20240724

Con las derivadas del 'caso Begoña Gómez' como runrún de fondo, el último pleno del curso político en el Congreso volvió a poner en evidencia ayer, en el aniversario de las elecciones generales del 23-J, la precaria estabilidad del Gobierno. Se daba ya por descontado que el PSOE sufriría para sacar adelante la reforma de la ley de extranjería que pretende imponer el reparto obligatorio de menores inmigrantes entre las autonomías dada la falta de acuerdo con el PP y las objeciones de Junts. Pero al poco de trascender que Pedro Sánchez se desplazará este miércoles a Barcelona para reunirse con el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès –en unas jornadas determinantes para sellar un acuerdo de investidura entre Salvador Illa y ERC–, los posconvergentes quisieron dejar claro que la continuidad de la legislatura pasa por sus manos. Y lo hicieron de forma contundente tumbando también la senda de déficit, clave para la elaboración de los Presupuestos. El órdago de Junts no impedirá la tramitación de las Cuentas públicas de 2025, sin las que Pedro Sánchez tendrá muy difícil seguir adelante, pero sí complica su elaboración y pone trabas a que puedan ser presentadas en tiempo y forma. El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset –que anunció su posición, avanzada la tarde, en el patio del Congreso, sin esperar a su intervención en el pleno– argumentó que el Ejecutivo no ha querido atender su demanda de que se dotara de una décima más de déficit a las comunidades autónomas, de tal manera que estas tuvieran más capacidad de gasto y más recursos económicos.

Si bien es cierto que el crecimiento del PIB -con un 1,8% interanual en el primer semestre- refleja la afección de la industria vasca por el parón que atraviesan Francia, Alemania o Reino Unido, no está ocurriendo así con los mercados financieros. Y es que las rentas del ahorro y del capital están dando muchas alegrías a los vascos que hayan podido dedicar parte de su dinero a estas inversiones. Así lo reflejan los datos de las haciendas forales en el primer semestre de este año. Los datos revelan un fuerte crecimiento en la recaudación por las retenciones en los rendimientos de capital mobiliario y por las de las ganancias patrimoniales. En total, acumulan unos ingresos de 192 millones hasta junio, un 53,5% más que el año pasado y la cifra más alta de la serie histórica. Estos cobros realizados por las diputaciones corresponden a las retenciones que se realizan sobre los ingresos que reciben los contribuyentes en el momento de recoger los beneficios de las empresas o de los fondos en los que participan, el dividendo por sus acciones o las ganancias patrimoniales al vender activos de capital. Son, por lo tanto, pagos a cuenta que se anotan en el IRPF en el momento de recibir el ingreso y que se equilibrarán, si es preciso, al presentar la declaración de la Renta el año próximo. Así es que funcionan como un termómetro que refleja con fidelidad la actividad que se registra en estos momentos.

La imparable digitalización que se está produciendo en la sociedad ha propiciado que empresas guipuzcoanas demanden alrededor de 500 profesionales con perfiles digitales en los últimos tres meses, según la herramienta Mapa de Empleo creada por la Fundación Telefónica, que ofrece datos trimestrales. Según este estudio, los profesionales que más demandan las empresas son técnicos TIC (tecnologías de la información y la comunicación), que suponen en torno al 18% de ofertas laborales; y administradores de sistemas, con un 13,7%. En ambos casos, además, preferiblemente con habilidades en Microsoft Office, cloud computing y redes de comunicación. La demanda de profesionales digitales de Gipuzkoa supone un 27,8% del total de las ofertas de Euskadi, según Fundación Telefónica. Esta demanda de perfiles tecnológicos coincide con los mensajes que diariamente transmiten las empresas del territorio, que alertan de la falta de perfiles técnicos para cubrir puestos de trabajo en sus negocios. Algo que ha llevado a muchas de ellas a buscar talento joven y trabajadores cualificados en países extranjeros. En toda la Comunidad Autónoma Vasca se demandan 1.748 personas con estos apreciados perfiles, según la plataforma 'Mapa de Empleo'. Esta cifra hace que Euskadi sea la quinta comunidad con más demanda por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. En todo el territorio de España hay actualmente 55.411 ofertas de profesiones digitales –siendo el 4,3% de esas ofertas de Euskadi, unos 1.768 puestos. En 2023 las ofertas de trabajo de las compañías vascas representaban un 4,7% de la oferta estatal.

El 20,8% de los puestos de trabajo que más cuesta cubrir en Euskadi se aglutinan en el sector del transporte y el almacenamiento. Le siguen industria y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y el del comercio y las ventas. Así lo remarca el III informe del centro de estudios The Adecco Group publicado este martes sobre las necesidades del mercado de trabajo. Para la elaboración de este estudio se ha consultado a más de 10.000 empresas de toda España. A nivel nacional la tasa de vacantes alcanzó durante el primer trimestre de este año un 0,9%, lo que supone un 1,7 puntos porcentuales por debajo de la media europea: han quedado sin asignar 145.631 puestos, frente a los más de 16 millones que hay cubiertos. Tras el sector del transporte y el almacenamiento, que en el último año ha pasado del tercer puesto al primero, en Euskadi se sitúa el de la industria, antes al frente de las ofertas de trabajo de difícil cobertura. Allí el porcentaje asciende en la actualidad al 18,1%. Le siguen los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, con un 15,3%, y el de comercio y ventas, que representa el 9,7% de estas ofertas. La construcción (con un 8,3%), las actividades sanitarias y de servicios sociales (5,6%) y las administrativas de oficina (también con el 5,6%) le siguen en un listado que también recoge a la hostelería (1,4%) o los centros de llamada (2,8%).

El movimiento de hidrocarburos va como un cohete, tanto en la importación como en la exportación. El resto va mal o muy mal. Esta es la fotografía resumida del comportamiento del tráfico de mercancías en el Puerto de Bilbao, que durante el primer semestre del año ha visto el paso de 18,1 millones de toneladas de mercancías, lo que supone el 9,7% más que en el mismo periodo del pasado año. Pero el análisis cualitativo demuestra que esa tendencia al alza, evidenciada ya en los primeros compases del año, se debe principalmente a los graneles líquidos y de forma más concreta en al actividad de Petronor y de la regasificadora. Desde la invasión de Rusia esta instalación, un punto de entrada en la península para el gas natural que se transporta en barco, tiene una intensa actividad. Según los datos que ha publicado este martes el Ministerio de Transportes Bilbao se mantiene como el quinto puerto de España, tras los de Algeciras, Valencia, Barcelona y Cartagena. La posición privilegiada que tiene el puerto vizcaíno en el movimiento de hidrocarburos ha permitido que su crecimiento de tráfico sea muy superior al del conjunto de Puertos del Estado. El aumento para el conjunto del país se sitúa en el 3,4%. Una parte importante de este aumento total para el conjunto de España, sin embargo, tiene razones coyunturales y no como origen y destino de mercancías, sino como lugar de transbordo. El conflicto en Gaza y la inseguridad en el Mar Rojo -la principal vía de acceso de las mercancías que llegan de Asia al sur de Europa- ha provocado una reordenación del tráfico para esa ruta para ser desviado y dar la vuelta a África.

El tráfico del Puerto de Pasaia sigue sin recuperar las buenas cifras de 2023 cuando ya se ha cumplido medio año. El tráfico total de mercancías acumulado hasta junio ha caído en un 8%, según los datos difundidos hoy por Puertos del Estado. 1,70 millones de toneladas frente a los 1,84 millones del mismo periodo de 2023. También el mes de junio ha supuesto un descenso del trafico del 11%. Salvo un ligero respiro en abril, la dársena guipuzcoana ha registrado caídas este 2024. Además de la ralentización industrial y la ausencia de contenedores, que está ayudando a otros puertos al desviarse a ellos tráficos por el conflicto del mar Rojo, la caída de Pasaia se explica principalmente por dos tráficos, según explican desde la institución. Los graneles sólidos (cereales y sus derivadas en su caso) y los automóviles, uno de los pilares del puerto pasaitarra. En este último caso, este año estaba ya previsto un cambio (restyling) en uno de los modelos de vehículos que salen por Pasaia, lo que implica una pequeña parada en la fabrica y una bajada estimada en 10.000 unidades en total para todo el año. Entre enero y junio la caída del llamado tráfico ro-ro (vehículos con ruedas) roza el 9%. Respecto a los graneles sólidos, el excepcional año 2023 de tráfico de cereales, a raíz del conflicto en Ucrania y la sequía, se ha normalizado este ejercicio, lo que supone una bajada de casi el 25% en el primer semestre, aunque se trata de parámetros más normales. El resto de tráficos se están comportando «bien, según lo previsto», según fuentes portuarias.

Dominion, la cotizada vasca dirigida por Mikel Barandiaran, ha obtenido unas ganancias en el primer semestre del año de 20,5 millones, un 14% menos que en el mismo periodo del año pasado, a pesar de haber mantenido una buena facturación de 571 millones, un 4,7% más. El ajuste sobre los beneficios estaba previsto ya que en su plan estratégico contempla una serie de desinversiones dirigidas a simplificar los negocios. Hasta 2026, la empresa está inmersa en una línea de actuación para abandonar el negocio como productor de energía renovable y centrarse en dos áreas: por un lado, la prestación de servicios de sostenibilidad a la industria -como la gestión de los residuos, reciclaje de componentes y gestión de estrategias de economía circular-; y, por otra parte, el desarrollo de proyectos 360, es decir, el diseño construcción, mantenimiento y gestión de diferentes infraestructuras de todo tipo para terceros, como hospitales o centrales energéticas. Ese movimiento ha generado la necesidad de afrontar desinversiones, como la compra de las acciones de su ex socio para las renovables, Incus Capital, por 67 millones. La estrategia, tal y como detalla Dominion a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la notificación de los resultados, evidencia ya resultados. Así, el beneficio antes del pago de impuestos y de la devolución de los créditos -ebitda- se mantiene en los 71 millones y representa un 12,5% sobre las ventas. Es el tercer trimestre en el que este índice supera los doce puntos porcentuales.

El grupo de servicios sostenibles y proyectos de infraestructuras Global Dominion quiere crecer en el negocio renovable, en especial en España e Italia; y sigue a la búsqueda de un socio europeo para coinvertir a partes iguales en nuevos parques, algunos de ellos ya en cartera. Sus responsables anunciaron en la presentación de su plan estratégico el deseo de ir de la mano de un aliado para las infraestructuras renovables en Europa, como ya ha hecho en Centroamérica con CMI. Pero no lo han encontrado aún, y este retraso ha retraído su negocio renovable en la primera mitad del año. Hasta junio, las ventas de Dominion casi se mantuvieron planas en 571 millones de euros, gracias al empuje del área de servicios sostenibles (economía circular, tecnología para reducción de emisiones y eficiencia energética en la industria, entre otros), que facturó 401 millones, un 2% más. En cambio, el área de proyectos 360 (infraestructuras renovables, industriales y hospitalarias) se contrajo un 4,6% y sus ventas se colocaron en 163 millones. El grupo explica el frenazo de sus proyectos renovables por el traslado del peso geográfico de la ejecución a Europa y por la decisión de acompasar el arranque de nuevas infraestructuras a la llegada del nuevo socio, así como a acuerdos de desinversión en negocios menos eficientes, como la venta de dispositivos y las tiendas físicas. En el primer semestre, el beneficio neto de Dominion cayó un 30%, hasta 16,3 millones, debido al aumento de los gastos financieros, según dijo el grupo, que durante la primera mitad del año ha desembolsado el pago a su exsocio Incus del 23% que le recompró en su negocio renovable. Además, ha comprado casi el 100% de la firma india de soluciones industriales Bygging, en la que entró hace 6 años.

Iberdrola puede marcarse hoy un doble tanto. La compañía presenta resultados de los seis primeros meses del año y todos los analistas apuntan a que superará holgadamente las ganancias obtenidas entre enero y junio de 2023. En paralelo, está previsto que Iberdrola presente su oferta vinculante en la puja final por el grupo británico ENW, valorada en al menos 5.000 millones de euros. Según el consenso de analistas, Iberdrola podría alcanzar un beneficio neto de 2.763 millones de euros en los seis primeros meses de este año. Eso supondría un 9,5% más que las ganancias obtenidas en el idéntico periodo hace un año, cuando ganó 2.521 millones de euros. El resultado bruto operativo (ebitda) podría situarse en 7.651 millones de euros, frente a los 7.560 millones de euros de hace un año. Es decir, un repunte de cerca del 2%. El motor seguirán siendo los negocios de redes y renovables. Por otra parte, está previsto que Iberdrola presente hoy su oferta final para hacerse con el grupo británico Electricity North West (ENW). La operación, que inicialmente se valoró en unos 3.500 millones de libras (4.000 millones de euros), se elevó hasta los 4.300 millones de libras (5.000 millones de euros al cambio actual) tras el fuerte interés detectado por energéticas y fondos de inversión.

El grupo cooperativo oñatiarra Ulma ha firmado un doble acuerdo con la Escuela Politécnica Superior de Mondragon para reforzar su alianza e impulsar iniciativas que fomenten el talento joven especializado que tanto reclaman las empresas. El acuerdo servirá para impulsar proyectos de tecnologías industriales a través de la creación del Aula Ulma y el lanzamiento de dos nuevas cátedras. Ulma y Mondragon Goi Eskola Politeknikoa llevan muchos años colaborando, pero el convenio, anunciado hoy es el primer gran acuerdo hecho público entre Ulma y una institución del Grupo Mondragon tras la salida de la firma oñatiarra de la Corporación en diciembre de 2022, y evidencia que se mantienen vínculos de colaboración. El Aula Ulma será un espacio dedicado al desarrollo de conocimiento y proyectos innovadores en áreas tecnológicas clave para el futuro industrial de la comarca de Alto Deba. Ulma y Mondragon Goi Eskola Politeknikoa han mantenido siempre una estrecha colaboración para formar profesionales que puedan unirse al reto de impulsar un entorno industrial sostenible. La falta de perfiles tecnológicos, sobre todo en áreas como ingeniería y mecánica, es una falla que vienen denunciando las compañías durante meses. El propio director general de Ulma, Iñaki Gabilondo, presente en la firma de hoy, señaló hace dos semanas en una entrevista en este periódico que la cooperativa oñatiarra «podría contratar más gente pero que no lo hace porque faltan perfiles». De hecho, reconoció que estaban empezando a buscarlos fuera, en el extranjero.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cree que «es posible» un acuerdo con patronal y sindicatos para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y ha reiterado que «no se levantará» de la mesa de negociación. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz aseguró que está «supersegura de que es posible el acuerdo»; «tengo esperanza, francamente», dijo. «Sabemos qué teclas hay que tocar; la cuestión está en si hay voluntad para alcanzar un acuerdo o no. Desde luego, yo lo tengo y no me voy a levantar de esa mesa», aseguró la ministra y recordó que el próximo lunes, el secretario de Estado de Empleo celebrará la última reunión de diálogo social antes del verano. La titular de Trabajo destacó que, «afortunadamente», la patronal ha vuelto a negociar activamente en esa mesa: «Por eso he dicho que hay avances, esta es la patronal que yo reconozco, la patronal que está a la altura de su país y espero que por el bien de nuestro país alcancemos un acuerdo». No obstante, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido de las consecuencias negativas de imponer la reducción de jornada con el rechazo de los empresarios. La vicepresidenta considera que esta es la medida «más deseada» por los españoles y que si alguna de las partes no apoya un acuerdo «tendrá que explicar las razones».

Las empresas no podrán despedir automáticamente a un trabajador por una incapacidad sobrevenida en el desempeño de su función en la misma. O dicho técnicamente, por invalidez, incapacidad permanente absoluta e incapacidad permanente temporal. Es más, para despedir al trabajador en estos casos, las empresas tendrán que demostrar que éste no tiene posibilidades de seguir trabajando en la misma, porque es imposible adaptarle un puesto de trabajo a sus circunstancias. O también que es un coste excesivo para la sociedad mercantil. Este es el sentido de la reforma del artículo 49.1e del Estatuto de los Trabajadores que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Curiosamente, también está en línea con la reforma del artículo 49 de la Constitución que el Parlamento hizo en enero para sustituir las expresiones de “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” por discapacitados. El proyecto de ley quiere “ofrecer un empleo decente para las personas con discapacidad, eliminando una discriminación como la que suponía el despido automático en determinadas situaciones de discapacidad”. Además, la norma resalta que frente al despido, “se trata de dar prioridad a opciones como la adaptación del puesto de trabajo o el pase a otras funciones” del empleado afectado. Es decir de mantenerle trabajando. “La incapacidad permanente no ha de suponer la muerte civil y laboral del trabajador”, dijo ayer Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, tras el Consejo de Ministros. Por tanto, la norma dice que “será obligatorio que las empresas hagan los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad ejercer su derecho al trabajo, incluso si acceden a la situación de discapacidad con posterioridad al inicio de su actividad profesional”. Tanto si la discapacidad ocurre en la empresa, o fuera de la misma, mientras se mantenga la relación laboral.

Desde la aprobación de la reforma laboral de 2021, existe una tendencia creciente a imponer nuevas obligaciones a las empresas en materia de negociación de procedimientos, documentos y planes que regulan asuntos ‘ajenos’ al negocio, como la igualdad o movilidad hasta el centro de trabajo. En los últimos años han proliferado nuevas obligaciones normativas para las empresas en materia laboral, que no sólo suponen una carga de trabajo sino que en la mayoría de las veces conllevan un coste, especialmente para las pymes que suelen necesitar asesoramiento para cumplirlas o incluso tienen que subcontratar compañías que han encontrado en este resquicio un importante nicho de negocio. «En muchos casos, estas obligaciones implican contar con asesoramiento altamente especializado en cada una de las materias afectadas. Ejemplo de ello son los planes de igualdad, la gestión y mantenimiento de los canales de denuncias, los protocolos LGTBI, las políticas en materia de registro de jornada, de desconexión digital, de movilidad sostenible o privacidad y un largo etcétera de exigencias regulatorias laborales», apunta Alfredo Aspra, socio de Labormatters. Dado que se trata de nuevas obligaciones legales que van surgiendo a medida que avanza la legislación, sin que pudieran preverse, generan inseguridad jurídica en las compañías, ya que se encuentran de la noche a la mañana con la obligación de cumplir con ciertos requisitos. «Desde la reforma laboral de 2021 existe una tendencia clara a la sobrerregulación normativa. En el caso de España, sin contar con la regulación que se dio en la pandemia por toda la situación vivida, desde dicha reforma llevamos viviendo unos años de una marcada intensidad regulatoria. Esto supone que las empresas se enfrentan a un panorama de constante cambio normativo, lo que conlleva incertidumbre y la necesidad de invertir más recursos para asegurar el cumplimiento de las leyes. Lo anterior, unido a la complejidad en la comprensión y aplicación de las normas, resulta en situaciones que a menudo acaban en los tribunales, lo que implica una mayor conflictividad y litigiosidad», apunta Raquel de la Viña, directora de Laboral de Andersen, a este medio.

«O arrimamos todos el hombro, o nos quedamos sin empresa», ha trasladado con crudeza el actual presidente de Correos, Pedro Saura, a los sindicatos, según aseguran fuentes conocedoras de la conversaciones que han motivado un importante acuerdo para salvar esta gran estatal con una nueva movilización multimillonaria de recursos. Los cálculos internos en el grupo son que, de continuar el actual ritmo de pérdidas sin nuevas inyecciones públicas ni plan estratégico, Correos podría entrar en causa legal de disolución en dos años, a partir de 2026. Las pérdidas de explotación en 2023 fueron de 286 millones hasta formar un agujero en los últimos cinco años que UGT cifra en 1.200 millones. Ningún gobierno permitiría la quiebra de Correos, que es la mayor empresa pública con funciones además estratégicas en comicios electorales y en la España vaciada, pero es necesario un enorme cambio para evitar un rescate colosal a medio plazo y un nuevo enfoque en la gestión. El abismo está tan cerca que Saura, con apoyo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, urgió a los sindicatos pactar una senda hasta 2028 en la que, en su opinión, todos deben poner de su parte, incluido el Estado con una nueva inyección. Los sindicatos responsabilizan de que Correos haya entrado «en zona de rescate» a Juan Manuel Serrano, presidente de la empresa estatal desde 2018 hasta el pasado diciembre. Serrano era jefe de gabinete del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la etapa de éste en la oposición y fue uno de sus leales en los meses más duros en que fue descabalgado de la dirección socialista.

Banco Sabadell puso el broche al primer semestre del ejercicio con un beneficio de 791 millones de euros, un 40,3% más con respecto al mismo periodo del año anterior. La entidad batió las previsiones de los analistas, que proyectaban unas ganancias semestrales de 733 millones de euros. César González-Bueno, consejero delegado de la entidad, explicó ayer durante la presentación de los resultados del primer semestre que las ganancias responden al “mayor impulso comercial, a un entorno predecible” y a la dinámica positiva de la demanda crediticia. El margen de intereses –principal canalizador de los ingresos bancarios– creció cerca de un 10% con respecto al primer semestre de 2023, hasta 2.493 millones, gracias principalmente al rendimiento del crédito y los ingresos de la cartera de renta fija. Las comisiones netas alcanzaron los 674 millones de euros, un 3,3% menos en términos interanuales. Los ingresos del negocio bancario –que combinan el margen de intereses y las comisiones netas– ascendieron hasta 3.168 millones de euros, un 6,8% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Los costes crecieron un 2,5%, hasta 1.500 millones. Las provisiones descendieron un 16,9% en el primer semestre hasta 389 millones de euros. Y la ratio de mora cedió en 25 puntos básicos con respecto al primer trimestre del año, hasta 3,21%. Los resultados mejores de lo esperado han valido para que Sabadell eleve su rentabilidad sobre el patrimonio tangible (Rote) hasta el 13,1% y mejore su previsión para el cierre del ejercicio desde el 12% inicial hasta el 13%. “Creemos que la rentabilidad aún no ha tocado techo, por lo que mejoramos el objetivo para 2024 y 2025”, subrayó González-Bueno.

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), mira de cerca al sector financiero y lanza una advertencia: el buen momento que viven las entidades no durará para siempre. El banquero central, responsable en Fráncfort de la cartera de Estabilidad Financiera, lleva tiempo llamando a la prudencia y solicitando a la banca que no se acomode en sus beneficios récord. Ayer, en una entrevista con Europa Press, Guindos dio a entender que ese momento de cambio de ciclo ya ha llegado y afirmó que “la mejora de rentabilidad de los bancos europeos y españoles ha alcanzado un tope”. A juicio del vicepresidente del BCE, la rentabilidad de la banca empezará a bajar ya porque “factores favorables, como la subida de tipos”, se irán reduciendo. Pero que el impulso en la rentabilidad de las entidades vaya a perder fuerza a partir de ahora desde niveles récord no quiere decir que el sector sea vulnerable. Todo lo contrario. Guindos quiso resaltar la solidez de la banca e hizo hincapié en la fortaleza del sector en España. “España tiene un sistema financiero solvente y capaz de dar crédito, y ese es otro de los pilares de la economía española”, aseguró el vicepresidente del BCE. Respecto a la operación del año en la banca española, la opa hostil de BBVA sobre Sabadell, Guindos especificó que la opinión del BCE “no se va a dilatar mucho” y recordó que “se basará en criterios de solvencia y prudenciales”.

Después de trece meses de negociaciones, los sindicatos llegaron ayer a un preacuerdo con la patronal bancaria AEB en relación al nuevo convenio colectivo. Los bancos asociados (Santander, Sabadell, Bankinter y BBVA, entre ellos) aplicarán una subida salarial del 4,25% en 2024, del 4% en 2025 y del 2,75% en 2026. En total, un 11,40%. Este convenio afecta a 90.000 empleados en España. Los sindicatos han logrado arañar un buen pacto para las plantillas de la banca, ya que la negociación del convenio ha coincidido con el mejor año de beneficios del sector en la historia, gracias a diez subidas consecutivas de tipos de interés. Cuando se firme, su aplicación será con efectos retroactivos desde el 1 de enero. A esos aumentos se añadirá hasta un 2% adicional si el IPC fuese superior al incremento acordado. Las conversaciones se han alargado tantos meses, porque la patronal se resistía a garantizar estas subidas para la totalidad de las plantillas. En la parte final de la negociación y tras varias concentraciones, los sindicatos han conseguido por primera vez que los aumentos acordados en tablas se apliquen también a aquellos empleados que cobran complementos personales, la vía por la que se suelen articular las subidas de sueldo por meritocracia. La patronal quería que quedaran fuera. Este nuevo convenio colectivo incluirá una cláusula de garantía de incremento real salarial que asegurará que la totalidad de las plantillas cobrarán como mínimo el 65% de los incrementos acordados en tablas durante los tres años estipulados. Es decir, independientemente de si cobran complementos o no. Para los sindicatos es el mayor logro de este acuerdo.

MIchael O´Leary ha dirigido Ryanair de manera prácticamente ininterrumpida durante los últimos 20 años y en ese tiempo ha sido uno de los motores de cambio del sector aeronáutico y también del turístico. El pasado lunes, en medio del que puede ser el verano récord para la industria aeronáutica, O´Leary anuncia el retorno a agresivas campañas de precios que parecían haber quedado en el olvido. El jefe de Ryanair marca así el paso hacia una guerra de precios por la convicción de que, si bien las ganas de viajar pospandemia no decaen, la escalada de tarifas ha tocado techo. "Mantendremos elevados volúmenes de tráfico este año pero sí que notamos que las previsiones que hicimos a comienzos de año para el conjunto del ejercicio tuvimos que corregirlas en Semana Santa y que las que hicimos entonces hasta el mes de septiembre también se nos han quedado grandes. Al cierre del ejercicio habremos transportado alrededor de 200 millones de pasajeros...Los precios del mercado subieron más de un 30% entre 2022 y 2023. Yo calculo que los bajaremos sobre un 5%...Los años 22 y 23 fueron de un crecimiento muy fuerte. Ahora, la gente nota que tiene cada vez más gastos, una hipoteca, un crédito.. y le cuesta cada vez más hacer un esfuerzo. Quiere viajar pero no está dispuesta a pagar cualquier precio para hacerlo... Boeing ha tenido problemas y Airbus también, por lo que algunas aerolíneas han tenido que dejar aviones entierra por las dificultades para hacer mantenimientos de motores. Nosotros deberíamos tener 23 aviones más de los que tenemos hoy...España es un país con una economía muy dependiente del turismo pero es evidente que hay un problema con el crecimiento que está afectando a los ciudadanos. Yo creo que esa regulación podría centrarse en asuntos como el alojamiento a corto plazo que ofrecen plataformas como AirBnb, o que se grave con más impuestos las estancias inferiores a un periodo de tiempo como dos semanas, por ejemplo".