20250321

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

Artículo de José Miguel Ayerza, director general de Adegi: "Hemos presentado recientemente los resultados de la Encuesta de Coyuntura Económica realizada a las empresas de Gipuzkoa. Los datos obtenidos reflejan un panorama de incertidumbre y retos significativos para el tejido empresarial. Uno de los aspectos más destacados de la encuesta es la creciente preocupación en el sector industrial, motor de la economía guipuzcoana. Casi una de cada tres empresas industriales señala la incertidumbre de los mercados como un factor crítico, mientras que el 42% de las empresas identifican la debilidad de la economía internacional como un factor de preocupación, a la vista del contexto internacional nada alentador. Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que absorben aproximadamente el 40% de las exportaciones guipuzcoanas, han proyectado un crecimiento económico débil para este año...La industria automovilística europea atraviesa una crisis estructural...Esta situación ya está afectando a las empresas guipuzcoanas, que deben enfrentar desafíos adicionales en materia de costos laborales y absentismo. Según la encuesta, el aumento de los costes laborales se ha convertido en la principal preocupación de las empresas, con un 53% de ellas, señalándolas como un factor crítico, el nivel más alto desde 2006. Otro de los factores de preocupación, concretamente en el tercer puesto y que está estrechamente ligado a la competitividad, es el absentismo. Son el 34% de las empresas las que muestran esta preocupación, +3,5 puntos más que el año pasado...Ante las incertidumbres y desafíos de competitividad descritos, en Adegi consideramos necesario abordar de manera conjunta las medidas necesarias que contribuyan a defender y fortalecer la competitividad de nuestra industria. En este sentido, son una buena noticia las iniciativas impulsadas por el Gobierno Vasco como la constitución del Grupo para la Defensa Industrial que analizará el impacto en la industria vasca, propondrá medidas para apoyar y fortalecer su competitividad, así como la Alianza Financiera Vasca...con el fin de consolidar Euskadi como un territorio atractivo para la inversión". 

Entrevista con el vicelehendakari Mikel Torres. El titular de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco destaca que las compañías "siguen pensando en generar estructura productiva para el futuro" a pesar de las "incertidumbres". A su juicio, la economía vasca está "en un buen momento" y aunque preocupan los aranceles de Trump, recuerda que las empresas ya pasaron por ello y "saben cómo responder a estas situaciones". "Pode­mos afirmar que estamos en un buen mo­mento por dos razones principales. La estructura de crecimiento es bastante homo­génea y desde el punto de vista de la ofer­ta no dependemos de un sector u otro, ya que la diferencia entre el sector más diná­mico, la construcción, y el más moderado, la industria, no llega al punto porcentual. Y por el lado de la demanda, observamos que el consumo privado y la inversión están contribuyendo de manera positiva y en el entorno o por encima de ese 2%...Confebask y sus patronales territoriales han perdido una gran oportunidad para hablar de esta cuestión (el SMI vasco) e introducir otros asuntos que preocupan a las empresas. Han perdi­do una oportunidad para que el diálogo y el acuerdo entre diferentes sea la caracte­rística fundamental de nuestras relaciones laborales, más aún cuando es preocupante que la sociedad vasca lidere la conflictivi­dad laboral en el Estado. La mera constitu­ción de la mesa de diálogo habría sido una gran ocasión para iniciar una fase de nego­ciación con el objetivo de tratar de alcan­zar un acuerdo en esta y otras cuestiones. Llama la atención que la patronal apele a la negociación colectiva para tratar la re­ducción de la jornada laboral y al mismo tiempo no entre ni siquiera a negociar un posible acuerdo interprofesional acerca del salario mínimo de convenio..."

En un escenario de fuerte crecimiento en España en 2024 (el PIB creció un 3,2%), en contraste con la anemia económica generalizada de las principales potencias de la zona euro, e incluso con Alemania en recesión por segundo año consecutivo, la inversión extranjera encontró en nuestro país una suerte de refugio, aunque con un foco catalizador muy concentrado en Madrid, que sigue siendo el gran imán para el dinero foráneo que decide apostar por el mercado español. La inversión captada por Madrid quintuplica a la recibida por Cataluña, que en 2024 ascendió a 4.922 millones de euros (el 13,4% del total), mostrando aún las secuelas del procés, que provocó que durante años el dinero foráneo desconfiara de su entorno político e institucional, situación que el nuevo Govern liderado por Salvador Illa busca revertir con su política de retorno a la “normalidad institucional” y un plan inversor a cinco años (ver información en página 29) para revitalizar la economía catalana y disputar a Madrid, que en 2018 la desbancó como primera locomotora regional del país, el liderazgo económico en España. Entre las dos autonomías aglutinaron más del 80% de la inversión extranjera contabilizada el año pasado (29.626 millones de euros); las quince comunidades restantes tuvieron que conformarse con los 7.187 millones restantes (menos del 20% del total). Tras Madrid y Cataluña, fue la Comunidad Valenciana la que mayor volumen de inversión extranjera directa captó: 1.105 millones (el 3% del global); seguida del País Vasco, con 1.069 millones de euros (el 2,9%); de Aragón, con 912 millones (el 2,5%), y de Andalucía, con 837 millones (el 2,3%).

La baja fiabilidad de la primera versión del Avril de Talgo, vendido a Renfe en 2016, junto con el déficit de capacidad productiva del fabricante, en el que acaba de desembarcar un consorcio público- privado vasco, han llevado a los rivales de Renfe a plantearse seriamente la opción de CAF como suministrador de la flota para la segunda ola de liberalización ferroviaria. Según fuentes próximas a las conversaciones, Iryo (Trenitalia), Ouigo (SNCF), Alsa y Eco Rail han pedido al fabricante vasco un producto que cumpla con los estándares para circular por los nuevos corredores abiertos a la competencia. Las mismas fuentes añaden que CAF ha aceptado el reto a partir de la tecnología que ya dispone, capaz de alcanzar velocidades de hasta 250 kilómetros por hora. “Teniendo en cuenta la cartera de oportunidades que se abre para trenes de alta velocidad con ancho variable tanto en España como en el extranjero, es normal que CAF acepte ese reto”, aseguran en el Ministerio de Transportes, donde ven claramente oportunidades de crecimiento en otras geografías europeas. El ancho variable, tanto el ibérico como el que se emplea en países del Este de Europa, va a ser una tecnología demandada en los próximos años. Además de España y Portugal (país que ha optado por este tipo de vía para su alta velocidad), Polonia, el Báltico y Ucrania necesitarán trenes con eje desplazable para conectar con el corazón industrial de la UE.

El periodo de negociación de un nuevo convenio en la planta de Sidenor de Azkoitia se ha cerrado sin acuerdo después de que ELA y LAB, mayoritarios en el comité de empresa, rechazaran la propuesta de la empresa en tanto que CCOO, UGT y USO declinaran firmarla al considerar que son minoría, tal y como han informado ELA y la firma guipuzcoana. Las negociaciones no han estado exentas de polémica entre sindicatos. ELA y LAB, que ostentan la mayoría sindical, se opusieron a las condiciones propuestas por la dirección de Sidenor y la respuesta de CCOO, UGT y USO fue promover un referendum en la plantilla de la empresa para que expresaran su opinión. Según informaron estos sindicatos, un 55% de los trabajadores acudió a votar, a pesar de las trabas interpuestas por ELA y LAB según denunciaron, y el resultado fue el apoyo a la propuesta de la empresa del 85,8% de quienes votaron. En un comunicado, ELA ha matizado que “menos de la mitad de la plantilla ha votado afirmativamente”. Por su parte, Sidenor Azkoitia ha remitido un comunicado en el que lamentó que “tras más de 15 meses sentados en la mesa ELA y LAB se han negado a una negociación real” dado que, según explicó, sus exigencias representaban un incremento de costes del 50% que “pondrían en grave riesgo la viabilidad de la planta y, por tanto, el futuro de las personas que trabajan en ella”. La empresa aseguró “lamentar profundamente” la actitud de ELA y LAB, que se ha levantado de la mesa con lo que el proceso ha concluido sin acuerdo “en contra de la voluntad de los trabajadores”. 

Hay una cosa que la llegada de Trump a la Casa Blanca no ha variado, las necesarias y multimillonarias inversiones en la red eléctrica del país. Es un ejemplo, entre otros, que explica los resultados de 2024 de uno de los principales fabricantes del mundo de transformadores y componentes eléctricos, la compañía vasca Arteche. La firma, que cuenta con una participación del Gobierno vasco y que cotiza en Bolsa, logró un récord de beneficios con 18,9 millones, un salto del 56%. La facturación llegó a 447 millones, un 11,7% más, gracias al tirón, entre otros, de su principal mercado: Estados Unidos. En el país presidido por Trump, como explicaba recientemente el director de negocio de la empresa, Manuel Fernández, «la apuesta por la renovación de redes y electrificación es imparable». «El plan estratégico de la compañía sitúa a Norteamérica como un mercado clave», señalaba. Otra de las áreas fundamentales para Arteche es Asia y Pacífico. Allí es especialmente importante Australia, donde la empresa adquirió hace tres años la compañía SDO. En la zona, el negocio creció el año pasado un 21,6%. En 2024, el beneficio antes de impuestos y pagos financieros –ebitda– creció un 26,8% y alcanzó los 51,6 millones. Un comportamiento con el que la empresa ha reducido el peso de su deuda sobre ese margen operativo a la mitad pasando de un pasivo neto que equivalía al ebitda a 0,5 veces ese valor. La deuda es de 25,6 millones.

Con un grado de ocupación del 94,5%, el polígono de Arasur se prepara para una nueva ampliación. Álava Agencia de Desarrollo (AAD) trabaja ya para que el complejo de Ribabellosa, uno de los grandes pulmones industriales del territorio, crezca hacia el este entre 400.000 y 500.000 metros cuadrados. Pondrá rumbo hacia terrenos hoy agrícolas que pertenecen al concejo de Ribaguda. La AAD, dependiente de la Diputación foral, ha dado ya los primeros pasos para negociar con los propietarios la compraventa de la superficie que se pretende absorber, próxima a un pueblo en el que residen unos 25 vecinos. Las primeros contactos se iniciaron a finales del año pasado, después de que los accionistas del complejo industrial abriesen un periodo de reflexión sobre el futuro de Arasur y asumieran la necesidad de ganar metros. Y es que la compra masiva de terrenos de suelo por parte de Merlin Properties, Amazon y Panattoni han dejado prácticamente completo el polígono -apenas quedan unas pocas hectáreas libres- y era necesario ganar espacio para dar cabida a más empresas de envergadura como las que ya están en Ribabellosa. Nombres de la talla de Talgo, Enagás, Bridgestone o la logística DSV. El objetivo que tienen sobre la mesa los accionistas del polígono es claro: dotar a Álava de nuevos terrenos industriales, en gran parte, para competir con la localidad vecina de Miranda de Ebro, con mejores precios y una mayor oferta disponible. La Diputación pilota el proyecto de expansión de Arasur. «Es un compromiso de las instituciones dotar a Álava de suelo en un eje estratégico», subrayan fuentes del Departamento de Desarrollo Económico.

Entrevista con Imanol Rego Presidente de la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque. Ensalza el potencial de Euskadi y reclama una soberanía tecnológica europea para evitar la excesiva dependencia de potencias asiáticas. "La situación geopolítica nos empuja a pasar de la globalización al ‘near shoring’ –mudar las fábricas a entornos más cercanos–, y esa relocalización supone factores inflacionistas al pasar de producir en zonas de bajo coste a otras donde es más alto. Para paliarlo, la competitividad va a requerir innovación en los modelos de negocio, de producto, de procesos... El I+D+i ya no va a ser importante. Va a ser obligatorio...El porcentaje actual es del 2,16% y hablamos del orden de 2.000 millones de euros. Dar ese salto es muy importante, supone unos 800 millones, y va a requerir diferentes agentes tractores y alinearse con la parte empresarial para generar los retornos necesarios a ese nivel de inversión. Pero tenemos que pensar que por encima del 3% están EE UU o China, que ya dio el sorpasso a Europa, y donde el Producto Interior Bruto es mucho mayor...Hay un tercer agente que se debe incentivar, la creación de fondos de capital riesgo que impulse ese ecosistema y que vendría a cerrar esa ecuación. Para ir a una velocidad superior va a ser necesario atraer a esa tercera pata...Por encima de si estamos a la altura yo destacaría si tenemos la soberanía tecnológica-económica para no tener dependencia. La globalización ha llevado a que diferentes sectores estratégicos de la economía europea y vasca no se encuentren ya en el continente, lo que genera una dependencia de potencias asiáticas..."

La Comisión Europea confía en poder llegar a un acuerdo con Estados Unidos (EE UU) y evitar una guerra comercial entre las dos potencias. El Ejecutivo comunitario anunció ayer que retrasará un par de semanas la entrada en vigor de las contramedidas que iba a imponer a partir del 1 de abril como represalia a los aranceles del 25% que Washington impuso al aluminio y el acero. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió ayer ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara que el «ojo por ojo» en la guerra comercial con EE UU podría lastrar la economía del euro hasta en 0,5 puntos porcentuales. Por el momento, Bruselas ha retrasado la aplicación de sus primeras medidas, que incluían aranceles al bourbon, embarcaciones, motocicletas Harley Davidson y a los vaqueros Levi’s, y pretende aplicarlas junto a un segundo paquete de aranceles, que castigarán especialmente a los estados republicanos. «Este nuevo plazo permite a la Comisión consultar a los Estados miembros sobre ambas listas y da tiempo adicional para negociar con el Gobierno estadounidense», señaló un portavoz de la institución comunitaria. Que la guerra comercial entre EE UU y la UE no beneficia a nadie es de sobra conocido, pero ayer Lagarde, puso cifras al impacto de los aranceles impuestos por Donald Trump. Según las estimaciones del BCE, «los aranceles del 25% frenarán la economía de la Eurozona en 0,3 puntos porcentuales este año». Además, en su intervención, la francesa alertó que el «ojo por ojo» con Washington –con las contramedidas anunciadas la semana pasada por la Comisión Europea– podrían lastrar aún más la economía de los países del euro y reducir su crecimiento en 0,5 puntos porcentuales.

La patronal del acero española, Unesid (Unión de Empresas Siderúrgicas), valoró ayer el Plan para el Acero que presentó la Comisión Europea el miércoles, con el objetivo de proteger al sector de los aranceles del 25% impuestos por la Administración Trump. En un comunicado, la entidad que dirige Carola Hermoso señaló que el documento «envía el mensaje claro de que la industria siderúrgica es un pilar fundamental para la UE». Sin embargo, desde la asociación piden medidas urgentes e inmediatas para garantizar la competitividad del sector. En este sentido, Hermoso insistió en la necesidad de garantizar precios energéticos competitivos que permitan a las acerías españolas y europeas seguir operando sin desventaja frente a sus competidores internacionales. «El coste de la energía es el elefante en la habitación», advirtió, a lo que agregó que «si no se toman medidas efectivas para reducirlo, todo lo demás perderá efectividad». En este sentido, la patronal española ya advirtió en enero de que producir acero en España es «el doble de caro» que en otros países europeos como Francia y Alemania. Además, el actual es un momento difícil para el sector, amenazado por la fuerte competencia de China, cuyo acero ‘low cost’ se fabrica bajo estándares muy diferentes, lo cual pone en riesgo a muchas empresas españolas, que en estos momentos facturan en su conjunto unos 15.000 millones de euros. Desde Unesid destacan el énfasis que ha puesto la Comisión en tecnologías de reducción de emisiones y en el fomento de mercados para productos bajos en carbono.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, tachó ayer de «egoísta» a su compañero de partido y diputado general de Álava, Ramiro González. Ambos representan la disputa territorial sobre si la red vasca de alta velocidad debe llegar a Navarra por Gipuzkoa –vía EzkioItsaso– o por Vitoria. El insólito choque entre jeltzales se produce a las puertas de la trascendental Asamblea de renovación del PNV. Hace ya tiempo que la elección del trazado para conectar el TAV con Navarra –hay dos opciones: por Vitoria o por Ezkio-Itsaso– se convirtió en un debate incómodo para la mayoría de los partidos vascos. Cada uno tiene intereses contrapuestos en cada territorio y de fondo late la recurrente discusión de los agravios comparativos. Pero nunca antes, y menos dentro de una misma sigla política, se había exteriorizado un enfrentamiento tan crudo como el que ayer desató el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), al tachar de «egoísta» al diputado general de Álava, el también jeltzale Ramiro González, por reivindicar que la conexión se haga a través de su provincia. Aunque la consigna en casi todas las formaciones es la de que los representantes en cada territorio defiendan su parcela sin rivalizar con el otro, las declaraciones del regidor donostiarra fueron exactamente en la dirección contraria. Y es que Goia no se quedó en la mera argumentación de que la ruta de Ezkio-Itsaso es «la más adecuada sin lugar a dudas», sino que quiso ir más allá y trató de invalidar la alternativa de Vitoria a base de descalificar a un compañero de filas. Según afirmó Goia en ETB, González es «egoísta» porque no tiene «visión de país» en un debate que trasciende a Álava y Gipuzkoa.

Sorpresa en el equipo del Gobierno foral cuando se encuentra en el ecuador de la presente legislatura. La diputada de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de Gipuzkoa, Ane Insausti (San Sebastián, 1984), deja su cargo para volver al sector profesional privado con un nuevo empleo en el extranjero, según anunció ayer la Diputación. Unai Andueza Iraeta (Azkoitia, 1973), su número dos, será el encargado de recoger el testigo de Insausti. El azkoitiarra ha venido desempeñando estos últimos años la responsabilidad de ser el director foral de este área. El relevo será inmediato. De hecho, el acto de imposición de venera del nuevo diputado foral se celebrará esta misma mañana en el Salón del Trono de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por lo que en el próximo Consejo de Gobierno Andueza ya participará como nuevo diputado foral. Ane Insausti se incorporó al Gobierno foral liderado por Eider Mendoza en verano de 2023, aunque unos años antes, en 2020, ya recaló en la Diputación para asumir el reto de liderar el Polo de movilidad sostenible de Gipuzkoa, Mubil, que precisamente inaugurará su sede definitiva de 9.700 m² de infraestructura tecnológica Eskuzaitzeta el próximo 12 de mayo. Buena conocedora del tejido industrial del territorio, Mendoza le encomendó el reto de fortalecer la actividad económica y el ecosistema de I+D+i de Gipuzkoa atryaendo proyectos de alto valor tecnológico. Cinco años después, Insausti deja el tablero político para regresar al sector privado con una oferta en el extranjero que no ha podido rechazar. 

El Gobierno Vasco ha optado por un perfil eminentemente técnico y gestor para presidir el puerto de Pasaia. Así, la economista navarra Izaskun Goñi Razquin será la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria, convirtiéndose además en la primera mujer en ser la máxima responsable de la dársena guipuzcoana. Releva de esta forma a Joakin Telleria, que se ha jubilado y cuyo cese se materializó este lunes. Goñi (Pamplona, 1972) será nombrada este próximo martes en el consejo del Gobierno Vasco. El nombramiento, avanzado a primera hora por la edición digital de este periódico y confirmado por el departamento vasco de Industria, causó cierta sorpresa ya que se espera un perfil guipuzcoano. Pero tanto el lehendakari, Imanol Pradales, como el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, han apostado por un perfil eminentemente técnico más que político, en línea con los nombramientos que el Ejecutivo autonómico está realizando en todo el área económica. En el caso de Goñi, pese a ser navarra, ha pesado su trayectoria profesional ligada a la industria, y su conocimiento de la realidad transfronteriza en la que se ubica Pasaia. 

El presidente de BBVA, Carlos Torres, se reunió ayer con la cúpula del Círculo de Empresarios Vascos aprovechando su visita a Bilbao para celebrar hoy la junta de accionistas de la entidad en plena opa al Banco Sabadell. Torres aprovechó el encuentro para abordar el convulso contexto geopolítico tras la llegada de Donald Trump. En el encuentro también participó la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe. 

«El Gobierno debe valorar si esta es una operación que le conviene o no al país porque tiene que velar por el sistema financiero. El Gobierno debe ser muy claro a la hora de determinar si va a permitir o no la fusión», señaló el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en un encuentro con periodistas previo a la junta de accionistas del banco que se celebró ayer en Barcelona. Oliu, que ha decidido salir a la palestra en la recta final de la opa presentada por BBVA para intentar absorber el Banco Sabadell, insistió en que la operación «está cargada de riesgos» y también que no es atractiva para sus accionistas. «Estamos mejor en solitario», apostilló, para lanzar también un mensaje sobre lo que pudo haber sido y no fue. «No nos han dado la posibilidad de negociar», dijo ante los accionistas. No cabe la menor duda de que Oliu ha pedido «claridad» al Ejecutivo de Pedro Sánchez como sinónimo de contundencia porque es precisamente en esta fase, en la decisión que debe tomar el Gobierno, donde está el siguiente escollo que puede complicar la opa. Todo apunta a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, dará pasos decisivos en los próximos días, aunque la resolución final del expediente puede retrasarse hasta finales de abril o principios de mayo.

El presidente de Iberdrola advirtió que los precios de la energía podrían dispararse más de un 25% si España repite el “gran error” de Alemania al cerrar sus centrales nucleares. En declaraciones a Financial Times, Ignacio Galán advirtió de que los españoles pagarían precios mucho más altos y tendrían un sistema menos fiable si el Gobierno español seguía adelante con sus planes de desmantelar gradualmente los siete reactores nucleares en funcionamiento en el país para 2035. Afirmó que era necesario que las autoridades mostraran “pragmatismo”, señalando que el debate global defendía la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares o la reapertura de las centrales desmanteladas en Estados Unidos, Bélgica y Alemania. “¿Podemos, como europeos, renunciar a esos recursos energéticos naturales solo por ideología? ¿O tenemos que ser pragmáticos, como los estadounidenses?”, se preguntó Galán en la entrevista. “Los españoles pagarán [el cierre de las centrales nucleares]… Si las centrales nucleares cierran, algunos análisis indican que los precios aumentarán entre un 25% y un 30%”, sentenció. Según PwC, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares en España provocaría un aumento del precio mayorista de la electricidad de unos 37 euros/MWh, lo que dispararía las facturas de la luz un 23% para el sector doméstico y las pymes, y un 35% para la industria. Los gobiernos de varios países, como EEUU, Japón y Bélgica, han comenzado a trabajar para ampliar la vida útil de sus reactores nucleares de cara a satisfacer la creciente demanda de electricidad y las preocupaciones sobre la seguridad energética relacionadas con la dependencia del petróleo y el gas importados.

El comisario europeo de Energía, el socialista danés Dan Jorgensen, invita implícitamente a reflexionar sobre el calendario nuclear español, más acelerado que en otros países europeos, al remarcar la importancia de la seguridad de suministro. En una respuesta escrita en la Eurocámara, Jorgensen admite que no puede interferir en la decisión del Gobierno español de impulsar el cierre de Almaraz y resto de centrales a partir de finales de esta década, pero incide en la importancia de no hacer nada que perjudique el suministro. Preguntado por la eurodiputada del PP, Elena Nevado del Campo, sobre si el cierre nuclear español es coherente con los llamamientos de Bruselas a mejorar la competitividad industrial europea, Jorgensen responde: «La Comisión no interviene en tales decisiones, aunque reconoce que garantizar el suministro de energía limpia y asequible es clave para la competitividad europea, la seguridad y la futura neutralidad climática de la UE». Su puntualización, inusual en las comunicaciones de Bruselas sobre esta fuente energética, coincide con que una amplia mayoría de expertos consideran que, mientras las energías renovables sean intermitentes y no almacenables, la industria necesita un suministro seguro que sólo puede aportar la energía nuclear o las centrales de gas. Para Jorgensen, «España ha confirmado su intención de eliminar progresivamente la energía nuclear de aquí a 2035 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima presentado recientemente». Y «la elección de los recursos energéticos de la combinación energética, incluida la decisión de utilizar o no energía nuclear, sigue siendo competencia de cada Estado miembro de conformidad con lo dispuesto en la legislación de la UE». 

La Seguridad Social publicó el miércoles los datos provisionales de incapacidad temporal hasta diciembre de 2024. Recogen un nuevo incremento en una de las tendencias que más preocupa a sindicatos y empresarios: España registra cada vez más bajas laborales. Año a año desde 2012 más personas faltan al trabajo por enfermedad, un fenómeno que aceleró tras la pandemia y que los expertos en salud laboral relacionan con el envejecimiento, el atasco de la sanidad pública, la buena marcha del mercado laboral y un cambio en la conceptualización del trabajo, entre otros motivos. Es un golpe a la productividad y al bienestar de los trabajadores, que se concreta en el siguiente dato: las incapacidades temporales por contingencias comunes (las que no son de origen profesional) registraron una prevalencia media de 53,3 por cada 1.000 asalariados a cierre de 2024, el dato más alto de una serie que empieza en 2007. La prevalencia, según los expertos en salud laboral, es la variable más adecuada para medir la incapacidad temporal, ya que pone en contexto el fenómeno respecto al total de empleados. Así, el acelerón registrado es independiente del crecimiento de la fuerza laboral: las bajas crecen con más brío que el número de trabajadores. La cifra pasa de un 49,4 en 2023 al 53,3 de diciembre de 2024, una cifra que previsiblemente aumentará cuando se consolide el registro (el dato provisional de 2023 era algo inferior, 47,3). La nueva cifra supone un salto en una variable que acelera desde la pandemia.

España se ha convertido en un terreno propicio para atraer grandes inversiones industriales chinas. Hygreen Energy, compañía dedicada a la fabricación de electrolizadores, elemento clave para la producción de hidrógeno verde renovable, ultima una inversión de 1.000 millones en Andalucía, según adelanta el embajador del país asiático en España. Se suma así a otras empresas del gigante asiático, como el grupo energético Envision, que está a punto de cerrar otra inversión de 2.000 millones en el sur de España, según la misma fuente. Otras compañías chinas como CATL o la automovilística Chery, ya han puesto en marcha proyectos industriales de peso en España. De esta forma, China acumula ya más de 10.000 millones de euros en inversiones en el país en el ámbito del vehículo eléctrico y la energía verde. El embajador chino apunta a una gran sintonía entre las compañías chinas con España después del giro de política del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, quien el pasado septiembre pidió a la Unión Europea que reconsiderara su postura sobre los aranceles a los coches chinos. Bruselas había decidido imponer tasas adicionales de hasta el 10% para gravar con hasta un 35,3% la importación de coches eléctricos ensamblados en China.

La situación anómala que atraviesa el sector del automóvil pasa factura a las plantas españolas. Las factorías españolas arrastran un arranque de 2025 negativo, con una fuerte caída de producción por la debilidad de los grandes mercados de exportación de los coches made in Spain, como Francia, Alemania o Reino Unido. Entre enero y febrero, la fabricación de coches en España fue de 382.104 turismos, vehículos comerciales e industriales, lo que supone una fuerte caída del 16,9% frente al mismo período de 2024, mientras que solo en febrero la caída en volumen fue del 6,8%, hasta un total de 213.173 unidades, según datos publicados ayer por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). La patronal de los fabricantes de automóviles en España vincula esta disminución de la producción en España en lo que va de año, además de a la debilidad de la demanda en los principales mercados de exportación, a las operaciones de adaptación que están realizando algunas plantas españolas a la fabricación de vehículos electrificados, así como a los ajustes que se están haciendo en las cadenas de producción para adaptarse a las nuevas tendencias y demandas del mercado. El retroceso de la industria española de vehículos hasta febrero se produjo por la caída de la mayoría de las tecnologías, salvo los híbridos, híbridos enchufables y el gas. Hasta el mes pasado, las plantas españolas ensamblaron 150.291 vehículos de gasolina, lo que supone una fuerte caída del 39,9% respecto a 2024, mientras que los diésel retrocedieron un 25%, hasta 83.958 unidades.

Caída de ventas, recortes de plantilla, reducciones salariales y cierres de plantas: 2024 no fue un buen año para la industria alemana, especialmente para la automotriz, y 2025 no se perfila mucho mejor si se tiene en cuenta la debilidad de la demanda en el mercado chino y los aranceles de Estados Unidos. A inicios de esta semana, Audi y Siemens anunciaron una fuerte reducción de su número de trabajadores, sumándose a una larga lista de grandes nombres de la industria alemana que se han visto obligados a implementar planes de ahorro que implican inevitablemente un menor número de trabajadores. Los coches de fabricantes prémium made in Germany siguen siendo símbolos de estatus, pero el mercado mundial ha cambiado y sus fábricas están infrautilizadas. La industria produce muchos menos automóviles que antes, lo que implica un mayor gasto de personal y una menor productividad de las plantas. Si 2024 cerró con el acuerdo de Volkswagen con el sindicato para imponer restricciones salariales y la eliminación de 35.000 empleos hasta 2030 de manera gradual y sin despidos obligatorios, en febrero de 2025 se cerró la planta de Audi en Bruselas y esta semana Audi anunció que recortará 7.500 puestos de trabajo en Alemania hasta finales de 2029, junto con recortes financieros. Aunque no serán despidos forzosos, sino que se incentivarán jubilaciones anticipadas y salidas voluntarias, esto golpeará duramente al ambiente laboral en sus sedes de Ingolstadt, donde trabajan cerca de 40.000 personas, y Neckarsulm, que cuenta con una plantilla de 15.500 trabajadores.

Sumar abandonó ayer las medias tintas en el debate sobre el aumento del gasto militar y abrazó en el Congreso la moción presentada por el BNG que exige al Gobierno la salida de España de la OTAN y rechaza, al mismo tiempo, el plan de defensa promovido por la Unión Europea, al que Pedro Sánchez, como presidente de la cuarta potencia de la UE, comprometió su respaldo en Bruselas. Una iniciativa que decayó por los votos en contra de PSOE y PP pero que evidenció, una vez más, en este convulso periodo de sesiones, la división que separa a los dos socios del Ejecutivo en asuntos clave como el rearme europeo, la vivienda o la tributación del salario mínimo interprofesional, que será el próximo pulso entre ambos. Pese al panorama desolador, ambas formaciones, en un notable ejercicio de voluntarismo, insisten en remarcar que queda Gobierno de coalición para rato. En la cuestión bélica, la formación que fundó Yolanda Díaz y que cuyo liderazgo tuvo que dejar por los malos resultados electorales, nunca había llegado tan lejos en mostrar su oposición al PSOE. Aunque la vicepresidenta segunda ya mostró en el pasado su malestar por el aumento de partidas destinadas al Ministerio de Defensa «por la puerta de atrás» –como lamentaban–, siempre había optado por el pragmatismo y por distinguir entre el gasto destinado a armamento del dirigido a la defensa disuasoria y la ciberseguridad. 

Si el próximo 2 de abril EEUU disfrutará de lo que el presidente Donald Trump llama el «día de la liberación» al aplicar aranceles recíprocos a todos sus socios comerciales, ayer, siempre en la terminología trumpista, fue el día de la liberación educativa, con la firma de una orden ejecutiva para cerrar el Departamento –Ministerio– de Educación. Una promesa de campaña, una obsesión personal de Trump, un objetivo largamente buscando por el ala más conservadora del movimiento conservador y republicano que, con el argumento de devolver competencias a los estados, busca eliminar cualquier supervisión, control y estándar federal, dando libertad a los gobiernos regionales para aplicar las políticas que deseen. Rodeado de alumnos sentados en unos pupitres colocados en la Sala Este de la Casa Blanca, y elogiando a los profesores como uno de los tesoros de la nación, Trump firmó la orden ejecutiva que, según indicó, da inicio al desmantelamiento del Departamento «de una vez por todas». «Vamos a cerrarlo, y lo haremos lo más rápido posible», prometió, diciéndole irónico a la secretaria del ramo, Linda McMahon: «Con suerte no estarás mucho en el cargo, pero te buscaremos otra cosa que hacer». Con el cierre del Departamento de Educación se busca devolver la autoridad educativa a los estados. En realidad, el Departamento federal no desaparecerá, sino que quedará reducido a una mínima expresión para la gestión de fondos, incluso teniendo en cuenta que el 90% del total ya está en manos estatales. ¿Por qué? Porque el proceso es mucho más complicado de lo que la Casa Blanca querría. El de Educación es un Departamento que se convirtió en parte del Ejecutivo en 1979 a instancias del Congreso, y para su eliminación sería o será necesaria la acción de las cámaras legislativas, en las que el Partido Republicano tiene mayoría. Además, la decisión va a ser recurrida ante los tribunales, como cada cierre de instituciones y agencias de las últimas semanas y cada despido masivo.