20240212

El Gobierno Vasco abrió el pasado mes en Canadá una nueva oficina de la agencia SPRI-Basque Trade&Investment. El centro constituye el número 21 –Londres y Buenos Aires cubren también Irlanda y Uruguay– en la red exterior dedicada a apoyar la internacionalización de la empresa vasca. Operar en el exterior es, desde principios de este siglo, una maniobra casi obligada para muchas compañías, pero los acontecimientos mundiales a nivel económico y estratégico están reforzando esta apuesta, con la novedad de incorporar en los últimos años mercados fuera del ámbito tradicional europeo, como la propia Canadá, Turquía y Singapur. En un mundo tan competitivo, la anticipación y el posicionamiento son fundamentales para no quedarse atrás. Basque Trade&Investment nació en 2017, recogiendo la experiencia y los recursos que había aportado la SPRI en más de dos décadas. La primera oficina que el Gobierno Vasco abrió en el exterior fue en Japón en 1989. La clave es proporcionar una atención que combine el “conocimiento sectorial con el geográfico” a partir de esa red de oficinas, reflexiona la directora de Basque Trade&Investment, Ainhoa Ondarzabal. La agencia acompaña de forma “integral” a la empresa en todo el proceso, incluyendo “todo el apoyo técnico necesario y la búsqueda de financiación para el exterior”. Además de las 15 oficinas comerciales y seis delegaciones del Gobierno Vasco, Basque Trade&Investment cuenta con una treintena de consultores estratégicos. En total, se abarcan 97 países en todo el mundo, “identificando posibles oportunidades y ayudándolas para superar las barreras”, siendo estas últimas no solo de carácter económico sino en muchas ocasiones de cariz cultural. A fines del mes de octubre de 2023, las exportaciones vascas superaban los 27.000 millones de euros respecto al año anterior, un 0,2% más. Un crecimiento menor que el registrado en 2022 respecto al ejercicio precedente, pero que sigue reflejando solidez en la actividad internacional de las empresas vascas.

Euskadi registró el pasado mes de enero 20.593 parados extranjeros registrados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone un 8,8% más que en el primer mes de 2023, a pesar de que el conjunto del número de desempleados se redujo en este periodo un 1,48%. Según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, de las 111.229 personas inscritas como paradas en Lanbide, 20.593 proceden de otros países, lo que representa el 18,5%. De ellas, 3.206 son desempleados de otros países de la Unión Europea y los 17.387 restantes provienen de países de fuera de la UE. El dato de parados extranjeros en enero supera en 756 la cifra con la que concluyó el mes de diciembre, lo que supone un incremento del 3,81%, que supera en seis décimas el aumento mensual que se da en el conjunto de la población parada en Euskadi. Con respecto a enero de 2023, los desempleados extranjeros aumentaron en 1.670 personas, es decir un 8,83%, mientras que el paro en el conjunto de la población vasca se redujo un 1,48%.

El economista Toni Roldán (Barcelona, 1983), director del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), fue diputado en las Cortes Generales entre 2016 y 2019. Ahora se centra en una visión más académica con el objetivo de buscar soluciones «factibles» a los problemas que afectan a España. Acaba de coordinar el libro ‘Un país posible, manual de reformas políticamente viables’ (Deusto), un trabajo en el que participan una treintena de especialistas de diferentes áreas que abordan los «desafíos actuales». La obra se centra en ofrecer datos, y pone el foco en cuestiones como la educación, la productividad, el conocimiento... "Se trata de poner en marcha pequeñas reformas que puedan tener un impacto. Le pongo un ejemplo: se ha visto que cuando se implantan programas de refuerzo en matemáticas en grupos muy vulnerables se reduce de forma clara el fracaso escolar...Muchas veces se hacen las políticas a dedo, no se evalúan. El mejor ejemplo son las políticas activas de empleo. Van sumando programas, pero casi nadie se ha parado a pensar en su resultado. Lo hizo la AIReF y demostró que no sirven para reemplazar a los trabajadores. Hay que analizar más los datos porque se dan cosas surrealistas. Se puede acceder a datos del universo laboral alemán con cifras que facilita el propio Gobierno alemán, pero los números equivalentes en España no puedes verlos...Lo más preocupante es la productividad. Con Europa estamos divergiendo y no convergiendo. Hay muchas razones. Tenemos el tamaño de las empresas, que son muy pequeñas, la baja inversión en innovación, tenemos mucho retraso en muchos indicadores... Pero ponemos el foco en el capital humano. Tenemos un problema muy grande en lo que se refiere a la atracción de talento. Hay que apostar realmente por el conocimiento, porque después generas empresas punteras que permiten generar empleos de altísima calidad. Es importante gastar en rehabilitación de edificios, pero una vez que colocas las ventanas, ¿qué haces?...De cada diez euros de los fondos europeos, ocho se están gastando en obras, en infraestructuras físicas. Y a este país le que le falta es un plan, digamos, de infraestructuras humanas con mucha inversión en educación. Hay que aprovechar todo el talento que tenemos...– ¿Cuáles son los puntos fuertes y los déficits de Euskadi?– Hay cosas muy interesantes, como la formación dual, Ikerbasque... Pero tampoco hay que hacerse trampas al solitario. Hay elementos que ayudan a tener un papel destacado: infraestructuras muy potentes, una o dos universidades de primera línea mundial y un coste de vida relativamente bajo. Y no está claro que Euskadi cumpla bien ninguno de ellos". 

17 de agosto de 2007. El Diario Oficial de la Unión Europea anuncia la licitación de una obra en el corazón de Gipuzkoa, entre Ordizia e Itsasondo. Una actuación pequeña en longitud –apenas 2,86 kilómetros– pero de enorme trascendencia económica (60 millones de euros) y social. Representa el embrión de un proyecto anhelado, estudiado y debatido durante años que al fin empieza a ver la luz: la línea ferroviaria de alta velocidad. Quince años después de que en 1992 el primer tren de estas características en España conectase Madrid y Sevilla, la modernidad en el transporte ferroviario echaba a andar en Gipuzkoa. Tras los preceptivos procedimientos administrativos, las máquinas empezaron a trabajar en Ordizia en abril de 2008. Hacía año y medio que se había puesto la primera piedra de la línea en Euskadi. La llamada ‘Y vasca’, por la figura que forma su trazado para unir las tres capitales, arrancó en Arrazua-Ubarrundia (Álava) en septiembre del año 2006. Otros quince años después de ese comienzo en el Goierri, la construcción de la plataforma del llamado trazado guipuzcoano, que cruza el territorio desde Bergara hasta Astigarraga, ha llegado a su fin. El ‘esqueleto’ de la red ya está finalizado. Así lo anticipó ayer en una entrevista concedida a este periódico el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola (PSE), quien hoy hará oficial el anuncio durante una visita a las obras del tramo Hernani-Astigarraga, el último construido por el Gobierno Vasco.

Pilar Mitxelena, administradora única y gerente de la serrería hernaniarra Iñaki Bereziartua S. L., y Nerea Aranguren, gerente del centro tecnológico Ideko de Elgoibar, tienen muchas virtudes en común más allá del hecho de ser mujeres. La principal de ellas, la determinación para salir adelante y triunfar en un mundo empresarial en el que cada vez hay más directivas. Mitxelena lo ha logrado en una compañía industrial familiar y tras superar una dificultad extrema como fue la muerte de su marido, Iñaki Bereziartua, que compartía con ella la dirección de esta firma que además de serrar madera se dedica a la confección de embalaje industrial. Se puede decir, por lo tanto, que esta mujer de 65 años tiene madera de líder para hacer piña en equipo y capacidad de adaptación. La donostiarra Nerea Aranguren, por su parte, ha llegado a lo más alto con menos épica, de forma más natural, apoyada en su talento, en un sector tan complicado como el de la innovación, con el inmenso reto de la inteligencia artificial. Son dos formas distintas de dirigir, pero ambas igual de merecedoras del premio que anualmente otorga la Asociación de Empresarias de Gipuzkoa (Aspegi). Mitxelena ha sido distinguida en el apartado de Empresaria, y Aranguren, de 50 años, en el de Directiva/Profesional. Un premio que pretende dar visibilidad a mujeres con gran trayectoria profesional y que han realizado «una aportación destacada a la economía del territorio». Pilar Mitxelena: «Mi marido confiaba en mí y cuando murió, decidí seguir con la empresa ». Nerea Aranguren: «En mi empresa hay ya mas chicos que chicas con medidas de conciliación». 

Montse Galcerán acumula una trayectoria de más 15 años en el mundo de la investigación, un ámbito todavía «bastante masculinizado». Esta doctora en Ciencias Químicas es especialista en ciencia de materiales y desde 2013 trabaja en el CIC Energigune de Vitoria. Su amplia experiencia le ha permitido ver con perspectiva la evolución del papel que han tenido y tienen las pioneras. Participará el jueves en el Palacio Villa Suso en el encuentro ‘Mujeres en la ciencia’. "Además de que estas actividades nos ayudan a crear redes de apoyo entre nosotras, también se pretende enseñar modelos a seguir para las generaciones futuras. Es importante que vean el tipo de roles y referentes que existen. Aporta, de una forma global, conciencia sobre los problemas que nos hemos enfrentado las mujeres, como puede ser la brecha de género o la falta de reconocimiento por nuestro trabajo...Es vital para el bienestar personal el tener un equilibrio entre vida laboral y personal. Forma parte de la gestión de la felicidad. Si las personas están bien, las organizaciones científicas también van a funcionar mejor. Es un punto muy importante. En mi caso, lo llevo bastante bien. Estoy en un momento de equilibrio. He sido capaz de ser consciente de dónde me he encontrado y de establecer límites...– ¿La conciliación es más complicada para las mujeres científicas? – Sí, por la sociedad en la que vivimos. Parece que por el simple hecho de ser mujer, tenemos que tener la casa en orden y tenemos que encargarnos de todos los cuidados. Si hay igualdad, todos tienen los mismos beneficios y todos tienen los mismos derechos. Pero si no hay igualdad, obviamente las mujeres lo tienen más complicado. También está la presión que tenemos por producir resultados y eso en conjunto con las pocas políticas de apoyo y la discriminación de género hace que haya una desigualdad y que se complique la conciliación familiar..."

Artículo de Mikel González-Eguino, investigador Ikerbasque en BC3. "El Parlamento vasco aprobó el pasado jueves la Ley de Transición Energética y Cambio Climático con los votos del PNV, EH Bildu y PSE-EE. Euskadi cuenta, por fin, con una norma que sienta las bases para acelerar el abandono de los combustibles fósiles y la adaptación al cambio climático..La ley establece como principal objetivo la neutralidad climática del País Vasco como tarde en 2050 y recoge la voluntad de adelantar dicha fecha a 2045. Es la primera vez que la referencia a 2045 se formula en una comunidad autónoma o en el Estado, aunque ya ha sido adoptada por Alemania, Dinamarca, Austria y Suecia...La ley cuenta con importantes objetivos a alcanzar en 2030. Establece una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 33% (respecto a 1990), un ahorro del 12% en el consumo energético (respecto a 2021) y un aumento de las renovables hasta alcanzar un 32% del consumo final. Contempla que estos objetivos se puedan revisar al alza, aunque ahora es más relevante poner la lupa sobre el despliegue de las políticas necesarias para cumplirlos. En ese sentido, son especialmente urgentes las medidas en el sector del transporte, ya que sus emisiones son un tercio de las totales, siguen creciendo y estamos a la cola de Europa en materia de electrificación de la movilidad. La ley establece un canon a las renovables cuyos ingresos revertirán en las zonas en donde se instalen y excluye el autoconsumo o las plantas inferiores a los cinco megavatios. Este canon, que tendrá que guardar un equilibrio para favorecer el atractivo a la inversión en Euskadi, se complementa con una reserva como mínimo del 20% de la inversión para la ciudadanía y empresas de la zona. En relación a la financiación, se establece que un 2,5% del Presupuesto del Gobierno vasco estará destinado a la acción climática. Asimismo, la norma señala que la Administración vasca habrá de desprenderse antes de 2030 de todas sus participaciones en empresas o iniciativas asociadas a la exploración y explotación de combustibles fósiles. La medida afectará, entre otras, al 100% de los activos de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) y al 25% de la central de ciclo combinado de Bahía Bizkaia. Esta decisión, alineada con la última cumbre del clima en Dubái, ayudará a minimizar los riesgos financieros del sector público, ya que es esperable que los activos fósiles se deprecien con el tiempo. La ley deja la puerta abierta a que las diputaciones realicen ajustes en la fiscalidad ambiental, lo que aceleraría el proceso de descarbonización y generaría recursos adicionales..."

La irrupción de la inteligencia artificial generativa, capaz de crear contenido original, promete mejorar la productividad de la economía, aumentar la eficiencia de las empresas y favorecer la innovación, pero a la vez amenaza con provocar un ajuste masivo del mercado laboral, que extinga puestos tradicionales y genere nuevas oportunidades en sectores tecnológicos emergentes, o con incrementar las desigualdades. Estas son algunas de las principales conclusiones que arroja el Pulso Económico Trimestral de EY Insights en su edición de invierno de 2024, recabando las valoraciones de los responsables de una quincena de los principales servicios de estudios del país, incluyendo los de Funcas, Fedea, el Círculo de Empresarios, la Empresa Familiar, la banca o las escuelas de negocio. Unas impresiones que vienen reforzadas por el significativo ejercicio de que la tanda de preguntas de la encuesta relativas a la inteligencia artificial han sido redactadas por una de ellas, Chat GPT3.5, con la mera indicación de elaborar “una encuesta a economistas de prestigio” sobre este tema. Como resultado, el 86% de los economistas consultados ha coincidido en señalar que la inteligencia artificial generativa provocará “una reestructuración significativa del mercado laboral” en los puestos “tradicionales”, mientras que el 93% está de acuerdo en que su “adopción masiva” también supondrá la creación de “nuevas oportunidades de empleo en sectores emergentes”. Más allá, el 70% asume que la tecnología podría contribuir a la creación de una economía más basada en la creatividad y la innovación, impulsando el crecimiento a largo plazo, y el 80% espera efectos beneficiosos sobre eficiencia en la producción, la mejora de la productividad económica y el bienestar social. Con todo, dos tercios temen que “la automatización impulsada por la IA generativa” cree el “riesgo de una mayor desigualdad económica”. Las conclusiones van en línea con las del reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que advertía de que la llegada de la IA “probablemente empeorará la desigualdad”, podría afectar al 60% de los empleos de las economías desarrolladas, el 40% en las emergentes y el 26% en aquellas de bajos ingresos, provocando una relevante desaparición de puestos de trabajo.

España no es país para mittelstand. Esta palabra alemana describe a una clase de empresas principalmente dedicadas a la industria, con un tamaño entre mediano y grande, sin llegar a ser titanes multinacionales con miles y miles de empleados pero sí con cientos. Según los últimos datos de demografía empresarial de Eurostat, lo cierto es que España tiene más empresas en total que Alemania. En concreto, tenemos 3,33 millones, frente a 3,22 millones de Alemania. No obstante, en 2022, ese menor número de empresas alemanas dieron empleo a 39,06 millones de personas y tuvieron una cifra de negocio (no confundir con beneficios) de 8,72 billones de euros. Ese mismo año, las españolas, con 15,63 millones de trabajadores, lograron una cifra de negocio de 2,97 billones. Cuando se analizan los datos, queda patente que las compañías españolas afrontan un particular techo de cristal. Ese techo tiene nombre, o más bien, número. Se llama empleado 50. En la infografía que acompaña a esta información se recogen las más destacadas normas que deben seguir los empresarios. Más allá del buzón de denuncias que será obligatorio a partir de abril, entre las normas del empleado 50 están el tener un 2% de la plantilla con al menos un 33% de discapacidad, elaborar y aplicar un plan de igualdad, así como hacer una auditoría salarial. Antes del 2 de marzo, las empresas deberán incorporar al plan de igualdad un protocolo de prevención del acoso a personas LGBTI. En el plano sindical, al superar esta cota, los trabajadores ganan derecho a formar un comité. La empresa debe informar trimestralmente de su situación económica al comité, entre otras obligaciones. En contabilidad, no se pueden presentar ya balances simplificados y se tiene la obligación de auditar las cuentas si la firma, además de tener 50 trabajadores, factura más de 8 millones de euros o bien tiene activos por valor de más de 4 millones de euros. En fiscalidad, pierde el derecho a contar con deducciones en el impuesto sobre sociedades al contratar de forma indefinida a personas que estaban anteriormente desempleadas. Estas normas que se aplican a partir del empleado 50, según el Banco de España, tienen un coste: un desincentivo para el crecimiento de las compañías.

Los 11.000 millones de euros que Iberdrola iba a destinar a la compra de la estadounidense PNM Resources tienen destino. La mayor eléctrica europea —y segunda del mundo— por capitalización dedicará el grueso de ese dinero a redes de distribución, según las fuentes consultadas. Los planes definitivos se anunciarán en el día del inversor que celebrará la energética el 21 de marzo. A diferencia de la generación de energía renovable, donde la española ha puesto el foco en los últimos años, las redes son un negocio regulado y, por tanto, mucho más estable: garantiza ingresos recurrentes y ofrecen a los inversores un horizonte claramente definido. Tras varios años de desaforada inversión en proyectos renovables, son muchas las eléctricas que ante la subida de los tipos de interés, la caída prevista para los próximos años en el precio de la luz y las oportunidades en un sector que tiene que crecer sí o sí para dar cobertura a la avalancha de nueva fotovoltaica están privilegiando el negocio de redes. Particularmente, en las economías avanzadas, más proclives a dar entrada a actores privados en el segmento de distribución de electricidad y que ofrecen flujos de caja garantizados y protegidos frente a la inflación año tras año.

El famoso déficit de tarifa eléctrico, el multimillonario agujero financiero que se creó en España hace años porque los precios de la luz no cubrían sus costes, va camino de solucionarse. Ese déficit, que rozó los 30.000 millones de euros, ha quedado reducido a unos 7.800 millones. Si nada se tuerce, en 2028 quedará totalmente saldado. Será con la ayuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la entidad bancaria estatal. Se pondrá fin de esta manera después de casi tres décadas a un problema que puso al borde de la quiebra al sistema eléctrico y que podría haber desencadenado un enorme quebranto económico a las grandes empresas, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. El Fade (Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico), la entidad pública de gestión privada que se creó para solventar ese problema, ha cambiado radicalmente su estrategia. El Fondo ha renunciado a emitir bonos para cubrir los desfases y, en su lugar, está acudiendo a la línea de créditos que en su día se habilitó desde el ICO. Esa línea asciende a 2.000 millones de euros. Según consta en el último informe sobre la evolución del déficit de tarifa elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Fade está usando desde hace tres años al ICO de forma creciente. Es una estrategia coherente con el mercado financiero.

Solo la vasca Sener participa en la línea de Riad a Jeddah, controlada por empresas chinas y locales. Al sector le está costando competir por proyectos ferroviarios. La maquinaria de la diplomacia económica de China y Francia funciona a todo gas y constructoras e ingenierías de ambos países han consolidado fuertes posiciones en un mercado en plena efervescencia por la plasmación de miles de millones de dólares de inversión que cuelgan del plan estratégico de país Visión 30. Arabia Saudí tiene en rampa de lanzamiento la ejecución de la red ferroviaria Landbridge, con un presupuesto que parte de 7.000 millones de dólares (6.500 millones de euros) y para la que China negocia en exclusiva tras abonar el terreno desde 2018. Ambas partes ultiman detalles sobre la financiación y presupuesto final (el de 7.000 millones fue estimado en 2011) para construir una línea de 920 kilómetros entre Riad y Yeda, con un ramal de 145 kilómetros al puerto Rey Abdullah, y remodelar otras cinco líneas menores que actuarían en red con la primera. El objetivo es conectar Riad y ciudades industriales con puertos del mar Rojo y del Golfo. Además del tráfico de mercancías se atenderá también el de pasajeros a través de 2.000 kilómetros de vía, de los que 1.300 kilómetros son de nueva construcción y 700 corresponden a renovaciones. La ingeniería Sener es la excepción española en el plan, como parte del grupo de empresas que realizará la consultoría de gestión del proyecto, contrato adjudicado en diciembre. Junto a la vasca están la italiana Italferr, que se llevó el contrato del diseño detallado de Landsbridge en el verano de 2015, y la estadounidense Hill International.

Basf, el mayor grupo químico del mundo, planea una inversión de más de 500 millones de euros en España para construir una planta de reciclaje de baterías para coches, según fuentes conocedoras de la operación. Se localizaría en Tarragona y se convertiría en la gran instalación europea de esas condiciones, capaz de recuperar níquel, cobalto, litio, cobre y manganeso. Un portavoz de la compañía, que no confirma el coste de la operación, remarca que el proyecto espera todavía “la decisión final de inversión”. Basf ha conseguido al menos tres paquetes de ayudas públicas por un importe conjunto de 125 millones de euros para las instalaciones. En la documentación presentada ante la Comisión Europea, la empresa considera la actividad que llevará a cabo en las nuevas instalaciones “el primer proceso de reciclaje de baterías comerciales de su tipo a escala industrial”. Diversas fuentes conocedoras del proyecto de Basf, que piden permanecer en el anonimato, aseguran que el proyecto del conglomerado alemán ha ido creciendo con el tiempo y el coste de su puesta en marcha, pese a partir desde los 500 millones de euros, podría aproximarse a los 700 millones. Dependerá del tamaño que acabe asumiendo el grupo alemán, si lo acaba sacando adelante. De momento, Tarragona ya no tiene competencia de otros lugares europeos para llevarse la inversión y las instalaciones serían uno de los buques insignia de las políticas de descarbonización en las que trabaja Basf.  El grupo calcula que permitiría evitar un 58% de las emisiones que supone la minería vinculada a las celdas de baterías que montan los coches. Y acabaría dando empleo a dos centenares de trabajadores en el polígono petroquímico de Tarragona.

La Bolsa española está en manos de 1.700 inversores, nacionales e internacionales, que manejan dos terceras partes de los 850.000 millones de euros que mueve el parqué. Así se desprende de un exhaustivo análisis realizado por Expansión para determinar quiénes son, cuánto tienen y dónde están los accionistas de las 121 empresas que cotizan en el Mercado Continuo. Este pormenorizado estudio toma como referencia todas las participaciones superiores al 0,01% actualizadas, con estadísticas de 10.000 operaciones registradas en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) y otras bases de datos. Los resultados son sorprendentes. No solo revelan quién se juega más dinero (Amancio Ortega, fundador de Inditex; BlackRock, el mayor fondo privado del mundo, o Norges, el mayor fondo de pensiones, entre otros). También ponen de relieve cómo se mueven esos recursos por el parqué. Inversores silenciosos como Vanguard o Capital Group están en los primeros puestos. El Estado español es uno de los mayores propietarios de la Bolsa española. Lo hace a través de varias vías, y el hólding estatal de la Sepi, aunque es la más conocida, no es la que más recursos se juega en el parqué. Gobiernos como el de Japón sienten entusiasmo por España. Pero también son adictos a este país varios estados de EEUU, desde Ohio hasta Luisiana y Oregón. Dinero público también llega de otras partes del mundo, tanto de Australia, como de Ghana. Hay inversores omnipresentes, como Dimensional, que están en casi todas las empresas. En el caso de otros inversores ocurre justo lo contrario. El fondo americano Global Infrastructure Partners (GIP); Enel (Gobierno italiano); Sonatrach (Argelia); STC (Arabia Saudí); y GIC (Singapur), se lo juegan todo a una sola carta (Naturgy, Telefónica o Cellnex, según cada caso). Todo esto ocurre en un mercado donde la concentración es la norma. Los cien mayores inversores suman 450.000 millones de euros, más de la mitad de todo el mercado. De ellos, 87 forman el club de milmillonarios, en gran parte familias españolas.

El año pasado, España batió su récord de bajas laborales relacionadas con «trastornos mentales y de comportamiento» –así lo cataloga el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones– con un total de 597.686 incapacidades temporales relacionadas con la salud mental. Un dato que no ha dejado de crecer tras la irrupción de la covid-19 y que supone más del doble que las cifras registradas hace siete años. Según ha podido saber El Correo tras una petición de información a través del Portal de Transparencia, el número de bajas temporales creció en los últimos doce meses un 13,6% con respecto a 2022, que era el actual récord histórico hasta la fecha. «A pesar de que vemos un aumento de estas bajas, pensamos que están infraestimados», denuncia Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral de UGT. Lejos de las cifras de incapacidad temporal relacionados con traumatismos, las tramitaciones por «trastornos mentales y de comportamiento» son el 8,2% del total de procesos iniciados en 2023 y registrados en las estadísticas del del departamento liderado por la ministra navarra Elma Saiz. A nivel mensual, el pasado mes de mayo registró el mayor número de bajas con 58.905. Casi 60.000 tramitaciones en un periodo de 30 días, muy por encima del pico experimentado en uno de los momentos más drásticos de la historia reciente: el inicio del confinamiento por la pandemia de coronavirus.

El candidato del PNV, Imanol Pradales, se está preparando para las elecciones vascas, que previsiblemente se celebrarán el 21 de abril, el día de su cumpleaños. En una entrevista, asegura que se siente “independentista con los pies en el suelo”. Frente al empuje que dan las encuestas a EH Bildu, destaca que su partido ha sido siempre una fuerza que busca la estabilidad. Sobre la ley de amnistía, confía en que el PSOE y Junts lleguen a un acuerdo que ayude a cerrar el conflicto.  El último sondeo del Gobierno vasco, conocido el viernes, pronostica un empate a escaños entre su partido y EH Bildu. Los socialistas tendrían la llave de la gobernabilidad. Imanol Pradales (Santurtzi, Bizkaia, 48 años) es partidario de repetir la coalición con el PSE porque desconfía del “tacticismo y falta de seriedad” que ve en los abertzales. “Defiendo ampliar y reforzar el autogobierno; son otros los que han virado a nuestras posiciones”, dice en alusión a Bildu. Todo apunta a que las elecciones se celebren el 21 de abril, cuando Pradales cumple 49 años. "Hace más de cuatro décadas apostamos por una construcción de país basada en el autogobierno y el Estatuto de Gernika. Nuestro modelo siempre ha ligado el bienestar al autogobierno. Estas elecciones vamos a elegir entre el modelo que ha traído bienestar a Euskadi y el modelo de EH Bildu que no conocemos aún y está por definir...A mí me alarma que se proponga el intervencionismo en la política económica e industrial. Esta semana, miembros de Sortu okupaban dos viviendas turísticas de San Sebastián. Parece que plantean una política de vivienda basada en la okupación. Y en el ámbito político, se observa una ciaboga en quienes ahora utilizan términos como “más y mejor autogobierno”, que hasta hace poco no estaban en el vocabulario de EH Bildu...Hay que dar tiempo a la legislatura de Pedro Sánchez. El PNV no favorecerá la inestabilidad política..."

Durante un acto electoral en Carolina del Sur, Donald Trump soltó una nueva bomba, dirigida esta vez a los aliados de Estados Unidos en la OTAN. Hace tiempo que critica a los países que se resisten a aumentar sus aportaciones económicas a la Alianza. Y, en tono amenazante, desveló una conversación privada con un alto dirigente de uno de esos estados que él considera remolones: «El presidente de un país grande se levantó y me preguntó: ‘Pues bien, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegería?’. Yo le respondí: ‘Si usted no pagó, usted ha cometido un delito’». Trump fue más allá en su contestación: «No lo protegería. De hecho, animaría (a Rusia) a hacer lo que le dé la gana. Tiene usted que pagar, tiene que pagar sus cuentas». Esta declaración se produce después de que el empresario, probable candidato republicano a la presidencia en las próximas elecciones de noviembre, presionara a los cargos electos de su partido en el Congreso para que enterraran un proyecto de ley que prevé el pago de nuevas ayudas a Ucrania, así como una reforma de la política migratoria. De hecho, si vuelve a dirigir el país, se ha comprometido a expulsar a los migrantes. «El primer día pondré fin a todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden y lanzaremos la operación de deportación nacional más grande en la historia de Estados Unidos. No tenemos otra opción», advirtió.