20241030

Los Presupuestos son la principal herramienta de la política de un gobierno. Y el actual Ejecutivo vasco va a destinar casi un tercio de sus primeras Cuentas –más de 5.100 millones– a la gran apuesta en la que ha venido insistiendo el lehendakari, Imanol Pradales, desde que tomó posesión del cargo: la sanidad. Aunque, no obstante, el aumento aplicado a esta área es similar al que ya dedicaban gobiernos anteriores. Las Cuentas vascas para 2025 fueron aprobadas ayer en Consejo de Gobierno e iniciarán su tramitación mañana en el Parlamento. Unos Presupuestos que recogen un techo histórico de gasto de 15.728 millones, lo que supone un incremento del 4,7%. Las previsiones que sostienen esta cifra se apoyan en una economía que, si bien se prevé crezca menos que la del conjunto de España, contempla un suelo sólido: un avance del PIB vasco del 2,1% para el próximo año, la creación de 15.000 empleos y una tasa de paro en el 7%. El objetivo de estas Cuentas es, según explicó ayer en su presentación el consejero de Hacienda, Noël d‘Anjou, «invertir en las transformaciones para preparar el futuro y fortalecer los servicios públicos». Salud, 5.115,9 millones Reducir las listas de espera y fortalecer Atención Primaria. Educación, 3.247,5 millones. Más de la mitad, a salarios. Vivienda, 445,9 millones. Más para ayudas al alquiler. Trabajo, 1.224,9 millones. 400 millones para la RGI. Reto demográfico, 357 millones. Más ayudas por hijo. 

El Ejecutivo prevé ingresar 119 millones del impuesto a banca y energéticas y reclama su regulación en Euskadi. Las Cuentas no prevén recibir fondos europeos para sus gastos por primera vez en tres años. Se utilizarán 271 millones, eso sí, pero pendientes de gastar de anteriores ejercicios y representan un 20% menos. Otro de los descensos más importantes en los ingresos es el de los remanentes. Aquellas cantidades obtenidas por aumentos de recaudación por encima de lo previsto y por partidas sin gastar. Para 2025 serán solo 65 millones, un 80,9% menos que en el Presupuesto anterior. También desciende el dinero aportado por el Gobierno de España para la ‘Y’ vasca y la Variante Sur. Este año es de 189 millones, pero el próximo ejercicio el avance de las obras los dejará en 85 millones, un 55% menos. Así las cosas, el crecimiento de la aportación de las diputaciones forales, con 513 millones más (un 4%), no es suficiente. El propio lehendakari, Imanol Pradales, defendió hace un mes en el Forum Nueva Economía el recurso al endeudamiento para mantener inversiones en un «momento estratégico para la industria vasca». Para ello presumió de una deuda pública vasca que está en un saneadísimo 12% del PIB. Además, según explicó ayer el consejero de Hacienda, Noël d’Anjou, el crecimiento del PIB previsto para 2025 de un 2,1% permitirá seguir rebajando la ratio de deuda hasta el 11,45% a cierre de ejercicio. Las Cuentas, además, están realizadas con un déficit presupuestario del 0,3%, unos 200 millones. Eso sí, esa medida, no permitida al resto de autonomías, debe ser acordada en la Comisión Mixta del Concierto, pendiente de convocarse. La apuesta ha permitido que la inversión con recursos propios –sin financiación de la UE o el Estado– crezca un 8,8% y alcance los 1.531 millones. Se mantiene el compromiso de aumentar el 6% anual la cantidad destinada a I+D con 680 millones. Y, junto a los remanentes de Europa y la inyección del Gobierno central, la inversión total alcanzará los 1.837 millones.

Una evolución marcada por la estabilidad en el medio y largo plazo. Esta es la principal lectura que se puede extraer de las previsiones económicas presentadas el pasado 4 de octubre por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del País Vasco, Mikel Torres. Unas previsiones optimistas, que apuntan a un ritmo constante de crecimiento del PIB de cara al futuro: un 1,9 al cierre de este ejercicio y un 2,1% en 2025. Los datos son muy positivos en comparación con la media europea, que sólo alcanza el 0,6%,  pero quedan algo lejos de la del conjunto de España, que asciende al 3,1%. La industria, uno de los pilares históricos de la economía vasca, no pasa por su mejor momento. Al menos, a tenor de las cifras. Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), el peso de este sector en el PIB autonómico es del 23,9% (la tercera comunidad de España tras Navarra y La Rioja), cuando en 2008 rondaba el 30%. Para Pablo Martín, responsable de Economía de Confebask, esto responde a una tendencia que se ha ido consolidando durante los últimos años en Euskadi: “La externalización de servicios”. hacían antes dentro de la propia empresa ahora se hacen a través de subcontratas”, explica. Y añade que un claro ejemplo de ello “son las actividades de I+D, para las que se recurre a centros tecnológicos, que figuran en el sector servicios”. Pese a las estadísticas, continúa Martín, la industria sigue siendo “un generador de tecnología, exportaciones y empleos de calidad con altas retribuciones salariales”. Concretamente, según Eustat, además de su gran aportación al PIB, el tejido industrial sigue empleando a 211.281 personas, lo que implica que uno de cada cinco trabajadores vascos pertenece a este sector. El otro dato no tan esperanzador es el de la creación de empresas. El último informe de Confebask indica que el número de compañías inscritas en la Seguridad Social ascendió en septiembre a 57.555, es decir, 716 más que en agosto. Sin embargo, se trata del menor aumento en el citado periodo desde 2016. Esto se debe, según Martín, a que “muchas pequeñas empresas no han encontrado un relevo generacional”. Además, pese al dato negativo, considera más importante que las existentes “gocen de buena salud, como en este momento, y puedan contratar más y ofrecer mejores condiciones a sus trabajadores”. 

Los fondos Next Generation de la Unión Europea siguen permeando en los diferentes territorios del país. Euskadi es, con un 98,2%, la comunidad autónoma española que ostentaba el pasado septiembre la tasa de resolución más elevada de estas ayudas, según datos de Analistas Financieros. Tras el País Vasco aparecían Aragón (66,6%), Castilla-La Mancha (64,5%) Castilla y León (62,9%), Madrid (65,9%) y la Comunidad Valenciana (63,7%). En el extremo opuesto, Andalucía y La Rioja presentaban la tasa de resolución más baja, con un 38,8% y un 33,9%, respectivamente. El proceso de distribución de los fondos se vio ralentizado durante los primeros 18 meses desde la entrada en vigor del plan. Por fin, los recursos se han ido distribuyendo durante el último año y medio a través de las distintas autonomías.

El lanzamiento de la esperada segunda fase de liberalización ferroviaria tiene entre sus mayores retos la tecnología. Solo Talgo ha fabricado y comercializa en España un tren de alta velocidad con ancho desplazable, capaz de circular por los corredores que se van a abrir a la competencia a partir de 2027. Adif ha incluido en esta segunda oleada los corredores hacia Galicia, Asturias y Cantabria, por el norte; y Cádiz y Huelva, por el sur. Son kilómetros de vía que combinan infraestructura de ancho internacional UIC con ibérico, lo que deja a los competidores de Renfe solo una opción de material rodante: el Avril de Talgo, que tantos quebraderos de cabeza ha dado al operador estatal desde su pedido de 30 unidades en 2016. CAF podría ser la alternativa que los operadores demandan al tener en sus fábricas las dos especificaciones requeridas: trenes de alta velocidad (más de 300 kilómetros por hora) con boggies capaces de adaptarse a cualquier tipo de vía. CAF dispone de su plataforma Oaris, capaz de circular a 350 kilómetros por hora. También dispone del sistema Brava de ancho variable. La combinación de ambas tecnologías daría lugar a un tren con proyección en España y opciones de servir a nuevos corredores como las líneas internacionales con Portugal (el país luso mantendrá el ancho ibérico en su red nacional) y hacia los países de Europa del Este que están apostando por trenes más veloces e interoperables. Ante el cuello de botella temido por Adif, la CNMC y el Gobierno por las dificultades de Talgo para atender nuevos pedidos, los operadores interesados buscan otras opciones y CAF figura como la única viable encima de la mesa.

La empresa vasca CIE Automotive, dedicada a componentes de automoción, sigue mostrando una enorme resistencia a la crisis que afecta al sector, especialmente en Europa, donde el gigante Volkswagen ha anunciado el cierre de tres de sus diez plantas en Alemania. En este difícil contexto el grupo presidido por Antón Pradera anunció ayer un aumento del 2,1% en su beneficio hasta septiembre, que alcanzó los 259 millones de euros, otro récord más. Este buen desempeño se apoya en gran medida en su diversificación geográfica, con presencia en otras zonas con mejor comportamiento como Brasil o India. El grupo ha facturado en el periodo 3.013 millones de euros, lo que supone un 1,3% más que en 2023. «Aunque el sector está sufriendo de manera acusada, seguimos creciendo gracias a nuestro modelo de negocio flexible y diversificado, que aprovecha las oportunidades en las diferentes geografías para maximizar el rendimiento», señaló ayer Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE Automotive. Solo en el tercer trimestre se ha notado el bache, con una ligera caída del beneficio en un 0,3% menos hasta los 74,9 millones y un descenso del 1,3% en la facturación, que se situó en 950 millones. Según explicó la directora de Desarrollo Corporativo, Lorea Aristizabal, hay grandes diferencias de comportamiento en los diferentes bloques. El peor lo registra Europa, que arroja una caída en su producción de vehículos del 5% en lo que va de año. «Se está produciendo, además, un frenazo en la penetración del coche eléctrico, lo que revela que las medidas adoptadas no están funcionando», apuntó.

El fondo de capital riesgo Columbus Venture Partners, pilotado por Javier García Cogorro, el promotor de la puntera Viralgen, vuelve a redoblar su apuesta por Donostia como punta de lanza de la industria innovadora y polo biotecnológico. Y lo hace a través del principal desarrollo empresarial que tendrá Donostia, el futuro nuevo edificio de 28.000 metros cuadrados en Illunbe que servirá de ampliación del Parque Tecnológico de Miramon. La apuesta de Columbus, que negocia ya con el Ayuntamiento de San Sebastián la compra de suelo en la antigua zona de ocio de Illunbe, es la última de una serie de inversiones que buscan convertir a la capital guipuzcoana en la punta de lanza de la innovación y la industria tecnológica. La negociación entre Columbus y el consistorio donostiarra permitiría al fondo inversor fundado por el promotor de Viralgem dedicar ese futuro espacio a implantar una nueva sede empresarial puntera del sector, crear residencias para atraer talento profesional, sobre todo de investigadores y científicos con problemas para venir a Gipuzkoa por la escasez y carestía de la vivienda, e incluso promover empresas de otros sectores no estrictamente relacionados con la biotecnología. La posible compra de suelo en Illunbe por el fondo de capital riesgo es la última operación que emprende en Donostia el vehículo inversor pilotado por García Cogorro, en un camino que vivió un salto cualiativo en 2016 con la promoción y posterior instalación en 2020 en Donostia de Viralgen, la auténtica joya de la corona de todo el proyecto, aunque de momento se desconoce el nombre concreto de la empresa puntera que se instalaría en el nuevo edificio junto a la plaza de toros y que podría ser una firma nueva. Se trata de una firma de terapias génicas que en cinco años ha multiplicado por ocho su plantilla, de cincuenta a cuatrocientos empleados.

Sólo desde el año 2020, BIC Gipuzkoa ha impulsado 866 proyectos que han alumbrado 533 empresas. En ese periodo, la institución analizó la viabilidad de 250 iniciativas que cristalizaron en 158 nuevas empresas. Compañías, todas, con sede fiscal y social en Gipuzkoa y que han generado por ahora nada menos que 964 nuevos empleos de alto valor añadido. Son registros más que suficientes para que la directora gerente de BIC Gipuzkoa Berrilan, Marisa Arriola, reciba la Medalla de Oro en reconocimiento a su «trayectoria en apoyo a las personas emprendedoras en el territorio, facilitando el desarrollo de proyectos empresariales innovadores, y contribuyendo a la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito económico y directivo», aseguró ayer la portavoz foral, Irune Berasaluze. Arriola, licenciada en Geografía e Historia y especializada en Historia Medieval por la UPV-EHU, recibe este premio con «ilusión y mucho orgullo. Es un honor para mí recibir la Medalla de Oro. Quienes me conocen saben que BIC lleva años volcada en el emprendimiento para que Gipuzkoa sea un territorio puntero en el Estado y también en Europa». 

La firma vasca Satlantis y Geosat, por España, y CEiiA, por Portugal, han llevado a cabo la firma de un acuerdo que establece la creación de la Alianza Espacial Ibérica (Iberian Space Partnership) dirigida a desarrollar el sector espacial en ambos países. El acuerdo, que ha sido calificado como "hito importante" para la cooperación espacial entre España y Portugal, supone "abrir nuevas oportunidades para el desarrollo tecnológico y comercial en el sector espacial". La alianza arranca, como "primer paso" para la implementación de la Constelación Atlántica, con el desarrollo de un satélite "precursor" que fusiona "datos visibles de muy alta resolución con datos infrarrojos y polarimétricos". El satélite, bautizado como Garai por Satlantis, será el tercer satélite que operará Geosat y se constituye como "el precursor de una generación de muy alta resolución VHR" que se irá poniendo en órbita a partir de enero de 2025, fecha del primer lanzamiento. A la firma, que ha tenido lugar en la sede de CEiiA, en Matosinhos (cerca de Oporto, Portugal) ha asistido el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, junto a autoridades de ambos países y representantes de la industria, como el ministro de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal, Fernando Alexandre, el ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu (digital), o el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal, António Cunha.

Desde el cierre de la fábrica de ArcelorMittal de Zumarraga en 2016, la reactivación de este gran espacio, estratégico por su ubicación y dimensiones, ha entrañado un reto para la comarca del Alto Urola. Ocho años después, la sociedad Gipuzkoako Zepa Siderurgikoa, S.L., empresa participada por Calcinor y Hormor, ha comprado a ArcelorMittal 22.000 metros cuadrados que la compañía siderúrgica poseía en Urretxu, en el polígono denominado Kaminpe, donde se encontraba la fundición. «La compra se materializó el 14 de diciembre de 2023 y tras haber logrado todas las licencias ambientales y municipales necesarias, Zepa está llevando a cabo los trabajos de adaptación de la zona. Su objetivo es adecuar el área para una nueva actividad encuadrada en un proyecto de economía circular que contempla una planta pionera en Europa destinada a la valorización y gestión de residuos, incluyendo la valorización de material refractario», informan desde el Ayuntamiento urretxuarra. «Desde nuestra entrada al Gobierno municipal en 2015, poner en valor y dar una salida económica viable al conjunto de suelos industriales inactivos del municipio ha sido una prioridad para nosotros y, muy especialmente, tras el cese de actividad de ArcelorMittal en 2016», indica el consistorio de Urretxu, gobernado por EAJ-PNV y PSE-EE. 

La Cámara de Gipuzkoa arrancó ayer con tres jornadas en las que 66 empresas y cientos de jóvenes tratan de firmar su primer contrato priorizando la conciliación. Cientos de jóvenes se acercaron ayer a la Cámara de Comercio de Gipuzkoa con el objetivo de hacer un ‘match’ contractual en la primera jornada de la Feria de Empleo organizada por el órgano cameral. Un total de 44 empresas entrevistaron a lo largo del día de ayer a decenas de personas con varias ofertas labores encima de la mesa como: account manager, encargado y jefe de obra, ingeniero de compras, técnico de gestión, desarrollador de software, investigador, operario de almacén o integrador social, entre otras tantas. Se trata de la primera edición en la que la Cámara extiende la Feria a tres jornadas, con un récord de 88 empresas asistentes desde ayer hasta mañana, 44 más que en la edición precedente. «En este primer día estamos teniendo muchísimos asistentes, sobre todo gente joven que se encuentra terminando sus estudios, aunque también se han acercado personas de todas las edades en busca de una oferta laboral. Ahora lo importante es que cuadren los intereses de los asistentes con las ofertas de las empresas. Que haya ‘match’», asegura la directora adjunta de la Cámara, Ana Ugalde.

En diciembre de 2020, en plena pandemia, la Diputación y la BBK lanzaron Eup!, una plataforma ‘online’ para impulsar los comercios minoristas y garantizar, sobre todo, la continuidad física y virtual de 13.000 establecimientos de Bizkaia. Este portal de compras contó con el respaldo de la Cámara de Comercio e irrumpió con la ambición de favorecer, sobre todo, la digitalización de los negocios locales y echar el freno al cierre masivo de tiendas que se intensificó como consecuencia del coronavirus. Sin embargo, el proyecto pergeñado por el anterior diputado general, Unai Rementeria, ha pinchado en hueso y «quedado lejos de las expectativas», a juicio de las principales organizaciones comerciales del territorio. Si bien se ha contenido la sangría de cierres e incluso favorecido un clima más optimista con 2.334 aperturas comerciales en los últimos cuatro años, tanto bilbaoDendak como Cecobi, la patronal del comercio vizcaína, reconocen «el fracaso» de esta iniciativa, aunque tampoco les ha sorprendido en exceso. Alegan que «todas las plataformas» de este tipo creadas por ayuntamientos y diputaciones en distintos puntos de España han cesado la actividad «ante la imposibilidad de competir con los gigantes electrónicos», asumen. «Esta también está muerta» esgrimen desde Cecobi. Responsables del departamento foral de Promoción Económica rebaten, en cambio, este argumento y recuerdan que el número de «comercios visibles» en la plataforma asciende en estos momentos a 485. La cantidad de contratos firmados en los últimos tres años, según el área dirigido por Ainara Basurko, ha sido de 773. Desde la puesta en marcha de este programa la cifra de productos y servicios ofertados en la web ha rondado las 24.000 referencias.

El 1 de abril de 2024, Masorange comenzó a operar como compañía independiente tras completar la fusión entre MásMóvil y Orange. Un día después, el consejero delegado de la nueva compañía, Meinrad Spenger, en la convención que se celebró en el Wizink Center de Madrid, y ante la presencia de 5.000 empleados (tanto presenciales como online), señaló que no se trataba de una fusión cualquiera porque el objetivo no era solo ahorrar costes, sino crecer: en ingresos, en clientes y hasta en empleo. Por el momento, esos planes de expansión no están siendo tan encomiásticos, al menos en su arranque. Los ingresos de Masorange hasta septiembre se han mantenido planos al aumentar tan solo un 0,5% (+1,1% en el tercer trimestre). Y en cuanto al empleo, la compañía está inmersa en la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que prevé la salida de 650 trabajadores. Respecto a los clientes, el objetivo de crecimiento tampoco parece que se haya conseguido hasta ahora, más bien al contrario. En los siete meses de existencia de Masorange, la compañía ha perdido 328.000 líneas de banda ancha y telefonía móvil a mano de sus rivales por el procedimiento de la portabilidad, que permite a cualquier usuario cambiarse de compañía de forma gratuita conservando el número. En concreto, Masorange cedió desde el 1 de abril hasta el 28 de octubre pasado 287.419 líneas de móvil y 39.265 de fijo y banda ancha, según datos provisionales de portabilidades netas facilitados por el sector. 

El acuerdo con patronal y sindicatos para reducir la jornada laboral por ley de 40 a 37,5 horas semanales en 2025 sigue sin estar al alcance del Gobierno. Los responsables del Ministerio de Trabajo volvieron ayer a fracasar en el que ha sido un último intento de atraer a las patronales CEOE-Cepyme: los representantes empresariales siguen sin estar dispuestos a respaldar una de las medidas estrellas del Ejecutivo de coalición. Si bien el Ejecutivo ha emplazado a los agentes sociales a que el lunes 11 de noviembre “den un sí o un no” definitivo a su propuesta final conocida ayer. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey puso encima de la mesa “la última propuesta” del Gobierno, con la que “el perímetro de negociación ha quedado cerrado”, según dijo el número dos de Trabajo. Esta incluyó como novedad la propuesta de dar ayudas económicas directas de hasta 6.000 euros para empresas de menos de cinco trabajadores de los sectores del comercio, la hostelería, la peluquería, la limpieza y la agricultura, tal y como adelantó este periódico. Estas ayudas, de las que podrían beneficiarse alrededor de 470.000 empresas, según los cálculos de Trabajo, y a las que el Gobierno está dispuesto a destinar 350 millones de euros, estarán vinculadas a la mejora de la productividad digital en las microempresas. “Hablamos de estimular fórmulas de producción más eficaces, digitales, con nuevos canales de negocio”, dijo Pérez Rey, quien explicó que se ha escogido a los sectores mencionados por ser los que el Gobierno ha detectado que aún tenían jornadas más pegadas a las 40 horas semanales. Sin embargo, los representantes empresariales, que fueron los únicos que no comparecieron ayer ante los medios de comunicación tras la reunión con Trabajo, no parecen contentos tampoco con estas ayudas. 

Las horas perdidas por baja laboral en España han crecido seis veces más que las horas efectivas trabajadas desde el nivel previo a la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia de la Covid 19. Son datos de la Seguridad Social, que registra un récord histórico de Incapacidad Temporal coincidiendo, precisamente, con el debate abierto en las mesas de diálogo social sobre dos de los asuntos que van a marcar las políticas laborales de la legislatura: la reducción de la jornada y la flexibilización de las bajas para la incorporación gradual al puesto de trabajo tras una enfermedad grave. El Ministerio de Seguridad Social viene recopilando una estadística trimestral desde principios de 2019 sobre las cotizaciones sociales abonadas por las empresas que refleja la evolución de las horas efectivamente trabajadas y las que se pierden por situaciones de ERTE, Incapacidad Temporal u otras prestaciones como las relativas a la paternidad y maternidad. Pues bien, la última publicación arroja que mientras las horas efectivamente trabajadas en el segundo trimestre de 2024 son un 10,6% superiores a las registradas en el último trimestre de 2019, fecha de referencia prepandemia, las horas descontadas por bajas por enfermedad o accidente laboral se han disparado más de un 60%. En el segundo trimestre, las horas cotizadas de trabajadores en IT superaron los 420,7 millones, la mayor cifra registrada desde que se elabora esta estadística, que supera en un 61,4% los 260,7 millones de horas perdidas por bajas laborales en el cuarto trimestre de 2019. Mientras, las horas efectivas trabajadas alcanzaron los 6.815 millones, frente a los 6.131 millones de finales de 2019.

La banca ha intensificado su ofensiva frente al pulso del Gobierno para hacer permanente el impuesto que grava a las mayores entidades financieras del país. El tiempo se agota para el Ejecutivo, que ha marcado este miércoles como fecha límite para alcanzar un acuerdo con sus socios parlamentarios y lograr su respaldo en la tramitación de la medida en el Congreso. Sin embargo, las entidades no se dan por vencidas y elevan el tono de sus mensajes para advertir a Moncloa de su oposición y del efecto que el impuestazo puede provocar en su actividad y en la concesión de crédito al tejido empresarial del país. Según cálculos de fuentes financieras, 3.000 millones de euros de recaudación del impuesto suponen 50.000 millones menos en crédito en España para financiar inversiones productivas y la mitad de esta cantidad (25.000 millones) se calcula en impacto directo en pequeñas y medianas empresas (pymes). «Esto es menos inversión, menor competitividad y menor crecimiento en España», comparten. Los cálculos van en la línea de otras organizaciones como Foment del Treball, la patronal catalana que advirtió el lunes de una merma de 15.000 millones de euros vía restricciones de crédito para inversiones productivas y pérdida de valor de las entidades impactadas. En el sector financiero alertan de las consecuencias que estas restricciones crediticias puede acarrear para el crecimiento económico y la actividad productiva del país, especialmente en un momento de incertidumbre económica como el actual, con los tipos de interés a la baja y la amenaza de los riesgos geopolíticos en el horizonte. Según los analistas, se espera que la bajada de tipos por parte del BCE ya reduzca el margen bruto de las entidades del orden de un 3% para el próximo año, un impacto que se agravaría de aumentarse la carga impositiva sobre las entidades.

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, puso ayer voz al clamor del sector financiero contra la intención del Gobierno de convertir en permanente el impuesto que grava a las grandes entidades del país. El directivo advirtió al Ejecutivo de que el banco «hará todo lo que tenga que hacer» para que el tributo, que nació con carácter temporal y extraordinario en un contexto de inflación, no pase a ser permanente. Grisi explicó que el grupo cántabro esperará a conocer la confección definitiva de la tasa –si es que finalmente sale adelante– y a partir de ahí analizará las medidas que adecuadas para orquestar su respuesta. En cualquier caso, esa respuesta no contempla sacar ninguna parte del negocio fuera de España, como se encargó de aclarar ayer el propio consejero delegado de la entidad durante la presentación de resultados. Grisi fue contundente en su mensaje al Gobierno al concretar que no ve como algo «bueno» que el impuesto se aplique de manera permanente, ya que «perjudica al crecimiento» económico, «discrimina» al sector bancario español y sitúa a las grandes entidades en desventaja respecto a sus comparables europeas, ya que no hay ningún país que mantenga un tributo similar más allá de 2024. En la misma línea, alertó de que el gravamen «reduce la confianza» de los inversores y señaló al Ejecutivo que si quiere incrementar la recaudación fiscal, el camino no es elevar la presión fiscal sobre algunas empresas, sino poner en marcha «políticas que den certeza» y que «incentiven la inversión». Pese al impacto del gravamen, Santander presume de tener una actividad diversificada en 28 países diferentes, lo cual limita la repercusión del tributo en sus cuentas finales y, al mismo tiempo, le está permitiendo desplegar un cambio estratégico que ha llevado al banco hasta unos nuevos resultados trimestrales de récord.

El grupo, que cierra un trimestre récord en ganancias e ingresos, se sitúa en línea de superar a cierre de año los 12.000 millones de euros de beneficio (los más altos de la historia) y todos los objetivos financieros que se ha marcado para 2024. La cotización reaccionó con una caída del 3,01%, debido a la debilidad de algunas métricas y a una sentencia desfavorable a la banca conocida en Reino Unido que podría exigir altas provisiones en el cuarto trimestre. El crecimiento de volúmenes, especialmente en crédito al consumo en Brasil y en banca de inversión, son la clave de bóveda de estos resultados, junto con el aplanamiento de los costes. Los gastos de explotación crecen un 2%, pero bajan un 1% interanualmente descontada la inflación. Los ingresos por comisiones aumentaron un 5%. El negocio de banca al consumo y financiación para compra de automóviles, uno de los grandes caladeros de ingresos de Santander, registra crecimientos de doble dígito. La división de banca de inversión ha registrado en el acumulado anual las mayores comisiones de su historia. Estados Unidos, donde Santander está contratando cientos de banqueros, es el mayor contribuidor al crecimiento. El banco ha ganado 5 millones de clientes en un año. Según la cúpula de Santander, solo el 50% del balance de Santander está ligado al movimiento de los tipos. Y eso es muy favorable en contextos de bajada del precio del dinero.

Acerinox redujo un 53% su beneficio neto en los nueve primeros meses del año, hasta 162 millones de euros, en un contexto de debilidad de la demanda de acero inoxidable en sus principales mercados y de impacto de la huelga de cinco meses que paralizó su planta de Cádiz (Acerinox Europa). El resultado bruto de explotación (ebitda) del fabricante de acero inoxidable y aleaciones bajó un 42%, hasta 350 millones de euros, con una facturación de 4.088 millones, un 20% menos, por la “débil” demanda aparente en Europa y Estados Unidos, así como por los menores precios efectivos y el impacto de la huelga en Acerinox Europa. La ratio ebitda/ventas se situó en el 9%, frente al 12% de los nueve meses de 2023. En el tercer trimestre, el ebitda fue de 114 millones, un 9% menor que el del segundo trimestre y un 22% inferior al del tercer trimestre de 2023, como consecuencia de “la difícil situación de mercado”. La fortaleza de la filial norteamericana, North American Stainless (NAS), y de la división de aleaciones de alto rendimiento contribuyó a mitigar la caída del ebitda en el tercer trimestre, “a pesar de las complicadas condiciones del mercado de los aceros inoxidables”, afirmó el consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, que destacó que el ebitda continúa manteniéndose en niveles “sólidos” y refleja “la resiliencia de la compañía en un entorno desafiante”.

El negocio de eléctricos perdió 1.200 millones de dólares en el periodo. La cotización de Ford bajó ayer más del 8% después de que el grupo automovilístico anunciase en la noche del lunes una rebaja de la previsión anual de beneficios tras reducir un 25,6% el beneficio neto en el tercer trimestre, hasta 892 millones de dólares (825 millones de euros). La compañía dirigida por Jim Farley prevé cerrar el ejercicio con un beneficio bruto ajustado de unos 10.000 millones de dólares, una cifra que se sitúa en la banda baja de la horquilla previa, que oscilaba entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Ford atribuyó la rebaja de previsiones anuales a los mayores costes por las revisiones de vehículos por problemas de seguridad como por los huracanes y otros fenómenos meteorológicos que han azotado a EEUU y que han interrumpido la cadena de suministro.  El mercado penalizó ayer con fuerza la cotización de Ford días después de que su rival General Motors (GM) anunciase que espera obtener un beneficio ajustado récord en 2024 y Tesla batiera con holgura la estimación de los analistas en el tercer trimestre. 

La crisis industrial alemana se agrava y el Gobierno, sin respuestas a mano, responde dividido y con mensajes contradictorios. Un día después de conocerse que Volkswagen, símbolo del poderío económico de este país, prevé el cierre de hasta tres fábricas en Alemania, el canciller Olaf Scholz y su ministro de Finanzas, Christian Lindner, se reunieron ayer con dirigentes empresariales para buscar una salida a la crisis. Pero lo hicieron por separado y sin coordinarse entre ellos. “Alemania es un país fuerte, que se enfrenta a grandes desafíos”, declaró Scholz al término de su reunión con industriales y sindicalistas. “Ahora se trata de que juntos nos pongamos a trabajar y nos reforcemos con un pacto para la industria con medidas muy concretas.” Las cumbres paralelas en Berlín —una, convocada por el socialdemócrata Scholz, por la tarde; la otra, unas horas antes, por el liberal Lindner— reflejan la imagen del bloqueo en Berlín. Los dirigentes de la coalición tripartita organizaron sus reuniones por su cuenta. Es más: quedó fuera el ministro que seguramente tenía más que decir, el ecologista Robert Habeck, titular de Economía. Los diagnósticos dentro del tripartito sobre la situación económica —recesión, riesgo de que la industria quede descolgada de la competición global, caída de los ingresos fiscales— son opuestos, como lo son las recetas. Socialdemócratas y ecologistas explican la situación por el contexto global —la guerra en Ucrania y el choque energético, el proteccionismo de los grandes mercados, una China más competitiva— y defienden más inversiones, aunque obliguen a aumentar la deuda. Los liberales sostienen que los problemas tienen en gran parte un origen autóctono y piden rebajas de impuestos y recortes y desregulación: una economía más flexible que incite al sector privado a invertir.

La Unión Europea comenzará a aplicar los aranceles sobre el coche eléctrico chino desde hoy. Bruselas publicó ayer, a última hora de la tarde, la medida en el diario oficial de la Unión Europea con las nuevas tasas que impondrá para los cincos próximos años. La previsión era que la publicación fuese mañana, pero en la capital comunitaria han decidido acelerar el proceso. «La Comisión ha confirmado la conclusión de que las importaciones subvencionadas procedentes de China causaban efectivamente una amenaza de perjuicio importante a la industria de la Unión, mientras que otros factores no atenuaban dicho nexo causal, ni individual ni colectivamente», explicaron ayer fuentes comunitarias. Esto es, que confirman que las ayudas del Gobierno de China a sus fabricantes eran ilegales y contrarias a las leyes de comercio, por lo tanto proceden a aplicar los aranceles. En Bruselas añaden que «el objetivo es lograr una competencia leal y la igualdad de condiciones», y que los aranceles «repercutirán positivamente» en la industria europea «para facilitar la transición ecológica». Inciden asimismo en que las conversaciones a nivel técnico continúan. Que lo ideal sería llegar a un acuerdo con las autoridades chinas y retirar las nuevas tarifas, pero la realidad es que las reuniones de las últimas semanas han sido totalmente infructuosas. «Celebramos la competencia, incluso en el sector de los vehículos eléctricos, pero debe estar sustentada en la justicia y la igualdad de condiciones», decía el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, tras mantener una videollamada con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, y de la que la única conclusión que sacaron es que estaban de acuerdo en seguir negociando. Pero nada más.

La petrolera británica BP ha obtenido un beneficio ajustado a coste de reposición de 2.267 millones de dólares (2.097 millones de euros) en el tercer trimestre, un 31% menos que en el mismo periodo de 2023. Es su resultado más bajo desde 2020, cuando la pandemia desplomó la demanda, debido a la caída de los precios energéticos y el descenso de los márgenes de refino. Aunque el beneficio ajustado ha batido las previsiones de los analistas, que esperaban 2.050 millones de dólares, se confirma la tendencia a la baja, ya que la petrolera tuvo un beneficio subyacente de 2.756 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024. El resultado neto atribuido se desplomó un 96%, hasta 206 millones de dólares (190 millones de euros) y la facturación cayó un 10,5%, hasta 48.330 millones de dólares. El descenso de las ganancias mete presión al consejero delegado de BP, Murray Auchincloss, que a comienzos de año se comprometió a simplificar y enfocar el negocio para mejorar la rentabilidad y reducir la brecha de valoración con rivales como Exxon o Shell, que, sin embargo, se ha agrandado en 2024. La cotización de BP cayó ayer un 5% y ha perdido cerca del 20% este año, mientras que Exxon se ha revalorizado un 15% y Shell ha cedido algo más del 3% en el ejercicio.

Varias personas muertas y múltiples desaparecidas -al menos una en Valencia y seis en Albacete- es el balance que, al cierre de esta edición, arrojaba el fuerte temporal que azotó este martes las provincias de Valencia, Albacete, Málaga, Granada, Almería y Murcia. «Podemos confirmar que se han hallado algunos cadáveres», declaró Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana. Agregó que las autoridades no pueden dar más detalles hasta que se informe a las familias de las víctimas. Las previsiones de los meteorólogos se cumplieron y la peor dana que se recuerda acabó sacudiendo la costa del Mediterráneo, provocando inundaciones en todo ese litoral y dando pie a más de 700 intervenciones por parte de los servicios de emergencias. La Comunidad Valenciana fue golpeada con fuerza por los trombas de agua, de manera especial en las comarcas de la Ribera Alta y la Plana de Utiel-Requena. En esta última localidad se superaron los 309 litros por metro cuadrado, en la vecina Turís se llegó a los 299 y en Castelló de la Ribera a los 266, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), que calificó la virulencia de esta dana de «histórica». Las fuerzas de seguridad buscaban en la localidad de l'Alcudia al conductor de un camión que habría desaparecido por la riada poco antes de la una del mediodía. El hombre no contestaba a las llamadas a su teléfono móvil ni se había puesto en contacto con nadie. Su camión, sin embargo, fue encontrado aparcado en una calle.