20240429

Entrevista con Antón Azlor, presidente de la asociación de antiguos alumnos de la Deusto Business School. Pertenece a la promoción de 1984 en la que coincidió con otros directivos vascos como Asís Canales (Iberdrola), Luis Ignacio Lizarraga (Norgestión) o Fernando Irigoyen (Kutxabank). Él siguió una trayectoria muy habitual en La Comercial, ahora Deusto Business School: primero trabajó en una consultoría, KPMG, y luego saltó a una empresa industrial, Tubacex, en la que ejerce de vicepresidente de Marketing y Ventas. El pasado verano tomó el relevo de Agustín Garmendia y se puso al frente de la Alumni, justo después de que esta asociación, puente entre empresas y estudiantes, cumpliese su centenario. "No hay un equilibrio entre el nivel salarial que se paga al entrar en este tipo de empresas para lo que se pide y el talento que trae el graduado. Creo que, en general, tenemos un reto con la juventud porque la remuneración debe ser suficiente para que puedan tener autonomía y desarrollar su proyecto de vida...Hay un éxodo porque el crecimiento de Madrid es superior. Concentra los headquarters de la mayoría de las multinacionales que hay en España. Ofrece muchas más oportunidades para la gente joven, sobre todo en el primer y segundo año. Tampoco hay que hacer una lectura negativa de ello. Eso quiere decir que nuestros alumnos son apreciados y pueden competir perfectamente. Otra cosa es la pena para las familias. La autopista del norte hacia el sur es muy amplia porque se va mucha gente a Madrid, pero hay cola para volver por la calidad de vida de Euskadi. Los profesionales incluso están dispuestos a cobrar menos para regresar...Insisto en que no demonizaría tanto que los jóvenes salgan como que no haya oportunidades para volver. Y para eso es necesario que Euskadi crezca de forma más sustancial...Es un hecho que las inversiones en nuevos proyectos son muy limitadas en Euskadi. Todo ello a pesar de que tenemos ventajas competitivas muy importantes como unos profesionales excelentes, unas infraestructuras muy buenas y un sector financiero sofisticado..."

Glass Lewis, uno de los mayores proxys internacionales (agencias de recomendación de voto en las junta de accionistas) pide a los inversores de Iberdrola que ratifiquen todos y cada uno de los puntos del orden del día de la asamblea de Iberdrola, el próximo 17 de mayo. Entre los puntos del orden del día está el que afecta a la nueva política de retribuciones del consejo de la empresa, presidida por Ignacio Galán. Iberdrola plantea la introducción masiva del modelo de shareholding. Con este concepto se denomina la obligación que tienen los consejeros de destinar parte de su sueldo a comprar títulos de la empresa. Iberdrola ya lo tenía implantado para consejeros ejecutivos, pero ahora lo extiende de forma general a todos los consejeros del grupo, al margen de su categoría. No sólo es un cambio revolucionario para Iberdrola, también para las empresas cotizadas en España y en especial las del Ibex. Iberdrola podría crear tendencia a partir de ahora. De hecho, hace unos días, Cellnex, que también forma parte del Ibex, se sumó a esta nueva ola. Iberdrola es una de las empresas donde más influencia tienen los proxy. ISS, la otra gran agencia de recomendación de voto, aun no ha emitido su informe. Se espera de un momento a otro. Los informes de Glass e ISS suelen ser muy parecidos. Se calcula que en Iberdrola, más del 70% del capital sigue las recomendaciones de Glass Lewis e ISS, y en casi su totalidad como mínimo se ajustan a una parte.

Más que por la cuantía absoluta de los sueldos, los proxies y los inversores internacionales suelen rebelarse contra las remuneraciones de las empresas por tres motivos: cuando son muy superiores en términos relativos a las de las empresas competidoras; cuando no son transparentes; y cuando no están vinculadas a la evolución de la rentabilidad para los accionistas. La opinión de los proxy advisors como Glass Lewis e ISS es un asunto sensible en España. En marzo, ISS recomendó votar en contra de los sueldos en Santander. En abril, Glass Lewis e ISS recomendaron votar en contra en Naturgy, pero a favor en Endesa. En Iberdrola, tradicionalmente la opinión de los proxys es vital porque, al tener un accionariado muy repartido, la mayor parte se guía por los asesores de voto. En Iberdrola, los 20 mayores accionistas controlan apenas el 30% del capital. Qatar es el primero, con el 8,79%, seguido de BlackRock (5,21%), The Vanguard Group (3,64%) y Norges (3,48%). Con entre el 0,51% y el 1% están Capital Research, Massachusetts Financial, Fidelity, Goldman Sachs, Wellington Management, Fidelity, Pictet, Geode Capital y Deka. Con entre el 0,3% y el 0,5% están JPMorgan, UBS, State Street, Ninety One y DWS.

Los principales asesores internacionales de gobierno corporativo, ISS y Glass Lewis, así como algunos grandes inversores europeos y norteamericanos van a escenificar un significativo voto de protesta en la próxima junta de accionistas de Cie Automotive, al considerar poco justificada la concesión de un sueldo de casi 24 millones de euros a su consejero delegado en 2023. La asamblea, prevista para el 8 de mayo, plantea en el orden del día la votación –consultiva– sobre el informe de remuneración del pasado ejercicio; y la aprobación –vinculante en este caso– de la política de sueldos para los próximos años. En ambos casos, los proxy advisors ISS y Glass Lewis aconsejan a los grandes inversores el voto negativo. Por su parte, fuentes del mercado señalan que Calstrs y Norges Bank, así como otros grandes fondos extranjeros (entre ellos podrían estar Fidelity y Dimensional Fund Advisors) prevén seguir esa recomendación y oponerse a los salarios concedidos por Cie el año pasado y los previstos para los próximos años. El punto central de la discusión se refiere a la remuneración del consejero delegado Jesús María Herrera Barandiarán, que en 2023 fue el directivo mejor pasado de las empresas cotizadas en la Bolsa española, con una retribución que duplicó la percibida por Ignacio Sánchez Galán o Ana Botín, presidentes de Iberdrola y Santander, respectivamente. Herrera cobró una remuneración de 23,77 millones de euros (cuatro veces más que en 2022), gracias a la entrega extraordinaria de 20 millones como una “contribución especial” por la buena trayectoria económica y bursátil de la empresa y el compromiso del CEO con la empresa. Según un informe enviado por ISS a los inversores sobre la próxima junta del proveedor español del sector del automóvil, “la compañía ha concedido esta remuneración extraordinaria sin una justificación convincente. Este premio es considerado excesivo, ya que infla el salario total hasta 10 veces el que reciben sus competidores”. Además, ese asesor llama la atención sobre otros 2,5 millones de euros anuales que recibe el directivo por acuerdos de retención y no competencia.

La reciente compra de Hiber por parte de Uvesco, propietario de BM Supermercados, representa un paso más hacia una consolidación en los súper regionales que no termina de cuajar pese a que se espera desde hace tiempo, especialmente desde que las gestoras de capital riesgo PAI Partners y Portobello Capital entrasen en el negocio a finales de 2021 a través de Uvesco y Condis, respectivamente. La adquisición de Hiber, en cualquier caso, ha supuesto un punto de inflexión para PAI Partners y ha provocado que el fondo francés explore todas las alternativas estratégicas a su alcance para seguir impulsando el crecimiento de Uvesco y dotar de nuevo a la cadena del pulmón financiero necesario para poder protagonizar nuevas operaciones en el corto y medio plazo. Según explican varias fuentes del mercado consultadas, el grupo de distribución vasco está en conversaciones con los bancos de inversión JPMorgan y AZ Capital en el estudio de todas las opciones disponibles, entre las que se incluye la entrada de un socio minoritario en su accionariado o una eventual refinanciación con la que obtener recursos con los que seguir creciendo mediante compras. Y es que la empresa controlada por PAI es la segunda por cuota de mercado en País Vasco y sus provincias limítrofes, donde la enseña BM Supermercados está más que asentada. El grupo, además, ha hecho un importante esfuerzo por ganar en presencia en Madrid con las adquisiciones de Gigante, del negocio de Condis en la región y de la mencionada Hiber.  Gracias a estas transacciones y habiendo superado la barrera de los 1.000 millones de facturación, la enseña ha entrado en la primera división de las cadenas de supermercados regionales, junto a Bon Preu, Ahorramás o Gadis, y tiene la oportunidad de equipararse a Eroski y Consum si sigue adelante con la consolidación de este segmento, pero para ello necesita de nueva pólvora y de ahí los contactos con JPMorgan y AZ Capital, como potenciales asesores en una transacción. Uvesco cuenta en la actualidad con un préstamo TLB a 2029 que colocaron Barclays, Jefferies, SMBC y Rabobank a finales de 2022 entre fondos institucionales. El grupo además firmó una línea de crédito de 65 millones de euros para circulante y eventuales adquisiciones que se presupone que ya está agotada tras la adquisición de Hiber. El grupo ha superado ya los 100 millones de euros de ebitda y, al estar participado por un fondo de capital riesgo –cuyo negocio consiste en la compraventa de empresas—, no se descarta su eventual adquisición por parte de uno de los gigantes del sector. Carrefour y Alcampo (Auchan), que ya intentaron la compra de BM Supermercados años atrás, podrían ser algunos de los posibles interesados.

 Altuna y Uria, la firma insignia del sector de la construcción en la CAPV, se erige hoy como un símbolo de excelencia y solidez, respaldada por más de medio siglo de experiencia. Destaca por su buena reputación en la ejecución de proyectos públicos de gran envergadura, especialmente en el ámbito de los túneles. El desarrollo de diversas unidades de negocio ha permitido a Altuna y Uria optimizar su gestión de manera eficaz y moderna. Entre estas unidades destacan la obra civil, así como la ejecución de depuradoras y urbanizaciones de usos lúdicos. Además, la empresa ha incursionado con éxito en la promoción y construcción de viviendas, la gestión de canteras, la operación de plantas de ferralla, la producción de hormigón y la fabricación de aglomerado asfáltico. Con un sólido compromiso con la calidad y la innovación, Altuna y Uria continúa siendo un pilar fundamental en el desarrollo infraestructural y urbanístico de la región, trazando el camino hacia un futuro sostenible mediante la Innovación, digitalización y sostenibilidad, los pilares sobre los que fija su hoja de ruta, estrategia, y en definitiva, la construcción del futuro. A lo largo de estas décadas, han sido sus señas de identidad, que refuerzan ahora con el uso de nuevas tecnologías y la apuesta por la sostenibilidad. 

Euskadi se sitúa a la cola de España en eficiencia energética de sus hogares y edificios. El enorme esfuerzo que se está realizando en los últimos dos años en renovación de fachadas gracias a las subvenciones que conceden la Unión Europea y el Gobierno Vasco apenas ha permitido enjugar una mínima parte del déficit que tiene el parque inmobiliario vasco en esta materia. De los más de 800.000 edificios y viviendas que hay en la comunidad autónoma, apenas un 7% (56.700) pueden calificarse de altamente eficientes, lo que correspondería a los certificados A,Bo C de eficiencia, según los datos que maneja el Gobierno Vasco. El resto se reparten a partes más o menos iguales entre los que tendrían una eficiencia energética media (D o E, unos 378.000, el 47%) y los de baja eficiencia( Fo G, unos 368.000, el 46%). Fuentes del Ente Vasco de la Energía (EVE), la sociedad pública encargada de proponer y desarrollar las estrategias energéticas del País Vasco, explican que este bajo nivel de eficiencia se debe principalmente a la elevada antigüedad media del parque inmobiliario vasco, con una mayoría de edificios levantados hace ya muchas décadas bajo criterios constructivos muy distintos a los actuales, en los que la eficiencia energética no era un elemento tenido en consideración. Así, recuerdan que la edad media de los inmuebles supera en el País Vasco los 40 años, y citan los ejemplos de las tres capitales, con una antigüedad promedio de 55 años en Bilbao, 53 en San Sebastián, y 38 en el caso de Vitoria.

La industria de las energías renovables se encuentra en constante movimiento y abierta a cuantas innovaciones surjan en el mercado que le permitan ser más competitiva. Desde su sede de Donostia, Alerion ha sabido leerlo y encontrar su espacio con una propuesta novedosa que consiste en incorporar tecnología espacial a los drones para revisar el estado de los aerogeneradores y optimizar su funcionamiento. La iniciativa surge en 2014, cuando Oier Peñagaricano, director general de Alerion que entonces trabajaba en el ámbito de los satélites, conoce un programa de la Agencia Espacial Europea de aplicación de tecnología espacial a la industria. Junto con un socio que en la actualidad no permanece en la empresa, decide incorporarla a los drones, donde también tenía experiencia. Durante dos años se maduró la idea hasta que en 2016 “me lancé”. “Nuestro mayor valor añadido lo podemos aportar al sector de la energía eólica. Nuestra actividad principal es la inspección y digitalización de aerogeneradores para el mantenimiento predictivo”, explica Peñagaricano. Los drones que oferta no son como los que conocemos, sino que incorporan tecnología avanzada que permite acercarse al aerogenerador y captar información a través de cámaras, un sistema láser patentada por Alerion y ultrasonidos. Entre sus ventajas se encuentra la capacidad de identificar una zona concreta y poder aproximarse mucho a ella para obtener datos muy fiables, detallados y de calidad óptima. En este sentido, los drones inteligentes son capaces de monitorizar infraestructuras complejas a las que es difícil acceder, y pueden hacerlo además en condiciones extremas. Otro beneficio de Alerion es que, gracias a su trayectoria, tiene una mayor agilidad para conseguir los permisos necesarios para volar por espacios restringidos. Las cercanías de los aeropuertos, las zonas militares o los núcleos poblados con áreas prohibidas para los drones tradicionales, pero no para los de Alerion.

La edad media de los vehículos no ha parado de crecer en Euskadi en los últimos años y se sitúa en los 14,5 años. Es más, el 65% de los automóviles que circulan por las carreteras vascas, es decir, unos 681.000, tienen más de 10 años de antigüedad. Y esto lleva inevitablemente a que aumente también el negocio de los talleres mecánicos. Según el Instituto Vasco de Estadística-Eustat, el mantenimiento y la reparación de vehículos de motor aumentó un 16% y facturó 846.408 euros en 2022, mientras que el comercio de repuestos y accesorios creció un 9,11% y obtuvo beneficios por valor de 499.753 euros. Otro dato a tener en cuenta es el del aumento de los precios de las reparaciones, que subieron un 20% –la mano de obra en los talleres oscila entre los 60 y los 100 euros por hora–, según Bureau of Labor Statistics. Así, la factura del taller se ha incrementado un 7% y los propietarios se gastan entre 500 y 2.000 euros anuales en revisiones. La cada día mayor complejidad de las reparaciones, el incremento del coste de la mano de obra, el aumento de la demanda y la falta de suministros están entre las razones. Para empezar, el hecho de que los vehículos se utilicen durante más tiempo aumenta la probabilidad de que componentes caros y de larga duración se averíen, resultando en reparaciones más costosas de lo que es habitual. Además, los automóviles actuales tienen mucha más tecnología que antes. Son muchos los elementos caros que se pueden averiar y cuya reparación es más costosa.

Los sindicatos vascos ELA, CC OO, UGT, LAB y CGT se han sumado a las dos jornadas de huelga convocadas en Accenture y en DXC hoy y mañana en contra de «la congelación salarial y la gran pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años». A estos paros están llamados más de 15.000 trabajadores en toda España de ambas multinacionales dedicadas a proporcionan servicios tecnológicos a administraciones públicas y a importantes empresas del país. En Euskadi, son cerca de mil los que trabajan para Accenture ofreciendo servicios informáticos a firmas como Iberdrola, Kutxabank, BBVA, Sabadell, La Caixa o El Corte Inglés. Los convocantes denuncian que Accenture y DXC «han acumulado miles de millones de beneficios en los últimos años», mientras sus plantillas han perdido un 17% de poder adquisitivo.

La riqueza va por barrios, pero también por generaciones. Los jóvenes saben que viven peor que sus padres a su edad y las estadísticas lo confirman. Como en todo, no se puede generalizar, pero se está produciendo una desigualdad intergeneracional en la acumulación de riqueza que convierte a los más jóvenes en el colectivo más vulnerable ante futuras crisis. Unos mayores precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, limitan la capacidad de ahorro de los hogares y condicionan su proceso de acumulación de riqueza a lo largo del ciclo vital. Estos efectos adversos vinculados directamente al coste de la vivienda son especialmente relevantes para los jóvenes. A ello se añade la mayor precariedad laboral y bajos salarios. Aunque ha caído la temporalidad en los contratos se ha visto sustituida por una mayor inestabilidad en los empleos. Las Encuestas Financieras de las Familias del Banco de España de 2002 a 2020 ponen de manifiesto que en las últimas décadas, la acumulación de riqueza neta (financiera e inmobiliaria) por parte de los hogares jóvenes ha sido mucho menor que la que atesoraron anteriores generaciones a su misma edad. Así, los jóvenes nacidos entre 1992 y 1994 han alcanzado una riqueza mediana (la más frecuente) a los 28 años (en 2020-2022) de 6.000 euros, lo que representa apenas el 7,5% de la que habían atesorado a esa edad los que ahora rondan la cincuentena, y no llega al 16% de la que acumulaban los que ya tienen 40 años.

Hay varias variables que influyen en los indicadores académicos en la universidad: la nota de acceso sobre todo, el sexo (ellas son mejores estudiantes) o el entorno familiar. Y el nuevo informe Perfil socioeconómico del estudiantado universitario en España, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pone de manifiesto dos cosas. La primera, que en las carreras que exigen una nota de corte muy alta para acceder predominan los hijos de familias universitarias. La segunda, que el hecho de que en casa no haya altos ingresos —algo que se asocia inexorablemente al nivel formativo de los progenitores (el sueldo medio de un empleado con estudios universitarios duplica el del trabajador con estudios básicos, según datos del INE de 2018)— condiciona que un alumno abandone la carrera o estudie a tiempo parcial. El 30,5% de los universitarios tiene a ambos padres (o madres) con un título superior y un 23,4% a uno de ellos; en el 33,2% de los casos los dos progenitores tienen estudios medios y en un 6,6% uno de ellos. Hay carreras en las que no se aprecian diferencias relevantes por el nivel de formación de los progenitores, casi todas de Ciencias Sociales (Periodismo, Derecho, ADE), pero también en Informática o Psicología. Pero entre los grados con altas notas de acceso y con un nivel de exigencia enorme —como las ingenierías, Matemáticas, Veterinaria o Arquitectura— predominan los universitarios de familias con mucha instrucción. El caso más ilustrativo es Medicina, que se ejerce tras seis años de carrera y cuatro o cinco de MIR (Médico Interno Residente). En los campus públicos, el 53% tiene los dos progenitores con título universitario, mientras que en el otro extremo solo un 1,7% es hijo de personas con estudios primarios o sin ellos. Mientras que en los privados, el 85% de los inscritos en Medicina tiene al menos un padre universitario y un 75% al menos un progenitor con un puesto muy bien remunerado. Solo esos hogares pueden pagar este grado por completo, pues puede alcanzar los 22.000 euros anuales solo de matrícula durante seis años. En la privada, apenas en el 0,6% de los casos, los padres tienen estudios primarios o no tienen.

"...Las proyecciones presupuestarias cubren cuatro partidas: gasto público en pensiones, atención sanitaria, cuidados a medio plazo y educación. En el caso de las pensiones, los Estados miembros prepararon proyecciones basadas en modelos nacionales, que han sido objeto después de una revisión entre países y la Comisión Europea. Este enfoque permite capturar la especificidad del público de cada país, garantizando al mismo tiempo la coherencia entre países, ya que las proyecciones se basan en datos, supuestos y metodologías compartidas. Las proyecciones presupuestarias fueron aprobadas en enero de 2024. Bajando al caso español, la variación en el coste presupuestario del envejecimiento en las variables arriba citadas son significativas y rebasan las expectativas alcanzadas hasta el momento. Los incrementos o disminuciones en el año 2070 se expresan en porcentajes del PIB: +3,6% en pensiones, +1,2% en atención sanitaria, +0,9% en cuidados a largo plazo y -0,6% en educación. En total un 5,1% más, con una población activa diezmada y 731 millones de horas trabajadas en 2070 frente a los 750 millones de 2022. Dado que el PIB 2023 fue de 1,461 billones de euros, un 10% supondría 146.000 millones y 14.600 millones representarían un 1%. A la vista de lo cual, Bruselas reclama a España un ajuste del 0,8% de su Producto Interior Bruto (PIB) anual en las pensiones entre 2026 y 2030, lo que supone unos 11.700 millones de euros al año. Nuestros pretendidos ajustes recientes han saltado por los aires. ¿Quién y cuándo se recompondrán?"

La mayor gestora del mundo, la única con más de diez billones de dólares en activos bajo gestión, vive uno de los momentos clave de su historia. A unos meses de cerrar la operación de compra de GIP, que catapultará a BlackRock también en el negocio de activos alternativos, el gigante de los fondos de inversión capitaneado por Larry Fink cumple 30 años de presencia en España. En este tiempo, la gestora ha cambiado mucho. Ha ampliado su oferta y ha diversificado su modelo de negocio con nuevas líneas de actividad, nuevas alianzas y varios mandatos ganados de terceras entidades. Desde su sede en Madrid, donde BlackRock cuenta con una plantilla de 40 profesionales, pilota su negocio en España, Portugal y en Andorra. Luis Megías (Madrid, 1972) dirige desde octubre del año pasado la filial de la firma americana en España, que es la cuarta gestora de fondos por tamaño en el mercado nacional, solo por detrás de CaixaBank AM, Santander AM y BBVA AM, con 43.600 millones de euros en activos. Además, BlackRock está presente en el capital de las grandes empresas del Ibex 35, en muchos casos actuando como gran accionista. "En la economía española, entre renta fija y renta variable la inversión de BlackRock es de alrededor de 60.000 millones de euros. Aproximadamente 33.000 millones de ellos están invertidos en empresas cotizadas españolas. En todas ellas invertimos con un enfoque a largo plazo y estable, acompañándolas en su desarrollo y expansión. Y luego, alrededor de 26.000 son inversiones en renta fija: 12.000 millones están en deuda corporativa privada emitida por empresas españolas y otros 14.000 millones invertidos en deuda pública española. Y a esto hay que añadirle unos 1.000 millones de euros que tenemos en activos no cotizados...Somos inversores a muy largo plazo de las compañías, no es nuestro objetivo ser oportunistas en ningún caso. Y cada vez tenemos una acción más decidida de implicación, lo que llamamos stewardship..."

Las baterías han llegado para quedarse. El crecimiento de estos sistemas de almacenamiento, llamados a desempeñar un papel esencial en la transición a las renovables, se duplicó con creces el año pasado: se añadieron 42 nuevos gigavatios (GW) a los sistemas eléctricos de todo el mundo. Unas cifras que le convierten, según un monográfico publicado el jueves por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en la tecnología de energía limpia de más rápido crecimiento. España está viviendo esta primavera una situación prácticamente sin precedentes: precios cero, e incluso negativos, de forma recurrente en las horas centrales del día —en las que se genera más electricidad de la que se consume— y centrales de gas únicamente encendidas a la hora del desayuno y de la cena, cuando la demanda crece con fuerza y las renovables no dan abasto. Esta coyuntura, provocada por una tríada renovable —hidroeléctrica en máximos, buen tono eólico y una potencia fotovoltaica que no deja de crecer—, irá a más en los próximos años. Y obligará a instalar sistemas que permitan almacenar la energía sobrante cuando hace sol y dedicarla a cubrir la demanda al amanecer y cuando ya ha atardecido. Las baterías, aún minoritarias, a diferencia de lo que ocurre en Alemania o California, están llamadas a jugar un papel clave en ese proceso. Además de evitar el desperdicio de energía verde en los picos de generación, estos sistemas mejoran la rentabilidad de las muy necesarias inversiones en renovables, sosteniendo los precios en los tramos horarios en los que más producen. 

El informe destaca una paradoja preocupante: aunque el porcentaje de empresas que cotizan en el BME que reportan sus prácticas de sostenibilidad ha crecido cinco puntos, llegando al 92% en el periodo 2022-2023, los problemas globales como el cambio climático, la biodiversidad y la equidad social se agudizan. Sólo el 15% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están actualmente en camino de ser cumplidos, con un 48% en riesgo moderado o grave de no cumplirse, y un 37% en claro retroceso, mostrando, una vez traspasado el umbral de la Agenda 2030, que el mundo está muy alejado de un escenario de su consecución integral, según el Informe sobre la Contribución de las Empresas Españolas a los ODS: Las empresas ante el reto del cambio sistémico, elaborado por la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de Esade, en colaboración con el Observatorio Social de la Fundación La Caixa. La séptima edición del estudio apunta que esta situación subraya la necesidad de un cambio sistémico que trascienda las soluciones a corto plazo y aborde las raíces estructurales de los problemas globales, y propone un enfoque más integrado y holístico, reflejado en la creciente intersección entre los departamentos financieros y de sostenibilidad dentro de las empresas. Y sostiene que esta tendencia podría fortalecer la integración de prácticas sostenibles en las estrategias empresariales a largo plazo. El informe también mide la contribución de 105 cotizadas españolas a la Agenda 2030. En este sentido señala que, a medida que nos acercamos a la segunda mitad del plazo establecido para alcanzar los ODS, si bien las empresas aumentan su compromiso con la sostenibilidad, los desafíos globales en materia de clima, desigualdad y recursos naturales están frenando los avances a nivel mundial. 

El Gobierno ampliará un 25% la valoración de los balances y el volumen de negocio de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas. Y lo hará para ajustar estos umbrales a los efectos de la inflación, “como consecuencia de la tendencia en la zona euro de los últimos años, especialmente en los dos últimos”. Se trata de trasladar a la legislación española una directiva comunitaria de 2023, que modifica otra anterior, de 2013, en lo que respecta al ajuste en los criterios de tamaño de las empresas por efecto de la inflación. Lo que no cambia el anteproyecto de ley del Ministerio de Economía es el numero de trabajadores que define a estas empresas: 50 hasta llegar a la mediana empresa, que tienen una plantilla máxima de 250 trabajadores. En realidad, al aumentar los umbrales de los activos y de la facturación, elevará el número de empresas con una presentación de cuentas más sencillas y abreviadas. Es decir, de acuerdo con las leyes de Auditoría de Cuentas y de Sociedad de Capitales. Y también, según el Plan General de Contabilidad de pymes, además de en materia de sostenibilidad, de la gestión eficiente de los recursos naturales en la producción y la actividad. Por lo tanto, en el caso de las microempresas, para poder acogerse al Plan General de Contabilidad de pymes, el Gobierno eleva la valoración del activo desde los 4 millones a los cinco millones de euros. Y, en el importe neto de su cifra anual de negocios, la cifra pasará desde los ocho millones actuales a los diez millones. Eso sí, para poder acogerse a la declaración abreviada de las cuentas, estas empresas deben cumplir estas dos últimas condiciones, al menos, durante dos años consecutivos.

La política española, abonada desde hace mucho tiempo a los latigazos previstos o imprevistos, se asoma hoy a una decisión presidencial que no tiene parangón no ya en la azarosa trayectoria de su protagonista, sino en la propia historia democrática: la de un jefe del Ejecutivo que comunicará a sus gobernados si permanece en sus funciones o las abandona –y cómo en ambos casos– después de anunciar un enclaustramiento de cinco días en la residencia de La Moncloa para reflexionar si le «merece la pena» seguir adelante. Si le compensa resistir, a quien ha hecho su divisa de la resiliencia impredecible y, al tiempo, calculada, al sentirse víctima de «un acoso y derribo» que tendría como ariete las diligencias judiciales abiertas a su mujer, Begoña Gómez, por un supuesto tráfico de influencias que le salpica a él, pero que interpreta como el detonante de una operación de mayor calado por parte de «la derecha» de Alberto Núñez Feijóo y «la ultraderecha» de Santiago Abascal para revertir la democracia en «la máquina del fango». A Sánchez le aguarda este 29 de abril, efeméride en el santoral de San Pedro mártir, un país en vilo, con sus socios expectantes ante el incierto devenir de una legislatura trabada que todos, salvo Junts, han manifestado de una forma u otra que quieren que sobreviva y con él al frente, mostrándose empáticos con un relato sobre la supuesta persecución por los poderes fácticos, el Estado profundo y el ‘lawfare’ judicial que alimenta el suyo propio –sobre todo, el del independentismo–; con la oposición tratando de instalar la tesis de que ‘el ciclo Sánchez’ ya no da más de sí resuelva lo que resuelva; y con la decisiva campaña catalana convertida en atrezo de la escena principal. Pero es el conjunto del PSOE –de la vicepresidenta Montero, quien le sustituiría pilotando un Gobierno en funciones, al último militante– el que espera la decantación de su líder sin que la camisa le llegue al cuello.

Lo que pase el 19 va a tener un efecto inmediato. Ese día, la app TikTok de la empresa china ByteDance dejará de estar disponible en Estados Unidos. Solo hay una manera de que los 170 millones de estadounidenses que tienen una cuenta de TikTok –el 50,1% de la población de la primera potencia mundial– la mantengan: que ByteDance venda su división a una empresa estadounidense. Es una opción complicada, porque parece improbable que la compañía china vaya a entregar su algoritmo, al que debe el éxito de la app, a otra empresa. Aparte, está el hecho de cómo hacer la valoración de la división estadounidense de ByteDance, que podría ser de 50.000 millones de dólares (casi 47.000 millones de euros) justo cuando la empresa está legalmente obligada a deshacerse de ella o a cerrarla, con lo que no tiene margen de maniobra en una negociación. La gran cuestión es que, mientras TikTok, según EEUU y numerosos otros países, tiene que entregar al Partido Comunista chino los datos que éste le pida, conforme nada menos que a la propia legislación china, también juega un papel como medio de comunicación. La empresa pública británica de televisión y radio pública BBC tiene diez canales en la plataforma, con una audiencia a finales de 2023 superior a los seis millones de cuentas; la división de informativos de la cadena estadounidense ABC (propiedad de Disney), dos, con una cantidad de usuarios similar a su competidora británica, lo mismo que CNN, con seis canales. No son solo medios audiovisuales. El Washington Post, la agencia de noticias Bloomberg, o la web Business Insider, propiedad de la alemana Axel Springer también están en TikTok. También están empresas y celebrities. Y gente normal –los llamados creadores– que cuelgan sus contenidos. Ese es el quid de la cuestión.