20240401

El coche eléctrico no acaba de arrancar. Aunque el pasado año se vendieron en España 113.776 turismos y todoterrenos electrificados –híbridos enchufables y eléctricos puros–, lo que supuso un 45,3% más que en 2022, esa cifra significó solo un 11,4% del total de 962.186 automóviles nuevos comercializados en todo el país. Y aunque en Euskadi la proporción fue algo mejor, ya que se matricularon 3.076 coches enchufables (un 71,2% más que en 2022), su cuota sobre el total de los 24.408 vendidos fue de únicamente el 12,6%. El panorama es peor aún si solo se observa la comercialización de eléctricos puros, de los que en España se vendieron 51.614 (un 5,3% del total) y en el País Vasco, 1.535 (el 6,3%). Estas cifras demuestran que los conductores aún son muy reticentes a la hora de comprar un automóvil enchufable y más aún si se trata de un eléctrico puro. Y hacen muy difícil lograr el objetivo del Gobierno de que para el año 2030 el parque móvil de eléctricos alcance los 5 millones de turismos, cuando ahora solo son unos 200.000. A pesar de las cada vez mayores restricciones a la circulación que las autoridades imponen a los vehículos de gasolina y diésel por cuestiones medioambientales, muchos automovilistas ven con recelo los inconvenientes que aún acarrean los vehículos eléctricos. El principal –aparte del precio, sensiblemente más caro, aunque se puede llegar a amortizar por el menor coste de la electricidad en comparación con los combustibles–, la autonomía de sus baterías. Algo que en viajes largos, como los que muchos conductores realizan estos días de Semana Santa, obliga a planificar bien el recorrido teniendo en cuenta donde encontrar los necesarios puntos de recarga para evitar quedarse ‘tirados’ sin batería en la carretera. En Euskadi, aunque los puntos públicos de recarga aumentaron un 68,4% en 2023 –pasaron de 735 a cierre de 2022 a 1.238 a 31 de diciembre pasado– todavía son casi un 40% menos que los algo más de 2.000 que debiera haber tenido para ir cumpliendo con el plan de la UE. Y para alcanzar los objetivos europeos de descarbonización, el País Vasco necesitaría tener operativos a finales de este 2024 unos 2.900 puntos de recarga de acceso público para vehículos eléctricos, más del doble que los actuales. El próximo año tendría que contar con más de 4.100 y en 2030, por encima de los 13.500 puntos.

El nuevo director de Mubil, el Polo de Movilidad Inteligente y Sostenible de Gipuzkoa, Igor Villarreal (Donostia, 51 años), vive días intensos. En poco más de dos semanas celebran en Ficoba (Irun) la importante feria Mubil Mobility Expo y para junio debe estar culminado el traslado a la nueva y moderna sede del parque empresarial donostiarra de Eskuzaitzeta. De momento, sigue en las oficinas de Tolosa y desde ahí analiza las polémicas sobre la transición energética y el coche eléctrico. "La red de cargadores no es el principal problema. En España existen más de 30.000 cargadores públicos, el año pasado se aumentaron un 33%, los de alta potencia se aumentaron casi un 100% y el uso medio de los cargadores es solo de un 6,3%. Hay más cargadores que están todo el rato vacíos...La electrificación es una de las soluciones pero también hay otras si pensamos en la movilidad global, no solo en los coches. Nos viene un mix tecnológico. Las baterías van a jugar un rol importante pero no van a poder electrificar toda la movilidad y jugarán un papel otras tecnologías, como el hidrógeno, que deben ser sostenibles porque no hay alternativa. No se pueden ignorar las consecuencias de la realidad de récords de temperaturas y de emisiones de CO2 en la atmósfera. No creo que estemos corriendo demasiado si te comparas con países del entorno como Portugal, con una integración del vehículo eléctrico del 20%, mayor que en España, que está a la cola de Europa...Más del 60% de las empresas de Gipuzkoa están moviéndose para posicionarse en el futuro desde ejes como el vehículo eléctrico, piezas más neutras y otros sectores... Las empresas y centros de investigación que trabajan con nosotros nos trasladan que la falta de talento uno de los grandes déficits, que las oportunidades que se pierden no son por falta de financiación sino porque no hay gente. Nosotros queremos también colaborar con empresas, centros de investigación y universidades para alimentar todo el ecosistema de la electromovilidad con talento..."

Aunque con un evidente retraso en el desarrollo de la infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico respecto a la media de Europa, porque también la demanda de automóviles enchufables en España es menor que en los países del centro y norte del continente, las grandes compañías energéticas se están lanzando ya de forma decidida a instalar puntos de recarga. Y ello ha abierto un nuevo frente de batalla entre ellas, con ambiciosos planes de crecimiento e inversiones millonarias –sobre todo en recarga rápida o ultra rápida ubicada en las principales vías de carreteras del país o en grandes parkings– por hacerse con el liderato de las ‘electrolineras’ y, por supuesto, de sus usuarios. De momento, Iberdrola, que ya lleva varios años en el desarrollo de este mercado e instaló entre 200 y 300 postes de recarga al mes durante el pasado año, está a la cabeza con más de 6.000 puntos públicos. A ellos hay que añadir 1.700 más en construcción y 3.200 adicionales a la espera de diferentes trámites administrativos y que estarán operativos en los próximos meses. En total, la eléctrica vasca cuenta actualmente en España con 45.000 puntos de recarga entre públicos y privados y su objetivo es llegar a los 100.000 en 2025. Además, Iberdrola ha creado recientemente una sociedad conjunta con la petrolera BP Pulse que inicia su actividad con otros 329 puntos de carga pública y planea llegar a casi 5.000 en España y Portugal en 2025, y 11.700 para 2030. Endesa, por su parte, cuenta ya con cerca de 5.500 puntos de recarga de acceso público instalados a través de su filial Endesa X Way. De ese total, más de 600 son de tecnología ultrarrápida con potencias de entre 150 kW y 350 kW, situados en su mayoría en entornos interurbanos. El tercer operador en liza en este sector es Repsol, que tiene ya más de 1.700 puntos instalados, la mayoría situados en sus estaciones de servicio. La petrolera cuenta con 3.800 gasolineras en España susceptibles de contar rápidamente con puntos de recarga. 

La Diputación de Gipuzkoa ha decidido dar un nuevo paso adelante en el impulso al autoconsumo energético colectivo de hogares y empresas. La convocatoria de este año del programa de ayudas para promover la creación de comunidades energéticas locales alimentadas por placas fotovoltaicas extiende el abanico de gastos subvencionables a los costes de «gestión y dinamización de la comunidad energética una vez la misma esté creada». Esto es, además de los gastos propios de constitución de la comunidad y de la inversión realizada en las instalaciones fotovoltaicas (placas, sistemas de almacenamiento, enchufes para vehículos eléctricos, adquisición de los propios vehículos ecológicos...), este año se añaden los costes derivados de las gestiones administrativas con la empresa distribuidora de energía y las empresas comercializadoras de los socios; los procedentes de búsqueda de fuentes de financiación; atención y servicio de asesoría; gestión de datos energéticos; gestión económica de la entidad; diseño de nuevos proyectos, etc. Así viene reflejado en las bases reguladoras de la convocatoria de este año de las subvenciones que concede el departamento foral de Sostenibilidad, que ya están aprobadas tras haber sido publicadas el 25 de marzo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG). El programa cuenta este año con un presupuesto inicial de 1.178.472 euros, y su objetivo es seguir avanzando en el despliegue en Gipuzkoa de familias, comercios, establecimientos y empresas que se unan para conformar agrupaciones de consumidores de energía suministrada mediante instalaciones fotovoltaicas instaladas en los tejados de edificios públicos.

Varios expertos han coincidido en defender que en la próxima reforma fiscal se eleve la presión tributaria y que se eliminen o limiten los actuales incentivos y deducciones en sus intervenciones en la ponencia sobre la reforma fiscal que han puesto en marcha las Juntas Generales de Gipuzkoa. Desde su primera sesión el 5 de febrero en la que el diputado de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona, expuso los resultados de las reformas fiscales anteriores, más de una decena de expertos de diferentes ámbitos han comparecido ante los junteros para explicar las modificaciones que, en su opinión, debería incorporar la siguiente revisión que procederán a realizar de manera conjunta las tres Haciendas de la CAV. Una idea que se ha repetido ha sido que la presión fiscal de Gipuzkoa es inferior a la del Estado y a la de Europa, por lo que existen margen para poder elevarla. Es una afirmación formulada por el catedrático de Hacienda Pública de la UPV/EHU, Ignacio Zubiri o por el economista y profesor de la misma universidad Joseba Permach, quien cifró en un 31,8% la presión fiscal de Gipuzkoa frente al 34,8% del Estado o el 40,1% de la Unión Europea. Ambos apuntaron también a la necesidad de eliminar los incentivos y deducciones fiscales, idea a la que se refirió otro de los expertos, el catedrático de Derecho Tributario Marco Antonio Rodrigo, quien aseguró que estas bonificaciones “tienen escaso éxito” y defendió que, en el caso de mantenerlas, se realizaran por bloques en lugar de individualmente.

Euskadi se ha convertido en apenas 15 meses en el plató de rodaje más importante de España. Más de 160 producciones han generado de 139,6 millones de euros de ingresos y se han creado 1.200 puestos de trabajo. Un boom que es tan solo una primera etapa para el desarrollo de una potente industria audiovisual activada gracias al Concierto Económico. La soberanía fiscal vasca –que ahora exige el independentismo catalán al presidente Pedro Sánchez– es la palanca que mueve los engranajes de esta transformación de largo recorrido. 'Vizcaya' (sic), desde enero de 2023, y 'Álava' (sic)  y 'Guipúzcoa' (sic), en breve, enarbolan «los mejores beneficios fiscales del mundo» para convertir al País Vasco en el nuevo Hollywood español. Durante la primera semana de marzo, el Casco Viejo de Durango se transformó en el Madrid de los 50. Un teatro madrileño, tascas y tabernas capitalinas surgieron en el municipio vizcaíno con la magia del cine como escenario de una película sobre Miguel Gila; el joven socialista preso en la Guerra Civil que tras años en prisiones franquistas fue capaz de triunfar en los escenarios con sus monólogos. El rodaje realizado por la productora Pecado Films coincidió con otra media docena de filmaciones en Vizcaya, y especialmente en Bilbao, que constataron las luces pero también las sombras de un potente sector industrial por el que están apostando con fuerza las instituciones vascas gobernadas por el PNV. «El incentivo es el doble que en Territorio Común [el resto de España salvo País Vasco y Navarra]; no solo te sirve todo lo que hay sino que el incentivo es el doble», resume José Alba, el productor de Pecado Films que pone voz a la reflexión compartida por docenas de profesionales que han encontrado en Euskadi una puerta abierta para sacar adelante películas y series que no podrían ser realidad si se rodaran en cualquier otro lugar de España.

Espaldarazo a las tesis de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que desde la conformación del nuevo Gobierno ha convertido la reforma del despido, con su encarecimiento en el punto de mira, en una de las piedras angulares de su discurso en materia de política económica. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), organismo dependiente del Consejo de Europa, ha comunicado ya al Gobierno y a los sindicatos su esperada resolución sobre la demanda presentada en 2022 por UGT (a la que después se sumaría CCOO) por considerar que el despido improcedente en España “no sólo no es caro, sino que es muy barato, lo que facilita que el porcentaje de despidos sin justa causa sea muy mayoritario”, resaltó ayer el líder de UGT, Pepe Álvarez, en su blog. En la actualidad, el despido improcedente prevé una indemnización de 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Esos topes fueron fijados en la reforma laboral que acometió el Gobierno de Rajoy en 2012. Hasta ese momento, la indemnización ascendía a 45 días por año con un límite de 42 mensualidades. Aunque el texto de la resolución aún no se ha hecho público, fuentes conocedoras del pronunciamiento señalan que el CEDS considera que la actual regulación laboral en España no protege suficientemente a los trabajadores, informa Servimedia. Su resolución, que está en línea con los dictámenes favorables respecto a demandas similares planteadas por los sindicatos de países como Francia e Italia, trasciende además apenas diez días después de que el propio Comité Europeo de Derechos Sociales señalara en su informe anual que los límites a las indemnizaciones por despido improcedente en España incumplen la Carta Social Europea. Según este organismo, estos topes no permiten a los jueces fijar una compensación adecuada por todas las pérdidas eventuales sufridas por el trabajador.

La indemnización máxima por despido improcedente en contratos indefinidos en España es de 33 días por año trabajo con un límite de 24 mensualidades. Es el tope que recoge la legislación laboral desde 2012, cuando el Gobierno de Rajoy recortó 12 días respecto a los 45 vigentes hasta entonces (que se mantienen para los periodos anteriores al cambio). Ese tope, en opinión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) —dependiente del Consejo de Europa—, no respeta la Carta Social Europea. Este texto reconoce “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”, y cuando las relaciones laborales son cortas esos 33 días no siempre resarcen al afectado. El CEDS ha dado la razón a UGT, que presentó una reclamación al respecto en 2022, lo que compromete políticamente al PSOE y Sumar. Los partidos que forman el Gobierno prometieron trasladar lo que dice la Carta a la ley española, y el organismo encargado de interpretarla ya ha dejado clara su opinión. Este nuevo horizonte anticipa cambios en la normativa. Pero, más allá de lo que dice la ley, hay datos que sirven para entender cómo y cuánto se despide en España. La indemnización media de los 528.413 trabajadores que se quedaron sin empleo fue de 8.251 euros en 2022. La hostelería concentra el 15%, con el 8% de los asalariados. 

Las pymes españolas se enfrentan a una serie de desafíos de costes, de ventas y de productividad que ponen en serio riesgo su capacidad para conseguir beneficios. Así lo estipula la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en su último Informe sobre la situación de la pyme, que pone el foco en los principales desafíos a los que se enfrentan estas compañías, que tienen un peso más importante sobre la economía que en la media de los países de Europa. El punto sobre el cual Cepyme incide con mayor alarma es el de la productividad, que en la comparativa con Europa España también sale perdiendo: organismos como la OCDE y entidades de estudio como CaixaBank Research han advertido en los últimos meses de ello. En este sentido, Cepyme subraya que el pasado año los indicadores de productividad registraron un seísmo: “2023 cerró con una elevada caída de productividad para la pyme española. En el cuarto trimestre de 2023, descendió un 0,7% en tasa interanual, distanciándose todavía más del nivel previo a la pandemia. De hecho, el repunte de productividad que se produjo en 2021 tan solo sirvió para compensar el gran desplome registrado en la pandemia. Lamentablemente, una vez estabilizada la actividad, la productividad ha recuperado su tendencia descendente iniciada en 2017 y ahora se sitúa ligeramente por debajo de la de 2015”. Es decir, que como apunta Cepyme, no es solo cuestión de que la productividad en España está lejos de la de los principales socios económicos europeos, sino que su capacidad de desarrollo está claramente paralizada. Ello, en un contexto en el que la organización reconoce que la actividad ha mejorado en los últimos trimestres, si bien no lo suficiente para ganar en dicha competitividad.

El primer trimestre del año está a punto de terminar y las grandes entidades financieras empiezan a cerrar los números que harán públicos al final de abril. No habrá sorpresas negativas porque no se han producido cambios relevantes en estos meses respecto al cierre del año pasado, salvo un ligero descenso en el euribor que puede tener alguna repercusión sobre las cuotas de algunas hipotecas. En cualquier caso, el ritmo de aumento de los resultados en este trimestre será bastante inferior al que se registró hace ahora un año, en comparación con los del mismo trimestre de 2022, porque entonces se trasladó la subida de los tipos de interés a las operaciones de activo con notable intensidad. En líneas generales, la actividad de los bancos en el territorio español se ha mantenido similar a la tendencia de meses anteriores. El volumen de inversión crediticia que mantienen en su balance ha seguido descendiendo, aunque a ritmos algo menores. Parece que el proceso de amortización anticipada de créditos e hipotecas se ha reducido a niveles habituales, entre otras razones porque las expectativas para los deudores han cambiado y lo que se contempla es una futura bajada de los tipos de interés y no lo contrario. Las empresas, señalan en las entidades, siguen sin tomar decisiones de inversión, por lo que la financiación a medio y largo plazo continúa sin aparecer, aunque en los presupuestos de algunos bancos se contempla que en la segunda mitad del ejercicio empezará a animarse a medida que la economía vaya ganando fuerza y la capacidad de producción de las compañías se vaya acercando a su máximo.

El Grupo BBVA pagó un total de 7.668 millones de euros en impuestos propios en 2023 en el conjunto de países en los que opera, un 53% más que el año anterior. El banco firma la contribución fiscal más alta registrada por el Grupo hasta la fecha. Así lo refleja la entidad en su Informe de Contribución Fiscal Total. El documento destaca que el incremento en esa línea ha sido especialmente destacable en México, donde el pago de impuestos propios se ha más que duplicado respecto a 2022, y en España, donde ha crecido un 44%. Además de la cifra global de impuestos propios, el banco destaca que hay otros 5.950 millones de euros recaudados de terceros, lo que suma una contribución tributaria total de 13.618 millones. Entre los impuestos propios, destaca el impuesto sobre sociedades, cuyo pago en 2023 ascendió a 5.196 millones de euros a nivel global, más de dos tercios del total. El resultado de dividir este pago entre el beneficio antes de impuestos en 2023 –que fue de 12.419 millones de euros– da lugar a una tasa fiscal del 41,84%. Por geografías, teniendo en cuenta el pago de impuestos propios y de terceros, México se convierte en el área con una mayor contribución de impuestos al grupo, con 5.027 millones de euros (37% del total), seguido de 3.384 millones de euros en España (25% del total) y 2.844 en América del Sur (21% del total). La contribución fiscal de BBVA ascendió a 1.925 millones de euros en Turquía (14% del total), 331 millones en el resto de Eurasia (2%) y 107 millones en Estados Unidos (1%).

La factura de la luz y el gas se encarece por la subida de impuestos a partir del hoy, 1 de abril. Se acaba el IVA reducido del 10% para los suministros de gas, que volverá a la tasa del 21%. Además, tanto el Impuesto sobre la Electricidad (IEE) como el Impuesto a la Producción Eléctrica (IVPEE) se incrementan. Y el IVA de la luz se mantendrá en el 21% en la factura a abonar este mes de abril. El Gobierno central estableció que el IVA del gas subiera a partir del 1 de abril pasando del 10% al 21%, recuperando así el nivel que tenía antes de las medidas anticrisis (hasta el 31 de diciembre estuvo en el 5%). En el caso de los pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción, el IVA se mantendrá en el 10% hasta el 30 de junio de este año. El IVA de la luz ya subió en marzo al 21%, puesto que el Gobierno estableció que solo se mantendría en el 10% si el precio de la electricidad en el mercado mayorista estaba por debajo de los 45 euros por megavatio/hora. Paradójicamente, el mercado mayorista eléctrico, el denominado ‘pool’, registrará hoy por primera vez en la historia precio negativo durante tres horas, en las que el megavatio hora (MWh) estará a -0,01 euros, según el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Será entre las 14.00 y 17.00 horas, y se debe al temporal que ha provocado viento para las renovables.

España encabeza las estadísticas europeas de inquilinos de bajos ingresos que viven asfixiados por las rentas. Un arrendamiento medio en España se come más del 40% del salario mínimo, pero en las grandes ciudades ese porcentaje alcanza el 70%. Ese es el caso de Barcelona, la ciudad con los alquileres más caros de España. Los cálculos se han realizado a partir de los precios medios que ofrecen Idealista y Fotocasa, los dos mayores portales inmobiliarios. El SMI en 14 pagas se ha prorrateado entre los 12 meses del año (1.323 euros brutos); y se ha tomado como hipótesis que una persona sola trate de alquilar un piso de 45 metros cuadrados. Si en el hogar entran dos salarios mínimos (es decir, 2.646 euros brutos al mes), se ha considerado entonces que arrienden un piso de unos 80 metros cuadrados al tratarse de una unidad familiar mayor. Eso alivia la situación, pero no demasiado. La media para España seguiría superando el 30%, un porcentaje que se duplica en el caso de Barcelona. Tras la capital catalana, San Sebastián y Madrid son las ciudades más caras. Aquí hay más divergencia de precio entre portales, pero el resultado final es muy parecido: imposible alquilar nada con el salario mínimo, a menos que se haga un esfuerzo sobrehumano. El porcentaje para una persona sola se acerca o supera el 60%. Y para una pareja supone tener que destinar más de la mitad de sus ingresos a la renta mensual. En total, 18 capitales españolas (Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, San Sebastián, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vitoria) tienen unos precios medios de alquiler que obligan a un inquilino de bajos ingresos a superar la tasa de esfuerzo recomendada del 30%. 

Después de la crisis de deuda que tuvo lugar hace ya más de una década, la escalada de los pasivos del Tesoro Público ha pasado a un segundo plano entre los grandes problemas de la economía nacional, dados el soporte del Banco Central Europeo y la mayor importancia de recuperar el PIB previo a la crisis inmobiliaria, primero, a la del coronavirus, después, y a revitalizar el mercado laboral, entre otras prioridades. Pero ahora los problemas pueden a aflorar, debido a la progresiva retirada del soporte de Fráncfort, el incremento de los tipos de interés y la perspectiva de un mayor incremento de gastos en el futuro por el envejecimiento demográfico. Esto hace más relevante, si cabe, el reciente Monitor de Deuda de la Comisión Europea, que sitúa a España como uno de los países donde más peligra la sostenibilidad de la deuda pública en el medio plazo, junto con Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Finlandia. Pese a que ninguno de los países europeos está bajo alerta en el corto plazo, debido a que Bruselas prevé que los mercados sigan financiando sin problemas a todos ellos, la situación da un vuelco radical cuando se pone la vista en las próximas décadas, ya que las soluciones de hoy (las nuevas emisiones de deuda) serán los problemas de mañana: un mayor volumen de deuda pública y una mayor dependencia de los mercados. Especialmente en el caso de países ya muy endeudados y con un elevado déficit, como es el de España, donde la Comisión Europea prevé que la deuda pública se eleve hasta niveles en torno al 118,4% del PIB en 2034, en el caso de que España mantuviera la senda de déficit comprometida con Bruselas, o del 121,1% del PIB, en caso de que el déficit estructural se mantuviera en la media histórica.

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó ayer un decreto para la movilización de 150.000 reclutas de reemplazo para el cumplimiento del servicio militar obligatorio por parte de ciudadanos de entre 18 y 30 años dentro de la campaña habitual de primavera. El documento publicado en la página web del Kremlin establece que la convocatoria comience hoy, 1 de abril, y se extienda hasta el próximo 15 de julio y, además, insta al Gobierno, a las autoridades correspondientes y a los centros de reclutamiento a «garantizar la implementación» de las medidas necesarias para que el llamamiento a filas se lleve a cabo. Según datos oficiales, durante el reclutamiento del último otoño, fueron movilizadas 130.000 personas y, en la primavera del año pasado, la cifra llegó hasta los 147.000. El servicio militar obligatorio en Rusia se extiende por espacio de un año. Tanto el Ministerio de Defensa como el propio jefe del Kremlin han reiterado hasta la saciedad que los soldados de reemplazo nunca son enviados a luchar a la llamada «zona de operaciones militares especiales en Ucrania», algo que ha sido puesto en cuestión por la ONG local Comité de Madres de Soldados, que reclama una desmovilización y que no se llame a filas a civiles.