20240529

Siemens Gamesa comunicó ayer a su plantilla el plan de ajuste en el que ha trabajado en las últimas semanas y con el que pretende contrarrestar la sangría de miles de millones de euros en pérdidas cosechados durante los últimos ejercicios. Además de una reorganización de departamentos, la compañía va a centrar su proceso de adelgazamiento en los aerogeneradores terrestres, que son precisamente la división que concentra la práctica totalidad del empleo de la empresa en España. En la actualidad Siemens Gamesa tiene en todo el mundo 29.000 empleados –5.000 en España y de ellos un millar en Euskadi– y la compañía ha mostrado su intención de prescindir de 4.100. Más de la mitad, 2.600, son empleados de oficinas y ya se sabe que 430 salidas se producirán en España. Por el momento se desconoce el impacto que este ajuste tendrá en el País Vasco, aunque se intuye que puede ser importante ya que en la localidad vizcaína de Zamudio está no solo la sede social de la empresa –ya un mero apunte registral y burocrático–, sino el cuartel general de la división de generación terrestre, la que sufrirá el recorte. La empresa se ha comprometido a descender más al detalle de las cifras a mediados del próximo mes de julio, momento en el que convocará una mesa para iniciar conversaciones con los representantes sindicales. A partir de entonces se iniciarán los trámites que concluirán con la presentación de un ERE. Las declaraciones realizadas en las últimas semanas por el presidente de la compañía, Christian Bruch, permiten anticipar que en principio la empresa no optará por los despidos forzosos, sino por prejubilaciones, bajas voluntarias y también una oferta de traslados, aunque algunas fuentes no descartan que llegue a plantear despidos. 

«Estamos en un momento adecuadísimo para que se celebre la Bienal que cuenta con dos factores determinantes: el espacio expositivo está completamente lleno y las expectativas de visitantes son excelentes». El director del clúster de fabricantes de máquina-herramienta AFM, Xabier Ortueta, remarcó así ayer las expectativas del sector de cara a la principal cita industrial vasca, que se celebrará en el BEC del 3 al 7 de junio, y que quiere impulsar la cartera de pedidos del sector. A ella acudirán 1.548 empresas expositoras que mostrarán 3.593 productos y servicios, con casi 400 primicias internacionales. El encuentro quiere marcar «un punto de inflexión» en un sector que arrastra una ralentización en los primeros meses de 2024, pero cuyas previsiones apuntan a una «recuperación» para el segundo semestre, detalló José Ignacio Ortiz de Urbina, presidente de la Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta AIHME, incorporada el pasado año a la AFM. El clúster obtuvo en 2023 sus mejores cifras. La facturación de la AFM llegó a los 2.157 millones de euros y las exportaciones alcanzaron casi 1.612, con un crecimiento respecto a 2022 de un 22,6% y un 21,8%, respectivamente. Sin embargo, en un mercado que funciona con periodos de producción muy largos –se necesitan ocho o hasta 16 meses para atenderlos– preocupa el descenso en la cartera de pedidos. Pese a la ralentización europea, en la AFM recordaron que España mantiene todavía un comportamiento mejor que Italia o Alemania, con los que se suele ir a la par. Ortueta destacó que hay una realidad estructural que juega a favor del sector español, como los nichos a los que se dirige y su liderazgo en el fresado y en algunos tipos de torneado.

El peso de Bilbao en el sistema de gestión y reparto de combustible en el conjunto de España dará un paso más el próximo año. La compañía Exolum – antes CHL– invertirá 20 millones en el Puerto del Abra del Nervión para levantar una tercera infraestructura de almacenamiento en la localidad de Zierbena, donde ya cuenta con unas instalaciones. Las obras, según ha podido saber EL CORREO, arrancarán en 2025 y pretenden tener operativa la planta en dos años. Serán cinco tanques con una capacidad total de 29.000 metros cúbicos que estarán conectados al puerto para facilitar la carga y descarga de buques y que se centrarán principalmente en biocombustibles y otros graneles líquidos, tal y como confirman fuentes de la compañía. Exolum gestiona dos sistemas de almacenamiento en el Puerto de Bilbao, el de Zierbena (114.000 metros cúbicos) y otro en Santurtzi (200.000 metros cúbicos) al que se unirá la nueva estructura reforzando el ‘hub’ de distribución de combustibles al sistema nacional de reparto y almacenamiento para distribuidores y estaciones de servicio. El papel de Bilbao en este ámbito es clave por el tráfico portuario y la refinería de Petronor, una de las ocho plantas de este tipo que hay en España. De hecho, y según explican portavoces de Exolum, esta inversión se encuadra en la apuesta por dar soporte a la transición energética garantizando la eficiencia y seguridad de suministro con actuaciones en los puertos de Gijón y A Coruña, además de Bilbao, destinadas al flujo de los biocombustibles y alternativas sostenibles como las gasolinas sintéticas. La vertiente cantábrica –señalan– tiene una conexión con otros enclaves como Rotterdam, Amberes o La Haya que van a desempeñar un papel clave en el mercado internacional de estos productos.

Euskadi concentra el 7% de la ocupación de todo el sector de la automoción en el Estado español, con casi 41.000 profesionales, de los cuales unos 30.000 están dedicados a la fabricación y casi 11.000 a la venta y reparación, según datos de la empresa de recursos humanos Randstad. En el conjunto del Estado trabajaban en este sector el último trimestre del año pasado casi 558.000 personas, lo que supone el 2,8 % del total de trabajadores españoles en todo el mundo laboral. Según datos del Instituto Nacional de Estadística que cita Randstad, Catalunya lidera la distribución del empleo en este sector, con más del 22 % de la ocupación estatal. Junto con Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid estas cuatro comunidades agrupan más de la mitad del empleo en el sector. En cuanto a la fabricación de vehículos, que representa el 1,1% del empleo en el Estado, Catalunya también lo lidera con cerca del 31% del total, seguida de Euskadi (13,1%), Aragón (9,4%) y Castilla y León (9,1%). En el informe se señala que la implementación de la inteligencia artificial y de otras tecnologías avanzadas en la producción están transformando el sector de la automoción, y se espera que en los próximos tres años las tareas desarrolladas por el ser humano se reduzcan en un 11%.

Los primeros parques fotovoltaicos de Solaria en Álava dan otro paso más para hacerse realidad. La dirección de la empresa confía en tener todos los permisos para ‘Vitoria Solar 1’ y ‘Vitoria Solar 2’ a finales de julio. Así lo comunicó la firma este pasado lunes a sus accionistas e inversores, cuando la empresa presentó los resultados del primer trimestre de 2024. Los dos proyectos, situados en las afueras de la capital alavesa, llegarán a mediados de verano a lo que en el argot renovable se conoce como ‘ready-to-build’: listos para construir. Las centrales, por tanto, habrán concluido el camino burocrático a pesar del reguero de alegaciones por los que han ido pasando durante los últimos meses. Según la presentación con la que la empresa acompañó la comunicación de sus resultados, ese punto llegará a finales de julio. No obstante, eso no tiene por qué significar que las obras empiecen este mismo verano. Una vez se complete el recorrido burocrático, Solaria deberá reunir el capital para poder levantar las placas con casi 100 megavatios (MW) de potencia ‘green’. A preguntas de varios inversores por una serie de proyectos entre los que estaban las dos centrales de Vitoria, el director general de la firma, Darío López, afirmó que Solaria «ya ha recibido algunos permisos y esperamos recibir el resto en las próximas semanas». «A partir de ahí, empezaremos con el proceso de financiación. Como sabéis, tenemos una línea del Banco Europeo de Inversiones que cubre el 50% de nuestras necesidades financieras, incluyendo todos estos proyectos», aseguró.

Iberdrola ha puesto en marcha su segundo parque eólico marino en Francia, el proyecto ‘Saint-Brieuc’, con 62 turbinas que sumarán una capacidad instalada de 496 megavatios (MW). La inversión total para su creación, iniciada en 2012, alcanza los 2.400 millones de euros. La financiación ha corrido íntegramente por parte de la compañía eléctrica. Cada una de sus turbinas alcanzan una potencia de 8MW, lo que las convierte en las más potentes instaladas en un parque francés de este tipo. El complejo, que vierte a la red nacional gala una energía completamente renovable, se ubica a 16,2 kilómetros de la costa bretona. Su capacidad puede suministrar el consumo anual a 835.000 usuarios –una población superior a la de Valencia–, que equivale al 9% de todo el gasto eléctrico de Bretaña. Iberdrola señala que la iniciativa supone «un motor de desarrollo para la región», con el que ayudar también a impulsar a las empresas locales y al sector eléctrico marino del país. Para el desarrollo del parque fue necesario movilizar más de 1.700 empleos en Francia, de los que más de 500 procedieron de la propia Bretaña. La localidad asturiana de Avilés también se benefició del proyecto al construirse en ella los 124 pilotes del parque, unas piezas de 150 toneladas y una media de entre 18 y 47 metros.

Gipuzkoa suma cada año cerca de 1.800 pisos de nueva construcción, según los datos del Instituto vasco de Estadística (Eustat) y del Observatorio vasco de la Vivienda. Es una cifra que resulta a todas luces insuficiente para cubrir una demanda de pisos creciente. Según las últimas encuestas, se calcula que en el territorio hay alrededor de 36.000 familias o personas que viven solas que necesitan acceder a una nueva vivienda. Gipuzkoa tiene un serio problema de vivienda. No hay suficiente para cubrir una demanda que no deja de crecer. Junto a otras razones, ello explica una parte muy importante de la carestía de los pisos, que sea la provincia más cara del Estado, y que a su vez San Sebastián sea la capital con los precios más prohibitivos. Lo mismo si se habla de compra que de alquiler. A pesar de unos niveles desorbitados en comparación con el resto de la península, se da la paradoja de que al no haber para todos, todo lo que sale al alquiler se arrienda de inmediato, y todo lo que se construye, se vende. Y eso que se manejan desembolsos impensables en otros lugares. El precio medio del alquiler no deja de subir y está ya en 817 euros mensuales en Gipuzkoa, con San Sebastián a la cabeza a 1.065 euros de promedio. Respecto a las compraventas, en el conjunto del territorio hay que hacer frente a una tarifa media de 3.429 euros por metro cuadrado, que se dispara hasta los 5.378 euros en el caso de la capital.

El pequeño comercio de Gipuzkoa disfrutó ayer de su turno en la ponencia sobre la reforma fiscal, con Dendartean, principal asociación territorial de minoristas como portavoz. Y su intervención se resume en dos grandes ideas: más impuestos para las plataformas digitales como Amazon y para las grandes superficies, y más deducciones fiscales que faciliten la pervivencia de los pequeños negocios comerciales en pueblos y ciudades. El presidente de Dendartean, Amador Viteri, fue el encargado de exponer la posición del pequeño comercio en su intervención en la comisión habilitada en las Juntas Generales. El comercio digital de grandes plataformas como Amazon, Aliexpress, Shein, Temu o Miravilla, según citó el portavoz, es considerado por las tiendas de barrio y ciudad como una gran competencia que consideran que no tiene la «suficiente incidencia recaudatoria y de control por parte de las administraciones públicas». Por ello, piden «campañas de inspección en el sector, para constatar la efectiva recaudación fiscal o evasión fiscal de los grandes establecimientos que operan con servicios digitales» y que, recuerdan, están sometidos al Impuesto sobre Piden una tasa municipal a los vehículos de reparto de venta digital por utilizar espacios públicos que hay que mantener determinados Servicios Digitales, cualquiera que sea su domicilio fiscal y en función del volumen de prestaciones que realicen en Gipuzkoa. Además, piden incrementarles el tipo impositivo vigente del 3% al 10%. Otra medida novedosa hacia el comercio digital es la de un tributo o tasa municipal que grave «el uso del espacio público urbano» para las entregas de bienes en el domicilio de los consumidores. Es decir, de los repartidores que proliferan en nuestras calles con paquetes de cartón con compras realizadas por internet. 

El consorcio húngaro que mantiene una oferta pública de adquisición (opa) por el 100% de Talgo a cinco euros por acción, Ganz Mavag, tiene claro que la suya va a ser una carrera de fondo y también cree, según fuentes cercanas, que podrá aguantar. La ofensiva sobre la firma industrial española, pactada con los principales accionistas de Talgo y calificada de amistosa, fue presentada el 7 de marzo; el folleto llegó a manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 2 de abril, y el 22 de ese mes el regulador bursátil comenzó a analizarlo. A partir de ahí, mínimos avances y mucha incertidumbre. Lo que suceda en las próximas semanas, tras la declarada intención del Gobierno de frustrar la opa húngara o buscar una oferta competidora, depende del dictamen que prepara la Junta de Inversiones Exteriores, dependiente de la secretaría de Estado de Comercio, donde se apuran los plazos para determinar la idoneidad, o no, de la oferta húngara. El Ejecutivo, por su parte, busca por toda Europa la formación de un consorcio comprador alternativo. Los plazos para dar respuesta a Ganz Mavag entran en su fase final antes de que entren en juego posibles prórrogas.

El gasto en pensiones sigue encadenando récords históricos después de que su revalorización se haya vinculado a la inflación por ley. En Euskadi la nómina de mayo se situó en 894,5 millones de euros, un máximo que se acerca mes a mes a la barrera de los 900 millones de euros. La cifra supone un incremento del 5,7% en relación al año anterior y del 60% si se compara con su coste de hace una década. Esta nómina es el resultado de multiplicar el número de prestaciones –576.614 este mes, un 0,8% más que hace un año– con una cuantía media de 1.551 euros, importe que ha crecido un 4,8% respecto a mayo de 2023. En el caso de la pensión de jubilación, que reciben 385.252 personas en Euskadi, la cuantía llega a los 1.762 euros, un 4,7% más, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Seguridad Social. Las pensiones en Euskadi son las más altas de España, con una diferencia de casi 300 euros al mes. Así, el importe medio de las prestaciones contributivas en el conjunto nacional es de 1.254 euros frente a los 1.551 del País Vasco. En la jubilación la brecha es de 1.441 euros frente a los 1.762, respectivamente. No obstante, el gasto mensual en pensiones crece a más velocidad en la media nacional, donde el aumento respecto a mayo del año pasado llegó al 6,3%. Se alcanzó así un récord histórico de 12.732 millones de euros. La nómina mensual ordinaria de las pensiones superó por primera vez en julio de 2023 los 12.000 millones y este mes vuelve a marcar un nuevo récord tras la subida de las pensiones contributivas en un 3,8% para este año 2024.

La tendencia creciente de las bajas laborales preocupa a los agentes sociales y tiene implicaciones no solo para los trabajadores, sino para la productividad de las empresas. Las incapacidades temporales por contingencias comunes registraron una prevalencia media de 47,3 por cada 1.000 asalariados en 2023. Es el máximo desde que hay datos, en 2007. Algunas de las causas son el envejecimiento de la fuerza laboral, el empeoramiento de las listas de espera y la fortaleza del mercado de trabajo. El tiempo medio no trabajado por incapacidad temporal es de 7,6 horas al mes, el segundo registro más alto de la serie. En España cada vez se habla más de bajas laborales. Cada año se baten los récords del anterior, una tendencia que incluso condujo a empresarios y sindicatos a mostrar “preocupación” por el fenómeno en un documento tan importante como el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Los agentes sociales discuten con el Gobierno la posibilidad de que las mutuas cobren un mayor protagonismo en las bajas traumatológicas para aliviar este problema, que va mucho más allá: tiene implicaciones para la productividad de las empresas y también para la salud de los trabajadores. Más comunes entre asalariados y autónomos. 

Un informe reciente del Ivie pone en relación el impacto de la incapacidad temporal en España con respecto a sus vecinos europeos, un diagnóstico en el que el país queda malparado. España es el segundo país con un mayor número de ocupados que se ausentan del trabajo por enfermedad (4,1%, empatados con Portugal y solo por detrás de Francia) y es el cuarto que más proporción de su PIB gasta en prestaciones por incapacidad temporal (un 1,4%, solo por detrás de Países Bajos, Alemania y Suecia).

Nuevo posible robo masivo de datos de clientes y empleados de un gigante empresarial español. Telefónica investiga la potencial sustracción y filtración de datos de cerca de 120.000 usuarios y trabajadores de la compañía. El supuesto ‘hackeo’ se ha conocido a través de varios foros de piratas informáticos, donde los presuntos ladrones han ofrecido una base de datos de la compañía con más de 2,6 millones de registros. Los datos que los ‘hackers’ han puesto a la venta son nombres completos, números de teléfonos y direcciones físicas y de correo electrónico de los afectados, tal y como ha revelado la empresa de ciberseguridad HackManac en sus redes sociales, que precisó que el asalto a esos archivos habría tenido lugar el pasado marzo. En cualquier caso, según fuentes del sector, entre las informaciones filtradas no hay datos sensibles o confidenciales, tales como contraseñas, claves o números de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito. No obstante, el tipo de datos supuestamente sustraídos tienen gran utilidad para los delincuentes porque con ellos suelen realizar ciberataques de ‘phising’ contra los clientes, suplantando la identidad del operador de telecomunicaciones para tratar de obtener, entonces sí, claves y contraseñas. Telefónica confirmó que está investigando la veracidad de esta posible filtración masiva y también tratar de determinar dónde se habría producido la brecha de seguridad y si el fallo puede proceder, como suele suceder en estos casos, de una deficiencia de un proveedor externo.

La industria de componentes del automóvil factura más que nunca en España, pero da empleo directo a casi 21.000 personas menos que antes de la pandemia. Así se desprende de los datos ofrecidos ayer por Sernauto, la asociación que representa al sector, que señala que los fabricantes de componentes (entre los que hay grandes grupos nacionales como Gestamp y Antolin, así como extranjeros como Forvia) dieron trabajo a 204.650 personas en 2023, un 9,2% menos que antes de la pandemia. Si se suma el empleo indirecto, la cifra escala hasta los 332.550 trabajadores en España. En contraste, el sector superó por primera vez la barrera de los 40.000 millones de euros en facturación, con 41.529 millones, un 10,3% más que en 2022. Las razones que esgrime el sector para explicar estas diferencias entre la cifra de negocio y la evolución del empleo, el cual solo aumentó un 0,8% en 2023, son la alta inflación y el efecto positivo de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) que impidieron destruir muchos puestos de trabajo tras la pandemia y la posterior crisis de chips. “Hay que ver qué parte de la facturación ha sido ganancia de valor y cuál se ha debido a la inflación, que ha sido fuerte. Tras la pandemia, además, hubo un shock enorme de empleo. Entre 2020 y 2021 hubo mucho empleo que no se perdió gracias a los ERTE, así que creo que lo que habría que hacer es medirlo en horas trabajadas”, indicó el presidente de Sernauto y Gestamp, Francisco J. Riberas.

La subgobernadora de Banco de España, Margarita Delgado, ha señalado que el tamaño no siempre es un factor positivo en el caso de las fusiones bancarias, especialmente en el caso de las internacionales. “¿Queremos campeones paneuropeos a cualquier precio? La respuesta es ‘no’. Más grande no siempre es mejor”, indicó Delgado durante su intervención en un acto celebrado ayer en Fráncfort. “Todas las operaciones deben estar basadas en análisis cuidadosos de los beneficios específicos que entrañará, que en cualquier caso deben superar a los riesgos y costes asociados”, apuntó Delgado. La subgobernadora recordó que el modelo de negocio resultado de las entidades fusionadas debe ser rentable y sostenible como resultado de las sinergias. Sin embargo, también apuntó que el marco regulatorio actual no permite que éstas se generen para en las operaciones corporativas entre bancos de diferentes nacionalidades. Delgado considera que la falta de fusiones transfronterizas en Europa es una “anomalía” y que este tipo de operaciones traerían beneficios como una mayor diversificación y mejoras en la eficiencia. En su opinión, todavía no se han producido por las divergencias regulatorias que existen en Europa (regímenes de insolvencia, costes de transacción y culturas de productos bancarios). “Nuestro sistema financiero, nuestras empresas y nuestra economía necesitan ser más fuertes para competir a nivel internacional”, destacó la número dos del Banco de España.

El Consejo de Ministros aprobó ayer formalmente la decisión de reconocer Palestina como Estado, el mismo día en que lo hicieron Irlanda y Noruega, una medida largamente anticipada que ha provocado un cisma diplomático con Israel que no ha hecho más que agrandarse desde que se anunció y que si bien para Sánchez es “una decisión histórica” con el objetivo de “contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz”, para su socio de coalición, Sumar, sigue siendo insuficiente. “Hoy damos un paso fundamental para alcanzar una paz justa y duradera para Palestina, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir avanzando”, afirmó la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien urgió a “poner fin al genocidio, la ocupación y el apartheid”. Su formación fue más allá y exigió a Sánchez la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y poner fin a la venta de armas al Gobierno de Benjamin Netanyahu. “Retirada de la embajadora, pleno embargo a la compraventa de armas, apoyo a la Corte Internacional de Justicia y ruptura del acuerdo UE-Israel”, reclamó el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. Consciente de que la formalización del reconocimiento de Palestina y las incendiarias declaraciones posteriores de sus socios iban a hacer aún más grande la herida diplomática con Israel, como así fue, Pedro Sánchez, a primera hora de la mañana, en una declaración institucional en La Moncloa, aseguró que el paso al frente dado por su Gobierno “no es una decisión que adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos y con el que queremos tener la mejor relación posible”. Es más, el jefe del Ejecutivo se refirió en todo momento al Gobierno “legítimo” de la Autoridad Nacional Palestina (que celebró las “valientes y audaces posiciones políticas” de España, Irlanda y Noruega), asegurando que “esta decisión refleja nuestro rechazo frontal a Hamás, que está en contra de la solución de los dos Estados” e insistiendo una vez más en su condena, “con toda contundencia”, de “los ataques terroristas del 7 de octubre”.

El Gobierno de Israel llevó sus ataques personales a Pedro Sánchez al máximo tras la declaración oficial del presidente de ayer. El ministro de Exteriores hebreo, Israel Katz, que en los últimos días había lanzado ya las más duras invectivas contra España a través de su cuenta en X, acusó directamente a Sánchez de haberse convertido en «cómplice de incitar al genocidio judío y de crímenes de guerra» por «anunciar el reconocimiento del Estado palestino» y por «no despedir a Yolanda Díaz». Katz, en su nuevo mensaje en redes, incluyó un tríptico con las fotografías de Yolanda Díaz y los dos mayores enemigos declarados del Estado de Israel: el máximo cabecilla del Hamás, Yahya Sinwar, y el líder supremo de Irán Alí Jamenei. «Jamenei, Sinwar y Díaz piden la eliminación de Israel y el establecimiento de un Estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar», afirma Kats, como argumento para afear a Sánchez que no haya cesado a la vicepresidenta.

Un total de 121 empresarios y ejecutivos publicaron ayer una misiva en la que abogan por un “cambio” en la política británica tras 14 años de gobiernos tories, convencidos de que el giro hacia el centro de su nuevo líder, sir Keir Starmer, que se acaba de definir como “socialista”, es real. Las elecciones se celebrarán el 4 de julio y los laboristas parecen tomar ventaja en el apoyo público del mundo empresarial (en las encuestas llevan un año y medio con un colchón de 20 puntos). Estos representantes del mundo económico critican el periodo “muy largo” en el que la economía ha sido golpeada por la “inestabilidad, la estanflación y la falta de una visión a largo plazo”, en referencia a los 14 años de gobiernos conservadores, en los que ha habido cinco primeros ministros (tres solo desde 2019). Los firmantes se felicitan por que el previsible ganador de las elecciones ha dejado atrás los elementos más radicales con los que su exlíder Jeremy Corbyn concurrió a las elecciones de 2019: “Los laboristas han mostrado que han cambiado y quieren trabajar con las empresas para que Reino Unido alcance su pleno potencial económico. Debemos dar una oportunidad al cambio y llevar a Gran Bretaña hacia el futuro”, añade la misiva. Entre sus firmantes destacan el presidente de JD Sports, Andrew Higginson –el único representante del FTSE 100, el principal índice bursátil de Londres–; la presidenta de la firma publicitaria WPP en Reino Unido, Karen Blackett; el cofundador de Wikipedia Jimmy Wales, y el director ejecutivo de Atom Bank, Mark Mullen.