20250128

La irrupción de Deep Seek, un programa ‘low cost’ chino de Inteligencia Artificial, provocó ayer un descalabro en las Bolsas. Nvidia se dejó 530.000 millones de dólares, algo nunca visto. Lunes negro para el sector tecnológico en Bolsa. Los gigantes de esta y otras industrias ligadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) vivieron ayer una auténtica sangría en Wall Street y el resto de parqués mundiales, despertando los peores fantasmas de la ‘burbuja puntocom’. ¿El motivo? La sorprendente irrupción de la empresa china DeepSeek, que ha puesto patas arriba los modelos de IA hasta ahora conocidos con el lanzamiento de un sistema, en principio tan competitivo como ChatGPT, pero a un coste mucho menor que el empleado por Open AI o Google. Y, sobre todo, con un consumo energético muy inferior para sus centros de datos. En resumen, DeepSeek –un desconocido para el mercado hasta hace poco– ha puesto en tela de juicio la necesidad de las multimillonarias inversiones acometidas por los grandes operadores estadounidenses para impulsar la IA. La reacción del mercado no se hizo esperar y el principal damnificado fue Nvidia, inmersa en una ola de ventas que, al cierre de los mercados europeos, ya había provocado una pérdida histórica en su valor bursátil de l 16% que, en números redondos, se traduce en 530.000 millones de dólares. La compañía deja así de ser la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización que se ha desplomado hasta los 2,97 billones de dólares. Apple, que aprovechó la jornada para subir un 2,5%, vuelve a recuperar el trono con un valor de mercado de 3,44 billones, e incluso Microsoft supera de nuevo a Nvidia con 3,18 billones de capitalización, pese a que sus títulos también cayeron un 3%. Estas compañías no fueron las únicas en reaccionar a la llegada de la ‘startup’ que ahora amenaza con acelerar la guerra tecnológica entre EE UU y China. El miedo, como gran enemigo del mercado, no tardó en propagarse hacia otros gigantes como Broadcom, que se dejó un 18%, o SuperMicro, que se hundió un 11% al cierre de Europa. A este lado del Viejo Continente las bolsas resistieron al estar menos expuestas al sector. Pero la réplica sí llegó a valores como ASML (que fabrica equipos para producir chips de IA), con un desplome del 7% al cierre. Incluso Siemens Energy se hundió más de un 20% en Fráncfort siendo esta compañía un importante proveedor de ‘hardware’ eléctrico para infraestructuras de IA.

Hace una década Europa vendió 15 millones de coches y, hoy, esa cifra se reduce a 13. Ese saldo negativo afecta a todos los segmentos económicos de la cadena de suministro, donde también se encuentra el Puerto de Pasaia. La dársena pasaitarra cerró 2024 por debajo de 2023 por el desplome del tránsito de vehículos, el denominado tráfico ‘ro-ro’, que se fue hasta una caída del 16,6%. La crisis de la automoción alemana lastró la actividad del citado capítulo, aunque en valores absolutos el movimiento de toneladas del puerto se acercó mucho al de 2023, que registró cifras récord. En concreto, Pasaia movió un total de 3.374.367 toneladas el último año gracias al aumento del 5% del tránsito de los productos siderúrgicos –la principal mercancía–, cuando en 2023 salieron del litoral guipuzcoano un total de 3,4 millones de toneladas, lo que supone un ligero descenso de en torno al 2%. Aunque, en general, 2024 no ha sido un ejercicio malo, los datos evidencian un ligero estancamiento de la actividad del Puerto de Pasaia, que superó, eso sí, las 3 millones de toneladas movilizadas por cuarto año consecutivo. Dicha variación negativa se debe al descenso general de la demanda en la compra de vehículo nuevo, así como, en parte, al cambio en la producción de uno de los modelos exportados a través de Pasaia, explican fuentes de la dársena guipuzcoana. Lo cierto es que una economía tan abierta y exportadora como la vasca sufre más el enfriamiento de la economía europea que otras, sobre todo, cuando los dos principales clientes de las empresas de la CAV –Alemania y Francia– se encuentran sumidos en sendas crisis.

Tubacex cerró el año pasado un acuerdo con Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, para venderle por 185 millones el 49% de todo el negocio de la empresa centrado en OCTG –tubos para extracción de gas y petróleo–. La compañía alavesa cerró hace dos años con los árabes el mayor pedido de su historia por 1.000 millones. De ahí que Tubacex haya puesto en marcha una planta de fabricación en el país de Oriente. Dando entrada al fondo soberano como socio, la compañía presidida por Jesús Esmorís ha logrado capital para acometer esa inversión, así como para reducir deuda. Pero supone también la venta de todos los activos dedicados a OCTG en todas las plantas de Tubacex. Estas maquinarias e instalaciones se trasladan al balance de la nueva sociedad compartida con Mubadala. También las de Álava, aunque la empresa no ha detallado cuáles en concreto. La situación, según ha confirmado EL CORREO, ha despertado las alertas en los sindicatos, que iniciaron la semana pasada los contactos con la empresa para acordar un convenio laboral, tras expirar el acuerdo cerrado tras la huelga de 2021. Las instalaciones alavesas seguirán produciendo el acero para que la nueva sociedad formada con Mubadala haga el proceso final y la venta. Aunque todo está integrado en el grupo Tubacex, los sindicatos temen perder el control de una parte estratégica de la fabricación y que se reduzca así el papel de las plantas alavesas a las de meras proveedoras de materia prima. De ahí que, en estos primeros contactos hayan pedido aclaraciones.

Los sindicatos apuran las opciones para evitar el apagón del horno de vidrio flotado en la planta de Llodio y buscan la implicación de otras autoridades para frenar una medida que haría que esta infraestructura quedase prácticamente inservible. En un movimiento rara vez visto en Euskadi, ELA dio un paso más ayer y optó por judicializar la paralización de la principal instalación de la antigua Villosa. El sindicato ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que frene de forma cautelar esta medida antes de que no haya vuelta atrás. La decisión no es baladí. El sindicato, con mayoría en el comité de la planta alavesa, busca imitar así un caso que ya ocurrió en el pasado. En 2020, la Justicia gallega impidió que se parasen las cubas de la factoría de aluminio de Alcoa en Lugo gracias a las medidas cautelares solicitadas por las centrales CCOO, CIG y UGT ante esta magistratura. En ese caso, la representación de la plantilla planteó que no se adoptase una decisión así hasta que no se resolviese el ERE que había presentado Alcoa para los trabajadores y que estaba impugnado por los sindicatos. La parte social de la factoría gallega argumentó entonces que la parada de esas cubas hacía extremadamente difícil volver a producir después, exactamente igual que ocurre ahora con Guardian. La única diferencia reside en que aquí todavía no hay un ERE sobre la mesa, pero sí la certeza de que el expediente para extinguir los contratos de toda la plantilla llegará en marzo a la mesa de negociación. Fuentes cercanas al comité de empresa confían en que la justicia se posicione a lo largo de hoy para evitar la paralización del horno. 

La apuesta de los gobiernos central y vasco para el futuro de Talgo pasa por Sidenor. Así lo han venido señalando ambos Ejecutivos, que están, incluso, dispuestos a participar con dinero público en esta operación. La empresa vasca asegura la nacionalidad del fabricante de trenes, su arraigo en Euskadi y un carácter industrial. De ahí que las alternativas que analizan la operación para hacerse con Talgo sean conscientes de lo complicado que es intentar cualquier movimiento en contra del criterio de Moncloa. Pesa, sociedad participada por el Gobierno de Polonia, ha trasladado su disposición a dar entrada a socios nacionales en la operación. Según informó ayer la agencia Europa Press, fuentes de la compañía aseguran ser conscientes de la importancia de mantener la españolidad de Talgo. Con esta premisa se muestran flexibles para cerrar acuerdos estratégicos con inversores nacionales con objeto de formalizar una oferta amistosa asegurando que todos los socios están cómodos. Sin embargo, las posibilidades de que Sidenor pueda abrirse a formar parte de un consorcio resultan remotas. Y es que, como ya informó EL CORREO, la voluntad del presidente de la empresa vasca, José Antonio Jainaga, es la de hacerse con un control industrial de Talgo en solitario. Junto a Sidenor y Pesa, la india Júpiter Wagons también está interesada en hacerse con el control del fabricante de trenes. Del mismo modo, es consciente de la necesidad de asegurar que Talgo seguirá en España. Así lo señalan fuentes del mercado, que explican a su vez que contempla mecanismos para aportar esta seguridad al Ejecutivo. 

El lehendakari, Imanol Pradales, hizo ayer un llamamiento a «todos» los ayuntamientos para que «colaboren» con el Gobierno vasco con el fin de impulsar un mayor número de VPO en Euskadi. Tras una visita de obra a dos de las tres promociones de alquiler protegido que el Departamento de Vivienda está levantando en Getxo, Pradales reiteró que la participación de los consistorios es «fundamental» para abordar la crisis habitacional que azota el País Vasco desde hace un tiempo. «Nos enfrentamos a un toro difícil de torear, pero este Gobierno tiene ganas de trabajar y motivación a tope», sostuvo. Acompañado del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, y el director de Visesa, Carlos Quindós, el lehendakari se comprometió a «imprimir mayor ritmo y eficacia a las políticas de vivienda», además de a «buscar nuevas soluciones y enfoques» para responder a la demanda. Mencionó, por ejemplo, los avales para facilitar a los menores de 40 años la compra de una vivienda, medida que estará lista en junio, y el acuerdo que se firmará próximamente con Eudel para la creación de una «gran reserva de suelo público». «Hay que hacer más, mejor y más rápido, pero también debemos innovar y realizar cosas distintas. Tenemos que buscar la manera de simplificar los trámites urbanísticos y administrativos», lanzó. Además de «simplificar los trámites», Pradales ve necesario «innovar» en la búsqueda de soluciones. 

El lehendakari, Imanol Pradales, prometió ayer dotar a la UPV/EHU de «los mejores recursos» económicos. Pero también es consciente de que el dinero, por sí solo, «no es suficiente para alcanzar la excelencia». Por ello, pidió «autoexigencia y ambición» al nuevo equipo que liderará la institución académica durante los próximos seis años. Pradales presidió en Ajuria Enea la toma de posesión del nuevo rector, Joxerramon Bengoetxea. El lehendakari ensalzó el papel de la Universidad pública en el desarrollo de Euskadi en las últimas décadas. Destacó el «magnífico servicio» que presta a una sociedad, la vasca, donde «un tercio de la población mayor de 16 años tiene estudios universitarios», recordó. Y se felicitó por que el prestigioso ranking de Shanghái sitúe a la UPV/EHU entre las 400 mejores del mundo. «Pero no es suficiente. Debemos seguir mejorando, es hora de meter una marcha más», subrayó el mandatario. «La complacencia es incompatible con la búsqueda de la excelencia a la que aspiramos». El jefe del Ejecutivo autonómico insiste, de esta manera, en su objetivo de alcanzar los más altos estándares académicos. Una exigencia que ya puso de manifiesto en el ámbito de la educación no universitaria. «Al igual que hacemos con los estudiantes, la sociedad debe exigir resultados a la Universidad; y la Universidad debe ofrecerlos», subrayó el lehendakari. Las palabras de Pradales se enmarcan dentro de la delicada negociación que va a comenzar ahora, una vez que el equipo rectoral que ganó las elecciones del pasado noviembre ha tomado posesión. En este tiempo, Bengoetxea ha insistido por activa y por pasiva en que la financiación pública de la Universidad es insuficiente. Exige el doble de los 425 millones de euros de dinero público que recibe hasta alcanzar el equivalente al 1% del PIB de Euskadi para 2030, como marca la Ley de Universidades. Ese incremento de los recursos debería servir para paliar las necesidades que el nuevo equipo rectoral ha detectado. Entre ellas, mejorar las condiciones laborales de la plantilla y acometer obras urgentes en algunos edificios. En el medio plazo, lo que se pretende es abaratar las matrículas y aumentar el número de trabajadores, sobre todo los de administración, gestión y servicios. 

La inesperada irrupción de la candidatura de Aitor Esteban en la pugna por la presidencia del EBB supone, según fuentes internas, una demostración del descontento de las bases contra la actual dirección del PNV. El portavoz jeltzale en el Congreso tiene el apoyo ya de 40 batzokis, un respaldo «más que testimonial» que puede desembocar en un enfrentamiento directo entre Esteban y Ortuzar, dos pesos pesados que han desarrollado su carrera política en el mismo equipo y que ahora parecen darse la espalda. Si de algo ha presumido siempre el PNV, especialmente su presidente en los últimos doce años, Andoni Ortuzar, es del carácter asambleario del partido y del poder soberano de la afiliación en el proceso interno de toma de decisiones. Pues bien, la afirmación, que solía provocar muecas de escepticismo ante el control que se le suponía al aparato sobre la voz de las bases, se ha demostrado cierta cuando el sustrato sobre el que se asienta la sigla está removido. Cuando existe, en definitiva, un descontento latente que acaba encontrando un conducto por el que salir a la superficie. Esa es la explicación más plausible, según las distintas fuentes consultadas en el partido, a la sorpresiva irrupción de la candidatura de Aitor Esteban a presidir el EBB frente a la opción de la continuidad de Andoni Ortuzar, el único, además del edil de Etxebarri Eneko Lekue, que se ha postulado expresamente para coger el timón de la nave –en su caso para retenerlo cuatro años más– en la Asamblea General del último fin de semana de marzo. La diferencia es que, en ocasiones anteriores, que determinadas asambleas propusieran nombres alternativos a los bendecidos por Sabin Etxea tenía un recorrido más bien testimonial. Ahora, la impresión en el partido es que cuarenta batzokis ganados hasta ahora en primera vuelta –los números que se le atribuyen a Esteban, aunque el PNV no facilita cifras oficiales– «son muchísimos» y en absoluto una expresión anecdótica de protesta, pese a que Ortuzar avanza en cabeza gracias al apoyo mayoritario en Álava, Navarra e Iparralde y a la fortaleza que mantiene en parte del territorio vizcaíno.

En subida libre e imparable. Es la curva que desde hace años dibuja el absentismo laboral en España, una verdadera lacra para las arcas públicas pero también para el tejido empresarial español, que desde hace años sufre los efectos de un incremento desorbitado de las bajas por incapacidad temporal, plasmados no solo en su elevado impacto económico, sino también en la pérdida de productividad y, por ende, de competitividad. Y todo ello en medio de una auténtica yincana de obstáculos y crecientes costes fruto de las continuadas subidas del SMI, del incremento de los impuestos y las cotizaciones sociales, o de las trabas burocráticas, factores a los que ahora se añade la amenaza de la reducción de la jornada laboral sin merma salarial para los empleados. Con este complejo telón de fondo, el coste total de las bajas laborales en 2024 por contingencias comunes (aquellas que no están directamente relacionadas con el trabajo) se disparó hasta la cifra récord de 28.987 millones de euros en 2024 (cerca del 2% del PIB), un 14,4% más que en 2023, pero casi el triple que hace una década, cuando este oneroso capítulo rondaba los 10.146 millones de euros. Así se desprende del último informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) sobre la Evolución de los Indicadores de Absentismo Laboral derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) en España, publicado ayer. Del coste total, 15.025 millones de euros correspondieron al impacto de las bajas en las arcas de la Seguridad Social, en contraste con los 5.340 millones que se registraron en 2015, mientras que el coste directo para las empresas españolas ascendió a 13.961 millones, un 14% más que en 2023 y prácticamente el triple que una década atrás, cuando fue de 4.805 millones de euros (en 2015). El año pasado, 8,71 millones de personas estuvieron en algún momento de baja por incapacidad temporal, un 6,9% más que en 2023, pero un 121% por encima de las cifras de hace diez años.

Es la gran apuesta del Ministerio de Seguridad Social para este año 2025: poner en marcha lo que ahora denomina «altas progresivas»; es decir, una reincorporación paulatina al trabajo después de una baja por incapacidad temporal (IT). Tal interés tiene la ministra, Elma Saiz, en esta medida que pretende luchar contra el elevado absentismo que se registra en España, que ella misma dio el «pistoletazo de salida» a la negociación con los sindicatos y la patronal, algo que no suele ser habitual. Pero el discurso ha cambiado por completo. No habrá bajas parciales, ni flexibles, como llegó a decir en un primer momento la ministra, lo que generó una fuerte polémica y rechazo por parte de los sindicatos. Será un derecho más de los trabajadores para que, una vez que reciban el alta por parte de un médico, puedan optar a no regresar de golpe a la oficina o lugar de trabajo sino poco a poco. «Quiero ser muy clara: un trabajador no puede trabajar estando de baja», explicó Saiz. Eso sí, estas nuevas altas progresivas se limitarán a ciertas enfermedades graves, que hayan provocado una incapacidad temporal durante al menos 90 días, en procesos así de larga duración, según precisó ayer la ministra después de la mesa de diálogo social, donde los sindicatos finalmente se han abierto a debatir esta propuesta. Saiz convocará «a la mayor brevedad» una mesa técnica a la que acudirá también el Ministerio de Sanidad.

Tras varias semanas de pelea, primero soterrada y luego en la arena pública, el Gobierno ha acordado cómo aprobar la reducción de jornada. El departamento de Yolanda Díaz y el de Carlos Cuerpo llegaron a un entendimiento ayer en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), el paso previo a que un tema de índole económica pase por el Consejo de Ministros. Como reclamaba la vicepresidenta segunda, la reducción de jornada se tramitará por la vía de urgencia, con el objetivo de cumplir los plazos que marca el pacto de Gobierno: ya fallaron con el prometido paso intermedio de 38,5 horas en 2024 y Trabajo no quiere repetir con las 37,5 en 2025. Economía, que apostaba por el trámite ordinario, aceptó este planteamiento y que la medida se discuta en el Consejo de Ministros de la semana que viene, sin cambios respecto al texto pactado con los sindicatos. A partir de aquí todo queda en manos de una endiablada negociación parlamentaria, vista la precaria mayoría del Gobierno. Trabajo celebró que la contracción “se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes por vía de urgencia y respetando el texto del diálogo social, tal y como había planteado desde un primer momento la vicepresidenta segunda”. Igualmente desde Trabajo consideraron que “Sumar logra que se dé cumplimiento al acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE”. “La reducción de la jornada laboral es una de las principales medidas que peleó Sumar para incluir en el programa de Gobierno con el compromiso de que estuviera aprobada en este año 2025″, dijo Trabajo.

No será hoy. Pedro Sánchez dejará pasar la primera reunión ordinaria del Consejo de Ministros sin volver a aprobar, según fuentes gubernamentales, las medidas del real decreto ley ómnibus que el pasado miércoles decayeron en el Congreso, entre ellas, la revalorización de las pensiones. Las cosas siguen como estaban a finales de la semana pasada. El Gobierno se niega a «filetear» el macrotexto de más de 140 páginas y más de cien artículos que Junts tumbó, junto al PP y Vox, con el argumento de que el Ejecutivo quiso colarle de rondón iniciativas con las que no está de acuerdo. Y los posconvergentes insisten en que solo un real decreto ley más reducido y específico podrá contar su apoyo. «Si presentan un decreto de medidas sociales individualizado, mañana se revalorizarán las pensiones, habrá bonificaciones al transporte público, ayudas para la dana y todas las previsiones para el Ingreso Mínimo Vital», repitió ayer el portavoz de Junts, Josep Rius, en una comparecencia en la sede del partido en Barcelona. El Gobierno, sin embargo, no da el brazo a torcer. «La protección social no se trocea, y el decreto ómnibus –arguyó la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz tras un encuentro con sindicatos y patronal– era un decreto que avanza en protección social». Aunque el decreto afecta a otras muchas cuestiones –ayudas a los afectados por la DANA y el volcán de La Palma, un subvención a Ceuta para atender a los menores migrantes no acompañados, deducciones fiscales para el ahorro energético en viviendas y la compra de vehículo eléctrico, una corrección técnica en el nuevo impuesto. El Gobierno no llevará un nuevo decreto-ley al Congreso hasta tener garantizados los apoyos parlamentarios a la banca reclamada por el Banco Central Europeo, la prórroga del escudo antiopas para blindar empresas estratégicas, asuntos que debían ser resueltos ante la falta de nuevos Presupuestos como la actualización de las entregas a cuenta para comunidades autónomas y ayuntamientos o del Ingreso Mínimo Vital...–, el grueso del discurso político se centra en el asunto de las pensiones. Y para resolverlo, el Ejecutivo tiene algo de margen.

El revés parlamentario que sufrió el Gobierno de Sánchez el pasado miércoles tras el ‘no’ de Junts, PP y Vox al decreto ómnibus ha traído consigo la derogación de muchas medidas de distinto carácter. Una de las que han caído es la prórroga hasta el 30 de junio del plan Moves, que contempla ayudas de hasta 7.000 euros para la compra de coches eléctricos. El sector alerta de la «debacle» que supone la paralización de estas subvenciones justo ahora, cuando ha entrado en vigor la normativa europea CAFE, que amenaza con multas millonarias a los fabricantes si no logran rebajar las emisiones medias de sus vehículos, lo que les obliga a vender más enchufables. La incertidumbre es total ante la polémica política surgida en torno al real decreto que contiene la prórroga del Moves. «Es una verdadera catástrofe industrial y económica para España», alertó ayer la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive). Según explicó, las matriculaciones de los eléctricos estaban creciendo un 60% y un 36% las de híbridos enchufables después de que en diciembre el Gobierno aprobase la prórroga. Pero con la derogación del decreto puede haber «un parón casi total en el mercado». En Euskadi el plan Moves lo gestiona el Ente Vasco de la Energía (EVE), que también certifica su paralización.

El Gobierno está trabajando en lanzar un nuevo programa de ayudas a la compra de eléctricos que copiaría aspectos del Plan Renicia Auto+ para los que perdieron su vehículo en la dana, como que las ayudas las gestione el Ejecutivo, dejando fuera a las comunidades autónomas, según confirman fuentes gubernamentales. Centralizar las ayudas a la compra de los coches eléctricos e híbridos enchufables es una medida que el sector lleva pidiendo años. Anfac, la patronal nacional de automovilísticas, ha indicado en más de una ocasión que el Moves III no tenía un problema de fondos (más de 1.500 millones de euros), sino de gestión. Con el Moves III, los plazos para acceder a la subvención, que luego debía declararse en renta, rondaban una media de entre uno y dos años dependiendo de la comunidad autónoma en la que se encontrara el solicitante de la ayuda. Otra petición de las automovilísticas es, precisamente, que las ayudas sean directas (que se den en el momento de la compra), aunque esto es algo que depende de Hacienda y no está claro si saldrá adelante. No hay un calendario claro de cuándo podría aprobarse este nuevo programa de ayudas que sustituirá al Moves III. El automóvil puso el grito en el cielo cuando se conoció la caída del Moves III y la deducción del 15% en el IRPF hasta un máximo de 3.000 euros, ya que esto dejó a España en la misma situación que vive Alemania. Allí, una sentencia del Tribunal Constitucional hizo caer las ayudas a la compra a finales de 2023, lo que provocó que las ventas de vehículos eléctricos cayeran un 27,4% en 2024, haciendo que la locomotora industrial europea cediera el puesto de mayor mercado de vehículos eléctricos del Viejo Continente a Reino Unido.

Repsol ha arrancado el año con una obsesión: convertir sus refinerías en máquinas de precisión que no derrochen ni un solo céntimo. La eficiencia de costes se ha convertido en una prioridad de primer orden para la energética, que ya ha abordado la cuestión al más alto nivel interno y ha lanzado un plan para pulir la operativa y la logística de sus complejos industriales españoles (Cartagena, A Coruña, Bilbao, Puertollano y Tarragona). Así lo aseguran fuentes del mercado, que enmarcan este objetivo en el afán de la compañía por liderar el nuevo mercado de combustibles renovables, como el hidrógeno verde o el SAF (combustible sostenible para aviación), cuya comercialización a escala está condicionada a la bajada del precio, pues aún no son económicamente viables frente a sus alternativas fósiles. Fuentes oficiales de Repsol confirman que el área industrial está trabajando en una «mejora continua» en el ámbito del control de costes. El proceso incluye más inversión en tecnología y acciones en todos los frentes, como la máxima optimización de la descarga de crudo y el blending (mezcla de materias primas). Las medidas incluyen la aplicación de inteligencia artificial en muchas de sus vertientes, como el machine learning, que a través de algoritmos dota a los ordenadores de capacidad para identificar patrones y elaborar predicciones. Si bien, Repsol no está pensando en recortar personal, más bien al contrario. La estrategia de la primera petrolera española incluye una mayor formación de su plantilla, de cara a preparar a sus profesionales para la integración de cada vez más productos de bajas emisiones, que exigen conocimientos específicos.

Ferrovial ha entrado de lleno en la carrera de Reino Unido para desarrollar plantas de fusión nuclear, que es la apuesta del país por generar energía abundante y de bajas emisiones, dentro de su objetivo de impulsar una economía neutra en dióxido de carbono. La compañía de la familia Del Pino lidera uno de los tres consorcios que ha sido seleccionado por el Gobierno británico para construir una planta prototipo de fusión nuclear en la zona de Nottingham, en el centro de Inglaterra. El contrato lo impulsa UK Industrial Fusion Solutions (Ukifs), organismo participado al 100% por la Autoridad de la Energía Atómica de Reino Unido (Ukaea), dependiente del Estado. La iniciativa quiere demostrar, entre otros aspectos, la capacidad de generar gran cantidad de energía en términos netos con una técnica que allanaría el camino para la comercialización de la fusión como una fuente segura, baja en emisiones de carbón y casi sin límites, según las pretensiones del Ejecutivo de Keir Starmer, que ha asegurado que durante su ejecución se generarán miles de empleos cualificados.

La energía nuclear está recuperando relevancia y defensores en un contexto marcado por la creciente demanda de electricidad a nivel global (propulsada por la ingente cuantía de electricidad que consumen las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial) y la necesidad de cumplir con los compromisos de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. “El renovado impulso que está experimentando la energía nuclear tiene potencial de abrir una nueva era en el ámbito de la energía limpia y segura”, explica la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en el informe titulado The Path to a New Era for Nuclear Energy (El camino hacia una nueva era de energía nuclear). El informe destaca que la energía nuclear está viviendo un momento de fuerte recuperación y cita como prueba de ello las iniciativas políticas, los nuevos proyectos, las inversiones y los avances tecnológicos que se están produciendo en este ámbito como, por ejemplo, los denominados SMR, que son pequeños reactores modulares. “Está claro que la energía nuclear ha vuelto con fuerza, tal y como la AIE predijo hace unos años y los reactores nucleares van a producir este año una cuantía récord de electricidad”, explica en el informe el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol. Destaca también Birol que se están construyendo a nivel global nuevas instalaciones nucleares que producirán en el futuro 70 gigavatios más de electricidad y que 40 países de todo el mundo cuentan con planes para extender su capacidad nuclear, principalmente, con reactores SMR.

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, confirmó ayer que peleará por la reelección como líder de esta patronal, después de que la semana pasada trascendiese que Antonio Garamendi quiere relevarle y que apoyará a un candidato alternativo. “Me siento orgulloso de haber estado en Cepyme y pertenecer a Cepyme. Anunciaba en el anterior comité ejecutivo que estaré dispuesto a seguir liderando un proyecto que creo necesario más que nunca, en este difícil momento que atravesamos las pymes”, dijo este lunes en la Bolsa de Madrid, durante la celebración del evento Cepyme 500 2024. Empresas líderes en crecimiento. En el acto también participó Garamendi, que criticó la estrategia comunicativa de su compañero patronal, sin mencionarle: “Yo esto lo dejo para casa, que es donde hay que hablar las cosas”. Las elecciones se celebrarán previsiblemente en primavera. Cuerva dijo que su relación con Garamendi es “de amistad, de sinceridad y de colaboración” y reivindicó el papel del jefe de la CEOE cuando era el presidente de Cepyme (entre 2014 y 2019, cuando le tomó el relevo Cuerva), pero también abordó una de las críticas que le lanzan desde la principal patronal española, en la que se integra Cepyme: que tiene un discurso propio demasiado marcado, que en ocasiones choca con el de CEOE. “Fue Antonio quien dio ese pasito en Cepyme para que estuviera más presente”, añadió. Insistió en que el problema “no es de relación personal”, sino “de concepto”.

La situación actual de los jóvenes en el mercado laboral afronta serios problemas estructurales, como la precariedad, destaca el último informe Juventud y empresa publicado ayer por la Fundación PwC. El estudio, realizado en colaboración con el Círculo de Empresarios, resalta que los trabajadores menores de 24 años son el único grupo de edad que no ha logrado recuperar su nivel salarial desde la crisis financiera de 2008. Mientras que el salario medio ha subido un 18% en estos últimos 15 años en España, para alcanzar hoy en día 2.158 al mes, los salarios de los jóvenes permanecen estancados en un promedio de 1.102 euros, sin contabilizar prestaciones ni rentas del capital. Si bien los sueldos de los jóvenes han registrado aumentos desde 2013, año en el que el salario medio real de esta franja de la población llegó a los 900 euros, la subida no ha sido suficiente para recuperar los niveles precrisis. José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, señala que “en España, más que en otros países, los primeros entrantes en el mercado laboral están siendo los empleos más precarios”. Los jóvenes en España se enfrentan a un mercado laboral cada vez más difícil. La consultora recuerda que la tasa de desempleo juvenil en 2022 era del 22,4%, una cifra dos veces superior a la del promedio de la Unión Europea (11,3%). En el continente, España es el segundo país con más jóvenes desempleados, solo por detrás de Grecia, que cuenta con un 24,3%. Para quienes llegan a conseguir un trabajo existen otros retos, como encontrar un puesto que corresponda a su cualificación. El 36% de los jóvenes españoles dispone de un nivel educativo superior a lo que su puesto requiere, la cifra más alta de la UE. España destaca por ser “uno de los países con más peso de población con educación terciaria y, al mismo tiempo, con más gente empleada por debajo de su capacidad formativa”, asegura el informe.

Doscientas empresas británicas se han comprometido a implantar la semana laboral de cuatro días a raíz de la campaña y el programa piloto emprendido hace dos años por la 4 Day Week Foundation. Un total de 5.000 trabajadores, en sectores que van del marketing a la tecnología, del asesoramiento financiero a los cuidados sociales y las ONG, se han beneficiado de los cambios en la relación laboral, que se han traducido –según celebran sus impulsores– en un aumento de la productividad, en una mejora de la salud y el bienestar de los empleados y en una reducción de las emisiones de CO2. «La jornada laboral de nueve a cinco, cinco días a la semana, se inventó hace 100 años, ya no cumple su función y necesita una puesta al día», sostiene Joe Ryle, director de la campaña que está teniendo un notable impacto en la opinión pública británica, como contrapunto a los mensajes imperiosos de vuelta a la oficina impulsados en los últimos meses por grandes compañías como Amazon y bancos como JP Morgan Chase. «La semana laboral de 32 horas en cuatro días, sin una pérdida salarial, es una situación en la que tanto las empresas como los trabajadores salen ganando», advierte Ryle, que destaca cómo el 92% de las compañías que participaron en el programa piloto la han seguido aplicando y el 86% de los trabajadores se han mostrado favorables al cambio en sus rutinas. Un total de 59 empresas de Londres llevan la delantera, aunque la tendencia se está implantando en toda la geografía británica. El distrito local de South Cambridgeshire abandera la iniciativa en el sector público, tras las ganancias en productividad y el ahorro aproximado de 430.000 euros en un año durante el programa piloto.

Donald Trump metió el pasado domingo a un grupo de colombianos, esposados y con grilletes, en un par de aviones militares y los mandó de vuelta a su país. Pero Gustavo Petro, antiguo guerrillero del M-19 y hoy presidente de Colombia, prohibió su aterrizaje en Bogotá por el trato «vejatorio» a sus compatriotas. El nuevo inquilino de la Casa Blanca reaccionó de inmediato e impuso aranceles del 25% a todos los productos colombianos. Golpe al mentón. Petro, que vio cómo cientos de miles de puestos de trabajo en agricultura, minería y energía estaban en riesgo, dobló la rodilla. Y ahora hasta va a mandar su avión presidencial para recoger a los deportados que no quiere Trump. El mensaje ha calado en América Latina. Un tercio de los 11 millones de indocumentados que viven en EE UU procede de México. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, próxima ideológicamente a Petro, se ha curado en salud. Hace unos días se negó a recibir un vuelo con repatriados. Ayer dijo que el acuerdo entre Washington y Bogotá era «bueno» y que deben prevalecer «el diálogo» y el «respeto». El magnate intimida.