20240205

Entrevista con Tamara Yagüe, presidenta de Confebask. Mantiene un discurso basado en la cautela y en la mano tendida para llegar a acuerdos, pero al mismo tiempo tiene claras cuales son las prioridades empresariales y los desafíos a los que se enfrenta la economía vasca. Manifiesta su especial preocupación por la falta de perfiles laborales especializados en el sector industrial y la conflictividad laboral, y reclama una estrategia conjunta entre todos los agentes para convertir Euskadi en un espacio “atractivo” para invertir y trabajar. "...El gran problema de la empresa vasca es la falta de perfiles cualificados y técnicos que permitan dar salida a sus proyectos. Es, no obstante, un problema generalizado, que afecta al Estado y a toda Europa...Desde Confebask, estamos trabajando junto con el Gobierno vasco en una plan coordinado y consensuado. Debemos trabajar en la captación de talento extranjero y de otras partes del Estado para que se traslade a Euskadi... También es necesaria una labor en el ámbito de las recalificaciones profesionales. Además, es necesario dar un mayor protagonismo a todo lo relacionado con la Formación Profesional, porque cuenta con una gran valoración...En el plano de la fiscalidad, apostamos por aprovechar el instrumento del Concierto Económico para reforzar la competitividad de las empresas y crear un crecimiento sostenible. No estamos hablando de recaudar menos, sino de recaudar mejor. Ahí está el ejemplo de los incentivos fiscales con los rodajes audiovisuales en Bizkaia y los resultados económicos que están suponiendo...Nosotros estamos dispuestos a seguir negociando por el beneficio de las empresas, los trabajadores y la sociedad en general. No sé si todo el mundo está dispuesto a sentarse en esa mesa. Pienso que los trabajadores deberían recuperar el poder adquisitivo perdido. Las empresas están haciendo un gran esfuerzo para ello. En el período entre 2021 a 2024, el incremento del IPC ha rondado el 21%, mientras que la deflactación aprobada por las diputaciones forales en el IRPF apenas ha llegado al 10%. Es decir, 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación real. Creo que es momento de que las administraciones vascas acometan una deflactación en las tablas del IRPF acorde al momento que estamos viviendo..."

Que nadie espere una revolución fiscal ni tampoco una bajada de impuestos generalizada. El aviso a navegantes lanzado por las diputaciones vascas este mes, anteponiéndose al calentamiento electoral, no deja lugar a dudas tras el análisis del sistema tributario realizado el otoño pasado. Han optado por enfriar el debate y por asegurar los ingresos que «garanticen las políticas públicas», como han recordado en frase citada literalmente los tres diputados forales de Hacienda. Vienen tiempos inciertos en lo económico y la máxima de San Ignacio de «en tiempos de tribulación no hacer mudanza», sirvió en 2020 y 2021 para retrasar la reforma fiscal, lo mismo que ahora para no ir más allá. Y eso que las haciendas vascas han venido marcando récords históricos de recaudación de forma continuada en los últimos tres años que, según las previsiones, se convertirán en cuatro en este ejercicio. Los cambios, según ha podido confirmar El Correo, se centrarán en el tratamiento del dinero destinado a la vivienda y a los planes de pensiones. Son dos gastos fundamentales en todos los hogares de Euskadi que suman en total 3.308 millones de euros: 2.489 para la vivienda y 818 para las EPSV. Así se desprende de la última memoria anual tributaria que cada una de las haciendas forales ha publicado, la de 2022. 

Cada semana, son varios los anuncios de novedades legislativas en el ámbito laboral que lanza la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en el marco de la campaña para las elecciones gallegas. El rosario de titulares –lejos de convertirse en hechos– está generando confusión en las mesas de negociación colectiva –que no saben qué deben negociar– y frenando la decisiones de inversión de las empresas, según confirman a este medio distintos bufetes de abogados. «La sucesión de anuncios por parte del Gobierno sobre posibles modificaciones en materia laboral tiene un impacto directo en la negociación de convenios colectivos y/o acuerdos de empresa. A modo de ejemplo, la mayor parte de los convenios prevé una jornada semanal superior a 37,5 horas. Esto afecta a una de las materias fundamentales de negociación en un convenio, pudiendo alterar el equilibrio de las negociaciones y provocando que el consenso alcanzado pueda quedar sin efecto en el corto plazo y deba revisarse», apunta Borja González, jurista de Laboral de Gómez Acebo y Pombo. La reducción de la jornada es uno de los anuncios estrella de Díaz para esta legislatura pero, pese a que ella quiere aprobarla de forma inminente, la patronal y los sindicatos ya han advertido de que es precisa una profunda negociación –que realizarán por su cuenta y arrancará esta semana– sobre la forma en que puede aplicarse en cada uno de los sectores. Aún así, dado que ha insistido en que la reducción se producirá sin bajada de sueldos independientemente de lo que acuerden en el diálogo bipartito, los que están negociando en las mesas no saben a qué atenerse. 

“Las primeras estimaciones sugieren por ahora que el impacto de la crisis del mar Rojo en la inflación será moderado, con una subida adicional de unas décimas este año y un impacto principalmente centrado en bienes importados”, explica Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics. El Banco de España también rebaja el volumen del shock: cree que la frágil demanda global y la ausencia de congestión en la industria logística impedirán los atascos de antaño.  De momento, ya suponen incómodos recargos y adaptaciones a toda prisa. Es el caso de las firmas de automóviles, con una cadena de suministro, basada en el modelo just in time, y menos habituada al almacenamiento. “Algunos proveedores de automoción instalados en España se están viendo afectados por los retrasos de los componentes o de las materias primas necesarias para fabricarlos y de un incremento de costes al tener que recurrir al transporte aéreo en su lugar”, dicen desde la patronal Sernauto. “Se están aplazando pedidos no urgentes, la variable clave es la duración”, sostienen fuentes de la patronal española CEOE. Talavera coincide. “El precedente de 2021-22 nos dice que hay riesgos de un impacto exponencialmente más alto si la crisis se sostiene en el tiempo y el bloqueo empieza a crear disrupciones en las cadenas de suministro. Europa importa gas licuado de Qatar, que cruza a través del canal de Suez, y una parte importante del tráfico de petróleo también se podría ver afectado”. Aun así, la patronal asegura que por ahora no habrá rotura de stocks, o sea, que se evitará el desabastecimiento. “En las últimas semanas las empresas han centrado sus esfuerzos en anticipar compras de materias primas, buscando nuevos proveedores en áreas geográficas más próximas y gestionando su aprovisionamiento a través de nuevas rutas y otros medios de transporte como alternativa al marítimo”, apuntan.

El constante ir y venir de petroleros y metaneros entre el mayor polo de producción fósil del planeta —Oriente Próximo— y uno de los mayores consumidores —Europa— está tomando un cariz muy distinto en cuestión de semanas. La ruta tradicional, por el mar Rojo y el canal de Suez, se ha visto dinamitada en las últimas semanas por los ataques de las milicias hutíes. Sin visos de una pronta solución, los transportistas están tomando el único camino posible para evitar riesgos: circunnavegar el continente africano por el cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica). Una ruta que añade unos 6.000 kilómetros y cerca de dos semanas de navegación —en función del origen y el destino— y que obliga a utilizar casi 20 buques más para entregar la misma cantidad anual de crudo y gas que hasta ahora. Los datos y mapas más recientes de la consultora energética Rystad muestran cómo ningún buque gasista está hoy en tránsito entre Oriente Próximo y Europa por el mar Rojo: la decena larga de metaneros que cubren esa ruta están rodeando el continente africano. Cinco de ellos llegarán en los próximos días a su puerto de destino en el Viejo Continente tras cerca de un mes de travesía. Serán los primeros en hacerlo tras el obligado cambio de rumbo. Los demás llegarán a mediados de febrero, siguiendo los pasos del gigante naviero Maersk, Qatar Energy fue el primer gran actor energético en abandonar sine die la ruta del mar Rojo a mediados de enero. Desde entonces, el reguero de empresas del sector con flota propia y de transportistas de materias primas que han seguido sus pasos ha sido constante. 

Desde hace más de diez años, las compañías y los reclutadores muestran una preocupación creciente por una tendencia que se suma a la grave incidencia del paro en España: la escasez de talento en numerosos perfiles y, en paralelo, la ausencia de capacidades y habilidades necesarias que da lugar a la falta de candidatos válidos. En un país que arrastra elevados índices de desempleo, se da la paradoja de que existen grandes dificultades para encontrar ciertas competencias y para cubrir determinados puestos de trabajo. En este contexto, los procesos de selección se han convertido en un desafío cada vez más exigente. Los aspirantes afrontan un procedimiento en el que los reclutadores afinan al máximo para dar respuesta a las necesidades de sus empresas. “La única solución para dejar atrás esta problemática pasa por la formación y el reciclaje de las personas que ya están en el mercado de trabajo...Cada día importan más aspectos como el propósito, el estilo de liderazgo y que todo ello se traslade a una buena experiencia de empleado”, recalcó Rodrigo Martín Velayos. En cuanto a las competencias fundamentales, aseguró que “lo que más se va a buscar en el futuro son personas con actitud, dado que la fecha de caducidad de los conocimientos es cada vez más corta, y con criterio o espíritu crítico”. En todo caso, “ahora estamos dando mucha importancia a las soft skills, pero el conocimiento sigue siendo clave”...Desde la perspectiva de los profesionales, el informe Workmonitor de Randstad ha detectado que, por primera vez tres décadas, el salario emocional se iguala en importancia con la retribución económica. Asimismo, valoran cada vez más el equilibrio entre la vida laboral y personal. Como consecuencia de estos procesos, “las empresas debemos mantener una relación estrecha y en constante colaboración con el mundo universitario y académico”, subrayó Lourdes Ramos Banús, directora general de recursos humanos de Garrigues. Debido a la falta de talento en ciertos ámbitos y las demandas de los profesionales más jóvenes, advirtió que “no es posible atraer un buen talento si no hay una fidelización adecuada dentro de la empresa”.

Kutxabank Gestión, que aglutina gran parte del negocio de fondos de inversión del banco que preside Antón Arriola, ha recibido el máximo reconocimiento sobre inversión responsable de la ONU. El certificado, denominado PRI, concede a la filial de la entidad vasca una calificación de 9,5 puntos sobre un total de 10 puntos posibles. Según señalan desde Kutxabank, la tercera gestora de España por volumen de recursos “ocupa así un lugar destacado en el mundo de la inversión socialmente responsable”. En base a estas fuentes, la valoración media de las más de 3.000 gestoras internacionales adheridas al programa PRI está muy por debajo, en el nivel de los 5,8 puntos. La ONU ha destacado como “excelentes” los ámbitos de inversión en los que se mueve Kutxabank Gestión. Por sus compromisos con la sostenibilidad y por la “robustez” de su sistema de gobernanza. De aquí viene otra calificación, en este caso de 9,6 puntos, en el apartado concreto de la gestión directa de la renta fija y de la renta variable. Kutxabank Gestión aplica en su estrategia y como primer paso la exclusión de los sectores en los que no invierte (armas, empresas contaminantes, que no respetan los derechos laborales, etcétera). En segundo lugar, la gestora integra participaciones de compañías responsables con el medio ambiente y los ciudadanos. Por último, se implica en un “diálogo continuo con las empresas” para orientar sus acciones “en favor de la sostenibilidad”.

Hacienda se pone seria con Wallapop, Milanuncios, Vinted y compañía. Especialmente con aquellos particulares que realizan muchas operaciones al año y que generan importantes sumas de dinero en este tipo de plataformas digitales de compraventa de artículos: ropa, coche, bicicletas, ordenadores, juguetes, libros... Si usted es una de esas personas, si realiza más de treinta transacciones al año o gana más de 2.000 euros en ventas, atento. Porque estas empresas estarán obligadas a informar al fisco sobre sus clientes más activos. Y es que los tiempos cambian a velocidad de vértigo y las instituciones deben estar alerta para adaptarse a las nuevas costumbres. Una de ellas tiene que ver con la economía digital. Un universo vasto, sin límites, que muchas veces va varios pasos por delante de la ley. Y lamentablemente, en demasiadas ocasiones se convierte en un campo de minas para las estafas y el fraude fiscal, con el perjuicio que ello supone para las políticas redistributivas en la sociedad. Uno de los últimos retos de las administraciones tributarias consiste en atajar esta debilidad, una vía de agua para eludir las obligaciones fiscales. Pero la normativa procedente de Europa denominada DAC7 llega con el objetivo de marcar un antes y un después. Esta directiva persigue ofrecer una mayor transparencia tributaria a este nuevo ámbito del mercado para evitar «el fraude fiscal, la evasión fiscal y la elusión fiscal», como se especifica en la citada norma, que entró en vigor el 1 de enero de 2024.

Despegar y aterrizar en el aeropuerto de Vitoria reportará nuevas ventajas a las aerolíneas que opten por la pista alavesa. Unas mejoras contempladas en el nuevo plan de incentivos puesto en marcha por Aena para Foronda. El objetivo es que el aeródromo aumente su competitividad y pueda atraer nuevos vuelos y compañías a su actual oferta. Un cartel con un gran potencial que ha permitido a la instalación firmar la cifra de pasaje más elevada en sus 43 años de historia, con 309.929 usuarios. Con la pretensión de hacer de Foronda una terminal importante para las compañías desde el punto de vista económico, el paquete al que ha dado luz verde el gestor aeroportuario consta de distintas ventajas que estarán en vigor durante tres años consecutivos (2024, 2025 y 2026.). Como medida principal, las aerolíneas estarán exentas de pagar la tarifa por pasajero de todos los viajeros adicionales a los de 2023 durante esos tres ejercicios. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el hipotético caso de que Ryanair aumente su oferta de vuelos y el aeropuerto registre más pasajeros que en 2023, la firma no deberá abonar nada por esa cifra extra de usuarios. Estos nuevos incentivos se aplicarán sobre las tarifas aprobadas para 2024, que serán «inferiores a las del 2019», destaca Aena. 

Tras un año de obras, la expansión logística de la Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) ya es una realidad. Según han confirmado portavoces de la empresa a este periódico, los 9.000 metros cuadrados del polígono Casablanca ya están operativos para el gigante de los caldos. La superficie, que ha supuesto una inversión de 4,8 millones de euros para CVNE, buscaba dar solución a la falta de espacio que la compañía estaba experimentando en la bodega Viña Real, sede del proceso productivo para elaborar los caldos que vende por medio mundo. El nuevo espacio tiene capacidad para albergar hasta 7 millones de litros de vino y supone una importante liberación de espacio para la bodega del Cerro de la Mesa. A este nuevo espacio se ha trasladado personal de la bodega de Viña Real para atender las labores de logística. En el edificio, calificado con un certificado ‘green’ por su sostenibilidad, está prevista la contratación de un técnico, aunque no se descarta sumar más mano de obra si hace falta en el futuro. El final de las obras en el polígono Casablanca deja al centro de Aeternal Mentis como el gran proyecto pendiente en la zona. Esta inversión, a diferencia de la de CVNE, parece haber entrado en vía muerta, sin avances desde hace más de un año. Entre los proyectos punteros que quedan pendientes en Laguardia ocupa un lugar destacado el edificio que levantará el Basque Culinary Center para hacer la sede del campus del vino en Rioja Alavesa, algo en lo que ya trabaja la cúpula del EDA Drinks&Wine Campus de forma paralela a la sede de Vitoria. Las firmas ganadoras de los correspondientes concursos de arquitectura para hacer los edificios se conocerán, si todo va según lo previsto, en el mes de mayo.

Cuatro años después del derrumbe del vertedero de Zaldibar, el mayor desastre medioambiental de la historia de Euskadi y una tragedia humana que aquel 8 de febrero se cobró la vida de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, los dos trabajadores que murieron sepultados bajo la avalancha de escombros, el paraje presenta hoy una imagen muy diferente. El paisaje apocalíptico con montañas de residuos industriales, humos tóxicos, llamaradas y olor nauseabundo de 4040 ha dado paso a una ladera verde en la que, vista de lejos, solo la existencia de marcas revela que un día hubo ahí algún tipo de actividad y que no ha sido un lugar de senderismo ni de pastos para ganado. La aparente paz que ahora rodea el enclave no esconde que se sigue trabajando en la zona. Sobre el manto verde salpicado de calvas marrones que tapa miles de toneladas de basura, siguen actuando excavadoras, camiones y operarios. En octubre el Gobierno Vasco decidió asumir de forma subsidiaria la responsabilidad de proceder al sellado provisional del vertedero, viendo que la empresa gestora de la instalación, Verter Recycling, en concurso de acreedores y encaminada a su liquidación, no estaba cumpliendo con esa obligación. Según los planes del departamento de Medio Ambiente que dirige Arantxa Tapia (PNV), el sellado provisional estará concluido para el mes de junio. Esta actuación debería ofrecer «una garantía mínima de estabilización durante al menos 7 o 8 años», hasta que se pueda lleva a cabo el sellado definitivo.

Las grandes compañías de suministro eléctrico en España (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP), así como decenas de comercializadores independientes y otras empresas recién llegadas a este negocio, como las petroleras Repsol y TotalEnergies, se enfrentan a un nuevo fantasma: la caída sistemática del consumo por razones que todavía no terminan de entenderse. El consumo de luz en España bajó en 2023 un 2,5%, hasta 229.526 gigavatios hora (GWh). Es la cifra más reducida desde 2003, hace 20 años, cuando apenas se superaron los 224.200 GWh. Todos los esfuerzos por “electrificar” la mayor cantidad posible de consumos energéticos por parte de grupos como Iberdrola y Endesa no están funcionando. La caída del consumo se ha vuelto el tema estrella de todas las conversaciones del sector, que no termina de aclarar exactamente las causas. Sobre todo, teniendo en cuenta que la economía (el gran motor de la demanda de la luz de un país) aparentemente está creciendo. El ahorro energético o el autoconsumo (que ya se lleva un 3% del negocio, unos 800 millones de euros) tienen parte de la culpa. Pero no explican por sí solos caídas tan continuadas en el tiempo.

«Habrá que ver qué hacen en Portugal y qué hacemos aquí». La frase es de Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra, aunque aquí hablaba como presidente de Anfac, la patronal de fabricantes de coches, y la dijo a finales de 2023. Era la última vez que alguien del sector se refería al ejemplo recurrente para sacar los colores a España por su retraso con los eléctricos. Porque la comparación no es con Alemania o el Norte de Europa, sino con un país con una renta per cápita casi un 10% inferior y donde se venden la quinta parte de automóviles. Pero si en 2023 los que necesitaban de un enchufe –100% eléctricos (BEV) o híbridos enchufables (PHEV)– representaron el 31,8% del total en Portugal, en nuestro país esa cuota fue la tercera parte. Y como también nos aventajan, aunque menos, en desarrollo de la red de recarga, la conclusión es que el índice de electromovilidad que elabora Anfac le da a Portugal una puntuación de 25,8, por los 13 puntos de España. La media de la UE es 27. Las razones de estas diferencias son muchas. Unas son replicables, otras no. Las ayudas a las empresas y la gestión de la red de recarga son claves. 

En conjunto, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter ganaron algo más de 26.000 millones de euros en 2023, un 26% más respecto a 2022. Un repunte que ha sido más intenso en el negocio en España, donde las ganancias se han disparado casi un 53% a lomos del avance de los ingresos gracias a las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE). Así, el Estado elevará sus ingresos en el segundo ejercicio de la tasa en vigor, que crecerá algo más de 400 millones, según han calculado las propias entidades. La relación es directa entre el gravamen y el incremento del margen de intereses en España (+44%) y las comisiones netas (-5%) de las entidades financieras y de crédito. Es decir, el cálculo del tributo se hará sobre una base muy superior tanto en este año como en los posteriores, en caso de que se mantenga este nivel de ingresos. Como ejemplo, las cifras facilitadas por cada uno de los bancos que han presentado resultados de 2023 la pasada semana y las previsiones del sector para este 2024. En total, los cinco grandes grupos abonarán este año unos 1.410 millones de euros por el impuesto extraordinario. Si a ellos se le suman el resto de bancos sujetos a la tasa (Unicaja, Abanca, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar y la francesa BNP), la cifra escalará entre 250 millones y 265 millones adicionales. Es decir, el abono total superará los 1.650 millones de euros, un 30% por encima de los 1.260 millones del ejercicio anterior.

Las aseguradoras acaban de cerrar un buen ejercicio en el que la facturación ha crecido un 18% y afrontan otro año en positivo, pero con muchos retos: cambio climático, inteligencia artificial o el histórico debate sobre la necesidad de que los españoles fortalezcan sus ahorros de cara a la jubilación. La presidenta de la patronal del sector, Unespa, Mirenchu del Valle, insiste en que los trabajadores de ahora deben saber con tiempo cuál va a ser su pensión futura «para tomar una decisión informada» de ahorro. "Los ciudadanos tienen que conocer cuál va a ser su pensión esperada cuando se jubilen para poder tomar una decisión informada ahora con todos los elementos suficientes y poder construir el ahorro que consideren...– ¿Y ven posible, siendo realistas, que el Gobierno eleve los límites fiscales de los planes de pensiones individuales?– Tenemos argumentos suficientes para volver a poner esta cuestión encima de la mesa. Estamos en esa intención. Es bueno para todos. Porque en el fondo no es un verdadero incentivo, sino un diferimiento. Yo hoy me estoy deduciendo una cantidad que cuando cobre la prestación revertiré nuevamente a las arcas públicas.– También se están desarrollando los planes de empleo. ¿Cómo valoran esta otra opción?– Fue una buena decisión promocionarlo. Pero también pedimos que hasta que se pongan en marcha en los correspondientes convenios sectoriales, los trabajadores de ese convenio que no tienen un plan de pensiones de empresa puedan aportar por encima del límite individual actual y cuando se constituya el plan de empleo se pueda trasvasar..."

"Un reciente informe de la OCDE (Economic Policy Papers, Nº 33), señala que la economía española retrocederá 10 posiciones en la clasificación mundial de países por PIB per cápita, pasando desde la posición 23 actual a la 33 en 2060. De hecho, en los últimos 20 años España apenas ha generado valor para acrecentar su renta per cápita. En dicho informe se señala que el citado indicador creció en el periodo 2007-2020 un 0,4% anual, muy por debajo de la media de la OCDE en el mismo periodo (1,2% por año) y también por debajo del de la Eurozona (0,6% por año). Conviene recordar que el crecimiento de la renta per cápita está definido sobre todo por la intensidad de la productividad y en menor instancia por otros factores demográficos, como las horas trabajadas por ocupado o la tasa de empleo de las personas en edad de trabajar...Lamentablemente el crecimiento de la productividad española cabe calificarse de famélico, dado que apenas si ha alcanzado una tasa del 0,1% acumulativo anual en el periodo 2007-2020. La OCDE califica como una larga década perdida para nuestra economía la comprendida entre esas fechas... Agregaremos, sin embargo, en esta ocasión, tres elementos menos conocidos que guardan alguna relación de causalidad con aquella variable. Nos referiremos a la exigua tasa de acumulación de nuestro capital, es decir nuestra baja inversión, a las consecuencia de la desigualdad en la renta y la riqueza y a la importancia de la calidad institucional..."

Arabia Saudí se ha convertido en una plataforma de crecimiento única para los grandes contratistas españoles. Los planes del reino saudí para transformar su economía y hacerla menos dependiente del petróleo en 2030 incluyen inversiones por valor de un billón de euros dedicados, principalmente, a la modernización de su planta energética, mejora de las comunicaciones del país y ciudades más abiertas y adaptadas a las nuevas tecnologías. Esta transformación se ha traducido en una ingente cascada de licitaciones por valor, al menos, de 20.000 millones en los dos próximos años, de la que los grupos españoles están sacando provecho. En energía, Técnicas Reunidas, aliada con la china Sinopec, es el gran referente español, mientras que Renfe y Alsa abanderan el desembarco en el país árabe en el sector de transportes junto a proveedores de material rodante de la talla de Talgo y CAF. En obra civil, FCC y Acciona figuran entre los mayores contratistas internacionales, tanto en infraestructuras de movilidad como en obras vinculadas al ciclo integral del agua. Por volumen de inversión, el concurso para construir y mantener la nueva Línea 7 del Metro de Riad es uno de los más grandes, por valor de unos 10.000 millones de euros. Acciona y FCC forman parte de sendos consorcios constituidos para pujar por este proyecto emblemático. FCC, como parte del consorcio que ganó en 2013 uno de los lotes para diseñar y construir las primeras líneas del suburbano, ha sido invitado para participar en la ampliación de la Línea 2.

Powell, haga lo que haga, será blanco de las críticas. En la primera reunión de política monetaria del año, demócratas y republicanos ya le han situado en el ojo del huracán político. En pleno año electoral, los demócratas quieren que baje los tipos cuanto antes. Enfrente, el probable candidato republicano, Donald Trump, le ha acusado de querer propiciar la reelección del actual presidente, Joe Biden, y ha advertido de que, si él vuelve a la Casa Blanca, no le renovará el mandato. Powell asumió el cargo de presidente de la Reserva Federal en 2018 tras ser nombrado precisamente por Trump. Luego, en 2022, ya bajo la presidencia de Biden, juró un segundo mandato que debería terminar en mayo de 2026. Pese a haberlo elegido él mismo, Trump arremetió contra Powell ya en 2019 porque no bajaba los tipos de interés tanto como él quería. No era en absoluto el primer inquilino de la Casa Blanca que se enfrentaba al presidente de la Reserva Federal —hay toda una tradición al respecto—, pero sí el primero que lo hacía de forma tan abierta en varias décadas. Con el estallido de la pandemia, Powell salió al rescate de la economía estadounidense inundando de liquidez el mercado y rebajando a cero los tipos de interés. Cuando la inflación empezó a subir con fuerza en 2021, ya con Biden en la Casa Blanca, la Reserva Federal se equivocó en su diagnóstico al pensar que sería transitoria. Luego tuvo que acometer la subida de tipos más agresiva en cuatro décadas, dejando el precio del dinero en el nivel más alto en casi 23 años. Biden no solo renovó el mandato de Powell, sino que reconoció expresamente que el banco central es el principal protagonista de la lucha contra la inflación.

La llegada de las vacunas contra el coronavirus a los países europeos en las navidades de 2020 y la veloz administración de las primeras dosis a lo largo del invierno y la primavera siguientes evitaron la muerte de seis de cada diez ciudadanos que de otra forma hubiesen estado condenados por la infección del SARS-CoV-2. Es la conclusión principal de un estudio realizado por los técnicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que querían poner cifras concretas a la enorme aportación realizada por los científicos para acabar con la pandemia y al tiempo dejar definitivamente sin argumentos a quienes desde la pseudociencia o la pura ignorancia del negacionismo pretenden todavía hoy minar la confianza en estos valiosos fármacos. La investigación del organismo especializado de Naciones Unidas se da a conocer justo cuando se cumple el tercer aniversario de la llegada a los países europeos de los primeros viales generadores de anticuerpos contra la covid. Las mismas dosis del preparado de Pfizer que en España y la mayoría del continente se destinaron a inmunizar con urgencia a los ancianos de las residencias, que no solo eran la población más vulnerable por su edad y por sus enfermedades de base, sino que, además, vivían en un entorno que había provocado el primer año de pandemia espirales masivas de contagios. Los especialistas de la OMS calculan que la inmunización de la población europea y de las repúblicas exsoviéticas desde el primer semestre de 2021 permitió salvar la vida de casi un millón y medio de personas y acelerar notablemente el fin de la pandemia, que se declaró extinta en la primavera de 2023.