20240320

«Y llega a los tribunales el hartazgo por el 'greenwashing'», es el mensaje que ha transmitido este martes la vicepresidenta tercera del Gobierno y titular del Ministerio para la Transición Ecológica, tomando así partido claro y contundente en favor de Iberdrola en la pelea jurídica que acaba de iniciar contra Repsol. Como ya es conocido, Iberdrola presentó a finales de febrero una demanda en un juzgado en la que acusa a Repsol de competencia desleal, a través de una publicidad engañosa de su pagina web y también de tres campañas publicitarias. Con este mensaje la vicepresidenta deja claro que no va a ser neutral en la pelea entre estas dos compañías, algo que ya se intuía por sus duras declaraciones de los últimos meses en las que cuestionaba la estrategia de Repsol e incluso acusaba a su consejero delegado, Josu Jon Imaz, de «retardista» al apoyar una transición energética diferente a la que apadrina el Gobierno de Pedro Sánchez. La reacción de Ribera, que no dudó en calificar de «negacionista» del cambio climático a Imaz se produjo tras un discurso pronunciado por el consejero delegado de Repsol en la cumbre de Davos. «Desgraciadamente, aunque él personalmente sabe que se necesitan las políticas de lucha contra el cambio climático, es una manera clásica de negacionismo y retardismo, cosa, como digo, que nunca hubiera esperado de un señor como es Josu Jon Imaz», dijo entonces la vicepresidenta.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lanzado este martes su propuesta estrella de cara a la próxima legislatura: un concierto económico a la vasca para Cataluña. Aragonès reclama al Gobierno de Pedro Sánchez, en plena carrera ya hacia las autonómicas del 12 de mayo que él mismo adelantó, un sistema de «financiación singular» para Cataluña, un modelo de «soberanía fiscal plena», en el que la Generalitat pasaría de recaudar el 9% al 100% de los impuestos generados en la comunidad autónoma catalana. Según sus cálculos, su modelo, que asegura que es plenamente constitucional, se traduciría en un «ingreso potencial» cercano a los 52.000 millones anuales, el doble que con el modelo de financiación actual. Este es el global de lo que gestionaría, pero el Govern no ha dado cifras cuál sería la cifra final neta con la que podría contar para su Presupuesto. El dirigente republicano plantea que la comunidad catalana salga del régimen común del sistema de financiación autonómico. Su proyecto reclama la «gestión y recaudación» de todos los impuestos por parte de la Generalitat, al margen de los tributos locales. Esto incluiría a las grandes figuras tributarias como el IVA, el IRPF, el impuesto sobre sociedades o los impuestos especiales. Sería similar a los modelos del País Vasco y Navarra. Como estos, contempla un cupo. Se trataría de una «transferencia» al Estado como contraprestación por los servicios que éste presta en Cataluña, como las políticas de defensa o la administración de justicia. Incluiría un fondo de «reequilibrio territorial», una cuestión que la consejera de Economía, Natalia Mas, ha destacado que lo diferencia respecto al caso vasco.

Las diputaciones ya preveían que la desaceleración económica por la que atraviesa Europa acabaría impactando en la recaudación de las haciendas forales. Así, para este 2024, la previsión de crecimiento en los ingresos por impuestos fue solo de un 5%, hasta los 19.000 millones, frente a saltos de doble dígito en los tres años anteriores. Y así lo han corroborado los datos de los dos primeros meses del año. Las diputaciones vascas han recaudado hasta febrero un total de 3.265 millones, es apenas un 0,6% más que los 3.202 del pasado ejercicio. Es pronto para sacar conclusiones porque las instituciones vascas todavía recogen en estos ingresos el impacto de pagos del ejercicio anterior en IRPF y Sociedades y quedan pendientes ajustes con la Agencia Tributaria del Estado, así como entre las propias haciendas forales. Los técnicos señalan que hay que esperar al menos cinco meses para hacer diagnósticos, pero la tendencia no deja de ser relevante. En el mismo periodo del año pasado la recaudación fue de 3.202 millones, un crecimiento del 11%, bastante más que el 0,6% de este ejercicio. Eliminando el efecto extraordinario de 44 millones que afloró la gestión tributaria vizcaína en enero del año pasado sobre una multinacional, tampoco se corrigen los números. Y es que, descontando esa cantidad, las cifras comparables solo arrojarían un salto del 3%. El mayor parón se ha dado precisamente en uno de los impuestos que marca el termómetro de la actividad económica: la demanda de combustible. El tributo especial de hidrocarburos cayó en enero y febrero en Bizkaia, junto al IVA, un 9,6%. Son 100 millones menos que el año pasado y es la principal causa de que Bizkaia haya visto reducida su recaudación en un 2,5%, hasta los 2.058 millones. El impacto en Bizkaia del impuesto especial sobre hidrocarburos es más importante por la presencia de las plantas de Petronor y la central de ciclo combinado del Puerto de Bilbao, aunque en el ajuste que se hace tras el primer trimestre con Álava y Gipuzkoa se repartirá su repercusión.

Entre 2007 y 2023 han desaparecido cerca de cuatro empresas por cada diez nuevas creadas en el País Vasco. Así lo recoge el informe publicado ayer por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), que pone en una balanza la supervivencia de las nuevas sociedades frente a las liquidadas en España durante los últimos 16 años. Según el registro, Euskadi encabeza los peores datos a nivel nacional, con un ratio de sociedades liquidadas del 39,1%. En España se mantiene una media del 27,5%. Los datos contabilizados por el Consejo del Notariado recogen que Euskadi constituyó en 2023 un total de 3.559 sociedades, cerca de una decena diaria, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al ejercicio anterior. Las sociedades vascas inscritas el año pasado registraron, además, el mayor crecimiento de capital fundacional en toda España. Las inversiones en Euskadi subieron un 19,1% y fijaron una media de 25.382 euros por empresa, mientras que el balance para toda España cayó un 6,9% con una aportación media de 16.185 euros. Euskadi se ubica igualmente en la media de liquidaciones empresariales a corto plazo. Las firmas vascas que tuvieron que echar la persiana en su primer año de vida se mantuvo en 2023 en el 0,6%, un guarismo idéntico al fijado para toda España. Las que cerraron entre su primer y segundo año fue del 1,3%, una décima por encima del nacional. En España desde 2007 figura un balance positivo de más de un millón de empresas, con casi 1,5 millones creadas frente a las 411.000 liquidadas. El fenómeno se reparte de manera dispar en las diferentes comunidades autónomas. Euskadi lidera el peor ratio entre las nacidas y las que han optado por bajar la persiana. 

La compañía vasca Arteche comienza a recoger los frutos de una transición energética que ha puesto el acento en la electrificación de muchas actividades y que ha disparado las inversiones en las infraestructuras de redes de transporte de electricidad, el sector en el que esta empresa es especialista. Así, según los datos que dio a conocer ayer, la empresa que tiene su sede en la localidad vizcaína de Mungia facturó el pasado año 401 millones de euros, lo que supuso un aumento del 16% en comparación con el ejercicio precedente. Esa cifra de ventas también ha sido un récord histórico en la contabilidad de la firma. En un año de clara mejoría de sus resultados y con un crecimiento apreciable, el beneficio de la empresa de bienes de equipo eléctrico escaló hasta los 12,1 millones. Una cifra que supone un aumento del 56,9% en comparación con 2022. Así, el consejo de administración dio a conocer su decisión de repartir un dividendo, con cargo a los beneficios del pasado año, de 6 millones. Ese buen resultado y el anuncio de reparto de dividendos provocó ayer una revalorización de Arteche en Bolsa por encima del 3%. La empresa destacó también la buena marcha de la contratación de nueva cartera de pedidos, que alcanzó el pasado año los 471 millones, con buenos datos en todas las geografías en las que opera y en los diferentes segmentos de especialización de sus productos.

Los ingresos totales de la operadora de telecomunicaciones MásMóvil durante 2023 crecieron un 3%, hasta 2.979 millones de euros. Los ingresos de servicios aumentaron un 3,3%, hasta los 2.734 millones de euros. Por su parte, los ingresos por servicios de telecomunicaciones (sin contar la venta de teléfonos ni otros servicios adicionales como alarmas o seguros) aumentaron un 6,2%, hasta alcanzar los 2.496 millones de euros, “gracias al crecimiento orgánico basado en su estrategia multimarca y su presencia regional”, según señaló ayer la firma. La diferencia entre el +6% por servicios de telecos y el +3% en el total se debe a la peor evolución de la venta de dispositivos, que cayó un 1%, hasta 244 millones. El grupo logró incrementar su base de clientes en 650.000 líneas entre servicios de móvil y banda ancha fija. Estos son los últimos resultados en solitario antes de la fusión con Orange, que se cerrará definitivamente la semana que viene tras lograr la aprobación de la Comisión Europea y del Gobierno español. El resultado neto registró unas pérdidas de 240 millones, principalmente debido a impactos contables –que la compañía señala que no suponen salida de caja– como las amortizaciones de equipamiento de red, IT o PPA como consecuencia de la adquisición de Euskaltel. Estas pérdidas comparan con el beneficio de 443,6 millones de euros registrado en 2022. En los resultados de 2022, influyeron positivamente los 580 millones de ingresos atípicos obtenidos por la venta de la red de Euskaltel en País Vasco, Asturias y Galicia (una fiberco denominada Bidasoa) a un grupo de familias vascas.

LAB inicia sus trámites para entrar en Lanbide. El sindicato anunció en su congreso de 2022 un giro en su estrategia para volver a organismos públicos y el año pasado retornó a Osalan. Este cambio le ha distanciado aún más de ELA, con la que vive un enfrentamiento pese a coincidir en algunas movilizaciones. La dirección de Lanbide comunicó ayer la noticia. La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, la valoró como «un refuerzo de las fórmulas de diálogo y acuerdo tripartito que están dando muy buenos resultados». Lanbide analizó las fórmulas jurídicas para facilitar la entrada de LAB tras las elecciones autonómicas, que darán lugar a la renovación de su consejo. En la actualidad son cinco miembros del Gobierno vasco y Lanbide; cinco de Confebask por las organizaciones empresariales; y cinco de CC OO (3) y UGT (2) en representación sindical. El paso dado por LAB le distancia aún más de ELA, que se niega a participar en los organismos públicos. El sindicato liderado por Mitxel Lakuntza ha sido muy crítico con esta estrategia porque considera que nada ha cambiado desde que las dos centrales decidieron marcharse de organismos como Osalan. La central abertzale defiende que se puede actuar desde dentro, aunque, eso sí, descarta volver a la Mesa de Diálogo Social.

Todo apunta a que Gipuzkoa alcanzará un nuevo récord histórico de afiliación al cierre de marzo, lo que muestra la fortaleza del empleo, más allá de algunos vaivenes cíclicos. Y es que con datos de cotizantes hasta mediados de mes, dados a conocer ayer por la Seguridad Social, el territorio ha logrado llegar a los 337.169 afiliados, a tan solo 48 de la cifra histórica que logró en noviembre del año pasado. Teniendo en cuenta que este año la Semana Santa cae a finales de marzo y que sobre todo el sector hostelero, también los hoteles, suelen reforzar su plantilla de cara a estas fiestas, no parece difícil augurar que el mes cerrará con un récord de afiliación. De hecho, en los quince primeros días de este mes la cifra de cotizantes ha crecido de forma considerable respecto al cierre de febrero, que ya fue un buen mes para el empleo. En concreto, han aumentado en 1.722 los afiliados. Y el dato de mediados de mes supera incluso al del cierre del año pasado, cuando Gipuzkoa finalizó con 337.083 personas inscritas en la Seguridad Social, coronando un año que estuvo marcado por varios registros históricos, el último el de noviembre. En el caso de Euskadi, hasta mediados de mes había 1.011.412 cotizantes, muy cerca también del récord histórico, que alcanzó en este caso en diciembre del año pasado al llegar al 1.012.947 afiliados. Para superar el listón tendría que ganar 1.535 cotizantes en la segunda quincena.

La falta de oferta de plazas de Formación Profesional es uno de los principales obstáculos para que miles de jóvenes puedan formarse en el Estado. El hecho es que la demanda de estos estudios supera con creces la oferta. Se calcula que solo en la Comunidad de Madrid y Catalunya, unos 40.000 estudiantes se han quedado sin plaza. Ante esta realidad muchos jóvenes se han visto en la disyuntiva de escoger entre un año sabático o intentar acceder a un centro privado. En Euskadi la situación es distinta. El Gobierno Vasco garantiza el 100% de las plazas en los 23 sectores de la FP vasca. Es más, quedan plazas sin cubrir incluso en los sectores de los que salen los estudiantes más demandados por las empresas, según la patronal vasca Confebask. Así se desprende del informe Situación actual de la FP vasca. Respondiendo a los retos –al que ha tenido acceso este periódico–, en el que el Departamento de Educación ofrece los datos de ocupación de cada sector, además de su tasa de empleabilidad, una información vital a la hora de elegir ciclo. Según este documento, en septiembre se ofertaron en primer curso 30.484 plazas y se matricularon 24.916 personas, lo cual da un grado de ocupación del 81,73% de las plazas. Además, la empleabilidad se sitúa en el 89,60%, es decir, casi nueve de cada diez titulados de la última promoción logró un empleo tras titularse. La necesidad de personas con formación adecuada es una de las preocupaciones históricas de la FP vasca, donde se ha ido observando que la necesidad de profesionales iba en aumento. La respuesta a esa necesidad ha requerido del incremento progresivo de la oferta, tanto en nuevas titulaciones como en el número de plazas de los diferentes ciclos. El curso 2023-2024, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de cursar partes de un ciclo formativo durante todo el curso, la FP vasca cuenta con más de 49.000 estudiantes que, comparados con los datos del curso 2019-2020, supone un incremento del 14%.

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por abordar una transición ecológica ambiciosa, pero realista y "sin ansiedad" porque sería "una locura cerrar determinadas empresas" y poner en riesgo el empleo industrial y la competitividad  empresarial, lo que redundaría en un detrimento del bienestar y los recursos públicos. Además, ha apostado por que la fiscalidad "acompañe" a los emprendedores, a los que hay que "ayudar, no intervenirles ni controlarles". El aspirante del PNV a la Lehendakaritza ha asegurado que le preocupa "la ansiedad ecológica" de algunas personas o partidos políticos, porque puede "impedir ver" que en la actualidad "en este país hay un montón de empresas que siguen dependiendo de los combustibles fósiles". Pradales ha explicado que la Hacienda de Bizkaia el año pasado recaudó 10.000 millones de euros que "van a la bolsa común de Euskadi" para financiar la sanidad, la educación, la RGI, las  carreteras, etc, y más de un 35% de esos ingresos, una cifra superior a 3.500 millones, provenían de empresas energéticas. "Poner eso en riesgo sería una locura. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una transición energética, pero hay que hacerla sin poner en riesgo ni el empleo industrial, ni la competitividad empresarial, ni el bienestar y los recursos públicos", ha insistido. El candidato del PNV ha realizado un llamamiento también a defender "con uñas y dientes" a la industria como parte de la política económica de Euskadi y de su ADN, porque "es fuente de productividad, innovación, empleo de más calidad, mejores salarios y mejores  condiciones". "Por lo tanto, tenemos que defender la industria, porque es defender el presente, pero también es defender el futuro", ha subrayado. En su opinión, "esto tiene que ver con una cultura que apoya a quien arriesga, a quien emprende, a quien hace empresa y con un reconocimiento social". Ello también significa, según ha añadido,  hacerlo con medidas fiscales, de forma que, "si alguien crea empleo, tenga, como existe hoy, una deducción fiscal por la creación de empleo de calidad; que si alguien quiere invertir en renovar activos en una empresa, le genere una deducción en impuestos sociales, y eso está".

Empresas y centros de investigación vascos solicitaron el año pasado 262 patentes a Europa, con lo que Euskadi se consolida como la tercera autonomía con más expedientes. Y es que las patentes son el mejor escaparate de la innovación para empresas, países y comunidades autónomas. También para el País Vasco, donde empresas, centros de investigación, universidades e inventores vascos lograron consolidar a Euskadi como la tercera autonomía con más solicitudes de patentes europeas en 2023 con un total de 262 peticiones y un crecimiento del 2,7% respecto al 2022, cuando se solicitaron 255 patentes, según el índice de la Oficina Europea de Patentes (OEP) publicado ayer. Además, el 12,4% del total de solicitudes de España presentadas a Europa fueron vascas. Euskadi en general exhibe posiciones muy solventes (Bizkaia muestra un 8% de empleo tecnológico sobre el total, por un 10% de Álava), lo que hace que el País Vasco en su conjunto aparezca en la tercera posición en la clasificación autonómica, tras Madrid y Navarra.

Los incentivos fiscales establecidos el año pasado por la Diputación foral de Bizkaia, los más ventajosos del mundo (y no es una bilbainada), han logrado que esto parezca Hollywood. El año pasado se rodaron en el territorio 151 producciones que generaron un impacto económico de 58,5 millones de euros, el cuádruple que en 2021. Dani Rovira, Leonor Watling, Paz Vega, Eduard Fernández, Hovik Keuchkerian, Asier Etxeandia, Candela Peña y Patricia López Arnaiz, entre otros, vivieron entre nosotros durante un tiempo para protagonizar 12 largometrajes – un 140% más que en 2022– y 7 series –un 40% más que el año anterior–. Son datos proporcionados por la Bilbao Bizkaia Film Commission, el organismo público y gratuito dependiente del Ayuntamiento bilbaíno y la Diputación vizcaína, que desde 2015 se ocupa de ponerle fáciles las cosas a todo aquel que quiera filmar entre nosotros: informa sobre localizaciones, subvenciones, alojamiento y logística, facilita permisos y proporciona seguridad jurídica. «Se ha hecho un trabajo humilde y honesto, codo a codo», se felicita Xabier Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico del consistorio bilbaíno. «Más allá de la atracción de rodajes, que es la parte más vistosa de cara a la ciudadanía, se trataba de trabajar una industria audiovisual y construir un tejido económico. La modificación fiscal ha sido la palanca que ha marcado un antes y un después».

El del vino es un mundo tan hermoso como complicado. Tampoco es tan habitual que un bodeguero logre granjearse una imagen de hombre honesto y honrado, de una integridad sin fisuras por encima de las pequeñas envidias y las rencillas que pueden llegar a enturbiar el negocio. Ese era él. Resultará prácticamente imposible encontrar hoy a alguien a lo largo y ancho de los 316,3 kilómetros cuadrados de su Rioja Alavesa que no le eche en falta, que no lamente su pérdida. Fernando Remírez de Ganuza, un personaje imprescindible para entender la reciente historia de éxito del vino alavés, falleció ayer en Barcelona a los 73 años, donde había sido hospitalizado, tras una larga enfermedad. Fundó y bautizó con su nombre las prestigiosas bodegas Remírez de Ganuza, en Samaniego. Su ingente labor allí le convirtió en un referente, en uno de los grandes renovadores de Rioja Alavesa, uno de los precursores de esa idea que se ha convertido en un mantra en la comarca: la necesidad imperiosa de apostar siempre, y por encima de todo, por la calidad. Fernando fue un visionario.

De la industria del automóvil dependen 13 millones de empleos en Europa. Además, aporta el 8% del Producto Nacional Bruto, 392.000 millones anuales en impuestos y 102.000 millones de superávit comercial. Sin este sector, Europa se quedaría rezagada en la carrera por la innovación: «El porcentaje dedicado a I+D+i caería por debajo del 2%, por un 3,4% en EEUU, una diferencia abismal». Esto, en el entorno más exigente que ha habido nunca. Por un lado, los cambios demográficos y sociales, las diversas crisis de oferta y el aumento de precios han reducido las matriculaciones en la UE de 13,5 millones en 2019 a 9,5 en 2023. Además, las nuevas exigencias en seguridad o medioambiente haN castigado más a los modelos más pequeños y asequibles, cuya demanda se ha reducido un 40% en 20 años. Por el otro, el centro de gravedad se ha desplazado a Asia, donde se venden el 52% del total mundial de vehículos, por el 23,7% en América y el 19,5% en Europa. Un predominio muy acusado en el caso de China y particularmente en los modelos con enchufe, de los que concentró el 60% del total en 2023 (8,5 millones). Aunque también ha puesto el foco en el Viejo Continente, con una cuota cercana al 4% en este segmento. Es pequeña, sí, pero cuando apenas han desembarcado dos con cierto volumen (BYD y, sobre todo, MG). Y mientras, Europa dando una de cal y otra de arena. Por ejemplo, la UE será la primera región en prohibir la venta de coches de combustión en 2035, aunque el objetivo se revisará en 2027 y se admiten los combustibles sintéticos. Por si acaso, la industria ya ha comprometido 252.000 millones en inversiones en modelos cero emisiones cuya demanda empieza no crece al ritmo previo, o despierta dudas.

El consejero delegado del grupo Renault, Luca de Meo, está en plena campaña de defensa de la industria automovilística europea ante la amenaza china y frente a los fuertes estímulos de EEUU. El directivo, que presidente de la patronal europea Acea, ha mandado una carta abierta a los reguladores europeos con propuestas de medidas para evitar que los fabricantes europeos pierdan competitividad y pongan en riesgo su viabilidad a futuro. “Los americanos estimulan, los chinos planifican y los europeos regulan”, indica De Meo en la misiva, lanzada antes de que empiece la campaña electoral europea. El CEO de Renault recuerda la importancia que tiene el sector para la economía europea e insta a seguir el modelo de Airbus en términos de cooperación intersectorial y público-privada. “Con Airbus, ya hemos visto lo que Europa debe hacer. Intensificando las iniciativas de cooperación, pondremos a nuestra industria en el camino de la reactivación”, destaca. El ejecutivo de Renault resalta que la industria del automóvil puede ser “parte de la solución” al problema de la sostenibilidad y ha reclamado a los reguladores que creen un “ecosistema de la movilidad” en Europa. Además, De Meo insta a poner en marcha diez grandes proyectos en la región europea en diferentes ámbitos estratégicos, más allá del sector del automóvil, entre los que se incluyen la promoción de los coches pequeños, la revolución del reparto de última milla, el desarrollo de la infraestructura de recarga y la tecnología V2G (vehículo a la red eléctrica). También aboga por elevar la competitividad en el negocio de los semiconductores para evitar problemas de suministro.

La desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos en Europa, por el todavía alto precio de estos modelos respecto a los de combustión y el efecto dominó debido al fin de las ayudas en Alemania, ha repercutido en la actividad de las plantas españolas de vehículos, que redujeron más de un 29% la fabricación de modelos eléctricos en los dos primeros meses del año. Las 16 fábricas de vehículos del territorio español fabricaron 22.037 modelos eléctricos durante los dos primeros meses del año, cifra que supone rebajar en un 29,3% el dato de 2023. Este descenso en volumen vino acompañado de una disminución en el peso sobre la producción total española, de forma que los eléctricos pasaron a una cuota del 4,8%, es decir, 2,6 puntos menos que hace un año. Desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), su director general, José López-Tafall, lo tiene claro y considera que existe una “relación directa” entre la menor producción de modelos eléctricos y su demanda. Por ello, insta a vigilar el comportamiento industrial en los próximos meses y aboga por establecer políticas públicas que incentiven el mercado. Las plantas españolas también recortaron la producción de vehículos eléctricos en febrero, esta vez un 25% y alcanzaron las 12.763 unidades, situando su penetración respecto a los datos globales de producción en el 5,6%, lo que representa una cifra 1,9 puntos menor que un año atrás.

Hace dos años estalló la polémica: Bruselas incluía el gas y la energía nuclear como verdes en su Taxonomía, lo que hizo clamar voces de descontento en Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Alemania y, también, España. Desde entonces ha comenzado una guerra en Ucrania, los tipos de interés han escalado hasta el 4,5% y las sensibilidades hacia la energía nuclear dan señales de cambio. Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia están desplegando una nueva estrategia nuclear. En este contexto, incluso el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha dado un giro y está dispuesto a financiar esta energía, nada menos que con la exvicepresidenta del Gobierno español (opuesto a las nucleares) Nadia Calviño al frente: “Europa necesita estar activa en este aspecto porque no puede quedarse atrás”, ha declarado. Curiosamente, la vicepresidenta tercera española, Teresa Ribera, también opuesta a las nucleares, logró recientemente que se aprobara en Bruselas su propuesta para desbloquear la reforma del mercado eléctrico, en la que se incluía que los contratos por diferencia –beneficiosos para las energéticas– se puedan aplicar a las nucleares. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) insiste en que “alcanzar el ritmo de reducción de emisiones acorde con el Acuerdo de París […] requiere grandes aumentos en energías renovables, así como un aumento de la energía nuclear”. En su informe Nuclear Power in a Clean Energy System, dice que “la nuclear y la hidroeléctrica forman la columna vertebral de la generación de electricidad con bajas emisiones”. Sus previsiones para alcanzar el cero neto incluyen un crecimiento de la nuclear. 

El plan de pensiones del sector de la construcción pactado entre sindicatos y empresarios el año pasado ya ha cogido velocidad de crucero. En los que va de año, la plataforma de inversión colectiva gestionada por VidaCaixa ya ha incorporado a 28.083 empresas promotoras que dan cobertura a 195.000 partícipes. El objetivo de la patronal CNC y los sindicatos UGT y CCOO es llegar cuanto antes al millón de empleados beneficiados por esta fórmula pionera y atender 400.000 trabajadores autónomos. “El Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción, el primero en la historia de España a nivel sectorial, beneficiará en el corto plazo a un millón de trabajadores por cuenta ajena y podrá hacerlo a más de 400.000 autónomos. Ya se han empezado a hacer las primeras aportaciones y cada vez detectamos más interés por parte de las empresas. En 10 años, el volumen de este plan de pensiones será próximo a los 3.000 millones de euros”, señala Pedro Fernández Alén, presidente de CNC, la gran patronal del sector y firme defensora de este sistema de previsión social privado que ya están analizando otros sectores para ponerlo en marcha. La industria del metal, con la patronal Confemetal a la cabeza, quiere implantar un modelo similar que entre en funcionamiento en 2027. Anged, la patronal de la distribución, también analiza esta opción. 

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, dijo ayer que “es un problema” que no hayan salido adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año. “Es preocupante, porque la inversión [privada y pública] se parará”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió la semana pasada que no presentará los Presupuestos para este año. Por el contrario, decidió empezar a trabajar en los de 2025. Sánchez tomó esta decisión porque temía una negociación muy difícil para los Presupuestos de este año, ante la necesidad de obtener el apoyo de los independentistas catalanes. Tanto de ERC como de Junts. El momento es muy complicado porque el presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, convocó las elecciones catalanas para el 12 de mayo, lo que, con toda probabilidad, hubiese desatado una carrera entre los independentistas por ver quién sacaba más a Sánchez, a cambio del apoyo a los Presupuestos de 2024. En este contexto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dijo ayer que, “realmente, [la prórroga de los Presupuestos de 2023] no es una buena noticia”. “Más bien es preocupante, porque la inversión se parará, en un momento en el que se está hablando de inversiones ingentes. Posiblemente, las comunidades autónomas van a quedarse sin miles de millones de euros”, dijo el empresario, en referencia al reparto de los fondos europeos de regeneración. Entre 2021 y 2026, España va a recibir 160.000 millones de euros.

El anuncio de la mayor reestructuración de Deloitte en la última década aventura nuevos movimientos. La filial española que dirige en España Héctor Flórez se encuentra en un momento de reorganización interna para determinar quién dirige cada una de las nuevas áreas en las que se fundamentará el negocio de auditoría y consultoría. El consejero delegado global, Joe Ucuzoglu, trasladó el lunes, en una misiva interna, las líneas maestras del plan para homogeneizar la oferta de servicios en los 150 países en los que opera. Una decisión que tiene implicaciones directas en el organigrama nacional, cuya configuración se irá cerrando a lo largo de un año. Con la reestructuración, acordada por consenso interno y unanimidad del comité ejecutivo y en el consejo global, todas las firmas de Deloitte contarán con cuatro grandes divisiones. Ello conllevará un proceso de integración de las actuales cinco áreas (seis en el caso de España) para formar la nueva estructura. En concreto, las líneas de negocio serán auditoría y seguros (que se mantendrá igual); estrategia, riesgo y operaciones (que integrará los servicios de advisory, regulación, forensic, así como las capacidades en torno a M&A); fiscal y legal (que incluye también global employer services y BPS); y tecnología y transformación (centrada en la oferta vinculada a inteligencia artificial y dato, ciberseguridad, ingeniería, entre otros). Es más, con en esta última área, la firma busca acelerar el impulso de sus capacidades en inteligencia artificial a nivel mundial, donde ya se ha invertido 3.000 millones de dólares.

La inteligencia artificial (IA) deja de ser un territorio sin ley. La aprobación de la norma europea (AI Act) se aplicará gradualmente en los próximos dos años a todo sistema que se utilice en la UE o afecte a sus ciudadanos y será de obligado cumplimiento para proveedores, implementadores o importadores. En este sentido, la ley abre una brecha entre las grandes empresas, que ya han previsto las limitaciones a sus desarrollos, y las entidades menores que quieran desplegar modelos propios a partir de las crecientes aplicaciones de código abierto. Estas últimas, si no tienen capacidad de examinar sus sistemas, dispondrán de entornos de pruebas reglamentarios (sandboxes) para desarrollar y entrenar la IA innovadora antes de su introducción en el mercado. Pero su disponibilidad abre interrogantes sobre la capacidad de controlar sus usos, extendidos en la creación de pornografía no consentida y en campañas de fraude. “Nos aseguramos de que la tecnología de IA que creamos se hace de forma responsable y ética desde el principio. IBM ha estado trabajando con organismos gubernamentales de todo el mundo para fomentar regulaciones inteligentes y efectivas, así como para proporcionar barreras de seguridad para la sociedad”, asegura Christina Montgomery, vicepresidenta y directora de privacidad y confianza en la multinacional. Pilar Manchón, directora de estrategia de investigación en IA de Google y consejera del comité de asesoramiento del Gobierno español, coincidió con esta apreciación durante un encuentro en la Universidad de Sevilla. “Necesitamos regulación porque la IA es demasiado importante para no tenerla. Hay que desarrollar la IA, pero hay que hacerlo bien”. La investigadora sintetiza las premisas incluidas en el AI Principles: “Es muy fácil de resumir: no hagas cosas malas, haz cosas buenas, y si vas a hacer algo, asegúrate de que va a tener un impacto positivo en la comunidad, en la sociedad, en la comunidad científica. Y, si potencialmente puede hacer algo que no es para lo que lo usaste o para lo que lo diseñaste, asegúrate de tomar todas las precauciones necesarias y mitigar los riesgos. Innova, sé audaz, pero de forma responsable”.

Diecisiete años después, el Banco Central de Japón decidió ayer subir los tipos de interés de referencia a corto plazo hasta el 0,1%, dando un vuelco a una política monetaria que se mantenía de forma casi crónica en terreno negativo con la intención de reflotar una economía anquilosada. A medida que el país asiático deja atrás la deflación, y ante la perspectiva de una recuperación “moderada”, la autoridad bancaria anunció ayer que ha optado por un golpe de timón que subirá los costes de endeudamiento a empresas y particulares. El de Japón era el último de los bancos centrales del globo que mantenía tasas negativas, lo que pone el punto final a una época en la que los responsables políticos de todo el planeta trataron de empujar el crecimiento mediante dinero barato y heterodoxia monetaria. El Nikkei, principal indicador de la Bolsa de Tokio, cerró la sesión con un alza del 0,7%, mientras que el yen se depreció frente al dólar y el euro. “En la reunión de política monetaria celebrada [ayer], el Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón evaluó el círculo virtuoso entre salarios y precios, y consideró que se vislumbraba que el objetivo de estabilidad de precios del 2% se alcanzaría de forma sostenible y estable”, justifica el organismo en un documento publicado tras tomar la decisión, que no ha sido unánime (siete a dos). Esta medida simbólica indica que la institución financiera, considerada de tendencia pesimista, camina hacia una normalización de su política monetaria, que los analistas aún prevén lenta: el propio banco ya indica en su comunicado que dadas las “actuales perspectivas de la actividad económica y los precios [...] las condiciones financieras acomodaticias se mantendrán por el momento”.

«Los océanos producen el 50% del oxígeno y absorben el 70% del dióxido de carbono. Por eso un océano saludable es un planeta saludable», suele decir Ibon Cancio, investigador del Centro Marino de Plentzia, cuando se le pregunta sobre la importancia de los océanos para la salud del planeta. Si una no está bien, la otra tampoco. Así lo certifica el informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) presentado ayer. Por un lado, confirma que el año 2023 fue el más caluroso del que se tiene registro, con una temperatura media de 1,45 grados por encima de la media de la era preindustrial. Por otro, revela que la temperatura de los océanos también superó todos los récords, con un aumento continuado desde hace dos décadas. «El planeta está al borde del colapso», subrayó António Guterres, secretario general de la ONU. «El cambio climático va mucho más allá de las temperaturas. Lo que presenciamos en 2023, sobre todo en relación con el calentamiento de los océanos, el retroceso de los glaciares y la pérdida de hielo marino antártico sin precedentes, es motivo de especial preocupación», advirtió Celeste Saulo, secretaria general de la OMM.