20240115

Desde que en 2017 se crearon los juzgados especializados en cláusulas abusivas en las hipotecas, en Euskadi se han presentado 46.805 demandas que se han resuelto con 43.276 sentencias, la inmensa mayoría en contra de la banca. En concreto, el porcentaje alcanza un apabullante 98%, lo que refleja «la estrategia de las entidades financieras de judicializar los procesos para desanimar a los consumidores», según ha denunciado en múltiples ocasiones el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, y las asociaciones de usuarios. No obstante, también hay que apuntar que al calor de estas reclamaciones ha crecido todo un negocio para los despachos de abogados que se nutren de las costas. Los juzgados especializados en esta materia se crearon en junio de 2017 para atender la avalancha de casos relacionados con las cláusulas suelo, a raíz de la sentencia de 2016 del Tribunal de Justicia de la UE, que declaró la retroactividad total en contra del criterio del Tribunal Supremo. Pero luego entraron otros asuntos, especialmente los vinculados a los gastos hipotecarios, que son los más numerosos y que están viviendo un nuevo ‘boom’ en los últimos meses. La razón de esta nueva avalancha es que, en parte de forma interesada para impulsar las reclamaciones, se ha extendido la tesis de que el plazo para reclamar los gastos de constitución de la hipoteca podría prescribir el próximo 23 de enero. ¿Por qué? En esa fecha se cumplen cinco años desde que el Supremo emitió su sentencia en la que establecía cómo debía ser el reparto de estos gastos entre banco y cliente, después de que en 2015 declarase abusivas y nulas las cláusulas que los cargaban en su totalidad a los usuarios. Es un tema del que debe pronunciarse el Tribunal de Justicia de la UE. Los gastos que se pueden reclamar son los de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como el 50% de los notariales. La cantidad a recuperar ronda los 800 ó 900 euros para un préstamo de 150.000, cifras que pueden elevarse a 1.000 ó 1.500 euros por los intereses legales desde el momento de la compra. La reclamación de los gastos para hipotecas previas a 2019 –ese año entró en vigor una nueva ley– ha generado en estos años un aluvión de demandas en los juzgados que, salvo raras excepciones, han terminado en miles de sentencias contra los bancos.

Dado que la fallida reforma del subsidio formaba parte de las condiciones para cobrar el siguiente pago de las ayudas comunitarias ligadas al Plan de Recuperación, España se aboca a cumplir un año completo sin ingresar fondos europeos. Hasta la fecha, España ha ingresado 37.000 millones de euros del programa Next Generation a razón de un primer anticipo de 9.000 millones de euros tras la entrega del Plan de Recuperación, en verano de 2021, y tres desembolsos semestrales ligados al cumplimiento de las reformas e inversiones comprometidas. En concreto, el país obtuvo 10.000 millones de euros por las 52 medidas adoptadas durante el segundo semestre de 2021; 12.000 millones por las 40 cumplidas en la primera mitad de 2022, y 6.000 millones más por las 29 de la segunda mitad de aquel ejercicio. Ese último desembolso se realizó el 31 de marzo de 2023 y, aunque inicialmente se esperaba ingresar los siguientes 10.021 millones el pasado verano, ese cuarto cobro no ha parado de sufrir retrasos. En un primer momento, el cuarto pago de las ayudas europeas estaba ligado al cumplimiento de 43 hitos y 15 objetivos a cumplir en el primer semestre de 2023. Pese a a que el grueso de compromisos estaban en marcha, el adelanto de las Elecciones Generales al pasado 23 de julio anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conllevó la disolución de las Cortes y dejó en el limbo varios proyectos legales clave para desbloquear el siguiente desembolso de la Unión Europea. A partir de ahí, los tres meses que se tardó en atar un acuerdo de investidura impidieron nuevos avances. En paralelo, sin embargo, el Gobierno logró el aval de Bruselas a una adenda de ampliación del Plan de Recuperación en la que aprovechó para modificar algunos compromisos y calendarios. Como resultado, el cuarto pago de las ayudas quedó ligado a la aprobación de 61 medidas ya en el segundo semestre de 2023.

En un momento en el que la afiliación alcanza cifras históricas debido al buen comportamiento del empleo, que resiste pese a la ralentización económica, y que el desempleo cerró diciembre con la menor cifra para este mes desde 2007 en Gipuzkoa, hay algunas lagunas en esa fortaleza del mercado laboral, como es la de los parados mayores de 45 años. Y es que con unas cifras de paro ya muy exiguas, los desempleados más mayores –esos que rebasan los 45 años– tienen cada vez más dificultades para encontar un empleo, como lo demuestra el hecho de que más que triplican la cifra de parados menores de 30 años en Gipuzkoa. En concreto, el territorio cerró el año pasado con 28.419 desempleados, de los que 15.518 superaban los 45 años, según los datos del SEPE. En esa misma fecha había 2.277 parados menores de 25 años y una cifra similar que tenían entre 25 y 29 años (2.289), lo que arroja un total de 4.562 menores de treinta años. Esta es una realidad que se replica también en Euskadi, donde los parados mayores de 45 ascienden a 59.460, frente a los 16.862 de los menores de 30 años. Tanto en Gipuzkoa como en el conjunto de Euskadi, los parados mayores de 45 años suponen, asimismo, más de la mitad de todos las personas inscritas en Lanbide como desempleadas. Todo ello, pese a que en el último año se ha reducido algo más el paro entre los más mayores que entre los más jóvenes, pero sigue siendo insuficiente para absorber a una parte considerable de ese colectivo que cada vez tiene más dificultades para acceder al mercado laboral.

Francisco Pedraza, director de Lanbide, defiende la necesidad de «realizar una intervención temprana con los que llevan menos de un año en el desempleo porque aumenta la empleabilidad». "–El programa de fomento de contratación a mayores de 50 años de Lanbide se ha empezado con los que llevan menos de un año en el desempleo. Los 200 que se espera reactivar parece una cifra poco ambiciosa. –Vamos a probar. Tenemos una previsión presupuestaria de dos millones, pero si va bien y se agota antes de lo previsto –octubre de este año– se podría ampliar el presupuesto y seguir favoreciendo contratos...Dependiendo desde qué sectores provengan, las ocupaciones se pueden quedar obsoletas y hay que realizar intervenciones de formación. Lo que hemos visto es que si intervienes en menos de un año, el porcentaje de empleabilidad sube; lo que no quiere decir que nos desentendamos de las personas mayores que llevan más de un año. Pero en estos de menos de un año hacemos una intervención quirúrgica...Empezamos a ver empresas y grupos de empresas que tienen en cuenta la contratación senior. Aunque los que llevan más tiempo en el desempleo empiezan a tener más problemas. Hay que estar más con ellos, recualificarles, reforzarles para salir de esa situación... Hay otras personas que por sus expectativas salariales deben adecuarse a lo que ofrece el mercado laboral. Hay que tener en cuenta que empiezan de cero en otra empresa, saber que van a tener que pelear para encontrar un trabajo del mismo nivel..."

Merkealdia ofizialki hasi den astean informazio ekonomikoak lau ardatz nagusi izan ditu. Kongresuak "in extremis" onartu ditu krisiaren kontrako neurriak, baina langabeziaren ingurukoak atzera bota ditu, Itsaso Gorriko gerra hotsak itsas-garraioa garestitu du, eta burtsa-merkatuetan Gotham Cityk 20 milioi irabazi ditu egun batean Grifols enpresaren kontrako eraso espekulatibo bati esker. Irakurri gehiago hemen. 

“Europa se ha forjado a golpe de crisis. Una tras otra”, recuerda José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, cuando le preguntan sobre si está o no de acuerdo con los términos “policrisis” (crisis en distintos ámbitos) o “permacrisis” (crisis permanente), que se han acuñado en el Foro Económico Mundial de Davos. “Asistimos a crisis muy distintas y simultáneas derivadas de la creciente complejidad del orden mundial”, explica. “¿Alguien podía anticipar lo que hemos visto en los últimos cuatro años?”, se pregunta. A pesar de ello, Europa “ha resistido históricamente a grandes perturbaciones, reaccionado siempre con soluciones, con altas dosis de eficacia y solidaridad”. Pero ahora “está en una encrucijada; se enfrenta a un nuevo escenario geopolítico, tecnológico y económico”. Revertir “la alarmante pérdida de competitividad y autonomía de Europa es ya una cuestión de supervivencia o seguridad económica para la región y para el bienestar de sus ciudadanos”. Europa “necesita un ambicioso plan de desarrollo industrial sincronizando a todos sus miembros. Es el momento de impulsar la competitividad a largo plazo”. “La prosperidad depende de nuestras decisiones”. Pallete insta a “restaurar y reconstruir la confianza perdida o debilitada”. Hay que generar “confianza en todos los niveles: en uno mismo, en los demás y en las instituciones”. Hay que “unirse” para encontrar “soluciones comunes”. Necesitamos, añade, “imaginación estratégica para evitar la fractura de la confianza mutua”.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete defiende a ultranza a la Unión Europea. Por eso, urge a que se tomen medidas para que las empresas europeas inviertan aquí y no se marchen a otros países atraídas por incentivos. Pallete siempre ha dicho en Davos que “estamos viviendo la mayor revolución tecnológica en la historia de la humanidad”, con desarrollos como la fibra óptica inteligente, el 5G, el big data, el blockchain, el network slicing, la web 3, el metaverso o el edge computing. Y que Europa tenía mucho que decir en esos campos. Pero debe actuar. “El futuro depende de las decisiones políticas y económicas que se tomen en estos años cruciales”. La UE “debe ofrecer procedimientos para atraer a las empresas europeas a invertir en su país en lugar de dejarse seducir por incentivos atractivos y no burocráticos en Estados Unidos y en otros lugares”. Para “una Europa digital competitiva, es necesario abordar dos aspectos: las infraestructuras de conectividad y los servicios digitales”. Y “las políticas deben crear las condiciones que fomenten las inversiones y la rentabilidad”. Europa “debe fomentar un entorno que permita el desarrollo de los servicios digitales europeos, equilibrando las dependencias de los servicios digitales de terceros países”.

La banca española vive una situación prácticamente ideal. El precio del dinero ha vivido una inaudita escalada de 450 básicos en apenas año y medio en Europa tras seis años en encefalograma plano. También ha aumentado –en diferente cuantía– en muchos de los países en los que trabajan Santander y BBVA, como México, Reino Unido y Polonia. Ese catalizador, por sí solo, ha catapultado el margen de intereses, el principal de la cuenta de resultados de todos los bancos. La subida de tipos provoca una repreciación automática de este margen porque la mayoría de créditos están ligados al euribor. CaixaBank y Bankinter, por ejemplo, registraron subidas del 60% y del 54%, respectivamente, según los datos acumulados hasta septiembre. El resultado es que la banca española reportará en unos días al mercado los beneficios más altos de su historia. El beneficio agregado ascenderá a 26.000 millones, según los pronósticos de los analistas y de los propios banqueros. Superará incluso el reportado en los años del boom crediticio de 2006 y 2007, aunque hay que tener en cuenta que los balances de la mayoría han crecido gracias a las fusiones. La morosidad sigue sin asomar, a pesar del empeoramiento de la coyuntura macroeconómica, gracias a la resistencia del mercado laboral. El impuesto especial aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que grava con un 4,8% los ingresos, restará entre un 8% y un 10% a las ganancias, según la agencia de ráting S&P. La gran piedra en el zapato sigue siendo la rentabilidad. En la mayoría de los casos, excepto BBVA y Bankinter, no es suficiente para cubrir el coste de capital.

La banca y las empresas de telecomunicaciones buscan un plan para frenar la ola de estafas telefónicas. Desde hace semanas, ambos sectores mantienen reuniones junto a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para explorar un acuerdo de colaboración que evite el robo de dinero a los clientes a través de llamadas en las que un estafador se hace pasar por empleado del banco y advierte de que la cuenta está siendo desvalijada. Gobierno, bancos y teleoperadoras se encuentran en alerta por la avalancha de casos que se vienen produciendo desde el verano pasado, ya que cada vez hay más víctimas que han perdido parte o todos sus ahorros. Fuentes conocedoras de las reuniones explican que las tres partes vienen manteniendo encuentros para encontrar una solución técnica y normativa que permita autenticar las llamadas o bloquear a los estafadores. El objetivo final es la protección del cliente y evitar que caiga en estos engaños. Existen muchos tipos de estafas para acceder a las cuentas bancarias y robar los ahorros. Pero las que se están popularizando, y más preocupan, son las llamadas telefónicas que suplantan el número de una oficina bancaria. Una técnica conocida como vishing. En este tipo de engaños, el delincuente se hace pasar por un empleado del banco, alerta al cliente de que su cuenta está siendo atacada y le pide que le proporcione las claves y contraseñas para detener la fuga de su dinero. Entonces, aprovecha para realizar operaciones y traspasar esos fondos. Una vez que el cliente se da cuenta de que ha sido víctima de una estafa, el proceso para recuperar los fondos robados se convierte en una odisea.  Según explican bancos, despachos y asociaciones de consumidores, en la mayor parte de estos casos el cliente no llega a recuperar el dinero. Fuentes jurídicas apuntan que la normativa obliga a los bancos a reembolsar todas las operaciones no autorizadas que se hayan producido en su cuenta, pero siempre que no haya habido negligencia por parte del cliente. 

La sede conjunta de España, Portugal y Marruecos para acoger el Mundial de fútbol de 2030 ha aflorado una oportunidad para la construcción que solo en el país norteafricano se ha valorado en unos 1.700 millones de euros en obras. Las mayores referencias españolas del sector se están activando para tomar posiciones. Entre ellas se apunta al necesario apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores para postular a las interesadas ante los futuros concursos. FCC tiene las mayores y más actualizadas credenciales, con la reforma en profundidad del Santiago Bernabéu y la construcción de nueva planta del Metropolitano, ambos en Madrid. Pero también atesoran experiencia en la ejecución de grandes instalaciones deportivas Acciona (Nuevo San Mamés en Bilbao y las ciudades deportivas del Real Betis y Tenerife), Ferrovial (Estadio del Mediterráneo, en Almería; Anoeta, en San Sebastián, o el estadio tunecino de Radès), Sacyr (estadio Da Luz, en Lisboa) o Dragados (Complejo Arcángel de Córdoba o el Benito Villamarín de Sevilla). Generar cartera en el mercado marroquí no es tarea fácil a pesar de que las constructoras españolas han realizado ya notables infraestructuras en ese mercado, especialmente relacionadas con la gestión del ciclo del agua. El interés español choca de frente con el de grandes conglomerados franceses y chinos, e incluso con la posible presencia de constructoras de Egipto, como Orascom, autora del nuevo estadio Capital Administrativa de El Cairo (93.000 asientos), y de Turquía, con Limak como responsable de la remodelación del Camp Nou de Barcelona. La pieza de caza mayor es el macrocomplejo deportivo proyectado en la ciudad de Casablanca, con un aforo de 113.000 asientos y un presupuesto de partida de unos 5.000 millones de dirhams (460 millones de euros).

Un nuevo frente se abre para Grifols. Los bonos cotizados de la compañía de hemoderivados se sitúan en el centro de los ataques especulativos de los fondos oportunistas. Al oler problemas, este tipo de fondos se están preparando para lanzarse sobre esta deuda, según indican fuentes financieras. Prevén que el informe de Gotham City provoque que la compañía aflore más deuda de la reconocida, complique sus planes para refinanciar el pasivo y forzar entonces a la compañía a una reestructuración completa. La elevada deuda financiera neta de Grifols, de 9.400 millones a 31 de junio según su informe financiero semestral, era una de las banderas rojas del mercado hacia la compañía catalana desde hace meses. De hecho, los principales fondos y bancos especializados en empresas con problemas financieros habían situado desde el mes de septiembre a Grifols como una de las compañías a seguir de cerca. Tras la publicación del informe de Gotham City todo se ha acelerado. La compañía afronta ya los primeros vencimientos de pasivo el año que viene, en 2025, por 2.000 millones de euros en bonos, y otros 900 millones en un préstamo bancario de tipo revolving. Sus planes pasaban por evitar una refinanciación y repagar toda la deuda en efectivo. Para ello ha planteado un plan con el fin de reducir costes, y mejoras operativas, combinado con ventas de parte del negocio para recabar capital. Ya ha vendido un 20% en su filial china, por lo que ha obtenido 1.600 millones que ha afirmado dedicará íntegramente a repagar deuda. Y se plantea desprenderse de más áreas, como la de diagnóstico y centros de recogida de plasma. 

Cuando los belgas hacen horas extra, cobran una prima del 50% sobre el salario ordinario por cada hora realizada y ese plus asciende al 100% si la hora extra se ha hecho un domingo, es decir, que percibirá ese día el doble de lo normal, algo que sucede en muchos países europeos porque así ha quedado fijado por ley, a diferencia de lo que ocurre en España. Nuestro Estatuto de los Trabajadores estipula que las horas extraordinarias deberán ser remuneradas, al menos, igual que las horas ordinarias, o bien ser compensadas con tiempo de descanso retribuido, lo que implica que en la mayoría de los casos cuando se pagan la relación entre ambos tipos de hora es 1:1, a menos que haya una regulación más favorable derivada de la negociación del convenio que corresponda o del contrato de trabajo. Según la agencia Eurofound, en varios países de la Unión Europea la prima estándar para horas extra realizadas en días laborables es del 50% –es el caso de Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania o Malta– y en la mayoría de ellos se cobra más si es en fin de semana o festivo (hasta el 150% en el caso de Lituania). En otros, la prima es algo inferior pero existe, como Grecia, Luxemburgo y Noruega (donde es del 40%); Eslovenia, donde oscila entre el 30% y el 50%; República Checa, Portugal o Eslovaquia (25%) o Francia (10%). En muchos de ellos, empresas y trabajadores tienen derecho a negociar como alternativa sustituir la prima por tiempo libre. Son muy pocos los países en los que la legislación no fija una prima mínima, entre ellos están Alemania, Suecia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Croacia y, también, España, y todos ellos, según UGT, están vulnerando uno de los artículos de la Carta Social Europea por ello. 

Las tecnológicas no dan por cerrado el capítulo de los despidos, tras un 2023 marcado por drásticos planes de adelgazamiento de las plantillas, en muchos casos sobredimensionadas, para reducir costes ante el frenazo del crecimiento del negocio. Esta semana, Google y Amazon han anunciado nuevas rondas de despidos, un signo de que estas grandes empresas siguen buscando reducir sus costes laborales en áreas con margen para ganar eficiencia, mientras disparan inversiones en inteligencia artificial. Google prescindirá de varios centenares de empleados –según The Verge, la cifra ronda el millar de profesionales– en equipos dedicados al asistente virtual Assistant, el área de hardware y el desarrollo de herramientas de software internas. Como parte de la reorganización, dejan la multinacional los dos cofundadores de la compañía de pulseras de actividad Fitbit, que Google adquirió en 2019 por 2.100 millones de dólares. Alphabet, matriz de Google, despidió en 2023 a 12.000 trabajadores, el 6% de la plantilla, para reducir costes y buscar eficiencias ante el frenazo del crecimiento tras el boom de la pandemia. Google, como otras grandes tecnológicas, se encontró con una plantilla sobredimensionada después de unos años marcados por un frenesí de contrataciones. A finales de septiembre, contaba con 182.381 empleados. En el arranque del año, los recortes se están cebando especialmente en la industria del entretenimiento digital, que vive una feroz competencia y se ajusta a un nuevo escenario de consumo, lejos de los niveles que se alcanzaron durante la pandemia.

La Unión Europea (UE) –uno de sus mercados clave de explotación- ha aprobado el primer impuesto del mundo sobre las importaciones de materiales fabricados con carbono, empezando por el cemento, el hierro, el aluminio, los fertilizantes, la electricidad, el hidrógeno y, por supuesto, el acero. La tasa entrará en vigor en 2026, pero la transición ya está en marcha. La decisión de la UE podría desatar una ola de medidas similares en otros países –y en más productos– lo que supondría un golpe colectivo a la industria china. En diciembre, Reino Unido anunció la introducción de su propio impuesto sobre las importaciones de carbono en 2027. Uno de los asistentes al evento de Jiaxing, Tan Weihan, consejero delegado de Xi’an Xinda Electrical Furnace Works, considera el reto al que se enfrentan los productores chinos de acero como una oportunidad para empresas como la suya que están contribuyendo a crear un acero más limpio. En Europa, la introducción del Mecanismo de Impuestos Aduaneros sobre el Carbono (CBAM) se ha anunciado como un nivelador para las empresas europeas en un paisaje cada vez más difícil para el comercio global. Pero es también un gran paso para aumentar el precio del carbono, una medida que los políticos y los ecologistas consideran necesaria para recortar las emisiones a 1,5 grados, el objetivo del acuerdo de París. Los políticos occidentales están preocupados por la excesiva dependencia de China de las materias primas necesarias para la transición verde. El acero, uno de los metales más usados, es uno de los sectores más politizados en ese debate.

En Iowa en los años 30, George Gallup, pionero de la demoscopia, llegó a una conclusión innovadora entonces: «No es necesario sacar toda la sangre de un cuerpo para poder analizarlo de forma certera. Por lo mismo, no es necesario interrogar a todo el mundo para obtener una muestra rigurosa de la opinión pública», dijo al diario ‘Des Moines Register’, cuyos sondeos políticos son, desde hace cuatro décadas, los más esperados de la carrera presidencial. El que publicó el sábado por la noche, sobre la intención de voto de quienes acudirán hoy a las asambleas ciudadanas de los caucus, era también la última esperanza de los que confiaban en que los votantes de Iowa darían la vuelta a las encuestas para rechazar la vuelta de Donald Trump al poder. En el sondeo, que se considera el ‘estándar de oro’ de su clase, el expresidente obtenía un 48% de los votos. Es decir, 28 puntos más que su rival más cercana, Nikki Haley, mientras que Ron DeSantis se quedaba con un 16%. Incluso aplicando todo el margen de error del 3,7% que tenía el cuestionario, Trump arrollaría con más de 25 puntos de ventaja. Hace un año nadie se lo hubiera creído. Eso explica que hoy todavía muchos no alcancen a digerirlo, por contundentes que sean las encuestas. Las elecciones de medio mandato de noviembre de 2022 arrojaron una grata sorpresa al Partido Demócrata, que retuvo su escueta mayoría en el Senado y redujo al mínimo la esperada victoria de la oposición en la Cámara Baja.