20240120

La creación de empleo en Euskadi se frenó en la recta final del año, con un aumento de solo 500 ocupados entre septiembre y diciembre, de acuerdo con la encuesta de Población en Relación a la Actividad (PRA) publicada ayer por el Eustat. Pese a estos síntomas de agotamiento, el paro continuó bajando y terminó el ejercicio en el 7%, un nuevo mínimo desde 2008, cuando estalló la crisis financiera. El caso es que al cierre del ejercicio se contabilizaban 73.100 parados, mientras que el número de ocupados se situaba en 976.400, la misma cifra que había en el cuarto trimestre de 2008. El récord, según el Eustat, se alcanzó en el tercer trimestre de ese año, con 990.900 ocupados. Hay que señalar que estos datos difieren de los de la Seguridad Social, según los cuales este año se superó por primera vez en la historia la cota del millón de cotizantes. Pese al frenazo de la recta final del ejercicio, el balance completo es positivo, sobre todo si se tienen en cuenta el contexto inflacionista y la incertidumbre a escala mundial. Se constata, por tanto, una moderación en el ritmo de generación del empleo, siempre se acuerdo con el servicio estadístico vasco. La caída del paro en el año fue aún mayor, de 16.700 personas. La explicación se encuentra una vez más en la reducción de la población activa en 4.200 por las jubilaciones. Uno de los puntos a resaltar de 2023 es la recuperación de la industria, que fue el sector que más creció en el año después de varios ejercicios destruyendo empleo. El número de ocupados aumentó más del 4% y rebasó la cota de los 200.000 trabajadores. También hubo incremento en los servicios, del 1,5%, hasta los 712.000 empleados. Por contra, la construcción perdió casi el 6% (56.000 personas) mientras que el sector primario se contrajo un 17%. Álava lideró la creación de empleo en 2023, con un incremento del 3,2%, seguida de Bizkaia, con el 1,45%, mientras que Gipuzkoa quedó atrás con el 0,5%. Este último territorio es, sin embargo, el que menos paro tiene, un 5,4%. Bizkaia, por su parte, cerró el pasado ejercicio en el 7,7% y Álava en el 7,6%.

Una de las principales novedades que aporta ahora el pacto a tres bandas entre PNV, EH Bildu y PSE-EE por el que han aprobado la ley climática es la implantación por ley de un canon que deberán abonar los parques eólicos o fotovoltaicos de forma anual a partir de 2025 para compensar su impacto social y ambiental. Esa tasa, que afectará a todas las instalaciones de más de 5 megavatios, se revertirá en los municipios afectados por la infraestructura en cuestión. Además, las compañías promotoras deberán ofrecer a la ciudadanía y a los ayuntamientos de esas localidades la posibilidad de entrar al menos en un 20% en la propiedad de la empresa. El impulso a las energías renovables es uno de los pilares de la nueva norma. Tanto es así que el texto definitivo obligará al Gobierno vasco a abandonar sus inversiones en combustibles fósiles como máximo en 2030 para destinarlas a las fuentes renovables. De esta forma, el Ente Vasco de la Energía (EVE) tendrá que desprenderse de la sociedad de hidrocarburos Shesa, de la que es propietario único, y también de sus participaciones en la regasificadora Bahía de Bizkaia Gas (50%, el resto es de Enagas) y en la central de ciclo combinado Bahía de Bizkaia Electricidad (25%, lo demás es de la suiza Gunvor). No acaban ahí las obligaciones para la Administración autonómica. Si el proyecto original hablaba ya de que los presupuestos anuales del Gobierno vasco deberían incorporar la «perspectiva energética y climática», ahora el acuerdo PNV-Bildu-PSE cuantifica ese compromiso. La ley impondrá que al menos un 2,5% del montante total deberá destinarse a la acción climática. Tomando como referencia las Cuentas de este año, se traduciría en invertir como mínimo 375 de los 15.025 millones de euros.

Nacionalistas y socialistas, socios en el Gobierno vasco, han acordado con EH Bildu la nueva ley de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi, uno de los grandes proyectos que esperan sacar adelante antes de la convocatoria de elecciones autonómicas, en primavera. El pacto va a dar al Ente Vasco de la Energía (EVE), grupo público dependiente del Ejecutivo autonómico, un año de plazo para planificar la desinversión en todos los proyectos dedicados a la exploración, la extracción y la generación de energía a través de combustibles fósiles. Después, tendrá hasta 2030 para realizar las ventas. En la práctica, explican medios políticos implicados en el acuerdo, la nueva ley va a suponer la venta de la compañía gasista Shesa, propiedad al 100% del EVE y que explota ahora el único pozo activo en España en Viura (La Rioja), junto a la estadounidense Heyco. También llevará al grupo público a desprenderse de su 50% en la regasificadora del Puerto de Bilbao BBG, en la que es socio de Enagás; y de del 25% que posee en la planta de ciclo combinado BBE. BP vendió hace un mes su 75% en esta central eléctrica –que usa gas como combustible– a la suiza Gunvor. Previsiblemente, el Gobierno vasco desinvertirá asimismo en Enagas Transporte del Norte, en la que posee el 10% y que conecta la regasificadora BBG con Cantabria; en Zabalgarbi, la incineradora de basuras, en la que participa con el 10%; y en Itsas Gas, donde controla el 49%. Éste es el último proyecto gasista en el que se ha implicado el EVE, junto a Remolcadores Ibaizabal y Naviera Murueta, y consiste en un buque suministrador de gas natural licuado a otros barcos. Con el plazo de venta hasta 2030, el Gobierno confía en que el EVE pueda desinvertir sin prisas y a buen precio.

La formación jeltzale salió en defensa de Josu Jon Imaz tras los ataques de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que tachó de «populista» y «demagógica» la reflexión que el consejero delegado de Repsol hizo en Davos sobre el sesgo «ideológico» de las políticas de la UE en materia de transición energética. La eurodiputada jeltzale Izaskun Bilbao consideró «desafortunadas» las palabras de la ministra y añadió: «Este tipo de polémicas cuando vienen de un responsable político no aportan nada». El también exconsejero vasco de Industria y expresidente del EBB advirtió sobre las consecuencias en los empleos industriales de determinadas políticas para luchar contra el cambio climático y matizó que «descarbonizar» y acabar con la producción de energía mediante combustibles fósiles no significa necesariamente «electrificar», una manera de defender otras vías alternativas como la del hidrógeno verde. Un discurso que molestó a la también ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico que acusó a Imaz en un exabrupto poco habitual del Gobierno contra un alto directivo de Ibex –con quienes Sánchez acababa de firmar la paz en Davos– de «negacionismo» y «retardismo» por cuestionar, a su juicio, la incidencia de los hidrocarburos en la seguridad climática y en los fenómenos meteorológicos extremos. Bilbao, que abandonará la primera línea política tras concluir esta legislatura en Bruselas, no solo salió en defensa del expresidente jeltzale, sino que se alineó con sus tesis y dijo tener constancia de que su discurso en Davos «no ha caído en saco roto» en la UE. «Lo que Josu Jon Imaz viene diciendo y compartimos es que no tenemos que descartar absolutamente nada», apuntó en Radio Euskadi la eurodiputada, que alertó de que poner todos los huevos en la misma cesta, la de la electrificación, «nos puede llevar a una nueva dependencia». «Si todo es eléctrico y nosotros en Europa no somos capaces de construir las baterías de todos los coches por depender de terceros países..., ¿no estaremos generando nuevas dependencias en nuestra transición energética?», cuestionó. Bilbao consideró también «incuestionable» la apuesta de Imaz por la descarbonización y el objetivo de reducir las emisiones pero defendió una transición «justa, ordenada eficaz, lo más barata posible» y que no destruya «empleos de calidad». 

Euskadi se dispone a cerrar la legislatura –y también un ciclo político de más de una década protagonizado por Iñigo Urkullu– con un acuerdo transversal en una de las materias más trascendentales. La precampaña para las elecciones autonómicas, las más abiertas en años, no ha sido obstáculo para que los socios del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, hayan alcanzado un pacto con la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, para aprobar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Se trata de una de las iniciativas estrella del mandato y saldrá adelante con el apoyo de 62 de los 75 parlamentarios, ya que el resto de los grupos –Elkarrekin Podemos-IU, PP, Cs y Vox– apuntan al voto en contra. El entendimiento tiene un importante calado no sólo en términos sectoriales –es la primera ley vasca que aborda el calentamiento global– sino también en clave puramente política. Los tres principales partidos, que encarnan a su vez las dos alternativas de gobierno ante los comicios de primavera, se hicieron ayer una fotografía conjunta para escenificar un acuerdo que definieron como «muy importante». La suma de jeltzales, soberanistas y socialistas no es inédita en la presente legislatura, pero sí resultó imposible hace apenas un mes en otra de las leyes destacadas, la de Educación, que se saldó con el ‘no’ de EH Bildu por su rechazo a los modelos lingüísticos.

La instantánea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a algunos de los principales ejecutivos de las empresas del Ibex-35 no ha dejado un buen sabor de boca a buena parte de los empresarios que se reunieron en Davos (Suiza) con motivo del Foro Económico Mundial. Un esporádico encuentro de unos minutos en los que las caras largas y los gestos contrariados ensombrecieron las palabras de Sánchez sobre la evolución y los retos de futuro de la economía. Desde las cúpulas de algunas de las grandes empresas españolas abogan por abrir varios frentes de conversación con el Gobierno ante los retos que se avecinan en un contexto económico en el que España no será inmune al menor crecimiento del PIB de Europa, aunque lidere ese alza en 2024 entre las grandes potencias. Los ejecutivos tampoco aprovecharon su reunión cara a cara con Sánchez para abrir esas mesas de diálogo o al menos plantearle esta opción, pero esas fuentes insisten en la necesidad de que las grandes compañías del Ibex sean las que tiren de la economía en los próximos años. «Los riesgos a los que nos enfrentamos nos llegan desde fuera, donde la competitividad de otros muchos países nos lleva la delantera», apunta un alto ejecutivo cuya empresa cotiza en el índice bursátil. Se refiere sobre todo a las cuestiones vinculadas a la digitalización de la economía, la inteligencia artificial y, sobre todo, a la necesidad de agilizar todos los procesos burocráticos en la Administración del Estado. La cuestión más espinosa de todas sigue siendo la de los impuestos. En el caso de la banca y de las energéticas, por el gravamen extraordinario que ha sido prorrogado para este ejercicio aunque con excepciones en el caso energético por las deducciones verdes que pueden minimizar la factura fiscal de empresas como Repsol, Iberdrola, Endesa, Cepsa o Naturgy, entre otras. Caso aparte es el de la banca, cuyo impuesto seguirá vigente, lo que afectará a las cuentas de Santander, BBVA, CaixaBank o Sabadell. Porque más allá de la instantánea, los directivos que acudieron a la llamada de Sánchez lo hicieron para tratar asuntos generales sin adentrarse en las polémicas que han enturbiado sus relaciones: hablaron, sobre todo, de inteligencia artificial, de perspectivas económicas y de la industrialización de Europa.

La última foto de Davos, si algo deja claro, es que los empresarios han aceptado antes que el PP cuál es el statu quo para, en principio, los próximos cuatro años. Y se preparan para hacer virtud de la necesidad, aunque sea a regañadientes y pese a la sideral distancia que les separa del Gobierno en dosieres relevantes, Acusar a Josu Jon Imaz, primer ejecutivo de Repsol, de “negacionismo” y “retardismo” en su posición sobre la transición energética, como hizo en Davos Ribera, aflora esa brecha. Queda mucha quina por tragar. Basta revisar con cuidado cuándo vencen puestos clave del Ibex para especular sobre posibles encajes. El Ejecutivo ya desliza nombres. 

La pelota está en el tejado del Gobierno de España. Es el mensaje que ha querido dejar claro Carlos Tavares, consejero delegado del grupo automovilístico Stellantis. El directivo portugués confirmó ayer las intenciones de su compañía de apostar por España para desplegar su próximo megaproyecto industrial que vendría acompañado de miles de millones de inversión. En un encuentro con prensa internacional, Tavares aseguró que la compañía tiene en sus planes apostar por España para localizar la producción, en sus factorías de Vigo y Figueruelas (Zaragoza), de su futura plataforma STLA Small para la nueva generación de eléctricos pequeños, y también para instalar en Zaragoza su cuarta gigafactoría de producción de baterías en Europa, tras Douvrin (Francia), Termoli (Italia) y Kaiserlautern (Alemania). “Es la intención [adjudicar a España la plataforma eléctrica STLA Small y la gigafactoría] si logramos las ayudas adecuadas por parte del Gobierno español”, dijo Tavares, elevando la presión sobre el Ejecutivo español, evidenciando que los casi 56 millones concedidos en el marco de la línea de baterías del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) no han satisfecho sus expectativas. El grupo aspiraba a 200 millones en el Perte para el proyecto de la gigafactoría aragonesa. Stellantis también solicitó apoyo por 100 millones de euros en la segunda línea del Perte VEC (todavía no se ha pronunciado el Gobierno) para adaptar sus plantas de Vigo y Figueruelas a la plataforma STLA Small, que es la que abrirá la puerta para la fábrica de baterías, ya que si no se producen los futuros eléctricos del grupo en España sería absurdo instalar una gigafactoría. La empresa invertiría unos 1.000 millones de euros en industrializar en España la plataforma STLA Small y unos 3.000 millones en construir la gigafactoría. “Es normal que pidamos a los gobiernos, como representantes de los ciudadanos, que contribuyan, porque si no recibimos apoyo nuestras empresas se pondrán en una geopatía”, explicó el primer ejecutivo de la empresa, que indicó que quieren lograr un acuerdo con el Gobierno español en esa línea, aunque está todavía sin confirmar.

Tendrá el tamaño de una lentilla o incluso menos. Situada en la yema del dedo, hay que acercarse para verla en detalle. De forma redonda, la parte exterior es porosa y de color blanco. «Sirve para integrarla en el ojo y que el cuerpo no la rechace». La parte central es transparente. «Deja pasar la luz visible e impide el paso de la ultravioleta para proteger la retina», explica Julen Tamayo, coordinador de I+D en AJL Opthalmic, una pyme alavesa dedicada al desarrollo y fabricación de dispositivos médicos de última generación. Se refiere a la córnea artificial que llevan varios años desarrollando como alternativa a los trasplantes. La córnea es la capa externa del ojo, al que protege al tiempo que permite que la luz entre en su interior. Si tiene cicatrices, está hinchada o su forma de cúpula está alterada, la luz no se enfocará correctamente y veremos como borroso o con un resplandor. Como en cualquier trasplante –puede sustituirse entera o solo alguna de las cinco capas que la forman–, el cuerpo puede rechazarla. O puede suceder que no sea viable por sus características concretas y las condiciones del paciente. «Pero la principal razón es la falta de córneas. En España hay bancos y no tenemos esta escasez, pero sí es un problema en otros países», asegura Eva Larra, directora de Asuntos Regulatorios y Desarrollo de Nuevos Productos de la compañía. Por eso desarrollaron esta queratoprótesis, que así se llama este revolucionario dispositivo. Su origen se sitúa en Estados Unidos.

El PNV y el PSE tuvieron que ceder respecto a su planteamiento original para conseguir el apoyo de Elkarrekin Podemos que, pese a no lograr que se aplique la misma fórmula que lleva un año en vigor en el resto del país, se congratuló porque no se dejaba pasar «ni un minuto más» sin este tributo y que Euskadi iba a dejar de ser «un paraíso fiscal para los más ricos». Después de tanto debate y polémica este impuesto seguirá afectando a tan sólo cinco personas. Según información a la que ha tenido acceso El Correo, su efecto será muy limitado en Álava. Únicamente cinco contribuyentes están obligados a pagar el denominado ‘impuesto de los ricos’. Son los mismos que con el planteamiento original de jeltzales y socialistas. El único cambio es que la Hacienda foral prevé recaudar alrededor de 220.000 euros, lo que supone 20.000 euros más. Este tributo, que tendrá un carácter temporal, será de aplicación sobre un patrimonio neto de más de 3,2 millones. Esos 220.000 euros siguen muy lejos de los 21,8 millones que ingresan las arcas de la Diputación en concepto de Impuesto de Sociedades. De hecho, el diputado general, Ramiro González, consideraba que el nuevo tributo debía servir para «complementar» al de Sociedades.

La Hacienda foral adviertió ayer de un intento de fraude a través de un mensaje SMS que durante los últimos días han recibido varios contribuyentes del territorio, sin aportar más detalles sobre la cifra de afectados y el dinero estafado, señalan fuentes de Diputación. El mensaje falso pide al receptor que pinche en el enlace que simula un pago de la administración por la declaración de la renta (IRPF). Se trata del mismo proceder que se registró en el territorio en abril de 2023 y en junio de 2022. El emisor del mensaje se hacer pasar por administración tributaria, y adjunta un enlace que dice servir para recibir el cobro de la declaración de la Renta y que, al parecer, puede dar pie a dar a los timadores información confidencial, y números de cuenta bancaria o de tarjetas de crédito de los contribuyentes. La Hacienda foral de Gipuzkoa hizo ayer hincapié en el hecho de que la Campaña de la Renta no se encuentra activa en estos momentos (suele transcurrir entre abril a junio), y recordó que la institución foral no solicita información confidencial, ni números de cuenta, ni números de tarjeta de los contribuyentes por SMS. Asimismo, desde el ente foral se están tomando las medidas necesarias para perseguir este tipo de intentos de fraude, desgraciadamente cada día más en boga.

Que la compra de vivienda se ha frenado es un hecho que todos los estudios estadísticos van confirmando mes a mes. Pero los datos de la adquisición de hogares referidos al pasado noviembre y que publicó ayer el INE ahondan en otra corriente que se viene marcando en el sector. Y es que la resistencia de las promotoras a bajar el precio de las viviendas y la falta de oferta están haciendo que el consumidor busque más la alternativa en los hogares de segunda mano, donde los precios son más flexibles. Así, las cifras para Euskadi del Instituto Nacional de Estadística reflejan que en el pasado noviembre la vivienda nueva sufrió la mayor caída en adquisiciones desde la pandemia. Un descenso del 35,3%. Es bastante más del doble que la bajada registrada en la vivienda usada, con un 13,2%, y que dejó un retroceso medio en el mercado vasco del 17,8%. Fueron un total de 1.562 viviendas inscritas. Se cuentan ya diez meses consecutivos con números rojos. En la evolución intermensual, la de octubre a noviembre, se evidenció aún más este fenómeno del mercado. Y es que los hogares de nueva construcción adquiridos en noviembre fueron 225, por 256 en octubre. Mientras que en el mercado de vivienda usada se registró un ligero crecimiento al pasar de 1.271 a 1.306. Son cifras pequeñas y muy expuestas a variaciones, pero confirman dos aspectos que vienen señalando los analistas. Uno es que la oferta de vivienda nueva sigue siendo muy baja. Así, el pasado año se construyeron apenas 5.000 viviendas en Euskadi, por 15.000 en 2007. Y la segunda es que la vivienda nueva sigue siendo la que mayores incrementos de precio registra. 

La industria vive con preocupación cómo el empleo cae en muchos sectores, no sólo por los despidos que se han visto obligadas a hacer algunas empresas que sufren la caída de la demanda (sobre todo internacional), sino sobre todo por la fuga de talentos a otros países y, cada vez más, a otros sectores mejor remunerados, como la banca de inversión o la consultoría, que ahora han puesto el foco en los ingenieros. Por estas razones, el número de trabajadores dados de alta a la Seguridad Social en la fabricación de vehículos sigue un 6,6% por debajo del nivel prepandemia; el de los dedicados a artes gráficas y reproducción de soportes grabados se sitúa un 2,9% por debajo; la industria del cuero y el calzado cuenta con un 3,8% menos trabajadores que en 2019, o la de la confección de prendas de vestir tiene una plantilla un 4,9% más pequeña que entonces. La industria textil es, de hecho, una de las que más ha sufrido en el último año, con una caída interanual de la afiliación del 1,8% en 2023. También ha perdido empleo la de la madera y el corcho (-0,5%) y las artes gráficas (-0,9%). «El empleo industrial ha bajado en algunos sectores pero al mismo tiempo hay grandes empresas industriales o de ingeniería que no encuentran trabajadores. Esto se debe, por un lado, a la fuga de talento a otros países como Alemania, que tiene pleno empleo y demanda empleados, y también a otros sectores. El trabajo en la industria es muy bonito pero no conseguimos hacerlo atractivo, así que los empleados se van a la banca de inversión o la consultoría, que remuneran mejor. Como segunda razón diría que tenemos un problema de vocaciones: como no hemos sido capaces de poner en valor nuestra industria, cae cada año el número de jóvenes que quieren estudiar ingeniería. No está ni en el top 10 de sus preferencias y eso es algo que hay que cambiar, porque hacen falta 200.000 ingenieros en España», señala César Franco, presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, que representa a 21 colegios y 45.000 profesionales.

La gran banca ya se prepara para hacer frente a un repunte de la morosidad con equipos especiales. La persistencia de los altos tipos de interés y la inflación hacen prever en el sector que los impagos empezarán a aflorar en 2024. Aun así, los bancos transmiten que será una situación manejable y más allá de estar pertrechados con capital suficiente para absorber pérdidas, apuntan que cuentan con equipos especializados en gestionar los activos dudosos. Tras dos años en los que las entidades lograron reducir los activos tóxicos de sus balances gracias, en parte, a la venta de carteras tóxicas, los niveles de mora han repuntado ligeramente en los últimos tres meses, hasta el 3,6%, según los últimos datos que proporciona el Banco de España. Fuentes financieras explican que, ante este tipo de escenarios de previsión de un alza de la morosidad, habitualmente los bancos dotan de recursos a las áreas encargadas de las recuperaciones, reubicando personal y contratando trabajadores ad hoc. Se trata de equipos especiales que se centran en la detección temprana de señales de deterioro y de su posterior gestión para evitar que el cliente incurra en impagos. Según detallan, durante la pandemia del Covid-19 ya se formaron grupos con el objetivo de prevenir la morosidad y buscar medidas como las moratorias masivas, las líneas de avales del Instituto del Crédito Oficial (ICO) o la adhesión al Código de Buenas Prácticas, para hipotecados en apuros. “En la época del Covid se hizo una dotación especial de equipos para recuperaciones.

El sector turístico español no contiene la euforia. A las puertas de una semana clave, en la que empresas e instituciones mostrarán en Fitur todas las posibilidades que ofrece el segundo país más visitado del mundo, se suceden las buenas noticias. La última la dio ayer el ministro del ramo, Jordi Hereu, que adelantó que, a falta del cierre oficial de datos del mes de diciembre, 2023 se ha convertido en el año en el que más turistas extranjeros visitaron España, por encima de los 84 millones. De cumplirse esta proyección, se superaría en un 1% y por fin el récord de 2019, que dejó la marca en 83,7 millones de turistas, justo antes del estallido del Covid y sus consecuencias tan nocivas para el turismo y otros sectores de vital importancia para la buena salud de la economía española. Pero el análisis, como afirmó el propio Hereu, debe tener en cuenta “los elementos cualitativos por encima de sacralizar el análisis cuantitativo”. Es decir, ya no se trata de cuánta gente es capaz de atender la extensa oferta hotelera, hostelera y de ocio española, sobre todo en un contexto en el que en los lugares con mayor masificación hay ciertas reticencias al turismo, sino más bien conseguir apelar a un visitante con mayor poder adquisitivo. Y no solo eso, sino también que este visitante aprecie viajar a otros destinos españoles y en otros periodos del año con menos presencia turística. Es decir, conseguir la ansiada desestacionalización y la deslocalización turística. Por eso también es buena noticia el incremento de gasto: la previsión del Ministerio de Industria y Comercio es que en 2023 alcanzó los 108.000 millones de euros, un 17,4% más que en 2019.

El Foro de Davos –es decir, una significativa parte de las élites políticas, empresariales, financieras y de pensamiento mundiales– se prepara para una nueva era económica. No hay consenso sobre cómo afrontarla, pero sí en que el mundo encara una transformación que nos conduce a una fase sustancialmente diferente de la anterior. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, cristalizó el concepto en un debate celebrado este viernes en la localidad alpina suiza señalando que la economía mundial da señales de estabilización, pero metamorfosea hacia algo diferente: “Empezamos a ver una normalización, pero hacia algo que no será la normalidad. Pasaremos de normalización a no normalidad”, dijo. El juego verbal de Lagarde refleja bien el espíritu de los debates mantenidos esta semana en el foro de Davos. Tras las crisis de la pandemia y de la invasión de Ucrania, la economía muestra síntomas de resiliencia, ha absorbido el impacto mejor de lo que muchos esperaban, por ejemplo en este mismo foro el año pasado. Pero la magnitud de las fuerzas de transformación en curso es de calibre enorme, y representa un gran desafío. Sus nombres son claros: inteligencia artificial generativa, entorno geopolítico inestable e inseguro, urgencia climática desbocada, polarización política limitante, fuerte deuda acumulada, entre otros. Estas fuerzas configuran el nuevo escenario al que la economía debe adaptarse.

La Unión Europea mira con preocupación la ola proteccionista desatada por la Ley de Reducción del IVA en Estados Unidos, con 369.000 millones de euros en subsidios verdes que podría captar parte de las inversiones europeas. Una tendencia que podría agudizarse si el republicano Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, aseguró que ante estos temores, «la mejor defensa es un buen ataque» y apostó por «reforzar» el mercado único. «La mejor forma de afrontarlo es tener los deberes hechos y eso significa tener un mercado único fuerte», destacó la francesa en su intervención en un panel del Foro Económico Mundial, que se celebra esta semana en Davos. En ese sentido propuso «profundizar» y mejorar el funcionamiento del mercado europeo y completar el mercado de capitales. La estrategia de la Administración de Joe Biden ha puesto en jaque las inversiones verdes en Europa. Recientemente, el Gobierno alemán anunció que dará 902 millones en ayuda estatal a una empresa sueca para que construya en su territorio una gigafactoría de baterías. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, intervino en el mismo panel que Lagarde y defendió que la UE «debe evitar paquetes de subsidios que no puede permitirse». «Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro marco económico. Nuestra desventaja competitiva con EE UU no son los subsidios, es el funcionamiento del mercado de capitales». La posible amenaza proteccionista que desataría el regreso de Trump también estuvo presente en el discurso que dio el primer ministro belga, Alexander De Croo, ante la Eurocámara. «Si gana, Europa estará más sola que nunca», destacó. Con todo, llamó a «no tener miedo» y a reforzar el bloque para que sea más resiliente.

Reino Unido afronta un año crucial que podría marcar el fin de una etapa de 14 años de gobiernos conservadores tras las elecciones generales, que los analistas consideran que tendrán lugar el próximo otoño, como en EEUU. Eso es lo lógico, pero la desastrosa proyección electoral podría animar a Rishi Sunak, el primer ministro, a alargar lo máximo posible –enero de 2025– su estancia en Downing Street. El abandono de la Unión Europea por Reino Unido (Brexit) ha marcado la agenda en Downing Street en la última década y, en mayor o menor medida, explica por qué el país sigue sin un rumbo claro, con huelgas que se prolongan desde hace meses en los servicios públicos y la economía estancada. Cómo frenar la inmigración (legal e ilegal) se ha convertido en uno de los ejes del debate político. Esta es, según YouGov, la segunda principal preocupación (20%) para la población, más pendiente de la economía (30%). Rishi Sunak solo ha cumplido una de las cinco promesas para 2023 que realizó a principios de ese año. El Partido Conservador parece incapaz de recortar la distancia de hasta 27 puntos que, según las últimas encuestas, le sacan los laboristas de Keir Starmer, y en Downing Street son pocos los que confían en un milagro de Sunak, que relevó a Liz Truss en noviembre de 2022 tras un mes y medio caótico.

La comunidad científica está escandilizada por un nuevo experimento llevado a cabo por China sobre el covid en el que han mutado una cepa para que sea más letal. Los primeros resultados, publicados por los propios investigadores del país asiático, han revelado que la mutación causa la muerte en ocho días en ratones modificados genéticamente para parecerse a los humanos. Voces autorizadas en investigaciones similares han asegurado que este ensayo no es relevante y, sobre todo, puede encerrar varios riesgos si se produce una fuga en un centro de experimentación. El ensayo se ha llevado a cabo en el laboratorio de la Universidad de Tecnología Química de Pekín, en el que trabajan tanto investigadores del ejército como científicos civiles. Su ensayo ha consisitido en desarrollar una nueva variante del covid a partir del detectado en 2017 en pangolines y modificarla para que sea más agresiva. Esta variante, denominada GX-P2V, se ha ensayado luego en ratones de laboratorio. Cuando se lo inyectaron a los animales, todos ellos fallecieron en apenas ocho días, por lo que se considera que la letalidad de esta variación es del 100%, algo que hasta ahora no se había visto en este tipo de experimentos. Además, el nuevo virus afectó a órganos vitales como los pulmones, huesos, ojos, tráquea y el cerebro. Los científicos chinos detectaron además una carga vírica muy elevada y establecieron que, en la mayoría de los casos, la muerte se debió a una infección cerebral. Los expertos, no obstante, aseguran que la letalidad en ratones no equivale a la misma mortalidad en humanos. Uno de los primeros expertos en mostrar su rechazo a este experimento ha sido François Balloux, profesor de Biología en el University College de Londres. Para Balloux, «es un estudio terrible y totalmente inútil desde el punto de vista científico». «No se puede aprender nada de infectar a ratones humanizados con un virus aleatorio. Por el contrario, me puedo imaginar como estas cosas podrían salir mal», ha señalado. El doctor Guennadi V. Glinskii, una autoridad en el genoma del cáncer de la Universidad de San Diego, ha sido más específico: «Parad ya esta locura», ha escrito en X.