20240222

El impacto de la inflación –3,4% marcó el pasado enero– sigue golpeando la economía española y afectando de lleno al comercio, según desvela el Estudio de Hábitos de Consumo presentado ayer por el Gobierno vasco. Las conclusiones del informe del Observatorio del Comercio de Euskadi revelan que los compradores miran mucho sus bolsillos antes de realizar cualquier gasto y que la inflación es, de hecho, el principal motivo de preocupación de vizcaínos y guipuzcoanos (34,6%), frente a la sanidad, que trae de cabeza a los alaveses, En este clima de inquietud, una gran parte de la población ha pospuesto la adquisición de «grandes bienes duraderos», por mucho que lo tuviera pensado desde hace tiempo, y aplazar su compra para «tiempos mejores». El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, empleó en varias ocasiones el término «congelación» para referirse a cómo el alza de los precios está influyendo en el comportamiento de los consumidores, que se han visto obligados a ajustarse el cinturón. También en la mesa. Hurtado reveló, por ejemplo, que dos de cada diez personas han adelgazado la cesta de la compra y reducido preferentemente la adquisición de productos «básicos» de alimentación ante la enorme subida percibida «en el precio del aceite». Pese a la notable mejoría del Indicador de Confianza del Consumidor –84,6 puntos en 2023 frente a los 62,7 de hace dos años–, la pérdida de poder adquisitivo de las familias ha obligado a muchas a echar el freno. Que un 51,9% de la población considere que su capacidad de ahorro se ha reducido respecto al año pasado o que el 41% de los consultados soporte un préstamo hipotecario no constituye la mejor medicina para el comercio, un sector que emplea en la comunidad a más de 110.000 trabajadores. Así el 20,4% de los ciudadanos dice haber «desechado» la idea de comprar o haber pospuesto la adquisición de algún bien duradero. La contención del gasto es mayor en Álava (21,4%), así como entre los consumidores con edades comprendidas entre los 30 y 39 años (26,9%) y, especialmente, en la franja que va de los 40 a los 49 años (29,3%). También las mujeres (21,7%) «parecen haber descartado» la opción de dejar para más adelante la compra de artículos que exigen un fuerte desembolso.

De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, solo Madrid, País Vasco y Navarra rebasaron el PIB per cápita medio europeo en paridad de poder adquisitivo en los últimos veinte años, cuando en 2002 también lo lograban Cataluña, Aragón, La Rioja y Baleares. El mapa económico español es desolador. Si bien Madrid presenta un PIB per cápita algo más elevado que la media comunitaria, con 41.400 euros, hasta un 17% por encima de la media a igualdad de poder de compra (esto es, teniendo en cuenta las diferencias de precios en cada región), seguida de País Vasco (38.600 euros, un 9% por encima) y Navarra (36.400 euros, un 3% más), aquí acaba la lista, ya que Cataluña, Baleares, Aragón y La Rioja han quedado superadas por otras regiones europeas en los últimos 20 años, y eso a pesar de que la incorporación de los antiguos países soviéticos ha rebajado la media. En concreto, Cataluña, antaño el segundo motor de la economía española, ha pasado de tener una riqueza por persona un 12% superior a la media a un 1% por debajo. solo hay dos regiones que hayan mejorado su PIB relativo a la media comunitaria: Galicia, que gana un punto, hasta el 79% de la media europea gracias al desarrollo de Inditex, y Extremadura, que gana tres enteros, hasta el 65%. Estas cifras también ponen de manifiesto que, aunque los fondos europeos ya no ayudan a la economía española en su conjunto, sí pueden servir para apuntalar a las regiones más rezagadas, que pierden algo menos de terreno que la media.

El Palacio Euskalduna de Bilbao va a convertirse los días 10 y 11 de abril en el epicentro mundial de la financiación para proyectos de nuevas energías y transición ecológica. BBVA traerá a la ciudad el Energy Tech Summit, considerado el mayor congreso europeo de emprendimiento, capital riesgo y fondos de inversión en el área del cambio climático y la transición energética. Fundado por Contrarian Ventures, la firma líder de capital riesgo en tecnología climática, el evento está reconocido como el principal congreso de su sector de Europa. El Energy Tech Summit, del que BBVA es patrocinador principal en la quinta edición, reúne a los principales grupos del sector energético, cada vez más enfocados a innovación e inversión en tecnologías climáticas o climatetech. Solo en 2023 las start up de nuevas tecnologías energéticas atrajeron un 27% de la inversión en capital riesgo en Europa, triplicando los niveles de 2021 y superando a temáticas como las de tecnologías para el sector financiero. La nueva edición del Energy Tech Summit se celebrará en Bilbao con nuevo formato dinámico diseñado para “inspirar, conectar y amplificar el impacto en la lucha contra el cambio climático”, explican sus responsables. La capital vasca, que ya es sede del corredor de hidrógeno verde, se prepara así para acoger a los principales grupos de interés en el campo de la innovación tecnológica y climática.

La ingeniería vasca Global Energy Services (GES), especializada en construcción, montaje y mantenimiento de proyectos eólicos y fotovoltaicos, construirá para la compañía Capital Energy dos parques eólicos en Aragón, que sumarán una potencia conjunta de 100 megavatios (MW) y supondrán una inversión de alrededor de 90 millones de euros. Según informó ayer la empresa vasca dirigida por José Luis García Donoso y con sede en el Parque Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio, GES se encargará, a partir de este trimestre y hasta el tercero del próximo año, de los trabajos de ingeniería, suministro, construcción, puesta en marcha y restauración asociados a la obra civil y eléctrica de estas nuevas instalaciones, ubicados en la localidad zaragozana de Mequinenza. Los dos parques eólicos –‘Las Mareas I’ y ‘Las Mareas II’– contarán con 18 aerogeneradores adquiridos a Nordex Group capaces de generar 300.000 megavatios hora (MWh) al año, suficientes como para satisfacer con electricidad limpia el consumo de alrededor de 115.000 hogares aragoneses y evitar la emisión a la atmósfera de unas 111.000 toneladas de CO2. El grupo de renovables indicó en un comunicado que el desarrollo de estos dos parques eólicos propiciará la creación de más de 420 puestos de trabajo directos durante los periodos punta de las obras y dará empleo estable, en la fase de operación y mantenimiento, a 12 profesionales de la zona donde se ubican.

Un millar de pequeñas embarcaciones comenzarán a surcar a principios del año que viene las aguas del Golfo de Bizkaia al vaivén de las corrientes y en busca de una información que pretende ser clave para contribuir a sanar los océanos. Provistos de sensores, GPS o simples dibujos de niños, esta flotilla vagará durante casi dos años por el Cantábrico recogiendo datos sobre la deriva de las basuras marinas. El propósito de este despliegue es profundizar en el conocimiento sobre la llegada de plásticos y su distribución para que sirva de catalizador en estrategias destinadas a mitigar los efectos de este tipo de contaminación. Saldrán a la mar 500 barcos Traveller equipados con sensores y GPS. Aún no están construidos, pero se pretende que su diseño intente replicar una basura marina del tamaño de una botella para poder infiltrarse como un espía entre los ríos de desperdicios que flotan por el Golfo de Bizkaia y conocer en todo momento su recorrido. Otros 500 serán de madera, de 30 centímetros de eslora, se llaman Wooden y tendrán dibujos e indicaciones para que las personas que los recojan en alguna orilla puedan ponerse en contacto con los responsables del proyecto, de forma que se pueda averiguar en qué lugares se acumulan las basuras. También participarán en la recogida de datos un barco Ranger de 5 metros de eslora pilotado desde tierra, 50 bolas denominadas Ways que dan su posición con GPS y serán utilizadas tanto en el mar como en el río. El dispositivo se completará con la instalación en los ríos Deba, Nervión y Zadorra de tres sistemas de videometría para monitorizar el paso de la basura flotante en un tramo determinado. Estas cámaras cuentan los desperdicios que pasan ante ellas y envían informes cada hora.

Iberdrola ha comenzado los preparativos para protagonizar en los próximos meses una nueva operación corporativa en aguas del Báltico que, si se cierra con éxito, será una de las grandes transacciones del año en Europa en el ámbito de las energías renovables, valorada en torno a los 1.000 millones de euros, de los cuales 500 millones serán para la energética española. El grupo español está trabajando ya con sus asesores para lanzar en las próximas semanas el proceso de búsqueda de un socio financiero que tome una participación minoritaria en su tercer gran proyecto de eólica marina en Alemania, Windanker. Para ello, sondeará a determinados inversores, como grandes fondos de infraestructuras, soberanos y de pensiones, interesados en la adquisición de hasta un 49% en el parque, actualmente en proceso de construcción, según coinciden varias fuentes del mercado. Se trata de la tercera operación de estas características que Iberdrola lanza en aguas alemanas del mar Báltico, tras la de Wikinger y la de Baltic Eagle. En el primero de estos proyectos, Iberdrola forjó una alianza con el fondo suizo Energy Infrastructure Partners (EIP), que valoró el activo 1.425 millones de euros, mientras que en el segundo se asoció con el gigante árabe Masdar, la gran energética de Abu Dabi, valorando el 100% del parque en 1.630 millones de euros.

Repsol podría aprovechar la carrera que existe ahora en el negocio tradicional de la exploración y producción de petróleo y gas (upstream) para subirse a ella. Sobre todo ahora que, en ese ámbito, Repsol tiene como socio al fondo americano EIG, que como cualquier entidad de este tipo quiere poner en valor sus inversiones. Así ve Citi, el gigante financiero norteamericano, a la primera petrolera española en un informe emitido de cara a la presentación, hoy, de los resultados anuales de Repsol. En la presentación, la compañía también dará a conocer su nuevo plan estratégico, de aquí al año 2027. Actualizará así su hoja de ruta, lanzada en noviembre de 2020. Aquel plan (el primero tras la primera ola del Covid) se diseñó para el periodo 2020-2025, pero una gran parte de sus objetivos, sobre todo en dividendos y beneficios, han sido superados antes de tiempo. Citi espera que la actualización del plan estratégico de Repsol se mantenga “prácticamente sin cambios” en cuanto al objetivo de “crear una empresa energética equilibrada en upstream, área industrial (refino y y química) y comercial (comercialización de combustibles y energía)”. Sin embargo, Citi ve “una oportunidad para posicionar a la empresa como una historia de éxito en cuanto “descarbonización industrial” porque Repsol puede jugar la baza de su tamaño. El justo para, a diferencia de otros mastodontes petroleros, abordar cambios operativos hacia la transición energética. Con todo, Citi espera un plan de inversión sin cambios, de entorno a 4.500 a 5.000 millones de euros al año. Espera que “el 40% de ese gasto se destine al negocio comercial y de bajas emisiones de carbono, el motor de crecimiento de la empresa”. El objetivo del grupo va a seguir alcanzar una capacidad renovable para 2030 de 15.000 a 20.000 megavatios.

Frenazo de fin de año. Las ventas del sector servicios aguantaron el tipo y en 2023 avanzaron un 2,7%, pero fueron moderando su ritmo de crecimiento a medida que se acercaba el cierre del ejercicio, registrando un ligero retroceso en diciembre, de una décima. El avance de la facturación industrial, en cambio, entró en terreno negativo hace meses y a lo largo del año pasado acumuló una caída media del 1,6%. Se trata del peor registro desde 2013, excluida la pandemia.

Los resultados, publicados ayer por el INE, no solo reflejan una ralentización generalizada de la actividad, muy afectada por las subidas de tipos, las incertidumbres internacionales y la atonía de la economía comunitaria, que ha esquivado por los pelos la recesión técnica –la eurozona solo creció un 0,5% en 2023–. También exhiben la dualidad de la economía española, en la que el dinamismo de los servicios contrasta con el anquilosamiento de la industria. La facturación de la hostelería fue la que más avanzó el año pasado entre las actividades que conforman el sector servicios, con un crecimiento medio del 11,2%. Esta rama, una de las joyas de la corona de la economía española, y muy golpeada durante la crisis generada por la covid, se está beneficiando ahora de la vuelta del turismo y del tirón del consumo interno. El comercio, en cambio, avanzó un tímido 0,8%, aunque hubo mucha disparidad según el segmento: las ventas al por mayor retrocedieron un 4,6%, mientras que los negocios de venta directa y la reparación de vehículos de motor y motocicletas se dispararon un 8,9% y un 16,8%, respectivamente. Todos los demás sectores que forman parte de la categoría servicios, desde las actividades profesionales, científicas y técnicas hasta las administrativas y las vinculadas a información y comunicaciones, engordaron su facturación en el conjunto del año. Por contra, las ventas de la industria se apuntaron en 2023 sus peores registros en años. El sector de la energía, que engloba a la extracción de crudo y otros materiales y la coquería y refino de petróleo –no incluye los suministros–, se dio un batacazo del 19,5% en el promedio del año, en contraste con los espectaculares repuntes de 2021 y sobre todo 2022.

Las mujeres cobran en Euskadi un 16,7% menos que los hombres: 28.084 euros frente a 33.705. Es lo que se llama la brecha salarial de género, que volverá a ser objeto de debate hoy, Día Europeo de Igualdad Salarial. Para desentrañar los motivos de esta diferencia y diseñar medidas correctivas el Departamento de Empleo y Trabajo del Gobierno vasco ha encargado tres estudios que abordan esta materia: uno sobre la mayor incidencia de la contratación a tiempo parcial en el colectivo femenino, otro sobre las barreras para que las mujeres accedan a profesiones técnicas y un tercero sobre los planes de igualdad registrados en el País Vasco. Los tres informes fueron presentados ayer en una jornada organizada por el departamento encabezado por Idoia Mendia. En el primero, referido a la parcialidad, la investigadora de Iseak Lucía Gorjón destacó que el 27% de las mujeres trabaja con esta modalidad en Euskadi, frente al 8% de los hombres, y en la mitad de los casos es de forma involuntaria, porque no encuentran un empleo a jornada completa. «Es otra cara de la precariedad laboral», alertó. En el segundo, dedicado a la escasa presencia de chicas en los estudios técnicos, la también investigadora de Iseak Ainhoa Osés aludió a «la mayor ansiedad que las matemáticas provocan en las mujeres», mientras que Laura Gallo, de la empresa Ikei, advirtió de la falta de compromisos claros en los planes de igualdad. La vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo destacó que la brecha salarial de género se ha reducido de forma notable desde el 22,6% que alcanzaba en 2018 hasta el 16,7% de 2021, último dato disponible en la estadística del INE. 

Cinco días de parada este mes de febrero a los que se sumarán, de momento, tres más el próximo marzo. La dirección de Mercedes Vitoria comunicó ayer a la plantilla que suspende la producción los días 1, 4 y 5 del próximo mes. Al mismo tiempo, también ha trasladado que procederá a no activar cuatro jornadas en la Semana de Pascua (2, 3, 4 y 5 de abril) que inicialmente la empresa había contemplado como laborables. El primer paquete de modificaciones del calendario responde a «la necesidad de ajustar la capacidad productiva de la planta a las demandas de los mercados», como se ha venido subrayando en los últimos meses. Esas primeras paradas afectarán a todos los sectores productivos de la factoría (Montaje Bruto, Pintura y Montaje Final). Como viene siendo habitual, se informa de que estará afectado todo el personal directo, indirecto y coaligados «con la excepción de aquellas personas que sean requeridas para llevar a cabo tareas de necesaria realización». En el comunicado de la dirección se plantea que los distintos sectores coaligados y no coaligados indicarán para esos días 1, 4 y 5 de marzo, en función de la secuencia de actividades planificada –se ponen como ejemplo trabajos en Prototipos, formaciones, trabajo en proyectos o recuperación de vehículos– el número de «personas que resulte necesario que acudan a sus puestos de trabajo». Este nuevo parón se concreta apenas una semana después de que Mercedes Vitoria lanzase en cascada las jornadas que se han desactivado este mes de febrero. Además, la planta que dirige el ingeniero alemán Bernd Krottmayer ha trasladado a la plantilla que las jornadas del 2, 3, 4 y 5 de abril, que estaban consideradas como activables, no van a ser laborables con carácter general. En este caso, por convenio, no es preceptiva una comunicación a los trabajadores. Pero se les ha comunicado que la decisión se toma para «facilitar la conciliación de los trabajadores y trabajadoras de nuestra fábrica en Vitoria». La excepción, como en el caso anterior, estará en aquellos operarios que se consideren imprescindibles para cumplir con el plan de producción previsto.

Si algo está girando sutilmente (o no tanto) en nuestra forma de entender la economía, el talento es su punto de apoyo. Las empresas se están dando cuenta y miran a sus departamentos de Recursos Humanos porque el éxito ya no depende de poseer las mejores infraestructuras o el mejor acceso a las materias primas, sino de contar con las mejores mentes en sintonía con un propósito concreto. Para entender cómo se está desplegando esta tendencia y hacia dónde apunta, El Mundo organizó el pasado 16 de febrero el encuentro Talento. Hitos que están revolucionando los RRHH en las empresas. Tras la presentación del evento por Francisco Pascual, adjunto a la Dirección y responsable de la Información Económica de El Mundo, abrió el fuego Jordi Serrano, Socio del Future for Work Institute. Serrano recordó cuando los departamentos de RRHH perdieron, en buena medida, el tren de la transformación digital «y ahora no quieren perderse esta revolución de la inteligencia artificial». En el debate participaron expertos en recursos humanos y talento de grupos como Randstad, Danone, NH Hotel Group, Amadeus o Cobee. Los cambios tecnológicos, comentaron, han propiciado una nueva sensibilidad, con casos tan ilustrativos como la Gran Renuncia, cuyo paradigma resumió Emilio Masa, de Cobee al preguntarse «qué pueden hacer las grandes organizaciones cuando el sueldo ya no lo es todo». Su respuesta: «Ahora todo pasa por personalizar la propuesta de valor: las empresas deben interiorizar esto o se quedarán atrás». A lo que Raquel Larena, de Randstad, añadió la necesidad de «coherencia, con acciones efectivas que den credibilidad» y que Vanesa Berrido, de Danone, subrayó recordando que «las personas quieren sentirse como realmente son en el trabajo y crecer, pero no solo profesionalmente, sino también en su proyecto personal». La conversación apuntó entonces al «bienestar emocional de los trabajadores», con la participación de ejecutivos de Mahou-San Miguel, AstraZeneca, y Mapfre.

Una de las piezas clave en la operación de la compra húngara de Talgo es el papel que desempeñarán tanto el presidente de la ferroviaria, Carlos de Palacio y Oriol, como el cuadro directivo de la empresa. Y según fuentes de la negociación, tanto el consorcio industrial de Magyar Vagon como la actual presidencia y cuadro ejecutivo de la compañía han trasladado al Gobierno de España y a los bancos –con los que se negocia la financiación de Talgo– que la compra contempla su continuidad. Es decir, que Carlos de Palacio seguiría en la presidencia junto al actual equipo directivo. Es la voluntad del grupo húngaro que, agentes conocedores del diseño de la operación aseguran a este medio que comparte De Palacio, siempre que se mantenga el desarrollo industrial de Talgo y elementos como los centros de decisión actuales. El presidente y nieto del fundador del fabricante de trenes ha sido una figura clave para la empresa en estos últimos años y se ha implicado también patrimonialmente en su crecimiento. Hasta ahora, la voluntad de vender las participaciones del fabricante de trenes que cotiza en Bolsa solo ha sido confirmada por Trilantic, el fondo de inversión británico que tiene el 60% de una sociedad (Pegaso International) que canaliza el 40% de las acciones de Talgo. La familia Oriol posee el 20% de esa sociedad y el hecho de que una parte importante de esos títulos sigan en manos de los fundadores puede ser una garantía. El interés por comprar del grupo industrial húngaro liderado por Andras Tombor, exasesor de Defensa del presidente Viktor Orban, ha despertado recelos en el Gobierno de España. 

El encarecimiento integral de productos y servicios ha engordado la facturación de todo tipo de empresas, si bien no necesariamente los beneficios. Lo que hasta ahora se consideraba una microempresa en función de su volumen de negocio ha dejado de serlo pese a que no ha cambiado nada más. Lo mismo para pequeñas o mediana. La inflación ha alterado la base para siempre y contra ello actúa ahora España, que modificará la Ley de Auditoría de Cuentas y la de Sociedades de Capital para ampliar los parámetros monetarios que determinan el tamaño de las empresas y limitar así la carga administrativa y fiscal a la que se enfrentan. Con este cambio en la normativa, que se encuentra en consulta pública hasta el 23 de febrero, España se alineará con las últimas directivas de la Unión Europea.  Fuentes patronales aseguran que los nuevos límites beneficiarán a España, el país del bloque con el mayor número de pymes –de acuerdo con el último informe de crecimiento empresarial elaborado por el servicio de estudios de Cepyme–. Por un lado, evitará que los estados financieros de las más pequeñas tengan que ser auditados de forma forzosa, pues es una obligación que solo compete a las medianas y grandes, además de las entidades de interés público. También reduce el número de empresas que deben aplicar la directiva en materia de sostenibilidad, lo que se traduce, según las estimaciones de Bruselas, en un ahorro de costes únicos de unos 150 millones de euros más otros 700 millones cada año a nivel europeo. Un tercer punto a favor es que con los nuevos tamaños monetarios, habrá más empresas que podrán acceder a las ayudas o subvenciones que exigen una facturación máxima para ser beneficiario. A pesar de estos puntos a favor, CEOE considera que los nuevos límites son insuficientes pues se limitan al impacto de la inflación y no consideran otros problemas del mercado. Su malestar coincide con el de otros sectores europeos, que también pidieron a la Comisión un ajuste más elevado o la subida automática en caso de que se superara un determinado umbral de inflación. 

La Comisión Europea exige a los Estados miembros que aceleren las reformas e inversiones vinculadas a sus planes de recuperación. El Ejecutivo comunitario presentó ayer un informe en el que evalúa el nivel de ejecución de los fondos Next Generation y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, aseguró que ve «improbable» que se extienda su periodo de vida más allá de 2026. Bruselas no es partidaria de extender ese plazo límite para la ejecución de los fondos de recuperación, ya que alargar ese periodo requeriría «decisiones muy complejas» que deberían aprobarse por «unanimidad». En este sentido, el comisario destacó que el mensaje de la Comisión a los países europeos es que «se centren en la implementación de los planes de recuperación» en vez de «dedicar capital político» a prorrogar la fecha final. Además, Gentiloni destacó que la etapa actual será «más complicada» a medida que las inversiones llegan a una fase «crítica». En este contexto, el Ejecutivo comunitario aseguró que España será el tercer país que más se beneficiará de estos fondos europeos, con un aumento del 3,5% de su PIB respecto a un escenario sin los Next Generation, muy por encima del impacto medio del 1,4% que se espera en el conjunto de la UE. España también está entre los Estados miembros que más objetivos y reformas han completado, con 121 objetivos alcanzados de un total de 416. Solo Grecia consigue mejorar esta cifra con 178 reformas finalizadas de 527. El plan de recuperación prevé una inversión total de 800.000 millones, de los que se han desembolsado cerca de 225.000 millones en apoyo a las economías de la UE. De ellos, España ha recibido ya tres pagos de 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que le corresponde en forma de transferencias no reembolsables, que asciende a 69.528 millones.

La potencia del Fondo de Recuperación será algo menor de lo pensado en un inicio. La cantidad prevista cuando se creó ascendía a casi 723.800 millones, pero varios Estados miembros no han pedido todo el dinero que les correspondía y, por tanto, la cifra final es más baja: 650.000 millones, según el informe de evaluación presentado ayer por la Comisión Europea. A la medida estrella que se aprobó para salir de la profunda crisis económica que provocó la covid-19 le ha costado coger velocidad. Hasta ahora, el Ejecutivo de la Unión ha desembolsado 225.000 millones. Los países que menos notaron el golpe de la pandemia y con más margen fiscal (Alemania, Dinamarca, Luxemburgo o Austria) han tardado más en desplegar sus planes, entre tanto llegó la invasión de Ucrania por Rusia y la subida de precios, que obligó a modificar varios programas. La consecuencia es que el Fondo de Recuperación y Resiliencia ha tardado en coger velocidad y el dinero tiene que estar gastado antes de acabar 2026. Ha sido necesario esperar a que todos los planes de recuperación, los de los 27 Estados, estuviesen aprobados y también sus respectivas revisiones para saber a cuánto ascendía la cantidad demandada. La cifra final ya flotaba en las instituciones desde que se acabó en agosto el plazo de presentación de revisiones. Tanto es así que incluso llegó a barajarse la posibilidad de que el dinero sobrante se utilizara en la revisión de presupuesto plurianual de la UE, en el que se ha acordado un plan de ayuda financiera a Ucrania de 50.000 millones. Finalmente se descartó esa opción.

España es el país europeo que ha tenido un peor desempeño económico en los últimos cinco años, de acuerdo con el Indicador de Gestión Económica, que publica hoy el Instituto Juan de Mariana. Y es uno de los peores en todos los subapartados del indicador: el segundo que más ha aumentado la presión fiscal, el segundo donde más ha caído el poder adquisitivo, el cuarto donde más ha aumentado la deuda pública, el sexto donde peor ha evolucionado el PIB y el décimo que menos empleo ha creado. En definitiva, un saldo demoledor donde solo el mercado laboral se aproxima algo a los estándares del resto de los países comunitarios, si bien a expensas del “maquillaje estadístico”, la reducción de la productividad y los salarios reales. En concreto, el think tank sostiene que la presión fiscal en España “ha subido 2,9 puntos del PIB entre 2019 y 2023, pasando del 35,4% al 38,3% del PIB”. Con ello, “España es el segundo país de la UE con mayor aumento de los impuestos para el periodo analizado”, solo por detrás de Chipre que, a cambio, es de los mejor posicionados en la evolución del PIB, del empleo y de la deuda pública. En contraste con España, “el promedio comunitario arroja una subida de apenas 0,1 puntos del PIB, con trece países miembros que han reducido su presión fiscal y otros siete que la han aumentado de forma muy moderada. Por lo tanto, la senda de la tributación observada en España se aleja claramente de los patrones observados en el Viejo Continente y describe un estallido fiscal en toda regla”, señala el texto. Sin embargo, este incremento de impuestos, incluyendo el IRPF por la no deflactación de las tarifas o la subida de las cotizaciones sociales, no ha servido ni para paliar la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos a través del gasto público ni para contener el alza de la deuda.

El crecimiento inesperado de la actividad en el último trimestre del año pasado ha motivado a la patronal CEOE a elevar su previsión de crecimiento para este año, del 1,4% al 1,8% del PIB. Un cálculo que es un poco menos optimista que el del Gobierno, que estima una evolución del 2%, pero que está en línea con el de la Comisión Europea. Bruselas estima que España crecerá este año un 1,7%. Estas son las previsiones que la patronal ha recogido en su Panorama económico de febrero, que ayer aprobó la Junta Directiva. Los empresarios esperan un crecimiento del empleo del 2%, entre 2024 y 2025, con un descenso de la tasa de paro, desde el 11% de la población activa. En estos momentos es del 11,76%. Los empresarios detectan que la economía está creciendo por la inversión pública, derivada de los fondos europeos de recuperación, y por el superávit exterior. No obstante, la patronal considera que el proceso de consolidación fiscal será más lento que hasta ahora, a no ser que “la implementación de las normas fiscales [derivadas de las exigencias comunitarias] introduzca una presión mayor de ajuste presupuestario”. En su análisis económico, la confederación expresa también su preocupación por el comportamiento que están empezando a tener las empresas respecto a la inversión. El Panorama económico de la CEOE dice lo siguiente: “A pesar de estar en una situación financiera más saneada, las empresas no están destinando dinero a la inversión y prefieren amortizar deuda”. Atención a esta reflexión, porque el sector privado percibe “un deterioro de las expectativas y un aumento de la incertidumbre, más que reflejar un encarecimiento de la financiación”. Esta falta de la inversión “es un lastre para el aumento de la productividad y un factor limitativo de su crecimiento potencial, por lo que puede considerarse una asignatura pendiente de la economía española”.

Tras cuatro meses de fuertes caídas, tanto el precio del gas natural como el de la electricidad están ya en los niveles previos a la mayor sacudida energética de la historia del Viejo Continente. Un regreso al lugar de partida que marca el punto final del terremoto –iniciado en 2021 pero agravado, casi un año después, por la invasión rusa de Ucrania– y que promete un aterrizaje de la inflación más rápido de lo anticipado: buena noticia para los hogares y, también, para el Banco Central Europeo, que gana margen para bajar los tipos de interés. Un paso al que, por ahora, sigue resistiéndose. El mercado holandés TTF, la referencia gasista en toda Europa, ronda hoy los 23 euros por megavatio hora (MWh). Es prácticamente lo mismo que en la primavera de 2021, antes de que este combustible iniciase su imparable recorrido alcista que lo llevó a superar los 300 euros en agosto de 2022, cuando los primeros cortes de gas ruso amenazaban con un crudo invierno en el Viejo Continente. Temores que, por fortuna, no se consumaron, pero que han tenido a los Veintisiete en un brete durante más de dos años. “Pese a las leves disrupciones en el flujo de gas noruego por ducto, los fundamentales del mercado [del gas] siguen siendo bajistas”, esboza Lu Ming Pang, analista sénior de la consultora energética Rystad. “Las reservas siguen altas en comparación con años anteriores, gracias a las temperaturas relativamente cálidas en todo el continente”, añade.

El comercio tuvo que lidiar con tres cambios de leyes al día en 2023, según un recuento realizado por Asedas, la principal patronal del sector de los supermercados, bajo la que se encuentran empresas como Mercadona, Dia o Lidl. En total, se aprobaron o modificaron el año pasado 1.140 normas en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo, es decir, una media de 3,1 desarrollos legislativos al día, un 15% más que el año anterior. “Teniendo en cuenta los datos de los últimos cinco años, la escalada normativa no cesa desde niveles previos a la pandemia, cuando se registraron 476 (1,3 normas diarias) en 2019”, destaca la asociación de empresas de distribución en un comunicado. “Esta situación coincide con las actuales denuncias del sector primario sobre la alta carga legislativa y administrativa que soporta, y que se extiende a todos los eslabones de la cadena de valor”, afirma Asedas. Las protestas de estos días de agricultores y ganaderos hacen hincapié en la gran carga burocrática que soportan los productores, sobre todo desde Bruselas. En la distribución, según Asedas, la situación es similar. En el comercio, dice la patronal, “la UE supera al Estado español en actividad normativa, con un alto impacto en diferentes ámbitos de actividad”. Por categorías, la legislación relacionada con el medioambiente se lleva casi la mitad de la carga normativa, con 486 textos legales que afectan al comercio, seguida de la seguridad alimentaria (254) y cuestiones administrativas relacionadas con la empresa (urbanismo, licencias…), que suman 221 normas. “Este hecho tiene un impacto directo en la competitividad de las empresas europeas”, advierte la patronal.

“No es apropiado reducir los tipos hasta que no haya suficiente evidencia de que la inflación se sitúa en el entorno objetivo del 2%”. Y, de momento, sigue por encima del 3%. Así que quienes esperaban un recorte de los tipos en marzo tendrán que esperar, como pronto, hasta principios de mayo, tal y como se desprende de las actas publicadas ayer de la última reunión del comité de política monetaria de la Reserva Federal. “La mayoría de los participantes destacó el riesgo de relajar demasiado deprisa la orientación de la política monetaria y subrayaron la importancia de evaluar cuidadosamente los nuevos datos para juzgar si la inflación está descendiendo de forma sostenible hacia el 2%”. Al mismo tiempo, los miembros de la Fed reconocen que mantener los tipos altos durante mucho más tiempo está añadiendo incertidumbre a los mercados. De hecho, tras la publicación de las actas, el Nasdaq incidía en el rojo, con una caída del 0,75%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones se dejaban un 0,28% y un 0,23%, respectivamente. En la reunión de finales de enero, el banco central estadounidense decidió mantener los tipos de interés en su nivel más alto de los últimos 23 años, en la franja comprendida entre el 5,25% y el 5,5%, al que se llegó en julio del año pasado. Desde entonces, el organismo ha mantenido sin cambios el precio del dinero en sus últimos cuatro encuentros, de ahí que el mercado especulara con la posibilidad de que los primeros recortes se produjeran ya en marzo. Sin embargo, de las actas de la reunión se desprende que los gobernadores del banco central no tienen prisa por empezar a relajar la política monetaria.