20240122

Sama Bilbao y León es «de Bilbao-Bilbao». Pero la profesión la ha llevado a vivir en diferentes lugares del mundo. Su primera parada fue en Madrid, donde estudió Ingeniería Industrial con la especialidad en técnicas energéticas. «Muy rápidamente me centré en la nuclear, porque me pareció que tenía más ventajas que desventajas», recuerda. Una beca para hacer el doctorado la llevó a Estados Unidos, donde vivió varios años, y, tras pasar por el Organismo Internacional de la Energía Atómica y la OCDE en París, ahora reside en Londres, donde ejerce como directora general en la Asociación Nuclear Mundial. Y si algo tiene claro es que rechazar esta fuente de energía, que considera «fiable, limpia y segura», es «una locura». «Vamos hacia el abismo con el cambio climático y la falta de seguridad energética. Hay 800 millones de personas en el mundo sin acceso a ningún tipo de energía. Y la nuclear puede ser parte de la solución si forma parte de una cesta energética equilibrada», argumenta Bilbao. «Hemos olvidado que, en los últimos 50 años, la energía nuclear ha jugado un papel importantísimo en la producción de electricidad y calor limpios las 24 horas del día. Eso ha evitado la emisión de 70 billones de toneladas de CO2», sentencia, recalcando que hoy es la mejor opción para descarbonizar también la industria. Es más, Bilbao incide en que la estrategia energética de España, que plantea eliminar la fisión como fuente de energía en década y media, deja a nuestro país en minoría ante el auge de la atómica por todo el mundo: «La COP 28 de Dubái considera que se debe acelerar la adopción de la energía nuclear para tener alguna posibilidad de alcanzar los objetivos de París». De hecho, 25 países se han comprometido específicamente a triplicar la capacidad nuclear global para el año 2050. «Va a ser muy difícil que España sustituya un tercio de su energía limpia y un 20% de su electricidad, lo que produce la nuclear, con una fuente fiable, barata e independiente, que es muy importante. Las cuentas no salen. Sobre todo porque vamos a duplicar o triplicar nuestra demanda debido a la electrificación de diferentes sectores. Es una error deshacernos de nuestro parque nuclear», apostilla la ejecutiva. «Siento que los gobiernos, tanto los actuales como los de hace décadas, no hayan puesto énfasis en impulsarla como han hecho muchos otros países. Incluso Italia». Eso facilita que otros tomen la delantera: «Antes de que acabe esta década, China tendrá el mayor parque nuclear del mundo. Incluso Japón, después de Fukushima, está enfatizando la reapertura de todas las plantas que puedan operar aún. Y Bangladés se ha planteado pasar de cero energía nuclear al 10% en menos de diez años».

Desde mayo de 2019 existe en España la obligación de que las empresas cuenten con un registro de jornada que marque bien la hora de inicio y finalización. Han pasado cuatro años y medio desde que entró en vigor la regulación y, por mucho que la pandemia y el confinamiento entorpecieran su aplicación, sus resultados no han satisfecho las expectativas. Es al menos lo que se deduce de la intención manifestada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de incluir esta materia en la mesa de diálogo que se va abrir este jueves para abordar la reducción de jornada comprometida por el PSOE y Sumar desde las 40 horas semanales actuales hasta las 38,5 horas este año y las 37,5 en 2025. No ha concretado sus planteamientos sino solo el deseo de reforzar el sistema que implantó su antecesora, la socialista Magdalena Valerio. Euskadi tiene transferidas las competencias en todo lo referido a la contratación y, por tanto, también entra dentro de su responsabilidad el control de la jornada laboral. La responsable de la Inspección en el Gobierno vasco, Iciar González, explica que este área es la que más denuncias concentra y presenta una elevadísima tasa de irregularidades. «Más de la mitad de las actuaciones que hemos llevado a cabo en este asunto han terminado con un acta de infracción o un requerimiento», explica. Desde que se implantó el registro horario en 2019, la Inspección ha investigado a 7.725 empresas por asuntos relacionados con el cumplimiento de la jornada laboral y en un 52% de los casos se han detectado irregularidades. En concreto, 1.666 expedientes han terminado con actas de infracción a las compañías y la correspondiente sanción mientras que a 2.362 se cerraron con un requerimiento para la subsanación de lo que esté mal.

La Inspección de Trabajo del Gobierno vasco pondrá en marcha esta semana su primer plan de choque del año 2024 contra el fraude en la contratación. Esta campaña tiene en el foco a un total de 1.843 empresas vascas con indicios de irregularidades en los contratos que afectan a 4.243 trabajadores. A estas compañías se les enviará cartas –esta vez por vía electrónica y no postal– para que regularicen su situación y, en caso de no hacerlo, se les inspeccionará para comprobar si todo está en orden. El listado de empresas sospechosas se ha obtenido con la denominada ‘herramienta de lucha contra el fraude’ del Ministerio de Trabajo, que utiliza tecnología ‘big data’ para detectar patrones de fraude en las empresas. Se lleva aplicando con gran éxito en los últimos años porque un alto porcentaje de las compañías señaladas tenía a sus trabajadores en situación irregular. En esta ocasión el foco se ha puesto el foco en tres modalidades de fraude. En el primer caso (523 empresas y 993 trabajadores afectados) se analiza si los contratos temporales han superado los plazos permitidos. En el segundo (853 compañías y 2.494 empleados) se mide el tiempo que el trabajador lleva como eventual en esa firma y el tercer apartado se refiere a los fijos discontinuos (467 empresas y 756 contratos), la modalidad que permite mandar al paro a los trabajadores durante los periodos de inactividad.

La mesa de diálogo social que abordará la reducción de la jornada laboral en el Estado sin que implique recorte salarial se reunirá en concreto este jueves 25 de enero, para empezar sus trabajos. Así lo anunció hace unos días la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha declarado que ésta será "la legislatura de los salarios y del tiempo de trabajo". La vicepresidenta ha subrayado que el Estado debe reducir la jornada laboral, que lleva "40 años congelada", y ha recordado ésta es una de las medidas comprometidas en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. En concreto, este acuerdo contempla reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial. Entre medias, la idea es que en este 2024 la jornada se recorte hasta las 38,5 horas. "Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país", dijo hace unos días la ministra. Fuentes del Ministerio de Trabajo han indicado que, como la jornada laboral media efectiva ya es de 38,5 horas a la semana, lo que se va a trabajar en la mesa de negociación es, sobre todo, cómo reforzar y mejorar el funcionamiento del registro horario al que están obligados las empresas para que se cumplan realmente esas 38,5 horas.

Los partidos que componen el Gobierno, PSOE y Sumar, acordaron en su pacto de legislatura un cambio histórico que beneficia a unos 13 millones de trabajadores. Prometieron que reducirían la jornada ordinaria de trabajo de las 40 horas semanales en vigor desde 1983 a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 en 2025. El recorte de jornada sin reducción de sueldo era una de las principales promesas electorales de Yolanda Díaz, una reforma que inicia su camino este jueves con la primera reunión al respecto del Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. Dos de cada tres españoles apoyan la reducción de jornada que plantea el Gobierno, de dos horas y media a la semana, según un encuesta del instituto 40dB para El País y la cadena SER. La proporción de respaldo es la misma si se pregunta por ir más allá, con un día menos de jornada y 32 horas de trabajo. Los que más apoyan esta medida son los jóvenes y el electorado progresista, pero también destaca el escaso rechazo en los partidos de la oposición. Solo un 25% de los votantes de PP y un 29% de los de Vox reniegan del recorte de dos horas y media de trabajo a la semanal. Sobre el global de la población, el 34% cataloga el recorte de jornada a 37,5 horas como muy positivo y el 33% como bastante positivo. Más allá de estos dos tercios de apoyo claro hay otro 19% a mitad de camino, que no la cataloga ni como positiva ni como negativa. Solo hay un 5,8% que la considera bastante negativa y un 5,6% que la ve muy negativa.

Las pequeñas y medianas empresas españolas llevan meses soportando fuerzas contrapuestas: mientras que la productividad, estadística crucial en tanto en cuanto supone un ancla o un motor para el crecimiento empresarial, encadena ya tres trimestres a la baja, los costes laborales suman nueve trimestres consecutivos de subidas por encima del 5%, una situación inédita en los últimos 30 años. Ese es al menos diagnóstico que realiza la organización que defiende los intereses de estas compañías, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). En su último informe, que analiza el devenir de estas compañías en el tercer trimestre del pasado año, Cepyme asegura que en ese periodo la productividad de pequeñas y medianas empresas sufrió un nuevo retroceso, del 0,9%. Aunque lo cierto es que hay rachas anteriores más preocupantes: la pérdida de productividad es del 1% con respecto a 2019, pero del 4,7% respecto a 2011. Porque tras ese año se sucedieron un par de ejercicios de desplome de esa estadística, tras el cual las pequeñas y medianas empresas solo se han podido recuperar levemente (ver gráfico). El Covid no ayudó, precisamente, y provocó un nuevo socavón, aunque el tiempo de recuperación fue inferior. Frente a esta realidad, la subida del 5,2% de los costes laborales. La organización considera que la estadística de productividad debe ser tenida en cuenta especialmente ahora, un momento en el que desde el Gobierno se han liderado un par de subidas del Salario Mínimo Interprofesional. “Las caídas de productividad implican para las pymes mayores costes y menor rentabilidad, por lo que este escenario desaconseja subidas acumulativas de los costes laborales como las que vienen soportando las empresas en los últimos años vía aumento del SMI y cotizaciones, a las que podría sumarse un alza indirecta en caso de materializarse algún tipo de reducción de jornada". 

Tras la intervención de Sánchez los jefes del Ibex fueron conducidos a la minisala 14 del Centro de Congresos –hay que reservar c0n tiempo si quieren evitar estos recintos– donde ya esperaban los presidentes de Iberdrola, Ignacio Galán y de Ferrovial, Rafael del Pino. Ambos terminaron aceptando participar en la reunión a puerta cerrada con Sánchez en la que éste quería una foto de acercamiento al Ibex, pero se negaron a cambiar su agenda para arropar antes en el auditorio al líder del PSOE. Del Pino fue visto a la hora que hablaba Sánchez en un encuentro con el presidente de Microsoft, Satya Nadella. ¿Hay un acercamiento? «Para nada. Lo de Davos es algo puntual sin más y no te vas a poner ahí en un encuentro de media hora y delante de tanta gente a echar en cara al presidente del Gobierno los muchos temas que hay sobre la mesa», afirma a este diario uno de los principales asistentes en comentario corroborado por varios otros. «Yo voy a ver al presidente por sentido institucional, pero no cambia mi visión sobre lo que está haciendo», asegura otro. «En Davos hay siempre un clima de paz. No era el día para una bronca», recalca un tercero. En sus intervenciones en los debates de Davos, los líderes del Ibex no exacerbaron críticas pero tampoco las ocultaron. Por ejemplo, Galán pidió, «previsibilidad, estabilidad y estado de derecho a los gobiernos» para poder acometer inversiones necesarias. E Imaz insistió en que la «ideológica» política energética europea «está fracasando» Todas estas anécdotas ejemplifican que todo lo que rodeó al contacto entre Moncloa y los jefes del Ibex en Davos fue forzado para dar una falsa impresión de un acercamiento que no existe, al menos por ahora. 

“Ahora mismo hay más preocupación que alarma, pero si el conflicto se extiende va a generar un gran impacto y no hay prácticamente ninguna empresa de consumo que no esté, en mayor o menor medida, expuesta”, asegura un directivo de una de las principales empresas textiles de España sobre la crisis del mar Rojo. La paralización del comercio marítimo por el canal de Suez, debido a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, ha generado una convulsión en las cadenas logísticas de las empresas de consumo. “El impacto depende de cada empresa, pero hay dos efectos claros: en los tiempos de tránsito, ya que la ruta por el sur de África provoca entre dos y tres semanas más de travesía, y en los costes de los fletes marítimos, al tener que recorrer muchos más kilómetros”, dice Javier Jaso, responsable de Transporte de Aecoc, la patronal del gran consumo. Una decena de empresas consultadas de diferentes sectores, desde el textil a la alimentación, descartan que la crisis vaya a producir rupturas de stock y escasez de materias primas, mientras ponen el foco en el impacto en los costes. El transporte suele rondar entre el 5% y el 10% del precio del producto y el miedo es que su coste se pueda hasta triplicar. El nuevo Año Nuevo Lunar chino (10 de febrero), y el tradicional descenso de la oferta de transporte asociada a esta fecha, no ayudan, lo que provoca que la mayoría de las empresas del sector estén adelantando compras para minimizar el golpe.

Los beneficios de los grandes bancos nacionales de 2023, que se empezarán a conocer esta semana, crecerán claramente respecto a los del año anterior, pero las advertencias de las autoridades monetarias sobre los efectos negativos de la subida de los tipos de interés y del enfriamiento de la actividad empiezan a tornarse reales. Los márgenes financieros y los ingresos por comisiones del cuarto trimestre serán inferiores a los del tercero. El descenso de la cartera de créditos de los bancos en lo que se refiere a su actividad en España, en el entorno del 4% en el conjunto del año, está mermando los ingresos financieros de las entidades a pesar de la repreciación de su cartera de préstamos a interés variable que ha tenido lugar durante todo el ejercicio pasado. La caída del crédito es tanto para el segmento de empresas como el de las familias, aunque algunas entidades hayan conseguido mantener una cifra positiva en relación a las primeras, pero son una excepción. Respecto a las familias, el crédito al consumo ha aumentado, y con él la morosidad de este tipo de préstamos, pero representa un porcentaje pequeño del conjunto y, sobre todo, lo que ha ocurrido es que las nuevas operaciones hipotecarias se han caído a plomo por la subida de los tipos al tiempo que, quienes tenían un préstamo ligado al euribor y han podido, lo han amortizado total o parcialmente. Y hay que recordar que en algunos bancos, especialmente los que proceden de las antiguas cajas de ahorros, pero no exclusivamente, suponen un porcentaje muy relevante del total de su inversión crediticia. El descenso de las nuevas operaciones hipotecarias se sitúa, según fuentes del sector, entre el 40% y el 50% respecto a un año antes. Si el margen financiero ha empezado a deteriorarse por unos menores ingresos también lo ha hecho por el lado de los costes que se han ido incrementando respecto a los anteriores. 

El turismo ha tenido un año de récord en España y se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la economía. Supone ya un 12,8% del PIB, un máximo histórico. Pero el incremento del número de visitantes ha hecho aflorar de nuevo el descontento ciudadano en los destinos más masificados. La asociación Exceltur, que integran una treintena de grandes compañías del sector, como Meliá, Iberostar, Iberia, NH, Riu, Palladium y Amadeus, ha lanzado el debate para analizar, entre empresas, administraciones y ciudadanos, cómo hacer compatible el turismo con la sostenibilidad social, uno de los principales retos, y ha organizado un foro centrado en este tema el martes en Madrid. “Es algo que debemos consensuar entre todos”, afirma el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda. "Hay que preguntarse cuánto más puede crecer el turismo de menor valor añadido sin resultar insostenible y sin generar rechazos ciudadanos. Cualquier crecimiento tiene límites y hay destinos españoles que bordean sus límites de capacidad de carga y en algunos momentos han traspasado ya sus límites...El turismo debe crecer de otra manera, no tanto por mero volumen, sino buscando las tipologías de turistas que más derrama directa e indirecta dejen. Eso no puede hacerse con la misma oferta y modelos de gestión turísticos de hace décadas. Hay que seguir valorizando y diversificando unas propuestas más experienciales y diferenciales, con una mejor gobernanza público-privada. A su vez, el sector público y el privado tenemos que incorporar las voces constructivas de la ciudadanía, superando los modelos que básicamente solo primaban elevar la afluencia. Hay que huir de los escenarios que generen externalidades turísticas socialmente más problemáticas, como la turistificación o la gentrificación..."

«Nadie que trabaje a jornada completa en España puede cobrar en 2024 menos de 1.134 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a un salario medio anual de 15.876 euros». Así lo advirtió la semana pasada la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante el acto de firma del acuerdo con los sindicatos para la nueva subida del 5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sin embargo, esta advertencia cae a veces en saco roto, según se desprende de un informe interno elaborado por el Gabinete Económico de CC OO y al que ha tenido acceso este diario. Son entre 225.000 y algo más de medio millón los trabajadores que, pese a tener un contrato de jornada completa, cobran menos que el salario mínimo. Una distorsión porque, tal y como argumenta la ministra de Trabajo, es un fraude pagar menos que el salario mínimo si se trabaja a jornada completa. Hasta tres estadísticas revelan esta discrepancia entre lo que debería ser (la subida del SMI) y la compleja realidad (nóminas que no lo reflejan por varias circunstancias).

Artículo de Lucía Arriola, abogada de LKS Next Legal. "...La respuesta, en mi opinión, es un sí rotundo. Cuando nos montamos en un ascensor, adquirimos un juguete, utilizamos una máquina o conducimos un vehículo, confiamos en que sean seguros y que su utilización no nos cause ningún perjuicio. Esta idea de seguridad y fiabilidad es precisamente la que subyace en la normativa de Inteligencia Artificial que está preparando la Unión Europea y que previsiblemente se publicará a principios de año, si bien su aplicación se demorará entre uno y dos años. Los sistemas de Inteligencia Artificial se destinan a usos muy variados, algunos de los cuales pueden suponer un alto riesgo para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas. Pensemos en sistemas de IA capaces de detectar nuestras emociones a través de señales biométricas (expresiones faciales, tono de voz), o que permitan a los tribunales aplicar la ley, o que se utilicen como componente de seguridad en el funcionamiento de una instalación crítica. La nueva normativa europea, además de prohibir ciertas prácticas, pretende que los sistemas de IA de alto riesgo estén controlados en todo su ciclo de vida y cumplan ciertos requisitos regulatorios, que garanticen que su funcionamiento sea seguro y no vulnere derechos fundamentales. A pesar de su bondad, este reglamento suscita algunas cuestiones: ¿Quién clasifica el sistema como de alto riesgo? ¿Qué ocurre con los sistemas preexistentes a la fecha de aplicación del reglamento –que, en principio, no están obligados a cumplirlo–? ¿De qué recursos humanos y materiales dispondrán las autoridades competentes para aplicar este reglamento en sistemas de IA opacos y complejos? ¿Solo podremos controlar y auditar la Inteligencia Artificial con Inteligencia Artificial? ¿Cómo evitar los usos delictivos de la IA? Con todo, desde nuestra experiencia asesorando legalmente en proyectos de I+D+i, la innovación y el desarrollo tecnológico son posibles dentro de un marco jurídico dotado de flexibilidad, y las organizaciones deben tener presente el futuro marco regulatorio e incorporar, desde el rol que les corresponda, la gestión integral de la Inteligencia Artificial y la gobernanza de datos". 

El banco de pruebas de bajo coste y muy alta incidencia de Airbus, ProtoSpace, cumple diez años de prototipado rápido. Su responsable, Hania Angelina (Madrid, 1982), trabaja entre los cinco centros en Europa, uno de ellos en Getafe (Madrid), en los que se incuban y aceleran ideas de cualquiera de los ingenieros del grupo aeronáutico. Esta ingeniera industrial habla de las ventajas de anticipar riesgos, pero también de abrir puertas a la iniciativa en un grupo que se dice disruptor. El reto es extender la red de ProtoSpace a la India y China en busca de nuevos ecosistemas de innovación. "...Este banco de pruebas está abierto para que los empleados propongan sus visiones, y tecnologías como la impresión 3D, la capacidad de prototipado o la electrónica de bajo coste se ponen al servicio de las mismas ahorrando tiempo y costes hasta el momento de la prueba. Hoy los ingenieros de Airbus pueden explorar la viabilidad técnica de conceptos e ideas, por muy locas que parezcan, de un modo sencillo y ágil. ProtoSpace tiene especial valor en la aceleración de procesos a través de la prueba...Los trabajos sobre el uso del combustible sostenible de aviación (SAF), con posibilidad de un 100% en los motores en 2030, o sobre el avión a hidrógeno, son nuestro presente..."

El plan especial que prepara el Ejecutivo, que aún debe ser debatido y perfilado con las comunidades autónomas y con los representantes de la comunidad educativa, se va a centrar en tres grandes programas de acción que se prevén aplicar entre tercero de Primaria (niños de 8 y 9 años) y cuarto de la ESO, que es el último curso de la educación obligatoria, que abarca hasta los 16 años. Las medidas, por lo tanto, buscarían mejorar las competencias básicas de casi cinco millones de estudiantes españoles. La primera actuación exigirá la contratación de un número importante de profesores porque consistiría en desdoblar en el horario lectivo los grupos escolares para reducir la ratio de alumnos durante las clases de estas dos asignaturas con el objetivo de poder realizar una enseñanza más intensiva y personalizada y aumentar el aprovechamiento. La segunda medida está destinada a los alumnos que presenten un menor grado de aprovechamiento o un mayor retraso de aprendizaje en ambas materias, para los que se diseñará un plan de clases de refuerzo fuera del horario lectivo, pero a ejecutar en el mismo centro escolar y por docentes del colegio o instituto o contratados al efecto. La tercera pata busca mejorar y actualizar la formación específica de los propios docentes que imparten o impartirán Matemáticas, mediante cursos especializados, para aumentar la eficacia de su enseñanza en el aula.

Los ataques de Israel a Gaza ya han provocado 25.105 muertos desde el comienzo de las hostilidades, el pasado 7 de octubre. Así lo comunicaron ayer las autoridades sanitarias de la Franja, bajo control de Hamás, que señalaron que, de cada diez fallecidos, cinco son menores, tres mujeres y dos hombres con 18 años o más. La dramática cifra se completa con la de 62.681 heridos. Eso implica que uno de cada 100 gazatíes ha muerto en los 105 días de conflicto que se acumulan hasta ahora. Los datos disponibles, que recopila Naciones Unidas en el proyecto académico Cost of War, indican que está muriendo más gente por día que en Irak (incluso en el peor mes de combates en ese país), en Siria o en el primer mes de guerra en Ucrania. Esos conflictos duraron más (la primera invasión de Irak, ocho años) y llegaron a sumar cientos de miles de muertes. El de Gaza está en su comienzo y sin visos de un fin próximo. La cifra de 10.000 fallecidos se alcanzó después del primer mes de ataques. En Ucrania se tardó un año y medio para llegar a esa cifra. Las autoridades sanitarias de Gaza, bajo control de Hamás, elevaron ayer a 25.105 el número de muertos por los ataques de Israel a la Franja desde el 7 de octubre. Cinco de cada 10 fallecidos son menores, tres de cada 10 son mujeres y dos de cada 10 son hombres con 18 años o más. A esta cifra hay que sumar 62.681 heridos desde el comienzo de los bombardeos. La cifra implica que más de uno de cada 100 gazatíes ha muerto en los 105 días de conflicto.