20240514

Carles Puigdemont morirá matando. Existe una remota posibilidad de que vuelva a ser presidente de la Generalitat y su intención es agotarla hasta las últimas consecuencias y, de paso, hacer todo el daño posible a ERC, partido que ha quedado muy tocado en las elecciones catalanas y al que el líder de Junts quiere dar la estocada final. No sin antes recordar a Pedro Sánchez que Junts tiene la llave de la gobernabilidad en España. En una jugada arriesgada, Puigdemont anunció ayer que se presentará a la investidura. En realidad, no depende de él. Ya ocurrió en la pasada legislatura. Salvador Illa ganó las elecciones y se postuló para la investidura, pero la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs, le cerró el paso y no le propuso formalmente como aspirante. Puigdemont asegura que tiene opciones, que no busca hacer teatro y que ya ha iniciado contactos con ERC. «Me veo como presidente», afirmó desde Argelet, en Francia, donde su equipo diseña el camino de vuelta a casa, que ha de producirse en las próximas semanas en cuanto sea amnistiado y se convoque el pleno de investidura. La cuestión espinosa es que si hay dos candidatos a la investidura, que los habrá porque Illa también se postula, el presidente del Parlament debe elegir. De ahí que la negociación decisiva en estos momentos es la de la Mesa de la Cámara, que debe constituirse antes del 10 de junio. A pesar de la victoria clara en votos y escaños del PSC, que obtuvo 42 diputados frente a los 35 de los junteros, Puigdemont cree que tiene «más opciones» para salir elegido en segunda ronda que Illa. Para ser investido presidente en primera vuelta hace falta sumar una mayoría absoluta de 68 diputados como mínimo, mientras que en la segunda basta con una simple, es decir, más síes que noes. Sus cuentas pasan por sumar con ERC y la CUP (59 en total). Illa, por su parte, tendría amarrados 48 (sus 42 más los 6 de los comunes). Pero si el candidato socialista sumara a la ecuación a los populares, como en el Ayuntamiento de Barcelona, y Vox se abstiene, las cuentas de Puigdemont ya no saldrían. Illa, además, tiene la bala del tripartito de izquierdas si ERC se decanta por el PSC en lugar de pactar con Junts. Ahí está una de las claves del movimiento de Puigdemont. No solo quiere vestir con algo más de épica su retorno. También quiere presionar al máximo a ERC: les pide que no pacten con el PSC, que se sumen a una posible entente independentista para formar un gobierno «de obediencia catalana» y, si sale mal, al menos habrá reconstruido los puentes para concurrir juntos en un frente secesionista para intentar derrotar a Illa en caso de repetición electoral.

Las elecciones catalanas se han seguido desde Euskadi con frialdad y hasta con indiferencia pero sus resultados, o más bien sus consecuencias, inquietan a los nacionalistas vascos por distintas razones. La fundamental es el factor de inestabilidad –otro más– que la victoria contundente, y envenenada, de Salvador Illa introduce en la política española. Ya lo avisó Iñigo Urkullu: la legislatura de Pedro Sánchez tenía todas las papeletas para acabar abruptamente en tiempo récord porque es difícil sostener una mayoría en la que se necesita a todos todo el tiempo. El órdago de Carles Puigdemont, que ya ha anunciado que se presentará a la investidura y redobla así la presión sobre ERC y sobre Sánchez, preocupa a los socios del presidente, entre los que se cuentan PNV y Bildu, porque incrementa de manera exponencial una posibilidad que ya se temían desde hace meses, sobre todo los jeltzales: unas elecciones generales anticipadas el próximo otoño. El PNV reaccionó de madrugada al escrutinio con un mensaje en X de Andoni Ortuzar, en el que se felicitaba por los «buenos resultados» de Junts tras una campaña «difícil» y «reconocía» la victoria de Illa. «Es la hora de la política, del diálogo y de la capacidad de fraguar acuerdos entre diferentes, buscando lo mejor para la nación catalana», enfatizó el presidente del EBB, que finalmente no ha participado en la campaña de Junts y que ve en el alero el escaño de Oihane Agirregoitia en las próximas europeas precisamente por la imposibilidad de reeditar la coalición con los posconvergentes. Los jeltzales no especifican a qué se refieren con esa apelación a los pactos transversales pero son conscientes de que la única manera de garantizar que la legislatura de Sánchez continúe es que Puigdemont sea presidente con el apoyo de ERC y la aquiescencia del PSC. Pero también de las enormes dificultades que para Moncloa entraña una operación política que obligaría a restituir al frente del Govern al ideólogo principal del ‘procés’ tras unas elecciones que, en principio, han servido para enterrar el desafío soberanista. «Lo que queda claro es que los destinos de Puigdemont y de Sánchez están unidos y que, si uno cae, el otro también», apuntan.

La tensión por avanzar hacia la descarbonización de la economía ha puesto en evidencia la necesidad de una estrategia de defensa frente a la invasión industrial china y sus tecnologías de almacenamiento de energía y de automoción eléctrica. Además, la Unión Europea ha visto el problema de no tener una política común industrial que evite la pérdida de competitividad, como alerta el que fuera primer ministro italiano, Enrico Letta, en su informe a los jefes de Estado de los Veintisiete. Y en ese contexto los datos de la balanza comercial vasca no hacen más que confirmar el aumento de la dependencia que tiene la economía de Euskadi de China. Así, en solo cuatro años, desde antes de la pandemia, las compras al gigante asiático han crecido un 55%. Las empresas del País Vasco adquirieron productos en China en 2023 por valor de 2.104 millones. Son más que las importaciones realizadas a Estados Unidos (1.800 millones) y prácticamente las mismas que a Francia, donde las compras de Euskadi ascienden a 2.142 millones, solo 40 más que al país presidido por Xi Jinping. Unas cifras que solo supera Alemania con 3.970 millones. El impacto de estas compras a China ha aumentado el déficit de la balanza comercial –la diferencia entre las exportaciones y las importaciones– un 66%, hasta los 1.397 millones frente a los 840 de 2019. Los datos confirman que Euskadi no es una isla y sufre la misma problemática que la UE ya ha comenzado a intentar limitar cuando todavía resuenan los ecos de la visita la semana pasada del mandatario chino, Xi Jinping. Y es que el análisis de las secciones arancelarias con más movimiento entre el gigante asiático y el País Vasco evidencia la dependencia crítica en elementos clave relacionados con la industria del coche eléctrico, la energía o las baterías. Así, uno de cada tres euros de los que destinaron las empresas vascas el pasado año a compras en China fue para material eléctrico destinado a la generación de energía y a elementos críticos de electrónica. Fueron 633 millones y supusieron multiplicar por dos la cifra de 2019. El siguiente arancel con mayor cantidad de importaciones fue el de maquinaria y partes de estos dispositivos empleados en máquina herramienta. Un total de 295 millones, un 36,4% más que antes de la pandemia. Los coches han sido otra de las partidas con más crecimiento. Un aumento del 66% con 115 millones destinados en 2023 para la compra de vehículos. Se deja notar también en la aduana la eclosión de marcas como MG, así como la llegada de eléctricos enchufables a precios muy competitivos como los de ByD, Omoda o Geely.

Los cambios fiscales en materia de vivienda no fueron los únicos que se trataron ayer en las diferentes ponencias fiscales que se están tratando estas semanas en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Tras el viceconsejero y el director de Planificación de Vivienda del Gobierno Vasco fue el turno de la Cámara de Gipuzkoa, con la comparecencia del director general, Javier Zubia, acompañado por los asesores fiscales David Hermo e Iñigo Garmendia. La Cámara presentó un informe basado en la competitividad empresarial del tejido económico del territorio, con la eliminación del impuesto de Patrimonio como eje principal. Y es que según un informe de Tax Foundation sobre Competitividad Fiscal, España se sitúa en penúltimo lugar de un total de 38 países. Solo Noruega y Suiza mantiene, junto a España, el impuesto de Patrimonio, que grava la riqueza de las personas físicas. «Se trata de un tributo nada atractivo en Gipuzkoa, y en ese sentido sugerimos la supresión de este impuesto para que estos empresarios que generan riqueza en nuestro territorio no se vayan a otras regiones. Se trata, en definitiva, de un tributo que no acabar de gravar de forma justa ni necesaria la capacidad justa de los contribuyentes. Alternativamente, y sabiendo que es difícil, planteamos un tributo similar al impuesto de Solidaridad y Grandes Fortunas, con una cuota del 0% hasta los 3,2 millones de euros».

El mayor ciberataque en la historia de Álava. Un grupo organizado ha conseguido acceder a los servidores de una importante consultoría alavesa y apoderarse de los datos internos de alrededor de 400 clientes, la mayoría empresas vascas. Según ha podido saber este periódico, los ciberdelincuentes llegaron a exigir un rescate económico por devolver la información conseguida a los responsables de esta firma especializada y dependiente de una multinacional. El ataque informático se perpetró hace diez días. Los ‘hackers’ se las ingeniaron para romper el sistema de seguridad de esta filial. Una vez dentro accedieron a las bases de datos internas, con información confidencial sobre centenares de clientes. Copiaron esos archivos, los ‘secuestraron’ y la infiltración alcanzó tal magnitud que, siempre según las fuentes consultadas, incluso llegaron a controlar temporalmente el sistema informático interno. Al menos durante los siguientes tres días, impidiendo así el normal funcionamiento de esta compañía. Sus responsables presentaron una denuncia ante la Ertzaintza, cuerpo encargado de investigar este ciberataque, nada habitual por estos lares dado el tamaño de la empresa ‘hackeada’. Según relataron ayer portavoces autorizados de esta sociedad atacada, el problema fue subsanado y la información recuperada. Los ‘hackers’ exigieron un pago económico a la firma para devolverle los datos confidenciales sustraídos en la actualidad trabajan en el refuerzo de su seguridad, para evitar que pueda darse de nuevo un ciberataque similar. Las primeras pesquisas policiales apuntan a un caso de ‘ransomware’, anglicismo que se traduciría como secuestro de datos. Se trata de una extorsión iniciada a través de la introducción de algún programa dañino, generalmente oculto en algún correo electrónico o mensaje de texto, en algún equipo de la empresa diana. Es decir, ordenadores de mesa, portátiles o dispositivos móviles. Los ciberladrones suelen exigir un pago económico por devolver el control a la empresa ‘hackeada’.

Es una de las grandes obras públicas de la historia de Bizkaia. La construcción del espigón central del Puerto de Bilbao lleva más de diez años de trabajos y encara ahora la parte final de su segunda fase. Para contribuir al remate de este proyecto, el Gobierno central inyectará hoy 55,4 millones de euros. El gasto se aprobará en el transcurso de una nueva sesión del Consejo de Ministros. Con este dinero será posible ganarle 31,2 hectáreas de terreno al mar, además de algo más de un kilómetro de diques para el amarre de buques. En concreto, se pondrán en marcha dos nuevos muelles: el A-3 (664 metros) y el A-4 (347). El calado de ambos será de 21 metros. Para su construcción, el espigón central necesitará de un acopio ingente de materiales y excavaciones. Gran cantidad del sobrante de otras obras públicas del territorio se están vertiendo en este lugar. De hecho, hay un plan para llevar allí parte de las rocas y tierra excedente del subfluvial, la carretera que la Diputación quiere construir bajo la ría. Con el espigón, el Puerto podrá hacer frente a la demanda de empresas que desean establecerse en la zona franca. Fuentes del Ministerio de Transportes destacaron que, gracias a esta obra, se avanzará «en el tráfico de mercancías de todo tipo, incluyendo tráfico ro-ro (en referencia a buques que transportan camiones), así como para el desarrollo de proyectos de empresas eólicas». En una comparecencia durante el pasado febrero, el director del Puerto de Bilbao, Ricardo Barkala, destacó la importancia del nuevo espigón central para el desarrollo futuro de esta infraestructura. En este sentido planteó que «hay más demanda que oferta» para asentarse en suelo de la zona franca. Apuntó que el 95% de lo ya construido está ocupado. El Puerto de Bilbao atraviesa un buen momento en cuanto a la recuperación del tráfico.

La aplicación de la ley, una oportunidad para acercarse aún más a las demandas de la sociedad. 2023 fue un año de hitos para la FP vasca. Por un lado se dieron pasos decisivos para convertir todos los itinerarios formativos en duales –en alternancia entre el centro de estudios y el centro de trabajo, un modelo que sirvió como base para la Ley de Formación Profesional impulsada por el Gobierno central el año pasado–. Además, se avanzó en la inmersión en el mundo laboral de estudiantes de primer año, mientras que los estudiantes de segundo y tercer año en prácticas empezaron a cotizar a la Seguridad Social. En marzo de este año, 12.000 alumnos y alumnas de FP estaban ya dentro del sistema de pensiones –para verano se espera incluir a 11.000 más–, una nueva obligación, enmarcada dentro de la Ley General de Seguridad Social de cotizar prácticas no remuneradas como una medida para que los jóvenes vayan acumulando tiempo de cotización. Por otro lado, la oferta de ciclos formativos y cursos de especialización se incrementó en casi un 25% para dar respuesta a los cambios y avances que se han producido en diferentes sectores que requieren perfiles emergentes relacionados con la ciberseguridad, la industria 4.0, la inteligencia artificial, el Big Data, la biociencia o la integración social y sanitaria. Tras un curso en el que se matricularon 24.916 personas en la FP, alcanzando casi los 50.000 estudiantes en sus 23 familias profesionales, esta opción educativa ha conseguido un 89% de empleabilidad. Las cifras demuestran un año más que la FP es una maquinaria bien engrasada que funciona gracias a las correas de transmisión entre los centros formativos y los centros de trabajo.

La universalización de este modelo conlleva retos y muchas oportunidades. 2024-2025. Ése es el curso en el que todas las FP pasarán a tener un carácter dual, según la ley estatal aprobada en 2022. A partir de septiembre, todos aquellos que se matriculen en un ciclo, ya sea básico, medio o superior, tendrán sus prácticas en empresas desde el primer curso. Por ello, los centros ya llevan meses en contacto con la viceconsejería de Educación para tenerlo todo listo. Es cierto que en Euskadi, como tal, no es una novedad. De hecho, la norma pone al territorio como referencia. Todas las partes implicadas llevan tres años inmersas en una transición para que esto fuera posible. Y todos coinciden en lo positivo de la experiencia. Eso no quiere decir que no surjan contratiempos. «Es la forma de localizarlos. Si no lo ponemos en marcha no podríamos detectarlos y buscar una solución», defiende Julen Elgeta, presidente de Hetel, la asociación que reúne a 32 centros concertados de FP. Los problemas más destacados tienen que ver con las prácticas. Primero por lograr que todos los matriculados las tengan garantizadas, pero también porque algunos son menores y las cotizaciones a la Seguridad Social pueden suponer un quebradero de cabeza para algunas compañías. «Se trata de una modalidad que exige más compromiso a las partes, pero creemos que cada vez va a haber más interés. Hay que tener en cuenta que, ya en la actualidad, el 100% del alumnado de Formación Profesional se forma en la empresa», sostienen desde Confebask. Un punto en el que coincide Ikaslan Bizkaia. Todos muestran su optimismo con que se logrará dar espacio a todas las demandas. «Esto no se trata de dar naranjas, sino de cuidar el naranjo entre todos. El aprendizaje y la formación es un compromiso de centros de FP y empresas.Y luego es una inversión, ya que formas futuros profesionales», asegura Elgeta. Algo en lo que coincide Confebask, que más que verlo como una obligación cree que «hay que pensar en ello como una oportunidad». 

Los sindicatos LAB, UGT, ELA, CGT, OSTA, ESK y GTI han firmado un acuerdo para la constitución del Comité Europeo de CAF, que "posibilita a Euskal Herria participar como sujeto". Tras ratificarse esta propuesta y darse la mayoría necesaria, la mesa de negociación quedará conformada por los seis sindicatos mayoritarios del Estado, designando un único representante cada uno. En un comunicado, LAB ha explicado que, hace unas semanas, se puso en marcha el proceso de constitución del comité europeo de CAF a petición de los sindicatos de Polonia y Francia. En este comité participarían la dirección y los distintos sindicatos europeos. Según ha señalado, este foro "no tendría competencias para tomar decisiones sindicales vinculantes", sino que tendría como objetivo "recibir información por parte de la dirección y disponer de un espacio de debate". 

La crisis de sobreproducción en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja empieza a hacer mella en el núcleo del negocio vinícola de la comarca: las propias vides. En el último año 180 hectáreas de viñedos alaveses inscritos ante el Consejo Regulador han desaparecido de un plumazo. Así se desprende de la memoria que anualmente presenta la entidad presidida por Fernando Ezquerro. El informe de 2023, que se analizó la pasada semana en la sede del Consejo en Logroño, presenta las estadísticas de un año en el que, de nuevo, las ventas cayeron de forma relevante. «No ha sido un año bueno», es el lamento que volvía a escucharse en la reunión del ente gestor de la DOCa. El creciente excedente en las bodegas hunde el precio y, por tanto, elimina la rentabilidad y el interés por producir vino. Hasta el punto de que, según el sindicato agrario Unión de Uniones, en verano el kilo de uva tinta llegó a estar a un precio de 75 céntimos que se desplomaba hasta los 60 en el caso de la uva blanca. No hay que olvidar, además, las cartas que envió la DOCa Rioja el pasado verano advirtiendo a algunos viticultores de supuestos excesos de producción que incluso podían llevarles a perder la prestigiosa etiqueta de Rioja. Según el Consejo Regulador, la comarca ha perdido 172 hectáreas, pero en ese recuento la denominación no tiene en cuenta los viñedos que se han acogido a la cosecha en verde. En otra contabilidad, desglosada pueblo a pueblo, la cifra se eleva hasta las 180, según el cómputo realizado por este periódico. Sea cual sea la cifra elegida, la realidad es que Rioja Alavesa no había perdido tantas hectáreas de viñedo desde hace cuatro décadas; desde 1984, que es cuando arranca el recuento estadístico que figura en la memoria institucional, Lo más cerca que se estuvo de esa debacle es 2018 –cuando se llegaron a borrar de un plumazo 160 hectáreas–.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró nulo el despido de un trabajador por «discriminación» que estuvo dos años de baja médica tras un accidente de trabajo. La sentencia obliga a la empresa a readmitir al operario y a indemnizarle con 12.000 euros y aplica por primera vez el fallo del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a las compañías a cambiar de puesto al trabajador afectado. El fallo responde a una demanda presentada por los servicios jurídicos de CC OO de Euskadi a raíz del despido del trabajador R.L.R., perteneciente a la empresa Redes CAAB Oeste UTE Gestagua Intxausti, subcontrata del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para la actividad de conservación de las instalaciones y conducciones de la red primaria de abastecimiento. El empleado sufrió un accidente en su puesto de trabajo que originó una patología de rodilla, debido a la cual, el trabajador encadenó sendos periodos de baja médica que abarcan un total de dos años. Tras la reincorporación, el trabajador fue declarado «no apto» por el servicio de prevención, siendo posteriormente despedido por la empresa, alegando la «imposibilidad de adaptarle» el puesto de trabajo. El TSJPV estima que, en el caso juzgado, la empresa «no realizó ninguno de estos ajustes o esfuerzos razonables», por lo que no puede extinguir el contrato del trabajador, así como que «la decisión empresarial vulneró la normativa comunitaria que protege al demandante de cualquier discriminación por razón de discapacidad».

Los grandes fondos inversores de Sabadell no respaldarán una acción defensiva de Sabadell para tumbar la opa de BBVA. Así se desprende de los documentos de política de voto de las gestoras de fondos con mayores inversiones en el capital del banco, que marcan sus decisiones de voto en las juntas. Ante la oferta hostil de BBVA lanzada la semana pasada tras ser rechazada una primera propuesta días antes, Sabadell tiene pocas bazas de defensa para tratar paralizar o ralentizar la opa. La Ley de Mercado de Valores introdujo en el sistema dos excepciones a la regla del deber de pasividad del consejo la compañía pretendida. Por un lado, permite a las compañías la opción de buscar ofertas competidoras, una acción que comúnmente se conoce en el sector como la búsqueda de caballeros blancos. Y por otro, da la posibilidad de plantear a la junta general de accionistas la adopción de medidas defensivas. “Desde el anuncio público de una oferta pública de adquisición y hasta la publicación del resultado de la oferta [...] deberán obtener la autorización previa de la junta general de accionistas, antes de emprender cualquier actuación que pueda impedir el éxito de la oferta, con excepción de la búsqueda de otras ofertas”, explica la normativa española. Sabadell no podrá, por tanto, salvo que cuente con el permiso de la junta, emitir nuevos valores, promover otras operaciones que afecten a sus acciones, vender activos o repartir dividendos extraordinarios.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aprovechó ayer su cita en Bruselas con el Eurogrupo para trasladar al BCE la preocupación del Gobierno por el “posible efecto lesivo en términos de competencia” de la opa hostil de BBVA para hacerse con el control de Sabadell y absorberlo posteriormente. En declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión del Eurogrupo, Cuerpo explicó que abordó el tema con Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, que también asiste al encuentro, en una reunión bilateral. Además comentaron la “buena salud” del sistema financiero español, añadió. Claudia Buch, que tomó posesión de su cargo el pasado 1 de enero, acudió ayer a su primer Eurogrupo. En un descanso entre reuniones, y a petición del ministro de Economía, Buch mantuvo una conversación corta en la que Cuerpo le trasladó sus argumentos para oponerse a la opa. Buch, por su parte, le aclaró cuál es el papel del supervisor en este tipo de operaciones y cuál es el ángulo de análisis que utilizan para dar o no luz verde a las fusiones bancarias: el supervisor pone siempre la lupa en cuestiones de solvencia y de gobernanza. No tiene en cuenta consideraciones de concentración bancaria en sus autorizaciones a las fusiones. La autorización del BCE es una de la decena larga de plácets regulatorios necesarios en integraciones entre bancos de tamaño significativo. Y todavía no se ha pronunciado de forma oficial respecto a esta operación.

Con BBVA y Sabadell en el ojo del huracán, las operaciones corporativas entre entidades vuelven al foco y, con ello, se ha iniciado un debate sobre la concentración del sector en España y los efectos que podría causar la nueva compra. Según los datos manejados por el Banco Central Europeo (BCE), a cierre de 2022 los cinco mayores bancos españoles se repartían el 69,59% de todos los activos. Esto supone que, bajo este parámetro que la autoridad monetaria utiliza para medir la concentración bancaria y que actualiza cada año, España estaría por encima de la media de la zona euro (68,27%). Pero no solamente eso. Entre los grandes países de la región, el sector bancario español es el más concentrado con una enorme diferencia respecto al resto. Utilizando la misma vara de medir, la concentración en Italia sería del 50,5%, frente al 46,62% de Francia y el 35,01% de Alemania. El diferencial entre España y el resto de las grandes economías del euro se ha ido ampliando con el paso de los años y la desaparición, a través de distintas operaciones de fusión y compra, de gran parte de las cajas de ahorros y de una parte de los bancos tras la crisis financiera global. De hecho, en 2007 el porcentaje de activos en manos de las cinco mayores entidades españoles era de un 41%, lo que suponía apenas nueve puntos porcentuales más que Italia y 20 más que Alemania. Respecto a Francia, antes de la crisis el diferencial era favorable a España en algo más de 10 puntos porcentuales. La posible compra de Sabadell por parte de BBVA volvería a incrementar el porcentaje de concentración bancaria en España. Con la integración de la entidad que dirige César González-Bueno en BBVA, Unicaja pasaría a formar parte del nuevo Top 5 con el que se mide la concentración y añadiría sus casi 100.000 millones en activos.

La universidad –al menos algunas titulaciones– arrastra desde hace años el ‘sambenito’ de que no tiene salida laboral. Sin embargo, los datos muestran una realidad diferente. De los 437.000 nuevos empleos para jóvenes de entre 22 y 29 años creados entre 2013 y 2023, casi ocho de cada diez –345.000, el 79%– fueron ocupados por universitarios, lo que supone un 58% más. Esto, desde el punto de vista cuantitativo. Desde el cualitativo, el incremento ha sido aún mayor, ya que el 91% de estos trabajos – 315.000– son altamente cualificados, lo que lleva aparejadas mejores condiciones salariales. Así lo refleja el informe ‘La inserción laboral de los universitarios: 2013-2023: evolución, diferencias por estudios y brechas de género’, publicado por la Fundación BBVA y Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). «Los resultados del estudio cuestionan los diagnósticos injustificadamente pesimistas sobre las oportunidades laborales de los titulados universitarios en España», aseguran los autores, que subrayan la persistencia de la brecha de género: las mujeres, pese a suponer seis de cada diez egresados universitarios (que terminan sus estudios), tienen menor presencia en trabajos muy cualificados y cobran menos. Tres son los aspectos donde se manifiesta la mejoría en la empleabilidad de los titulados universitarios: tasa de paro, ajuste entre formación y ocupación, y los salarios. En el primero de ellos, el desempleo se ha reducido a menos de la mitad, desde el 29,2% de 2013 a un 12,5% diez años después. También cayó el porcentaje de jóvenes titulados que ocupan puestos de trabajo por debajo de su formación. En este caso los porcentajes se han reducido ocho puntos, pasando del 30% al 22%. En cuanto a los salarios, las tres cuartas partes de estos trabajos se concentran en cinco sectores: las actividades profesionales, científicas y técnicas (23%), las actividades sanitarias y servicios sociales (21%), la información y las comunicaciones (12%), la industria manufacturera (11%) y la educación (9%). En estos cinco sectores se concentra el 82% de los mencionados 315.000 empleos altamente cualificados, lo que se refleja en las nóminas. Un 91,8% de los licenciados en Medicina ganaban 1.500 euros netos o más al mes tres años después de terminar los estudios. El mismo porcentaje de ingenieros aeronáuticos obtenían esos ingresos. Les siguen en el ranking de renta los ingenieros navales, informáticos, ingenieros industriales y electrónicos. En el polo opuesto se encuentran los titulados en Arqueología: solo uno de cada diez tenían una nómina de un mínimo de 1.500 euros mensuales.

El Gobierno anunció ayer que negociará con la patronal y los sindicatos un cambio en la orden ministerial que entró en vigor el 1 de mayo y que ha suscitado polémica, al permitir a los que fueron becarios antes de 2006 recuperar hasta cinco años de cotización a la Seguridad Social siempre que asuman el pago de las cotizaciones tanto del empleado como del empleador y se apliquen sobre la base mínima de cotización actual, lo que en algunos casos podría dar lugar a pagos de hasta 15.000 euros. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, anunció al término de la reunión que estaba prevista con UGT, CCOO, CEOE y Cepyme sobre pensiones, que han decidido abrir una negociación en el diálogo social para atender las críticas de la comunidad científica. La orden ministerial entrará en vigor el 1 de junio, así que las conversaciones deben sucederse con celeridad para modificarla a tiempo. Los sindicatos piden un cambio en el planteamiento que se articula en torno a dos ejes: por un lado, una reducción de las cuantías que tendrían que pagar los investigadores. Aunque no han hablado de cifras, sí han dicho que el punto de partida debería ser una orden semejante del año 2011 que permitió a los científicos recuperar dos años de cotización pagando las cuotas aplicables a la base que tenían en el momento de realizar esas prácticas, lo que daba lugar a cuantías más moderadas. Ahora se calculan sobre la base mínima de cotización actual, que está en 1.323 euros al mes. Por otro lado, solicitan que en algunos casos se aplique flexibilidad al elegir el periodo de años cotizados, pudiendo ser superior a cinco en algunos. Las patronales no tienen un planteamiento dispar del de los sindicatos, ya que la normativa no afecta a las empresas. 

Las Big Four vuelven a mejorar sus resultados con más de 3.200 millones de euros de facturación conjunta. Las cuatro principales firmas de servicios profesionales (Deloitte, PwC, EY y KPMG) se anotaron en el último ejercicio fiscal unos ingresos agregados de 3.220 millones, un 11,9% más con respecto al anterior ejercicio y el mayor crecimiento experimentado desde 2008, según el ránking elaborado por Expanión a partir de los datos aportados por más de cuarenta compañías del sector. Si se compara con las cifras pre-Covid, estas empresas facturan ya casi 800 millones más que en 2019. Al frente de la clasificación se consolida Deloitte que, por primera vez, ha roto la barrera de los mil millones de facturación (1.067,8 millones de euros), tras crecer un 9,5% en el pasado ejercicio fiscal, que finalizó el pasado 31 de mayo de 2023. La firma, que ha llevado a cabo una reorganización de sus áreas a nivel global, obtuvo una facturación en el negocio de tecnología y transformación de 477,4 millones de euros, un 12,4% más en términos comparables. Le sigue la división de estrategia, riesgo y transacciones, que ingresó 205,6 millones (+8,2%). Ambas divisiones, que ofrecen asesoramiento a clientes, facturaron en conjunto 683 millones de euros el pasado ejercicio. En auditoría Deloitte ingresó 184,7 millones, un 5,9% más, y en fiscal y legal facturó 200,1 millones, un 7,5% más. Le sigue PwC con unos ingresos de 794,5 millones de euros (+10,4%). La principal línea de negocio de la compañía es auditoría, con 337,6 millones de euros (+10,2%), donde han ganado las cuentas de Merlin, Abanca, Eroski y Applus. El área de consultoría crece hasta los 256,3 millones (+8,9%) y la división de asesoramiento legal y tributario genera 200,6 millones de euros de facturación (+12,9%).

El tirón de la demanda que experimenta el transporte aéreo no cesa y las compañías aéreas van a seguir reforzando sus flotas en los próximos diez años, aunque a un ritmo algo más lento de lo previsto antes de la crisis sanitaria. Así lo anticipa la consultora Oliver Wyman en su informe Global Feet & MRO Market Forecast 2024-2034, en el que augura un incremento del 28% en la escuadra mundial de aviones, hasta superarse las 36.400 aeronaves en el inicio de 2034. Con 8.000 unidades más que hoy, el crecimiento anual sería del 2,5% de cumplirse la estimación, bajando desde el 2,9% previsto el año pasado, entre otras cosas, por la presión de los altos tipos de interés sobre el crecimiento económico. Airbus se consolida como favorito a sostener el cetro mundial entre los fabricantes. Una mayor flota global se traduce en un boyante negocio de mantenimiento, reparación y revisiones, que los analistas de Oliver Wyman cifran en 124.000 millones de dólares (unos 115.000 millones de euros) al final del periodo (104.000 millones de dólares en este 2024). Este año viajarán en aviones comerciales unos 4.700 millones de personas, según cálculos de la asociación de aerolíneas Iata, por encima de los 4.500 millones de usuarios de 2019. La recuperación del pulso en los aeropuertos también se traduce en la generalización de los beneficios entre las compañías aéreas, con un margen de resultado neto previsto en un 2,7%, desde unas ganancias de 25.700 millones de dólares (23.300 millones en 2023, con un margen del 2,6%). Con los gigantes Airbus y Boeing al límite de sus capacidades de producción, la empresa europea trata especialmente de adaptar sus líneas a un mayor ritmo de entregas. Oliver Wyman ve a Airbus como líder sólido en los diez próximos años, con una cartera de 8.000 aviones de fuselaje estrecho frente a los 5.000 de Boeing. 

Cepsa ha sellado una alianza con los fabricantes alemanes Thyssenkrupp Nucera y Siemens Energy para el suministro de equipos de electrólisis para la planta de 400 megavatios (MW) de la primera fase del Valle Andaluz del hidrógeno verde que está desarrollando, junto a Fertiberia, en su Parque Energético La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva). Es el mayor pedido hasta ahora del sur de Europa de este tipo de maquinaria, clave para la futura producción de hidrógeno. Cepsa abre así un nuevo frente en la carrera comercial de esta nueva energía. Los electrolizadores van a ser el cuello de botella en la producción de hidrógeno cuando esta carrera se desate. Según los acuerdos, que han sido anunciados con motivo de la Cumbre Mundial del Hidrógeno de Róterdam, Thyssenkrupp Nucera suministrará su tecnología alcalina de electrólisis de agua, incluidas 15 unidades electrolizadoras de 20 MW cada una –con un total de 300 MW–. Por su parte, Siemens Energy aportará su tecnología de electrólisis para los 100 MW restantes. Cepsa indicó que ambos acuerdos de reserva de electrolizadores están sujetos a la decisión final de inversión, “que adoptará en función de la concreción de las ayudas que se puedan adoptar y la finalización de los proyectos de ingeniería básica y contratos con terceros”.

Artículo de Jordi Sevilla: "La energía nuclear está regresando con fuerza en el mundo. Lo acaba de decir el director general de la Agencia Internacional de la Energía. Quizá por eso, la presidenta de la Comisión Europea se ha mostrado abierta, en una reciente visita a República Checa, a la idea de aprobar subvenciones industriales en el ámbito de la energía nuclear a aquellos países que decidan apostar por ella en su estrategia nacional de transición energética. Aunque la división entre quienes defienden Nucleares, no gracias y aquellos que piden Más nucleares, por favor sigue siendo importante en toda Europa, sobre todo después de que la guerra de Ucrania mostrara los riesgos de la dependencia europea del gas ruso, la política energética europea ha incluido la nuclear por cumplir los tres criterios: competitividad, seguridad de suministro y sostenibilidad. Incluso el BEI estudia incorporarla a sus líneas de créditos. Líderes y delegaciones de 30 países se reunieron en marzo en Bruselas para promover el papel de la energía nuclear en la reducción de emisiones de CO2, siguiendo el impulso dado en la COP28. Algo impensable hace unos años. Lo mismo que su inclusión en la Taxonomía de Financiación Sostenible presentada por la Comisión y aprobada por el Parlamento Europeo: invertir en nuclear es, ahora, verde en Europa, donde hay 150 reactores activos y otros en construcción, que generan el 30% de la energía europea... Si la energía nuclear está regresando como una opción más, es por otras tres razones fundamentales: sin la nuclear no podemos alcanzar los objetivos climáticos a tiempo; la nuclear refuerza la autonomía energética de Europa y, además, es la energía preferida por los gestores de los sistemas eléctricos para dar firmeza al sistema y cubrir los huecos de generación que tienen la solar y la eólica. Poniendo el ejemplo de España, hay demanda de electricidad 8.760 horas al año. La solar y la eólica, juntas, pueden cubrir, en promedio, poco más de la mitad. ¿Cómo cubrir el resto?..."

El Tribunal Constitucional de Portugal ha declarado nulo un gravamen energético que el país puso en marcha en 2014 para algunas compañías energéticas y cuyas características son similares al impuesto extraordinario que España aplica desde 2022, y que pretende hacer permanente. La Corte de Portugal ha tumbado el CESE (contribución extraordinaria que grava al sector energético en el país vecino) por considerar que su aplicación «vulnera el principio de igualdad». El Constitucional luso considera que los destinatarios de la contribución fiscal no pueden considerarse responsables para financiar los objetivos del fondo para el que estaba planteado en un principio. Además, apunta que el déficit de tarifa del sistema portugués (similar al de España en cuanto a su concepto) no ha sido causado por estos contribuyentes, que son las empresas, por lo que carece de sentido hacerles responsables. Varias fuentes del sector destacan el hecho de que se haya declarado inconstitucional una figura fiscal muy similar a la del impuesto extraordinario español. En Portugal es una contribución extraordinaria (en España, Hacienda lo habilitó como una prestación patrimonial en vez de un impuesto como tal) para crear un fondo medioambiental y contribuir a paliar el déficit de tarifa, la diferencia entre costes e ingresos que ha ido arrastrando su sistema.

Joe Biden anunciará hoy una brutal subida de los aranceles de Estados Unidos a la importación de coches eléctricos, baterías, paneles solares y minerales de China. Las tarifas aduaneras de esos productos van a aumentar entre el 100% y el 400%, según ha filtrado la Casa Blanca a los medios de comunicación estadounidenses, en lo que constituye una nueva escalada en la guerra por la supremacía tecnológica que enfrenta a los dos países. En la actualidad, la importación de coches eléctricos en EEUU tiene unos aranceles del 25%, que fueron impuestos por Donald Trump, y que se suman a las tarifas del 2,5% que se aplican a todo vehículo extranjero que llega al país. Esas barreras han eliminado prácticamente del mercado estadounidense a los coches eléctricos chinos, lo que explica que las noticias acerca de los nuevos aranceles apenas hayan tenido impacto en la cotización de las empresas chinas afectadas. Pero Washington teme que las subvenciones de Pekín a su sector de automoción los permitan volver a ser competitivos. Con las nuevas barreras, los aranceles se dispararán hasta el 100%. La decisión se va a anunciar después de que el actual Gobierno de Washington haya terminado un proceso de análisis de los aranceles impuestos por el de su predecesor, Donald Trump, a una serie de productos chinos de los que EEUU importa por valor de unos 300.000 millones de dólares (cerca de 280.000 millones de euros) anuales. El plan inicial del equipo de Biden era reorientar las barreras hacia los bienes de consumo. Pero ahí se ha cruzado la política industrial que empezó Trump y a la que Biden se ha sumado, y ahora el objetivo es la protección de los sectores económicos que la Casa Blanca considera que tienen más futuro. Y ahí entra todo lo que tenga que ver con la descarbonización de la economía.