario de las ayudas a los vehículos eléctricos llega justo después de que la semana pasada, Wayne Griffiths, consejero delegado de Seat y Cupra, anunciara su dimisión como presidente de Anfac, la patronal de fabricantes de automóviles. El portazo de Griffiths se debió, según él, a que está “decepcionado con los representantes políticos por su falta de compromiso” con el vehículo eléctrico en los últimos meses, después de que en febrero el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara mejoras en el Moves III, las cuales no llegaron hasta ahora. 

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de BBVA Francisco González, al propio banco (como persona jurídica), además de al comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo y a varios exaltos cargos de la entidad financiera vasca, por los presuntos encargos de espionaje ilegal realizados a Villarejo y que éste habría llevado a cabo cuando aún estaba en activo en la policía. Los cargos que el juez atribuye a los investigados son delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Con este auto de pase a procedimiento abreviado el juez García-Castellón pone fin a la pieza que investigaba la contratación de Villarejo para la realización de encargos ilegales entre 2004 y 2016, especialmente trabajos de espionaje a otras empresas, muchas veces usando los recursos del Ministerio del Interior. En total, propone juzgar a 12 personas entre directivos del banco y mandos policiales. Por el contrario, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones sobre otros 11 investigados. Fuentes de BBVA recuerdan que «siempre ha defendido y sigue defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad». «La prioridad de BBVA siempre ha sido la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos», apuntan estas fuentes.

BBVA está cerca de sentarse en el banquillo tras el auto publicado ayer que revela que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al banco y a su expresidente Francisco González por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo durante más de una década. El nuevo capítulo de este caso no ha llamado de forma estrepitosa la atención de los grandes inversores de BBVA, que llevan años pendientes del desenlace, sin embargo, coloca al banco en una situación más próxima a sufrir consecuencias considerables en su accionariado. La entidad que preside Carlos Torres se enfrenta a la salida de algunos de los principales fondos de inversión presentes en su capital, pendientes del resultado de los problemas jurídicos que afronta. El capital de BBVA está muy polarizado entre grandes fondos e inversores minoristas. Sin embargo, las mayores participaciones están en manos de grandes accionistas como BlackRock, Capital Group, Vanguard o el fondo soberano de Noruega que siguen el fondo soberano de Noruega, que siguen exigentes políticas de inversión, basadas en muy diferentes criterios a la hora de tomar o deshacer sus posiciones. El último paso del juez García Castellón vuelve a rodear de incertidumbre a BBVA en lo que se refiere a su idoneidad como inversión en un momento en el que los grandes fondos dan un peso significativo a los condicionantes éticos y de conducta a la hora de formular sus inversiones.

La negociación colectiva por el recorte de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se caldea. Si el martes el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, retó a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a presentar la ley de recorte de jornada sin la firma de los empresarios, ayer, tanto el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, como el de CC OO, Unai Sordo, acusaron a la patronal de prolongar artificialmente la negociación colectiva, especulando con que en otoño se convoquen elecciones generales anticipadas y el proyecto, por tanto, decaiga. “Tengo la intuición de que CEOE quiere demorar los tiempos, esperando a ver si llega el otoño, con la presentación de los Presupuestos, se enreda la situación en Cataluña y hay un adelanto electoral y no hay reducción de la jornada laboral”, aseguró Sordo en el marco del curso de verano organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. “Emplazaría a CEOE a que no especule con la política de nuestro país y ponga en valor las negociaciones”, añadió. Álvarez, por su parte, acusó a la patronal de introducir “ruido y humo” en la negociación “con mala intención”, aludiendo al pronóstico que hizo el martes Garamendi de que si se modifica mucho la jornada laboral, el próximo Gobierno lo cambiaría. “Les invito a estar en la mesa, cerrar un acuerdo con las organizaciones sindicales y el Gobierno. La vicepresidenta estará más contenta con un pacto a que vaya a un proceso legislativo sin CEOE. No es fácil con la actual mayoría parlamentaria llevar estar reforma y un pacto debería animar al PP a que no nos haga como con la reforma laboral”, afirmó.

Por primera vez desde 2009, España no absorbió viviendas nuevas. En los años de la burbuja, y especialmente tras su estallido, la vivienda sin vender subió descontroladamente hasta rozar las 650.000 casas. Pero a partir de 2010 el mercado comenzó a rebajar este excedente como consecuencia de la paralización de la construcción. Los expertos achacan el salto a distintos motivos. El primero, explica Sergio Nasarre, fundador y exdirector de la cátedra Unesco de Vivienda en la Universitat Rovira i Virgili, es que “la legislación ha hecho que cada vez sea más difícil que las familias con menos ingresos puedan comprar una casa y se les ha empujado al mercado del alquiler”. En segundo lugar, añade, “se observa que la ley de vivienda ha desincentivado la adquisición de pisos por parte de uno de los tres grupos que en el último decenio ha tirado del mercado: los fondos de inversión”. Y a ello se suman las dificultades del último año para adquirir un préstamo hipotecario por la subida de los tipos de interés. “Muchas familias que ya son propietarias han decidido no embarcarse en una nueva transacción porque las cuentas no salen, y se trata de una población que, junto a los extranjeros y los fondos, sostiene al sector”, asegura Nasarre. En opinión del analista, los extranjeros son el único colectivo que no se ha visto afectado por estos cambios, por lo que es lógico que el stock haya aumentado en 2023. 

Con paso lento, pero firme, la economía alemana continúa su camino hacia un mayor crecimiento. El instituto económico alemán Ifo elevó ayer su previsión de crecimiento económico para el año en curso hasta el 0,4%, frente al 0,2% de su anterior pronóstico, y es probable que se acelere hasta el 1,5% en el próximo ejercicio. “Acaban de surgir nuevas esperanzas”, comentó Timo Wollmershäuser, director de estudios de coyuntura económica del Ifo, en un comunicado emitido ayer. “La economía alemana está saliendo poco a poco de la crisis. El segundo semestre de 2024 debería ser significativamente mejor que el primero”, indicó sobre el actual pronóstico de verano, ligeramente superior al 0,3% fijado por el Gobierno alemán para 2024 en su última revisión, la pasada primavera. Alemania cerró 2023 con una contracción del 0,3% de su producto interior bruto (PIB). Al mismo tiempo, la inflación se ralentizará, pasando del 5,9% del año pasado al 2,2% este año y a únicamente el 1,7% el próximo. “A medida que avance el año, el poder adquisitivo de los hogares debería de seguir ganando fuerza, y la recuperación económica general debería de acelerarse a medida que se normalice la economía de consumo”, afirmó Wollmershäuser.

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) ha instado a la Unión Europea (UE) a retrasar la entrada en vigor de la Ley de Deforestación, una norma que se aprobó en mayo de 2023 y que determina la prohibición de importar productos que hayan sido cultivados en terrenos ganados a los bosques. Aunque la normativa está aprobada, la mayoría de sus preceptos se pondrán en marcha a partir del 30 de diciembre de este año. Bruselas ha confirmado que ha recibido una carta de Washington reclamando una demora parcial de la ley. “Hemos recibido una carta y contestaremos a su debido tiempo”, confirmó el portavoz comunitario de Medioambiente, Adalbert Janez. El Ejecutivo comunitario evitó comentar el contenido de la misiva, en la que, según Financial Times, la administración estadounidense reclama con fecha del 30 de mayo que se aplace la aplicación de la norma en lo relativo al cacao y a los productos sanitarios potencialmente vinculados a la norma para luchar contra la deforestación; argumenta el gobierno norteamericano que esas limitaciones dañarían a los productores de su país. En la carta enviada a Bruselas, los secretarios de Comercio y de Agricultura de EEUU, Gina Raimondo y Thomas Vilsack, respectivamente, señalan que la ley presenta “desafíos críticos” para los productores estadounidenses. Instan a Bruselas “a retrasar la implementación de esta regulación y la subsiguiente aplicación de sanciones hasta que estos desafíos sustanciales hayan sido abordados”, según Financial Times.