20250119

La incertidumbre, que constatan la decena de empresas con las que ha contactado El Correo, es un hecho que solo despejará el avance del mandato de la Administración de Donald Trump, que se inicia mañana. Pero la tónica general es la del mantenimiento de la apuesta por el mercado norteamericano donde siguen las inversiones. Incluso, como señalan desde Tubacex, acelerando el ritmo y «considerando estratégico aumentar la presencia en Estados Unidos para reducir el impacto arancelario». El fabricante de tubos alavés tiene allí siete plantas, un ‘hub’ regional y varios centros de servicio. Es «uno de los mercados más relevantes en los que estamos», apostillan. El equipo de gobierno de Trump «mantendrá las ayudas del ‘IRA’ porque el consenso es que la globalización ha generado desindustrialización perjudicando a la clase media». Así lo señala el investigador del Instituto Elcano Federico Steinberg, dando por hecho la continuidad de este marco. Además, hay una serie de circunstancias a las que Estados Unidos no puede hacer frente por sí mismo. Lo señala la otra tubera vasca, Tubos Reunidos. Sus portavoces recuerdan que «la producción de tubos de acero sin soldadura en el país no cubre sus propias necesidades». Advierten a corto plazo de un «periodo disruptivo», pero sus perspectivas son de crecimiento de negocio. En la necesidad insiste también el consejero delegado de Zelestra –antigua Solarpack–, Leo Moreno, que presidió la asociación de compañías de energía renovable durante el primer mandato de Trump. «Hay una demanda enorme y muchas necesidades, como las de los centros de datos que están en plena expansión, y cada mes se incrementa el consumo». No ve que con Trump se dé un cambio en la política energética. Tampoco lo percibe así el gigante eléctrico mundial, Iberdrola. La compañía presidida por Ignacio Galán desarrolla en la costa este uno de los parques eólicos marinos más grandes del mundo y destina más de 40.000 millones en inversiones, también en las redes de ese país. Ingeteam mantiene también el optimismo. Portavoces de la compañía señalan que «Estados Unidos es un mercado estratégico» y advierten de que «el cambio de gobierno no tiene por qué suponer necesariamente un cambio en las políticas energéticas». Otra compañía clave en la electrificación es Arteche, especializada en la fabricación de transformadores. El director general de negocio de la cotizada vasca, Manuel Fernández, recuerda que «la apuesta por la renovación de redes y electrificación en EE UU es imparable». Y sobre lo que pueda modificarse, Fernández destaca que «hemos estudiado todos los escenarios y tenemos capacidad de adaptación». 

La potencia económica de Estados Unidos lo ha convertido siempre en uno de los principales destinos de las exportaciones vascas. Y es que su actividad requiere, en muchas ocasiones, de más materiales de los que es capaz de generar su estructura industrial. Pero ese flujo ha crecido con más fuerza en los últimos años. Así, desde 2019, el año previo al estallido de la pandemia, las exportaciones del País Vasco a la potencia que gobernará Donald Trump desde mañana se han disparado un 53%. El último ejercicio cerrado del que Eustat ofrece datos es 2023 y entonces las ventas ascendieron a 2.737 millones frente a los 1.789 de 2019. Estados Unidos se ha consolidado como el tercer destino del comercio exterior vasco, supera así a otro gran cliente como es Reino Unido y que está sufriendo también la desaceleración de la economía de Europa. El caso es que de cada 10 euros que ingresan las empresas vascas por su facturación internacional, 1 es en dólares. Hace cuatro años esa ratio era menor, con 0,7 euros. La economía norteamericana ha sido para algunos sectores, como la automoción y los combustibles, un refugio frente a la crisis industrial de la zona euro. Así que el impacto de una política arancelaria con tasas para Europa de entre un 10% y un 20% es un riesgo considerable. De todos modos, los analistas recomiendan esperar a ver cómo se regulan y señalan que tampoco sería un escenario nuevo. Estas barreras comerciales ya se fijaron con la Administración Biden en sectores estratégicos como el eólico.

Hay ambiente de aprobación. Esto es lo que se respira en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, en torno a la opa presentada por BBVA sobre Banco Sabadell para intentar absorber esta entidad. Aunque Competencia introdujo algunas incertidumbres cuando el pasado mes de noviembre decidió pasar el expediente a la ‘Fase 2’, una investigación ampliada y con mayor detalle en relación a sus efectos sobre el mercado financiero español, lo cierto es que todo apunta a una luz verde que, advierten, no se visualizará hasta bien avanzado el mes de marzo. La clave, apuntan fuentes conocedoras del proceso, son los últimos compromisos adquiridos por BBVA –lo que se conoce como ‘remedies’– para corregir las «pequeñas» distorsiones que se detectaron ya en la ‘Fase 1’ del expediente y que afectan a algunas zonas geográficas –Cataluña y la Comunidad Valenciana, principalmente– y a algunos segmentos de mercado en esos mercados locales. En especial el que hace referencia a los créditos que se conceden a las pequeñas y medianas empresas y la comercialización de los sistemas de pago. Los TPV, los terminales que permiten abonar compras en la hostelería y el comercio, por ejemplo. BBVA ya había ofrecido medidas correctoras con compromisos de mantenimiento de oficinas en algunos municipios, que la CNMC había considerado adecuados, pero también había detectado zonas de sombras. No se conoce el detalle de esos «compromisos ampliados» que BBVA ha trasladado recientemente a los técnicos de la CNMC con los que ha mantenido intensas reuniones, pero sí que ha trascendido el «ambiente favorable».

También encabeza la de empleo, a la par que Madrid y con Cataluña por delante, impulsada por la formación dual. La automatización, la externalización e incluso la cada vez más presente inteligencia artificial amenazan con arrebatar miles de empleos, pero a día de hoy sigue existiendo una llave que facilita abrir una puerta al trabajo: contar con una formación de grado superior ofrece más oportunidades, y lo hace especialmente en el País Vasco. Así lo refleja el estudio que la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ha presentado esta semana, y que sitúa a Euskadi como la comunidad autónoma con menor tasa de paro para los egresados universitarios o con ciclos formativos de grado superior. En el territorio vasco se sitúa en un 4,3%, por delante del 5% de Cataluña, del 5,8% de Madrid y especialmente del sur del país, donde se alcanza un 10%. «Euskadi se posiciona siempre entre las regiones con mejores datos en tasa de empleo y paro para los graduados superiores», explican desde la fundación. La portavoz de su gabinete técnico, Montse Álvarez, destaca que es una realidad que se viene manifestando desde hace años –el último informe utiliza registros de 2023–, en los que «despunta en porcentaje la población vasca de 25 a 64 años con estudios superiores». En cuanto a las tasas de empleo, Euskadi también llega al podio. Comparte el segundo puesto con Madrid, con un 86,2% de graduados superiores empleados, sólo por detrás de Cataluña, que alcanza un 86,8%. Además el País Vasco es la comunidad española con el mayor porcentaje de graduados superiores. 

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, espera que Confebask acuda con "mentalidad constructiva" a la mesa que se constituirá en Euskadi para negociar un salario mínimo y ha afirmado que no sería "entendible" que la patronal vasca se negara a "intentar negociar y llegar a un acuerdo". En declaraciones a Europa Press, la líder de CCOO Euskadi se ha referido a la decisión de CCOO, ELA, LAB y UGT de registrar en el CRL solicitudes para constituir el 6 de febrero una mesa de negociación para un acuerdo interprofesional que establezca un salario mínimo de convenio en Euskadi. La patronal vasca, Confebask, ha anunciado, de momento, que acudirá a esa reunión, si bien no se ha pronunciado sobre la iniciativa. La dirigente sindical le ha pedido a Confebask que "vaya a la reunión con voluntad de negociación y de intentar buscar un acuerdo" porque se trata de un tema "importante". Loli García ha recordado que Confebask siempre ha apuntado que el ámbito del salario "es la negociación colectiva" y lo que "se va a iniciar el día 6 es negociación colectiva, es ámbito bipartito". Por lo tanto, cree que "no sería entendible que no participaran y que se negaran a intentar negociar y buscar un acuerdo, donde cada uno ponga obviamente sus posiciones".

"El miércoles pasado se presento el sexto informe de Zedarriak, referido a Europa, cuya lectura recomiendo y del que hablaremos más adelante. El acto se abrió con la intervención de Eneko Landaburu, gran experto europeo y, en la actualidad, director general de la Fundación Jacques Delors que preside Enrico Letta, quien, en tándem con Mario Draghi, ha sacudido la somnolencia europea dibujando con precisión la ‘estación terminus’ de la deriva actual....Ya no somos lo que fuimos en población, ni lo que éramos en PIB y solo mantenemos la cabeza en gasto social...Europa pierde fuelle a pasos agigantados y se debate en medio de grandes problemas que no consigue resolver. Está en paz y su población está protegida por un generoso esquema social, que solo se sostiene a base de endeudamientos crecientes y agobiantes. En paz, y en decadencia. Incluso la paz es frágil en la actualidad y nos obliga a dedicar enormes cantidades de dinero a los presupuestos de defensa. Vivimos en paz, pero cercados por guerras en las que jugamos un papel muy secundario, en Ucrania y nulo en Oriente medio. Europa ha caído en la irrelevancia internacional...El diagnóstico es impecable, la solución… me parece improbable..."

Entrevista con Iñigo Juez, presidente de Ajebask. Pide que los precios del alquiler no sean un «arma arrojadiza» en política y alerta de que el absentismo «desincentiva la inversión» "Tenemos que sentarnos y ver el porqué de esas bajas, analizar qué factores hacen que los jóvenes incurran en ellas. El absentismo desincentiva la inversión en Euskadi. Es muy difícil de vender que una empresa de fuera quiera invertir en Euskadi con estas tasas. El absentismo afecta a los costes económicos de las empresas, a la productividad. Desincentiva el emprendimiento, porque la mayoría de jóvenes empresarios somos pymes y no tenemos esos recursos de las grandes empresas para hacer frente al absentismo. Hay que dar con la causa real para ver por qué se están dando estas bajas...Si me preguntas por qué los jóvenes no quieren ser empresarios, hay bastantes causas. En primer lugar, estamos en un territorio donde una parte importantísima de la fuerza laboral trabaja para la administración pública o para la gran industria. Eso ya desincentiva el emprendimiento. Además, las juventud busca, principalmente, un trabajo bien remunerado y seguridad a largo plazo. Esos dos conceptos, por lo menos en los primeros años, no están ligados al emprendimiento. En los últimos años, además, no se ha puesto en valor la figura del empresario, su actividad y la riqueza que genera. Por ello, los jóvenes al final tampoco consideran que sea una opción válida para ellos...En los últimos años se han anunciado miles de viviendas y no se ha construido ninguna. La realidad es que se aprobó una Ley de Vivienda que no sólo no ha tenido los efectos deseados, sino todo lo contrario. Los precios de los alquileres van a subir un 8% este año. No hay experiencia en ningún país de Europa en la que la intervención de los precios de los alquileres haya funcionado...En el último año hemos visto un ejemplo clarísimo de competitividad fiscal con los incentivos al cine. ¿Por qué no seguimos ese ejemplo para otros aspectos? Creo que es una buena vara de medir y demuestra que, siendo competitivos fiscalmente, podemos atraer actividad y valor..."

La juventud y sus necesidades

«Estoy a disposición del partido». Andoni Ortuzar hizo pública ayer su voluntad de afrontar un cuarto mandato como líder del PNV. Su círculo cercano justifica la decisión en que la revolución iniciada tras la marcha de Urkullu exige mantener la «cabeza» del EBB para dar «solidez» al proceso. El PNV se encomienda, una vez más, a Ignacio de Loyola. Porque es a la célebre máxima que aconseja no hacer mudanza en tiempos de desolación a la que se aferra Andoni Ortuzar, un líder ante todo pragmático, para continuar cuatro años más, hasta 2029, como presidente del EBB del PNV. Así es como debe interpretarse, según todas las fuentes consultadas en el partido, la carta abierta a la militancia que hizo pública ayer el líder jeltzale a primera hora de la tarde en la que se pone «a disposición» del PNV para «lo que necesite» con el argumento, que no explicita en la misiva pero que ponen sobre la mesa burukides y personas de su entorno más cercano, de que la revolución interna acometida desde la salida de Iñigo Urkullu exige la permanencia de la «cabeza» del EBB para dar «solidez» al proceso de renovación y «acompañar» a los recién llegados en un momento político clave por la feroz competencia de EH Bildu y la volátil situación política en Madrid. El presidente del Euzkadi buru batzar será reelegido, si así lo ratifican las bases, en la Asamblea General que tendrá lugar el 29 y 30 de marzo en San Sebastián. Andoni Ortuzar afronta la renovación de su cargo para un cuarto mandato sin, aparentemente, oposición interna. Las corrientes críticas, que sí plantaron cara en la renovación de las ejecutivas territoriales, llamarán a la abstención. 

Sabin Etxea prevé dar entrada a dirigentes de refresco para recuperar el liderazgo pero no necesariamente un «cambio generacional». Andoni Ortuzar se queda. ¿Y el resto de integrantes del Euzkadi buru batzar? En su mayoría, lo previsible es que no. El plan diseñado por Sabin Etxea para una puesta a punto sin excesivos sobresaltos pasa por dar entrada en la ejecutiva a nuevas caras que refuercen la imagen de renovación, pero sin rupturismos. De hecho, los presidentes territoriales elegidos en noviembre pasado, miembros del EBB por derecho propio, vienen argumentando en los últimos días que el recambio en la dirección del partido ya se ha producido al entrar tres nuevos miembros, el vizcaíno Iñigo Ansola, la alavesa Jone Berriozabal y el presidente de la formación en Iparralde, Pantxoa Bimboire Haritschelar. De las cinco territoriales, sólo la de Navarra, presidida por Unai Hualde, mantiene el mismo líder. La nueva presidenta guipuzcoana, María Eugenia Arrizabalaga, ya era burukide por elección directa. A partir de ahí, las organizaciones municipales tienen desde este lunes la tarea de elegir, además de al presidente, a los ocho burukides que los estatutos prevén como miembros natos de la dirección. En la actualidad, sólo hay seis porque la alavesa Nerea Melgosa dejó la ejecutiva para ser consejera en el Gobierno vasco y Arrizabalaga, elegida en la Asamblea de diciembre de 4040, es ahora miembro como presidenta del GBB, al que llegó en sustitución del veterano Joseba Egibar. De esos seis, se da por segura la salida de algunos, como el responsable de Relaciones Institucionales y una de las personas más próximas a Ortuzar en estos doce últimos años, Koldo Mediavilla. 

Maniobra de hondo calado en el escenario económico español con impacto en el político. Telefónica no solo cambia de manos, con los movimientos protagonizados en los últimos meses tras el desembarco del fondo saudí STC y el Estado en su accionariado, sino ahora también de rumbo. El Gobierno sorprendió ayer con un giro inesperado –y polémico– al dar un golpe en la mesa y tomar el timón de la empresa de telecomunicaciones con una indudable relevancia estratégica para España. Con el visto bueno de los saudíes, el Ejecutivo, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), convocó de urgencia este mismo sábado por la tarde un consejo de administración extraordinario de la empresa para poner fin al mandato de más de nueve años de José María Álvarez-Pallete y situar en la presidencia de la teleco a un afín, cercano a los socialistas catalanes y al que ya acompañó en su día la controversia: el hasta ahora presidente de Indra, Marc Murtra, que llevaba cuatro años al frente de la compañía de tecnología y defensa, controlada también por la SEPI. La iniciativa, que ha contado con el beneplácito de los principales accionistas de la multinacional española, supondrá la salida de uno de los directivos históricos del Ibex-35, que hasta la fecha contaba con el respaldo de grandes accionistas como Criteria Caixa. Sin embargo, los últimos movimientos estratégicos ya hacían entrever una posible salida dado que la SEPI ya lo había planteado y el propio Pallete lo estaba sopesando, por las incursiones del Gobierno y ante un escenario accionarial complejo, con miembros en su contra. Pero nada hacía presagiar que el Ejecutivo no esperara siquiera al proceso natural, teniendo en cuenta que el actual mandato expiraba en unos pocos meses.

Indra prevé nombrar como presidente de la compañía a Ángel Escribano en sustitución de Marc Murtra, que ayer por la tarde fue nombrado presidente de Telefónica en sustitución de José María Álvarez-Pallete. Ángel Escribano es consejero delegado del fabricante español de defensa Escribano Mechanical and Engineering, que actualmente es el primer accionista privado de Indra con el 14,3% del capital social. Escribano solo es superado por la SEPI, que ostenta casi el 28% de la compañía. La empresa debe convocar un consejo extraordinario en las próximas horas para ratificar el cese de Murtra y proponer al nuevo dirigente. No obstante, a última hora de ayer dicho cónclave aún no se había producido. Escribano elevó su participación en Indra recientemente desde el 8% al 14,3%, lo que le podía dar derecho a un segundo consejero dentro de la multinacional, aunque en diciembre aseguraba que esa opción no estaba encima de la mesa en ese momento, sin descartar que esa posibilidad se diera más adelante. Hasta ahora, Javier Escribano, hermano del que se perfila como nuevo presidente de la firma del Ibex-35, ya figuraba en el consejo de administración como consejero dominical. Escribano está considerada como una de las compañías de confianza de la SEPI. De hecho, el Gobierno ya sondeó a esta empresa para la potencial entrada en Talgo, algo que finalmente no fructificó. La propia Escribano señaló a principios de diciembre que es el primer socio industrial de Indra.

Manifestación en la Plaza de España de Almaraz, punto de arranque de una jornada histórica para reivindicar el futuro de su central nuclear, la primera que echará el cierre en esta etapa si se cumple el calendario del Gobierno. El primer reactor lo hará en 2027 y el segundo, al año siguiente. Hay clamor e indignación en los pueblos de influencia de la central (hasta 12 en su área más próxima), que pasan por ser el territorio más próspero de Extremadura. Con diferencia. Durante 30 años, de los 60 a los 90 (cuando los dos reactores comenzaron ya a pleno rendimiento), la comarca perdió casi el 62% de la población. 43 años después, ha ganado el 20% en contraste con el resto de la provincia de Cáceres (-12%). Almaraz lidera la clasificación de pensiones contributivas de toda Extremadura, con una media de 1.415 euros al mes. Esta cifra supera ampliamente tanto la media de la región, situada en unos 1.060 euros, como la nacional, que ronda los 1.260 euros. Las estadísticas abruman desde cualquier factor a elegir: el número de afiliaciones a la Seguridad Social es un 20% superior a la media provincial y regional. «Ahora pensamos si nuestros nietos tendrán este futuro». Juan Antonio Díaz, el alcalde socialista de Almaraz (Cáceres) no entiende que los dos reactores de la central dejen de funcionar en 2027 y 2028 después de haber otorgado a la comarca, no sólo a su pueblo, una gran prosperidad económica y social desde su puesta en funcionamiento en marzo de 1981. Lo refrenda, «sin ideologías ni cuestiones partidistas», con un dato demoledor: «Hace 43 años, antes de instalarse, Almaraz tenía 300 habitantes, ahora llega a los 1.768». «El Gobierno debe rectificar, es de valientes reconocer los errores».

Las grandes compañías de la Nación del Centro (Zhongguo, China) miran a Xībānyá (España); lo consideran un destino estratégico en Europa y prevén continuar invirtiendo en él en el largo plazo. En un contexto geopolítico de tensión y recelos crecientes, las empresas chinas están utilizando la inversión extranjera directa para ir más allá de la compra de activos estratégicos o de valores refugio e internacionalizar su presencia comercial. En España, la inversión china, que abrió la partida hace apenas una década, consolida posiciones en la automoción y el vehículo eléctrico (Chery, CATL); las energías renovables (China Three Gorges —CTG—, Envision); la minería (Yankuang Energy, Beijing Energy y Singapore Taizhong) o la logística (Zenshi, GLP). El consejero delegado de CTG en Europa, Ignacio Herrero, resume el momento: “España tiene un posicionamiento único para beneficiarse del proceso de reindustrialización en Europa”. Aunque hace falta algo más. “Los incentivos [a la inversión] que se generen y su visibilidad van a ser claves a efectos de anclar ese capital [de empresas chinas en España]”, añade. Los anuncios de inversiones chinas se suceden pese a una situación internacional cada vez más complicada. 

"Entre los diversos desafíos que plantea la vuelta de Donald Trump a la presidencia de EE UU, uno de los más relevantes para la economía española atañe a los cambios que podrían producirse en la localización del capital productivo. La española ha sido una de las economías más favorecidas por los flujos de inversión directa extranjera durante el periodo reciente, jugando un papel crucial en el diferencial favorable de crecimiento con relación a los principales socios europeos. Y compensando, de momento, el comportamiento decepcionante de la inversión nacional. En los últimos dos años, la inyección de capital foráneo en nuestro tejido empresarial supera los 71.000 millones de euros, más del doble que Francia, un 50% más que Italia y prácticamente lo mismo de lo que ha recibido Alemania (una economía, sin embargo, de un tamaño casi tres veces superior a la nuestra). El estímulo no solo es de gran magnitud, también aporta una financiación que se caracteriza por su persistencia, con el objetivo de ensanchar el potencial del aparato productivo, mejorar su eficiencia o incorporar nuevas tecnologías. No se trata, por tanto, de una mera adquisición de activos financieros o de operaciones de naturaleza especulativa, volátiles por definición...En todo caso, el foco de atención debería estar en paliar nuestras propias debilidades. En primer lugar, el dinamismo de la inversión directa extranjera contrasta con la debilidad en el ámbito nacional. Esta paradoja refleja en parte el tamaño empresarial: los inversores extranjeros tienden a focalizar sus operaciones en torno a grandes corporaciones, obedeciendo a dinámicas globales en las que España aparece en buena posición. Sin embargo, la inversión nacional procede en buena medida de pequeños negocios, muy sensibles a factores locales como la multiplicación de barreras regulatorias y administrativas que fragmentan el mercado interno, o percepciones de inseguridad jurídica..."

No se habla de otra cosa estos días en Grünheide, un pueblo de 9.000 habitantes en medio de la monótona llanura alemana que, salpicada de lagos y bosques, se extiende entre Berlín y la frontera con Polonia. Elon Musk está en boca de todos. Los insultos al canciller Olaf Scholz. La injerencia en las elecciones alemanas con mensajes incendiarios. El apoyo entusiasta a la extrema derecha. Pero aquí, sede de la mayor fábrica europea de Tesla, todos miden al milímetro sus palabras cuando se refieren a él. En los cafés y las calles de este pueblo algo gris y apagado, o en la estación en medio de los bosques donde los trenes depositan a los obreros, unos pocos hablan, pero otros directamente callan, o piden que se apague la grabadora antes de pronunciarse. Como si no quisieran meterse en problemas o no quisieran incomodarle. Porque en Grünheide, y en todo el Estado federado o land de Brandeburgo, Musk es algo más que el hombre más rico del mundo y el aliado de Donald Trump. Aquí es también el hombre que en 2019, por sorpresa, anunció que construiría su fábrica en esta región de la antigua República Democrática Alemana (RDA). El que en tiempo récord la puso en marcha sobre un terreno de 300 hectáreas. El que ha dado empleo a 12.500 personas en una época de crisis industrial y dudas sobre el made in Germany. El que produce 5.000 automóviles semanales y el que paga seis millones de euros de impuestos anuales a un municipio con una historia compleja, un lugar que, bajo el comunismo, acogió una sede de la temible Stasi, la policía secreta. También es el inversor que, según los medioambientalistas, y según la extrema derecha, amenaza con su fábrica el entorno natural.

Es una importante vía fluvial que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, lo que evita 13.000 kilómetros adicionales alrededor de la arriesgada punta de América del Sur. El Canal, de 52 kilómetros, atraviesa el centro de Panamá. Un país que ocupa la franja de tierra entre América Central y América del Sur. Cerca del 5% del comercio global atraviesa sus esclusas y el principal cliente es Estados Unidos con un 74% de la carga, seguido por China (21%). La veta de oro del Gobierno de José Raúl Mulino. Genera unos 4.000 millones de dólares (cerca de 3.850 millones de euros) de ingresos al año, de los que 2.500 millones van directamente a la Administración. La columna vertebral de un país que crece a la insólita tasa, para la región, del 6,5% al año gracias también a sus servicios financieros, el turismo, el comercio, la construcción y el transporte. Pero Trump no tiene mala memoria. En el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2024 casi 10.000 barcos atravesaron el istmo portando 423 millones de toneladas de alimentos, minerales y productos manufacturados. Más del 40% de los bienes de consumo comercializados durante 2023 entre el noreste de Asia y la costa este de Estados Unidos se transportaron a través de sus esclusas. Mulino (debido a las últimas sequías sufridas) ha adelantado que este año subirá las tasas. Razón perfecta para que el presidente electo estallase contra “los desorbitados” precios que esta Administración cobra a sus barcos comerciales pero también de guerra. Donald Trump se queja de que China, además, está interfiriendo en las operaciones, y si Panamá “no puede asegurar las transacciones [a través de la Autoridad Portuaria] debe ser devuelto totalmente a Estados Unidos”. José Raúl Mulino ha argumentado lo esperable: que la soberanía no está ni en discusión y que al país le “ha costado sangre, sudor y lágrimas”.