20240506

La inversión extranjera que se dirigió a Euskadi el pasado año alcanzó los 1.555,7 millones de euros, lo que supone un 72% menos que los 5.516,6 millones de euros captados en 2022, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. De esta forma, en el acumulado de los últimos cinco años las empresas vascas han sido capaces de atraer 10.054 millones de euros, a razón de 535,8 millones en 2019, para subir a 905,5 millones en 2020, ascender a 1.540,3 millones en 2021, multiplicarse hasta los 5.516,6 millones un año después, y caer a 1.555,7 millones el pasado ejercicio. Por sectores económicos, la mayor inversión foránea el pasado año en el País Vasco (el 68% del total invertido) fue en fabricación de armas y municiones, con 1.057,8 millones de euros. El suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire atrajo 277,6 millones de euros (18% del total), seguido de la fabricación de maquinaria (90,2 millones), la construcción de edificios captó 28,6 millones, otras industrias manufacturaras absorbieron 24,6 millones, la silvicultura y la explotación forestal fue destino de 12,3 millones, mientras la programación, consultoría y otras actividades relacionadas sumó 10,3 millones. Por países, el que más invirtió en Euskadi el pasado año fue Alemania, con 1.341,9 millones de euros (86% del total recibido por el País Vasco), mientras que empresas de Francia gastaron en la Comunidad Autónoma Vasca por valor de 101,4 millones (6,5% del total). La incursiones empresariales de Luxemburgo dejaron en Euskadi 33,6 millones de euros, mientras las empresas belgas invirtieron 24,2 millones de euros. Por su parte, la inversión de Reino Unido con destino al País Vasco llegó a 13,4 millones de euros y desde Colombia se captaron 12,2 millones de euros.

La adquisición en 2018 de Solaris –la filial de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles especializada en autobuses ‘limpios’– fue sin duda uno de los grandes hitos del anterior Plan Estratégico del grupo CAF, que ahora, en su nueva hoja de ruta a 2026, se ha conjurado para, desde el indiscutible liderazgo que ya ocupa en Europa, abrir este mismo año el pujante mercado norteamericano. Un caladero inmenso, el de Estados Unidos y Canadá, en el que apenas existen hoy sólo tres actores de relevancia (Proterra, Novabus y New Flyer, que concentran el 80% del negocio) y en el que se espera que los procesos públicos de compra ronden de aquí al año 2030 las 17.000 unidades, todas de cero emisiones, sólo en entornos urbanos. CAF explica que aunque el objetivo está meridianamente claro, aún no está decidido cómo se llevará a término ese irrenunciable asalto. Y si está decidido, se guarda por ahora en secreto y bajo siete llaves. Hablamos de un mercado de alta rentabilidad pero bastante proteccionista y que exige siempre un cierto grado de producción local (aquello del ‘Buy America’), con lo que el aterrizaje podría materializarse a través de una alianza en forma de ‘joint venture’ o de una compra de una empresa norteamericana, lo que reduciría el riesgo. Cabe recordar que CAF ya advirtió al mercado hace un par de años de que disponía de entre 550 y 600 millones de euros para afrontar compras con las que crecer. Según subraya en el Plan Estratégico de CAF, las administraciones estadounidenses están plenamente orientadas hacia la transición energética. Tanto es así que, apunta el documento, «el 80% de los fondos de inversión para la compra de autobuses eléctricos proviene del Gobierno Federal», que tiene previsto apoyar absolutamente a todos los Estados en ese camino a la electrificación. En California, por ejemplo, ya se ha fijado que todas las ventas de autobuses deben ser de emisiones cero para 2030.

Los resortes del Estado han buscado una alternativa española a la OPA húngara. Y, como era lógico, el nombre de CAF ha sido el primero en salir a la palestra como eventual ‘caballero blanco’. Ha sido un movimiento en dos fases. En la primera, quizás más de urgencia, se tanteó (al más alto nivel) a la firma beasaindarra, que dejó claro que está a otra cosa. Su prioridad no es, ni muchísimo menos, comprar un rival como Talgo, con el que sí que pudiera haber sinergias en cuanto a productos pero que sería costosa de digerir y despistaría a CAF de su Plan Estratégico, centrado en crecer en otros vectores. La beasaindarra tiene pulmón financiero para hacerlo sin desbaratar su deuda, pero en principio no le interesa. En estos casos siempre se habla de los ‘favores’ que Renfe (el Estado) podría hacer después a quien salvara a Talgo de la ambición húngara, pero dicho en plata el operador público español debiera de adjudicar trenes a CAF hasta el final de los tiempos para poder compensar el gesto. El contenido de las conversaciones (que han sido al más alto nivel) no ha trascendido, claro está, pero sí la idea de que, por ahora, la beasaindarra (de la que sus trabajadores controlan un cuarto del capital a través de Cartera Social, que se suma al 14% de Kutxabank y al 3% del Gobierno Vasco) no quiere entrar en el juego, ni de lejos. Al parecer, y siempre según los mentideros del sector, Alstom y Stadler (con fábrica en Valencia) también habrían sido ‘tocados’. Es entonces cuando se ha abierto una suerte de segunda fase de la operación ‘Salvar a Talgo’, en la que Criteria juega el papel principal, como ya lo hace en Naturgy. La idea, en este caso, podría ser dejar entrar a los húngaros pero manteniendo un porcentaje de las acciones en manos españolas (ese sería el papel del brazo inversor de CaixaBank) puesto que, al fin y al cabo, y bajo el argumento de que el fabricante de trenes alavés es «estratégico», el Gobierno podría de alguna manera condicionar la OPA. En ese punto, Criteria no quiere ir sola, y reclama un socio industrial que conozca el paño. Y es ahí donde el nombre de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles regresa a la boca de todos. Las espadas están en lo alto, y en el momento en que nos encontramos ya juegan los intereses industriales y también los políticos. Todo puede pasar, aunque parece que no.

Mercedes-Benz estrena aparcamiento provisional entre las calles Las Arenas y Bulevar de Mariturri, en una especie de apéndice entre el espacio que ocupa el complejo de fabricación y esa segunda arteria. Este parking temporal, que ocupa una superficie de unos 39.000 metros cuadrados, podrá albergar un total de 1.200 vehículos, de modo que le permitirá cubrir la necesidad de su extensa plantilla. Por el momento, están disponibles la mitad de las plazas del equipamiento. Se trata de un solar que el Ayuntamiento ha cedido a la empresa alemana hasta febrero de 2025 a cambio de un canon mensual de 31.825 euros. Este acuerdo responde a la necesidad de contar con un terreno en superficie por las obras que la multinacional ejecuta de cara a su ambiciosa transformación y ampliación para acoger la plataforma del vehículo eléctrico VAN.EA. El futuro complejo de la compañía necesitará también un mayor espacio para estacionar vehículos. Y es que el parking situado en el flanco entre Avenida de Los Huetos y la calle Zurrupitieta (en el otro extremo) será absorbido por una nave destinada a montaje bruto, donde los robots trabajan en el ensamblaje milimétrico de las piezas. La puesta en marcha de este nuevo parking acarreará una serie de cambios; no sólo por las modificaciones en el entorno, como la instalación de un semáforo para regular el tráfico y un resalto. También se van a aplicar cambios en el servicio de transporte de empleados de Mercedes-Benz. La marca de la estrella ofrecerá un servicio de lanzaderas exteriores para facilitar el traslado de sus trabajadores hacia la zona sur de la planta de Vitoria. Así, los empleados tendrán a su disposición, a partir de hoy, autobuses con «recorridos optimizados». 

El proceso de constitución del Parlamento vasco arrancará este lunes con la entrega de credenciales a los 27 parlamentarios del PNV, con su candidato a lehendakari, Imanol Pradales, a la cabeza, transcurridos 15 días desde la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 21 de abril. El viernes se acreditaron el único representante de Sumar, Jon Hernández, y la de Vox, Amaia Martínez, pero es ahora, cuando se completa un tercio de la Cámara –25 de 75 escaños–, cuando comienzan a correr los tiempos hacia el pleno de constitución. La normativa marca que, desde que se registra un tercio de los parlamentarios, la Diputación Permanente tiene un plazo máximo de quince días para fijar la sesión en la que se conformará la Mesa. La fecha más probable es el martes 14, aunque no está cerrado de forma oficial. Mañana acudirán los 12 parlamentarios del PSE-EE, el miércoles los siete del PP y el día 13 los 27 de EH Bildu, formación que tendrá en esta legislatura los mismos escaños que los jeltzales, aunque el PNV sigue siendo la primera fuerza política. Repetirá como portavoz parlamentaria Nerea Kortajarena, que sustituyó a Maddalen Iriarte. El candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, solo participará en los grandes debates de la Cámara. Se calcula que el pleno que salvo sorpresa designará a Pradales como sucesor de Iñigo Urkullu será a mediados de junio.

España es el segundo país de la Unión Europea con más población inmigrante sólo por detrás de Alemania, e incluso por delante de ese país si se mide en tasa de entradas por cada mil habitantes, pero tan sólo un 23,1% de los extranjeros residentes en el país en edad de trabajar cuenta con una titulación universitaria, el quinto porcentaje más bajo de todo el continente, según los últimos datos de Eurostat relativos a 2023. Una proporción que, si no se revierte a medio plazo, supondrá un reto demográfico de primera magnitud y un desafío para la productividad, el crecimiento económico y las cuentas públicas. Se trata de un porcentaje que se ha mantenido constante en las últimas décadas –en 2004, un 24,1% de la población inmigrante era titulada; en 2014 lo era un 23%–, lo que demuestra que los flujos migratorios que recibe el país presentan anualmente esa misma distribución: España es un país muy atractivo para la población foránea, pero sobre todo para la menos cualificada. Nuestro país se sitúa así muy lejos de otros estados como Irlanda, donde el 60,5% de la población migrante cuenta con estudios superiores, de Lituania (con un 60,4%), Luxemburgo (53,3%), Polonia (48,8%) o Eslovaquia (45,6%). Únicamente presentan ratios peores que la nuestra Grecia, Eslovenia, Italia y Finlandia. Detrás de esta composición educativa de la población migrante se encuentra, como razón principal, la latitud de la que procede. En 2022 –último año del que hay datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE)–, España perdió 137.000 residentes nativos (por el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad: murieron más de los que nacieron) pero ganó 736.000 inmigrantes, con lo que la población en su conjunto creció en casi 600.000 personas. Más de la mitad de los que llegaron procedían de Sudamérica (los colectivos mayoritarios eran de colombianos, venezolanos, peruanos y argentinos), mientras que un 13% venían de África (sobre todo de Marruecos) y un 11,4% eran ucranianos –por la situación excepcional de guerra en ese país–. España necesita recibir más población foránea de la que prevén los modelos y, además, debe mejorar la formación media de la misma. Esta mejora en la formación no sólo es necesaria por el envejecimiento demográfico, que reduce la cantidad de personas en edad de trabajar, sino que además debe compensar la salida de nativos cualificados que se está produciendo a otros países. España importa inmigrantes con bajos niveles de formación, mientras que exporta capital humano cualificado.

Hoy en día firmar un contrato indefinido no es garantía de tener un empleo estable para toda la vida. Es más, hay más posibilidades de que al cabo de un año esa persona no siga en ese trabajo, en teoría fijo, que de que se mantenga en él. Así lo advierte un reciente informe publicado por el Banco de España, que señala que la tasa de rotación de los contratos indefinidos se ha duplicado tras dos años de reforma laboral y más de la mitad de esos nuevos empleos con carácter permanente no sobrevive ni siquiera un año. La nueva legislación laboral aprobada por el Gobierno de coalición a finales de 2021 –con el visto bueno de empresarios y sindicatos– ha trastocado por completo el paradigma de la contratación que había hasta entonces en España. El objetivo para el que esta norma se puso en marcha era muy claro: poner fin a la elevada tasa de temporalidad de la que adolecía el país desde hace décadas. Y, todo hay que decirlo, lo ha conseguido –algo que no habían logrado las siete reformas laborales precedentes– y además en un tiempo récord. Así, la tasa de temporalidad en España ha caído con intensidad en apenas dos años. Si antes de la contrarreforma el porcentaje de trabajadores que tenían un empleo con fecha de caducidad rondaba el 25%, en la actualidad representan el 15,7%, la tasa más baja de la historia, que se sitúa ya mucho más en línea con la europea. Incluso se reduce hasta el 12,3% en el sector privado tras recortarse prácticamente a la mitad, puesto que han sido las empresas las protagonistas de este fuerte desplome, mientras que la Administración Pública mantiene la misma temporalidad desbocada, en el entorno del 30%, según los últimos datos publicados por el INE.

A jóvenes y veteranos el espejo del mercado de trabajo les devuelve actualmente un mismo reflejo borroso, casi invisible, que resume a la perfección cómo les ven (o no les ven) muchos empleadores. A los mayores de 55 años, como a los menores de 25, les cuesta mucho encontrar un empleo en todo el país —juntos superan el millón de parados, por encima de un tercio del total—, aunque hay territorios más propicios y otros casi yermos para ambos. Cruzando el número de afiliados a la Seguridad Social con el de las personas que viven en cada comunidad y discriminando los resultados por edades, el norte es la zona que menos trabajadores sénior reúne. Asturias, Galicia y Cantabria, por este orden, presentan los porcentajes más bajos de afiliación para este grupo de trabajadores respecto de su nicho de población. En el otro lado de la balanza se sitúan Madrid, Baleares y Navarra, donde la representatividad de este colectivo es la más elevada. “Todas las instituciones internacionales dicen que hay que promover el envejecimiento activo, la prolongación de la vida laboral y el mantenimiento de fórmulas de flexibilidad para personas de más de 55 años. Esa es la literatura general de las políticas que llevan a cabo los países más desarrollados, como Alemania, pero en España no sucede. La visión de largo plazo en las políticas públicas está aún por hacer”, señala Ricardo Rivero, exrector y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. “Cuando se sacrifica a los perfiles más veteranos en una empresa, se pierde la oportunidad de que estos transmitan sus conocimientos”, abunda Rivero, que recientemente ha publicado El derecho al futuro. Las generaciones venideras y el papel de la Universidad, libro en el que realiza una profunda defensa de la justicia intergeneracional. Que los trabajadores que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral y aquellos que están siendo expulsados por su edad compitan entre sí ha dado pie a suponer que existe una lucha intergeneracional no solo en el acceso al ecosistema laboral, sino también una vez dentro, en el corazón de las empresas. Y que en este enfrentamiento muchas de ellas se están decantando en favor de los más jóvenes. Una mala decisión para los expertos.

Comienza una semana clave para la operación que ha sacudido el mapa bancario español. Banco Sabadell reunirá previsiblemente entre hoy y mañana a su consejo de administración para decidir si se sienta a negociar la fusión con BBVA. Y todo apunta a que no tiene la menor intención de poner las cosas fáciles al banco presidido por Carlos Torres. Fuentes del sector financiero indican que entre los directivos del Sabadell no ha gustado ni las formas ni el fondo de la oferta, que llegó a sus manos apenas cuatro minutos antes de que se hiciese pública. En la cúpula del histórico banco catalán ya corre como la pólvora la palabra «resistencia». Es decir, presionar en el camino que le quedaría a la fusión hasta que salga adelante para mejorar las condiciones planteadas por BBVA en su comunicación, tal y como apuntan esas mismas fuentes. Cuando se cumplen cinco días desde que se conocieron los detalles, Sabadell sigue dilatando en el tiempo su idea de trasladar una respuesta formal a BBVA. Incluso el mercado estaría jugando la baza del tiempo para presionar por una mejora de la oferta, tanto en términos de gobernanza como incluso de precio. El objetivo sería que BBVA ofrezca pagar al menos parte de la operación –ahora planteada como un canje de acciones– en efectivo. Los analistas de Renta 4 Banco no descartan que el banco con sede social en Bilbao acabe cediendo en este punto empleando su exceso de capital, que cifran en 3.100 millones de euros. Pero en el seno de BBVA existe la firme convicción de que su oferta es más que suficiente.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la regulación del Consejo Estatal de la Pyme aludiendo a un compromiso europeo, pero sin explicar cómo. Finalmente, el Boletín Oficial del Estado publicó el decreto desvelando que, por primera vez, se rompe en ese organismo estatal de las pequeñas y medianas empresas el monopolio de CEOE y Cepyme. Ambas cuentan actualmente, en representación de las organizaciones empresariales, con dos vocales cada una. Pero ya no habrá cuatro, sino cinco con incorporación de otra patronal, según el decreto. También prevé un sexto vocal «de ámbito autonómico o intersectorial representativo de las pymes». La norma pone así fin a la exclusiva de CEOE y Cepyme en este tipo de instituciones públicas e incorpora a patronales rivales. ¿Quiénes? En el decreto no se especifica aún, pero el Ministerio de Industria ya ha avanzado a agentes sociales su intención de incorporar a Conpymes, la asociación que amadrina Begoña Gómez. También la catalana Pimec, con la que también ha colaborado la cónyuge de Sánchez. «El Ministerio nos ha comunicado que entrarán Conpymes y Pimec», confirman a este diario fuentes de la Mesa del Diálogo Social. Es llamativa esta decisión en la primera reunión gubernamental tras cinco días de vacío decidido por Sánchez, porque es notoria la conexión de Gómez con estas asociaciones. Por un lado, tal y como publicó este diario el 14 de abril, ella amadrinó la presentación de Conpymes meses después de recibir un patrocinio de su presidente, José María Torres, en la cátedra de su máster en la Universidad Complutense. Torres admitió el pago a este diario y también que él había invitado a Gómez al evento posterior de puesta de largo de Conpymes, pero negó irregularidades por ello.

El auge que está experimentando el turismo en España, con la perspectiva de alcanzar este año los 100 millones de visitantes, ha disparado el apetito de los inversores. Según datos de la consultora inmobiliaria Cbre, desde ahora hasta finales de 2025 está prevista la apertura de hasta 260 hoteles, uno nuevo cada cuatro días, un ritmo inédito. La mitad se concentrará en Madrid, Málaga, Valencia y Canarias. Las perspectivas para este año son más que optimistas y el objetivo de rozar los 100 millones de turistas en 2024 ha pasado de ser una utopía a ser una posibilidad más que real en función del pulso de la demanda registrado durante el primer trimestre del año. Esa recuperación explosiva del turismo desde la pandemia ha disparado el apetito de los inversores por hacer hoteles en un destino en el que el precio medio de una habitación superó por primera vez los 100 euros al cierre de 2023 (rozó los 107 euros en el primer trimestre de 2024). 

El negocio de las gasolineras en España, que mueve en torno a 40.000 millones de euros al año, está viviendo en estos momentos un cambio radical que hace apenas un año hubiera sido impensable. Las gasolineras low cost, que entre 2022 y 2023 sufrieron un dramático parón comercial, ante la pinza que les provocaban las ofertas de las grandes petroleras y las bonificaciones decretadas por el Gobierno, están resurgiendo con más fuerza que nunca. Lo están haciendo con tanta virulencia que ahora están arrebatando cuota de mercado a las grandes petroleras y a los híper a tasas récord, lo que a su vez ha generado un rosario de movimientos corporativos. Las low cost (antes despreciadas y consideradas como gasolineras fantasma, por no tener personal) son objeto de deseo. Las grandes petroleras se han lanzado a comprar redes de estaciones de servicio de bajo coste ante la imposibilidad de pararlas comercialmente. Esto, a su vez, ha abierto el apetito también de los fondos de inversión. Cepsa ha comprado Ballenoil, los fondos Tensile y Portobello se han hecho con Plenoil y el gigante italiano ENI acaba de cerrar la compra de Atenoil. Estos movimientos son solo un pequeño reflejo de la profunda transformación en la que está inmersa el sector.

Un aterrizaje suave en Estados Unidos aún es posible, aunque nunca fue probable, pero parece cada vez más improbable. La Fed se verá obligada a mantener los tipos de interés más altos por más tiempo. El núcleo de la economía estadounidense es el gasto privado, que desde 2021 está por encima de la tendencia prepandémica. En el primer trimestre de 2024, el PIB de Estados Unidos creció a un ritmo anual del 1,6%, casi un punto porcentual menos que lo esperado. Al mismo tiempo, la inflación subyacente se mantuvo por encima de las previsiones; los precios al consumidor (sin energía ni alimentos) aumentaron a un ritmo anual del 3,7%, más que el 2% registrado en el cuarto trimestre de 2023. Los precios de las acciones están en caída y los rendimientos de los bonos suben por la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos haga una única bajada de tipos de interés en 2024. Es un cambio notable respecto de finales de 2023, cuando los mercados esperaban que este año la Fed bajara la tasa de referencia seis veces. Durante el primer trimestre de este año, los inversores dejaron de apostar a la bajada de tipos y se hicieron a la idea de que se mantendrían el buen crecimiento y una inflación resistente. Pero ahora hay señales de que mientras la inflación se mantiene alta, el crecimiento se está frenando, una combinación que ha llevado a que algunos inversores y analistas adviertan de una posible estanflación. Conforme la economía se normaliza después de la pandemia, vuelven a afirmarse las relaciones económicas habituales. De modo que para reducir la inflación, es probable que se necesite un aumento de la tasa de desempleo, que ya está unos cuarenta puntos básicos por encima del mínimo prepandémico. La economía subyacente está en auge, y la política monetaria no es lo bastante restrictiva. Más preocupante que la estanflación es la posibilidad de que para domar la presión sobre los precios se necesite una ligera desaceleración.

Francia, única potencia atómica de la Unión Europea, ha puesto sobre la mesa el uso de la fuerza de disuasión para proteger también a sus socios. El presidente Emmanuel Macron cree que su arma nuclear es “un elemento ineludible” en la defensa de Europa y ha ofrecido abrir una reflexión. En Alemania, cuya seguridad se apoya desde la posguerra mundial en el paraguas de Estados Unidos, este debate empieza a abrirse paso ante la amenaza rusa y el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Macron ha multiplicado en los últimos días las declaraciones sobre la “dimensión europea” de la disuasión nuclear, seña de identidad de la presidencialista V República y seguro de vida de un país escarmentado entonces por el descalabro ante la invasión alemana de 1940. En Francia es el jefe de Estado, elegido por sufragio universal directo, quien controla el botón nuclear y quien, con sus palabras, garantiza la credibilidad del arma ante los enemigos. De ahí que, cuando se trata de la bomba, cada palabra del presidente, cada silencio, se escrute al detalle. En un discurso el 25 de abril, Macron definió la disuasión nuclear como “un elemento ineludible de la defensa del continente europeo”. El 26 declaró al grupo de prensa EBRA: “La doctrina francesa es que se puede utilizar [el arma] cuando nuestros intereses vitales están amenazados. Y hay una dimensión europea en estos intereses vitales”. En una entrevista publicada el pasado jueves por el semanario The Economist, precisó: “Por la naturaleza de nuestros intereses vitales y nuestras decisiones, nuestra geografía, contribuimos a la credibilidad de la defensa europea”.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se abrió ayer a un alto el fuego en Gaza, siempre que esta tregua no altere los pilares fundamentales de su estrategia: acabar con Hamás y traer de vuelta, vivos o muertos, a los más de 100 rehenes que quedan en la Franja. Además, su Gobierno ordenó la suspensión de actividad de la cadena catarí Al Jazeera. Mientras Israel sigue bombardeando Gaza día tras día, Hamás reivindicó ayer el lanzamiento de varios proyectiles desde ese enclave, sin causar víctimas mortales en territorio israelí, lo que ha servido para elevar más la tensión. Ocurrió al tiempo que las partes en guerra, impulsadas por los negociadores, tratan de lograr una tregua con contactos en Egipto y Qatar. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio a entender ayer que defiende el alto el fuego en la Franja, algo que no es habitual en su dialéctica bélica, siempre que eso no altere los pilares fundamentales de su estrategia: acabar con Hamás y traer de vuelta, vivos o muertos, a los más de 100 rehenes que quedan en la Franja. El grupo palestino insiste en que soltar a los secuestrados debe implicar el fin de la contienda, a lo que el mandatario del Estado judío se niega. También ayer, el Gobierno de Israel decretó el cierre de la cadena catarí Al Jazeera tanto en lengua árabe como en inglés, una medida criticada por la ONU y numerosas organizaciones internacionales. Un grupo de agentes requisó sus equipos durante una redada en las oficinas del canal en la ocupada Jerusalén Este. Los equipos de reporteros siguen trabajando en Cisjordania y Gaza. Qatar acoge a la cúpula de Hamás y es una pieza clave en los contactos para conseguir un cese en las hostilidades.