20240727

Los datos del empleo mejoran en Euskadi por ambos extremos. Por un lado, la economía vasca gana 28.500 puestos de trabajo en el segundo trimestre del año, el 2,89% más que durante los tres primeros meses de este 2024, según refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por otro, la tasa de paro mengua en cuatro décimas. Cae hasta el 8,1% –todavía alejada del 7,5% calculada por el Eustat–, con un total de 2.400 parados menos. En todo caso, los resultados sustentan buena parte de su mejoría en los servicios, que crecen un 4,78% (el sector suma 34.700 nuevos ocupados) y alcanza ya los 760.700 trabajadores. También resalta, de manera muy notable, el peso del sector público. En el último trimestre ha incorporado 4.500 puestos y su tasa respecto a los asalariados del ámbito privado crece una décima: pasa del 20,6% a un 20,7% entre abril y junio. Al tomar un año de referencia la tendencia es más evidente. La EPA refleja el ascenso de casi un punto (entonces estaba en el 19,8%) con la incorporación de 7.400 trabajadores. En compensación, el sector privado gana casi el triple de trabajos en los tres últimos meses, aunque su parte de la tarta sobre el total de los empleados pierde la décima ganada por el ámbito público. Al mirar la comparativa con 2023, se destruyen 8.700 trabajos –la tasa del empleo privado baja así del 80,2 al 79,3%–. Por edad, más de una cuarta parte de los menores de 25 años están en situación de paro en Euskadi. La cifra baja al 7,06% para la franja de edad de los 25 a los 54 y se reduce al 6,37% para los mayores de 55 años. Por sexo, la tasa de hombres en paro registrados en la EPA llega al 9,49% (54.600) y el de las mujeres queda en un 6,61% (un total de 34.900). Por territorios, cabe destacar la cifra de mujeres desempleadas en Gipuzkoa, que alcanzan la situación técnica de pleno empleo, ya que su dato se desliza por debajo del 5% (marca un 4,28%) que define esa categoría. Entre tanto, en Bizkaia el paro femenino todavía se mantiene en el 7,28% y en Álava llega al 6,99%. Más allá de los servicios, los sectores minoritarios de la construcción (un 4,72% del total de los empleos vascos) y el agrícola (un 0,78%) han caído un 6,26 y un 34,17%, respectivamente. Sube, aunque de forma muy ligera, la empleabilidad de la industria, que crea 1.200 puestos –un 0,61% más– dentro de un sector que todavía engloba a casi dos de cada diez trabajos vascos. La comparación con el segundo trimestre del año pasado ofrece una imagen similar, con grandes caídas en la construcción y en la agricultura, aunque también se reduce el empleo de calidad que presume acoger la industria, con una reducción de 6.400 trabajadores. La pérdida representa un 3,14%.

En el segundo trimestre del año, la economía española batió un récord histórico de empleo al rozar los 21,7 millones de ocupados. Exactamente, 21.684.700 personas. Es decir, 40.000 personas más que en el récord de ocupación anterior, que fue en el tercer trimestre de 2023, con 21.446.500 personas. Este fuerte crecimiento de la ocupación en el segundo trimestre del año se debe, básicamente, a dos razones: en primer lugar, como motivo estructural, a la bonanza de la economía española. Entre otras cosas, por el impacto de los fondos europeos de recuperación y resiliencia. El Producto Interior Bruto (PIB) está creciendo un 2,5%, en tasa interanual, que refleja, además, una elevada elasticidad del empleo. En segundo lugar, el importante crecimiento de la ocupación, entre abril y junio, con 435.000 empleos se debe, fundamentalmente, al comienzo del tramo importante de la temporada turística. Cuando todo el sector y sus alrededores se prepara para acoger una demanda notable. No olvidemos que al propio turismo nacional hay que añadir el extranjero. Todos los cálculos apuntan a que España batirá este año un nuevo récord de visitantes extranjeros, con 90 millones, o con una cifra muy próxima. Así, de los 435.000 empleos creados en el segundo trimestre, 300.000 fueron en el sector servicios. Esto se debe a la influencia de los sectores y subsectores muy ligados al turismo: entre otros, el comercio, la hostelería, los hoteles, las empresas de atención a las propias empresas o las inmobiliarias. En tercer lugar, las comunidades autónomas en las que más creció el empleo en el segundo trimestre fueron aquellas que tienen una presencia importante del turismo: por ejemplo, Andalucía, con más de 100.000 empleos; las Islas Baleares, donde la ocupación creció en 90.000 personas, y la Comunidad Valenciana, con 80.000 puestos de trabajo nuevos. En Canarias la temporada alta empieza en septiembre.

En el último año Euskadi ha sumado 4.850 nuevas pensiones contributivas, lo que significa elevar la pila de expedientes un 0,84% más. En total, su cifra ha alcanzado este mes las 577.777, con un importe medio que se atribuye de 1.552,70 euros, según recogen los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cuantía que se ingresa en las cuentas ha experimentado un incremento del 4,87%, lo que la sitúa en la actualidad en casi 300 euros por encima de la media estatal, fijada en 1.255 euros. Las pensiones por jubilación en el País Vasco han crecido ya hasta las 385.743. Su retribución mensual es de 1.763 euros de media. Además se conceden 40.150 pensiones por incapacidad permanente, con una cuantía media de 1.478 euros; otras 15.929 por orfandad, cuya aportación se ubica en los 606 euros; y 2.249 en favor de familiares, con una prestación de 934. Según los datos del Ministerio, en el País Vasco prácticamente una de cada diez pensiones (58.610) cuenta con complementos a mínimos, lo que en porcentaje representa a la mitad que la media estatal.

España es el país en el que más aumentará el gasto en pensiones en los próximos diez años en el planeta, según la agencia de calificación de solvencia Moody’s. Sus cálculos no sólo corroboran que será el país europeo con mayor alza en los próximos años –como ya apuntó la Comisión Europea en su informe sobre envejecimiento–, sino del mundo, por encima de Nueva Zelanda. Así figura en un informe remitido por Moody’s a sus clientes sobre la presión que supone la factura derivada del envejecimiento de la población en las autoridades regionales. En el documento incluye una estimación por la que, durante el período 2025-2035 (ver reproducción adjunta) España será el país en el que más subirá el gasto en pensiones y, más en general, en todo lo derivado del envejecimiento incluida la sanidad y la dependencia. Es de lo pocos estados en los que el esfuerzo superará en tan poco tiempo el 2% de su Producto Interior Bruto junto a Nueva Zelanda y Portugal, seguidos por Noruega. Al otro extremo, la rescatada Grecia, Suecia y Australia sólo experimentarán subidas de unas décimas del PIB. A lo largo del informe, Moody’s menciona a España y, particularmente, a sus comunidades autónomas a la cabeza internacional de la presión que ejercerá la factura demográfica en sus cuentas públicas. «El incremento de la población dependiente plantea un desafío presupuestario significativo para los gobiernos (...) una población envejecida más amplia significará más gasto público per cápita y menos ingresos fiscales». «Los incrementos más pronunciados se esperan en los países con un envejecimiento más rápido como Portugal, Italia y España».

Una tasa turística como «impuesto autonómico» inferior a 10 euros que se aplicaría de manera progresiva y con bonificaciones y exenciones. Esta es la propuesta que baraja el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco para implementar un impuesto a las estancias turísticas que Gipuzkoa, con el Ayuntamiento de Donostia a la cabeza, lleva reclamando desde hace más de una década. Fue en 2012 cuando se habló por primera vez del canon turístico para San Sebastián, a raíz de un informe sobre la capitalidad cultural europea. Todos los años se ponía encima de la mesa, en ocasiones con la puerta abierta a debatir, otras sin ninguna opción a su implantación. Los principales escollos han sido siempre la elaboración de una ley que garantice la seguridad jurídica de la tasa y, por otro, el destino del dinero recaudado. En una entrevista radiofónica, el consejero Javier Hurtado desgranó los planteamientos de su departamento de cara a la próxima implantación de una tasa turística en Euskadi, al tiempo que mantuvo su compromiso de proponer un diseño de la misma en un plazo de seis meses. El titular de la cartera de Turismo aseguró ayer en los micrófonos de Radio Euskadi que en la presente legislatura «se dan las condiciones para establecer un impuesto a las estancias turísticas» y que su departamento ha trabajado con el resto de instituciones vascas y con el sector la posibilidad de aplicar esta medida. En ese sentido, defendió que de lo que se está hablando no es de una tasa sino de «un impuesto autonómico», por ser «la vía que entendemos que es factible y que se puede conseguir». «Si se tratase de una tasa municipal ya la habían instaurado algunos ayuntamientos que llevan demandándola desde hace mucho tiempo», indicó, para añadir que la recaudación va a ser de los propios establecimientos.

La situación que atraviesa el fabricante de trenes de origen vasco sigue enrocándose. El Gobierno de España, a dos semanas de que expirara el plazo para resolver la solicitud de autorización tramitada por Magyar Vagon para hacerse con Talgo, acaba de suspender el procedimiento. A través de una notificación del Ministerio de Economía, la subdirección general de inversiones extranjeras comunica al representante legal de Magyar Vagon la «suspensión del plazo para dictar resolución sobre autorización de inversión extranjera». Se trata este de un trámite que cualquier empresa extranjera, aunque sea de la UE, debe pasar si invierte más de 500 millones en una compañía española. Es una exigencia que deviene del decreto anti-opas que está en vigor hasta diciembre. Magyar Vagon, tras presentar una opa por Talgo por 617 millones de euros en marzo, inició estos trámites ante la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) adscrita al Ministerio de Economía. Moncloa ha rechazado siempre la compra, que los principales accionistas de Talgo y su dirección pactaron con Magyar Vagon para dar con una solución a la cartera de pedidos de 4.200 millones que ahoga al fabricante de trenes español. Pero el Ejecutivo central recela del apoyo del Gobierno de Hungría a Magyar Vagon. La decisión comunicada por el Jinvex señala un motivo administrativo para acogerse a la posibilidad de suspender la tramitación. El escrito del Ministerio de Economía señala que si no recibe informes preceptivos de la «misma o distinta Administración» en el plazo indicado «establece la posibilidad de suspender la resolución».

La injerencia del Gobierno en la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el consorcio húngaro Ganz-MaVag sobre Talgo, entorpeciendo esta oferta y, eventualmente bloqueándola, va a desencadenar con toda probabilidad una ola de litigios. No solamente contra representantes directos del Gobierno. También contra los organismos que han ejecutado la denegación del permiso o sus funcionarios. La ola de pleitos se podría extender a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así lo aseguran fuentes jurídicas que están pendientes del desarrollo de los acontecimientos en una operación que, en contra de toda lógica, se ha aderezado con un alto componente político que va más allá de lo puramente empresarial. Varios bufetes de abogados, españoles y extranjeros, afilan armas de cara a una guerra legal no sólo a nivel doméstico. También en el ámbito de la Unión Europa. Además del frente judicial y administrativo español, se prevé que se abran causas ante la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE. La cuenta atrás para que el Gobierno autorice o no la opa de Ganz-MaVag ha empezado. A mediados de agosto, la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), un organismo que depende del Ministerio de Economía, debe decidir si aprueba o no la opa, o si la aprueba con condiciones. Fuentes jurídicas explican que, más concretamente, el Jinvex debe pronunciarse el 9 de agosto como tarde. El Jinvex es el organismo que se creó cuando el Gobierno reforzó la normativa para proteger activos que considera estratégicos para la economía nacional. Además de por su actividad, un movimiento accionarial de más del 10% en Talgo necesita la aprobación del Jinvex por ser una empresa cotizada.

La dirección de Cementos Rezola asegura que su propuesta, rechazada por el comité de la planta donostiarra de Añorga, contemplaba que «los trabajadores y trabajadoras que verían extinguido su contrato serían un máximo de 10 personas». Estos empleados, según la versión de la empresa, se verían además indemnizados con una cantidad «sustancialmente superior al máximo previsto en la regulación laboral», según un comunicado difundido por el grupo alemán Heidelberg Materials. Además, se les ofreció también un reingreso preferente en caso de que pudieran surgir vacantes. Dicha propuesta incluye, asimismo, un plan de prejubilaciones para 29 personas y la recolocación interna indemnizada de otras 15 en la fábrica vizcaína de Arrigorriaga. En este sentido, existía la opción de recolocación interna indemnizada de 15 trabajadores y trabajadoras en diferentes plantas del grupo en Europa. Un planteamiento rechazado por los trabajadores y sindicatos, que desde un primer momento entendieron estas recolocaciones en distintas partes del continente como «inasumibles» para el funcionamiento normal de la factoría. La empresa añade que también se trasladó la opción de realizar un ERTE temporal para hasta diez trabajadores, a la espera de que se confirme la segunda inversión de descarbonización de la fábrica que pudiera generar de diez a doce nuevos puestos de trabajo. No obstante, esta propuesta al igual que las demás realizadas por parte de la empresa, no fue aceptada por el comité, que mantiene la huelga indefinida. En este sentido, desde Cementos Rezola lamentan que «no se haya conseguido un acuerdo».

No hubo anuncios estrella, ni acuerdos formales, ni compromisos concretos. Por no haber no hubo ni comparecencias posteriores. Pero la primera reunión oficial entre Imanol Pradales y Pedro Sánchez, celebrada ayer en el Palacio de Ajuria Enea de Vitoria, vino a escenificar las «excelentes relaciones» que sus respectivos gabinetes quieren salvaguardar ante un clima cada vez más revuelto en la política nacional. Lejos de ultimátums, órdagos y advertencias, el lehendakari y el presidente del Gobierno se vieron las caras durante dos horas en un encuentro en el que mostraron su «clara voluntad de colaboración y cooperación conjunta». Las declaraciones de intenciones y el simbolismo protagonizaron una reunión que el mandatario vasco venía reclamando desde su llegada al cargo hace un mes. Se daba por hecho que la cita llegaría tarde o temprano, máxime cuando el inquilino de La Moncloa debe esforzarse por cortejar a un PNV que es clave para su propia supervivencia política. Con lo que no se contaba es con que fuera el presidente del Gobierno quien acudiera a la residencia oficial del lehendakari –y no al revés– en un gesto que sólo Adolfo Suárez y José Luis Rodríguez Zapatero habían tenido con Carlos Garaikoetxea y Patxi López, respectivamente.

Tras un par de años de beneficios récord en el sector del automóvil, muchos fabricantes de vehículos están presentando en estos días unos resultados financieros semestrales que recogen caídas tanto de facturación como de matriculaciones y, sobre todo, en términos de rentabilidad. La crisis global de suministro de microchips ocasionó una situación atípica para la automoción que vio como produciendo menos coches, por la falta de componentes, vendía sus modelos cada vez más caros y sus márgenes se disparaban hasta máximos históricos. Sin embargo, el mercado automovilístico está volviendo a su cauce, con unos márgenes a la baja y con ingresos en pleno descenso. Julio se caracteriza por ser la fecha en la que las empresas dan a conocer sus cuentas semestrales. En el caso de las del automóvil, son varias las que ya han desvelado sus datos, entre las que se encuentran Porsche, Mercedes-Benz, Ford, General Motors, Tesla, Stellantis, Nissan o Renault, entre otros fabricantes. A pesar de que todavía quedan algunas grandes compañías del sector por publicar sus datos semestrales –BMW y el grupo Volkswagen lo harán el próximo 1 de agosto–, se observa una tendencia de retroceso del beneficio y de la cifra de negocio en muchas empresas del sector. Los motivos difieren en algunos casos, dependiendo de la empresa, aunque hay puntos comunes, como el impacto que está teniendo sobre el negocio el proceso de desestocaje que están haciendo muchas compañías. Tras la crisis de los chips, algunas firmas apostaron por aprovisionar a sus puntos de venta de una gran cantidad de coches en previsión de posibles nuevos problemas en la cadena de suministro y de producción. Al tener que dar salida a dichos modelos en stock, las marcas no pueden vender sus vehículos recién producidos a los puntos de venta, por lo que tienen que bajar la producción, al tiempo que se ven obligadas a aplicar descuentos para hacer más atractivos esos modelos almacenados.

El fabricante alemán de componentes automovilísticos ZF recortará, de forma gradual, entre 11.000 y 14.000 puestos de trabajo en Alemania hasta 2028, lo que supondrá la salida de alrededor de uno de cada cuatro empleados de la empresa en el país. La compañía anunció ayer un plan de reestructuración que le llevará a fusionar varias de sus sedes con el objetivo de ganar eficiencia y que sus plantas sean más competitivas y flexibles. La reducción de plantilla, formada por 54.000 personas, priorizará las salidas amistosas y las jubilaciones parciales. Los recortes afectarán sobre todo a la división de tecnologías de propulsión electrificadas, que emplea a 21.000 personas en Alemania, pero que está presionada por la fuerte competencia de sus rivales, al alza de costes y la débil demanda de eléctricos. “La gravedad de la situación exige una acción decisiva para poder adaptar la empresa a un mercado más duro y al entorno competitivo para asegurar el futuro”, afirmó el consejero delegado de la compañía, Holger Klein. La empresa, el mayor proveedor del sector en Alemania tras Bosch, se centrará en sus divisiones de vehículos comerciales, soluciones de chasis, tecnología industrial y posventa, según Efe. En enero, ZF ya se enfrentó a protestas de su plantilla por la clausura de plantas en su sede central de Friedrichshafen.

El grupo químico alemán Basf ha decidido congelar su proyecto de construcción de una planta para el reciclaje de baterías en su complejo industrial de Tarragona debido a la baja demanda de los coches eléctricos en Europa, según afirmó ayer Markus Kamieth, consejero delegado de la multinacional. “La demanda de coches eléctricos se ha desplomado en los últimos meses. Esto también ha repercutido en los planes de Basf”, pues la empresa “va a posponer un importante proyecto de reciclaje de baterías” en España, señaló el directivo en alusión a la planta tarraconense. El proyecto de reciclaje de baterías de Basf en Tarragona era calificado por la compañía alemana de “máxima prioridad” el pasado mes de abril. 

La apuesta española por el hidrógeno verde recibió este viernes un espaldarazo en Bruselas. La Comisión Europea ha autorizado al Gobierno a dar 1.200 millones de euros en ayudas de Estado para desarrollar esta fuente de energía renovable, con la que España aspira a convertirse en un referente mundial. Este vector energético es uno de los señalados por el Ejecutivo de la UE –y, sobre todo, por Alemania– como apuesta estratégica para lograr la transición hacia una economía sin emisiones de carbono en 2050, sobre todo para los sectores de difícil o imposible electrificación. El dinero que España destinará a este objetivo procederá también de los recursos comunitarios, puesto que se va a financiar con los fondos del plan de recuperación pospandemia. Los desembolsos –aprobados como ayudas de Estado, en la categorización que hace el Ejecutivo comunitario– deberán producirse antes de finales de 2025, según explicó este viernes el propio Gabinete de Ursula von der Leyen. “Estos 1.200 millones permitirán a España acelerar el despliegue de sus capacidades de hidrógeno renovable, en línea con la estrategia de hidrógeno de la UE y con el Pacto Verde europeo”, enfatizó Margrethe Vestager, comisaria de Competencia. “El régimen también ayudará a España a reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados, minimizando al mismo tiempo cualquier posible falseamiento de la competencia”, confió. Aunque la electrificación de usos –domésticos y transporte ligero, sobre todo– es el pilar sobre el que pivotará la descarbonización de la economía, el hidrógeno debería jugar un papel esencial en la industria o en el trasiego de mercancías por vía marítima. También en la producción de combustibles renovables, como el SAF, que está llamado a desplazar al queroseno en el sector aéreo, uno de los más difíciles de desligar de los combustibles fósiles.

La Comisión Europea desembolsó ayer a España 9.842 millones de euros en subvenciones correspondientes al cuarto tramo de los fondos de recuperación Next Generation. Este cuarto pago supone la entrega de casi la totalidad de los fondos asignados al país, a falta de 158 millones que Bruselas mantiene congelados por el incumplimiento de un hito relacionado con el programa de digitalización de pymes. En su evaluación, a principios de junio, el Ejecutivo comunitario ya adelantó que España ha cumplido satisfactoriamente 60 de los 61 hitos asociados al cuarto pago de los fondos Next Generation, dando luz verde a su desembolso. En paralelo, sin embargo, activó el procedimiento de suspensión de parte de los fondos –158 millones– al considerar que no se ha completado «de forma satisfactoria» el objetivo 201 del plan español, relativo al programa ‘Agentes de Cambio’ por la «falta de demanda». La suspensión parcial es un mecanismo que Bruselas ya ha activado con otros países como Lituania, Rumanía y Portugal. El Gobierno español anunció que estaba rediseñando el programa, renombrado ‘Kit Consulting’ para ayudar con hasta 24.000 euros a pequeñas y medianas empresas que quieran contratar un servicio de asesoramiento sobre tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) o ciberseguridad. Ayer, la Comisión Europea reconoció que las autoridades españolas han dado pasos en la buena dirección para cumplir con el objetivo marcado, pero señalaron que «queda trabajo por hacer». 

El Corte Inglés encara una nueva etapa centrada en el crecimiento con cambios en su cúpula directiva. El grupo ha nombrado al directivo argentino Gastón Bottazzini como su nuevo consejero delegado para liderar el diseño y ejecución del nuevo plan estratégico 2025-2030 de la empresa, que se presentará antes de finalizar el presente ejercicio –acaba en febrero de 2025–, según anunció ayer la presidenta de la compañía, Marta Álvarez, durante la junta general de accionistas de El Corte Inglés. Bottazzini se incorporó a la empresa el pasado mes de febrero como asesor de Marta Álvarez. Desde junio de 2018 y hasta el pasado 1 de enero de 2024, fue el CEO del gigante chileno de los grandes almacenes Falabella. El nuevo CEO de El Corte Inglés reportará directamente al consejo de administración y a la comisión ejecutiva delegada de la compañía, presidida por Marta Álvarez e integrada, además, por José Ramón de Hoces, consejero secretario del grupo, y Javier Rodríguez-Arias, consejero. Su nombramiento supone recuperar un cargo que no existía en el grupo desde hace dos años, tras la salida de Víctor del Pozo de la empresa en marzo de 2022. Entonces, se creó la citada comisión ejecutiva y la empresa nombró a dos directores: José María Folache (retail) y Santiago Bau (corporativo y nuevos negocios). A partir de ahora, ambos reportarán al nuevo CEO.

El incremento de precios de los alimentos ha desembocado en un cambio de hábitos relevante en el consumidor, que afecta tanto al tamaño de la cesta media de los supermercados como al peso de la marca de distribuidor (o marca blanca) incluida en cada compra, factores que han modificado en el último ejercicio la facturación por tienda de cada cadena. Mercadona emerge como una de las cadenas ganadoras frente a sus competidores en este contexto, que le ha llevado a ampliar la distancia con sus rivales, a los que duplica en su facturación por tienda. El grupo que preside Juan Roig contaba con 1.681 tiendas al cierre del ejercicio 2023, entre las que se incluyen los 49 supermercados de Portugal. Su cifra de ventas neta fue de 32.861 millones de euros, por lo que la cadena registró en 2023 unos ingresos medios por tienda –en ningún grupo se ha contabilizado la venta online, que sigue siendo residual y no supera el 3%– de 19,55 millones, un 15% más que un año antes. La cifra supone un incremento de casi el 37% si se compara con 2019, el último año prepandemia, cuando la empresa tenía una venta media por tienda de 14,28 millones. Por tanto, en apenas cuatro años, el grupo ha sumado más de cinco millones de facturación por establecimiento. Los datos de la cadena valenciana ganan relevancia si se comparan con los de sus principales competidores en el mercado español. Mercadona duplica al siguiente grupo en la lista, Lidl, en ventas por tienda y su distancia es aún mayor con el resto.

El número de trabajadores en España que hace horas extraordinarias ha superado el millón en el segundo trimestre del año en pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral en el país, un nivel que no se alcanzaba desde el año 2008, cuando la economía estaba a pleno rendimiento antes de que estallara la crisis financiera. Según los datos de la Encuesta de Población Activa publicada ayer por el INE, un total de 1.009.000 asalariados en el país trabajó de abril a junio más horas de las que estipula su jornada ordinaria según su contrato, frente a los 884.900 que tuvieron que hacer lo mismo en el primer trimestre. En los últimos quince años, la cantidad de ocupados que hacen horas extra en el país ha rondado los 734.000 en media, pero en el último trimestre la cifra se ha disparado a niveles no vistos desde 2008. Esto supone un incremento del 14% en el número de personas que hacen horas extra en un sólo trimestre, siete veces más de lo que ha crecido la cantidad de ocupados, que ha aumentado un 2% intertrimestral hasta los 21,68 millones de personas. La elevada cantidad de horas extra que se hacen en España (6,93 millones por semana si se tiene en cuenta al total de trabajadores) es precisamente una de las razones que esgrime el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz para defender una reducción de la jornada máxima legal de trabajo, de las 40 horas semanales –límite que lleva en vigor desde los 80– a las 37,5 horas. Aunque este sea el tiempo máximo de trabajo a la semana, la jornada luego podrá repartirse en cómputo anual de forma que la media semanal sea esa.

Un sabotaje “masivo” y “coordinado” contra las vías férreas sacudió Francia en la mañana del día que los ojos de todo el mundo estaban fijos en este país por la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Varios incendios en algunas de las principales líneas que parten de París dejaron a 800.000 pasajeros sin poder viajar, mientras los servicios de inteligencia y policiales se activaron para encontrar a los responsables. Se desconocen al cierre de esta edición los motivos y autores. El temido ataque a los Juegos Olímpicos no llegó en forma de atentado ni por internet, sino que impactó en el corazón de la red de transportes: los trenes de alta velocidad que conectan la capital con el resto del territorio. La presidenta de la región parisina, Valérie Pécresse, denunció “una tentativa de desestabilización”. Para las autoridades, se trata un acto con clara voluntad de sembrar el caos y dañar a Francia y los franceses en un día señalado como este 26 de julio. El sabotaje afectó a los trenes que van a regiones y ciudades como Bretaña, Burdeos, Lille, Estrasburgo e incluso Bruselas y Londres. La reparación de las líneas podría prolongarse hasta el inicio de la semana próxima. El primer ministro en funciones, Gabriel Attal, declaró en la red social X: “Esta mañana se han llevado a cabo, de manera preparada y coordinada, actos de sabotaje en las instalaciones de la SNCF”. La SNCF es la compañía pública francesa de ferrocarriles. “Las consecuencias en la red ferroviaria”, dijo Attal, “son masivas y graves”. Y añadió: “Nuestros servicios de información y nuestras fuerzas del orden están movilizados para encontrar y castigar a los autores de estos actos criminales”.