20240131

Los salarios de los trabajadores vascos sujetos a convenios colectivos negociados en Euskadi registraron una subida media del 4,6% el año pasado, según el informe publicado ayer por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco. El aumento supera el 3,4% que arroja la media del conjunto de España y se sitúa por encima de la inflación, que acabó el pasado ejercicio en el 3,1%, lo que supone un incremento de poder adquisitivo. Ese aumento del 4,6% en Euskadi beneficia a los casi 253.000 trabajadores vinculados a un convenio negociado en Euskadi y vigente durante 2023. Aparte hay que tener en cuenta a los 136.000 asalariados vascos dependientes de un convenio estatal con incidencia en la comunidad autónoma, para los que el incremento de los sueldos fue más limitado, del 3,5%. La media entre unos y otros se situó en el 4,22%. Cabe destacar, además, la gran diferencia por territorios. En el caso de Gipuzkoa la subida salarial media se disparó al 5,6% mientras que en Bizkaia alcanzó el 4,5%. Álava, sin embargo, se quedó atrás, ligeramente por debajo del 3%. En su informe, el CRL, dirigido por Emilia Málaga, resalta el gran avance registrado por la negociación colectiva –normalmente muy tortuosa– el año pasado. Así, al cierre del ejercicio casi el 64% de los trabajadores –en concreto, 388.641– tenía sus convenios actualizados (vigencia plena), lo que supone un récord desde 2012, cuando entró en vigor la reforma laboral de Rajoy. Por otro lado, solo un 5,6% (34.400 personas) tenía sus convenios decaídos mientras que un 30,6% (186.600 trabajadores) los tenía prorrogados. Patronales y sindicatos vascos dieron un importante arreón a la negociación con la firma de 251 convenios en el año, que aglutinan a 148.500 empleados. En estos acuerdos la subida salarial pactada fue incluso mayor, con una media del 5%. Otra vez se dieron fuertes diferencias por territorios, puesto que en Gipuzkoa la subida alcanzó el 5,6% y en Bizkaia un 4,7%, frente al 3,9% de Álava. En cuanto a la jornada, la media de los convenios vigentes negociados en Euskadi arroja una media de 1.684 horas (algo menos de 37 horas semanales), muy por debajo de las 1.746 que se contemplan en el conjunto de España. Es por esta razón que el País Vasco es una de las comunidades menos afectadas por la reducción de jornada propuesta por el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar. 

«Por supuesto que está afectando, cualquier desajuste en el mecano del comercio internacional afecta a nuestras empresas». Así de tajantes se expresaron ayer el presidente y el director general del organismo cameral, Mauri Arregui y Javier Zubía, respectivamente, durante la presentación del Informe de Coyuntura Económica y de Perspectivas para 2024, un ejercicio con un crecimiento previsto algo más modesto aunque en absoluto despreciable, en el que habrá que estar «muy atentos a la geopolítica» y en el que la incertidumbre seguirá siendo la tónica general. La previsión de la Cámara pasa por un alza del PIB guipuzcoano de entre el 1,7% y el 2,2%, en función de todos esos condicionantes exteriores, frente al 1,9% experimentado en 2023, y con una inversión algo más apagada que en el pasado ejercicio. «Situaciones como la del mar Rojo parece que pueden tensionar todo el tráfico marítimo, con el doble efecto que puede tener el incrementar los costes de las materias primas o de los productos que vengan de Asia hacia Europa y, al mismo tiempo, el alargamiento de los periodos de entrega, lo que puede suponer desabastecimientos o retrasos», señaló Arregui, quien matizó al instante que «eso último es algo que hoy en día no se está dando, salvo en casos puntuales», en alusión, por ejemplo, a Michelin. Javier Zubía resaltó el «mérito de nuestras compañías», que en 2023, con el mundo como está, «creemos que van a lograr un nuevo récord de exportaciones». «Eso son muy buenas noticias», aseguró, para remachar que «la fortaleza del sector exterior es una de las razones por las que crece y resiste Gipuzkoa». Para el presente 2024, el 48% de las empresas espera mantener las ventas exteriores del pasado 2023, mientras un 43% cree que las mejorará y «tan sólo un 12% prevé que las reducirá». Aún así, el directivo quiso aclarar que Gipuzkoa vive una especie de doble realidad, pues hay empresas, sobre todo las grandes, las de bienes de equipo y las que trabajan con procesos de larga maduración, «que van muy bien». Junto a ellas, advirtió, «hay otras, muy competitivas pero más ligadas al consumo que no van tan bien, pues han tenido que reducir producción». La media, reconoció, ofrece una buena fotografía, pero eso no quita que haya que «estar alerta».

El 74% de las empresas consultadas señalan que este año entienden que apostarán por mantener plantillas. No es menos cierto que las que abogan por contratar son menos que hace un trimestre (un 18% frente a un 31%), también son menos las que piensan recortar su fuerza laboral (el 8%, cuando a finales de 2023 eran un 11%). Así las cosas, los responsables del organismo cameral subrayaron «el esfuerzo» de las empresas guipuzcoanas por no bajar los brazos en la contratación, «pese a la incertidumbre». Esa posición, son muchos los analistas que lo destacan, responde también a otro condicionante, que no es otro que el de la dificultad de encontrar personal. «Este es un problema transversal en todos los sectores y que supone un serio problema para el desarrollo del territorio», aseguró Javier Zubía. De hecho, ese es uno de los principales condicionantes de la actividad que confiesan las propias empresas. A ese freno se suman, según el informe de la Cámara, «los costes laborales, los márgenes de rentabilidad, la debilidad de la demanda, el difícil acceso asequible a la energía y a las materias primas, las elevadas cargas regulatorias o las exigencias en sostenibilidad y criterios ESG». Ámbitos que, añadió, «afectan a la cuenta de resultados».

El centro de fabricación avanzada de Mercedes sigue dando pasos para ser una realidad. Tras la presentación del proyecto el pasado mes de diciembre, el Gobierno vasco ya tiene claro cuánto, cómo y cuándo llegará el Basque Automotive Manufacture Center (BAM), como se denominará a este espacio para la innovación automovilística. La sociedad pública Sprilur cerró ayer el plazo de ofertas para la licitación de la futura sede de un proyecto que impulsan la firma alemana, el Gobierno vasco, Gestamp y el Grupo Mondragón a través de MB Sistemas. 13,69 millones de euros es el presupuesto que la entidad ha reservado para esos trabajos, de los que se encargará la constructora que presente la mejor oferta. Según las memorias a las que ha tenido acceso EL CORREO, el edificio se instalará en la parcela que se ubica entre las calles Errotaurra y Zuazobidea, en el polígono industrial de Júndiz. Será ‘vecino’, por tanto, de firmas como DHL, Correos o la logística Cargor y estará pegado a las vías del tren. Allí, de momento, se ocupará sólo una parte de la parcela, mientras que habrá otra sección del solar que se reservará por si es necesario ampliar el centro en una segunda etapa.

Diez empresas vascas han conformado el primer ‘hub’ para la descarbonización de la industria en Euskadi. Una iniciativa impulsada por Tecnalia y a la que se han sumado compañías como Petronor, Sidenor, Nortegas, Smurfit Kappa, Lointek, Calcinor, SBS Process, el Consorcio de Aguas de Bilbao y el clúster de energía del País Vasco. La iniciativa se dio a conocer ayer con el nombre de Basque Industrial Hub for Circularity (BIH4C) y su objetivo es impulsar la transformación de las áreas industriales mediante la búsqueda e implantación de sinergias energéticas, el uso eficiente de recursos y la innovación tecnológica. La meta por la que trabajarán los miembros de la organización es reducir un 20% sus emisiones de CO2 y un 10% el consumo de recursos materiales, agua y energía en los próximos años. La nueva asociación se enmarca también en la iniciativa Net-Zero Basque Industrial Supercluster que impulsa el Gobierno vasco. Se trata de un movimiento en el que la Spri, Iberdrola y Petronor tratan de reducir las emisiones de la industria vasca. Entre las acciones que acometerán las empresas vascas está la de elaborar un mapa de zonas industriales en Euskadi que localice las principales emisiones de gases, así como la demanda de materias primas y calcular el impacto que esa circularidad pueda tener y cómo mejorarlo.

Una firma de abogados alemana, Gunnercooke, ha anunciado el inicio de un proceso de reclamación de indemnizaciones contra la empresa vasca Siemens Games, ante los retrasos en la entrega de aerogeneradores a sus clientes, así como por los fallos detectados en sus equipos que han provocado pérdidas de ingresos en un buen número de parques eólicos. Como ya es conocido, Siemens Gamesa reconoció a mediados del pasado año importantes problemas técnicos en sus aerogeneradores 4.X y 5.X, que por el momento no se han resuelto y que han obligado a paralizar la fabricación de los mismos así como su comercialización. La empresa ya ha reconocido pérdidas millonarias por la necesidad de atender a reclamaciones de los clientes, pero Gunnercooke sostiene que la actitud de la compañía está siento poco receptiva ante las reclamaciones. Félix Thiede, el responsable de la firma germana de abogados en estas reclamaciones, ha asegurado que «Siemens Gamesa no está reaccionando adecuadamente a las reclamaciones», ni en la forma ni en el fondo. Así, apunta que «no son directivos de alto rango quienes están atendiendo a los clientes, sino otros de escala muy inferior», al tiempo que la firma –asegura el abogado– se acoge a los límites de indemnización que están previstos en los contratos. «La legislación alemana no recoge límites a las compensaciones sino la idea de que deben atender a las pérdidas de ingresos que realmente se han provocado en las empresas afectadas, bien por las averías o por los retrasos en la entrega de los aerogeneradores. En un momento en que los tipos de interés son elevados esta situación está generando importantes problemas financieros a las empresas que adquirieron estos aerogeneradores», asegura Thiede.

Álava quiere poner freno a la ‘fuga de cerebros’. De ahí que desde hace tres años la Diputación convoque el programa ‘Araba Talent’. Se trata de un plan de becas en centros de referencia internacional dirigido a estudiantes que después deben regresar al territorio para que las empresas locales que les han seleccionado puedan ‘aprovecharse’ de sus conocimientos en áreas prioritarias como el ‘big data’, la inteligencia artificial, la biociencia o la fabricación avanzada. Ahora mismo, este programa se encuentra en proceso de captación de nuevas empresas interesadas para posteriormente buscar los estudiantes que mejor se adapten al perfil que buscan. El año pasado participaron Ega Master, Data Value Management, TSK, Basquevolt o CIC Energigune. El año pasado se recibieron 85 candidaturas, pero sólo se aceptaron nueve. Se trata de alumnos de alto nivel de conocimientos que están matriculados en la Universidad Loyola de Sevilla, la Ku Leuven de Lovaina o la University College de Dublín.

En diez cursos hay 8.776 alumnos menos en las aulas de Infantil en Gipuzkoa. Si en el curso 2013-14 había entre los colegios de la red pública y concertada guipuzcoanos 32.849 alumnos de entre 3 y 6 años, este pasado mes de septiembre había 24.073. Y lo que es peor, la cifra seguirá bajando en los próximos años porque los índices de natalidad no han cesado de descender. Los colegios vascos inician el proceso de prematrícula la semana que viene, el 7 de febrero, conscientes de que habrá mil alumnos menos. Si este curso se han matriculado 12.000 niños, el próximo septiembre empezarán su vida escolar 11.000. Esa caída afecta irremediablemente al futuro de los colegios que miran con lupa el proceso de matriculación puesto en marcha por el Departamento vasco de Educación el año pasado porque una sola plaza determina conformar grupo o no para sacar un aula, y de ese aula puede depender la continuidad del propio centro educativo. El próximo cierre de Scientia Karmelo Donostia es el último que se conoce pero no el primero. El año pasado la guardería Eucarístico San José, también de San Sebastián, tuvo que bajar la persiana. Cinco años antes lo hizo Claret Ikastola ubicada en Donostia. Durante este tiempo los centros han tenido que buscar alternativas para poder tener una salida viable. El último ejemplo son tres centros donostiarras –Santa Teresa Ikastetxea, Larramendi Ikastetxea y Jesuitinas Donostia– que este curso han comenzado con la puesta en marcha de su fusión e las gelas de dos años y que tendrá su continuidad de manera progresiva en los años venideros. A la espera de cómo quede el mapa escolar con la matriculación para 2024-25, Educación es consciente del apretado futuro de algunos colegios. De hecho, bajó los ratios por aula para que algunos pudieran llegar a la concertación de aulas. 

El Gobierno central y el vasco contemplan que las obras de acceso del Tren de Alta Velocidad a Bilbao, el ‘supertúnel’ que unirá Basauri con la futura estación soterrada de Abando, arranquen a lo largo de 2026 y duren al menos ocho años. Así se recoge en el convenio firmado por ambas administraciones para que el Ejecutivo autonómico asuma las labores mediante una encomienda de gestión. El acuerdo institucional quedó rubricado a finales de noviembre, pero su contenido acaba de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Se confirma, tal y como adelantó en su momento el consejero vasco de Transportes Iñaki Arriola, que el proyecto tendrá un coste total de 480 millones y se fija por escrito, por primera vez, un cronograma de los trabajos y las partidas anuales que deben reservarse. El convenio tiene una duración de una década, de 2024 a 2033. En principio es el plazo que se maneja para que el TAV pueda llegar hasta el nuevo Abando, que aún estará en obras cuando reciba los primeros trenes, aunque las administraciones contemplan la posibilidad de ampliar el acuerdo siete años más. La duración de la prórroga la marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este tipo de proyectos, no es que, de momento, se contemple un retraso tan gigantesco.

El vicepresidente de Gestamp, la compañía de fabricación de componentes de automoción, Jon Riberas, ha lanzado junto al banco de inversiones Alantra una nueva gestora de deuda privada. Según el acuerdo, la entidad, que se denomina Alantra Private Debt Investment, cuenta con un 17,5% del capital en manos de Ion Ion, el vehículo inversor de Jon Riberas. El empresario, además del accionariado, aportará capital para dar estructura y soporte a la financiación de las operaciones que lance la gestora. La dirección de estas recaerá en el actual presidente de la estructura de Alantra, Santiago Eguidazu. Con este paso, Riberas, que es presidente también de Gonvarri, el origen de la actividad empresarial de la familia, da un paso para desempeñar un papel estratégico en el negocio de la deuda corporativa. Además, con este vehículo, Alantra busca reforzar el área inversora en Europa con una estructura específica y más recursos que le permitan ampliar el radar de sus operaciones. Los responsables de la gestora no descartan crecer con la compra de otras firmas para ganar tamaño y economías de escala en la inversión.

España se desmarcó el año pasado de la anemia generalizada de las economías europeas y, en especial, de las más grandes, que o bien cerraron en contracción, como Alemania, o con crecimientos inferiores al 1%, como Francia e Italia (ver información en página 27). España logró sortear estos vientos de cara y, gracias a un inesperado acelerón del PIB en el último trimestre del año, coronó la cima del ejercicio con un crecimiento anual del 2,5%, según el dato avanzado ayer por el INE. Esta cifra supera en una décima los pronósticos de los principales organismos nacionales e internacionales (Banco de España, Comisión Europea, OCDE y FMI) y del propio Gobierno, que vaticinaban un alza del 2,4% (aun así, 3,3 puntos inferior al crecimiento registrado en 2022). Este dato, que el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se apresuró a celebrar ayer asegurando que “supera todas las expectativas”, se produce después de que el INE efectuara una nueva revisión de sus cálculos de PIB de trimestres anteriores, mayoritariamente al alza. A ese sorprendente tirón del PIB en la recta final del año también contribuyeron los ecos de la buena campaña turística y la resiliencia de la exportaciones, que rebotaron un 2,9% intertrimestral tras caer en los dos trimestres anteriores. El menor dinamismo del consumo privado (se frenó al 0,3% desde el 1,2% del trimestre previo) y la caída de la inversión ensombrecen el panorama. La fotografía mejora algo, pero deja patente que el gasto público se convirtió en 2023 en el principal sostén de la demanda nacional, con un crecimiento superior al 4% en los tres últimos trimestres del año (un 4,4% en el cuarto), frente a la evolución errática del consumo de los hogares, cuyo crecimiento osciló entre el 0,4% del tercer trimestre y el 2,6% del primero, culminando la recta final del año con un alza del 2,3%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a ajustar a la baja las previsiones económicas de España para 2024. Según el organismo, nuestra economía crecerá este año un 1,5%, dos décimas menos de lo que preveía en octubre, cuando ya recortó esta cifra, que partía de un 2%. De cara a 2025, el FMI mantiene su pronóstico en el 2,1%, señalando una ligera recuperación tras tres años consecutivos de ralentización, pasando de un crecimiento del 6,4% en 2021 al 1,5% este año (en 2022 el avance fue del 5,8% y en 2023 del 2,5%). En octubre, el FMI mejoró las previsiones españolas confiando en la recuperación del turismo como motor económico de nuestro país. Sin embargo, ahora cree que ni el sol ni la playa conseguirán compensar el empeoramiento generalizado de la economía en toda la zona euro. El empeoramiento en las estadísticas es común en la mayor parte de Europa, incluyendo también a Reino Unido. De hecho, España ni siquiera es de los que salen peor parados, según se desprende de la última actualización del informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial. De media, la zona euro apenas avanzará este año un 0,9%, es decir, tres décimas menos de lo previsto hasta ahora.

La productividad por hora trabajada cayó un 0,76% en el cuarto trimestre de 2023, en lo que supone la primera bajada desde la pandemia y una de las pocas que se han producido en los últimos años, según los datos de Contabilidad Nacional publicados ayer por el INE. En lo que va de siglo, la productividad por hora trabajada solo ha registrado tasas negativas en nueve trimestres de 92. Como explica la OCDE, este indicador mide «el grado de eficiencia con el que se combina el trabajo aportado, con otros factores de producción (por ejemplo, capital, insumos intermedios, cambios técnicos, etc.) y se utiliza en el proceso de producción», entendiendo por trabajo aportado el total de horas trabajadas de las personas que participan en la producción. La producción de un país –el PIB– depende, por tanto, no sólo de los factores destinados para conseguirla (la cantidad de trabajadores, en el caso de la productividad del trabajo), sino también de la eficiencia con la que operan. Por ello, que ésta baje es una mala noticia, ya que denota que los trabajadores son capaces de producir menos por cada hora efectiva de trabajo. La productividad del trabajo está en España muy relacionada con la evolución del empleo. Cuando éste baja, suelen ser los puestos de menor valor añadido –y por tanto, menos productivos– los primeros que se destruyen, con lo que la productividad de la economía mejora en términos medios, como ocurrió durante la pandemia.

La economía europea ha sorteado por segunda vez en un año la amenaza de recesión, la primera el invierno pasado a causa del corte del suministro de gas ruso y la segunda el último trimestre, a raíz de la subida de los tipos de interés que viene produciéndose desde 2022 y su impacto sobre la inversión y el consumo. Con todo, no se pueden lanzar las campanas al vuelo porque las dos primeras economías de la eurozona están muy golpeadas: Francia, tocada, con su economía estancada durante dos trimestres seguidos, y Alemania, hundida, con una contracción del 0,3% entre octubre y diciembre. Frente a ellas, Italia registró un tímido crecimiento del 0,2% y España un avance bastante más robusto del 0,6%, aunque sustentado fundamentalmente sobre el gasto público. Además, aunque pueda parecer positivo que la eurozona haya sorteado la recesión por segunda vez, la unión monetaria encadena cinco trimestres consecutivos bordeando el estancamiento, una atonía de la que será complicado salir.

BBVA cerró el pasado año con un beneficio neto de 8.019 millones de euros, lo que supone alcanzar un nuevo récord histórico en sus resultados gracias al impulso de los tipos de interés y también a la expansión y crecimiento de su negocio no solo en España, sino sobre todo en su actividad internacional. México se mantiene como la principal locomotora de generación de resultados para la entidad financiera vasca, ya que en dicho país obtuvo el 67% del beneficio, 5.340 millones de euros. El presidente del banco, Carlos Torres, se mostró convencido de que 2024 «será mejor» aún y el resultado continuará creciendo. En el conjunto de 2023 las cifras reportadas ayer revelan que tanto el negocio de los créditos como el de las comisiones cobradas por la prestación de servicios mantuvieron una línea ascendente y similar. Así, el margen de intereses –la diferencia entre lo que el banco cobra por sus créditos y lo que paga por disponer del dinero de otros para esa actividad– ascendió a 23.089 millones de euros, un 20,7% más que en el ejercicio anterior. Por comisiones ingresó 6.288 millones, un 17% más. Las actividades en América del Sur aportaron algo más de 600 millones al resultado final, mientras que Turquía comenzó a aflorar un resultado positivo con la incorporación de 589 millones de euros. Estos buenos resultados se registraron a pesar de que el banco tuvo que afrontar el pago de 215 millones de euros de la tasa impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, que grava los ingresos obtenidos en España pero no los que se producen fuera del país. 

En relación con el gravamen especial a la banca, que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere mantener más allá de lo anunciado inicialmente –el pago estaba previsto solo en 2023 y 2024– el presidente de BBVA reiteró que tendrá efectos negativos para el conjunto de la economía española. Torres recordó que el banco distribuye su margen entre el pago de salarios, proveedores, impuestos, remunerar a los accionistas y aumentar su capacidad de invertir en nuevos créditos. Así, matizó que un desequilibrio que aumente el pago de impuestos repercute de forma inmediata en tener una dotación menor para el resto de destinos. «Ya hemos hablado mucho y nuestra opinión es clara. Lo que destacaría es que es una medida contraproducente para la economía española, que necesita inversiones, y los bancos jugamos un papel importante en canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. No tiene mucho sentido este impuesto y seguimos manteniendo esa tesis. A medio y largo plazo, que haya un impuesto significa que podremos canalizar menos crédito», aseguró Torres. El banco tendrá que pagar 285 millones este año por este gravamen extraordinario y su presidente pidió que haya una reconsideración sobre el mismo. «Tendría sentido que hubiese deducciones por las inversiones que ha hecho el banco en la financiación de la transición energética», reclamó, estableciendo un paralelismo con los cambios que, al parecer, van a introducirse en el impuesto similar que afecta a las empresas energéticas.

La retirada de una parte de las medidas de apoyo para combatir el impacto de la inflación en hogares y empresas –básicamente varios impuestos energéticos– se ha dejado sentir en la evolución de los precios en enero y la inflación ha subido tres décimas, hasta situarse en el 3,4% interanual, según el indicador adelantado ayer por el INE. El organismo lo achaca al alza de los costes energéticos, aunque no especifica que ese incremento se explica básicamente por la incorporación de los nuevos tipos impositivos en cada recibo. El coste de generación se ha incrementado un 7% este enero, desde los 69,5 euros por megavatio/hora que marcaba el ‘pool’ hace un año a los 74,5 euros de este mes. Aunque el impacto de las medidas anticrisis, o más bien el final de buena parte de ese programa de ayudas, ha dejado un importante efecto. El Gobierno decidió elevar desde el 1 de enero el IVA de la electricidad, que estaba en el mínimo del 5% desde hace casi dos años, hasta el 10%, aunque todavía se encuentra lejos del 21% habitual para este servicio. Así será durante todo el año. Por otra parte, el Impuesto Especial sobre la Electricidad ha pasado de gravarse con un tipo del 0,5%, también mínimo histórico, hasta el 2,5%, aunque su tipo habitual era superior al 5%. Y se ha decidido quitar la suspensión al 0% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que ahora está en el 3,5%. Por su parte, los combustibles se han visto poco a poco afectados por la subida del petróleo, que ya supera los 81 dólares por barril de Brent como consecuencia de los problemas generados en el entorno del mar Rojo. Sin embargo, hace un año cotizaba en el entorno de los 85 dólares, un 5% más.

La Seguridad Social continuará este año exigiendo a los trabajadores con los salarios más altos un esfuerzo adicional en la cotización para poder financiar las pensiones. Un esfuerzo que se mantendrá hasta 2050, según el Real Decreto Ley de la reforma de las pensiones que el Gobierno aprobó el 16 de marzo de este año. Y ese esfuerzo tendrá dos caminos en 2024. El primero es que las bases máximas de cotización crecerán este año un 5% respecto a 2023. Por lo tanto, las bases de los salarios más altos crecerán desde los 4.495,50 euros a los 4.720,50 euros al mes. Así figura en la Orden de cotización a la Seguridad Social para el próximo año, que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado. La orden entra en vigor hoy. Y debe recogerse en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, si el Gobierno consigue aprobarlos, para marzo y abril. Las bases mínimas de cotización subirán también un 5%, como el salario mínimo interprofesional. Entrarán en vigor cuando el Consejo de Ministros apruebe el correspondiente decreto, que puede ser en febrero. En todo caso, el crecimiento del 5% en las bases máximas de cotización se debe a dos razones: la primera es una subida del 3,8% equivalente a la tasa media interanual del Índice de Precios de Consumo de noviembre sobre diciembre de 2022. Es exactamente, el mismo sistema de revalorización de las pensiones. Pero, además, a esa primera cifra hay que sumar 1,2 puntos porcentuales, correspondiente a la cotización adicional de las bases máximas, que estará vigente hasta 2050 como una contribución más de los trabajadores con los salarios más altos para financiar las pensiones. En conjunto, la subida de las bases máximas ascenderá en 2024 y supondrá para la Seguridad Social unos ingresos de 590 millones de euros, según la memoria económica de la orden. Incluso, y aunque no viene en la orden de cotización para el próximo año, a partir de 2025, entrará en vigor una “cuota de solidaridad” a la Seguridad Social de todos aquellos trabajadores que tengan ingresos mensuales superiores a las bases máximas. 

El Ministerio para la Transición Ecológica se niega a modificar el calendario de cierre de las centrales nucleares, que empezará en 2027 en Almaraz y debe concluir en 2035. Resiste así la presión del lobby atómico para revisar el plan y las críticas del expresidente Felipe González a la apuesta por las renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica rechaza cambiar el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas que acordó en 2019 con las compañías eléctricas, que son las propietarias de estas instalaciones. Esta legislatura será clave para ese plan de clausura, que arrancará en 2027 con la desconexión del primero de los dos reactores que operan en la planta de Almaraz, en la provincia de Cáceres. Para 2035 habrán cerrado todas las centrales del país —cinco plantas con siete reactores en total— si se cumple la ruta acordada hace cinco años por el Ejecutivo con Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Fuentes del ministerio que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, aseguran que este departamento no contempla modificar el calendario a pesar del ruido que está haciendo el lobby nuclear. En defensa de la energía nuclear también ha salido el expresidente socialista Felipe González, que ha cargado para ello contra las renovables. Hace una semana, el Foro de la Industria Nuclear Española pidió públicamente al Gobierno de coalición que se replanteara “el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas para operarlas más allá de los plazos establecidos”. Esa organización nació en los años sesenta y representa los intereses de este sector. Forman parte de ella, además de las compañías eléctricas, otros actores como las empresas de ingeniería, de servicios, suministradores y otras asociaciones. Según aseguró el Foro Nuclear el día 23, la “situación energética ha cambiado sustancialmente en los últimos años”, por lo que convendría replantearse ese calendario. 

Para transformar residuos forestales y aceites vegetales en combustibles aptos para utilizarse en el mercado hacen falta años de investigación en laboratorio, cientos de profesionales implicados y una potente inversión en I+D. Esto es lo que se hace el laboratorio tecnológico de Repsol en Móstoles (Madrid). En él 250 personas se ocupan de analizar la materia prima (residuos orgánicos) para determinar su viabilidad para convertirse en combustible renovable. Después se realizan las pruebas en pequeñas plantas piloto y en motores reales antes de dar el visto bueno. Todo esto exige una inversión en I+D de unos 70 millones anuales. En este centro, la filosofía es clara: abarcar todas las opciones renovables posibles para acelerar la descarbonización del transporte y lograr que la compañía alcance su objetivo cero emisiones netas en 2050. “Los combustibles renovables son una solución para la descarbonización del transporte que se puede aplicar desde ahora mismo y es compatible con las flotas actuales”, explica Claudia Esarte, científica senior especialista en combustibles renovables en Repsol Technology Lab.

El ecosistema tecnológico que ha creado Málaga en los últimos años y que ha atraído a multinacionales de la talla de Dekra, Oracle, Vodafone y, sobre todo, Google, va camino de convertir a la capital de la Costa del Sol en un hub también de la industria más estratégica y por la que la Unión Europea ha hecho una apuesta decidida desde la pandemia: la de los semiconductores. Apenas unos meses después de que Google inaugurase por todo lo alto su Centro de Ciberseguridad (Google Safety Engineering Center) en el puerto malagueño, el IMEC (Centro Interuniversitario de Microelectrónica) –uno de los mayores referentes mundiales en investigación y desarrollo de microchips– ha anunciado que abrirá la que sería su segunda sede –tras la de Lovaina, en Bélgica) en el Málaga TechPark, el parque tecnológico que está detrás, entre otros, del éxito de lo que algunos llaman el Silicon Valley del sur de Europea. Será un centro pionero, con unas instalaciones a la altura que se levantarán en una parcela de 46.000 metros cuadrados, casi cinco hectáreas, en la primera fase de la ampliación del Málaga TechPark. El edificio que lo albergará tendrá una superficie de 32.000 metros cuadrados y creará, según las primeras estimaciones, alrededor de 450 empleos directos. Aunque lo más importante, como señala el director general del Málaga TechPark, Felipe Romera, es que la llegada del IMEC es solo «el principio» y forma parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para «redondear» su ecosistema tecnológico con la pata que le faltaba, la «tecnología base» que permite y que está detrás de los grandes avances de estos tiempos, desde la AI (inteligencia artificial) al IoT (el internet de las cosas), el microchip.

Cuatro años después de la salida del país de la UE, los ríos de tinta se han secado y tampoco las familias discuten sobre el ‘sí’ o el ‘no’ a la desconexión. Los últimos sondeos ni siquiera sitúan al Brexit entre los diez asuntos que más preocupan a los británicos. Sus quebraderos de cabeza son la Sanidad, la inflación y la economía. No obstante, aquel hito todavía pesa, la división permanece y resulta significativo el crecimiento del número de ciudadanos que entonces votaron a favor y hoy harían lo contrario. Alicia Villauriz-Iglesias, consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Embajada de España, apunta que el pasado 17 de enero un total de 900 operadores participaron en un seminario virtual sobre los nuevos certificados que entran hoy en vigor. El sector exportó al Reino Unido cerca de 5.000 millones de euros en 2023. Está creciendo, pero no sabe aún los nuevos costes aduaneros que se introducirán en abril.

En otra sesión parlamentaria de máxima tensión, el Congreso rechazó el proyecto de ley de amnistía al votar en contra los diputados de Junts. Puigdemont dio la orden desde Waterloo al no tener garantizado el perdón con las nuevas causas reactivadas contra él y ver cómo el PSOE no quiso traspasar la ‘línea roja’ de los delitos de terrorismo que le atribuyen. Durante el debate Junts y otros grupos de la Cámara acusaron –con nombres– a varios jueces de prevaricación. Junts cumplió su amenaza. Ni el PSOE ni ERC o aliados como Bildu o el PNV consiguieron persuadirle para que permita continuar con la tramitación de la ley de amnistía en el Senado. La decisión de los socialistas de no ceder en esta ocasión e inadmitir las enmiendas con las que pretendían aumentar el blindaje de Carles Puigdemont al calor de las últimas decisiones judiciales bastó para que los posconvergentes optaran por rechazar ayer en el pleno del Congreso el texto ya pactado. La norma volverá ahora a la Comisión de Justicia, que de común dispondría de un mes para volver debatirla y, eventualmente, modificarla. En este caso, dado que la norma se tramita por la vía de urgencia, el plazo podría verse acortado en dos semanas, aunque fuentes de la presidencia del Congreso apuntan que la cuestión está aún por resolver. En todo caso, un nuevo dolor de muelas para el Gobierno.