20240102

Con el inicio de 2024 a la vuelta de la esquina y a la espera de conocer la evolución de la economía en este último trimestre, es momento de hacer repaso de las previsiones de crecimiento de Euskadi para el próximo curso. Salvo la inflación, que ha frenado en los últimos meses, el resto de variables externas siguen en el túnel de la incertidumbre y, a pesar de la fortaleza que está demostrando el tejido productivo vasco, el entorno europeo tampoco acompaña. Con todo, las previsiones son en general positivas. Repasando alguna de ellas, las más optimistas –Gobierno vasco y BBVA– apuntan a una reactivación de la economía tras la desaceleración del ritmo de crecimiento de este año. Confebask, en zona templada, estima que la economía vasca se estancará en 2024 con un crecimiento idéntico al de este curso. Y la estimación más pesimista es la de Laboral Kutxa, que augura una ligera caída en la progresión. Todos en cualquier caso destacan la solidez de la economía vasca y apuntan a que la evolución dependerá básicamente del comportamiento de los principales socios de las empresas de Euskadi, los países con conviven bajo el paraguas del euro, Reino Unido, América en general y Estados Unidos, que tiene el mejor tono, en particular. También coinciden en que la marcha será progresiva y la línea de crecimiento tendrá una inclinación más alta a medida que pase el año. La clave de la intensidad es si se despejan o al menos alivian tensiones las cuestiones que atenazan la economía.

Entrevista con Manu Muñoz | i+Med. Tras una infinidad de años en la industria del metal alavés pasó al sector biomédico. La última década la ha pasado capitaneando uno de los 'buques insignia' de la biotecnología alavesa: i+Med. Lo que entonces empezó como una cooperativa de dos socios es hoy una firma con un centenar de cooperativistas que 'coloniza' el BIC Araba a la espera de mudarse «en verano» a un edificio de tres plantas en el parque tecnológico: «La idea inicial era hacer dos plantas, pero aquí ya nos dimos cuenta de que eso se nos iba a quedar pequeño».  «Nosotros llevamos trabajando con inteligencia artificial desde 2018. Y ahora mismo estamos ya desarrollando proyectos para 2028 y 2030», sostiene. El formato de cooperativa era un modelo «desconocido en el mundo farmacéutico», pero para i+Med se ha convertido en una forma de trabajar que, además, permite «montar un negocio de manera independiente, que es una de nuestras banderas». Desde las instalaciones de la firma en Miñano se desarrollan productos para grandes farmaceúticas, se lanzan productos propios y se trabaja en las dos marcas generadas por la propia firma: Sibari Republic para todo lo destinado a cosmética y Onak como apuesta dentífrica. Cuando se le pregunta por el talento de Álava, responde con un dato: «El 80% de la plantilla de i+Med es nacida en Álava. Y estamos hablando de doctores en Farmacia, en Química, ingenieros biomédicos, ingenieros industriales… el 85 ó 90% de nuestra plantilla es técnica y un 30 ó 35% tiene un doctorado». Eso no quita para que reconozca que Álava «es la cantera, pero no el mercado» de la empresa, que vende casi toda su producción en el extranjero. También admite el CEO de i+Med que la financiación la están encontrando fuera de nuestras fronteras y no dentro de ellas. 

El portazo de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a trasladar la subida del salario mínimo interprofesional a los contratos públicos hace presagiar una desbandada de la mesa de negociación por parte de la CEOE, que ha exigido esta reforma como condición sine qua non para apoyar un nuevo incremento de los costes laborales. En ese escenario, la ministra de Trabajo pasaría a negociar de tú a tú con los sindicatos y la patronal teme que CCOO y UGT arranquen a Yolanda Díaz un alza del 5%, superior al propuesto inicialmente. Así lo trasladan fuentes de la cúpula de la organización empresarial que recuerdan que no sería la primera vez que Díaz acaba «castigando» a las empresas con una subida mayor de la ofrecida en la mesa tripartita al cerrar la cifra sólo con el flanco sindical. «Si nos levantamos de la mesa, los sindicatos podrían arrancar el 5%», augura un miembro del Comité Ejecutivo de la CEOE. Ese alza estaría un punto por encima del propuesto por la ministra y se alinearía con las exigencias de CCOO y UGT. Ante ese probable escenario, los empresarios ya han sacado la calculadora. La patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), que son las más afectadas por la subida del SMI, calcula que un aumento del 5%, hasta los 1.135 euros en 14 pagas, se traduce para el empresario en hasta 1.740 euros de coste mensual mínimo por trabajador. Elevarlo hasta ese nivel, además, dejaría a 13 comunidades autónomas y 38 provincias con un porcentaje de SMI sobre salario medio superior al 60% al que compromete la Carta Social Europea.

La reforma de la tasa a grandes energéticas (el denominado impuestazo) está generando una confusión monumental en el sector. A fecha de hoy, y a pesar de que teóricamente la reforma ya ha entrado en vigor con efectos del 1 de enero de este año, recién estrenado, nadie sabe exactamente como se aplica. Los departamentos jurídicos y fiscales de las grandes energéticas, como Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Cepsa (las más afectadas por esa tasa) están analizando con lupa el real decreto-ley 8/2023 del pasado 27 de diciembre, la llamada ley ómnibus, que recoge la reforma de ese impuesto. No está claro si lo tienen que liquidar íntegramente este año, con cargo a 2023, si pueden empezar a aplicar deducciones fiscales ya, de manera que se suavicen los pagos este mismo ejercicio, o si durante una parte del año el impuesto tomará como referencia las ventas y durante otra parte el beneficio. Son solo algunas dudas del barullo que se ha desatado. En juego hay 1.200 millones de euros que no se sabe si las empresas van a tener que empezar a pagar en febrero o no. Repsol es el grupo más afectado. Por ese impuesto, tuvo que liquidar 450 millones el pasado año. Le siguen Cepsa (323 millones), Naturgy (300 millones), Iberdrola (216 millones), Endesa (208 millones), EDP (50 millones) y Acciona (15 millones).  El problema empezó hace dos semanas, cuando desde distintos ámbitos del Gobierno, incluido el presidente, Pedro Sánchez, se empezaron a lanzar mensajes confusos sobre la posibilidad de “rediseñar” el impuestazo, que no solo afecta a las energéticas, también a los grandes bancos. Se abría así la puerta a suavizar el impuesto o incluso, eliminarlo de facto gracias a deducciones fiscales. El único mensaje claro es que podría haber deducciones por inversión en proyectos de transición ecológica, aunque tampoco se detalló el alcance de este término, lo que lleva a más confusión. Por ejemplo: ¿el biometano es ecológico? ¿El hidrógeno producido con gas natural (hidrógeno azul) es más ecológico que el producido con renovables (verde)?

El País Vasco y Navarra van a salir beneficiados con el rediseño del impuesto a las grandes energéticas y bancos. Así se recoge en el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre. En este decreto, denominado ley ómnibus por tener normas en distintos ámbitos, a modo de coche escoba de fin de año, se abre la puerta a la reforma. Lo único claro del rediseño, tal como se explica en la exposición de motivos, es que se prevé la revisión de ese impuesto, inicialmente configurado como prestación patrimonial, temporal y de naturaleza no tributaria, “para su plena integración en el sistema tributario”. Es decir, se aplicará a beneficios y no a ventas. Además, se convertirá en tributo concertado en “País Vasco y Comunidad Foral de Navarra”. País Vasco, donde Repsol e Iberdrola tienen grandes intereses, pidió en 2022 suavizar el impuestazo. Allí Gobierna el PNV en coalición con los socialistas. En Navarra gobiernan los socialistas por la abstención de EH Bildu, aliado de Pedro Sánchez en su investidura.

El Ministerio de Hacienda colgó en el portal de audiencia e información pública pocos días antes de que terminara el año 2023 el borrador del anteproyecto de ley que establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para las multinacionales. El boceto de la normativa acaba de salir del horno y el nuevo año ha echado a rodar sin que se haya podido aprobar. No obstante, tal y como enfatiza el ministerio, el gravamen mínimo tendrá efectos desde ayer, 1 de enero. El tipo mínimo del 15% afecta a multinacionales con una facturación superior a los 750 millones de euros. Fue consensuado en 2021 en el seno de la OCDE y aprobado posteriormente en la Unión Europea a través de una directiva comunitaria que España tenía que trasponer antes de que terminara el ejercicio 2023. El parón legislativo tras la disolución de las Cortes impidió a Hacienda y al Congreso llegar a tiempo. Sin embargo, el texto oficial del anteproyecto, de 81 páginas, deja claro que, pese al retraso, la norma “surtirá efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 31 de diciembre de 2023”. De esta forma, el departamento que dirige la nueva vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, confirma que el impuesto mínimo comenzará a funcionar según el calendario previsto, una vez que las Cortes den su visto bueno. Es cierto que “hay un efecto anuncio desde hace ya muchos meses y que se esperaba que el impuesto entrase en vigor en 2024, pero no deja de ser curioso que se vaya a aprobar el gravamen complementario ya entrado el ejercicio”, explica Pelayo Oraa Gil, socio en el área de servicios de impuestos corporativos en KPMG España.

Desde ayer, las prácticas no remuneradas ya han empezado a contar en la carrera de la cotización. Es decir, computan como tiempo trabajado de cara a la futura jubilación. Esta reclamación histórica de los estudiantes, tan acostumbrados a encadenar periodos de prácticas con la esperanza de conseguir un contrato laboral, se trasladó al Boletín Oficial del Estado el 28 de diciembre y entró en aplicación desde el primer día de 2024. “Supone una extensión de derechos a los más jóvenes”, dice el Ministerio de Seguridad Social. “Es un inicio de carrera de cotización, generación de futuros derechos. Y es, sobre todo, una toma de conciencia de la importancia que supone formar parte del sistema”, añaden desde el departamento de Elma Saiz. Los becarios que perciben una compensación económica cotizan desde 2011 (una medida aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero), pero no lo hacían aquellos cuyas prácticas no estaban retribuidas. Según las estimaciones del Ministerio este nuevo derecho beneficiará a unos 1,2 millones de estudiantes en prácticas. “Lo valoramos muy positivamente. Es una de nuestras reivindicaciones históricas, por la que hemos peleado mucho. Es una alegría, una victoria, una cuestión de justicia social para los jóvenes”, celebra Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España. Esta cotización apenas supone costes para las empresas, ya que está bonificada al 95%. Es decir, la Seguridad Social cubre la mayor parte. Para las prácticas de Formación Profesional, el Ministerio de Educación asume el 5% restante. En las universitarias sí paga la empresa pública o privada que recibe al estudiante, lo que está generando problemas, según los rectores universitarios. “No estamos encontrando receptividad ni de lo público ni de lo privado. Nos dejan claro que ellos no se van a hacer cargo de la cotización”, denunciaba recientemente María Antonia Peña, presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para Asuntos Estudiantiles y rectora de la Universidad de Huelva. Según la CRUE, las prácticas están en peligro porque empresas públicas y privadas no están dispuestas a asumir el 5% de cotización que les corresponde. En estos casos se contempla la posibilidad de que sea la universidad quien asuma ese 5% restante. Los centros no pueden, simplemente, asumir que el estudiante no desarrolle las prácticas, ya que la nueva cotización se aplica a prácticas que forman parte del plan de estudios. Sin ellas, el alumno no se gradúa. “Nos dejan dos opciones. O quitamos las prácticas del plan o pagamos nosotros la cotización”, añadía Peña.

Inflazioa eta interes tasen igoera izan dira familien erosahalmenaren galeraren arrazoi nagusiak. 2024rako, baina, leuntzea espero bada ere, ziurgabetasuna handia da. EAEko familien finantza esfortzua (mailegua ordaintzera bideratzen den diru sarreren ehunekoa) bi puntu igo zen 2022an, batez besteko soldataren % 30,22ra helduta, eta 2023an joera hori areagotu da. Elikagaiak oraindik ere garesti mantenduko dira, eta argindarraren BEZa %10era igoko da azken urteko %5etik. Hala ere, euriborraren moteltzeak gordailuen interesak jaistea ekarriko du 2024ean. Bestalde, urte berriak diru-sarreren inguruko berritasunak ere badakartza. Alor pribatuko enpresetan lan hitzarmenek jasotzen dituzte langileen soldaten igoerak. Egun EAEko langileen % 43k lan hitzarmena berritu gabe dute. Eguneratu diren hitzarmenetan soldaten igoera % 4koa izan da, batez beste. Gehiago irakurri hemen. 

Subidas moderadas, pero subidas al fin y al cabo. Los servicios básicos han arrancado el año con una actualización de sus tarifas que volverá a complicar la cuesta de enero a unos hogares ya muy tensionados tras dos años de inflación desbocada por la guerra en Ucrania, con los carburantes y la cesta de la compra como grandes arietes. El Gobierno, en su reciente decreto anticrisis, ha limitado el aumento en servicios como el transporte de pasajeros o los alimentos básicos, pero ha comenzado a subir el IVA de la luz y el gas. También suben los peajes de las autopistas. La cuesta de enero será empinada, pero a medida que pase el año los precios se irán conteniendo o, al menos, los incrementos no serán tan espectaculares como los que llevan sufriendo las familias desde 2022. Los expertos vaticinan que la inflación se vaya desinflando y que termine el año 2024 en el entorno del 3,5%, muy por debajo del IPC disparado en el 6,5% de diciembre de 2021 y en el 5,7% de cierre de 2022 (falta por cerrar 2023, aunque en diciembre se moderaron al 3,1%). El Banco de España vaticinó hace unos días que si se extendían la rebaja del IVA de alimentos y la de la luz y el gas –como finalmente ha ocurrido–, la tasa de inflación podría reducirse hasta el 2,3% este año 2024. Los hogares han tenido que hacer un sobresfuerzo los últimos años para afrontar unos elevados precios energéticos y, sobre todo, de la alimentación.

"A pesar de que el ahorro ralentice su velocidad de crucero, todo apunta a la continuidad del modelo consumista, que llevará a la demanda agregada o PIB a aumentar un 1,6% frente al 2,4% de 2023. Una vez recuperado el PIB precrisis es comprensible que los niveles de crecimiento se ralenticen. El resto de las componentes de la demanda seguirán la misma pauta descendiente, donde el sector exterior apenas aportará una décima al crecimiento económico, debido a la reducción en las compras de nuestros principales mercados, especialmente en la Unión Europea, que concentra el 64% de nuestras exportaciones. En cuanto a la inversión privada, se mantendrán niveles similares a los de 2023. Un nuevo viento de cola ha sorprendido a muchos: las retribuciones a los asalariados están aumentando, según la Comisión Europea, a un ritmo mayor del esperado, a un porcentaje acumulado del 6,2%. Eso significa recursos de compra...Aparcados los fríos números de la coyuntura, 2024 reaviva la presencia de viejos fantasmas. Todos ellos están sujetos a un canon común: que su abordaje precisa de unas energías que, ahora, el Ejecutivo central desvía hacia tareas de supervivencia política. Abstrayendo –si es que se puede abstraer– de los recientes riesgos geopolíticos, que puedan afectar a nuestra economía, seguirán durmiendo el sueño de los justos los graves problemas estructurales que nos acorralan. Solo citarlos. El improbable despegue de nuestra famélica productividad; nuestras pensiones inviables y la quiebra latente de la Seguridad Social –el gasto en prestaciones contributivas superará los 200.000 millones este año, abonadas en parte con impuestos en lugar de cotizaciones–; nuestro paro estructural de dos dígitos; y nuestra deuda, que ya tiene un coste medio del 3,4 % anual para las nuevas emisiones, cuando el BCE ha anunciado que no recomprará a partir de 2025 ni un bono más de ningún país miembro y dejará vencer gradualmente hasta 2030 toda la deuda acumulada, que en el caso español supera los 300.000 millones..."

En total, el 36,5% de los trabajadores estuvo de baja médica por enfermedad en algún momento durante los primeros nueve meses del año, lo que supone un aumento de dos puntos porcentuales respecto al conjunto del año previo a la pandemia, cuando el porcentaje fue del 34%. En valores absolutos, este aumento se contabilizó en 969.758 personas más que en 2019, un incremento que todavía será superior ya que faltan por contabilizar los últimos tres meses del ejercicio. Así lo revelan los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que evidencian un problema que se ha intensificado tras el Covid y que lastra la productividad de las empresas. El último informe sobre horas cotizadas y horas trabajadas efectivas, que hizo público por primera vez el Ministerio que ahora pilota Elma Saiz el pasado mes de noviembre, ya reflejaba que los asalariados españoles estuvieron un total de 372,4 millones de horas sin trabajar por incapacidad temporal en el segundo trimestre de 2023, lo que supone un incremento del 44% respecto al mismo periodo de 2019, cuando se registraron 258,5 millones de horas no trabajadas por baja médica. De media, cada empleado estuvo 22,9 horas sin acudir a su puesto de trabajo entre abril y junio de 2023, el equivalente a tres jornadas laborales. El absentismo laboral por razones médicas ha aumentado de forma general en todo el territorio nacional en comparación con 2019, pero ha sido especialmente notable en Navarra y Cataluña, donde más de la mitad de su población ocupada se ausentó de su puesto de trabajo por alguna patología entre enero y septiembre de 2023, con un 57,96% y un 53%, respectivamente. Además, Navarra repite cada año como la región con más bajas médicas tramitadas.

El consumo de electricidad en España creció en diciembre casi un 4%, ya corregido por temperaturas y calendario, encadenando así su tercer mes consecutivo al alza: en noviembre, la subida fue del 3% y en noviembre, del 1%. El cambio de tendencia en las cifras de Red Eléctrica de España (REE) responde, sobre todo, a dos factores: la caída en el precio de la luz, que ha impulsado la demanda industrial y a una electrificación que, aunque con menos del brío del requerido, empieza a abrirse paso. Pese al estirón del último trimestre, 2023 cerrará como el año de menor consumo interno de electricidad en las dos últimas décadas: para dar con un dato similar hay que remontarse a los principios de la década de los 2000, cuando el PIB español era prácticamente la mitad que hoy. Ni siquiera en 2020, el año de la Gran Reclusión, la demanda de luz fue menor. La recuperación, aunque aún débil, es importante por varios motivos. Primero, porque indica un mayor vigor de las industrias intensivas en electricidad. Aunque en los últimos tiempos la eficiencia había profundizado el desacoplamiento entre consumo de energía y producción final, cualquier incremento de la demanda es sinónimo de mayor actividad. En segundo lugar, porque parece apuntar a un impulso en la electrificación, imprescindible para reducir el efecto invernadero y en la que España marcha con retraso respecto a muchos vecinos europeos. Y tercero, porque el débil consumo se había convertido en una fuente de incertidumbre para muchos desarrolladores de renovables.

El cambio de clientes del mercado regulado al libre en el sector eléctrico se ha desplomado en 2023, después de que en los últimos dos años se disparara al ser la tarifa regulada –el denominado PVPC– la que más sufrió las oscilaciones en el precio de la electricidad, al estar ligada directamente a la cotización del mercado mayorista (’pool’). En concreto, entre enero y septiembre se registró un fuerte descenso en los cambios del mercado regulado al libre, pasando de los más de 1,758 millones de clientes en 2022 a apenas 541.730 en los nueve primeros meses de 2023, según datos del informe de supervisión de los cambios de Comercializador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este frenazo en los cambios del mercado regulado al libre se ha visto acompañado de un fuerte crecimiento de los trasvases a la inversa. Así, entre enero y septiembre del año pasado se registró un importante incremento en los cambios del mercado libre al regulado sobre los observados en 2022, que ascendieron a 335.079 en todo el ejercicio pasado, y solamente en los nueve primeros meses del año sumaban ya los 492.585. La fuerte escalada de los precios de la energía, que se inició en el verano de 2021 y continuó al alza en 2022 tras la invasión de Ucrania por Rusia, agitó el mercado eléctrico y disparó el paso de clientes del mercado regulado al libre en busca de refugio por el impacto en el PVPC, que reflejaba las subidas en tiempo real. No obstante, en 2023 el precio de la electricidad se ha normalizado con respecto a los niveles especialmente altos de los últimos dos años, haciendo así la tarifa regulada más competitiva para los usuarios.

Las grandes cadenas hoteleras que operan en España han cerrado un año histórico de ingresos y visitantes. Las previsiones que maneja el Ministerio de Industria y Turismo (los datos oficiales se darán a conocer a finales de enero) apuntan a que se podría llegar a los 85 millones de viajeros y a los 105.000 millones de euros de gasto, rebasando los máximos históricos alcanzados en 2019 (83,7 millones de turistas extranjeros y 92.000 millones de euros de gasto turístico). Todas las empresas consultadas descuentan que 2024 será mejor por la inercia positiva en las reservas y por las intenciones de seguir viajando manifestadas por los viajeros. Ni la invasión israelí en Gaza ni la guerra en Ucrania ni el miedo a una desaceleración, cuando no una recesión económica, en Europa están cambiando la intención de los turistas de los grandes mercados emisores, que seguirán priorizando la realización de viajes frente a otros gastos ligados al consumo. Meliá, la primera hotelera española por número de habitaciones, augura que logrará alcanzar en 2023 el objetivo fijado a principios de año, con un ebitda de 475 millones de euros, gracias a los buenos resultados acumulados en los cuatro trimestres. La firma de la familia Escarrer está inmersa en la renegociación de la deuda bancaria y se ha marcado como objetivo la venta de una cartera de activos para reducir el abultado pasivo que arrastra. Desde la compañía aseguran que esperan un aumento de la demanda en 2024. “Las ventas en libros ya superan las del año anterior y se prevé una temporada invernal prometedora en destinos clave como Canarias y Caribe”, recalcan fuentes de la hotelera. En su opinión, las expectativas optimistas están justificadas por la evolución positiva de las reservas, “sin signos de desaceleración”, resaltando hitos alentadores como el éxito de la campaña de venta del Black Friday en 2023 y el pasado puente de la Constitución.

La economía global encara un escenario preocupante el próximo ejercicio, dado que la desaceleración económica global coincide con unos tipos de interés que seguirán tensionados, una inflación que se resiste a ceder y unos niveles de deuda muy elevados que supondrán una gran carga financiera para familias, empresas y Estados. Y todo ello, además, en un escenario de riesgos crecientes en la escena internacional debido a las guerras en Ucrania y Oriente Próximo. Las perspectivas de crecimiento para la economía global no son nada halagüeñas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que el crecimiento global, ya débil el año pasado (2,9%), se frene otras dos décimas este ejercicio, hasta el 2,7%. Y la ralentización será todavía más intensa entre las economías desarrolladas, hasta el 1,4%, especialmente entre las de la eurozona. De hecho, España, que liderará el crecimiento económico entre los grandes del euro, se frenará hasta el 1,4%, seguida de Francia (0,8%), Italia (0,7%) y Países Bajos (0,5%). Uno de los grandes lastres para el crecimiento será la espiral inflacionista, que ya está dejando asomar los efectos de segunda ronda a pesar de las fuertes subidas de los tipos de interés. De hecho, los precios seguirán creciendo a un ritmo en torno al 5,2% anual en los países desarrollados, debido a que, aunque las tensiones han amainado entre los precios industriales por la falta de demanda, las empresas del sector servicios están repercutiendo a sus precios de venta al público los incrementos de los costes salariales, impulsados por las crecientes presiones sindicales en todo el mundo ante la pérdida de poder adquisitivo y la falta de profesionales capacitados en muchas áreas en los países desarrollados.