20240129

La situación de la economía alemana, con una contracción del PIB en 2023 y algunos indicadores como el clima de consumo o el clima de inversiones a la baja, generan preocupación y han puesto en el orden del día la pregunta de si el gigante económico europeo no se ha convertido en el hombre enfermo de Europa. La imagen del hombre enfermo de Europa fue usada con frecuencia para referirse a la crisis de la economía alemana en los años del cambio del siglo. Después vendría el programa de reformas de la llamada Agenda 2010, con recortes sociales y flexibilización del mercado laboral, que muchos vieron como la medicina, amarga, para el hombre enfermo. En todo caso, durante décadas la imagen había desaparecido de la discusión política y económica pero ahora, en vista de los datos recientes, ha resurgido. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, tuvo que confrontarse con ella durante la cumbre económica de Davos y procuró zanjar la discusión recurriendo a otra imagen según la cual Alemania no es un hombre enfermo sino un hombre que tras una mala noche –la pandemia– y la crisis energética generada por la guerra de Ucrania, necesitaba un café muy fuerte. En el mismo sentido, aunque en términos más técnicos, respondió a la agencia Efe el director del Instituto de Investigaciones Económicas, Marcel Fratzscher. “Alemania no es el hombre enfermo de Europa”, respondió Fratzscher y añadió que, aunque la economía pasa por un periodo de estancamiento, tiene muchas fortalezas y señaló el alto nivel de empleo y el bajo nivel de paro y el hecho de que muchas empresas tienen beneficios altos. “Sin embargo, Alemania fue golpeada en dos frentes por la crisis energética. Por un lado porque la economía alemana depende en alto grado de las exportaciones y por otro lado antes de la crisis era dependiente del gas y del petróleo rusos”, explicó este analista. No obstante, para Fratzscher “el problema central de Alemania no es el desarrollo económico a corto plazo sino la transformación de la industria porque muchas empresas tienen dificultades en hacer inversiones y desarrollar nuevas tecnologías”.

La economía alemana, el motor de la UE, acaba de entrar en recesión al contraerse un 0,1% y un 0,3% en los dos últimos trimestres, sin que ningún indicador apunte a una mejoría inmediata. Su debilidad es consecuencia del escaso pulso del consumo, la alta inflación y el impacto de la guerra en Ucrania tanto sobre el coste de la energía –aún está pagando su antigua dependencia de Rusia– como sobre la cadena de suministros. Mientras una huelga de los maquinistas de ferrocarriles que finaliza hoy ha dificultado la movilidad de millones de personas y afectado de lleno a la industria, en la calle se suceden masivas movilizaciones de transportistas y agricultores en protesta por la desaparición de subvenciones al gasóleo financiadas con un fondo para la recuperación postcovid, un trasvase presupuestario declarado inconstitucional. Un creciente malestar social se ha apoderado de la principal potencia de la Unión, cuyo Gobierno –una coalición de socialdemócratas, verdes y liberales en permanente disputa– sufre un acusado desgaste por su falta de respuestas a las prioridades ciudadanas. El resultado de todo ello es un inquietante auge del partido de extrema derecha AfD, al que las encuestas sitúan como segunda fuerza en el país –solo detrás de los democristianos de la CDU– y con serias opciones de vencer en Brandeburgo, Sajonia y Turingia en las elecciones regionales de septiembre. La posibilidad de que acceda al poder una formación ultrarradical xenófoba, conectada con grupos neonazis y que ha sido relacionada con un tenebroso proyecto de deportación masiva de inmigrantes ha disparado todas las alarmas en una Alemania en la que continúa siendo alargada la negra sombra del Holocausto que siguió al triunfo de Hitler en las urnas. Las amenazas a las que enfrentaría en tal caso el sistema de derechos y libertades han suscitado un debate sobre la eventual ilegalización de AfD, una opción que plantea profundas dudas jurídicas y de oportunidad política. El populismo extremista ha encontrado un caldo de cultivo idóneo en el corazón de Europa. 

La economía española mantiene una cierta solidez, en un contexto muy complicado por el frenazo de la economía europea y los crecientes riesgos internacionales, pero se enfrenta a una ralentización este año, una vez que el efecto rebote de la recuperación económica se ha apagado totalmente, que la contracción de la economía europea ha hecho mella en las exportaciones, que la inversión se ve laminada por la subida de tipos de interés y que el consumo se ve golpeado por la subida de los precios y el encarecimiento de las hipotecas en los últimos años. Además, el prometido efecto positivo que podrían suponer los fondos europeos del Plan Next Generation se ha ido diluyendo y aplazando progresivamente. Todo ello preludia un año con un crecimiento bastante más débil que el del pasado ejercicio. Y, además, los principales riesgos de desviación apuntan a la baja. Especialmente, la posibilidad de que la escalada bélica en Oriente Próximo prolongue el cierre del Canal de Suez, lo que podría provocar la falta de determinados suministros y una nueva vuelta de tuerca a la espiral inflacionista, ahora que la subida de precios se estaba moderando. Las previsiones de las principales casas de análisis muestran un cierto vigor si se comparan con las de otros países occidentales, pero no son especialmente halagüeñas. Los principales analistas reunidos en el consenso de la Fundación de Cajas de Ahorros anticipan un crecimiento del PIB en torno al 1,6% este año, si bien algunas casas reducen este ritmo al 1,2%, como es el caso de Oxford Economics. Y el mercado laboral, que había sido el gran baluarte del consumo y de la actividad el año pasado, con la creación de 783.000 empleos en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo de 2022, está dando ya algunas señales de alerta.

La economía española registrará este año el crecimiento más bajo desde la pandemia, pero la incógnita es cómo de intensa será la desaceleración. El Gobierno la prevé hasta ahora muy suave con un crecimiento económico del 2% este año, frente al 2,4% de 2023. Fue fijada en la etapa de Nadia Calviño y aún no la ha modificado su sucesor, Carlos Cuerpo. Sin embargo, el frenazo en la Eurozona –y por tanto de los principales clientes de España– la escalada en Oriente Medio y factores internos como la inestabilidad política –que debilita la inversión –o la pobre ejecución de los fondos europeos pesan en contra. Eso hace que cada vez sean más los organismos que ven excesivamente optimista –no es la primera vez– la previsión oficial del Gobierno tanto de crecimiento como de cumplimiento del objetivo de déficit. A la espera de que el Fondo Monetario Internacional publique sus previsiones este martes –en octubre auguró un 1,7% para 2024– son ya una veintena de organismos nacionales e internacionales los que prevén que el ritmo de crecimiento de la economía española apenas superará la mitad del alcanzado en 2023. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha actualizado su previsión para este año y la deja en un 1,7%. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, pasa así el mensaje a Cuerpo, de que si quiere que el cuadro macroeconómico de los presupuestos para 2024 cuente con su imprescindible aval, no debe intentar forzar, como hacía su antecesora, e ir más allá del 2% que ya es optimista y al límite. 

Entre las ciudades más grandes, las doce que hay de más de 300.000 habitantes, Bilbao es la que tiene porcentualmente más locales comerciales vacíos, un 35%, el doble que Barcelona (18,35%) o Madrid (17,18%), según refleja un estudio realizado por dos consultoras para los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona. La capital vizcaína está a la cola en el proceso de revitalización de negocios tras el caos que provocó la pandemia en el sector y es además la que tiene menos locales operando en calles «excelentes o buenas». Independientemente de los motivos, la desaparición de negocios tan relevantes cuadra con los resultados de un estudio que el observatorio económico digital Eixos y la consultora Deloitte han realizado para los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña. El informe, que analiza la situación de 253.000 tiendas situadas en las doce ciudades españolas de más de 300.000 habitantes –suponen cerca del 25% del parque total de establecimientos de España–, concluye que de media un 20% de las mismas están desocupadas. En Barcelona, concretamente, el porcentajes de inmuebles en desuso es del 18,35%. El ranking de la excelencia lo encabezan Murcia, con una tasa de ocupación del 94,74%, Sevilla (88,22%), Las Palmas (85,65%) y Madrid (82,20%). En el extremo contrario aparece Bilbao, que cierra la tabla con el 35% de sus inmuebles vacíos, pese a mantener un imán entre las principales marca de moda nacionales y colocar a la Gran Vía, el principal eje de Euskadi, entre los más caros de España. 

La rentabilidad de las naves industriales en Gipuzkoa vive un gran momento. Incluso por encima de la que aporta la vivienda o las plazas de garaje, dos de las inversiones más seguras y tradicionales en Gipuzkoa. Según los datos de Areizaga Inmobiliaria, a los que ha tenido acceso DV, el retorno financiero de estos inmuebles comerciales –que sirven a las empresas para almacenar y distribuir sus productos y materiales– alcanza hasta el 7% en nuestro territorio. Cabe recordar que esta rentabilidad resulta del cociente entre el precio de compra de la propiedad y las ganancias por el alquiler en un año. ¿Pero cuáles son las causas que explican este fenómeno? Fundamentalmente una: el ‘boom’ del comercio online, que ha elevado la demanda de estos pabellones. Y es que la transformación sufrida en la economía en la última década, con especial énfasis en los dos años de la pandemia, ha hecho que el sector productivo haya reducido su presencia. Por contra, la actividad económica ha ganado enteros en el almacenamiento y distribución de productos importados. Además hay que unir el fenómeno de la venta por internet, que ya no solo cuenta con Amazon como principal actor, sino que muchísimos otros comercios tradicionales se están adaptando al comercio online. Así, la demanda de naves logísticas que puedan almacenar y ser nudos de distribución de estas mercancías está en pleno auge en todo el país. También en Gipuzkoa, con gran potencial debido a su posición geográfica, tan cerca de la muga.

La imagen de un coche enchufado a una toma de energía para ‘repostar’ su batería empieza a ser, poco a poco, cada vez más habitual en Vitoria. La capital ha metido otra marcha en su red de ‘electrolineras’ y tiene ya cerca de cuarenta áreas tras duplicar las estaciones en el último año, según el recuento realizado y la cifra de conectores ya se acerca a los 150. Se trata de un importante acelerón dentro la ruta hacia la descarbonización de la Green Capital, aunque todavía quedan muchos pasos por delante, según opinan las organizaciones de automovilistas y del sector de la automoción. El avance de Vitoria en la infraestructura de cargadores se produce en un momento en el que los llamados vehículos ‘sin emisiones’ van ganando presencia. La ciudad cuenta con cerca de 800 vehículos 100% electrificados tras un estirón del 35% en el pasado año, mientras que otros 4.800 son híbridos (dentro de los cuales se encuentran los enchufables). Entre todos representan algo más del 3% del total del parque móvil local: unas 5.000 unidades. Y, cabe recordarlo, la mitad de los coches vendidos en Euskadi el pasado año fueron híbridos o eléctricos según los últimos datos de las patronales del sector –Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores)–. Tras la progresiva implantación en los últimos cursos de ‘enchufes’ en gasolineras, parking públicos, ‘súper’ y otras zonas, la cifra de ‘electrolineras’ ha experimentado el pasado año un importante estirón tras la instalación de 21 estaciones de carga ultrarrápida en diferentes ubicaciones de la Green Capital con 84 ‘enchufes’.

“Ni Madrid ni Barcelona ni Bilbao tienen un horizonte claro de hacia dónde tienen que ir en los próximos veinte años”, denuncia sin dudarlo Ramon Gras, investigador de la Universidad de Harvard. Basa su afirmación en la quincena de bases de datos estadísticos que ha utilizado para escribir junto a su socio Jeremy Burke una suerte de manual de urbanismo basado en la ciencia de datos titulado City Science. Performance follows form (Ciencia de la Ciudad. El rendimiento sigue a la forma), publicado por su empresa Aretian y cuyas conclusiones se basan en los resultados obtenidos de un centenar de ciudades. Entre ellas se hallan las tres áreas metropolitanas españolas con una economía más desarrollada y que se sitúan entre las cinco con mayor renta per cápita del país, pero que a nivel global no quedan muy bien paradas: no sobresalen en casi ninguna actividad económica, importan más de lo que exportan y si bien atraen talento extranjero, este no es de primer orden. “Los mejores de las finanzas no quieren ir a Madrid, sino a Londres o Nueva York, y quienes quieren hacer una industria fuerte piensan en Múnich o Stuttgart, no en Barcelona”, dice Gras. La clave para darle una vuelta, como ha ocurrido en otras ciudades de EE UU, es la capacidad de crear ecosistemas en los que no solo convivan industria y universidades, sino en los que se produzca un intercambio bidireccional de conocimiento y tecnología para alimentar el ciclo virtuoso. La tónica general en España, sin embargo, es toda la contraria: compartimentación. Madrid o Barcelona fracasan a la hora de vincular empresa y universidad. Los parques tecnológicos del País Vasco tienen una buena reputación entre la industria española. Xabier Arruza, coordinador de Bilbao Urban, cree que el Gobierno vasco sí que ha hecho su trabajo: hizo la diagnosis y apostó por determinados campos de trabajo apostando fuertes cantidades de dinero. “Las ciudades medianas son las que emergen: Boston, Nashville, Austin o Madison, que es una de las ciudades líderes en patentes porque se han centrado en medicina e ingeniería y hace más que Barcelona pese a tener apenas medio millón de habitantes”. Por ello el urbanista apuesta por que Bilbao se ponga como objetivo tener 250 empresas de robótica y 50 con carácter de liderazgo. Y fortalecer su músculo universitario, otro de los déficits que señalan sus modelos. Es la ciudad que más éxito ha tenido para salvar su peso industrial, que es de un 23%, y que mantiene un buen grupo de manufactura fina. Por ello todavía confía en que pueda convertirse en la Pittsburgh europea.

La retención del talento es ya la cuestión que más preocupa a los presidentes y consejeros delegados de las grandes empresas. Sin embargo, muy pocos están en condiciones de afirmar que se encuentran preparados para afrontar este desafío y que están poniendo todos los medios a su alcance para evitar la fuga de cerebros en esta batalla por el capital humano. Es una de las principales conclusiones de dos encuestas realizadas por LLYC a CEO y senior managers, que están recogidas en el informe Forecast Tendencias Corporativas 2024, un amplio ejercicio de reflexión que concluye que la geopolítica, la inteligencia artificial y la polarización van a impactar en la gestión del talento y en las relaciones con el cliente, y que el desfavorable contexto económico mundial es también fuente de preocupación. «Los hallazgos de este trabajo de prospectiva nos llevan a reclamar la imperiosa necesidad de que la alta dirección empresarial debe ampliar su presencia social para conectar mejor con el momento que vivimos», asegura Iñaki Ortega, director general de LLYC Madrid y coordinador del informe, que incide en que «la geopolítica convertida en una cuestión económica, la disrupción de la IA, así como la inquietante polarización exige una agenda empresarial nueva y pegada a la nueva realidad (...) De otra manera, clientes, empleados y sociedad se irán alejando de las empresas», advierte.

Según los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) los salarios están comiendo terreno a los márgenes empresariales en el peso sobre la riqueza nacional y ya superan el nivel medio histórico, mientras los beneficios se siguen resintiendo. Las empresas están subiendo los sueldos y contribuyendo al crecimiento económico, mientras siguen sin recuperar el margen previo a la pandemia y los beneficios están todavía muy por debajo de la media histórica. Así lo pone de manifiesto un informe de Arcano Economic Research, que analiza la evolución del peso de los salarios y de los márgenes empresariales en la renta nacional bruta y concluye que los primeros no sólo han recuperado el nivel prepandemia sino que están por encima del peso medio registrado entre los años 1999 y 2023, mientras que los segundos siguen lejos de ambas referencias en estos momentos. En concreto, los datos recopilados por los economistas Leopoldo Torralba e Ignacio de la Torre muestran un descenso de los márgenes empresariales desde el 27% en 2019 hasta el 25,3% en la actualidad. Inicialmente, los beneficios cayeron con fuerza en 2021, hasta el mínimo del 21,7%, y posteriormente se fueron recuperando, aunque aún están casi dos puntos por debajo del nivel previo a la crisis de la Covid y muy alejados del 27,8% registrado en promedio desde 1999. En el mismo periodo, el peso de los salarios sobre la economía, que es el principal catalizador de los movimientos de los márgenes , ha repuntado desde el 46,5% hasta el 48,3%. 

Las compañías energéticas están manteniendo negociaciones con el Gobierno para intentar encontrar una solución cuanto antes a la encrucijada en la que se encuentra en estos momentos el denominado impuestazo, la tasa extraordinaria que se creó hace dos años contra grandes empresas. Fuentes del sector energético indican que se están manteniendo reuniones “técnicas” a varias bandas de las empresas más afectadas, entre las que destacan Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola y Naturgy, con los distintos departamentos ministeriales a los que, de alguna forma, atañe este gravamen: Transición Ecológica y Hacienda. Las reuniones también incluyen a técnicos de Moncloa. La intención es acelerar al máximo el “rediseño” de la tasa que propuso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a finales del pasado año. Los encuentros se centran en buscar un mecanismo, tanto jurídico como fiscal, para empezar a aplicar ese rediseño cuanto antes, de manera que el impuesto se empiece a suavizar ya o, incluso, en la práctica, se anule gracias a desgravaciones a contabilizar este mismo ejercicio. Los contactos se están teniendo a contrarreloj ya que si no se hace nada de forma inmediata, la tasa sigue vigente en su estado original y el próximo mes de febrero las empresas tendrán que proceder al pago de la primera liquidación de las dos que hay a cuenta del ejercicio 2023. El otro pago se realiza en el mes de septiembre. El pasado año, las seis mayores energéticas de España –Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Acciona y EDP– pagaron un total de 1.500 millones de euros por el impuestazo.

Stellantis produjo en 2023 el 40,9% de los coches que salieron de las fábricas españolas. En total, fueron poco más de un millón de vehículos ensamblados entre sus factorías de Vigo, el mayor centro de producción de España, que se encarga de hacer todas las furgonetas pequeñas del grupo y el exitoso Peugeot 2008; Figueruelas (Zaragoza), que hace modelos como el Opel Corsa y el Peugeot 208; y Madrid, que hace el Citroën C4. Sobre estas tres fábricas se ha posado un interrogante a futuro: la compañía quiere hacer dos grandes inversiones en el país, que en conjunto sumarían en torno a 4.000 millones de euros, pero está a la espera de obtener todos los fondos públicos posibles de los Perte del motor. El viernes, el presidente de Renault España, Josep Maria Recasens, se reunió con Hereu en la sede del ministerio para hablar de “los proyectos industriales de Renault”. En el encuentro, el ministro le trasladó a Recasens la voluntad del Gobierno de “impulsar proyectos que permitan al país avanzar en la transición industrial al coche electrificado”. Las fuentes consultadas señalan que el diálogo entre Stellantis y el Ejecutivo “es bueno y fluido”, pero la compañía tiene prisa en saber ya con qué fondos contará. Si bien el grupo tiene claro que quiere realizar estas inversiones en España, ya que las plantas nacionales son de las más productivas de la compañía, Carlos Tavares, consejero delegado de Stellantis, aseguró en la presentación de la STLA Large que está a la espera de “las subvenciones adecuadas” por parte del Ejecutivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en una máquina de crear empleo público: el número de funcionarios se ha disparado en más de medio millón en poco más de cinco años. Este colectivo, formado por policías, sanitarios, profesores, administrativos… pero también ministros, altos cargos y asesores del Ejecutivo, se convirtió en uno de los grandes motores de la recuperación tras la debacle que provocó la pandemia. Se necesitaban más que nunca médicos, enfermeras, psicólogos... para combatir el virus, pero también profesores para unas clases más fragmentadas y administrativos para gestionar todas las prestaciones y ayudas que hubo que poner en marcha. La crisis sanitaria ha pasado, pero aún así el empleo público sigue teniendo un peso muy importante, primordial, en el crecimiento del mercado laboral español. De los más de 1,8 millones de nuevos afiliados medios que se han dado de alta en los últimos cinco años y medio, casi 520.000 se concentran en la Administración; es decir, más de uno de cada cuatro nuevos puestos, según datos extraídos del Ministerio de Seguridad Social. Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, en junio de 2018, había en España poco más de 2,46 millones de funcionarios. En la actualidad, su número se ha disparado en más de un 21% hasta rozar por primera vez en la historia los tres millones. Nunca antes se había visto un ritmo de creación de empleo público tan espectacular, que duplica con creces el 9,6% que ha avanzado la afiliación con carácter general en este periodo.

La Administración Pública padece desde hace décadas una disparatada temporalidad que no consigue atajar. Un 30% de los empleados públicos son temporales, es decir, no cuentan con un puesto fijo, sino que tienen una fecha de caducidad. Esta temporalidad que duplica a la de las empresas es un problema conocido y para el que se ha aprobado una ley que persigue reducirla al 8%, aunque por el momento ha servido de poco. Pero lo que hasta ahora se desconocía era que el nivel de precariedad llega hasta tal punto, que un 10% de toda la plantilla firma contratos de menos de seis meses o incluso de prácticas. Concretamente, el Estado y las comunidades autónomas tienen 224.000 efectivos con un contrato como personal laboral con una duración inferior a seis meses, mientras que hay otros 70.000 que han suscrito un contrato de formación o prácticas. Así lo reconoció recientemente el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública tras publicar el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Este documento, que es el que ofrece de manera oficial una radiografía del empleo público en España, incorporó en su última edición una serie de cambios «para dar una imagen más fiel del empleo público» e incluyó por primera vez «todos los contratos temporales» suscritos por la administración, también los inferiores a seis meses y los de formación, según explicó el ministerio dirigido ahora por José Luis Escrivá. Esto ha permitido aflorar a prácticamente 300.000 trabajadores públicos que hasta ahora no se contabilizaban. 

Azken asteak hainbat gako utzi ditu esparru ekonomikoan. Yolanda Diaz lan ministroak lanaldiei buruz esandakoak hizpide izan ditugu aste honetan. Bankuen astea ere izan da, finantza erakunde nagusiak 2023ko emaitzak aurkezten hasi dira, eta EBZk tasak uda partean jaitsiko dituela iradoki du. Gehiago irakurri hemen. 

La patronal CEOE ampliará su presencia en Bruselas, para potenciar su labor como grupo de presión ante las instituciones de la Unión Europa. Y, por lo tanto, ha decidido comprar un edificio, para que sea su nueva  sede, en lugar de la oficina alquilada en la que estaba hasta ahora. En la operación ha invertido seis millones de euros, según las fuentes empresariales conocedoras de la operación consultadas. Por lo tanto, la patronal abandonará las oficinas en las que está ahora y se trasladará a un nuevo edificio en el mismo barrio europeo, para estar cerca de las instituciones europeas. Cerca del Parlamento Europeo. Bien es verdad que hasta ahora la sede de la confederación empresarial estaba en la céntrica Avenida de Cortenbergh, pero la creciente presencia de delegaciones empresariales españolas en la capital administrativa de Europa ha obligado a la patronal a aumentar sus oficinas. Ahora que lo ha podido hacer con recursos propios, sin necesidad de pedir un préstamo. “Se ha decidido ampliar la sede de la delegación de CEOE en Bruselas como parte de la estrategia de potenciación de los asuntos europeos en CEOE”, explicaron fuentes de la patronal. Los mismos medios añadieron que la organización, que preside Antonio Garamendi, “está reforzando el equipo de la delegación, para trabajar en los diferentes ámbitos de los asuntos europeos”. CEOE ha decidido subir las cuotas a sus asociados un 3,4% para este año. Por lo tanto, el importe de la vocalía, por representantes de las diferentes patronales en la Junta Directiva es de 10.431 euros al año. CEOE ha tomado esta decisión porque en los últimos tres años, 2021-2023, la inflación ha subido un 18%, mientras que las cuotas de los socios aumentaron un 10,5%. A estos ingresos hay que añadir las cuotas particulares de las grandes empresas y las subvenciones del Gobierno.

Los profesionales autónomos de la construcción representan casi un tercio del total de los trabajadores del sector y a partir de ahora tendrán su propia patronal. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), organización mayoritaria en el sector, prepara la creación de una asociación para el colectivo que aspira a representar a los 400.000 empleados que lo constituyen. La CNC, en colaboración con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), pondrá en marcha la Asociación de autónomos de la construcción de España (CNC Autónomos) bajo la presidencia de Rafael Sánchez Alcalá, quien también preside Fadeco Contratistas, la patronal andaluza de la construcción, desde mediados de 2018. El sector de la construcción aglutina a más del 12% de los autónomos en España, que ya escalan por encima de los 3,3 millones, y la nueva organización abogará por impulsar la prevención de riesgos laborales, específica y adaptada a las peculiaridades de los trabajadores autónomos. El 95% de las empresas del sector son pymes o autónomos. Una de las líneas de trabajo de la organización es promover la adhesión de los autónomos y sus empleados, en caso de tenerlos, al plan de pensiones sectorial del sector de la construcción, un plan instrumental de prestaciones complementarias que buscará dotar de una mayor protección a autónomos y trabajadores en su jubilación futura.

El sector del servicio doméstico, ocupado mayoritariamente por mujeres, es uno de los más beneficiados por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque esta es la remuneración que se aplica en la mayoría de los casos. Su incremento en un 54% desde 2018 hasta alcanzar este año los 1.134 euros (1.323 en doce pagas) ha supuesto una notable mejora para las trabajadores, muy afectadas por la precariedad. Este aumento de la remuneración ha ido acompañado, además, de un fuerte alza de las cotizaciones sociales, no solo por la subida de la base sino porque se les han reconocido por fin derechos como el desempleo. Todo ello ha hecho que el coste para las familias empleadoras se dispare. En concreto, el salario para una jornada completa junto con las cotizaciones a la Seguridad Social ha pasado desde los 1.024 euros hasta los 1.618 (las cifras no incluyen la cuota que corresponde al trabajador). Se trata de un aumento de casi 600 euros al mes, un 58%, que encarece notablemente este servicio al que muchos hogares vascos recurren para el cuidado de mayores y niños, además de para las labores de casa. El desglose es el siguiente. En primer lugar el salario mínimo, que ha pasado de 858 euros en 12 pagas en 2018 a 1.323 este año, después de que el Gobierno haya aprobado un nuevo incremento del 5% para el presente ejercicio, en medio de un duro enfrentamiento con la patronal CEOE. A ello hay que sumar que las cotizaciones sociales a cargo del empleador han engordado desde los 166 euros hasta los 294 en los últimos seis años. El motivo está en que han subido las bases y, además, desde octubre de 2022 se cotiza por el desempleo al entrar en vigor la normativa que reconoce el derecho al paro de estas trabajadoras.

Los ataques al crucial tráfico marítimo en el mar Rojo por parte de la milicia yemení de los Huthi –un efecto colateral de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza– están inyectando una nueva dosis de inestabilidad en una economía mundial que ya lucha contra crecientes tensiones geopolíticas y que a duras penas ha terminado de recuperarse del impacto de la pandemia. En España, un bloqueo a largo plazo de las navieras amenaza con afectar la cadena de suministro e impactar en los precios finales de venta en sectores tan dispares como el textil, la automoción o la alimentación. Sin embargo, economistas y empresarios creen que existe una sobreoferta que, hasta ahora, ha minimizado el impacto de esta crisis. “El país tiene una sobrecapacidad importante que puede atenuar las secuelas del transporte”, explica Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas. A nivel sectorial, una industria tan importante para el país como el motor –es el segundo fabricante de vehículos a nivel europeo– ha resistido el retraso de las embarcaciones gracias a lo aprendido en la crisis sanitaria. Faconauto, asociación que representa a los concesionarios españoles, señala que de momento no tienen constancia de que esté habiendo escasez de algún modelo o marca en concreto. Esta patronal afirma que en 2022 y principios de 2023, debido a la crisis de microchips y la escasez de componentes, los concesionarios daban largos tiempos de espera a sus clientes por la falta de coches, pero esa situación se ha revertido con la mejora del suministro.