20241101

Entrevista en Herri Irratia/Radio Popular con el secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu. El dirigente de la patronal vizcaína ha asegurado que el absentismo es "una preocupación relevante de las empresas vizcaínas desde hace ya muchos años", porque Bizkaia "es el territorio con mayor tasa de absentismo de toda España", con una media de 23 días por trabajador al año. A su juicio, esto se tiene "muchos factores y muchas lecturas" como "el hecho de que la administración que otorga las bajas y la que paga al trabajador o trabajadora de baja es distinto" o que "muchos convenios colectivos tienen, en sus articulaciones, el complemento de IT hasta el 100% independientemente de que estés de baja". Además, cree que "no hay reproche social ante un absentista que no va a trabajar, porque entiende que una baja es un derecho y no una decisión médica o una consecuencia de una decisión médica". Según ha precisado, Cebek trabaja en "un proyecto muy interesante en colaboración con la Diputación" para intentar reducir el absentismo. "Estamos creando grupos de trabajo multisectoriales y de distintos tamaños de empresa para que nos trasladen cuál es su visión del absentismo en cada una de las empresas con la finalidad de posicionarnos como organización empresarial para dar un servicio a las empresas, para ver cómo pueden disminuir o qué actuaciones o qué iniciativas podrían poner en marcha con la finalidad de reducir el absentismo. No tiene un sentido que el País Vasco, y Bizkaia en concreto, independientemente de su condición y su población industrial, tenga estos datos tan altos de absentismo que dañan enormemente la competitividad empresarial, la productividad en las empresas y crean serios problemas organizativos en las mismas. Tenemos que analizar entre todos esta situación y ver cómo podemos mejorar, posiblemente tratando de dar más papel a las mutuas que están muy cerca de las empresas y de los trabajadores para que puedan agilizar a través de una recuperación más rápida procesos de baja. Entiendo que también habría que tratar de agilizar los procesos de revisión médica". Por otra parte, ha adelantado que prevé un crecimiento del PIB de entre un 2 y un 2,2% para este año, lo que supone "un crecimiento sólido". Sin embargo, ha apuntado "algunas debilidades", como el hecho de que el 78% del crecimiento de 2024 "tiene que ver con el consumo público y privado", el 20% con las exportaciones, "y sólo un 2% con la inversión". "La inversión en los últimos meses, y quizá en este año industrial, se está resintiendo mucho. La industria europea en general está sufriendo", ha lamentado. En este sentido, ha apuntado al anuncio, por parte de Volkswagen de que cerrará tres de las diez plantas que tiene en Alemania "debido al incremento de sus costes y a la crisis del sector del automóvil", y a su pretensión de "reducir los costes de sus procesos productivos. Eso nos puede afectar o nos va a afectar en el tiempo a nosotros, porque la industria vasca auxiliar del automóvil es una industria soporte del crecimiento económico vasco", ha dicho. Escuchar entrevista íntegra aquí. 

En la misma entrevista, el secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu, ha afirmado que la fiscalidad "ya es progresiva" y ha pedido "una mirada fiscal amable" en Euskadi que permita inversiones y crecimiento empresarial. "Yo creo que en España en general, y en Euskadi en particular, el debate fiscal tiene demasiada ideología y demasiadas frases hechas que no se corresponden con la realidad. Se dice muchas veces, que el que más tiene, tiene que pagar más. Pero si esto es así desde siempre", ha afirmado. También ha recordado que se aboga por una fiscalidad progresiva, cuando "ya lo es". "En IRPF, en renta, hay una escala fiscal que va hasta el 49% en el tramo máximo de renta. Por tanto, el que más tiene más paga es así, y la progresividad ya existe", ha insistido. Según ha destacado, en Euskadi "la presión fiscal ha crecido en los últimos 25 años más que el PIB, y es un dato objetivo". "Tenemos una presión fiscal empresarial, que es la suma entre el impuesto de sociedades y las cotizaciones sociales, superior a los entornos con los cuales competimos", ha añadido. Como ejemplo, ha dicho que la presión fiscal empresarial en España es un 12,5% del PIB, mientras que en Europa si sitúa en el 10,2%. "Esta presión fiscal no afecta solo a aquellos que tienen Lamborghinis, por hacer un chiste, sino que afecta también a las empresas y también a las clases medias y trabajadoras", ha manifestado. Por ello, ha emplazado a debatir sobre fiscalidad, pero con datos. "La pregunta que nos tenemos que hacer cuando planteemos una reforma fiscal es si queremos que los mismos que en estos momentos estamos pagando impuestos, trabajadores y empresas, sigamos pagando lo mismo o más, o tengamos más empresas y más trabajadores pagando impuestos. Yo me inclino por la segunda", ha destacado. Por ello, sin conocer todavía el contenido del acuerdo de revisión tributaria del PNV y PSE-EE, cuyo debate se trasladará a las haciendas forales correspondientes, ha reiterado la necesidad de que "la actividad empresarial tenga un entorno fiscal amable y que permita el crecimiento y la actividad empresarial".

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, se limitó ayer a congratularse del principio de acuerdo en fiscalidad alcanzado esta semana por PNV y PSE porque «es un tema relevante y son los dos partidos que dan estabilidad a los gobiernos de las tres diputaciones». Pero no avanzó más. En la presentación del Presupuesto de Bizkaia no fue más allá que para exponer el calendario de la reforma fiscal. El Gobierno foral comparecerá en Juntas Generales la semana del 11 de noviembre para «explicar a los grupos políticos las líneas generales de estos cambios». A partir de ahí se trata, según dijo Etxanobe, de avanzar con los partidos para lograr acuerdos que se puedan extender a las tres diputaciones. Y es que la armonización es una de las claves porque PNV y PSE suman mayoría en Bizkaia, pero en Álava y Gipuzkoa necesitan incorporar a otro partido al acuerdo: Bildu o PP. La diputada de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, detalló que el plan es aprobar el proyecto armonizado entre los territorios en Consejo de Gobierno a finales de diciembre. Así, la tramitación en Juntas comenzará en enero, con lo que la aprobación será bien entrado el primer trimestre. Por eso, Berrojalbiz reconoció que los efectos en la recaudación serán principalmente en 2026, con lo que los cambios que se establezcan no afectan a los ingresos contemplados en los Presupuestos vascos que comienzan ahora su tramitación.

El presente es bueno, la entidad camina con un paso firme de crecimiento que para el mercado en el que se mueve es perfectamente comparable a las mejores entidades del sector, pero lo que sucedió en el pasado y su revisión por parte de los jueces está volviendo en forma de factura elevada. Este es el dibujo de contorno de los resultados de Kutxabank entre enero y septiembre, periodo en el que la entidad financiera vasca ganó un total de 396,2 millones de euros, lo que supone un aumento de tan solo el 2,8% en comparación con el mismo periodo del pasado año. Una tasa de crecimiento del beneficio que a todas luces es ínfima en comparación con el resto de la banca, pero que en realidad encierra un acto de prudencia para traer al presente gastos que pueden materializarse en el futuro. Y es que la clave hay que encontrarla en los 445 millones de euros que Kutxabank ha destinado a provisiones –a anticipar ya el efecto de deterioros de su cartera crediticia y gastos que pueden sobrevenir a partir de ahora–, con un incremento de nada menos que el 62% en comparación con los nueve primeros meses del pasado año. Solo en el último trimestre a esta partida negativa de la cuenta de resultados se han añadido 127 millones. Una parte muy importante de esta cantidad está ligada a una cuestión coyuntural. Se trata de las reclamaciones de clientes que exigen la devolución de los gastos hipotecarios y que en opinión de la Justicia constituían cláusulas abusivas. A ello se ha sumado también el deterioro contabilizado en el valor de algunos activos que se ha adjudicado el banco en un contexto en el que, sin embargo, la morosidad se mantiene en niveles muy bajos. No obstante, el negocio sigue generando recursos a un ritmo equiparable al del sector, lo que ha permitido que el Banco Central Europeo mantenga intactos los requerimientos de capital, poniendo así de relieve que la entidad conserva intacto también su rango de solvencia.

Aunque en la comparativa con el trimestre anterior los números han sido algo más flojos, los beneficios registrados por los bancos españoles en los nueve primeros meses del año han vuelto a ser de récord histórico. Tanto es así que entre las seis grandes entidades financieras que cotizan en el Ibex (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) ganaron 23.656 millones de euros, un 19,7% más que entre enero y septiembre del pasado año y muy cerca ya de los 26.088 millones de euros que lograron en todo 2023. Toda la banca se ha lanzado en bloque contra el gravamen especial al sector, que continuará al menos durante tres años más aunque con algunos cambios que mitigarán su impacto en las entidades financieras. Pero aún así prometen dar la batalla frente a la decisión del Gobierno pactada a última hora del pasado miércoles con el PNV y Junts. Ayer mismo, las patronales del sector, AEB y CECA, amenazaron con denunciar este impuesto ante los tribunales. Un aviso planteado el mismo día en el que BBVA, Sabadell y CaixaBank publicaron sus resultados hasta septiembre, después de que Santander (9.309 millones, un 14,3% más), Bankinter (731 millones, +6,8%) y Unicaja (451 millones, +58%) los dieran a conocer en días anteriores. El beneficio neto de BBVA en los nueve primeros meses del año alcanzó los 7.622 millones, lo que supone un incremento del 28% en comparación con el mismo periodo de 2023. Unos resultados claramente superiores a las previsiones que habían realizado los analistas del mercado. A pesar de que los tipos de interés han comenzado ya a moderarse y eso tiene un efecto ‘aterrizaje’ sobre las cuentas de resultados de las entidades financieras, el banco vasco ha conseguido mantener prácticamente sin variación la senda de crecimiento que ya había revelado en el primer semestre del año. 

Impulso a las energías renovables en Euskadi. El PNV, el PSE-EE y EH Bildu acordaron ayer aprobar el Plan Territorial Sectorial (PTS) provisional de Energías Renovables antes de que termine este año y el definitivo en el primer semestre de 2025. El PTS es un programa elaborado por el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco que, básicamente, desvela aquellas zonas en las que –una vez sea definitivo– se podrá y sobre todo no se podrá nunca levantar un nuevo parque de energías renovables. En un comunicado, el Ejecutivo autonómico publicó ayer el informe de respuesta a las 4.217 alegaciones presentadas a la versión inicial del PTS de Energías Renovables, a las que se suman los 170 informes de diferentes administraciones públicas interesadas. El departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad informó de que se va a proceder a notificar la respuesta a cada uno de los alegantes «haciendo un importante esfuerzo para responder por la vía en la que la alegación ha sido realizada, ya que 3.355 se han presentado en formato papel y 862 vía electrónica». En el PTS se destaca especialmente que la implantación de proyectos de energías renovables en el territorio «sólo se podrá realizar en emplazamientos que cumplan con los requisitos que las normativas vigentes establecen», dando cumplimiento a las protecciones que correspondan «durante las tramitaciones reglamentarias que cada instalación concreta tenga que asumir».

El Gobierno vasco publicó ayer el informe con el que da respuesta a las más de 4.000 alegaciones presentadas contra su mapa para el despliegue de las placas solares y los molinos, el denominado plan territorial sectorial de renovables (PTS). Mediante un extenso documento de más de 468 páginas, el Ejecutivo autonómico contesta –y en muchos casos da carpetazo– a las inquietudes trasladadas por decenas de ayuntamientos, cuadrillas, empresas y colectivos ecologistas frente a la hoja de ruta de la implantación de energías verdes por Euskadi. En este informe, Industria, dirigida por el nuevo consejero Mikel Jauregi, ratifica lo que ya planteó en la aprobación inicial el equipo de Arantxa Tapia: en Álava se podrán 'plantar' más fácilmente huertos solares que el resto de Euskadi por una cuestión de tamaño. Mientras en Bizkaia y en Gipuzkoa todos los parques fotovoltaicos que sobrepasen las cinco hectáreas tienen más restringida su implantación, en la Llanada el límite se fija en diez hectáreas. Cuando se superan esas dimensiones, el Gobierno considera las iniciativas como proyectos de «gran escala». Esa etiqueta no es baladí, porque los proyectos de más tamaño tienen más delimitado dónde deben instalarse. En principio, esas centrales deben ir a unas zonas concretadas por el Ejecutivo autonómico. En Álava suponen 40 áreas repartidas por 32 municipios del territorio. Fuera de ahí, es mucho más complicado instalar grandes parques de renovables. 'A priori', sólo hay espacio para proyectos más pequeños. La Diputación ha peleado para que Álava acoja este tipo de energía con las mismas condiciones que Bizkaia y Gipuzkoa, pero no lo ha conseguido. Una alegación del Ejecutivo foral en este sentido ha caído en saco roto: el Gobierno vasco estima que «existen grandes diferencias, en cuanto a orografía, entre el territorio de Álava Central y el resto (de Euskadi), lo que motiva la conveniencia de dar un tratamiento que se adapte a las particularidades de ambas zonas». Esto es, que la Llanada podrá acoger parques sensiblemente más grandes que las provincias vecinas.

Estados Unidos –cuyas elecciones se celebran este próximo martes– es el tercer cliente de las firmas guipuzcoanas, con más de 740 millones en ventas al gigante americano el último año, según los últimos datos que ofrece la dirección provincial de comercio exterior (ICEX). Lo cierto es que el país norteamericano ha venido dándole mordiscos a la tarta de las exportaciones guipuzcoanas en los últimos años, hasta el punto de convertirse el año pasado en el tercer cliente de las empresas del territorio, con 741,6 millones comprados en bienes y servicios a nuestras compañías, la cifra más alta de la última década. Transcurridos los ocho primeros meses de este 2024, Gipuzkoa va camino de pulverizar esa cantidad exportada, al presentar un crecimiento del 9,6% respecto al mismo periodo del 2023, con 544 millones vendidos hasta la fecha. En el programa económico que plantea Donald Trump propone imponer aranceles de entre el 10 y el 20% a todos los productos procedentes de cualquier país del mundo. A esto hay que añadir el incremento de los aranceles a los productos chinos del 60%. Estos aranceles se sumarían a los que ya puso Biden al gigante asiático, incluido el del 100% para los vehículos eléctricos. Estas políticas arancelarias impactarían directamente en la actividad de las empresas que exportan a Estados Unidos, pero no tanto a las que están allí ya instaladas, puesto que pueden acceder a muchas líneas de ayuda que lanzó la Administración del presidente Joe Biden con la Inflaction Reduction Law (IRA, por sus siglas en inglés). Una inyección a la industria por valor de 350.000 millones de dólares en ayudas fiscales enfocadas a la transición energética. Dos puestos por encima de Estados Unidos en la clasificación de las exportaciones guipuzcoanas están Alemania y Francia. La debilidad industrial de estos dos países está impactando ya en el sector manufacturero y automotriz de Gipuzkoa. 

Las guipuzcoanas CAF, Sukia, Amenabar e Irizar se sitúan entre las diez principales firmas vascas adjudicatarias de licitaciones y convocatorias financiadas con los fondos europeos Next Generation de gestión autonómica y estatal. Estas cuatros empresas del territorio aglutinan, en esta línea, el 13,9% del total de financiación que han recibido más de cien entidades –empresas, Uniones Temporales de Empresas (UTE), fundaciones y otros organismos públicos– de Euskadi a través del citado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), lo que, en número absolutos, se traduce en un saldo de 139,59 millones de euros respecto al montante total de 1.006,05 millones. En concreto, la ferroviaria beasaindarra es la que más financiación recibe, con 48,32 millones de euros, seguida de Construcciones Sukia, con 38,71 millones; Construcciones Amenabar, que suma 28,77 millones, e Irizar, que alcanza 24,07 millones. El listado –publicado en una respuesta parlamentaria del vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, a petición del Partido Popular– recoge las cien principales entidades vascas beneficiarias de licitaciones y convocatorias de fondos MRR de gestión autonómica, y de convocatorias de fondos MRR de gestión estatal desde su implementación en 2021 hasta junio de 2024. Cabe subrayar que el plazo de ejecución de estas ayudas vence en junio de 2026. En general, en el listado destacan las compañías de obras públicas en infraestructuras ferroviarias, empresas públicas de transportes que están llevando a cabo la incorporación de vehículos eléctricos y entidades de digitalización.

El grupo lácteo vasco Kaiku, propiedad del holding suizo Emmi, ha tomado una participación de casi el 10% del capital de Iparlat, una de las principales empresas especialistas en la fabricación de leche de marca blanca en España, y que, entre otros distribuidores, tiene entre sus principales clientes a Mercadona. Así lo muestran las cuentas anuales que Iparlat ha depositado en el Registro Mercantil, en las que detalla que Kaiku se convirtió, a finales del año pasado, en nuevo accionista. En concreto, esta última tomó el 9,64% de las acciones de la compañía, porcentaje que alcanzó tras participar en una ampliación de capital con la que llegó al 6,14% de los títulos, una participación a la que sumó otro 3,5% correspondiente a una adquisición de títulos de autocartera. En su memoria financiera, Kaiku cifra en 4,2 millones de euros el montante destinado a toda la adquisición. Aunque se trata de una participación minoritaria, el movimiento de la compañía vasca adquiere relevancia en un contexto en el que la crisis inflacionaria ha disparado la demanda de los consumidores hacia los productos lácteos de marca blanca, una categoría en la que Kaiku no participa. En ese contexto, Iparlat juega un papel protagonista. 

«Ahora es el momento de enfocarnos en el futuro y en las oportunidades que están por venir. El problema se ha terminado», señaló ayer el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, para asegurar que tras el final del ‘impuestazo’ a las compañías energéticas su grupo saca del cajón y vuelve a poner sobre la mesa inversiones en España por más de 1.500 millones de euros. Imaz se felicitaba así de la caída del gravamen especial a las energéticas, para lo que ha sido clave la posición de la formación catalana Junts, que ha priorizado proteger las inversiones en su comunidad autónoma a una mayor recaudación de las arcas públicas. En el caso de la filial vasca de Repsol, Petronor, habían quedado en el aire y sometidas a una revisión futura inversiones por un valor de 220 millones de euros. De ellos, 200 están destinados a la producción de hidrógeno de forma masiva con un electrolizador de 100 megavatios –en la actualidad está en marcha la construcción de una instalación con carácter experimental para producir combustibles sintéticos–, así como otro proyecto de recuperación de materiales, al que se quieren destinar 20 millones. El ‘impuestazo’, que se calculaba sobre ingresos y no sobre beneficios, ha costado casi 800 millones de euros a Repsol en los dos últimos ejercicios y en el caso de Cepsa, por ejemplo, provocó que cerrase 2023 con más de 200 millones de euros de pérdidas. En este telón de fondo, Repsol presentó ayer sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses del año en los que alcanzó un beneficio neto de 1.792 millones de euros, lo que representa una caída del 35,7% en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio. 

El Gobierno introdujo el miércoles por la puerta de atrás una suerte de reforma fiscal en las enmiendas al proyecto de ley para tener un tipo mínimo global del 15% aplicado a las multinacionales. De aprobarse las medidas tal y como están redactadas, Hacienda estaría planteando una subida de impuestos por valor de más de 4.500 millones de euros al año que recaerían principalmente en las grandes empresas y en el diésel. Así, previsiblemente, el Ejecutivo podría dar por cumplido su compromiso de reforma tributaria con Bruselas, necesario para ir reduciendo el déficit y para recibir el quinto pago de los fondos europeos, dotado con 6.500 millones. Una de las principales medidas, que han sido pactadas con socios como Junts y el PNV tras días de intensas negociaciones, es la equiparación de la tributación del gasóleo no profesional a la de la gasolina, algo que viene reclamando Bruselas desde hace años. El argumento para defender esta subida fiscal es combatir la contaminación que provoca el diésel, ya que una imposición más elevada lo desincentivaría. Pero la consecuencia inmediata es que la recaudación de las arcas públicas podría elevarse en unos 1.000 millones de euros por ejercicio.

El PSOE y Junts cerraron ayer una reforma del Impuesto de Sociedades que incluirá tipos más reducidos para pymes y micropymes y bonificaciones para las empresas que, sea cuál sea su tamaño, reinviertan sus beneficios en la propia compañía o que incrementen su plantilla en al menos un 2%. La puesta en marcha de estos cambios será gradual, arrancará en 2025 y culminará en 2029. En cinco años, según los primeros cálculos, su impacto potencial acumulado ascendería a unos 9.500 millones de euros. De todos ellos, 2.500 millones, beneficiarían a Cataluña, un feudo histórico de pymes y micropymes. Fue Junts quien se encargó de anunciar los cambios, aunque los tramitará el PSOE mediante dos enmiendas a la ley que regulará el futuro tributo para las multinacionales. El pacto llega después de que, el pasado miércoles, los neoconvergentes y el PNV convalidasen la reforma fiscal exigida por la UE. A cambio, el Gobierno renunció a uno de sus grandes objetivos en materia tributaria, hacer permanente el impuesto a las eléctricas. Estos son los principales cambios que se van a introducir en Sociedades: Microempresas. Las compañías cuya facturación anual neta no alcance el millón de euros serán las grandes beneficiadas de la reforma. En la actualidad, tributan al 23% y a partir del 1 de enero, se les aplicará un doble tipo. Los primeros 50.000 euros de beneficio tributarán al 21%, y las ganancias restantes lo harán al 22%. En 2026, el recargo será del 19% y el 21% respectivamente y en 2027, del 17% y el 20%. Pymes. Cuando la cifra de negocio de una firma se sitúe entre 1 y 10 millones netos anuales, el tipo pasará del 25% actual al 20% en 2029. A partir de 2025, cada año pagarán un punto menos. Incentivo a las capitalizaciones. El acuerdo entre el PSOE y Junts también incluye medidas que podrán aplicarse a cualquier firma sea cuál sea como su tamaño. Una de ellas es una desgravación de entre el 23% y el 30% de la base imponible para aquellas compañías que, en vez de repartir dividendos, inviertan los beneficios en la propia empresa.

Wayne Griffiths, presidente ejecutivo de Seat y Cupra, lleva tiempo alertando de que la industria del motor está en una encrucijada que requiere una mayor implicación de las administraciones para que la transición hacia la movilidad eléctrica no acabe siendo un gran fracaso. Volkswagen, matriz de la compañía española, ha anunciado esta semana que planea el cierre de tres plantas en Alemania y recortar los salarios un 10% para enfrentar tanto la intensa competencia procedente de China como la costosa transición a los vehículos eléctricos. Lejos de poner paños calientes, Griffiths alertó ayer en redes sociales de que “la industria del automóvil está en riesgo y Seat también”. Por el momento, no se esperan recortes en las plantas españolas del grupo, pero fuentes de la empresa afirman que el comunicado de Griffiths es un “primer aviso”. “El mensaje es el siguiente: nos empieza a ir mal, estamos haciendo grandes inversiones y de momento no hay retorno”. En los nueve primeros meses del año, Seat redujo un 17,2% el beneficio operativo, hasta 415 millones de euros. La causa fue un mix de ventas negativo, con vehículos con un menor margen y un importante dispendio dirigido a apoyar el lanzamiento de nuevos modelos. Las ventas del grupo ascendieron a 10.500 millones de euros, un 3% menos que en el mismo período de 2023, lo que se explica por la menor rentabilidad de los vehículos y el fuerte tirón de la marca Seat, cuyos coches dejan menos margen que los de Cupra. La rentabilidad operativa cayó 0,7 puntos porcentuales, hasta el 3,9%. Aun así, es superior al 2% de la marca Volkswagen.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, vislumbró ayer por primera vez la posibilidad de que el banco dé marcha atrás en la opa sobre Sabadell, en caso de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reclame cambios demasiado duros para autorizar la transacción. “Si la CNMC impone condiciones que afecten a la creación de valor, podemos dar marcha atrás”, recordó, aludiendo a que la oferta está condicionada a que obtenga el plácet de Competencia, así como a alcanzar un porcentaje de aceptación del 50,01% del capital de Sabadell. Genç volvió a mostrarse convencido de que la transacción con la entidad catalana no presenta problemas de competencia y, por tanto, la institución que preside Cani Fernández autorizará la opa en una primera fase. En este contexto, el CEO confirmó que el banco ha presentado una propuesta de condiciones o remedies para intentar vencer los recelos de esta institución. Así, destacó que la entidad fusionada no vaya a alcanzar el liderazgo de CaixaBank en España, ni tampoco vaya a superar los umbrales de la UE que alertan de problemas de competencia (en el 25% de la cuota de mercado). No obstante, el banquero rechazó que, aunque la decisión de la CNMC sea contraria a su opinión y su análisis se extienda en una segunda fase, vayan a retirar la oferta solo por eso. “Nuestra previsión es que tendremos la autorización sin remedies estructurales, incluso si pasa a fase 2″, explicó. Tampoco aclaró si se plantean retirar la oferta si la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se pronunciase antes que la CNMC, por lo que los accionistas de Banco Sabadell deberían decidir sin conocer las condiciones de Competencia. Sí matizó que esto, aunque es posible, no ha ocurrido nunca.

El verano ha marcado un récord para el turismo, con 40,7 millones de visitantes internacionales (un 8,8% más que el año pasado) que han realizado un gasto de 55.886 millones de euros (un 13,4% más), de acuerdo con los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Unas cifras que ponen de manifiesto que el sector todavía cuenta con bastante margen para crecer, a pesar de haber rebasado ya con creces las cifras previas al estallido de la pandemia y de las críticas por la masificación de algunos destinos, si bien hay que tener en cuenta que buena parte de este crecimiento se ha concentrado fuera de los destinos tradicionales, en actividades con mayor valor añadido (como la cultura, la gastronomía u otros servicios) y que el avance ha sido algo más intenso en los primeros meses del año que en el periodo estival, cuando algunos turistas se han visto retraídos por los elevados precios en la hostelería. Entre junio y septiembre llegaron a España 40,7 millones de turistas extranjeros, lo que eleva el acumulado de los nueve primeros meses del año hasta los 73,9 millones de visitantes. Una cifra que pone de manifiesto que el sector todavía tiene capacidad para crecer después de superar este año, por primera vez durante el verano, las cifras previas al estallido de la pandemia del coronavirus. Además, la elevada presión de la demanda ha favorecido la creación de nuevas plazas hoteleras y el desarrollo de negocios relacionados con el turismo, pero también el incremento de los márgenes en el sector, que se vieron muy tocados durante la pandemia pero que ya han rebasado con creces las cifras de 2019. De hecho, el gasto medio por turista en los cuatro meses de la temporada estival se eleva hasta los 1.373,4 euros, un 20,5% más que hace cinco años.

Los hipotecados a tipo variable siguen ganando poder adquisitivo gracias al hundimiento del euríbor. La caída del indicador en octubre ha sido especialmente intensa por dos motivos: su comparación con el mismo mes del año pasado, cuando alcanzó su pico reciente, y la nueva rebaja de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo –la tercera llevada a cabo este año–, que tiene visos de continuar en las próximas reuniones. Como resultado, el euríbor ha cerrado el mes en el 2,691% desde el 4,16% de octubre de 2023, su mayor descenso interanual desde diciembre de 2009, hace casi 15 años, y se coloca en su tasa más baja de los últimos dos ejercicios. En euros contantes y sonantes, eso significa un importante ahorro para quienes revisen sus préstamos ahora. Para una hipoteca media, de 140.451 euros a pagar en 23 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística para 2023, con un diferencial de un punto, supondría pasar a pagar 126 euros menos al mes, o lo que es lo mismo, 1.515 euros al año. Todo ese dinero puede ir ahora a parar al consumo, a reducir el endeudamiento de las familias amortizando hipoteca, o a otros productos de ahorro que generen rentabilidad. La tendencia es vertical. Se trata de su séptima caída mensual consecutiva, y la de octubre ha sido la segunda más pronunciada de todas ellas, solo por detrás de la de agosto. 

El IPC armonizado de la zona euro aceleró el paso en octubre, con un incremento del 2% interanual, tres décimas más que en septiembre, según los datos publicados ayer por Eurostat. Aunque la tasa se sitúa, de media, dentro del objetivo de referencia del BCE para la estabilidad de los precios, estos repuntaron en octubre, con mayor o menor intensidad, en 14 de los 20 países del euro, mientras que en 10 volvió a superar con holgura la cota del 2%. Entre las grandes economías del bloque, el mayor incremento se produjo en Alemania, cuyo IPC armonizado se aupó hasta el 2,4%, seis décimas más que en septiembre. En España, Francia e Italia los precios también esprintaron (una décima en los casos español y galo y tres en el italiano), aunque se mantuvieron por debajo de la línea roja del 2%, con una tasa del 1,8% en el caso de España, del 1,5% en el de Francia, y del 1% en el de Italia. En el otro lado de la balanza, los países más inflacionistas en octubre fueron Bélgica, cuyo IPC subió un 4,7%, tres décimas más que el mes anterior y más del doble que el nivel de referencia; seguido de Estonia, donde aumentaron a tasas del 4,5%, 1,3 puntos porcentuales por encima de la registrada en septiembre; y Croacia y Eslovaquia, con encarecimientos de precios del 3,5%. La mayor subida del IPC en octubre vino de la mano, esencialmente, de los servicios, cuyos precios se encarecieron un 3,9%, y de los alimentos frescos, que lo hicieron un 3%, ya que la energía se abarató un 4,6%, mientras que los bienes industriales no energéticos apenas subieron un 0,5%.

El mundo espera con ansiedad conocer quién será el nuevo presidente de Estados Unidos y las consecuencias que conllevará la opción que elijan los votantes. Si gana Donald Trump la expectativa es un endurecimiento de las viejas políticas del expresidente. Si, en cambio, la victoria es de Kamala Harris, está prevista una línea de continuidad con respecto al mandato de Joe Biden. La intensidad de la incertidumbre es mayor en lugares como Ucrania, Oriente Medio, México o Taiwán, donde un triunfo republicano tendría consecuencias más dramáticas. La guerra provocada por la invasión rusa se encamina hacia su tercer año y existe la preocupación generalizada de que el regreso de Trump a la Casa Blanca supondría el fin de la crucial ayuda militar y obligaría a poner fin a la contienda en los términos que exige Vladímir Putin. Su homólogo de Kiev, Volodímir Zelenski, ha realizado esfuerzos para mantener abierto un canal de comunicación con el multimillonario e incluso mantuvo una reunión con él en Nueva York en septiembre. A pesar de ello, el candidato del partido del elefante ridiculiza sistemáticamente a Zelenski en sus apariciones públicas y ha culpado a Ucrania de la invasión rusa de 2022, al tiempo que alardea de su relación con Putin. Un segundo mandato de Trump convertiría el auxilio en un punto de discordia con los socios transatlánticos de la OTAN, así como el regreso de la disrupción de la arquitectura de seguridad propulsada por Washington desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entre los aliados occidentales existe también el temor de que el magnate podría erosionar las normas democráticas, una situación, que, según los analistas, ayudaría a crear sinergias con el extremismo de algunas derechas europeas y fomentar un resurgimiento político de los radicalismos. 

La comunidad valenciana entera, de la capital al resto de la provincia pero sobre todo las poblaciones más golpeadas por la riada, amaneció ayer con el ánimo encogido. Con el alma en suspenso, sus habitantes contenían la respiración ante el temor de que los peores presagios se confirmaran, tanto en lo relativo a las vidas –anoche se contabilizaban 158: 155 solo en Valencia, dos en Castilla-La Mancha y una en Málaga– que se cobró la catástrofe del martes, como en el impacto que tuvo sobre los bienes materiales y también sobre la moral colectiva. Esos sombríos pronósticos no tardaron en cumplirse, dramáticamente: Valencia está desbordada, no solo por el impacto de la dana. También lo está metafóricamente. Prende en su sociedad un sentimiento generalizado de desolación, cercano a la desesperanza, que justifica la medida adoptada a media tarde de ayer por Carlos Mazón, el presidente de la comunidad, cuando pidió ayuda al Ejército, que se comenzará a desplegar hoy con 500 unidades. Una medida excepcional a la altura del desafío histórico que exige el combate contra los efectos de la riada. Era el colofón trágico a una jornada descorazonadora. El recuento de daños, desde primera hora de la mañana, confirmaba que el mapa del horror sigue sin tener sus fronteras definidas: el espanto continúa con su mortal avance, acumulando los agravios del vecindario afectado que se considera maltratado (continúa sin funcionar el servicio de telefonía y no se restablecen las líneas eléctricas), las fatigas de quienes procuran retomar sus vidas derrumbadas a golpe de fregona, sudores y lágrimas y, especialmente, las de quienes han sufrido la pérdida de sus seres queridos: más de ciento cincuenta personas. Una cifra demoledora y cruel.