20240407

¿FP o Universidad? «Los nuevos tiempos, así como las necesidades del tejido productivo, hacen necesario superar esta clásica dicotomía y plantear ambos estudios como complementarios entre sí». El viceconsejero de FP del Gobierno vasco, Jorge Arévalo, lanzó esta reflexión durante la presentación de la campaña de matriculación de FP. Esta disyuntiva ha guiado, durante muchos años, la elección de las familias a la hora de matricular a sus hijos en estudios superiores. Desde hace un tiempo, las instituciones implicadas buscan incentivar al alumnado para que, por qué no, combinen FP y Universidad. Por eso, el Departamento de Educación ha dado un impulso a lo que se conocen como pasarelas FP-Universidad. Fue algo que se puso en marcha en 2017, pero que este curso han llegado a su máxima expresión. Desde septiembre, hay 75 ciclos de Grado Superior de FP que ofrecerán el curso que viene el paso a 59 grados universitarios. En total son 264 pasarelas establecidas con reconocimiento de créditos universitarios, ya que algunas FP dan acceso hasta a doce carreras universitarias, sobre todo en los itinerarios industriales. Por ejemplo, de Automatización y Robótica Industrial se puede pasar a Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en Energía...La fórmula es la siguiente: a los alumnos que cursan un ciclo formativo de Grado Superior se les reconoce un número determinado de créditos universitarios. En algunas carreras se les convalida hasta 60 créditos, el 25% del total. En la FP Superior, los estudiantes pasan, como mínimo, cuatro meses en dos empresas distintas; si se trata de un grado dual, el segundo año completo lo cursan en una empresa. Luego dan el salto a la facultad, donde pasarán otros tres años naturales, de los cuales al menos uno hacen prácticas en empresas. Resultado: en cinco años han pasado por lo menos por tres o cuatro empresas y obtienen una doble titulación superior. Las empresas se pegan por atraer ese talento. «Son perfiles muy cotizados, sobre todo porque conocen el mundo real. Son una perla para las empresas», señala Julen Elgeta, presidente de Hetel, la principal asociación de centros de FP concertados de Euskadi. 

«Siempre tuve en la cabeza hacer una carrera universitaria», asegura convencida Izaskun Álvarez. Tras el bachillerato, esta joven estuvo dos años en Pamplona estudiando Ingeniería Industrial pero no estaba a gusto con la elección que había hecho. «No era lo que me había imaginado». Decidió darle un giro a su formación y se decantó por la Formación Profesional. En concreto, por apuntarse a un grado superior de Robótica. «Quería algo más práctico para ver si me gustaba de verdad. Me lo recomendaron». Y al final lo hizo. Dos años después, la experiencia fue inmejorable en todos los sentidos. «Es mucho más práctico que la universidad, me gustó más», relata. «Ves hacia dónde van las cosas, tocas el mundo real». «Mucha más gente debería hacerlo antes de pasar a la facultad», considera. En su caso, le sirvió para confirmar que, efectivamente, le apasionaba el mundo de la Robótica. Estudió en Salesianos de Deusto, que tiene un convenio con la Universidad de Deusto y comenzó Ingeniería Robótica. Ahora está cursando las prácticas. Le convalidaron un curso entero, por lo que en cinco años se plantará con un título de FP y otro universitario, además de con una amplia experiencia en empresas. «Me alegro de haberlo hecho así, pero de haberlo sabido lo habría hecho desde el principio», revela. El de Izaskun no es el único caso de un alumno que hace el recorrido a la inversa; es decir, de la universidad a la Formación Profesional. Según cifras ofrecidas por Hetel, la principal asociación de centros de FP concertados de Euskadi, uno de cada diez estudiantes de Grado Superior en Euskadi viene de la facultad. 

La experiencia es un grado, pero carece de un título que colgar en la pared y no siempre es fácil avalarla en un currículum. El Procedimiento de Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales (PEAC) se creó para reconocer los conocimientos adquiridos durante la carrera laboral, una forma de transformar los aprendizajes obtenidos ‘a pie de obra’ a través de un examen adaptado a los alumnos que necesitan obtener un certificado oficial. La Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek) trabaja para divulgar esta salida que beneficia tanto a los trabajadores, que agilizan su camino a la obtención de un título reconocido, como para las empresas, que pueden acreditar las competencias de aquellos empleados que se han ganado durante años su confianza y optar a contrataciones que exigen titulaciones modernas. «El PEAC permite a los profesionales obtener un título oficial ya sea de forma directa o a través de las unidades de competencia que funcionan como una moneda de cambio para convalidarlos», detalla la técnico de formación profesional de Cebek, Begoña Pereda. El PEAC recoge hasta 26 familias profesionales de las que 23 se ofertan en Euskadi. Entre ellas se incluyen áreas tan demandadas como la de actividades físicas y deportivas, administración y gestión, la agraria, la fabricación mecánica, química o sanidad. En el Cebek ofrecen un servicio de asesoramiento que persigue tanto divulgar el programa, como resolver las dudas de los departamentos de recursos humanos y actuar de enlace entre la empresa y el órgano técnico. También quieren orientar a los trabajadores sobre los centros de Formación Profesional más adecuados a sus perfiles, en los que emprender el camino para obtener la titulación o llegar a complementarla.

La indemnización media por despido en Euskadi se sitúa en 13.099 euros, la más alta del Estado. En 2022, último año del que hay datos, se incrementó en 1.550 euros por las extinciones de los contratos indefinidos a tiempo completo, cuyo coste de despido se eleva a 16.500 euros. La indemnización media por despido en Euskadi es la más alta del Estado y se situó en 2022, último año del que se tienen datos, en 13.099 euros. Además, registró en tan solo un año un aumento de 1.550 euros, impulsada por las extinciones de contratos indefinidos a tiempo completo, que son como es lógico, los más caros. Estos datos, que pertenecen al Ministerio de Trabajo, sirven para situar el tema del coste de los despidos en un momento en el que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha fallado que la regulación española del despido improcedente no respeta la Carta Social Europea ya que no siempre se resarce al afectado en su justa medida, con lo que deberá adecuarla para que tenga en cuenta los perjuicios personales que implica para el trabajador. Tras la reforma laboral implementada por Mariano Rajoy en 2012 la indemnización por despido improcedente pasó de los 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades a 33 días con un tope de 24 mensualidades. El CEDS ha dado la razón a UGT y CC OO, que habían planteado sendas reclamaciones para endurecer el despido. Y el Comité Europeo de Derecho Humanos se ha pronunciado en la misma línea en la que ya lo había hecho en 2016 para otros países –Finlandia, Italia y Francia–, con lo que ha cogido por sorpresa a las autoridades españolas, que deberán adecuar la legislación, un compromiso que ya se contemplaba en el acuerdo de Gobierno del PSOE y Sumar.

La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, señala que el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales que obliga a España a modificar la indemnización por despido improcedente, endureciéndola, conllevará más conflictividad porque dificulta los acuerdos de conciliación, y también complicará la labor de los tribunales al tener que tener en cuenta circunstancias personales. "El tema ya estaba siendo debatido en los tribunales españoles porque algunos Superiores de Justicia habían determinado que la regulación española es contraria al artículo 24 de la Carta Social Europea, que ya había sido interpretada por el propio comité para varios países –Finlandia, Francia e Italia– en 2016. Siempre ha dicho el comité que la regulación de una indemnización que esté limitada y no permita atender a los concretos perjuicios y daños que sufre un trabajador por el despido es contraria a la Carta Social Europea. Ahora ha vuelto a pronunciarse en el mismo sentido...En nuestra sala hemos considerado que en tanto el legislador español no modificara la regulación y no hubiera una resolución expresa del comité continuábamos aplicando la regulación vigente: 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades para el improcedente...Para los tribunales se complica porque además de decidir si un despido es procedente o no habrá que añadirle un debate distinto que es el de la indemnización caso por caso...No sabemos qué decisión va a tomar el Gobierno. Si va a impulsar una reforma, una cuestión que está barajando. El programa de Gobierno contempla, aunque no concreta, que se adecuará la regulación del despido a la Carta Social Europea. Puede decidir impulsar una reforma del Estatuto de los Trabajadores o no, y habrá que ver en todo caso en qué linea. Puede determinar que a esa indemnización general de 33 días se le puede añadir una particular por los perjuicios de cada persona. O puede introducir otros criterios, como la edad. ¿Cómo va a jugar la edad? Porque no necesariamente es más perjudicial ser despedido con 62 años que con 40... Otro criterio pueden ser las cargas familiares. O puede dejarse abierto y que sean los tribunales quienes determinen el grado de daño y de perjuicio que una persona ha sufrido por un despido..."

La empresa ha pedido las licencias para ampliar la infraestructura de Rivabellosa, que prestará servicio a Facebook, WhatsApp e Instagram. Medio año después de poner en servicio su primera fase, Merlin Properties pisa el acelerador en el centro de datos de Arasur. La empresa gestora de esta infraestructura ha solicitado ya los permisos de obra para levantar el segundo de los tres bloques que contempla su inversión en la infraestructura de Rivabellosa. Así lo han confirmado distintas fuentes consultadas. Adicionalmente, la propia empresa ha incluido el segundo bloque del centro de datos como uno de sus proyectos en desarrollo en su última presentación de resultados. El actual bloque, que sólo supone la fase 1 del gran centro de datos, se puso en servicio el 30 de septiembre de 2023 y está ya ocupado al 100%. Según la propia presentación de resultados de la empresa, este segundo desarrollo ofrecerá otros 26.000 metros cuadrados para las empresas que deseen recurrir a los servicios de Merlin Properties. Se sumarán a los 17.600 que ya están funcionando para sumar más de 43.000 metros cuadrados de ‘data center’.

Compras por internet, pagos bancarios y transferencias, videos de Netflix o de TikTok o incluso las notas escolares. Todo está interconectado a través de lo que se conoce como la nube y que, aunque parezca ciencia ficción, pesa «mucho». Y es que aunque los servicios digitales estén disponibles prácticamente de manera automática desde cualquier punto del planeta, sí que tienen un lugar físico donde ocurre la interconexión y el cruce de datos de un servicio a otro. Es decir, lo que se produce en internet se procesa en una máquina física. Estas están alojadas sobre unos centros de datos que necesitan unas condiciones «extremas» y un consumo eléctrico «brutal» para que los servidores de las empresas no dejen de funcionar en ningún momento del día.

La demanda eléctrica (el consumo de luz que realiza el conjunto de la economía, desde los hogares a la gran industria) cayó un 2,3% el año pasado, la misma proporción que ya descendió en 2022, en plena crisis energética tras la invasión de Ucrania. A día de hoy, ese consumo es aún inferior al que registraba España en 2019, antes de la pandemia. Siendo una variable que siempre iba aparejada al crecimiento económico, ¿por qué no tira la luz mientras que el PIB sí lo hace? Para Antonio Delgado, CEO de Aleasoft, la caída de la demanda se explica «por el aumento de la eficiencia energética, en parte voluntaria y por los avances en la tecnología, y en parte forzada por los altos precios» de la luz; también por «el aumento del autoconsumo» y por la menor actividad industrial. A pesar de esta realidad, ya hay «primeras señales de una posible recuperación paulatina», indica, gracias a unas tarifas mucho más normalizadas. Tal fue la insistencia con ahorrar luz en el peor momento de precios que los españoles aprendieron la lección con creces. Desde Aelec (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica) apuntan a ese aumento de la eficiencia como una causa del menor consumo. «Los consumidores reaccionaron a la crisis y se volvieron más precavidos con cuándo y cómo hacían uso de la energía», indican en la organización. Todo cuenta: moderar las temperaturas de los aparatos; usar los modos ‘eco’ en electrodomésticos; hacer un uso intensivo de la luz en las horas baratas... y ser mucho más precavidos a la hora de contratar una tarifa adecuada. Cuando en el verano de 2022 el precio del kilovatio/hora (kwh) alcanzó puntas superiores a los 0,40 euros y las facturas mensuales medias superaban con creces los 100 o 120 euros, muchos consumidores decidieron cambiarse del mercado regulado a alguna de las opciones que las eléctricas les ofrecían en el libre. Fue entonces cuando el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, les recordaba cómo era mejor una modalidad con precio estable que un PVPC disparado como estuvo entonces. En los dos últimos años, casi dos millones de hogares han abandonado esa modalidad de precio regulado, cuyo coste varía cada día y cada hora. Entonces, pagaban hasta el doble que en cualquiera de las mejores modalidades del mercado libre.

La cesta de la compra ha sido, junto a la energía, el elemento que más ha sufrido la subida de precios en estos dos últimos años. Una tendencia que llega a a su fin. Así lo advierte el presidente de Uvesco, el grupo en el que se encuadran los supermercados BM, José Ramón Fernández de Barrena, al señalar síntomas de moderación en los precios en los primeros meses de este año. La segunda marca vasca de distribución, con cerca de un 20% de cuota de mercado, continúa su desembarco en Madrid, donde tiene ya una tercera parte de sus tiendas, es el octavo operador del mercado y acaba de comprar las 32 establecimientos del grupo Hiber. "La apuesta de Madrid empezó en 2017 y precisamente Hiber fue nuestra primera opción. La compra no salió entonces, pero ahora sí. Son 32 tiendas, 800 personas y 110 millones de ventas. Un salto muy importante en nuestra estrategia en Madrid que no empezó porque nuestro modelo no funcione en Euskadi. Es más bien una cuestión de cuota, aquí tenemos cerca de un 20% y es difícil abrir más tiendas sin que nos canibalicemos. En Madrid es más fácil crear nuevos emplazamientos. No es que nuestro modelo no dé más de sí en el País Vasco...Tenemos una pequeña estructura en Madrid y una plataforma logística, pero el centro de decisión y nuestras oficinas centrales, desde las que dirigimos el grupo, las seguimos manteniendo en el País Vasco...Lo que ha pasado es que somos el último eslabón de la cadena de alimentación y cuando hemos subido precios ha sido para repercutir las tarifas de nuestros proveedores, no podemos evitar hacerlo porque nuestras rentabilidades son muy bajas, están en torno al 2,5%. Y tenemos que hacer una inversión de unos 30 millones cada año para nuevas aperturas. Lo que hemos intentado es repercutir las subidas lo menos posible o incrementando la actividad promocional de descuentos...Lo que está ocurriendo ahora, y se está notando especialmente en los primeros meses de este año, es una reducción clarísima de la subida de los precios. Después de subidas en 2023 de un 10%, en enero fue de un 4%, en febrero de 3% y en marzo ya de un 2% interanual. Pero además está habiendo una recuperación en el volumen de compra. Hablamos ya de un cambio de escenario mucho más significativo..."

Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2023 los precios en los supermercados subieron de media un 38% frente a poco más del 6% que lo hicieron los salarios en ese mismo periodo, denuncia la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) en un informe realizado tras analizar la evolución de 122 productos de alimentación y droguería de gran consumo en siete grandes cadenas. Según este estudio, las principales subidas se observan en Carrefour (45%) y Alcampo (43%). Entre los alimentos, el aceite de oliva (225%), el azúcar blanco (91%), el zumo de naranja (81%), los huevos (67%), el arroz redondo (66%) y las zanahorias (65%) son los productos que más se han encarecido y las subidas también son significativas en otros como el yogur natural (58%), las rodajas de salmón (56%), los macarrones (55%), la barra de helado (55%) y la leche entera (53%). Por su parte, las menores subidas se dieron entre las frutas y verduras pero, aun así, superaron el 20% de media. El estudio de la OCU revela también que la mayor parte del incremento en los precios, al menos en los productos frescos, tiene lugar en origen, en los productores, aunque esto no tiene por qué implicar que tengan mayores beneficios, pues han soportado significativos aumentos de costes en los fertilizantes y los combustibles. Pero hay excepciones: alimentos como las manzanas y los plátanos han experimentado mayores subidas en los propios supermercados.

"El pasado 27 de marzo nos reunimos en Boston un centenar largo de amigos, alumnos, colegas, profesores, compañeros, aprendices, y admiradores a la vez, del profesor Michael E. Porter, en su querido “laboratorio de ideas, exploración de áreas de oportunidad y retos de futuro”, además –sobre todo– de escuela de formadores y generadores de impacto, en la Universidad de Harvard. Su larga vida profesional se recogía en un caso de estudio de la Harvard Business School (como no podría ser de otra manera, como los cientos que él ha escrito y/o dirigido): Intellectual Ambition at Harvard Business School: Professor Michael E. Porter (Ambición intelectual…). Base de nuestro trabajo reflexivo para celebrar y agradecer su enorme contribución, rendir tributo a su legado, además de dar testimonio sincero, por su intensa vida de trabajo, liderazgo generoso y activo, y generación de impacto en diferentes generaciones, organizaciones, países. Una larga vida profesional recogida en un caso, redactado a varias manos por profesores universitarios, líderes empresariales y sociales. Jefes de gobierno, líderes de las diferentes áreas de actividad y conocimiento que han constituido los principales nodos de actuación de la aportación de Michael E. Porter: Estrategia, competitividad, clusterización, progreso social, valor en salud y redefinición de los sistemas de salud, cocreación de valor, escuela de liderazgo, ciudades (en especial sus espacios y barrios marginales o abandonados). Todo un mosaico de iniciativas, modelos, conceptos y marcos de trabajo y solución a problemas y demandas complejas, anticipando espacios de futuro y poniendo a su disposición, los elementos clave para hacer posible las estrategias únicas y diferenciadas para su logro. Porter aportó valor, fue pionero en facilitar diseño de conceptos, modelos, aproximaciones y herramientas originales que siempre puso a disposición de todos, desde su compromiso esencial: “Formar formadores generadores de impacto en sus propias Comunidades”...

José Luis Escrivá (Albacete, 1960) estrenó el membrete del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a finales del año pasado. Todo se le presenta nuevo a este economista que pasó de la Autoridad Fiscal al Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2020 para hacerse cargo de la cartera de Seguridad Social a pocas semanas del confinamiento. Ya entonces, con los problemas del trabajo en remoto, tuvo que asumir que la Administración está muy lejos de los nuevos tiempos. Consolidar ese paso adelante digital será su gran empeño de legislatura junto a la idea de situar a España al frente de los avances tecnológicos. De momento, cuenta con una nueva sociedad pública que gestionará en menos de tres años en torno a 20.000 millones de euros en inversiones de fondos europeos. " En el mundo actual, la Administración General del Estado tiene que dotarse de una sociedad pública empresarial muy especializada en este ámbito. Iremos viendo cuáles son las acciones concretas que tiene que desarrollar el Estado a través de una entidad de estas características para reforzar su papel en la transformación digital...Con Telefónica buscamos preservar nuestros intereses nacionales...El Gobierno vigila la entrada de fondos en las redes de telecomunicaciones... Estamos exigiendo en determinados ámbitos regulatorios que las empresas inviertan en las nuevas tecnologías de conectividad fija. España ha logrado un 100% de conectividad en todo el territorio y vamos muy por delante de otros países europeos. Por ello, la obligación del Gobierno es asegurar que las empresas tengan capacidad para sostener la inversión y que exista un nivel de competencia elevado..."

Por cada parado que acude a una oficina pública buscando un empleo, tres preguntan a su círculo más cercano, según el INE. La preferencia por la agenda de contactos como método para encontrar trabajo pone en entredicho la eficacia del SEPE, entre cuyas tareas está la de “gestionar el sistema de protección por desempleo y garantizar la información sobre el mercado de trabajo”, según recoge su carta de servicios. “La política de inserción que se está llevando a cabo es manifiestamente mejorable”, advierte Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO. Jorge Calviño, vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH) y CHRO de AllFunds Bank. se suma: “Las oficinas públicas no son un sitio de referencia para encontrar un puesto de trabajo, no son competitivas”. Sin embargo, Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, incorpora un matiz que justifica los malos datos del SEPE: “Aunque por su carácter estatal es el organismo que fija el presupuesto y las directrices de las políticas activas de empleo —que el Gobierno fijó en 2.803 millones de euros para 2023—, son los servicios provinciales y autonómicos los que tienen las competencias para utilizar ese dinero. Y hay algunos territorios que lo dedican a pagar la nómina de los empleados o las reformas de los edificios en lugar de emplearlo en lo que deberían”, añade. Según los datos del sindicato, esta ausencia de dedicación conlleva que el 92% de los parados no haya recibido nunca una oferta de trabajo procedente de los servicios territoriales de empleo.

Los sueldos de los jóvenes que trabajan en las empresas del Ibex 35 han subido un 20% desde 2019, hasta quedar por encima de los 32.000 euros de media. Con todo, este incremento no ha sido suficiente para acabar con la brecha salarial que, históricamente, aleja su retribución de la de los boomers. En el último lustro, la diferencia con la remuneración de los trabajadores de más de 50 años se ha mantenido prácticamente estable, en el entorno de los 30.000 euros. El colectivo de trabajadores más experimentados ha pasado de cobrar 58.600 euros de media en 2019 a 64.819 euros en 2023, una subida del 10%, diez puntos menor a la que ha vivido el sueldo de aquellos compañeros que comienzan su carrera y 5,5 puntos por debajo de la inflación acumulada en España entre 2019 y 2023 (15,5%), según el análisis de los datos aportados por las cotizadas del selectivo español. Entre las empresas que mejor pagan a sus jóvenes trabajadores, destaca Enagás con 53.320 euros de retribución media. La gasista es la única en la que la retribución de los menores de 30 está por encima del umbral de los 50.000 euros anuales. El segundo y tercer puesto son para Acerinox (49.000 euros) y Merlin Properties (46.000 euros). Si atendemos al crecimiento, las campeonas son Solaria, donde los sueldos de los jóvenes se han disparado un 68% desde 2019, e Iberdrola, que ha elevado sus salarios un 49% en el periodo, ambas en una coyuntura de fiebre por las renovables. El contrapunto es Amadeus, que ha registrado una caída del 3% en las retribuciones de su plantilla de menor edad, solo superada por Repsol, donde el descenso en este tramo llega al 8%. El director de Randstad Research, Valentín Bote, aporta dos hipótesis para explicar el mayor crecimiento de los salarios de los más jóvenes: la mayor demanda de profesionales tecnológicos y la pronunciada subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el periodo estudiado. «En muchos casos, los profesionales tecnológicos están entrando en el mercado laboral con salarios por encima de los 30.000 euros, muchas veces con cantidades mayores que el salario medio», señala el experto en el mercado de trabajo.

Trabajar en una empresa familiar marca. Y lo hace de forma contradictoria. Para bien y para mal. Por un lado, las plantillas de este tipo de compañías, que generan el 67% del empleo privado en España (6,6 millones de puestos de trabajo), se muestran mucho más comprometidas que las del resto de sociedades: un 5% más. Y, por otro, la tasa de abandono del personal supera por mucho a la de las organizaciones no familiares: está un 8% por encima, según se desprende del informe La empresa familiar ante el nuevo entorno laboral: desafíos, obstáculos y fórmulas para impulsar el talento, elaborado por EY e IE University y cuyas conclusiones se adelantan en este artículo. Una cuarta parte de los empleados de las sociedades en manos de sagas tienen la intención de dejarlas (por el 17% del resto de compañías), de hecho, el 64% de ellos ya están en búsqueda activa de empleo. El descontento con el sueldo, la falta de oportunidades para ascender y también de flexibilidad son las razones que provocan la marcha de los empleados en cualquier tipo de organización, pero con mayor incidencia en las de carácter familiar, “que ofrecen salarios menos competitivos”, aprecia el estudio. De hecho, cuando un trabajador pasa de cobrar una retribución del percentil 10 (entre 20.000 y 40.000 euros anuales) a otra en el percentil 90 (de 60.000 a 80.000 euros) sus intenciones de abandonar la compañía se reducen una cuarta parte, frente a solo el 11% de las compañías en general.

La transición hacia el mundo de la electromovilidad, unido a un consumo en horas bajas, una elevada inflación y una economía mundial debilitada han llevado al gigante alemán Bosch a poner en marcha el engranaje de una amplia reestructuración de personal. El proveedor de automoción y grupo tecnológico alemán espera tiempos “más difíciles” en el futuro. “Los próximos años van a exigir mucho de todos nosotros”, reconoció hace un mes el presidente del consejo de administración de Bosch, Stefan Hartung, en la presentación de las cifras de negocio preliminares de 2023. Si bien Bosch volvió a crecer el pasado año con un volumen de negocio de 91.600 millones de euros, un 8% más que el año anterior, y un beneficio antes de intereses e impuestos de 4.600 millones de euros, un 5% más, Hartung dijo: “El año 2023 fue más difícil de lo esperado para Bosch. Con todos nuestros esfuerzos, conseguimos aumentar nuestras ventas y mejorar nuestra rentabilidad. Hemos progresado a pesar de los fuertes vientos en contra”. Por ello la cúpula directiva ha ido anunciado paulatinamente en los últimos meses sus planes de eliminar más de 7.000 puestos de trabajo en todo el mundo, de los cuales hasta 3.700 están en Alemania. Desde Bosch no quieren confirmar una cifra global exacta ya que, según indican, aún se está trabajando en las medidas de ajuste en las distintas divisiones.

El club comunitario busca protegerse de la competencia desleal de compañías y fabricantes chinos dopados por los subsidios estatales, de los efectos de la sobreproducción del gigante asiático y de la penetración de China en algunos de sus sectores claves. La idea, además, es avanzar para construir una autonomía estratégica; algo que implica que la UE debe no solo diversificar sus proveedores de bienes cruciales, sino también producir estos. De modo similar a EE UU, que busca blindar sus cadenas de suministro de la influencia de Pekín, la UE, donde China es el principal proveedor de algunos elementos clave como tierras raras, plantea “reducir el riesgo” de esa relación comercial. Bruselas considera al gigante asiático un “socio, competidor y rival sistémico” —con el foco cada vez más puesto en esto último—, y la apertura del mercado chino a las empresas europeas no es simétrica a la que la UE proporciona a los fabricantes chinos. Así, y en gran medida con China en mente, el Ejecutivo comunitario diseñó el año pasado una estrategia de seguridad económica que busca, entre otras cosas, el control de las inversiones extranjeras en la UE. También ha formulado reglamentos para controlar los subsidios a empresas extranjeras que puedan dañar el mercado único. Y ha introducido criterios de sostenibilidad y resiliencia en las subastas de renovables para favorecer la producción local.