20240404

Ha sido el ámbito público –sanidad y educación, principalmente– el que más ha tirado de las contrataciones, con un crecimiento del 16,5% en su base de afiliados en los últimos cinco años frente a solo un 5,8% en la esfera privada. El empleo público ha registrado un auténtico ‘boom’ desde el covid en todas las comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza, donde el aumento llega al 27%. Lo que sí es más llamativo en el caso de Euskadi es lo poco que ha crecido el empleo en el sector privado. Solo lo ha hecho un 5,8% en los últimos cinco años, el aumento más pobre de toda España. La media alcanza el 12%, con Andalucía y Murcia a la cabeza. Junto al País Vasco, las comunidades autónomas menos dinámicas son Asturias, Cantabria, Castilla-León, Galicia, Navarra y La Rioja, todas ellas regiones del norte, especialmente afectadas por el envejecimiento de la población y la crisis demográfica. Pero lo de Euskadi no tiene parangón. Desde 2019, la ocupación en las empresas ha crecido únicamente el citado 5,8%, lo que supone 36.000 nuevos cotizantes hasta sumar un total de 652.517. Mientras tanto, el empleo público se ha incrementado en 22.500 trabajadores, un 16,5%, hasta alcanzar los 158.818. Eso quiere decir que en los últimos cinco años cerca del 40% de todo el empleo creado ha sido generado por ámbitos ligados a la Administración. En el análisis por sectores se refleja que el área sanitaria y de servicios sociales, así como la educación, han sido los principales generadores de puestos de trabajo. Dentro del sector privado los sectores que más han crecido son los de información y comunicación, con un 20%, y las actividades científicas y técnicas, con un 12%. Por contra, ha caído el empleo en la industria y el comercio. Otra rasgo llamativo de la dinámica laboral de Euskadi es que ha descendido el número de autónomos desde 2019, mientras que crece en el conjunto de España. 

La afiliación a la Seguridad Social en Gipuzkoa alcanzó en el mes de marzo un nuevo máximo, con 337.389 ocupados, pero la estadística ofrecida este martes por el ministerio dirigido por Elma Sainz incluía más cifras destacadas del mercado de trabajo guipuzcoano. Por ejemplo, un nuevo récord en el número de personas que están trabajando en el territorio bajo un contrato indefinido. Un grupo que se eleva ya (entre las tres modalidades que existen de este tipo de relación laboral) a 193.375 trabajadores del régimen general. Esa cifra supone 930 afiliados indefinidos más que en el mes de febrero y 7.393 más que un año antes, lo que comporta un incremento interanual del 3,9%. Si el mismo número se compara por ejemplo con los datos de 2019 (no se puede obviar que tras el empuje de este tipo de contratos está la reforma laboral, que entró en vigor en marzo de 2022, tras el mazazo que supuso el Covid para el empleo en 2020 y 2021), la mejora en el territorio es de 41.646 afiliados al régimen general de la Seguridad Social en esas condiciones de mayor estabilidad o, lo que es lo mismo, un 27,4% más. El escrutinio de los datos ofrece también otros niveles récord, como el de indefinidos a tiempo completo, que son ya 148.591 trabajadores en Gipuzkoa, con un alza de 5.430 (un 3,8% más) en el último año, lo que a su vez supone 26.046 más que en marzo de 2019. Esto supone, según detalla Adegi en un informe sobre las características del mercado laboral del territorio, que en marzo el 57% de las personas afiliadas en Gipuzkoa tenía contrato indefinido a tiempo completo, el 13,7% contrato indefinido a tiempo parcial, el 3,5% contrato fijo discontinuo, el 10,1% contrato eventual a tiempo completo, el 5,1% contrato eventual a tiempo parcial y el 0,8% contrato de aprendiz, formación o prácticas. 

Industria Erronka nació en 2018 con un objetivo firme: despertar el interés y la vocación de los jóvenes en el sector industrial. Bajo esta premisa, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), en colaboración con el Grupo SPRI del Gobierno vasco, ha logrado que más de 10.000 jóvenes hayan participado en el programa, bien a través de visitas a las fábricas o recibiendo charlas de los profesionales en las aulas. “Cada vez tenemos más demanda de los centros de enseñanza para incorporarse a la iniciativa. Y para ello, debemos aumentar el número de empresas que participan, así como su capacidad para realizar más actividades. De esta forma, podremos dar cabida a toda las peticiones que recibimos”, destaca la presidenta de la FVEM, Begoña San Miguel. La iniciativa surgió de la preocupación de las propias empresas del sector por la dificultad de hallar perfiles cualificados. Este factor, sumado a la baja ocupación de estudios relacionados con los ámbitos Steam hizo que, las compañías del Metal de Bizkaia diesen un paso adelante abriendo sus puertas para que los futuros estudiantes pudiesen conocer de primera mano la realidad del sector. Tras seis años de trayectoria, el programa se ha consolidado como una opción formativa que se prolonga durante el curso escolar con diferentes actividades y encuentros en las aulas y en las propias factorías. 

La vicepresidenta tercera y titular del Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado este miércoles cualquier opción a que la nueva Comisión Nacional de la Energía, CNE, se ubique en Euskadi. Una vieja aspiración del Ejecutivo vasco que siempre ha deseado que el órgano regulador de los mercados energéticos se instalase aquí, dentro de una estrategia de descentralización geográfica de las instituciones del Estado. Ribera ha mostrado su deseo de que este organismo entre en funcionamiento antes de finales de año, al tiempo que ha querido zanjar cualquier discusión en torno al emplazamiento. «Estará en Madrid, que es donde estaba antes», ha asegurado. El Gobierno aprobó recientemente el anteproyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de la Energía, que habría desaparecido hace una década cuando se concentraron todos los entes supervisores en uno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC. Este órgano absorbió, además de las tareas de vigilancia sobre la competencia, las atribuciones que tenían las comisiones de la energía y también la que se había creado de forma específica para vigilar el mercado de las telecomunicaciones. Mientras tanto, todo apunta a que el PNV va a volcar su esfuerzos en conseguir que haya un representante de esta fuerza política en el futuro consejo de la CNE, algo que parece seguro dado que el Gobierno de Pedro Sánchez necesitará los votos de la formación jeltzale cuando traslade el proyecto de ley de su creación al Congreso.

Tras varios meses de incertidumbre, ayer se firmó finalmente la prórroga del contrato de relevo en la Administración vasca, una medida que despeja el futuro de los 700 trabajadores laborales fijos que se beneficiarán este año de la medida. La prórroga fue suscrita finalmente por CC OO y UGT, mientras que ELA y LAB se desmarcaron una vez más del acuerdo al reclamar que se extienda esta modalidad a toda la función pública, incluido el personal funcionario, estatutario y temporal. El Gobierno Vasco había lanzado a finales del año pasado una especie de ultimátum al señalar que no prorrogaría el contrato de relevo si no lo firmaba la mayoría sindical; es decir, si no contaba con el acuerdo de ELA y LAB, ya que CC OO y UGT ostentan el 30% de representatividad en el ámbito público. Una propuesta que cosechó las críticas de las cuatro centrales por distintos motivos y que se producía en un contexto de huelgas generales. Finalmente, el Departamento que dirige la consejera Olatz Garamendi ha decidido dar marcha atrás y suscribir la prórroga con los dos sindicatos que la habían apoyado en los últimos años.

Los accionistas del fabricante vasco de componentes para automóviles Cie Automotive se enfrentarán el 8 de mayo (primera convocatoria) a una junta general ordinaria con muchos temas a tratar. El principal punto será la aprobación del reparto de 107,8 millones en concepto de dividendos con cargo al ejercicio 2023. La primera parte de esta retribución, de 53,91 millones, fue abonada a cuenta el pasado 5 de enero, a un precio de 0,45 euros por título. Además, la compañía propondrá un dividendo complementario de otros 53,91 millones por acción a pagar el 8 de julio en caso de ser aprobado. Otro punto clave de la junta de mayo será la votación para dar el ok a la política de remuneración de los directivos, que incluye como tema candente los 23,77 millones que percibirá el CEO, Jesús María Herrera, por su desempeño en la empresa durante 2023. Los accionistas deberán votar la aprobación de una nueva política de remuneración de la empresa para el año en curso y para el período 2025-2027 y también cambios en la retribución variable a largo plazo del CEO vinculada a la evolución de la acción. Asimismo, se votará la reelección por cuatro años adicionales de Antonio María Pradera (presidente), Jesús María Herrera (CEO), así como de seis consejeros más, entre ellos los hermanos Jon y Francisco J. Riberas.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) vuelve a la carga para que los convenios autonómicos, o provinciales, tengan la prioridad en la fijación salarial frente a los acuerdos de ámbito nacional. Siempre que se cumplan dos condiciones: que los firmantes del pacto, las organizaciones empresariales y sindicales, tengan el respaldo mayoritario en las mesas de negociación correspondientes. Y que dichos acuerdos mejoren las condiciones salariales de los acuerdos de ámbito nacional. Los nacionalistas vascos quieren incluir una enmienda en el proyecto de ley que adapta al Estatuto de los Trabajadores una directiva de la UE sobre “condiciones laborales transparentes y previsibles”. Se trata de las condiciones salariales porque los autonómicos, o provinciales, que concurran con los de ámbito nacional, no podrán negociar las siguientes materias: el período de prueba, las modalidades de contratación, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica. Por lo tanto, la enmienda del PNV concede la prioridad de la negociación salarial a los convenios autonómicos y provinciales frente a los de ámbito nacional. Siempre que el acuerdo regional sea respaldado por las organizaciones mayoritarias en esos dos ámbitos y mejore las condiciones del convenio de ámbito nacional. Con ello, el PNV intenta otra vez que se cumpla una de las condiciones que pusieron al PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. CEOE sostiene que la enmienda citada es una ruptura más de la unidad de mercado en España y se salta el diálogo social. Incluso, puede obligar a un empresa a tener diferentes incrementos salariales si la medida se amplía por otras regiones.

El PNV se compromete a crear esta legislatura una nueva Agencia Vasca de Gestión de Prestaciones Sociales, un órgano gestor «único e independiente» encargado de «mejorar la gestión de ayudas sociales y su control». La medida, contemplada en el programa electoral de más de 80 páginas que ayer presentaron Andoni Ortuzar e Imanol Pradales en Vitoria, prevé que ese nuevo organismo se adscriba al departamento competente en materia de Hacienda para «supervisar y coordinar» las prestaciones sociales del sistema de protección vasco. Su extenso programa electoral incluye igualmente el compromiso de activar un fondo de 3.000 millones de euros para el arraigo y crecimiento industrial de Euskadi en cuatro años mediante la colaboración público privada, a través del refuerzo del programa Finkatuz, con 1.000 millones de inversión directa del Gobierno vasco. Además, se prevé la «modificación» de la regulación de las EPSV vascas para que un porcentaje de su capital se invierta «obligatoriamente» en proyectos que favorezcan el arraigo y el impulso de nuevos fondos de inversión en colaboración con bancos, fundaciones bancarias y otras entidades financieras. Ver programa completo del PNV aquí. 

La medianoche de hoy empieza de forma oficial la campaña electoral del 21-A. La única diferencia con lo que viene ocurriendo es que los partidos no solo lanzarán promesas, sino que podrán pedir el voto directamente. Se trata de una carrera paradójica. Con unos comicios que pueden ofrecer un resultado histórico, la victoria de EH Bildu –la mayoría de los sondeos se abonan al empate técnico, aunque el último, el del CIS, pronostica un triunfo jeltzale–, pero que apenas están captando la atención de los vascos. Al menos, hasta ahora. La mejor manera de medir el temor a que una alta abstención condicione los resultados son los continuos llamamientos que está haciendo el PNV para movilizar a los suyos. El Sociómetro del Gobierno vasco apunta a una participación cercana al 61%, diez puntos superior a la de 2020, en plena pandemia. La cifra es similar a la de 2016, pero inferior a la de 2012 e incluso a la de 2009, con la izquierda abertzale ilegalizada. Y eso que esa misma encuesta indicaba que la cifra de personas que están «muy o bastante interesadas» por la política llega al 38%. Pese a ser baja, es la más alta que refleja el estudio desde 1995. A pesar de que la pugna entre el PNV y EH Bildu es intensa, la sensación que captan los diferentes estudios es que poco o nada va a cambiar. Gane quien gane, porque se da por hecho que jeltzales y socialistas seguirán gobernando en coalición. Una sensación de lejanía –aún mayor en Bizkaia por el efecto de la final de la Copa que el sábado jugará el Athletic– que algunos partidos están tratando de combatir por todos los medios. 

La fiscalidad está en el centro del debate económico, porque un modelo inadecuado golpea la inversión y la actividad empresariales y, por ende, lastra las perspectivas de crecimiento. Es lo que sucede en España, donde “el endurecimiento continuado de la fiscalidad empresarial está afectando negativamente a la confianza de los agentes económicos, retrae las inversiones y está ralentizando el crecimiento económico y la creación de empleo”. Así lo asegura el informe Competitividad fiscal 2023, publicado ayer por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en el que se pone de relieve que la presión fiscal sobre el tejido productivo español es muy superior al promedio europeo. Las compañías españolas aportan un 32,4% de la recaudación pública total, en contraste con el 25,8% de media en la UE, señala el documento a partir de datos de Eurostat de 2022. Esta fuerte inyección a las arcas públicas, la sexta más alta de todo el bloque solo por detrás de Noruega, Chequia, Chipre, Estonia y Eslovaquia, proviene sobre todo de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que en los últimos años no han parado de subir hasta representar el 25,2% del total de la recaudación frente al 17,7% del promedio europeo, y en menor medida del Impuesto de Sociedades, que supone un 7,2% del total vs el 8,1% de la UE. Este incremento de las cotizaciones también afecta, y mucho, al salario de los trabajadores. Y es que si a ello se suma el desembolso por IRPF, la cuña fiscal (el peso que los impuestos sobre la Renta y las cotizaciones tienen sobre los salarios) asciende en España al 59,5%, 12,5 puntos por encima del promedio de la OCDE y la cuarta más elevadas entre los países desarrollados por detrás de Portugal, Reino Unido y Finlandia. Para los autores del informe, está claro que en España las empresas sufren una presión fiscal normativa muy superior a la media europea, fruto de “un sistema fiscal más ineficiente y distorsionante” que el de sus homólogos, que no solo penaliza la inversión, sino también el ahorro.

La nueva Masorange, operadora surgida de la fusión de Orange y MásMóvil, se ha comprometido a invertir 4.000 millones de euros en los próximos tres años, según anunció ayer su consejero delegado, Meinrad Spenger, en un encuentro con los medios de comunicación para presentar la compañía en la sede de Orange España, que ha pasado a ser el cuartel general de la nueva operadora. Entre otros planes, la sociedad prevé ampliar la cobertura de telefonía móvil 5G por encima del 90% de la población y cubrirá con fibra óptica hasta seis millones de hogares adicionales, así como más de 1.700 nuevos municipios. Con este anuncio, la empresa parece haber hecho un guiño al ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, quien afirmó, antes de la aprobación del Gobierno, que la operadora iba a asumir unos fuertes compromisos de inversión. Con respecto al posible impacto de esta inversión en la deuda, Spenger defendió que la nueva teleco tiene un ratio de apalancamiento o nivel de endeudamiento menor al que tenía la antigua MásMóvil, y recordó que las agencias de rating acaban de mejorar a esta la calificación “hasta casi grado de inversión”. El ejecutivo indicó que la compañía deberá ajustar su plan estratégico y que cuenta con la financiación asegurada para estos planes. La firma nace con una deuda de 12.500 millones de euros, de los que dos tercios están asegurados frente a subidas de los tipos de interés.

Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, las eléctricas propietarias de las centrales atómicas, rechazan de plano la nueva propuesta de tasa nuclear que pretende imponer el Gobierno. Las empresas consideran la propuesta “un regateo” inaceptable y reactivarán su guerra judicial si sale adelante. El ministerio para la Transición Ecológica, a cuyo frente está Teresa Ribera, intenta hacer encaje de bolillos para subir la denominada tasa nuclear, destinada a cubrir los costes de desmantelamiento de instalaciones y gestión de residuos atómicos. Frente a un gravamen de 11,14 euros por megavatio que intentaba fijar el ministerio hace unas semanas, ahora plantea una tasa de 10,36 euros. Los 11,14 euros hubieran supuesto una subida del 40% con respecto a los 7,98 euros que existen de tasa en la actualidad. Los 10,36 euros suponen una subida del 30%. Con esta propuesta el ministerio intenta sacar adelante una tasa que es imprescindible para cubrir los más de 17.000 millones de euros que va a costar el cierre programado de centrales de aquí a 2035. El fondo que gestiona la empresa pública Enresa, que se nutre de esas tasas y otros ingresos, no tiene suficiente dinero para cubrir todo el apagón nuclear.

Repsol ha anunciado el inicio de su actividad de producción de combustible renovable «a gran escala» en su planta de Cartagena, en lo que considera como «un hito en la descarbonización del transporte en la Península Ibérica». Allí la compañía ha invertido 250 millones de euros y tiene una capacidad de producción de 250.000 toneladas al año de diésel renovable y combustibles sostenibles de aviación, que se pueden usar en cualquier medio de combustión. El anuncio llega el mismo día en el que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reconocía su molestia con la «dureza» con la que Repsol «trata a la política verde europea o las decisiones de política industrial y de política económica del Gobierno». Las fricciones vienen de lejos. A finales del año pasado PSOE y Sumar anunciaron en su acuerdo de legislatura la prórroga del impuesto extraordinario a las energéticas. Ribera acusó de «negacionismo y retardismo» a su consejero delegado, Josu Jon Imaz, por sus políticas en una polémica en la que éste le recriminó sobre si querían el cierre de «las refinerías con sus 28.000 trabajadores». Estas discrepancias se han visto agravadas después de que Iberdrola presentara en febrero una demanda contra Repsol, a quien acusa de «competencia desleal» por vestirse de ‘verde’ y alinearse con la transición energética. Imaz siempre ha apostado por la «neutralidad» tecnológica para avanzar en la descarbonización y en los objetivos de sostenibilidad con iniciativas como el combustible renovable, un producto que Repsol produce a partir de residuos orgánicos, como el aceite de cocina usado o residuos agroalimentarios, dándoles una segunda vida. «Es una solución rápida, y eficiente en coste para la descarbonización de todos los sectores del transporte», defienden.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre los que sobresale Rusia, decidieron ayer mantener los recortes de producción pactados desde hace meses y que sumados a los tijeretazos voluntarios de suministro decididos por algunos de los socios superan los 2,2 millones de barriles diarios. El objetivo de la prolongación de esta batería de restricciones en el bombeo, que se viene replicando trimestre a trimestre, es estabilizar el precio del crudo, lo que traducido del lenguaje del cartel petrolero significa dar un empujón al alza al precio del oro negro. Y eso es justo lo que está sucediendo. La cotización del Brent, crudo de referencia en Europa, volvió a repuntar ayer hasta acariciar durante el día los 90 dólares por barril, cerrando en su cota más alta desde octubre. Tras moverse en una franja relativamente estrecha entre enero y febrero (entre los 75 y los 83 dólares), el precio del crudo ha esprintado en el mes de marzo, en un ascenso sin prisa pero sin pausa que ha disparado su cotización casi un 18% desde comienzos de año (2 de enero). ¿Las causas? La tibia recuperación de la demanda en el primer trimestre, gracias, entre otros factores, a la mejora de las perspectivas en Estados Unidos; las crecientes tensiones en Oriente Próximo, con implicaciones negativas sobre el comercio marítimo a través del Canal de Suez (incluido el de crudo), que se prolongan ya meses, o los recientes ataques de Ucrania a una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia. Un cóctel de factores marcado por las tensiones geopolíticas que ha tirado al alza de la cotización del crudo y que solo se ha visto parcialmente compensado por el inesperado aumento de los inventarios de Estados Unidos.

Las cuatro mayores economías del sur de Europa han superado a Alemania en aproximadamente un 5% desde 2017, dejando en evidencia la recuperación a dos velocidades de la región tras las recientes crisis, según un estudio. En los últimos seis años, Italia, España, Portugal y Grecia han añadido en conjunto más de 200.000 millones de euros de producto interior bruto –más que toda la economía portuguesa– en términos ajustados a los precios. El dato contrasta con el PIB de Alemania, que solo ha crecido en 85.000 millones de euros, según un análisis de la consultora Capital Economics para Financial Times. La economía alemana apenas ha crecido desde la pandemia, después de que la fuerte ralentización de su enorme sector manufacturero se viera agravada por la subida de los precios de la energía desde la invasión rusa de Ucrania. Por el contrario, los países del sur de Europa se han visto impulsados por el repunte del turismo tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia, así como por su menor exposición a la recesión del sector manufacturero y la pérdida del gas barato procedente de Rusia. Andrew Kenningham, economista jefe para Europa de Capital Economics, asegura que la producción de las cuatro principales economías del sur de Europa era “ahora más de un 5% superior” a la de Alemania.

El PIB europeo crecerá más de lo previsto en el primer trimestre de 2024, según pronosticó ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Así lo dijo durante un coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona. En marzo, el Banco Central Europeo (BCE) auguró que el crecimiento va a seguir siendo débil, aunque con el descenso de la inflación, la recuperación de la renta de los hogares y el fortalecimiento de la demanda externa, el PIB de la eurozona podría repuntar un 0,6% en 2024, un 1,5% en 2025 y un 1,6% en 2026. En cuanto a la inflación, en marzo bajó dos décimas y se situó en el 2,4%, cerca del objetivo del 2% que persigue el BCE, según la estimación preliminar que ayer publicó Eurostat. Según De Cos, “la economía europea lo va a hacer mejor de lo previsto”. En este sentido, recordó que en el último trimestre de 2023, el PIB nacional creció por encima de lo esperado. Por esta razón, el Banco de España subió en tres décimas, hasta el 1,9%, su pronóstico para 2024 ante el mayor consumo de los hogares pero, especialmente, al de las administraciones públicas, en un contexto muy marcado por los fondos Next Generation. En cualquier caso, Hernández De Cos instó a no bajar la guardia ya que hay dos indicadores cuya evolución es “preocupante”. La productividad sigue siendo baja y la inversión privada todavía no alcanza el nivel previo al estallido del Covid-19. Por ello, pidió reformas estructurales y también vio “absolutamente necesaria” una consolidación fiscal en España.

La Comisión Europea reclama a España que apruebe medidas para cumplir con la reforma fiscal comprometida con la UE. A mediados de marzo, el Ejecutivo europeo organizó un acto en Madrid para vender las bondades de los fondos Next Generation, que brindarán a España más de 160.000 millones entre subvenciones y créditos a cambio del cumplimiento de reformas e inversiones. En la capital española se dieron cita varias autoridades europeas que hicieron alusiones a la reforma fiscal. La directora de los planes de recuperación de la Comisión Europea, Céline Gauer, tras valorar como excelente la marcha del plan español, recordó que faltaba la reforma tributaria. Y el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, señaló que era necesario reformar la fiscalidad para rebajar el endeudamiento público. En su nota de prensa decía que España “debe recabar apoyo en ámbitos de reforma como la fiscalidad”. Es decir, con lo que se ha hecho no basta. El informe sobre vulnerabilidades macroeconómicas que publicó la semana pasada la Comisión ya recomienda a España quitar tipos reducidos del IVA, subir impuestos verdes y retirar beneficios fiscales. Esta reforma cobra particular importancia ahora que vuelven las reglas que imponen la disciplina fiscal y que obligarán a poner en marcha una senda gradual de ajuste de las cuentas públicas al tiempo que se tendrá que hacer frente al mayor gasto en pensiones, la reforma de la financiación autonómica y las inversiones en defensa, transición ecológica y tecnología.

Los mercados tuvieron ayer la vista puesta en los datos sobre la inflación de la Eurozona, que publica la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). La evolución de los precios –que cayeron al 2,4% en marzo, frente al 2,6% que marcaron en febrero– es uno de los factores clave en las decisiones del Banco Central Europeo (BCE), cuyo consejo gobernador se reúne la semana que viene en Fráncfort. A pesar de que se espera que la institución mantenga los tipos de interés en el 4,5%, la reducción en los últimos meses de la inflación alimenta la esperanza de que el BCE se plantee rebajas de tipos en los próximos meses, presionado por el enfriamiento de la economía. Por países, los precios más bajos se registraron en Lituania (0,3%) y Finlandia (0,7%), mientras que la inflación más alta la experimentaron Croacia (4,9%) y Austria (4,2%). En España, la inflación se mantuvo por encima de la media de la Eurozona (3,2%) y supone un ligero repunte de tres décimas respecto a la tasa que se registró en febrero. Entre las grandes economías de la moneda común, los precios registraron una tasa del 2,3% en Alemania y del 2,4% en Francia. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, adelantó tras la última reunión de la institución, en marzo, que el precio del dinero podría empezar a bajar a partir de verano si no hay cambios significativos en la economía. Y los datos de Eurostat parecen confirmar esta tendencia.