20240927

Desde su inauguración hace casi dos años, el centro de alto rendimiento Fabrika de Donostia ha funcionado como una especie de escuela de la buena empresa. Y, como no podía ser de otra manera, cualquier centro de enseñanza debe contar con un buen libro. Con este propósito, los responsables de la fundación presentaron ayer tarde en San Sebastián el manual que recoge las claves para implementar en las empresas una nueva cultura de trabajo, basada en las personas, para transformar los métodos de trabajo en aras a una mayor armonía y, como consecuencia de todo ello, un mejor funcionamiento y productividad. ‘El método Fabrika. Cómo abordar la transición cultural de las organizaciones’, de la editorial Empresa Activa, es un volumen que cuenta la historia, fabulada, de una empresa guipuzcoana que afronta un relevo en la cúpula y problemas de relación entre directivos y trabajadores. Una compañía que se somete el ‘método Fabrika’ hasta dar la vuelta a la situación y convertirse en una «empresa trainera», el emblema de Fabrika, en la que todos reman en la misma dirección. Conflictos surgidos en torno a la organización interna, el teletrabajo o los «departamentos isla» que no trabajan en grupo aparecen en esta historia. Asimismo, de un modo esquemático, recoge las distintas fases de la transición cultural y las bases teóricas del proyecto. En este sentido, enumera las distintas fases de la transición cultural: concienciación, capacitación, transformación e integración. José Miguel Ayerza, el secretario general de Adegi, asociación empresarial que apadrina Fabrika; Juan Mancisidor, director del centro de alto rendimiento; y José Luis, ‘Uli’, Escorihuela, director de I+D de Fabrika, son los autores del libro, que cuenta con un prólogo de Xavier Marcet, experto en gestión empresarial. La presidenta de Adegi, Isabel Busto, presidió el evento, que contó con más de 250 invitados, entre ellos el nuevo consejero vasco de Hacienda, Noël d‘Anjou. El acto se celebró en la sede de Fabrika en Miramon, donde las empresas realizan los cursos de formación. Marcet, presente en el acto, resume perfectamente las enseñanzas de este manual teórico en el prólogo de la obra. «La cultura (de la empresa) condiciona su capacidad de éxito y su modo de enfrentar el fracaso», señala, recordando, además, que «no hay cultura entre máquinas ni complicidad: entre máquinas solo hay comunicación funcional».

El consejero de Industria Mikel Jauregi visita varias empresas de la Asociación de Máquina Herramienta AFM. “Nuestra industria cuenta con las capacidades para que Euskadi ser referente del renacimiento industrial de Europa, es nuestra apuesta” y, por este motivo, el nuevo Plan Industrial en el que trabaja el Gobierno Vasco incidirá en la colaboración de todo el ecosistema que conforma este sector, desde el tejido empresarial y tecnológico hasta el sistema financiero e institucional. Es la idea que ha trasladado hoy el consejero de Industria, Transición Ecológica y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, durante su visita a varias empresas guipuzcoanas integradas en la Asociación de la Máquina Herramienta AFM. Su presidente, José Pérez Berdud, y su director general, Xabier Ortueta, han recibido al consejero vasco en Fagor Automation de Eskoriatza,  Una vez conocidas las técnicas industriales de las empresas guipuzcoanas visitadas, el consejero de Industria ha alabado la actividad del sector de la máquina herramienta y la fabricación avanzada vascas que, según ha dicho, “es una buena muestra de cómo Euskadi puede ser punta de lanza en la reindustrialización de Europa”. Mikel Jauregi ha recordado que la CAV aglutina la mayor parte de la actividad de la máquina herramienta, que se centra en fabricar piezas que se incorporan a otras máquinas industriales. Alrededor del 72% de la cifra de negocios que genera este sector se encuentra en Euskadi, “lo que demuestra que somos un pequeño país con una industria de altísimo potencial”, ha señalado el consejero.

"La visión es ampliamente compartida. Tamara Yagüe, presidenta de Confebask, dice de forma muy gráfica que «Euskadi se encoge». El lehendakari Pradales pretende que «Euskadi se haga atractiva para la inversión extranjera», lo que viene a reconocer que hoy en día no lo es. Y aunque es un dato de coyuntura, el propio Gobierno vasco refleja un menor crecimiento en la comunidad frente a un mayor dinamismo en España. El diagnóstico también es coincidente, aunque se exprese muchas veces en voz baja. Estamos así porque padecemos una especie de síndrome metabólico que en nuestro caso se compone de unos salarios elevados (ahora ‘solo’ los cuartos mayores del país), una jornada laboral en mínimos (lo que sin duda contentará a Yolanda Díaz), un absentismo en máximos cuyas razones nadie explica, un número de huelgas enorme cuyo origen todo el mundo se explica, un entramado social de acogida muy ‘mejorable’, unas posibilidades fiscales impracticadas pero perfectamente practicables (no las usamos pero las tenemos bien a mano) y algunas carencias de infraestructuras lamentables, como es el caso del ‘AVE interminable’. Todo ello convierte al País Vasco en un lugar poco apetecible para captar inversiones foráneas. Máxime cuando estamos rodeados de zonas que no padecen estas limitaciones y tienen otros activos y más atractivos. Ya no se trata solo de Madrid, que mantiene un dinamismo imparable, ahora atraen con fuerza polos como Málaga y Valencia y no se olviden de la discreta Aragón, mientras que Cataluña, otrora faro de progreso y ahora ejemplo de marasmo y atasco, ha decidido imitarnos a pesar de conocer el resultado. En voz aún más baja, casi como un leve susurro, se apuntan las soluciones: mejorar la formación, reconocer el mérito, premiar el esfuerzo, cuidar la productividad, no confundir los deseos con los derechos, no olvidar que los derechos siempre conllevan deberes, agradecer el mérito de quien en lugar de gastar invierte, crea riqueza y generar empleo, recuperar el gusto por el trabajo bien hecho, mimar el sector público y ser conscientes de que todo el dinero público que se gasta fue antes dinero privado que se ingresó y que pertenecía a alguien... ¿Qué por qué no lo dicen? Pues porque esa es la mentalidad social actual dominante, que convierte las soluciones, siempre desagradables, en poco menos que en la lista del mal, en el capítulo de los horrores. La idea imperante es no proponer nunca nada que moleste, nada que desagrade, nada que implique esfuerzo, nada que suponga obligaciones, nada que conlleve compromisos..."

El foro de expertos Zedarriak defiende la llegada de migrantes a Euskadi para hacer frente a una «escasez inminente de mano de obra» necesaria para cubrir una demanda de 13.000 empleos al año que permita el crecimiento de Euskadi. En su quinto informe, los expertos reclaman cambios legales para favorecer la contratación de extranjeros. Construcción y sus gremios, primer sector, transporte, hostelería y otros tanto sectores son los que llevan años alertando de una escasez de mano de obra preocupante. Para poner freno a esta problemática, el foro de expertos de la sociedad civil Zedarriak, promovido por un grupo de hombres y mujeres que son absolutos referentes en el mundo de la empresa en Euskadi, presentó ayer su quinto informe en el que defiende la inmigración como fuente de talento para cubrir «una escasez inminente de personal» e impulsar así el crecimiento en Euskadi. Zedarriak pone cifras valiéndose de las estimaciones de Confebask, y sostiene que Euskadi necesitará 400.000 nuevos trabajadores en las tres próximas décadas –es decir, 13.333 empleos al año– para poner freno a esta situación, cubriendo de esta manera la falta de relevo generacional y mantener así el nivel de crecimiento económico del País Vasco. Desde la patronal vasca también aseguran que ocho de cada diez empresas manifiestan tener dificultades para contratar las personas que necesitan, y que cerca del 40% de estas firmas han empezado ya a plantearse la contratación de personas de fuera de Euskadi. Asier Aloria, de Confebask, reconoció que cierta regulación supone «palos en las ruedas» en ese proceso. Ver nota de prensa de Zedarriak. Ver informe completo Zedarriak. 

El desplome del euríbor, que cerrará este septiembre por debajo del 3%, está impulsando un mercado inmobiliario que acumulaba meses de tasas negativas. Así, las ventas de viviendas superaron en Euskadi la barrera de las 2.000 –2.083 en concreto– en julio pasado, lo que supone un récord histórico para ese mes, incluso por encima de los registros del ‘boom’ inmobiliario, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento respecto al mismo mes del año anterior fue del 17%, ligeramente por debajo del 19% de la media del conjunto de España. En todo el país la cifra de compraventas se elevó hasta las 57.302 operaciones, el mayor número desde 2007 en un mes de julio. Este incremento supone un importante punto de inflexión después de meses de caídas en la compraventa de viviendas. En junio, por ejemplo, se produjo un descenso del 9,6%. De hecho, si se analiza el conjunto del ejercicio en los siete primeros meses del año las operaciones selladas suman 12.451, todavía por debajo de las 12.924 registradas en el mismo periodo de 2023. Este giro en el mercado tiene mucho que ver con el desplome del euríbor, que ayer volvió a marcar un mínimo anual en tasa diaria en el 2,75%, y que con toda seguridad va a cerrar el mes de septiembre por debajo del 3%, algo que no ocurría desde finales de 2022. En concreto, la previsión ahora mismo, a falta de dos días hábiles para concluir el mes, es que acabe en el 2,95% o incluso un poco por debajo.

CC OO y UGT iniciaron ayer sus movilizaciones en las calles para exigir la reducción de la jornada laboral de 60 a 57,7 horas semanales, que es una promesa del Gobierno. Ambos sindicatos se plantaron frente a la sede de la CEOE en Madrid y ante las de sus organizaciones territoriales en numerosas capitales del país, para acusar a la patronal empresarial de «dilatar» y «boicotear» la negociación que mantienen desde hace ya nueve meses el Ejecutivo, los sindicatos y la CEOE para aplicar el recorte del tiempo de trabajo. La concentración central tuvo lugar en Madrid liderada por los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente. En Euskadi, la protesta frente a la sede de la patronal vasca Confebask, en Bilbao, estuvo encabezada por los secretarios territoriales Loli García (CC OO-Euskadi) y Raúl Arza (UGT-Euskadi). «Tenemos que convencer a los ciudadanos de que la reducción del tiempo de trabajo es una necesidad para tener la posibilidad de dedicar más tiempo a lo que queramos», clamó en Madrid Pepe Álvarez, que cuestionó si «¿alguien con un mínimo sentido común cree que no ha llegado el momento de cambiar una ley que está vigente en nuestro país desde hace más de 60 años? Ahora que con menos gente se produce más». El líder de UGT advirtió que «vamos a estar en las calles todas las veces que creamos necesario; vamos a trabajar para conseguir derechos para los trabajadores». Además, acusó a la CEOE de unirse a la derecha catalana de Junts para no avanzar en la negociación porque el partido independentista se ha comprometido con la patronal a votar en contra de la reducción de jornada. La secretaria general de CC OO Euskadi afirmó que el objetivo es «humanizar las relaciones laborales y la mejora de las condiciones de los trabajadores». A su juicio, los beneficios empresariales son «tan altos» que es «el momento de que repercutan en la clase trabajadora mediante los salarios y la regulación de la jornada laboral». Mientras, el líder de UGT Euskadi, hizo un llamamiento «especial» al PNV y a EH Bildu «para que piensen en los miles y miles de vascos, cerca de 400.000, que todavía trabajan por encima de las 57 horas» y les instó a que apoyen la medida.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral se acrecienta porque el Gobierno y los sindicatos no consiguen llegar a un acuerdo con CEOE. Los empresarios se oponen a que el Ejecutivo haga la medida por ley y defienden que se mantenga en la negociación colectiva, como, por cierto, también defiende la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). La Fundación se muestra totalmente contraria a que el Gobierno intente imponer por ley a las empresas la reducción de la jornada laboral, desde las 40 a las 37,5 horas semanales, sin reducción del salario. Y que pretenda hacerlo “sin medidas compensatorias que alivien el aumento estimado de los costes laborales”. Y también, sin un aumento significativo de la productividad, que permita mantener y aumentar la actividad rebajando la jornada laboral por trabajador. Y que, además, sirva para crear empleo con el resto de la jornada. Con el reparto del tiempo de trabajo. En esta circunstancias, el centro de investigación económica estima que la medida “restaría en torno a 6 décimas de crecimiento medio anual del PIB durante dos años y de 8 décimas de crecimiento al empleo”. Es decir, que la evolución de la economía perdería 9.000 millones de euros al año, lo que suma 18.000 millones en los dos años previstos por el informe. Por lo que las empresas dejarían de producir y por el empleo que no se podría crear. Siempre que el Gobierno no tomase medidas alternativas para compensar al sector privado por el esfuerzo. La última actualización de las previsiones económicas, que el Gobierno publicó el pasado martes, valora el PIB nominal en 1,498 billones de euros. Es decir, 36.000 millones de euros más que las últimas previsiones. El informe también se hace eco del impacto que una reforma hecha sin el consenso de las empresas podría tener en el sector turístico, que aporta el 12% del PIB. Para ello, y citando a Exceltur, que reúne a las grandes empresas del sector, la reducción de la jornada laboral máxima, sin reducción del salario, “supondría una reducción de 5,7 millones de horas semanales que obligaría a suplirlas automáticamente con un coste anual de 2.348 millones de euros. Es decir, en la contratación de nuevos trabajadores que pudiesen completar la jornada requerida para atender a la demanda.

«Algo está cambiando» en España a cuenta de la conciliación personal, familiar y laboral. Así lo reconocen en el ala izquierda de la coalición de Gobierno PSOE-Sumar. Hay movimientos tectónicos en el centroderecha y eso incrementa la presión sobre la CEOE, que hasta ahora ha sido reacia a las reducciones de jornada y al cambio de modelo de semana laboral. Este septiembre, Alberto Núñez Feijóo se ha puesto como principal objetivo izar la bandera de las políticas de incentivo familiar y de impulso del descanso, y para eso no sólo ha abierto la puerta a la jornada laboral de cuatro días, sino que quiere consensuar su viraje con los sindicatos y la patronal. El PP, de hecho, está empujando a la CEOE a que afloje su postura sobre esta medida. Según revelan diversas fuentes, Alberto Núñez Feijóo llamó a Antonio Garamendi, presidente de la patronal, a principios de semana para advertirle de que iba a abrirse a la semana de cuatro jornadas laborales. Y le pidió que abriera él también la puerta a sumarse, como poco en determinados sectores en los que la productividad no se vería mermada. El presidente de la patronal le contestó que no habría problema en abrir el debate y no le puso objeciones a su cambio de postura, según las mismas fuentes conocedoras del contenido de la conversación. Pero le añadió que no aceptaría imposiciones, sino una flexibilización consensuada dentro del diálogo social, y siempre que no perjudique la productividad. Por primera vez en mucho tiempo, el PP empujaba así a CEOE hacia posturas laborales ajenas al acervo ideológico liberal o conservador. «El PP está haciendo de fuerza tractora y de nexo entre las políticas sociales y la patronal. Le estamos diciendo a la CEOE que vaya por aquí, como nosotros. Que lo analicen con cierta generosidad», reconocen fuentes del PP. «Pero no impondremos nada a nadie», aclaran.

Los precios de los carburantes siguen a la baja. El descenso que acumulan desde el pico marcado en abril no solo les ha llevado a marcar nuevos mínimos anuales, sino que se sitúan en los niveles más bajos desde principios de 2022, antes de que Rusia invadiera Ucrania y se desatase una crisis energética. Así, en Euskadi la gasolina sin plomo 95 se vende ahora a una media de 1,51 euros el litro mientras el diésel está en 1,39 euros. La caída ha sido ininterrumpida desde julio, si bien lo más llamativo es el contraste con abril, cuando los precios marcaron un pico de 1,71 y 1,58 euros, respectivamente. También es impactante la comparación con hace un año. La gasolina estaba entonces a 1,78 euros de media el litro y el gasóleo a 1,72. Para un depósito de 55 litros supone un notable abaratamiento. En el primer caso de 98 euros a 83, quince menos. En el segundo de 95 a 76, casi veinte. Los precios que ahora marcan los surtidores en Euskadi son mínimos desde antes de la guerra en Ucrania, que estalló en febrero de 2022. A partir de entonces se desencadenó una escalada sin precedentes que llevó al coste de los carburantes muy por encima de los dos euros. Solo ahora se ha terminado de corregir ese efecto y se ha vuelto a los niveles previos al conflicto. Esta evolución la marca el precio del petróleo, que actualmente cotiza ligeramente por debajo de los 72 dólares, también niveles previos a la guerra. El Brent ahondó ayer en su descenso con una caída del 3% ante la información publicada en el ‘Financial Times’ de que Arabia Saudí se plantea eliminar el objetivo de colocar el precio en los 100 dólares.

Arabia Saudí abandonará su objetivo de precio no oficial de 100 dólares por barril de crudo mientras se prepara para aumentar la producción. Se trata de una señal de que Riad se está resignando a un período de precios del petróleo más bajos. El mayor exportador de petróleo del mundo y otros siete miembros del grupo de productores de la OPEP+ debían poner fin a los recortes de producción desde principios de octubre. Pero la decisión de retrasar ese periodo dos meses provocó especulaciones sobre si el grupo podría aumentar la producción. El precio del Brent, la referencia internacional y en especial en Europa, llegó a caer por debajo de los 70 dólares este mes, su nivel más bajo desde diciembre de 2021. Ahora, las autoridades del reino saudí se han comprometido a recuperar esa producción como estaba previsto el 1 de diciembre, incluso si conduce a un período prolongado de precios más bajos. La perspectiva de que Riad abandone su objetivo no oficial afectó el precio del petróleo y las acciones de las compañías petroleras el jueves. La cotización del Brent cayó ayer más de un 2%, hasta el entorno de los 71,4 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, también cotizaba a la baja. Las caídas afectaron a los precios de las acciones de los grandes productores de petróleo de Europa, como BP, Shell o TotalEnergies. La decisión de Arabia Saudí, cuyo Ministerio de Energía declinó hacer declaraciones al respecto, representa un importante cambio de rumbo para Riad, que ha llevado a otros miembros de la OPEP+ a recortar repetidamente la producción desde noviembre de 2022 en un intento de mantener altos los precios.

Cayó la tela negra y apareció una ‘A’ gigante de color unida a una copa de vino. Esa fue la escenografía elegida por la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) para presentar ayer en sociedad la marca con la que quiere diferenciar los caldos de las 70 empresas familiares a las que representa y ganarse así, sobre todo, el mercado vasco. Primero será mediante una pegatina en el cuello de las botellas y, a partir de la próxima cosecha, el símbolo se integrará en la etiqueta de las marcas de las bodegas que voluntariamente decidan utilizarlo. Según explicó Itsaso Compañón, presidenta de ABRA, la iniciativa llega en un momento en el que sector «se enfrenta a una de sus peores crisis en décadas» para «hacer un sector fuerte», unir a la comarca y «generar ilusión». Esta manera de distinguir al Rioja Alavesa del resto de la Denominación de Origen supone, en palabras de Compañón, un «giro positivo» en la estrategia de ABRA de «buscar la diferenciación de los vinos alaveses». Hace dos semanas, la asociación anunció lo que una parte del sector llegó a calificar de ‘ciaboga’. Un reposicionamiento que no implica la renuncia al proyecto de ‘Viñedos de Álava’ –la denominación alavesa que continúa atascada en los tribunales–, pero que sí que lo relega a un segundo plano. ABRA se centra ahora en aunar fuerzas en torno a la idea de una «diferenciación clara» de los caldos alaveses, incluidos los que están fuera de la DOCa. De hecho, Compañón volvía a invitar a todas las bodegas que lo deseen a sumarse a la nueva estrategia. El nuevo emblema hace alusión a la propia ABRA, al origen geográfico de los vinos «y a valores intrínsecos al producto como la tradición, el esfuerzo y la calidad». «La ‘A’ hace también referencia a términos como ardoa, añada, aroma, acidez, afrutado. No es solo un símbolo visual, sino un estandarte que refleja el compromiso de los viticultores alaveses con su tierra, su tradición y la excelencia», añadió.

La ‘startup’ donostiarra Polykey desarrolla tecnología que permite a los fabricantes de poliuretano partir de materiales naturales. Los polímeros naturales podrían sustituir en muchos de sus usos a los sintéticos, hoy más empleados por preciar unos procesos de producción más baratos. Acercarlos a la industria del plástico para proporcionarle una materia prima más sostenible es una de las misiones de Polykey, ‘startup’ donostiarra creada or las doctoras en Química Andere Basterretxea y Coralie Jehanno. Ellas coincidieron mientras hacían su doctorado en la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco. Basterretxea centró su tesis en la investigación de la síntesis de polímeros biobasados (los de origen natural), mientras Jehanno dedicaba la suya al reciclaje químico de los plásticos. En aquel entonces ambas lamentaban el poco desarrollo que las tecnologías que nacen en los laboratorios universitarios tienen después en el mercado, lo difícilmente que llegan a las empresas que realmente las pueden utilizar y hacer más sostenible la industria del plástico. De ahí que se animaran a dar el paso y ser ellas mismas quienes dieran ese recorrido a sus investigaciones.

La UPV/EHU celebrará las elecciones a rector el próximo 26 de noviembre. Por primera vez en 16 años, los comicios enfrentarán, como mínimo, a dos candidatos: la actual dirigente, Eva Ferreira, matemática y catedrática de Economía Aplicada; y Joxerramon Bengoetxea, catedrático de Filosofía del Derecho. Una de las principales novedades de estos comicios es que quien gane dirigirá la universidad durante seis años. Hasta ahora, los mandatos eran únicamente de cuatro años. El consejo de gobierno de la institución académica dio ayer el pistoletazo de salida para la carrera electoral. A partir de ahora, hay una serie de plazos: las candidaturas se presentarán entre el 9 y el 29 de octubre; el 7 de noviembre se proclamarán de forma definitiva; la campaña electoral será entre el 8 y el 24 de noviembre; y, finalmente, la votación tendrá lugar el 26 de noviembre. El ganador de las elecciones sería proclamado el 3 de diciembre. En el caso de que hubiera más candidaturas, habría que celebrar una segunda vuelta entre las dos que obtuviesen más apoyos ese mismo 3 de diciembre. El sistema de voto en las elecciones rectorales es ponderado, por lo que los apoyos recibidos por cada candidatura se expresan en porcentaje. El voto del profesorado doctor con vinculación permanente representa el 56,25% del total. Le siguen en influencia los votos del alumnado (22,8%); del Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (12,08%); del profesorado no doctor con vinculación permanente y personal docente e investigador doctor sin vinculación permanente (8%); y, por último, las papeletas del personal docente e investigador (1,59%).

La universidad española tiene un problema por su escasa capacidad para atraer a los alumnos extranjeros, que enriquecen culturalmente a los españoles, traen profesores internacionales, favorecen la imagen del país, elevan el posicionamiento en los ránkings y son también una fuente de financiación. España es líder en recepción de Erasmus, pero está a la cola de la OCDE en foráneos que vienen a cursar los grados. Son sólo el 4% de la población estudiantil, frente al 10% de la media de países desarrollados. En Europa únicamente Grecia e Italia tienen tasas más bajas. A cambio, Reino Unido alcanza el 20%. En los campus hay «inquietud» porque la nueva Selectividad para extranjeros que quiere poner el Gobierno «amenaza» con reducir aún más nuestra reducida internacionalización. Es una «barrera» más que, auguran, «cerrará la puerta» a los alumnos de fuera. El nuevo proyecto de real decreto de los ministerios de Educación y Universidades preocupa tanto a las instituciones públicas como a las privadas. «Complica la atracción de estudiantes extranjeros, es justamente lo contrario a lo que necesita nuestro país», alerta Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos. «Una regulación restrictiva en España puede estrangular la llegada del talento internacional. A pesar del atractivo de nuestro país, todavía estamos por detrás de potencias como Reino Unido o Francia. Es esencial que las características de la prueba de acceso no hagan desistir a los estudiantes con talento procedentes de todo el mundo», avisa Santiago Iñiguez, presidente ejecutivo de IE University. «Internacionalizar es una gran oportunidad. Pedimos que la nueva normativa nos facilite el trabajo», añaden fuentes de la Pompeu Fabra de Barcelona.

BBVA ha puesto toda la carne en el asador en plena opa hostil sobre Sabadell. El banco pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia. Y repartirá 29 céntimos brutos (23 céntimos netos) el próximo 10 de octubre, un 81% más respecto al mismo pago del año pasado. La entidad destinará alrededor de 1.700 millones de euros en este pago a cuenta de 2024, un 33,5% del beneficio del primer semestre, que ascendió hasta 4.994 millones. BBVA reafirmó su compromiso de repartir entre el 40% y el 50% del beneficio anual entre los accionistas a través de dividendos o recompras de acciones. El pago que efectuará en dos semanas supone más de la mitad de todo lo que repartió en 2023. El año pasado, BBVA remuneró a sus accionistas con un total de 55 céntimos, de los que 16 céntimos fueron a cuenta. En 2022 pagó 43 céntimos, de los que 12 céntimos fueron dividendo a cuenta. Y en 2021 abonó un total de 31 céntimos, de los que ocho fueron a cuenta. En total, la entidad habrá distribuido en los últimos tres años 15.000 millones de euros. Según el pay out de la entidad, y atendiendo a las proyecciones de los analistas que le otorgan un beneficio anual superior a 9.000 millones, la remuneración correspondiente a 2024 podría ser de al menos 3.700 millones. La firma exhibe músculo en un momento clave en la opa sobre Sabadell. Ambos compiten por convencer al accionariado del banco que preside Josep Oliu de que sus respectivos proyectos pueden generar más valor para los accionistas. Y una de las bazas clave son los dividendos.

El proyecto de una unión bancaria europea echó a andar en 2014, con la creación de un mecanismo único de supervisión bancario, uno de sus pilares. Sin embargo hoy, diez años después, la unión bancaria sigue inacabada e incompleta. Esta semana, el rechazo del Gobierno alemán al movimiento de la banca italiana UniCredit para hacerse con una gran parte del alemán Commerzbank revela las trabas al proyecto, pese a la retórica de que hay que impulsar las fusiones para romper las barreras nacionales; y más en un momento en el hay competir con Estados Unidos y China. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha definido la estrategia de UniCredit, con un valor de mercado tres veces mayor que el de Commerzbank, que es un importante activo de la economía germana y para sus pequeñas y medianas empresas, como “ataque hostil”. Su rechazo y sus comentarios han suscitado las críticas del Gobierno italiano. Mientras, pese a que Berlín mantiene su actitud proteccionista, las acciones de UniCredit y Commerzbank han subido. “No es una cuestión de mercados, parece más bien nacionalismo económico”, remarca Nicolas Véron, investigador principal del Instituto Bruegel y del Peterson Institute for International Economics en Washington. El rechazo de Berlín llega justo en un momento en el que se ha relanzado la idea de completar la Unión Bancaria.

El grupo español de renovables Soltec, que salió a Bolsa en 2020 como una de las grandes estrellas de las energías verdes, ha entrado en barrena y está al borde de la suspensión de pagos, arrastrado por una combinación de factores: mala gestión, irregularidades contables, sobredosis de deuda, incapacidad de refinanciarla y crisis del sector, entre otros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió ayer, tras el cierre del mercado, suspender la cotización de Soltec, que está en mínimos históricos. La empresa cerró la jornada a 1,6 euros por título, un 5,4% menos que el miércoles. El grupo, que salió a cotizar en 2020 a más de 5 euros por acción, llegó a subir por encima de los 13 euros al poco tiempo, en enero de 2021, cuando presumía de ser uno de los mayores grupos fabricantes de equipamientos para fotovoltaicas. Más tarde, en plena burbuja de las renovables, Soltec dio otro salto y también se convirtió en promotor de instalaciones. Fue el germen de su calvario. La empresa vale ahora 152 millones, cuando hace tres años llegó a superar los 1.100 millones. Al hacerse tras el cierre del mercado, la suspensión empezará a contar este viernes. Además de a los dos socios fundadores (Raúl Morales y José Moreno, este último un conocido empresario de Murcia), la crisis de Soltec afectará a 11.000 minoritarios.

Las Bolsas están consiguiendo despejar a su favor las grandes incertidumbres económicas y financieras del momento. Si hace días la Fed se plantó con un recorte de tipos de medio punto, sin recesión de por medio, que ha servido para insuflar aún más brío alcista al mercado, ayer fue China quien anunció medidas que sonaron a música celestial para los inversores. Las autoridades de la segunda economía mundial, en plena desaceleración y continuamente amenazada por el colapso inmobiliario, anunciaron que recurrirán a los estímulos fiscales que sean necesarios para alcanzar su objetivo de crecimiento este año del 5%. Con los bancos centrales y el Gobierno chino remando por evitar una recesión, las Bolsas se apuntaron ayer una sesión redonda en la que el Ibex se llenó de optimismo y se anotó un alza del 1,3%, hasta los 11.953 puntos. El selectivo español logró así conquistar máximos de enero de 2010, dejando atrás los máximos de 2015 que había recuperado recientemente. Refuerza así un rally en el mes de septiembre que sitúa al índice de nuestro país como el más alcista de Europa, casi midiéndose con el S&P estadounidense en el balance del año.

“Tengo algo que compartir con vosotros. Tras mucho reflexionar, he tomado la difícil decisión de dejar OpenAl”. Con un mensaje difundido a través de las redes sociales, la directora tecnológica de OpenAI, Mira Murati, ha dicho adiós a la compañía que revolucionó la inteligencia artificial generativa con su ChatGPT. No es la única. Poco después, se han sumado a la fuga el director de investigación, Bob McGrew, que ha dicho que era “hora de tomar un descanso”, y un vicepresidente de investigación, Barret Zoph, que ha tuiteado que está “explorando nuevas oportunidades fuera de OpenAI”. Sus salidas se producen en plena ronda de financiación, en cuyas condiciones están la transformación de OpenAI en una empresa comercial convencional con ánimo de lucro. Murati llegó a ser por un breve periodo la jefa ejecutiva de OpenAI después de que el consejo de administración despidiera a Sam Altman, cofundador de la firma y consejero delegado, luego readmitido con todos los galones. Murati duró poco como consejera delegada interina, ya que se rebeló contra el despido de Altman. Fue la primera en una lista de empleados que firmaron una carta en la que pedían la dimisión de los consejeros y amenazaban con irse si no se devolvía el poder al anterior consejero delegado. En su mensaje de despedida, la directiva asegura: “Me alejo porque quiero crear el tiempo y el espacio para hacer mi propia exploración. Por ahora, mi principal objetivo es hacer todo lo que esté en mi mano para garantizar una transición fluida y mantener el impulso que hemos logrado”. La compañía no termina de recuperar la estabilidad desde la crisis que atravesó el pasado año. 

Kamala Harris aprovechó el miércoles un importante discurso en Pensilvania para hacer un llamamiento directo a las empresas, describiéndose a sí misma como una “capitalista” que cree en “mercados libres y justos” y en una “asociación activa entre el Gobierno y el sector privado”. En sus comentarios más extensos sobre la economía estadounidense hasta la fecha, la candidata presidencial demócrata también trató de establecer un marcado contraste entre ella y su oponente republicano, Donald Trump. En el discurso pronunciado en el Club Económico de Pittsburgh en Pensilvania, un estado crítico en la batalla, Harris se describió a sí misma como defensora de la clase media y trabajadora e insistió en que Trump estaba más centrado en los estadounidenses más ricos. “No tiene intención de hacer crecer nuestra clase media. Sólo está interesado en mejorar su vida y la de gente como él, los más ricos de Estados Unidos”, afirmó Harris. “Para Donald Trump, nuestra economía funciona mejor si funciona para los que poseen los grandes rascacielos, no para los que los construyen, no para los que los cablean, no para los que friegan los suelos”. Harris criticó las políticas comerciales de Trump, más tarde ese mismo día, en una entrevista con MSNBC. Mientras que la Administración Biden ha mantenido la mayoría de los aranceles de Trump sobre las importaciones chinas y ha añadido algunos nuevos, Trump ha propuesto aranceles generalizados sobre todas las importaciones de hasta el 20% como parte de una agenda comercial mucho más agresiva. Harris aseguró que Trump “no era muy serio” al proponer aranceles “generalizados”. Trump y sus aliados han tratado de pintar a Harris como una liberal californiana y marxista, refiriéndose a la vicepresidenta como “camarada Kamala”.