20240226

Han pasado 18 años desde la puesta en funcionamiento del último parque eólico en Euskadi. Fue en el Puerto de Bilbao en 2006. Demasiado tiempo, como reconoció la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, hace justo un año al anunciar la última autorización que daba vía libre al parque eólico de Labraza, en Álava. Es la primera de las infraestructuras que promueve el Ejecutivo autonómico junto a Iberdrola con la sociedad que constituyeron en 2020, Aixeindar. Una apuesta por aumentar la generación renovable en Euskadi y que tiene en esta instalación el primer proyecto. Son 40 MW de potencia repartidos en ocho aerogeneradores, cada uno de 5MW. Iberdrola ha diseñado todo el proyecto con el dispositivo SG 5.0-145 de Siemens Gamesa, empresa en cuyo nacimiento participó directamente la eléctrica vasca y en la que mantuvo participación accionarial hasta 2020. La cuestión es que se trata de un aerogenerador montado sobre la plataforma 4.X, precisamente una de las que se ha paralizado tanto en fabricación como en venta por los defectos que la empresa vasco germana trata de resolver a contrarreloj. Son los problemas que están generando pérdidas multimillonarias al fabricante, que hace un par de semanas anunció unos resultados negativos de 426 millones en el último trimestre. La compañía comunicó que ya tiene el diagnóstico del problema en un 80% y confía en poder una fecha a lo largo de este año para la recuperación de su fabricación, pero no ha podido concretar más fechas. Los planes de Iberdrola son arrancar las obras en este 2024 y cuentan con que necesitarán nueve meses para levantar toda la infraestructura para que entre en funcionamiento el próximo año. Es en el sexto mes cuando se hace determinante la instalación de los aerogeneradores, así que el calendario aprieta.

La máquina exportadora europea pierde músculo. Esta es una de las preocupaciones del Banco Central Europeo. En una conferencia en Cunef Universidad, el director de Economía del BCE, el español Óscar Arce, explicó que, pese a la moderación de los precios energéticos, estos son mucho más elevados en la zona euro que los que soportan los estadounidenses. Ya lo eran antes de la crisis energética. Y ha empeorado. De ahí que hayan saltado las alarmas sobre una pérdida de competitividad que se ha plasmado en una caída de las exportaciones europeas. Según Eurostat, la UE perdió entre 2021 y 2022 un 10% de su cuota de exportaciones mundiales de bienes y servicios. Y se prevé que el dato de 2023 también sea malo. Contrasta con los cerca de 10 puntos que se ganaron entre 2013 y 2016. En aquellos años el ajuste en competitividad del sur y la fortaleza de la industria alemana permitieron aumentar su trozo de la tarta. La desaparición del gas ruso barato ha supuesto, sin embargo, una importante pérdida de competitividad, sobre todo para las industrias alemana e italiana. La germana se basa mucho en la producción de bienes que precisan de grandes cantidades de energía al elaborarlos. Mientras que los costes energéticos llegaron a triplicarse en la zona euro en el pico de la crisis provocada por la guerra de Ucrania, en Estados Unidos solo subieron un 80%. Y los estadounidenses ya tenían antes de este shock precios energéticos más baratos. En estos momentos, el importe de la electricidad en la industria europea es tres veces más alto que al otro lado del Atlántico. Pese a que lo peor de la crisis se ha superado, las diferencias son ahora mayores. “La subida de precios ha sido mayor porque en Europa no hay gas, y en Estados Unidos sí”, señala Antonio Merino, economista de Repsol. Y añade que los derechos de dióxido de carbono a finales de 2023 explicaban la mitad del aumento de precios en el continente europeo. Mientras que los estadounidenses solo usan la zanahoria de las ayudas para avanzar en la transición climática, los europeos emplean además las penalizaciones por las emisiones contaminantes.

Con el gas de Texas, Pensilvania o Luisiana, EE UU no solo tiene una poderosa máquina de hacer dinero: cuenta también con una potentísima herramienta de persuasión para convencer a las industrias en crecimiento de las bondades de instalarse allí. Sus vastísimas reservas subterráneas y la poderosa revolución del fracking han convertido al gigante norteamericano en el mayor productor y exportador mundial de este combustible, fundamental en procesos manufactureros intensivos en calor. Y decenas de grandes nombres del sector secundario están tocando a su puerta cuando buscan nuevas ubicaciones. La mejor política industrial es, estos días, la energía barata. Desenganchada por fuerza mayor del gas ruso, que llegaba por tubo y a precio de derribo, Alemania se ha quedado sin una de las mayores ventajas competitivas de su industria. Sin molécula barata, su sector secundario ha quedado a la intemperie. En ese escenario, el gas estadounidense saca a relucir sus mejores atributos: está a resguardo de las veleidades de la geopolítica con un recurso propio, abundante y muy competitivo. Tras caer el precio a la mitad en el último mes, hasta los 1,58 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu por sus siglas en inglés), el gas estadounidense flirtea con sus mínimos históricos y es cuatro veces más asequible que en Europa. La mejor baza para atraer el interés de los grandes nombres industriales.

El hacha de guerra entre las grandes eléctricas y el Gobierno de Pedro Sánchez por las centrales nucleares, que había quedado enterrada en 2019, cuando todas las partes llegaron a un acuerdo para un cierre escalonado y ordenado de las instalaciones atómicas, vuelve a levantarse. Esta vez con igual o más virulencia. Hoy vence el plazo para presentar alegaciones al nuevo decreto con el que el Gobierno quiere subir la denominada tasa Enresa. Este canon es el que pagan las eléctricas propietarias de centrales nucleares en España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) al fondo que administra la empresa estatal Enresa para que este grupo se encargue de la gestión de los residuos atómicos y el futuro desmantelamiento de instalaciones. La tasa pasaría desde los actuales 7,98 euros por megavatio producido a 11,14 euros por megavatio. Es decir, una subida, de golpe, del 39,5%. Teniendo en cuenta toda la producción de las centrales atómicas prevista antes de su cierre escalonado (392.273 gigavatios hora), las eléctricas pasarían de pagar en los próximos años 3.130 millones de euros a 4.369 millones, es decir, 1.239 millones de euros más. Ni la peor de las pesadillas podían imaginar un hachazo de tal magnitud. Sobre todo teniendo en cuenta que en 2019, cuando se acordó el calendario ordenado de cierre de las centrales atómicas, quedó escrito en piedra que la tasa Enresa no se movería de los 7,98 euros. En aquella dura negociación, que se prolongó durante meses, fijar en ese precio el canon fue crucial para llegar a un acuerdo. Ahora, algunas eléctricas consideran que el pacto ha sido roto unilateralmente por el Gobierno.

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) industria prezioek %1,4ko igoera izan dute urtarrilean aurreko hilarekin alderatuta, eta azken 12 hilabeteetako aldakuntza jasotzen duen urtarrileko urtetik urterako tasa %5,2 jaitsi da, Eustat euskal estatistika erakundearen datuen arabera. Azterketa zehatzagoa eginda, urtarrilean prezioetan aurreko hilarekin alderatuta igoerarik handienak izan dituzten sektoreak botiken fabrikazioa (%7,2) eta energia elektrikoa, gasa eta lurruna (%5,8) izan dira. Aitzitik, prezioetan hiletik hilerako jaitsierak izan dituzte ehungintza, jantzigintza, larrugintza eta zapatagintza (-%1,8), eta koke lantegiak eta petrolio fintzea eta industria kimikoa (-%0,8na) sektoreek. Ondasunen helburu ekonomikoaren araberako sailkapenari jarraikiz, energiaren prezioak %2,3 igo dira urtarrilean abenduarekin alderatuta, kontsumo ondasunenak %0,9, bitarteko ondasunenak %1,3 eta ekipo ondasunennak %0,9. Bestalde, urtetik urterako tasan, energia elektrikoa, gasa eta lurruna (-%28,9), koke lantegiak eta petrolio fintzea (-%13,9) eta zurgintza, papergintza eta arte grafikoak (-%6,8) adarretan izan dira jaitsierarik handienak prezioetan, eta botiken fabrikazioa (%12,2), erauzketa industriak (%5,9) eta garraio materialaren fabrikazioa (%5,5) adarretan igoerarik handienak.

El ministro de Transición Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, espera que la fusión Orange-MásMóvil sea aprobada por el Consejo de Ministros este mismo mes de marzo y que ésta vaya vinculada a un plan estratégico “muy bien definido”, que incluya inversiones a largo plazo. En una entrevista con Efe, efectuada con motivo del MWC que comienza hoy en Barcelona, el ministro se refirió a la fusión de Orange-MásMóvil, que acaba de recibir la luz verde de Bruselas, sobre la que espera que se aprueba “rápido”, siendo marzo el “calendario más probable” aunque sin “angustiarse por los plazos”. Desde el Gobierno, se están manteniendo “conversaciones” con los responsables de Orange y de MásMóvil con el fin de que “asuman determinados compromisos de inversión a largo plazo” y que éstos se incluyan dentro de un plan estratégico, que tiene que estar “muy bien definido, cosa que no es difícil, porque ya lo tienen pero es necesario que se explicite bien”. Escrivá afirmó que no se trata de imponer “condiciones” por parte del Gobierno a las empresas que van a constituir esta join venture, sino de que éstas asuman “compromisos”. Sin ahondar en el contenido de estos “compromisos”, sí ha apuntado que el objetivo es que “en un sector tan estratégico y decisivo como el de las telecomunicaciones, se aseguren inversiones con el objetivo de que algo que tiene ya España, que es una magnífica conectividad, se mantenga hacia delante con las nuevas tecnologías”, teniendo en cuenta además sus efectos en la economía.

Hace un año la inteligencia artificial (IA) conversacional, protagonizada por ChatGPT, copaba toda la atención en un Mobile World Congress (MWC) que seguía mirando hacia el metaverso. Pero hoy da comienzo la 17º edición en Barcelona de la feria de tecnología móvil más importante del mundo con las cosas más claras: el metaverso ya no es una preocupación y la inteligencia artificial es una realidad que está completamente asumida en toda nueva tecnología. Como los móviles, presuntamente protagonistas de esta feria, pero que cada año ceden más terreno a la realidad virtual, el 5G y las redes de telecomunicaciones. Sobre todo estos días en los que la fusión de dos de las mayores compañías de telecomunicaciones del mercado español está a un paso de completarse. Ya ha pasado el difícil obstáculo de la Comisión Europea, que hace apenas una semana daba luz verde a la integración de ambas operadoras condicionándola a la concesión (los denominados ‘remedies’) de parte de la red a Digi, la operadora rumana que ha experimentado un espectacular crecimiento en España y que, una vez se complete la fusión, pasará a ser el cuarto actor en cuota de mercado. Así, el ‘peaje’ que Orange y MásMóvil pagan por fusionarse es convertir a su rival Digi en un competidor de pleno derecho mediante la venta de red y un acuerdo de ‘roaming’. La analista de Scope Ratings, Jacques de Greling, explica que la aprobación de la fusión por parte de la UE representa un «éxito poco frecuente» para el sector. Eso sí, dada las importantes medidas de competencia que lleva aparejadas, «es poco probable que desbloquee otras transacciones similares», por lo que queda demostrado que la UE «no ha cambiado de opinión» sobre la consolidación de la telefonía móvil nacional. 

Bizkaia lidera esta pérdida con 5.147 instalaciones menos en una década (-33%), Gipuzkoa cuenta hoy con 3.500 menos que hace diez años, mientras que en Álava existen 916 explotaciones menos que hace diez años (-15,9%). La suma de los tres territorios deja a Euskadi con 9.655 explotaciones menos (-26,9%). Las principales asociaciones del primer sector en Gipuzkoa, Ehne y Enba, saldrán a la calle este viernes para protestar por la «falta de rentabilidad» de sus negocios y la excesiva burocracia, por lo que reclaman medidas. El alza del coste de la alimentación animal, sumada a la luz y el gasóleo, sitúan al colectivo en una situación muy complicada por unos márgenes ínfimos que han empujado a agricultores y ganaderos de todo el Estado y también de Euskadi a salir a las calles con sus tractores para denunciar la crítica situación que vive el sector. En Gipuzkoa, según los datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) y que también confirman las principales asociaciones del territorio, existen un total de 10.888 explotaciones agroganaderas (5.972 instalaciones ganaderas y 4.916 agrarias). Si echamos la vista diez años atrás, los siempre bien cuidados montes del territorio tenían entre sus campos 14.480 explotaciones, 3.529 más que en la actualidad, lo que se traduce en una merma del 24,8%, o lo que es lo mismo, Gipuzkoa ha perdido una media de 353 explotaciones cada año. Si ampliamos el mapa al conjunto del Euskadi, podemos apreciar cómo el resto de territorios vascos también han visto reducidas, de forma considerable, sus explotaciones agroganaderas.

Duela hilabete hasi ziren laborantzari loturiko protestak Euskal Herrian, Iparraldeko laborariek A63 autobidea moztu zutenean. Aldarrikapen eta iragarpen artean, asegabe segitzen dute oro har. Ohartarazpenak eginak zituzten. Euskal Herriko Laborarien Batasunak, adibidez, urrian egin zuen lehen ekintza Baionan, Europako Nekazaritza Politika Bateratuko (NPB) laguntzak apalduko zirelako. FDSEA eta Laborari Gazteak sindikatuak ere kexu ziren ordurako: gobernu frantsesaren konpromiso falta salatu, eta hainbat herritako afixak itzulikatu egin zituzten, hankaz goiti zebiltzalako. Baina jaramonik egiten ez zietela sentitzen zutenez, presioa handitzea erabaki zuten Ipar Euskal Herriko laborariek. Gehiago irakurri hemen. 

La escasez de nacimientos ha llevado a dos escuelas infantiles privadas autorizadas por el Departamento de Educación a echar el cierre en el último año en Bizkaia: una en Barakaldo y otra en el bilbaíno barrio de Deusto. Hay 55 centros de este tipo en el territorio; en Euskadi son 88 (hace cuatro años eran 95). A esta lista de locales que han bajado la persiana recientemente hay que sumar una tercera guardería de Getxo, que no estaba registrada por el Gobierno pero sí contaba con la autorización municipal. Las escuelas infantiles privadas, que hasta este curso matriculaban aproximadamente a la mitad del alumnado (faltan por conocerse los datos de este año), afrontan una situación muy delicada. Por un lado, está el hecho de que cada vez nacen menos niños. El año 2022 fue el ejercicio con menos alumbramientos en Euskadi desde 1975, con apenas 13.613 bebés. Todo apunta a que 2023 fue peor. Entre enero y septiembre se anotó un descenso cercano al 3% con respecto al mismo período del ejercicio anterior. Pero la crisis demográfica no es la única amenaza para la viabilidad de los centros privados. A ello se suma la gratuidad total de las guarderías públicas, las pertenecientes al Consorcio Haurreskolak. Es una medida prioritaria dentro del plan vasco para afrontar el reto demográfico y que han seguido otras comunidades autónomas de España (la última, Asturias, que implementará la gratuidad a partir del próximo curso). Y, además de las haurreskolak, este curso se han subvencionado por primera vez las aulas de dos años en los colegios concertados, por lo que las posibilidades de las escuelas privadas de captar alumnos se reducen a los críos de 0 y 1 años.

El Gobierno está cerca de llevar a la aprobación del Consejo de Ministros la ley de Familias, la norma que ampliará a 20 semanas la licencia por paternidad, que remunerará cuatro de las ocho semanas para la crianza de los menores de 8 años, que extenderá los beneficios por familia numerosa a las monoparentales con dos hijos y que otorgará a la mayor parte de las madres la renta crianza de 100 euros al mes. El proyecto de ley, que podría incluso ser aprobado por el Ejecutivo mañana, no está previsto que contenga en el texto inicial ni la retribución de la licencia por crianza ni la ampliación del permiso de paternidad, que se incorporarían a la norma vía enmienda durante la tramitación parlamentaria. La razón es que el departamento que dirige Pablo Bustiduy, para evitar retrasos, ya adelantó en el Congreso que someterá a la aprobación del Gobierno el mismo proyecto que el Ejecutivo envió a la Cámara Baja la primavera pasada y que decayó con las generales. La futura ley garantiza la igualdad de derechos y beneficios a cualquier modelo de convivencia (matrimonio, pareja de hecho, monoparental, LGTBI, acogida), incorporará nuevos permisos y prestaciones para cuidados y otorgará ventajas a las familias más vulnerables. Una de sus medidas estrella es la que extenderá de 16 a 20 las semanas pagadas a que tienen derecho los progenitores que tengan un hijo, lo adopten o lo acojan. Lo que aún no han aclarado es si este beneficio llegará de golpe o tendrá una puesta en marcha gradual, ni si entrará en vigor dentro de unos meses, con la aprobación de la ley, o si se podrá demandar con efectos retroactivos a la fecha que se determine.

El Gobierno está dispuesto a aumentar los colectivos de trabajadores con derecho a una jubilación anticipada por desempeñar trabajos especialmente duros: con “penosidad, toxicidad, insalubridad y peligrosidad”. Pero, eso sí, el Ejecutivo pone condiciones para preservar el equilibrio del sistema de pensiones: Las empresas y los propios trabajadores deberán hacer una cotización adicional a la que ya les corresponde por su base, para aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Se trata de compensar la financiación de la pensión que luego les corresponda al adelantar la jubilación. Hay que tener en cuenta que estas personas se retirarán con toda la prestación, sin recortes de ningún tipo. La medida de jubilarse de forma anticipada con toda la prestación por trabajos de especial dureza también beneficiará a los autónomos. Si bien, en este caso, serán ellos los que corran con toda la cotización adicional. Los presupuestos de cada año fijarán la cuantía de esta aportación en este tipo de jubilación, según regula el borrador de real decreto sobre los “coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación”. 

El Gobierno concede legitimidad a la patronal y a los sindicatos para proponer la aplicación de coeficientes reductores, si el colectivo afectado corresponde a asalariados. Si son autónomos, entonces en la decisión participarán las organizaciones más representativas del sector, con la patronal y los sindicatos. Si se trata de empleados públicos, la propuesta de instaurar un coeficiente reductor para la edad de jubilación deben tomarla la administración correspondiente con los sindicatos más representativos del sector. A partir de ahí, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo deben elaborar sus respectivos informes sobre las características del sector propuesto por la patronal y los sindicatos para otorgar el beneficio de la jubilación anticipada. Si el procedimiento se refiere a empleados públicos, entonces será el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública el que elabore su informe correspondiente. Al final, una comisión de evaluación formada por todos los ministerios y agentes sociales citados decidirá si corresponde, o no, aplicar los coeficientes reductores, a los trabajadores seleccionado necesarios, en función de si concurren las circunstancias de penosidad, toxicidad, insalubridad o peligrosidad de la labor. Es necesario reseñar la contradicción que hay en el hecho de que la patronal y los sindicatos puedan hacer una propuesta que, al final, puede acabar en una comisión de la que ellos mismos forman parte.

"...Es claro que el indicador PIB es inexacto. O si se desea, insuficiente. Al exigirse para su cómputo que responda a una transacción monetaria, el PIB elude o subestima un amplísimo campo de la realidad económica al ignorar actividades tan importantes como el trabajo doméstico, el voluntariado o el ocio...Fedea y el Consejo General de Economistas acaban de presentar un estudio en el que señalan que la brecha de productividad de España con la Eurozona ha sido de casi 14 puntos en 2023, lo que ha provocado a su vez una fuerte caída del PIB per cápita, que se sitúa 17 puntos por debajo de la media de la zona euro. El bache es aún mayor si nos remontamos a 2015, ya que desde entonces nuestro crecimiento ha sido del 2,5%, casi la mitad (4,7%) de la zona euro. ¿De qué dolencia básica padece entonces nuestra economía? Si analizamos las principales empresas del mundo, el 80% de sus activos son intangibles. Cuando hablamos de activos intangibles nos referimos a las personas, la reputación, el valor de la marca, del fondo de comercio, de las relaciones, de los procedimientos, de la propiedad intelectual, de los datos, los algoritmos y la estrategia. La economía basada en el conocimiento se fundamenta en la innovación y el capital intelectual como motores para generar riqueza, lo cual requiere inversiones significativas en activos intangibles, lo que la distingue de las economías basadas en bienes tangibles. Propulsar esta línea de activos inmateriales se traduce en aumentar el ‘Conocimiento Interior Bruto’ que incide en un mayor PIB. Por si no lo hemos adivinado, la inversión aludida para propiciar la progresión del ‘Conocimiento Interior Bruto’ se orienta a la educación, a la investigación y al sustento y desarrollo del conocimiento en su más amplia acepción. Corea del Sur destina un 5% de su PIB a I+D+i, por encima de Estados Unidos, de la media de la Unión Europea y por supuesto muy por encima de España, que no llega al 1,5% del PIB. Por eso es una de las economías más pujantes e igualitarias del planeta..."

A punto de cumplir dos meses al frente del Banco Europeo de Inversiones, el brazo financiero de la Unión Europea, Nadia Calviño se muestra convencida de que la institución debe “reforzar la industria europea de seguridad y defensa”, así como la “capacidad defensiva y también disuasoria” de la UE. La exvicepresidenta del Gobierno explica en una entrevista que el BEI debe continuar ejerciendo su papel de prestamista muy especializado en la financiación de infraestructuras, y apoyar a pequeñas y medianas empresas, pero también “reforzar la actividad en otros ámbitos”. El reto es hacer todo esto sin poner en riesgo la situación financiera del banco, que ve en una “posición muy consolidada”. “Tenemos que seguir siendo un banco rentable con buena gestión del riesgo”, defiende Calviño. La presidenta del BEI recuerda que el organismo lleva ocho años financiando inversiones en seguridad y defensa, y traza las líneas a seguir con los 8.000 millones de los que dispone para este ámbito hasta 2027: “Hemos acordado agilizar las inversiones en seguridad y defensa y trabajar sobre la definición, el concepto y el ámbito de las tecnologías de doble uso”. Y recuerda que se ha puesto en marcha un instrumento de capital con 175 millones para apoyar a pymes de este sector.

“Los coches eléctricos se incendian constantemente”. “Tardan muchas horas en cargar”. “Las baterías no tienen bastante autonomía”. “No hay dónde cargarlos”. “Para un viaje largo necesitas un diésel”. Los vehículos sin emisiones generan bulos y exageraciones, debido en parte a que la mayoría de la población aún no los ha probado: según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), en 2023 se vendieron 54.857 eléctricos en España, un 5,7% del total. Analizamos los principales mitos con ayuda de los expertos del sector.“Salen ardiendo a la mínima”. Es un bulo. “Las tasas de incendios de los eléctricos son inferiores a las de vehículos de combustión" “Se estropean mucho”. No. “El vehículo eléctrico se diferencia respecto a sus espejos en combustión en la sencillez de su mecánica, puesto que, al no disponer de elementos de fricción o desgaste, no tiene apenas reparaciones y sus revisiones son muy sencillas”.  “Hay que cambiar la batería a los siete años”. Probablemente no. “Las baterías del tipo LFP, las más habituales, pueden durar de 2.000 a 5.000 ciclos. Si un ciclo son 500 kilómetros, serían entre uno y 2,5 millones de kilómetros. Lo único que puede pasar antes que pierda un poco de autonomía (no más del 10%)”. “Hay muy pocos puntos de recarga”. Aedive señala que en octubre de 2023 había ya 27.420 puntos de carga de acceso público en España, con lo que los datos del cierre del año rozarán los 30.000. Y otros 8.000 están en proceso administrativo. “Con las baterías actuales y las recargas de alta potencia la experiencia de uso es similar a la de los vehículos de combustión”, dice su director. Sí es cierto que los cargadores ultrarrápidos —de más de 150 kilovatios (kw/h)— son solo el 6% del total. “Las baterías tienen poca autonomía”. Uno de los mitos más extendidos es que las baterías ofrecen poca autonomía. “El problema es que hay quien piensa que tiene que durar 800 kilómetros, como un diésel, pero lo cierto es que en el día a día es raro hacer más de 200 o 300 kilómetros y para eso las autonomías actuales son suficientes”...

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado contra la “dependencia” de la Unión Europea (UE) de China en materias primas necesarias para la descarbonización y citó el acuerdo entre la UE y Chile sobre litio como modelo para diversificar los suministros. “Hemos observado que en los últimos 20 o 30 años China, estratégicamente, ha comprado mina tras mina, globalmente. Toman las materias primas, tienen el procesado en China y tiene el monopolio de estas materias”, dijo Von der Leyen durante un coloquio con industriales comunitarios. La presidenta de la Comisión subrayó que “el 97% del litio que consumimos en la UE viene de China”, algo que “no es bueno” porque los Veintisiete son “totalmente dependientes de China en esto”, y defendió la estrategia de “autonomía estratégica” de la UE para contar con más proveedores, como Chile. “Lo que hacemos ahora es que hablamos con otros países, como por ejemplo Chile, con quien acabamos de cerrar un acuerdo sobre litio para diversificar la cadena de suministro y no tener una situación como la de Rusia, con sobredependencia y potencial chantaje”, dijo. Von der Leyen se refería a los acuerdos firmados el pasado diciembre entre la Unión Europea y Chile para modernizar los pactos anteriores con vistas a reforzar la cooperación política y fomentar el comercio y la inversión y, en concreto, el abastecimiento de materias primas a través del potencial minero del país sudamericano.

China está vendiendo más productos a Estados Unidos (EEUU) a través de México, evitando así los aranceles extra impuestos por la administración Trump y mantenidos por la de Joe Biden, según los datos recopilados por Financial Times. Las estadísticas de tráfico de contenedores, analizadas por Xeneta, aseguran que en los primeros tres trimestres del año pasado llegaron a México 881.000 contenedores de veinte pies [28 toneladas de capacidad] procedentes de China. En el mismo periodo de 2022 esa cifra apenas alcanzaba los 689.000. Ese alza llegó en el momento en el que México adelantó a China como primer exportador hacia EEUU y coincidió con el progresivo aumento del tráfico de mercancías por carretera a través de la frontera mexicana. Las cifras también dejan en evidencia las dificultades que atraviesa la administración Biden para cumplir su objetivo de reducir la dependencia de EEUU hacia la cadena de suministros global que está dominada por rivales geopolíticos, como China, cuya capacidad manufacturera hace posible que tenga un papel clave en el suministro de cualquier tipo de suministros. “EEUU es el mayor consumidor del mundo y China es el principal productor del mundo”, explica Robin Brooks, ex economista jefe en el Instituto Internacional Financiero. “De una manera u otra, estas dos fuerzas deben unirse”.

La única emoción de las elecciones primarias de Carolina del Sur, celebradas el sábado pasado, estaba en ver por cuántos puntos ganaba el expresidente Donald Trump a Nikki Haley, la última rival en pie en la carrera para obtener la designación republicana. Se añadía el morbo de que Haley jugaba en casa: nació aquí y fue gobernadora del Estado entre 2011 y 2017, pero ni por esas pudo aspirar a nada mejor que a una contundente derrota. Bastó menos de un minuto desde el cierre de las urnas para que los medios estadounidenses, con AP a la cabeza, concedieran el triunfo al expresidente. Al final, se apuntó en torno al 60% de los votos, por un 40% de su contrincante, a la que le fue mejor de lo que auguraban las encuestas. Aunque no en número de delegados: a falta del recuento final, Trump se hizo con al menos 44 de los 50 en juego. Para obtener la designación, necesita, salvo retirada de su rival, 1.215. De momento, ha sumado 117, por 17 de Haley. El ganador corrió a ofrecer el discurso de la victoria. Lo hizo en la capital, Columbia, cuando pasaban cinco minutos de las 19.00, y la comparecencia fue puro Trump. Empezó con una andanada contra los inmigrantes que llegan a la frontera Sur con México. “Vienen de todas partes, directos de las cárceles, de los manicomios y de otras instituciones mentales”, dijo, antes de saltar sin conexión aparente al siguiente argumento: “¡Nunca he visto al Partido Republicano más unido que ahora!”.