20241105

El consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Noël d’Anjou, volvió a manifestar que la entrada de fondos extranjeros, como en el caso de la posible venta del Grupo Uvesco (SuperAmara y BM) a la distribuidora francesa Carrefour, «ocupa y preocupa al Gobierno Vasco». Y por ello, desde su departamento subrayaron que «este año se va a potenciar y a optimizar el uso del fondo de arraigo Finkatuz», diseñado para tomar participaciones en firmas estratégicas de Euskadi y con el objetivo de mantener su permanencia, desde donde se destinarán 150 millones durante 2025 en cuatro iniciativas. D’Anjöu presentó ayer las líneas principales del Presupuesto del Gobierno Vasco, y destacó durante su comparecencia en el Parlamento Vasco que Finkatuz cuenta con unos recursos disponibles de 200 millones de euros, lo que le convierte en «una palanca estratégica» para frenar el alejamiento de centros de decisión empresarial del País Vasco. El propio lehendakari, Imanol Pradales, ha fijado el objetivo para esta legislatura de crear un «fondo soberano» que pueda alcanzar los 3.000 millones para apoyar al tejido productivo vasco. El anuncio llega, además, cuando el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, analiza la formulación de una oferta para comprar el 29,9% de las acciones de Talgo. Una operación para hacerse con el control del fabricante de trenes que cuenta con el respaldo del Gobierno Vasco y también del Ejecutivo central. Finkatuz, hasta ahora, sólo se ha empleado para invertir 65 millones en ITP Aero y elevar hasta el 3% la participación del Gobierno en la otra ferroviaria vasca, CAF. Además, tiene ya desde su constitución el 7% de Kaiku. Pero desde la operación de la aeronáutica ITP no ha vuelto a realizar ninguna inversión en más de dos años. El responsable de las finanzas vascas señaló que «no se anticipan cambios apreciables en el futuro», con un escenario económico en el que «preocupa la situación de Alemania con una debilidad crónica desde 2022» y que ha provocado «signos claros de debilidad en la industria manufacturera». Por eso defendió un proyecto de Presupuestos «valiente», que contempla un gasto público de 15.728 millones, el mayor de la historia de Euskadi, para garantizar la calidad de las políticas públicas –con más de 5.000 millones en Sanidad– y las inversiones necesarias para la industria vasca. Ver nota de prensa y comparecencia completa del consejero aquí. 

El Departamento de Economía, Empleo y Trabajo dispondrá el año que viene de 1.224,89 millones de euros, una cifra récord que supone un incremento de un 2,5% respecto a la de este año y que se sitúa «solo por detrás de Salud y Educación». Así lo destacó ayer en su comparecencia en el Parlamento el vicelehendakari Mikel Torres, que explicó que ese dinero se destinará, en gran medida, a «crear empleo de calidad» con un «compromiso claro por la justicia social». Su previsión para 2025 pasa por la creación de 15.000 puestos de trabajo a la vez que el paro se situará en el 7%. La mayor parte de ese presupuesto lo gestionará Lanbide, que se lleva 1.169,6 millones de euros y que, según Torres, debe ser «el eje vertebrador de todas las políticas de empleo». Por un lado, el organismo se encarga de gestionar prestaciones sociales como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y por otro debe ser el servicio que garantice la inserción laboral, un aspecto que se trata de mejorar con el plan Lanbide Hobetzen. Con la transformación de Lanbide lo que se pretende es, precisamente, que el organismo deje de ser un mero gestor de prestaciones para convertirse en un verdadero servicio de inserción laboral y cumplir así la ley vasca de Empleo, que prevé itinerarios personalizados para los parados. Para ello se destinarán 518 millones a políticas activas de empleo e inserción. Torres señaló que se pondrá el foco «en los parados de larga duración y en los perceptores de la RGI», y aseguró que se hará un esfuerzo por adaptar la formación y la orientación a las necesidades de las empresas. En el marco del objetivo de impulsar la calidad del empleo, se ha incorporado en el presupuesto un estudio para establecer un Salario Mínimo en Euskadi, que deberá ser pactado por los agentes sociales en la negociación colectiva. En las Cuentas se contemplan dos millones de euros para Fabrika, la fundación ligada a la patronal guipuzcoana Adegi a la que la antecesora de Torres, Idoia Mendia, encargó implantar un proyecto piloto para la reducción de la jornada laboral

Desde que llegó a Ajuria Enea, Imanol Pradales ha insistido en que una de sus prioridades esta legislatura será reforzar la proyección de Euskadi en el exterior. Una declaración de intenciones que tiene su reflejo en el presupuesto de Lehendakaritza, presentado ayer en comisión parlamentaria por los colaboradores más estrechos del lehendakari en el corazón del Gobierno. Un montante que asciende, en total, a 95,5 millones de euros, un 3,37% más que en 2024, de los que más de la mitad se destinarán a la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, según se recoge en el proyecto presentado ayer por Mikel Iriondo, secretario general de Coordinación y Comunicación Social de la Presidencia, acompañado por el responsable de Unión Europea y Acción Exterior, Ander Caballero, y por el de Transición Social y Agenda 2030, Ion Muñoa. El incremento en las partidas y el plantel de 22 altos cargos del departamento, incluyendo un nuevo comisionado, aún por nombrar, para diseñar la Euskadi «del futuro», obedece a la intención de Pradales de impulsar la estructura de Lehendakaritza con atribuciones renovadas, como la de «cambiar la manera de relacionarse con la ciudadanía» y fomentar la «innovación social», la recuperación de Emakunde en el organigrama, aunque con menos presupuesto, y la voluntad declarada de «reforzar» la red de delegaciones vascas en el extranjero «con el objetivo de adaptarse a las nuevas dinámicas internacionales y asegurar la defensa de los intereses vascos en regiones prioritarias».

Tubacex sigue sin mejorar sus cifras y vuelve a recortar ventas y a hundir su beneficio en los nueve primeros meses de 2024, en espera de los efectos de su macrocontrato con la petrolera emiratí Adnoc y su pacto con el fondo soberano de Abu Dabi Mubadala. Sus responsables daban por hecho que los resultados irían este ejercicio de menos a más, y que ya en la segunda mitad de 2024 mejorarían. Pero hasta septiembre las ventas cayeron un 11,4% y se colocaron en 569 millones de euros por la bajada de los precios del níquel, el alza de existencias, y el acopio de materiales para pedidos que se empezarán a enviar en 2025. La tubera cree que este recorte de facturación es “coyuntural”, ya que está realizando un esfuerzo inversor en capex y circulante vinculado con clientes y proyectos estratégicos. En cuanto los pedidos empiecen a suministrarse, a principios de 2025, se verá el impacto positivo en la cuenta de resultados, indica. En los nueve meses, el ebitda se redujo a 78,1 millones, un 16,7% menos; y el beneficio neto se hundió un 49% y quedó en 14,2 millones. Estas cuentas no agradaron a los inversores: la acción de Tubacex cayó un 2,16%, y cerró a 3,17 euros. Pese a estos malos datos, el grupo resalta que la tendencia de sus resultados es al alza, y que ya durante el tercer trimestre el descenso del ebitda ha sido menor y el resultado neto prácticamente ha repetido en 7,7 millones, con un margen del 16,4%. “En los próximos trimestres, dada la cartera actual de 1.600 millones se espera una mejora progresiva de facturación y ebitda”, destacan en Tubacex.

Las fábricas de la eurozona van al ralentí. El ritmo de deterioro de la actividad manufacturera de la zona euro sigue empeorando a medida que pasa el año. Según el índice PMI, se ha cumplido el vigésimo octavo mes consecutivo por debajo del umbral del 50 –que indica contracción–, lo que significa la desaceleración más prolongada desde que comenzaron los registros en 1997. Concretamente, en octubre el índice PMI manufacturero se situó en 46 puntos, un escenario de contracción, aunque su mejor lectura en cinco meses. La actividad está muy lastrada por las dos principales economías europeas, Alemania y Francia, que volvieron a caer con fuerza en octubre. Italia, la tercera economía, registró también deterioro, pero algo más moderado. España, en cambio, es la excepción a la norma. Se desmarca de la contracción generalizada en las grandes economías del euro y logra en octubre el mejor resultado. España registró el incremento del índice PMI más rápido desde febrero de 2022 hasta alcanzar una lectura de 54,5 puntos, frente a los 53 de septiembre. La subida se debió a la mejora tanto de la producción como de los nuevos pedidos, que las empresas atribuyeron a un aumento de la demanda del mercado con carácter generalizado, y con un incremento de los nuevos pedidos de exportación al mayor ritmo en casi tres años.

Tras casi un año de negociaciones, la patronal CEOE rechazará hoy definitivamente el plan del Gobierno de reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 horas en 2025. Sería como «animar a las pequeñas empresas a tirarse por un barranco» sin «paracaídas» y apenas con un «paraguas para que te mates directamente», expresó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. De esta forma, el ultimátum lanzado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la patronal no logrará su objetivo. Su ministerio puso encima de la mesa el pasado 29 de octubre una última propuesta que incluía, además de las bonificaciones a la contratación por reducir la jornada laboral, un paquete de ayudas directas de 375 millones de euros y advirtió de que o antes del próximo 11 de noviembre contestaban positivamente a reducir la jornada de más de 12 millones de trabajadores, o esos incentivos desaparecerían. Los empresarios no van a agotar ese plazo. El comité ejecutivo de la CEOE se reúne hoy con carácter extraordinario para rechazar esa última oferta, que ha soliviantado aún más a la patronal porque, según sostienen, no llegaría ni siquiera a 800 euros para cada pequeña empresa. Una estimación que resulta de dividir los 375 millones entre ese cerca de medio millón de micropymes que el Gobierno calcula podrían beneficiarse. La CEOE denuncia que se trata de una cantidad mínima para el elevado coste que tendrían que afrontar los negocios por ese recorte de jornada que, también según cálculos de la patronal, ascendería a cerca de 12.000 millones de euros de impacto directo por las horas que se dejarían de trabajar. «El ‘no’ es seguro. La cosa ya no da más de sí», aseguran a este periódico fuentes de la patronal. «El rechazo será unánime. No se me ocurre ningún sector o patronal territorial que esté de acuerdo con la reducción de jornada por ley, en lugar de hacerlo en la negociación colectiva», sostienen fuentes de la CEOE.

Según los datos actualizados mensualmente por el propio Minis­terio, la jornada media de los convenios pactados en Euskadi es de 37,2 horas semanales, una media hora menos de lo que pretende el Gobierno que sea norma para tocio el mundo en 2025. Navarra, por su parte, está en las37,7horas,  solo unos minutos por encima del objetivo de Yolanda Díaz. La directora de relaciones laborales de Confebask, Virginia Múgica. señala que pese a que el País Vasco pueda tener, de media, una jornada laboral inferior a la media del resto de España, "también habrá una parte importante de los trabajadores que se verán afectados por la  ley. Según los datos que maneja el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, del millón de trabajadores en activo -contando a los empleados públicos-,un tercio trabaja actualmente más de 37,5 horas semanales. «Nuestros asociados es­tán que no se lo creen, dice Virginia Múgica. No conciben que lo que pactaron en sus conve­nios colectivos salte por los aires por una ley. Rompe todos los equi­librios de la negociación colectiva, afirma Múgica. «Van a implantar un café para todos de hoy para mañana que va a generar muchos problemas", insiste.

Cada año, un buen número de alumnas brillantes descarta estudiar las carreras STEM (las siglas que engloban a las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas) por tener poca confianza en sí mismas, faltarles referentes femeninos o carecer de una buena orientación profesional en el instituto. La mayor encuesta con adolescentes realizada en España revela que sólo el 3% de las estudiantes de la ESO y el 4% de las de Bachillerato quieren ser ingenieras. El sondeo, que se hará público hoy, ha sido realizado por la Fundación Asti, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para impulsar las vocaciones científico-tecnológicas de las jóvenes, ayudándolas a conocer en qué consisten estas carreras y poniéndolas en contacto con mentoras que las guían durante su formación. En España sólo el 16% de los profesionales STEM son mujeres, según un estudio del Observatorio Social de la Fundación la Caixa. A pesar de que han ganado presencia en estas áreas durante la última década, siguen siendo minoría. Por cada tres alumnas de la rama de Ingeniería y Arquitectura hay siete alumnos. Únicamente suponen el 9% de todas las universitarias matriculadas. Y eso a pesar de que el 43% de las empresas del sector tecnológico tienen serias dificultades para encontrar los perfiles que necesitan y de que estas carreras son las que muestran una mayor empleabilidad. Parte del problema procede del rechazo de las Matemáticas. La OCDE ha detectado que, a los 15 años, las chicas tienen una ansiedad hacia esta asignatura significativamente mayor que los chicos y superior a la que existe en países de nuestro entorno. Esa ansiedad tiene consecuencias porque «son más propensas a percibir menos que los varones que pueden acometer con éxito tareas centradas en Matemáticas y Ciencias». Por cada punto en el índice de ansiedad, hay 20 puntos menos de rendimiento en Matemáticas, según la OCDE.

El 70% de las residencias para mayores o dependientes que funcionan en Bizkaia registraron el año pasado carencias de personal o de mantenimiento. De los 154 centros privados y públicos con licencia de actividad, los inspectores de la Diputación detectaron problemas de conservación en 108 –sistemas de seguridad, iluminación, limpieza...– e incumplimientos de los ratios de médicos o enfermeras fijados por la ley en 99. Algunos de los problemas fueron subsanados tras los requerimientos oficiales, pero muchos otros no. El Gobierno foral acabó abriendo un centenar de expedientes, algunos aún sin cerrar, que derivarán en sanciones. Los datos fueron aportados ayer por la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, durante una comparecencia en las Juntas Generales en la que dio a conocer el resultado del control de los servicios y las prestaciones que se ofrecen en el territorio. Después de que las críticas arreciaran contra la Diputación durante la pandemia por su opaca gestión de las residencias, y de que en los años previos se registrara una larga huelga, la administración quiere cambiar el paso... y la imagen. Antxustegi aseguró que su departamento ha «reforzado» el equipo de inspectores que se dedica a recorrer las residencias. Ahora mismo está compuesto por nueve personas, y a su trabajo atribuye la diputada de Acción Social el incremento exponencial de las revisiones y de los «incumplimientos» detectados el pasado ejercicio. En 2020 las irregularidades halladas mediante visitas sorpresa, principalmente tras las denuncias presentadas por usuarios o por sus familiares, no llegaron a la veintena.

Las tornas han cambiado claramente. «Y no nos va a temblar la mano a la hora de sancionar las irregularidades», dijo Antxustegi.

Un total de 199 personas se habían acogido de forma voluntaria hasta el pasado jueves, 31 de octubre, al expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Masorange cuyo plazo para la adhesión voluntaria concluye mañana miércoles, 6 de noviembre. Se trata de alrededor del 30% de los 650 empleados para los que está planteado el ERE acordado en la mesa de negociación por la empresa y la mayoría de los sindicatos, ya que fue respaldado por los representantes de UGT y Fetico, y rechazado por los de CC OO. El plazo para inscribirse al despido colectivo se abrió el 22 de octubre, y una vez que concluya este miércoles, la empresa tendrá un periodo del 7 al 13 de noviembre para comunicar si acepta la solicitud de los voluntarios, ya que tiene derecho de veto en determinados casos. Si las peticiones voluntarias no cubren los 650 empleados, la empresa podrá aplicar despidos forzosos con tres criterios: los excedentes por áreas; la menor polivalencia funcional, conocimientos, formación y capacidad de adaptación a la nueva organización y la menor valoración del rendimiento o potencial de desarrollo de la persona trabajadora. De esta forma, las salidas podrían comenzar en la segunda mitad de noviembre o principios de diciembre.

Holaluz, una de las comercializadoras de luz surgidas en España a raíz de la liberalización del sector, se disparó ayer en Bolsa un 35,4% ante la noticia de la llegada de un inversor que inyectará dinero en la empresa para que remonte su delicada situación financiera. Icosium Investment –una sociedad con sede en Barcelona y poco conocida en el sector del capital riesgo y los fondos de inversión hasta ahora– ha salido al rescate de la comercializadora energética Holaluz, que lleva meses intentando recomponerse de su precaria situación financiera. El fondo, a cuyo frente está como consejero delegado y administrador único Lotfi Bellahcene, se ha comprometido a inyectar 22 millones de euros en dos fases, lo que le dará hasta el 33% del capital de Holaluz. Se convertirá así en su máximo accionista, por delante de los fundadores, Carlota Pi (actual primera ejecutiva), Ferrán Nogué y Oriol Vila, que tienen entre el 14% y el 16% cada uno. La inversión de Icosium, sujeta a las autorizaciones correspondientes, se realizará en dos fases. En la primera fase, esa sociedad aportará 6,48 millones de euros mediante una ampliación de capital, emitiendo nuevas acciones ordinarias a 1,80 euros por título sin derechos de suscripción preferente. En esta primera fase, Icosium obtiene el 14,12% del capital y se incorpora al consejo de administración de Holaluz con dos asientos.

Golpe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a Meliá en Madrid. El organismo ha abierto un expediente sancionador a la hotelera tras constatar que estaba sustituyendo personal de plantilla con fijos discontinuos contratados a través de empresas de trabajo temporal y le obliga a convertir en indefinidos a cien trabajadores del hotel Meliá Castilla de Madrid, además de imponerle una sanción de 41.000 euros. La actividad inspectora se ha centrado en 2023, ejercicio en el que ha podido constatar, según la resolución a la que ha tenido acceso CincoDías, que de los 365 días en que se prestó servicio a clientes se contrataron fijos discontinuos para los puestos de camareros durante 325 días o durante 267 días en el caso de las camareras de piso. “Lo que acredita que están sustituyendo personal fijo y de estructura por fijos discontinuos de ETT. Además queda acreditado, y así resuelve la Inspección, que no justifican la causa requerida del estatuto de los trabajadores, como circunstancias imprevisibles ni alegan causa válida”, recalca Sergio de Frutos, responsable del sector de Hospedaje de la Federación de Servicios de CC OO en Madrid, que denuncia que la hotelera estaba haciendo uso del contrato fijo-discontinuo a tiempo parcial. “Algo que no está permitido por convenio”. La resolución establece que la hotelera tiene que integrar en plantilla como indefinidos a 100 trabajadores. 

La venta de vehículos creció un 9,2% en Euskadi en octubre, pero los modelos electrificados –los eléctricos puros y los híbridos enchufables– retomaron su tendencia al descenso tras el ligero impulso vivido en septiembre por las ayudas del Plan Moves y los descuentos ofrecidos por Tesla. En total, el pasado mes se matricularon en el País Vasco 2.386 turismos, lo que representa el citado crecimiento del 9,2% respecto al mismo mes de 2023, eso sí, con la ayuda de dos días laborables más. El dato vasco se sitúa dos puntos porcentuales por encima del crecimiento experimentado en el conjunto de España (7,2%). En lo que va de año ya han salido de los concesionarios de Euskadi 20.545 vehículos, lo que representa un incremento del 3,8%, mientras que a nivel nacional el crecimiento es de un 4,9%. El empuje se sustenta básicamente en el alza constante que mantienen los híbridos no enchufables, según figura en los datos ofrecidos por las tres patronales del sector –Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores)–. El mes pasado supusieron la mitad de todas las ventas (1.167 tras crecer un 60%). Desde enero suponen 9.104 turismos, un 40,5% más que en los diez primeros meses del año pasado. Por su parte, los electrificados volvieron a bajar en octubre. 

«Los costes en Alemania deben reducirse masivamente. VW es demasiado cara en casa. Nuestros costes laborales aquí, por ejemplo, son a menudo más del doble de la media de nuestras sedes europeas. También hay que actuar en nuestros costes de desarrollo y ventas y en otras áreas en comparación con la competencia», declaró Blume al diario Bild, un testimonio que aporta cierta tranquilidad a los trabajadores de VW en el extranjero, pero confirma las intenciones de reestructuración en las sedes alemanas y entre los trabajadores de más antigüedad. El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, no ve alternativa a las duras medidas de recorte de costes anunciadas para la marca VW y que, según el comité de empresa, incluye el cierre de al menos tres plantas de producción en Alemania, algo sin precedentes en la historia del consorcio. Como parte del programa de recorte de costes de VW, además del cierre de plantas, despidos y recorte de salarios de hasta el 19%, se van a suprimir las bonificaciones por largos años de servicio. Hasta ahora, los empleados que llevaban 25 años en VW recibían una prima única de 1,45 veces su salario mensual, e incluso 2,9 veces esta cantidad para los empleados que llevaban 35 años en la empresa. Según el comité de empresa, unos 6.000 empleados estaban a punto de alcanzar estos aniversarios en marzo de este año. De ellos, unos 2.000 llevan 25 años en la empresa y algo menos de 4.000, 35 años. Hace unos días, el Grupo Volkswagen comunicó una fuerte caída de los beneficios del tercer trimestre. Tal y como se esperaba, el beneficio del grupo después de impuestos se desplomó un 64% hasta los 1.580 millones de euros. La facturación, por su parte, cayó hasta los 78.500 millones de euros. Todas las miradas están puestas ahora en cuál será el plan definitivo de reestructuración del grupo .

Las primeras estimaciones de la Conselleria de Industria sitúan en al menos 10.000 millones de euros las pérdidas que se van a registrar en las empresas de la zona. En estas circunstancias, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), reclama un plan de infraestructuras más ambicioso. El presidente de la patronal autonómica, Salvador Navarro, reclama una suerte de Plan Marshall europeo que ayude a diseñar y acometer las grandes obras viales e hidráulicas que sean necesarias. Recuerda que tras la riada en Valencia en 1957 se construyó el Plan Sur, el desvío del río Turia fuera de la ciudad de Valencia que, 50 años después, ha sido la clave para que esta DANA no haya inundado la capital regional. “Con apoyo europeo, tenemos que redimensionar las infraestructuras y crear algunas nuevas”, dijo Navarro. En primer lugar habrá que trabajar con tiempo para realizar una evaluación de los que se requiere, pero ya hay algunas ideas claras. Por ejemplo, propone construir un segundo by pass alrededor de Valencia, que está proyectado precisamente pasando por Cheste, una de las zonas más castigadas. También está pendiente y en proyecto un desvío del barranco del Poyo, que se ha desbordado y ha sido el causante de las inundaciones más graves. Este desvío estaba planteado desde la Confederación Hidrográfica del Júcar y ahora se plantea, según Navarro, como una obra ineludible. Estas reclamaciones se incluyeron, a última hora de ayer, en el documento de 136 medidas que presento el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como resultados de las primeras reuniones de los cinco grupos de trabajo temáticos en los que participan el gobierno regional y siete ministros. Las medidas suman 31.402 millones de euros. Mazón desgranó algunas de esas medidas. La más abultada es la dedicada a la reconstrucción de industrias y polígonos, dotada con 7.000 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda está trabajando en un paquete de medidas tributarias urgentes con el objetivo de aliviar en el corto plazo, con exenciones fiscales, aplazamientos y otras iniciativas, a la población afectada por la devastación que ha causado la dana en varias provincias españolas, y particularmente en Valencia. Se prevén suspensiones en impuestos como el IBI y aplazamientos de determinadas obligaciones tributarias, entre otras novedades. La catástrofe natural ha golpeado duramente a poblaciones de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña y deja un balance provisional de más de 200 fallecidos, innumerables desaparecidos y daños materiales todavía incalculables. Por eso, avanzan fuentes gubernamentales, el Consejo de Ministros de este martes aprobará la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y, a partir de ahí, dará luz verde a las disposiciones y ayudas que sean necesarias. En el apartado fiscal, avanzan fuentes de Hacienda, se seguirá la estela de lo que se hizo en la isla de La Palma en 2021 –tras la erupción volcánica– y se pondrán en marcha diferentes exenciones, reducciones y aplazamientos en varios impuestos. El objetivo es aliviar la carga tributaria de los contribuyentes que viven en las zonas devastadas por las inundaciones. El Gobierno también ultima otras medidas en el ámbito económico y laboral. Está previsto que todas ellas se incluyan en un real decreto ley que se aprobará este martes, según confirmó ayer a última hora de la tarde el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El Gobierno levantará un nuevo escudo laboral como el que construyó en la pandemia de la covid para blindar el empleo de los trabajadores afectados por la dana –más de 350.000, según estimaciones de ATA– y dar también protección a las cerca de 55.000 empresas ubicadas en esas zonas devastadas y a los 51.000 autónomos que desarrollan allí su actividad. «Estamos terminando un ‘escudo laboral’ para resolver todos los problemas que puedan tener, para salvar todo el tejido productivo, directo e indirecto, todas las empresas y todos los puestos de trabajo afectados, directos e indirectos, y a todas las personas autónomas», anunció ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa desde Valencia, en la que avanzó que todas estas medidas –que se aprobarán al menos la mayoría en el Consejo de Ministros de hoy– tendrán efecto retroactivo desde el martes, 29 de octubre, el día de la catástrofe. Los ERTE volverán a ser una herramienta clave para salvaguardar la actividad de las empresas y el empleo y gozarán de más ventajas que ahora. Así, contarán con una exención del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social (frente a la exoneración actual del 90%) y cualquier trabajador podrá acogerse sin consumir la prestación por desempleo ni exigir un periodo mínimo de cotización. «Van a estar amparados, que no tengan temor», aseguró Díaz. En contrapartida, se volverá a instaurar la prohibición a despedir que ya operó durante la pandemia. A su vez, Díaz avanzó que para los empresarios se incorporarán un cúmulo de medidas que tienen que ver con los plazos de cotizaciones sociales, de liquidaciones o de cuotas, al igual que ocurrió durante la covid-19. Los autónomos exigen ayudas directas a fondo perdido de hasta 12.000 euros para reconstruir los negocios: «Harán falta mucho más que los ERTE». 

Los datos son elocuentes: 211 personas fallecidas solo en Valencia, 215 en total. Y una cifra adicional, igual de aterradora: la morgue instalada en Feria Valencia tiene capacidad para acoger al menos a 400 víctimas mortales. Un terrible balance que, sin embargo, esquivó definitivamente ayer el temor a que la inspección del aparcamiento del centro comercial Bonaire desvelara la aparición de más cadáveres. A ese drama principal, el de tantas vidas cruelmente segadas, se une desde aquel martes 29 de octubre otro frente también catastrófico, aunque incruento. La refriega política, que lejos de amainarse, se recrudece en cada cruce de declaraciones. Otra vertiente nacida en la estela de la tragedia también invita al pesimismo. Llega desde la zona cero de la tragedia. De las zonas cero, por expresarlo con mayor corrección, porque el paisaje de desolación que resultó de la dana significa que ha dejado de latir la vida comercial, industrial y económica de un sinfín de municipios. Nada menos que 69 poblaciones se vieron afectadas en mayor o menor grado, una cifra que equivale a un panorama desolador: prácticamente una de cada cuatro localidades de la provincia se vio arrasada, con especial y mortal incidencia en varias de ellas. Utiel, Chiva y, más abajo en el curso de la crecida, los municipios del entorno de Valencia: esos núcleos de la comarca de l’Horta Sur como Paiporta, Picanya, Alfafar y tantos otros donde ayer al menos brilló por un rato el sol, también metafóricamente. Son pueblos como Aldaia, la localidad situada junto al parque comercial Bonaire, cuyos habitantes intentan, en efecto, ponerse en pie. Una vecina relata, casi al borde del llanto, la desolación que anida en su municipio pero también empieza a encontrar alguna razón para la esperanza. Dice que la contribución de algunos particulares con sus potentes vehículos todoterrenos ya van despejando de coches las zonas comunes de la población «aunque es poco a poco». 

En las newsletters de los principales medios europeos se agolpan las noticias sobre la DANA que ha asolado España. Son una constante desde el miércoles. Y en las últimas horas, la inmensa mayoría de esas informaciones ponen la atención sobre la «turba» y la «multitud enfurecida» que protestó el domingo en Paiporta, y en cómo reaccionaron las autoridades: mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue evacuado, el Rey Felipe VI se mantuvo en el lugar. «El Rey Felipe permaneció durante más de una hora haciendo frente a la lluvia de barro y escuchando y consolando a las víctimas», recoge el Financial Times, que señala asimismo que Sánchez tuvo que se evacuado. «Pedro Sánchez recibió un golpe durante una visita a un pueblo afectado por las inundaciones y sufrió una emboscada por parte de una turba violenta», apunta Politico, otro de los medios de referencia en Europa. Esta publicación da veracidad a que las protestas fueron organizadas por grupos de extrema derecha, algo que no hace el resto, e incide en que Sánchez debió ser evacuado por su equipo ante un «riesgo real y evidente». Bloomberg habla de esa «multitud enfurecida» y, desde EEUU, The New York Times adelanta que «el enfado» contra las autoridades está creciendo en España. Es una de las pocas referencias que existen al malestar que se está levantando en la sociedad, más allá de los afectados, mientras que el ya mencionado FT critica la «chapuza» de la gestión. Por ahora, la mayor parte de las coberturas se centra en el gran número de fallecidos y en las potentes imágenes que dejaron las protestas contra las autoridades el domingo en Paiporta. Mientras, en Bruselas siguen esperando a que España solicite ayuda y recursos a la Comisión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se desplazó ayer a Bruselas para tratar este asunto y se reunió con el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, quien le reiteró «la disposición de la UE a ayudar tras la tragedia».

Las elecciones más trascendentales de la historia reciente para el futuro de Estados Unidos y del mundo no cuentan con un favorito claro. Los estadounidenses deciden hoy entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump con las encuestas casi igualadas en los Estados clave. La incógnita es quién ganará, pero también cuándo se sabrá, porque si el resultado es muy ajustado, el escrutinio puede prolongarse durante muchos días. La victoria se dirime sobre todo en siete Estados. Los dos candidatos hicieron ayer campaña en Pensilvania, el más decisivo. El martes posterior al primer lunes de noviembre llega en 2024 cargado de incertidumbre. Mientras los estadounidenses que todavía no han votado se dirigen a las urnas, todo son preguntas. La principal: quién ganará. La segunda: cuándo se sabrá. Las elecciones más trascendentales de la historia reciente para el futuro de Estados Unidos y del mundo no cuentan con un favorito claro. Las encuestas sitúan al republicano Donald Trump y a la demócrata Kamala Harris casi a la par en los Estados que inclinarán la balanza de un lado u otro. Si el resultado es tan ajustado como señalan los sondeos —y eso es otra incógnita—, el escrutinio puede prolongarse muchos días en un país dividido y en tensión, mientras el mundo aguarda en vilo a saber quién presidirá Estados Unidos los próximos cuatro años.