20250311

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

El declive empresarial de Euskadi sigue haciéndose patente, tal y como evidencia el informe publicado este lunes por Confebask. A pesar de un febrero en el que el número de empresas creció en 121 hasta llegar a las 57.248 inscritas en la Seguridad Social, lo cierto es que los datos proporcionados por la patronal vasca, analizados con perspectiva, muestran una tendencia más que preocupante. Desde febrero del año pasado, la comunidad ha perdido 351 empresas, es decir, el 0,6% de su tejido. Una realidad que además contrasta con la que se vive en España, donde el número de empresas ha crecido un 0,2% en términos interanuales. Desde febrero de 2020, que representa un punto de inflexión por los efectos devastadores que desencadenó la pandemia en la economía, Euskadi ha perdido 1.645 empresas. Proporcionalmente, Álava se lleva la peor parte, con 359 sociedades menos (-3,7%). Le siguen Bizkaia, con 717 menos (-2,3%) y Gipuzkoa, cuyo saldo negativo ha sido de 388 empresas (-1,9%). Además, ningún sector se salva de la caída desde entonces, siendo la industria la que ha sufrido un mayor desplome –447 empresas menos, un 6,8%– seguido de los servicios -1.166 empresas menos, un 2,5%–. En lo que respecta a los datos de este último año, la industria ha perdido 115 sociedades, por las 209 del sector terciario. Por su parte, la construcción ha perdido 28. Ver más en Confebask. 

El proyecto piloto para investigar los efectos de la reducción de jornada que puso en marcha la exvicelehendakari Idoia Mendia va superando etapas. Como es sabido, la líder socialista asignó el programa a Fabrika, una fundación de la patronal guipuzcoana Adegi, por un importe de 6,5 millones de euros recogidos en los Presupuestos. La organización ha elegido a veinte empresas, con 31 centros, y está trabajando ya con ellas para analizar el margen de implantar medidas como la semana laboral de cuatro días, su recorte a 32 horas o la redistribución del tiempo. Pero para las conclusiones habrá que esperar puesto que el plazo se extiende hasta finales de 2026. El desarrollo de esta iniciativa se produce a la vez que el Gobierno central trata de aprobar en el Congreso la reducción de la jornada máxima de 40 a 37,5 horas semanales. El estudio y las empresas que participan se lleva con gran secretismo por la polémica que suscitó el encargo. Cabe recordar que Mendia intentó en un primer momento llevar esta iniciativa a la Mesa de Diálogo Social pero recibió un portazo de Confebask, que no veía la situación económica como para ese tipo de experimentos. «La actual coyuntura de crisis e incertidumbre no permite ocuparnos sino de soluciones y compromisos prácticos». señalaron entonces. Pero unos meses después la exvicelehendakari comunicó que había llegado a un acuerdo con Fabrika, que fue muy mal recibido por las patronales vizcaína (Cebek) y alavesa (SEA). Tampoco los sindicatos vieron bien que se hiciese cargo esa organización. Es por esta controversia que los responsables del proyecto están tratando de mantenerlo fuera de los focos. Si han trascendido los datos sobre el número de empresas participantes es por una respuesta parlamentaria al actual vicelehendakari segundo, Mikel Torres, a una pregunta de EH Bildu sobre la marcha del proyecto. En el documento se recuerda que el programa ha sido encomendado a Fabrika, que es «el beneficiario de la subvención».

Gipuzkoa ocupa la cuarta plaza en el ranking de competitividad fiscal elaborado a partir de los datos recopilados por ‘Tax Foundation’, el Informe Autonómico de Competitividad Fiscal de octubre de 2024 y las Estadísticas de Fiscalidad de la OCDE. En pleno debate sobre la futura reforma fiscal de Euskadi, donde el PNV y el PSE necesitan en Gipuzkoa y Álava el apoyo de al menos un partido de la oposición para que el nuevo texto salga adelante, el territorio se sitúa por detrás de Madrid, Bizkaia –que sube un puesto– y Álava, con una buena valoración en IRPF –la segunda mejor del conjunto del Estado– y un retroceso de tres posiciones en Patrimonio –baja hasta la decimosexta plaza– que le lastra en la clasificación final. El estudio permite establecer comparativas entre todas las comunidades autónomas y también los tres territorios vascos en impuestos como el IRPF –que grava la renta–, Patrimonio –el tributo que abonan los más favorecidos–, Sucesiones –lo que se paga por las herencias– y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados –viviendas, compras de segunda mano e hipotecas–. En cambio, en el Impuesto de Sociedades –que grava los beneficios empresariales–, el estudio no disecciona la presión fiscal por comunidades, aunque sí recoge el tipo impositivo medio en Euskadi y España y lo compara con otros países europeos –ver tablas adjuntas–. También con Estados Unidos, donde la llegada de Donald Trump a la presidencia puede traer consigo una revolución tributaria en forma de rebaja. Así, el magnate republicano pretende aprobar una bajada fiscal «histórica» en sus primeros cien días, como reducir del 21 al 15% el tipo general de Sociedades o la exención para las horas extra y las propinas. En definitiva, todos los gobiernos mueven ficha en la fiscalidad y tratan de aplicar medidas atractivas que sean capaces de atraer y retener a distintos tipos de contribuyentes. ¿Y cómo está Gipuzkoa? Nuestro territorio obtiene una muy buena valoración en IRPF, la segunda mejor de todo el país, empatado con Bizkaia, sólo por detrás de Álava. En este tributo mejora la calificación de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, promueve una reducción generalizada de la presión fiscal para ser más competitivos. La capital es la más atractiva en Patrimonio, donde Gipuzkoa sufre la caída de tres posiciones. 

La aprobación de la reforma fiscal impulsada por PNV y PSE se convierte cada día que pasa en una operación más complicada y enrevesada que agota el margen para que un acuerdo llegue a buen puerto. El presidente del PP en Euskadi, Javier de Andrés, aseguró ayer que no ve «especialmente preocupante» que la norma no salga adelante y considera que es «imposible llegar a pactos con el PNV». Además, criticó que la oferta trasladada por los jeltzales a todos los partidos de la oposición se sustente en las modificaciones acordadas en el preacuerdo con Elkarrekin Podemos. Un documento del que los morados han renegado tras una consulta a sus bases y la intervención de la dirección estatal de Ione Belarra. El PNV trata de mantener abierta las puerta de la negociación con el PP a pesar del veto que ha impuesto a los populares el PSE, socio de los jeltzales en el Gobierno Vasco, en las tres diputaciones y en los ayuntamientos. «El acuerdo sigue siendo posible, la empresa vasca le sigue esperando. En su mano está», le trasladó el lehendakari al presidente de los populares en el pleno de control del pasado viernes. Un emplazamiento que no convence al PP, porque De Andrés aseguró ayer que desde el día 11 de febrero, fecha en la que su partido presentó sus enmiendas, no ha tenido «ninguna contestación». Es más, el líder de los populares criticó que el PNV «sigue la ruta» que marca el secretario general del PSE, Eneko Andueza, y actúa como «un socialista consorte».

Vitoria no está acostumbrada a que en el mercado del alquiler haya muchas viviendas libres o tasadas a estrenar y menos que de una tacada se oferten 120. En un momento en el que apenas hay pisos a renta de particulares y para entrar a los públicos hay una lista de 15.000 personas apuntadas, la noticia de que una promotora privada decida convertirse en casera con un bloque entero en la Avenida de Olárizu, en uno de los barrios nuevos con más tirón de la ciudad, ha despertado cuando menos expectación en el sector. Neinor, que ya ha vendido con éxito tres promociones de viviendas tasadas y libres en esta zona de la ciudad, está a punto de comercializar su producto Olárizu Rental Homes. Según la información facilitada a este periódico, se trata de un edificio de ocho portales que forma una manzana completa, en el centro justo de la calle que conduce a la entrada del parque perirubano, muy cerca de las famosas letras de acero corten. Y tendrá portero. «El edificio consta de 120 atractivas viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, todas con amplios ventanales y espaciosas terrazas que proporcionan una excelente luminosidad. Las viviendas se reparten en 6 alturas y planta baja, donde se ubican los trasteros y un cuarto de bicicletas por portal», reza el anuncio. Pero además, «la promoción cuenta con un gimnasio y una sala gourmet equipada con cocina y aseos para uso exclusivo de los vecinos», añaden. «De momento y aunque figura publicada una vivienda tipo, aún no se está alquilando» y no hay fecha de comienzo de la comercialización, agregan portavoces de esta plataforma inmobiliaria creada a partir de activos de Kutxabank y que es líder en el mercado español. En el Estado, al margen de las promociones de compra-venta, gestiona 2.000 viviendas de obra nueva en alquiler para facilitar el acceso a la vivienda. El creciente desequilibrio entre oferta y demanda de pisos a renta ha situado a Vitoria como la capital más presionada de toda España en este aspecto. 

Estar empadronado en Euskadi es un requisito indispensable para poder cobrar la Renta de Garantía de Ingresos de Lanbide. Y una de las principales obligaciones de los perceptores es «estar disponible permanentemente para el empleo y la formación». Eso no significa que sus beneficiarios no puedan abandonar el País Vasco, pero sí que debe hacerse dentro de unas condiciones. Según explica el Servicio Vasco de Empleo, «las personas que cobran la RGI tendrán derecho a salir de Euskadi por un periodo no superior a 30 días dentro de cada año natural». Eso sí, añade, «se deberá comunicar a Lanbide las salidas tanto de la persona titular como de las personas miembros de la unidad de convivencia» a través de dos fórmulas. La primera, coger cita en su oficina para el día de regreso o, en su defecto, para el siguiente día hábil. De incumplirse esta obligación, la RGI se suspenderá «cuando la totalidad de la Unidad de Convivencia ha estado fuera de Euskadi por un periodo superior a 30 días e inferior a 90 días». En el caso de que la salida supera los 90 días, el beneficiario perderá la residencia afectiva y no podrá reanudarse hasta que se recupere el requisito de padrón y residencia efectiva. Para el acceso a esta ayuda, Lanbide exige «estar empadronado y tener la residencia efectiva en algún municipio Euskadi de forma continuada durante, al menos, 3 años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud». Si no se cumple, también «se aceptará haber estado empadronados cinco años continuados de los diez anteriores a la fecha de la solicitud». Hay algunas excepciones. Por ejemplo, queda reducido a un año el tiempo obligatorio de empadronamiento desde la fecha de solicitud para aquellas personas que tienen menores a su cargo o adultos «con una discapacidad igual o superior al 33 % o calificación de dependencia y personas mayores de edad o menores emancipadas que se hallen en situación de extrema necesidad». 

Una de las principales claves del nuevo convenio regulador de la Ertzaintza es la promesa de «garantizar» una «subida mínima» de 4.200 euros brutos anuales a cualquier agente a través de distintos complementos. Este incremento afectará básicamente a la valoración del puesto, a la productividad y al complemento de formación de desarrollo profesional. La unidad sindical asegura que el «único complemento que se percibirá de forma gradual» es el de formación de desarrollo profesional. El resto se cobrará de forma íntegra tras la firma del acuerdo. Se consolida en el sueldo y se cobrarán incluso en las situaciones de enfermedad común. Es decir, estos complementos no dependerán de si un ertzaina está de baja. Esta es la subida mínima prevista. Pero, a partir de ahí, el pacto contempla otra serie de pluses. Por ejemplo, los agentes que hagan noches o trabajen festivos recibirán otros complementos. Y también se compensará a los que patrullen en una gran ciudad como Bilbao. El cálculo que realiza la unidad sindical es que un agente de seguridad ciudadana recién salido de la academia que cumpla estos requisitos ganará en torno a 6.100 euros brutos más al año. Estas cantidades pueden incrementarse por otros factores, como la antigüedad. Las mismas fuentes apuntan que un ertzaina recién llegado a Bilbao percibirá en torno a los 50.000 euros anuales, sin incluir otros pluses, la carrera profesional o los moscosos. El pacto, con vigencia hasta 2028, debe ser ratificado ahora por los afiliados de estas centrales. Fuentes de la unidad sindical insisten en que, con este acuerdo regulador, la Ertzaintza será la policía «mejor pagada» y «con más derechos» de España. Y, además, si sale adelante –el sindicato Euspel se opone y ayer organizó una protesta frente a la base vizcaína– supondrá el final de un conflicto laboral que se remonta a más de una década y que parecía enquistado. 

El banco presidido por Carlos Torres ha sido el primero en lograr la autorización de la CNMV, aunque la entidad de las antiguas cajas vascas también lo solicitará. BBVA ha sido la primera en dar ese paso en España ya que ha recibido el visto bueno para prestar servicios de custodia y ejecución de órdenes de compraventa de criptoactivos en España. Tras completar este trámite, el banco se prepara para lanzar un servicio, disponible para todos sus clientes, que permitirá custodiar y ejecutar operaciones de compra o venta de bitcoin y ether a través de su ‘app’. La entidad explicó que el despliegue de este servicio arrancará inicialmente con un grupo reducido de usuarios y se extenderá en los próximos meses a todos sus clientes particulares en España, apoyándose en la experiencia adquirida en Suiza y en Turquía, donde presta este tipo de servicios desde el año 2021 y 2023, respectivamente. Los clientes en España podrán tramitar sus órdenes de compraventa de criptoactivos directamente a través de la ‘app’, desde el mismo entorno en el que gestionan sus cuentas, sus inversiones y su operativa bancaria habitual. Este nuevo servicio contará con una plataforma de custodia de claves criptográficas propia, lo que le permitirá mantener el control, sin depender de terceros, para salvaguardar los criptoactivos de sus clientes. Sin embargo, BBVA precisó que no realizará ninguna labor de asesoramiento y que sólo se podrá acceder al servicio a iniciativa del cliente.

Un porcentaje significativo del tejido empresarial español, conformado esencialmente por pymes, asegura que esa dinámica (el SMI ha subido más de un 60% desde 2018) no solo afecta a la creación de puestos de trabajo, sino también a los precios de venta y, por ende, a la inflación, ante la necesidad de las compañías de frenar la erosión de sus márgenes. Así lo desvela la última encuesta del Banco de España a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad, correspondiente al primer trimestre de este año, que refleja que casi un tercio de las cerca de 7.000 compañías que han participado en el sondeo se han visto obligadas a reducir sus nuevas contrataciones o bien a aplicar despidos “tras las subidas (del SMI) observadas desde 2019”. En concreto, un 21% de las empresas ha optado por la primera vía, adelgazando sus contrataciones de forma “relevante”, mientras que un 10,1% se ha visto abocado “al recorte de su plantilla vía despidos”, señala el informe del supervisor. En otras palabras, los continuos incrementos del SMI, que ha pasado de los 735,9 euros mensuales en 2018 a los 1.184 euros en 2025 y que en los últimos ejercicios no han contado con el respaldo de las organizaciones empresariales, no son inocuos para una parte importante del tejido productivo, que además de verse obligado a contratar menos, e incluso a despedir, ha visto cómo se reducían sus márgenes. En particular, “un 32% de las empresas afirma que las subidas del SMI habrían provocado una reducción de sus márgenes”, un impacto sobre la rentabilidad que habría llevado al 26% de las compañías encuestadas a repercutir esos incrementos del SMI en sus precios de venta. Una mala noticia en un contexto internacional en el que la guerra arancelaria global declarada por el presidente de EEUU, Donald Trump, amenaza con resucitar el fantasma de la crisis inflacionista.

La buena marcha de la economía española no logra impedir que muchas empresas tengan problemas de solvencia y se vean abocadas a la entrada en concurso de acreedores, ya sea por el endeudamiento que arrastran, en parte contraído durante la subida de los tipos de interés; las secuelas de la crisis inflacionista, las crecientes cargas y costes que soportan a sus espaldas, o una combinación de todos esos factores. Lo cierto es que las empresas en apuros financieros siguen creciendo mes a mes. Entre enero y febrero, un total de 1.780 compañías se vieron abocadas a un proceso concursal, un 17,4% más que en el mismo periodo del año pasado. Solo en febrero lo hicieron 925, un 5,1% por encima de las cifras de igual mes de 2024. Con la nueva Ley Concursal, que entró en vigor en 2022, las empresas en problemas encontraron vías de escape y fórmulas alternativas para intentar evitar la entrada en concurso, que en un porcentaje muy elevado de casos acaba con la liquidación de la empresa. Entre estas herramientas figuran los planes de reestructuración, diseñados para compañías de cierto tamaño con visos de viabilidad y que entre enero y febrero ascendieron a 57, un 18,7% más que en los dos primeros meses de 2024, de los cuales 26 se registraron en febrero, un 36,8% más que el mismo mes del año pasado. Otra de las fórmulas que introdujo la remozada normativa concursal fueron los procedimientos especiales para microempresas con el objetivo de acelerar y ordenar estos procesos y evitar así los atascos en los juzgados. Entre enero y febrero, este instrumento, que poco a poco ha ido ganando tracción, sumó 351 procedimientos, un 60% más que en los primeros meses de 2024, tras haber crecido cerca de un 22% solo en febrero.

El mercado laboral afronta otro año más con resiliencia. Y ya van varios ejercicios creando mucho empleo después de la mayor pandemia de la historia que lo resquebrajó de golpe y porrazo. Pero esa crisis queda ya lejos y España logrará este año superar la barrera de los 22 millones de trabajadores, todo un hito, aunque con un gran talón de Aquiles: estos trabajadores son de los menos formados de Europa, según refleja el informe ‘Mercado de trabajo en 50 titulares’ publicado ayer por Randstad Research. Más concretamente, en el conjunto de Europa el mercado laboral español es el segundo con la tasa más baja de cualificación, con la única excepción de Portugal. Así, tres de cada diez ocupados en España (el 29%) tiene un bajo nivel de cualificación que no sobrepasa la educación secundaria obligatoria, una proporción que casi duplica la media de la UE. «Se crean muchos más empleos para personal cualificado que para trabajadores con baja cualificación», advierte Valentín Bote, director de Randstad Research. Y de este déficit también se deriva el elevado paro que hay en España, en este caso sí el más elevado de Europa, en parte por la falta de formación que tienen estas personas, puesto que, aunque ha disminuido en el último año (-2,4 puntos), sólo el 38,1% de los desempleados tiene estudios universitarios o de FP. Pese a este déficit formativo que arrastra el mercado laboral español, las perspectivas para este año siguen siendo buenas. El empleo crecerá un 1,6% a lo largo de 2025, lo que le llevará a superar por primera vez los 22 millones de trabajadores, según las previsiones de este informe. Por su parte, los empleados sin trabajo descenderán casi un 7%, hasta los 2,58 millones de personas, lo que situará la tasa de paro de media en el 10,5%, casi un punto porcentual menos que al cierre de 2024.

La escalada de las tensiones geopolíticas y la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump han supuesto una revolución en la industria de la Defensa, puesto que los países van a elevar significativamente su gasto en seguridad para proteger su soberanía estratégica y todo ello en plena carrera tecnológica global. En medio de este contexto, Indra se ha posicionado como el campeón español de Defensa para coordinar los grandes programas nacionales e internacionales. Con el fin de situarse como un actor relevante en el plano internacional, la empresa española ha lanzado un nuevo sistema de inteligencia, bautizado como IndraMind, con el que aunará su experiencia en materia de tecnologías avanzadas e innovación para mejorar la agilidad y la base en la toma de decisiones estratégicas. Con esta nueva herramienta, la compañía, participada en un 28% por el Estado a través de la Sepi, pretende dar respuesta a las necesidades estratégicas de los clientes en un momento de aceleración tecnológica, en el que cada vez se está generando una mayor cantidad de datos, que hay que gestionar y cribar de la forma correcta y en el menor tiempo posible. “IndraMind es el comienzo de una nueva era en la inteligencia para la automatización de operaciones críticas y para la superioridad en operaciones multidominio y también parte del comienzo de esta nueva era de Indra”, asegura Ángel Escribano, presidente de Indra. 

Holaluz anunció ayer en un comunicado remitido a la CNMV que ha alcanzado un acuerdo para refinanciar su deuda financiera, lo que incluye préstamos, instrumentos de circulante, pagarés del Marf y avales que ascienden a un total de 57 millones de euros. Después de seis meses de negociaciones con la banca acreedora, la compañía energética informó de que la gran mayoría de entidades se han adscrito al plan de reestructuración. En los próximos días, la firma solicitará la homologación judicial del plan “a fin de que se extiendan sus efectos a aquellos acreedores financieros no adheridos”. El plan, que no incluye quitas de deuda ni medidas sobre el empleo, se desplegará después de que Icosium Investment ejecute la inversión de 22 millones de euros prometida en noviembre. “El acuerdo garantiza la continuidad operativa de la compañía”, señaló ayer Holaluz, que lleva meses en la cuerda floja por el impacto de la crisis de las renovables después de la normalización de los precios de la energía que se ha producido tras el pico alcanzado al inicio de la guerra en Ucrania. “Este acuerdo nos permite consolidar nuestra posición financiera y seguir desarrollando nuestra visión de un modelo energético 100% renovable, descentralizado y justo para todos”, valoró Carlota Pi, presidenta de Holaluz. El consejo de la energética desconvocó la junta extraordinaria que iba a organizar el pasado 4 de febrero para, entre otros puntos, renunciar a la acción social de responsabilidad impulsada contra Axon Partners y Geroa Pentsioak. El motivo aducido era poder incluir en una nueva junta el nombramiento de consejeros derivados de la entrada de Icosium en el capital de la compañía, lo que todavía no se ha producido.

La cuesta de la reactivación económica de Alemania está cada vez más empinada. Sin fuerza para crecer por dentro y con un Gobierno en funciones, la locomotora europea vuelve a descarrilar en las exportaciones, por segundo año consecutivo. Las amenazas arancelarias de Donald Trump y la agresividad en aumento de China empeoran las perspectivas de un país que exporta casi la mitad de lo que produce y buena parte de ello, a Estados Unidos. En enero se exportaron mercancías made in Germany por 129.200 millones de euros, según la Oficina Federal de Estadística. Esto supuso un 2,5% menos que en diciembre y un 0,1% menos que el año anterior. No ha podido ser un peor arranque de año, pues las exportaciones ya habían disminuido un 1,2% en 2023 y un 1% en 2024. Las ventas a los países de la UE cayeron un 4,2%, lo mismo que a EEUU. A China se vendió un 0,9% menos, mientras que las exportaciones a Reino Unido crecieron un 1,7% y a Rusia un 7,2%. Los principales socios son: EEUU, con el 9% de las exportaciones, China (8%), Francia y Países Bajos (7%), Polonia (6 %), Italia, Austria y Reino Unido (5%), Suiza y Bélgica (4%), República Checa y España (3% cada uno). Con esa cartera de clientes, la guerra comercial en ciernes golpeará directa e indirectamente a Alemania. «Diciembre del pasado año fue bueno, pero esas cifras más positivas solo pueden maquillar un poco el balance negativo general de las exportaciones alemanas», explica Volker Treier, director de comercio exterior de la Cámara de Industria y Comercio Alemana (DIHK). Un segundo año consecutivo de descenso de las exportaciones es «una clara señal de la pérdida de competitividad de la industria alemana», sostiene Treier. La Asociación Federal de Comercio Exterior (BGA) considera que la caída de las exportaciones refleja la «dramática debilidad competitiva de la economía alemana».

Las probabilidades de una recesión en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, pero no es el escenario base de la mayoría de los analistas para este año. Sin embargo, estos son los motivos por los que pienso que la mayor economía del mundo sucumbirá a una desaceleración en 2025. El argumento tiene dos componentes. Primero, incluso antes de la toma de posesión de Donald Trump, la economía de Estados Unidos estaba más débil de lo que muchos pensaban. Segundo, el Trumponomics ha empañado aún más las perspectivas al introducir fuerzas estanflacionarias y riesgos para los mercados financieros. Ese es el foco de este artículo. Empecemos por los consumidores. Un recordatorio: el alto gasto ha sido apuntalado por la deuda y el gasto en bienes esenciales como alimentos, vivienda y asistencia sanitaria. Las graves moras sobre los saldos de las tarjetas de crédito alcanzaron un máximo de 13 años a finales del año pasado, con unos altos tipos de interés que presionan cada vez más a los hogares. La agenda de la Casa Blanca añadirá sal a la herida al sumar impuestos. Los aranceles propuestos a México y Canadá (ahora pausados), sumados a los que ya se aplican a China, elevarán la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos a su nivel más alto desde 1943, según el Laboratorio de Presupuestos de Yale, que calcula que unos niveles de precios más altos podrían costar a los hogares hasta 2.000 dólares (1.850 euros). Esto es solo un anticipo; se esperan más aranceles. Y aunque el presidente tiene un don para retrasar los plazos, el impacto en el sentimiento ya es claro. La confianza se ha desplomado. Las expectativas de inflación y desempleo de los consumidores se han disparado. Es un triplete amenazante. Los hogares todavía están tratando de digerir un aumento del 20% en el nivel de precios después de la pandemia. Cabe destacar que el consumo real cayó en enero por primera vez en casi dos años. Ahora es más probable que haya un patrón de gasto prudente. A continuación vienen las empresas. Las normas arancelarias y aduaneras intermitentes, la mayor volubilidad en la formulación de políticas y los problemas de los consumidores son una combinación potente. Los aranceles de importación aumentarán los costes, y las medidas de represalia ahogarán las ventas internacionales. Pero la incertidumbre radical también impide que las empresas hagan planes y se adapten. Los efectos ya se dejan ver en los indicadores de la actividad empresarial. El Índice de Analistas de Goldman Sachs señaló una contracción de las ventas, los nuevos pedidos, las exportaciones y el empleo en las empresas manufactureras y de servicios en febrero. El gasto en construcción industrial, que aumentó con la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Chips, también se ha desacelerado, y el estado de los planes no está claro bajo la nueva Administración...

Máxima tensión en los mercados financieros mundiales. El miedo a un frenazo en la economía estadounidense lleva días rondando el ánimo de los inversores y hoy ha dado su zarpazo definitivo después de que Donald Trump evitase descartar una recesión en el país, asegurando que nos enfrentamos a un «periodo de transición» en la economía. Sus palabras cayeron a plomo sobre los valores tecnológicos, que se hundieron en la principal plaza financiera del mundo con notables pérdidas de más del 3,8% en el índice Nasdaq que agrupa a este tipo de compañías. Gigantes como Tesla, empresa fundada por Elon Musk, se hundía un 15% al cierre de la sesión, mientras que otros como Nvidia registró un descenso del 5%. Otros miembros de los denominados ‘Siete Magníficos’ como Microsoft o Amazon cedían un 3,3% y un 2,3% respectivamente. «Estamos observando un ajuste en las asignaciones de capital, donde las acciones estadounidenses comienzan a actuar como una fuente de liquidez para inversiones en mercados históricamente infravalorados como Europa y China», apuntan los expertos de eToro. «Aunque aún estamos lejos de un cambio estructural en las ponderaciones de las carteras globales, la tendencia es clara: el dominio absoluto del mercado estadounidense ya no es incuestionable», añaden. Los números rojos se extienden a Europa y el Ibex 35 también cedió un 1,32%, muy cerca de perder los 13.000 puntos. En España, el sector bancario volvió a ser el más perjudicado, con pérdidas del 4% para Banco Santander –con amplia exposición al país– y de más del 3% para entidades como BBVA o Sabadell.

La guerra comercial entre Estados Unidos (EEUU) y China escaló ayer un peldaño más con la ya anunciada entrada en vigor de un paquete de nuevos aranceles, decretado por el Gobierno chino, contra mercancías agropecuarias estadounidenses. Pekín justificó estas tasas como una respuesta a las impuestas previamente por Washington contra sus productos. A partir de ayer, China grava con un 15% las importaciones estadounidenses de pollo, trigo y maíz, y con un 10% las de soja, carne de cerdo, de vacuno, productos acuáticos, frutas y lácteos. Entre los productos sujetos a tasas del 15% figura también el algodón, y entre los gravados con un 10% las verduras y el sorgo. El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió duplicar hasta el 20% los aranceles adicionales impuestos al país asiático desde que regresó a la Casa Blanca; justificó su decisión con el argumento de que Pekín no hace lo suficiente para evitar la entrada de fentanilo en EEUU. Como primera respuesta, antes de anunciar los aranceles que entraron en vigor ayer, China añadió a varias empresas estadounidenses a su lista de control de exportaciones y a la de entidades poco confiables. Además, en febrero, impuso gravámenes de entre el 10% y 15% a otros productos estadounidenses, además de establecer controles a las exportaciones de minerales clave y abrir una investigación contra el gigante tecnológico Google.

El temor a un desastre medioambiental disparó ayer todas las alarmas después de que un carguero cargado con cianuro de sodio, un material extremadamente venenoso, embistiese a un petrolero con las bodegas llenas de gasolina para aviones, amarrado en la costa inglesa de Yorkshire, al este de Inglaterra, en el mar del Norte. El siniestro ocurrió hacia las diez de la mañana hora local (una más en la Península), lo que provocó varias explosiones, una gran bola de fuego y daños cuantiosos en ambos barcos. Uno de los tripulantes está desaparecido y 36 fueron rescatados por los servicios de emergencia y acogidos en el puerto de Grimsby. El desastre se fraguó cuando el carguero portugués ‘Solong’ , que transportaba 15 contenedores de cianuro sódico y una cantidad de alcohol por determinar, embistió por causas que se desconocen a un petrolero amarrado, el ‘Stena Inmaculate’, que cumplía una tarea del Comando Sealift Militar, de la Armada norteamericana, que transportaba gasolina para aviones. Aunque este combustible podría disolverse con más facilidad que los petróleos pesados, las autoridades locales advertían ayer de los efectos negativos que el accidente podría tener en una comarca con una larga tradición de pesca, en particular Grimsby, y una naturaleza que estos días se reactiva con la llegada de la primavera. Los servicios de emergencia han actuado con rapidez en una zona próxima a la desembocadura del río Humber, en el nordeste de Inglaterra, donde en los últimos años se ha consolidado una industria vinculada a la construcción de aerogeneradores, en su gran mayoría en el suelo marino. Expertos consultados han señalado que aunque la visibilidad no era buena, las condiciones meteorológicas no eran tan malas como para justificar la colisión.