20241005

Informe de coyuntura de Adegi. "Para el 30% de las empresas industriales el mercado está en recesión (40,5% en la metalurgia y productos metálicos, de la cadena de valor del automóvil). La facturación media disminuyó un -1,2% respecto al trimestre anterior, en gran medida por la disminución en el sector industrial, -2,2%. Servicios aumenta un +2%. Para 1 de cada 3 empresas las ventas disminuyeron respecto al trimestre anterior, para 4 de cada 10 en el caso de la industria. Preocupan principalmente, los mercados internacionales y dentro de estos, la Unión Europea y Alemania (metalurgia y automoción). La relajación de la política monetaria, con del descenso de los tipos de interés aliviará algo la situación y puede contribuir a la mejora de la inversión. Todo ello dentro de una situación económica que sigue siendo positiva para Gipuzkoa, donde aún se seguirá creando empleo, con más empresas que dicen que van a aumentar su empleo que las que van a reducirlo. Esperamos un crecimiento en 2024 entre un 1,8% y el 2,2% y se podrían crear entre 3.500 y 4.000 puestos asalariados netos. Los elevados costes laborales e incrementos salariales y la dificultad para contratar personal cualificado se mantienen como las principales preocupaciones de las empresas. La preocupación por el absentismo laboral es la que más aumenta hasta situarse en el tercer puesto". Ver más en Adegi. 

Era un secreto a voces y ayer la patronal guipuzcoana Adegi lo llevó al titular de su Encuesta de Coyuntura Económica. El estancamiento de los principales clientes europeos de las empresas de Gipuzkoa está impactando ya en la industria y automoción del territorio, que muestran signos de «debilitamiento sobre todo en la metalurgia y los productos metálicos». «Este desgaste está directamente relacionado con la evolución de los mercados internacionales y, sobre todo, con la evolución de la Unión Europea y, especialmente, Alemania, que afecta directamente a las empresas de Gipuzkoa que en su mayoría son exportadoras», sentenció su presidenta, Isabel Busto, en su primera comparecencia en una encuesta al frente de la asociación de las compañías del territorio. Además de esta pérdida de competitividad, la encuesta realizada por Adegi constata que el absentismo laboral escala hasta la tercera preocupación de las empresas para un 36% de las compañías encuestadas, el nivel más alto desde que existen registros tras crecer un 8,6% respecto a la pasada encuesta de mayo. Son las empresas de la construcción las que muestran una mayor preocupación (44%), seguidas de cerca por las industriales (40,5%). «Es un problema que afecta directamente a la competitividad de nuestras empresas». Los elevados costes laborales e incrementos salariales se mantienen como las principales preocupación de las firmas del territorio, y lo son para el 45,5% de ellas, el nivel más alto para un mes de septiembre desde 2010, aunque baja un 4,9% respecto a mayo. La patronal Adegi se apoyó en el conocido índice PMI de los principales clientes guipuzcoanos para refrendar la pérdida de competitividad del sector manufacturero y automotriz. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Ejecutivo central ha esbozado esta semana un plan para «flexibilizar» las situaciones de bajas laborales, de forma que puedan reintegrase a su plantilla parcial y voluntariamente. Preguntada la patronal Adegi ayer sobre esta propuesta, su presidenta, Isabel Busto, aseguró que «no vamos a entrar a valorar la propuesta del Gobierno central al no conocer todavía todos los detalles de la misma, pero compartimos la preocupación de la ministra Elma Saiz de las altas tasas de absentismo». Otro de los factores que lastran la competitividad de las empresas del territorio es el exceso de burocracia. «El exceso de regulación es un obstáculo para la competitividad. Tendremos que agilizar la toma de decisiones para adaptarnos más rápidamente a los cambios globales», sentenció ayer la presidenta Busto. Este factor ha sido mencionado en numerosas ocasiones por distintos sectores de la economía, desde la construcción a la hora de tramitar nuevas licencias de obra hasta el primer sector, que se encuentra con una cantidad ingente de papeleo para tramitar diferentes ayudas.

El Gobierno vasco no cree que Euskadi vaya a beneficiarse del tirón del Estado y estima que la debilidad general que sufren los países del entorno que son los principales clientes de la industria vasca –Francia, Alemania e Italia– va a mantener a la comunidad autónoma en los actuales parámetros de crecimiento, por debajo del que se registra en el conjunto de España. En este contexto, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía del Gobierno vasco, Mikel Torres, presentó ayer las nuevas estimaciones para la economía vasca de cara al cierre de este ejercicio y también para 2025. Esto es, la hoja de ruta que permite establecer el comportamiento de los ingresos fiscales del próximo año –las cifras concretas serán dadas a conocer a mediados de este mes por el Consejo Vasco de Finanzas– y con ello el pilar fundamental para elaborar los presupuestos públicos del próximo año. Y la palabra es ‘continuidad’, porque el Ejecutivo autonómico ha decidido mantener las mismas previsiones de crecimiento estimadas en abril pasado, cuando rebajó la correspondiente a este año del 2,1% al 1,9%, y calculó un aumento del PIB del 2,1% para el próximo, cuando espera una ligera mejoría en la demanda de los países europeos que son claves, por ejemplo, en la industria del automóvil. Esas dos tasas de crecimiento vasco colocan a Euskadi a una distancia importante del comportamiento del conjunto de la economía española. Los últimos datos reales –que no estimaciones– ya revelan que se ha abierto una brecha sensible como consecuencia del papel primordial del turismo. Así, las cifras de crecimiento del segundo trimestre situaban el avance del PIB vasco en el 1,8% frente al 3,1% del conjunto de España. Una diferencia que, no obstante, el Gobierno vasco considera que se va a estrechar con el paso de los meses. 

La propuesta de flexibilizar las bajas laborales que ha puesto sobre la mesa la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, contra la que han salido en tromba los sindicatos y muchos aliados del Gobierno, es vista con buenos ojos por CEOE. “Nos gusta el modelo”, afirmó ayer el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, quien, a falta de conocer los detalles de la iniciativa, no ve que esta propuesta pueda, a priori, generar abusos, sobre todo teniendo en cuenta que se plantea desde la voluntariedad del trabajador que está de baja. En este sentido, para Garamendi flexibilizar las bajas “en ciertos espacios tiene sentido, partiendo de la base primero de la voluntariedad, que la ministra ha dicho, y dos, de los casos donde se pueda hacer”. Para el presidente de CEOE, la esencia del diálogo social es la negociación, por eso ve positiva la propuesta del Ministerio de abrir una mesa para abordar la cuestión. “Creo que negar la mayor, o lo contrario, o así porque sí, pues me parece que es negar ese espacio presente del diálogo social que es lo que nosotros reclamamos”, afirmó Garamendi en relación al rechazo frontal mostrado por las organizaciones sindicales, pero también por varios de los aliados parlamentarios del Ejecutivo. Entre ellos Sumar, cuya líder y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró el jueves que “no vamos a consentir ninguna variación en la incapacidad laboral tal y como la tenemos concebida”, protagonizando su enésimo encontronazo con el ala socialista del Ejecutivo.

Sumar, Podemos, ERC o Bildu han reprobado públicamente la iniciativa, por considerarla potencialmente peligrosa para los trabajadores y un retroceso de los derechos laborales. La falta de explicaciones que justifiquen su creación, así como la ausencia de ejemplos concretos de personas que podrían beneficiarse de esta fórmula, se han convertido en un freno inicial para el desarrollo de una propuesta que se trasladará al diálogo social. Por el momento, la mesa de negociación sigue sin fecha de celebración. Consciente de los primeros recelos tras el lanzamiento del globo sonda del jueves, Saiz volvió a hacer hincapié ayer en una entrevista en Onda Cero en que la voluntad de esta proposición es la de “ampliar derechos y avanzar en justicia social”, negando que se esconda detrás ningún afán recaudatorio por parte de su ministerio, y volviendo situar la salud de los trabajadores en el epicentro. “Habrá que ver caso por caso. Pero, indudablemente, es un debate, una cuestión recurrente y para eso la política tiene un papel fundamental. Por eso me parece oportuno que, con total sensibilidad, con total prudencia y con total sosiego, se ponga encima de la mesa esta cuestión”, añadió. En sus dos últimas intervenciones, la ministra ha explicado que la bajas flexibles y voluntarias —que tienen cabida, aunque con otro nombre, en países como Noruega, Dinamarca, Suecia o Portugal— son una figura especialmente pensada para dos grupos de trabajadores, y que su creación es fruto de sus distintas reuniones con diferentes colectivos. Por un lado, se beneficiarían de ellas aquellos pluriempleados que, encontrándose de baja laboral, puedan seguir desarrollando alguno de sus otros trabajos por no estar impedidos para llevarlos a cabo. Y por otro, aquellas personas que, inmersas en una situación de incapacidad prolongada, como es el caso de quienes estén saliendo de un tratamiento de cáncer, valoren una reincorporación progresiva a su puesto de trabajo a medida que vayan mejorando su estado de salud. Sin embargo, hasta el momento el ministerio no ha ofrecido el dato de cuántas personas podrían encajar en estos dos perfiles. “Es algo que hay que abordar en el grupo de trabajo”, explica una fuente ministerial.

Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, y una de las figuras más importantes en materia de economía y empleo dentro de los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y Pedro Sánchez (entre 2018 y 2020), elaboró recientemente un estudio para Fedea en el que alentaba al Gobierno a reformar la prestación por incapacidad temporal, algo que criticaba que no se hubiera llevado a cabo en la reforma del sistema de pensiones. En él abogaba por la posibilidad de que los trabajadores pudieran trabajar de manera parcial estando de baja, de forma que el reconocimiento de una incapacidad temporal (IT) no fuera, irremediablemente, a jornada completa. Un planteamiento que ha recogido ahora el Ministerio de Seguridad Social, que propone flexibilizar las bajas para que pueda contemplarse una reincorporación progresiva, eso sí, otorgando al trabajador la potestad para hacerlo, y garantizando su voluntariedad. “Es una sensación agradable sentirse escuchado”, bromea Granado al otro lado del teléfono. Sin embargo, el exmandatario se muestra sorprendido por las reacciones contrarias que ha propiciado la propuesta del ministerio que dirige Elma Saiz. Esas voces consideran que la medida va en contra de la salud de los trabajadores. “Me recuerda a lo que pasó cuando se empezó a hablar de compaginar el cobro de la pensión con el salario. Parecía que no se podía estar jubilado y trabajando al mismo tiempo, que eran dos cosas incompatibles. Y mira ahora, hay fórmulas [como la jubilación parcial y la jubilación activa] que se acaban de actualizar para que puedan acogerse a ella cada vez más personas, y nadie parece que se lleve las manos a la cabeza”, indica.

El absentismo laboral supone en España unas pérdidas económicas de 100.000 millones de euros al año y es un fenómeno que acusa una tendencia creciente en los últimos años, registrándose no solo más bajas médicas, sino más largas, según el informe publicado ayer por la consultora especializada Grant Thornton. El número de horas que los trabajadores no están en su puesto de trabajo supone un 6,6% de todas las horas pactadas. De ese porcentaje, un 5,2% está justificado con baja médica por una incapacidad temporal, pero un 1,4% no está justificado, haciendo un total de 12 días al año no trabajados por cada empleado.

La farmacéutica Terafront Farmatech, creada en abril de este año con capital público-privado, tiene previsto instalarse en Euskadi donde considera que existe un ecosistema propicio para desarrollar su actividad, centrada en soluciones de terapia avanzada. Según informa El Economista, esta firma participada en un 49% por el Gobierno estatal y el 51% restante por las empresas privadas Rovi e Insud Pharma ha comenzado a buscar emplazamientos para construir su fábrica, con el criterio de ubicarse en un entorno propicio para su actividad investigadora, y la CAV es una candidata de primer orden por disponer de un polo innovador en el ámbito de la medicina avanzada. Uno de los ejemplos más patentes es Viralgen. Enclavada en Donostia, su especialización en terapias avanzadas captó el interés de la multinacional alemana Bayer, que la adquirió en octubre de 2020 con el compromiso de invertir en este negocio 120 millones de euros y de respetar el arraigo. A su alrededor ha creado un entorno innovador especializado en tratamientos de última tecnología que puede influir en la decisión final que tome Terafront Farmatech, quien de momento no ha especificado el territorio vasco en el que se podría construir la fábrica.

Los fundadores de Holaluz, Carlota Pi, Oriol Vila, Ferran Nogué y Carlos Leg, anunciaron ayer su intención de retirar la acción social de responsabilidad aprobada el pasado 28 de junio contra los fondos Axon y Geroa Pentsioak después de que estos votaran en desacuerdo las cuentas de 2023, hecho que provocó la suspensión de la cotización de la compañía y una guerra abierta entre accionistas. Axon y Geroa se declararon en rebeldía ante la situación de crisis por la que atraviesa Holaluz tras la caída del precio de la electricidad desde los máximos alcanzados al inicio de la guerra en Ucrania. Este hecho desincentiva la instalación de placas solares. La consecuencia fue la expulsión de los representantes de Axon y Geroa, Alfonso Juan de León Castillejo y Jordan Sáenz, del consejo de administración. La acción social de responsabilidad es un mecanismo que tienen la sociedad, los socios y los acreedores para exigir judicialmente que se repare cualquier daño producido al patrimonio social por un conjunto de conductas. Con la firma de la paz, Axon y Geroa han acordado proponer el nombramiento de dos consejeros independientes que ocuparán las vacantes dejadas por Alfonso Juan de León y Jordan Sáenz. De esta manera, el máximo de gobierno de Holaluz tendrá tres consejeros dominicales y cuatro independientes.

Los planes de Solaria en Álava se preparan para un nuevo tropiezo. Después de los informes negativos de la Diputación a las tres primeras plantas fotovoltaicas de Zierbena Solar, ahora la instalación de Vitoria Solar 2 también podría tambalearse. Un informe del Ayuntamiento de Vitoria, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, descarta este parque de 79 hectáreas, otro de los proyectos emblema de la cotizada madrileña para el territorio. El huerto, ubicado en los alrededores de Lubiano, no cumple ni con el plan general de ordenación urbana (PGOU) actual ni con el futuro, el que está pendiente de su aprobación tras el acuerdo entre PSE, PNV y Podemos. Así se desprende del análisis realizado por técnicos municipales para estudiar la aprobación o denegación del plan especial del parque, uno de los últimos trámites para que Vitoria Solar 2 salga adelante. Y eso que el parque había conseguido ya buena parte de los permisos. De hecho, el Gobierno vasco le había concedido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable. El traspié urbanístico no es baladí. Ahora Solaria podría darse con la paradoja de tener una central viable medioambientalmente con una configuración de parcelas que no son compatibles con el ordenamiento urbanístico de Vitoria. Cambiar de terrenos implicaría muy probablemente volver a la casilla de salida medioambiental. Según los responsables del Servicio de Planeamiento de Vitoria -que lidera la exconcejala Ana Oregi en su faceta de técnico municipal-, la iniciativa de Solaria y el Gobierno vasco no puede salir adelante porque incumple varios de los once parámetros examinados por Urbanismo. En concreto, los técnicos de la capital consideran que no cumpliría tres puntos del PGOU actual y cuatro del documento que le va a sustituir.

Entrevista en el periódico Bilbao con el secretario general de Cebek Francisco J. Azpiazu, una organización empresarial que hoy agrupa a más de 7.000 empresas adscritas bien directamente o a través de más de cuarenta Asociaciones y Federaciones Sectoriales. "En la foto de la Rueda de Prensa anterior a nuestra Asamblea general hicimos una rueda de prensa y yo soy el único hombre. Está la presidenta, Carolina Pérez Toledo, y las vicepresidentas María López, Begoña San Miguel y Ángela Fernández. Es un salto cualitativo importante que se engrandece aún más con la presencia de Tamara Yagüe al frente de Confebask, y con el hecho de que Cebek tenga, en este momento, cinco presidentas de asociaciones sectoriales. Está claro que las mujeres están posicionándose, asumiendo responsabilidades de dirección y de representatividad, lo cual me parece enormemente destacable y positivo...Somos 125 años más viejos, aunque Bilbao es una ciudad que se ha transformado mucho, sobre todo desde el punto de vista cultural y arquitectónico, pero la situación ha variado. Tenemos empresas mucho más reducidas en tamaño y en personas empleadas, porque la tipología empresarial ya no es la misma y el sector servicios ha crecido de una manera importante frente al impulso industrial de entonces. También hay que destacar el hecho de que ahora contamos con entornos más seguros, con condiciones laborables mejores, lo cual me parece absolutamente destacable y deseable..."

En pleno proceso para la renovación del máximo órgano del PNV, varios exburukides lanzan una propuesta para limitar a tres los mandatos (12 años), lo que impediría seguir a Ortuzar. El debate interno bulle ya en el PNV, una vez que la Asamblea Nacional reunida con carácter previo al Alderdi Eguna en las campas de Foronda dio luz verde el pasado domingo a la convocatoria de la IX Asamblea General que elegirá el nuevo EBB los próximos 29 y 30 de marzo en San Sebastián. Pero ya desde unos días antes sobre la mesa del registro de Sabin Etxea descansaba una propuesta, impulsada por destacados exdirigentes jeltzales guipuzcoanos y vizcaínos, de modificación de los estatutos nacionales del partido, una reforma que se acometerá también en el cónclave junto a la aprobación de cinco nuevas ponencias políticas y organizativas. El texto, de once folios busca así adelantarse a los cambios que proponga la actual cúpula del PNV para actualizar el reglamento de funcionamiento interno del partido y orientar el debate en una dirección clara, la limitación estricta de mandatos consecutivos en el mismo cargo a tres (doce años, por lo general) y hacerlo además «sin poner el contador a cero», es decir, sin efectos retroactivos para los burukides que ya hayan encadenado esos tres periodos. El objetivo de esos cambios –a los que se suman además previsiones para evitar la «acumulación» de responsabilidades públicas y orgánicas y para modificar el sistema de elecciones internas– pasa por «recuperar las señas de identidad del partido, superar déficits organizacionales y reactivar la vida interna, fomentando al mismo tiempo la participación política», según argumentan sus promotores. En su opinión, «cada vez hay más batzokis cerrados» y en las asambleas cada vez se toma menos la palabra.

Los países europeos confirmaron ayer los aranceles provisionales impuestos por la Unión Europea (UE) al vehículo eléctrico chino, aunque lo hicieron con muchas reticencias, ya que un amplio grupo de países se abstuvo en la votación y cinco, incluida Alemania, votaron en contra de mantener la medida. Con ello, los vehículos eléctricos chinos y sus componentes mantendrán un impuesto a la importación, ya definitivo, de hasta el 35,3%, con lo que se intentan compensar las ayudas de Estado de Pekín a su industria, si bien el arancel también puede acabar dañando a los fabricantes europeos, según alerta el sector. La Comisión Europea seguirá aplicando los aranceles a la importación de vehículos eléctricos desde China, después de que en la votación que celebraron ayer los países de la Unión Europea no se haya alcanzado una mayoría cualificada en contra de la propuesta, aunque tampoco hubo una sólida mayoría a favor. En concreto, solo diez países votaron a favor de mantener los aranceles, mientras que cinco votaron en contra y doce se abstuvieron, si bien hay que tener en cuenta que aquellos que respaldaron la medida tienen un peso económico y demográfico similar al resto, ya que suponen el 46% de la población, por el 31,4% entre los que se abstuvieron y el 22,6% de los que votaron en contra. Para tumbar la medida era necesario una mayoría de bloqueo de quince Estados miembros que reunieran al menos el 65% de la población de la UE. Por ello, aunque todos los abstencionistas hubieran votado en contra de los aranceles, no habrían conseguido evitar que se volvieran definitivos. Más al detalle, Italia, Francia, Países Bajos y Polonia encabezaron el grupo de países que votó a favor de los aranceles, junto con Dinamarca, Irlanda, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania. En contra se situó Alemania, junto con Hungría, Malta, Eslovenia y Eslovaquia, mientras que España se abstuvo. 

Más huelgas en el horizonte. CC OO y UGT han convocado una huelga general en el sector del transporte por carretera, previsiblemente para la segunda quincena de este mes de octubre, según comunicaron ayer las dos organizaciones. Representantes de ambos sindicatos explicarán en una rueda de prensa el próximo lunes los motivos de la huelga y las fechas definitivas en las que se llevará a cabo. Los sindicatos ya amenazaron el pasado mes de julio con esta convocatoria de huelga si no se regulaba la jubilación anticipada de los conductores profesionales, tanto de camiones como de autobuses, y denunciaron el «bloqueo sistemático» por parte del Gobierno y las distintas patronales a la reivindicación de adelantar la edad de jubilación de los conductores. «Ésta es una reivindicación que se viene haciendo desde hace 20 años y que se viene bloqueando desde hace más de una década», argumentaron. CC OO y UGT defienden la jubilación anticipada en el sector por el alto índice de siniestralidad en la carretera debido a la elevada edad de los conductores, sobre todo a partir de los 55 años. Asimismo, UGT, CC OO y USO avisaron ayer de sus planes de convocar una huelga para todos los trabajadores de las compañías de la Asociación de Empresas de Servicios Auxiliares para el Transporte Aéreo (Aseata), que prestan servicios de ‘handling’ –engloba todas las labores de asistencia en tierra a los aviones–, por el «incumplimiento» del convenio de unas cuantas compañías.

El 80% de las mercancías que se mueven en Europa lo hacen por carretera, pero además los camiones son básicos en servicios públicos como puede ser la recogida de basuras. En España, según los datos de Anfac en la ‘Hoja de ruta del vehículo industrial y el autobús 2024-2026’, el transporte por carretera supone el 4,8% del PIB, genera 600.000 empleos y aportó en impuestos al Estado 15.000 millones de euros en el año 2022. Como los turismos, los vehículos industriales tienen una dura legislación de la UE marcada por la reducción de emisiones de CO2. Un 45% menos en 2030 (respecto a 1990), un 65% a partir de 2035 y un 90% desde 2040. Aunque la normativa no incluye medidas públicas que permitan conseguir esos objetivos, garantizando la rentabilidad. Al mismo tiempo los vehículos industriales están siendo protagonistas en el proceso de descarbonización. Son los que mueven las placas solares para su instalación, las turbinas para la producción de energía eólica o los postes de recarga eléctrica, como destaca ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles). Otra cosa es que furgonetas y camiones se puedan equiparar con los turismos en cuanto a que deben ayudar en la reducción de emisiones. A nivel de la UE, las emisiones originadas por el transporte por carretera supusieron en 2019 el 26,83% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De esa cantidad, apenas un tercio corresponden al transporte pesado. A las amenazas tecnológicas y legales que atenazan al sector del transporte, hay que suma el importante déficit de conductores de camiones que afecta a la UE, donde sólo el 5% de estos profesionales tiene menos de 25 años. Esta situación hace que la mitad de las empresas de transporte por carretera europeas no puedan expandir su negocio. Así se desprende de un informe de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) y basado en una encuesta a 1.000 transportistas de mercancías por carretera en el Viejo Continente. El estudio también revela que, tomando la UE, más Noruega y el Reino Unido, el déficit suma más de 233.000 profesionales. Alemania, España y Polonia son los tres países con más vacantes: 31.000, 30.000 y 29.000 respectivamente. A continuación, aparecen Francia e Italia, donde hacen falta 22.000 profesionales. En el caso de España, actualmente hay unos 390.000 conductores profesionales, de los que solo el 2% son mujeres. Uno de cada tres se jubilará en los próximos 10 años, según la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer).

Después de semanas de negociaciones, las distintas partes del pequeño sector español de los chips han fracasado a la hora de crear una candidatura unitaria y competirán entre sí para recibir fondos europeos para crear un centro puntero de chips que ejerza como referente de este ámbito estratégico en España. Nuestro país será la excepción del proceso. En otros estados, el Gobierno local ha dirigido procesos para crear una candidatura única, sin embargo, en España, el Ejecutivo se ha abstenido y ha decidido que las tres propuestas existentes compitan a nivel comunitario. Dado que cada país tiene una asignación fija, la fragmentación puede dar lugar a que se invierta tiempo y recursos en candidaturas que no prosperen o que se seleccione a dos centros que nacerían con la mitad de fondos comunitarios que en el resto de Europa y con servicios solapados. La cuantía no es desmesurada (ocho millones de euros a repartir entre la Comisión y el Gobierno), ya que se entiende que luego el bautizado como Centro de Competencia podrá presentarse a otras convocatorias para aspectos concretos y que la financiación recaerá posteriormente en el estado miembro. El hecho de posiblemente contar con dos centros generará ahí un elemento adicional de complicación para España, ya que cada inyección de fondos deberá ser previa convocatoria competitiva entre los proyectos que aparezcan en España, con lo que será un centro menos ágil y productivo.

Los trabajadores portuarios de EE UU han puesto fin a una huelga de tres días que paralizaba la actividad comercial en las costas del país tras el acuerdo «provisional» alcanzado entre la Asociación Internacional de Estibadores y la Asociación Marítima de EE UU para extender el contrato anterior hasta el próximo 15 de enero. En un comunicado conjunto, los representantes de los trabajadores portuarios y de la patronal confirmaron «un acuerdo provisional sobre salarios» lo que permitía extender el Contrato Marco hasta el 15 de enero de 2025 para volver a la mesa de negociaciones y abordar todos los demás asuntos pendientes. De este modo, con efecto inmediato, los trabajadores portuarios cesarán todas las acciones laborales en marcha y volverán al trabajo. En virtud del acuerdo provisional, los salarios de los trabajadores portuarios subirían un 62% en los próximos seis años, aunque el sindicato reclamaba un aumento del 77% y la oferta de la patronal se situaba en casi el 50%. La huelga en los puertos de EE UU comenzó el pasado martes y fue la primera de este tipo en casi 50 años.

“La situación del mercado petrolero es arriesgada, y puede serlo aún más”, avisa el director general de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol. El jefe del brazo energético de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos atisba, sobre todo, dos peligros. El primero, que la guerra escale e involucre a otros productores importantes de la región. Cinco de los 10 mayores productores de crudo del mundo (Arabia Saudí, Irak, Irán, Emiratos Árabes y Kuwait) están ubicados en Oriente Próximo. Y tres (Irán, Qatar y Arabia Saudí) son, además, grandes potencias gasistas. El segundo riesgo es que el conflicto “acabe afectando a algún estrecho por el que transita una cantidad significativa de petróleo”. Una referencia clara (aunque indirecta) a Ormuz, único enlace posible entre los golfos Pérsico y de Omán, controlado por Teherán y por cuyas aguas discurre uno de cada cinco barriles de crudo que se mueven cada día en el mundo. Con un flujo diario de un millar de buques petroleros, una potencial clausura decretada por Irán sería un mazazo para los precios. “Es difícil cuantificar el impacto que tendría el cierre de Ormuz, pero está claro que crearía un grave cuello de botella. Sobre todo, si es total”, avisa Birol (Ankara, 66 años) por teléfono. Más probable se antoja un ataque de la aviación israelí sobre infraestructuras petroleras en Irán, una opción plausible. “Es difícil especular sobre las implicaciones de un ataque que no sabemos si ocurrirá o no…”, elude el jefe de la agencia con sede en París. “Pero, de ocurrir, veríamos un nuevo aumento en la volatilidad”. En plata: los precios subirían. La duda es hasta dónde.

En plena intensificación del conflicto con Israel, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó ayer que su país no cederá ante el que considera su principal enemigo. En una insólita alocución ante una multitud en Teherán y junto a un rifle, consideró legítimos los recientes ataques con misiles lanzados por Irán como respuesta a los “crímenes” israelíes, destacando el derecho de todos los países a defenderse de los agresores. Llamó también a la unidad de los países musulmanes ante “el enemigo común”. “Desde Afganistán hasta Yemen, desde Irán hasta Gaza y Líbano”, afirmó Jameneí, que añadió que el Estado judío trata de ganar su guerra contra Hezbolá o Hamás con “asesinatos y muertes de civiles”, pero que “nunca saldrá victorioso” ante los grupos islamistas libanés y palestino. Estas afirmaciones se produjeron horas después de un nuevo bombardeo de Israel sobre Beirut. Su objetivo era matar a Hashem Safieddine, el supuesto nuevo líder de Hezbolá tras el asesinato de Hasán Nasralá. Sí dio por muerto al responsable de comunicaciones del grupo, Mohammad Rashid Sakafi. También destruyó la principal carretera por la que huyen a Siria miles de desplazados. Mientras, en Cisjordania fueron enterradas las víctimas del ataque perpetrado por Israel el pasado jueves, que costó la vida a 18 personas en el campo de refugiados de Tulkarem. Se trata del bombardeo más mortífero que ha vivido esta zona en los últimos 24 años. Mientras Israel pisa el acelerador en los distintos frentes de la guerra que lidera, Irán asegura que no retrocederá ante su mayor enemigo. 

Entrevista con el filósofo francés, Bernard-Henry Lévi. «Lo que ocurrió aquel día jamás había sucedido antes», enfatiza el filósofo francés en su nuevo ensayo, ‘La soledad de Israel’ (La Esfera de los Libros). En él, hace piel con piel con una sociedad conmocionada tras el ataque terrorista del 7 de octubre, sigue el rastro de sus perpetradores y razona sobre los principios ilustrados que convierten a Israel en dique de contención del totalitarismo islamista. REHENES- «No pasa un día que no piense en ellos, a veces de forma individual. No sabemos qué es del bebé Kafr Bibas, si juega...». LIBERTAD- «Tengo la sensación de que Israel libra esta guerra por todos nosotros, no entiendo por qué está tan solo». ESPAÑA- «Gran parte de la izquierda sigue viendo a los asesinos de Hamas como miembros de un movimiento de liberación». ONU- «No sabe de lo que habla cuando denuncia que lo que hace Israel es exterminio. Yo estuve en Darfur y Ruanda».