20240405

Siemens Gamesa paralizó hace diez meses la producción en España de sus principales aerogeneradores terrestres –las plataformas 4.X y 5.X– por los problemas técnicos detectados en estos equipos y la suspensión de la actividad no solo se mantiene sino que de momento tampoco hay encima de la mesa ninguna previsión de vuelta a la normalidad. «No hay fecha», es la única declaración que se puede obtener a día de hoy de los portavoces oficiales de la compañía, mientras en el seno de la empresa cunde el nerviosismo porque esta extraña situación ha ido más lejos de lo que inicialmente se podía prever. Las consecuencias económicas responden a ese viejo esquema contable del ‘suma y sigue’. Siemens Energy, la multinacional germana propietaria de la empresa eólica que tiene su sede fiscal en la localidad vizcaína de Zamudio, perdió el pasado año 4.532 millones de euros lastrada por el ‘agujero negro’ abierto por el proyecto de estos aerogeneradores. Las previsiones para el ejercicio actual, en esta coyuntura, no son precisamente halagüeñas. Los primeros problemas se detectaron a comienzos de 2023. Los aerogeneradores terrestres más modernos de Siemens Gamesa eran objeto de una ‘extraña enfermedad’. Las palas generaban una vibración que los sistemas de control no eran capaces de compensar, de tal forma que terminaban por dañar el eje del rotor. Al final, las máquinas se autodestruían. En febrero de ese año el consejero delegado de la compañía, Jochen Eickholt, admitía en público las deficiencias pero lanzaba un tranquilizador «sabemos dónde están los problemas y cómo solucionarlos». Apenas unos meses después se reveló inexacta la afirmación. 

Parada, frenazo y retraso son los tres términos de mayor uso interno dentro de Siemens Gamesa, al menos en lo que se refiere a su actividad en España. No solo está detenida la venta y producción de sus generadores terrestres, sino también la de ocho fábricas situadas en el país y dedicadas a producir diversos componentes. Siemens Gamesa anunció que ponía a la venta estas factorías en octubre de 2022, cuando no habían aflorado los problemas más serios de sus plataformas 4.X y 5.X. Se trataba de las factorías ubicadas en Sigüeiro (A Coruña), Lerma (Burgos), Reinosa (Cantabria), Valencia, San Fernando de Henares y Burgos. También las dos ubicadas en Euskadi –Mungia y Asteasu–, que completaban una plantilla de 1.100 empleados en plantas con el cartel de ‘se vende’ colgado en la puerta. En estas factorías Siemens Gamesa fabrica dos tipos de componentes fundamentales para sus aerogeneradores, pero que prefiere externalizar: los generadores de electricidad y las multiplicadoras, el equivalente a la caja de cambios de un vehículo para los equipos eólicos. En agosto de 2023, apenas unas semanas después de reconocer oficialmente que los problemas técnicos eran graves y que ello obligaba a parar la producción, Siemens Gamesa transmitió la idea de que esta venta marchaba por buen camino. Incluso, llegó a anunciar que iniciaba negociaciones en exclusiva con la multinacional ABB para las factorías dedicadas a los generadores y otros equipamientos eléctricos. Para entonces, la empresa había descartado ya otras ofertas de empresas interesadas, entre ellas la de la compañía vasca Ingeteam. Al parecer –no hay informaciones oficiales sobre lo sucedido– este proceso se ha paralizado hasta que se resuelva ‘la madre de todos los problemas’, el caos técnico en torno a las plataformas 4.X y 5.X. 

 A pesar de las reticencias del Gobierno central sobre la operación que el grupo húngaro Magyar Vagon ha lanzado para hacerse con Talgo por 617 millones, el consorcio industrial no ve «cuestiones políticas o técnicas que impidan la operación». Así lo confirmaban fuentes conocedoras de las negociaciones en la tarde de ayer, horas después de que se materializase un paso más de la oferta pública de adquisición (OPA). Y es que el conglomerado industrial dirigido por Andras Tombor presentó ayer el folleto de la OPA, el documento que desciende en los detalles de la operación con más intensidad. Un procedimiento que termina, además, por oficializar la oferta que se registró el pasado 7 de marzo de 5 euros por cada acción de Talgo. La información fue introducida ayer por la tarde en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ahora debe analizar la documentación para su autorización. Un proceso que se puede demorar varias semanas, incluso meses. En la notificación, el grupo húngaro Magyar Vagon explica además que el pasado 22 de marzo adelantó esta documentación al Ejecutivo central para solicitar la autorización formal de la operación. Y es que, al tratarse de una inversión foránea, se requiere de un informe de la junta de inversiones extranjeras (Jinvex). Un proceso administrativo que aterriza en lo técnico un pulso soterrado entre el consorcio húngaro y el Gobierno, que rechaza la operación por el respaldo que el grupo industrial ha recibido de la administración húngara del presidente Viktor Orban. Además, ha especulado con posibles conexiones con capital ruso. El caso es que el Jinvex, que depende del Ministerio de Economía, debe emitir un dictamen al Consejo de Ministros en un plazo de tres meses, que se pueden ampliar.

Sidenor y los sindicatos UGT, CC OO y USO han alcanzado un acuerdo para el ERTE en Azkoitia y Reinosa. Entrará en vigor 15 de abril de 2024 y terminará el 15 de abril de 2025. El ERTE será para toda la plantilla de ambas plantas, con un porcentaje de aplicación máxima del 60%. La empresa complementará el 75% del salario base, más prima, antigüedad e íes, el 100% de vacaciones y la parte proporcional de las pagas extraordinarias. También se han pactado otras medidas de acompañamiento social que pueden mejorar esas condiciones.

La producción industrial de la CAV en febrero ha sido un 1% inferior a la observada el mismo mes del año anterior, en términos homogéneos de calendario laboral, mientras que en relación al mes precedente, ha disminuido este último mes un 0,3%, una vez corregidos los efectos estacionales oportunos, según datos elaborados por Eustat. Las mayores disminuciones interanuales se concentran en Material y equipo eléctrico con un 8,7% y Madera, papel y artes gráficas con un 3,7%. La evolución interanual en el mes de febrero de 2024 del Índice de producción industrial ha sido negativa en los tres territorios históricos. En Araba, el descenso de la producción ha sido de un 3,4% y en Bizkaia y Gipuzkoa de un 0,2%.  En el acumulado de los dos primeros meses del año, el Índice de producción industrial ha descendido un 0,4%, impulsado por la disminución del 1,5% de los Bienes intermedios. La Energía, en cambio, acumula una evolución positiva, con un ascenso del 8,8% en relación al mismo período acumulado del año anterior, mientras que en los Bienes de equipo la producción acumulada hasta febrero ha aumentado un 2,4% y un 0,9% en los Bienes de consumo. Por territorios históricos, el acumulado de los dos primeros meses de 2024 se cierra con un balance negativo en Araba, con una disminución del 3,3%. Gipuzkoa presenta un descenso acumulado de la producción de un 0,7% y en Bizkaia, por último, la producción aumenta un 1,7% con respecto al mismo período acumulado del año anterior.  

 El perfil industrial de la economía vasca y su notable desarrollo tecnológico son un imán para la captación de inversión extranjera, que encadenó el año pasado cuatro cursos de gran intensidad en Euskadi. Tomando como referencia el periodo 2020-2023, las empresas vascas han recibido algo más de 9.500 millones de euros procedentes de otros países. Esa cifra supone casi el 8% del capital foráneo que ha llegado al Estado esta década y solo la Comunidad de Madrid y Catalunya superan ese porcentaje. Según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hechos públicos esta semana, el 63% de las inversiones extranjeras tienen como destino Madrid. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas compañías con presencia en diferentes comunidades tiene su sede principal en la capital del Estado. Es allí donde se registra la entrada de los fondos aunque posteriormente pueden revertir, en parte o incluso en su totalidad, en otras economías regionales. La tarta madrileña está por tanto más repartida de lo que parece a simple vista. Con todo, al menos en el plano estadístico, queda poco para repartir entre el resto de comunidades. De ahí la importancia del posicionamiento de Euskadi, que está relativamente lejos del segundo del ranking pero que ha conseguido superar a Valencia, una comunidad también con gran potencial industrial y que por su tamaño tiene un Producto Interior Bruto más elevado. 

El absentismo, entendido como las faltas al trabajo ya sea por causa justificada o no, se moderó en Euskadi en la recta final del ejercicio hasta el 7,9% desde el 9,6% alcanzado en el tercer trimestre. Sin embargo, la comunidad se mantiene a la cabeza del conjunto de España y recoge la segunda tasa más alta. Solo Asturias presenta un porcentaje mayor, del 8,3%, de acuerdo con el informe publicado por The Adecco Group Institute. La media nacional alcanza un 7,2%. Pese a estas oscilaciones trimestrales, la tendencia de fondo no cambia y es que el absentismo se ha disparado en los últimos años. De hecho, la tasa del cuarto trimestre, ese 7,9%, supone ocho décimas más que la del mismo periodo del ejercicio anterior. Se ha convertido así en uno de los principales problemas de las empresas vascas que impulsaron la creación, en el marco del diálogo social, de una mesa de trabajo para analizar sus causas y buscar soluciones. Todavía no hay conclusiones. La preocupación se extiende a toda España y ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, instó a tomar medidas porque, dijo, hay empresas con un índice de absentismo del 15%. «Las mutuas pueden ayudar para recortar los plazos de pruebas y diagnósticos», señaló. El principal motivo del absentismo son las bajas médicas, la denominada Incapacidad temporal (IT). Euskadi también se sitúa a la cabeza en este aspecto, con un porcentaje de ausencias en el trabajo por enfermedad del 6,2%, de nuevo solo por detrás de Asturias (6,5%). La media nacional es del 5,6%. Otras causas tras las faltas al trabajo son los permisos de maternidad y paternidad, licencias, huelgas o representación sindical. Por sectores, la mayor tasa de absentismo se da en la industria, donde llega al 8,5% en el caso de Euskadi frente al 7,7% nacional. Ver informe de Adecco aquí. 

El reparto de los fondos europeos sigue lejos de adquirir la velocidad de crucero prevista desde hace tiempo. Aunque el ritmo de convocatorias se ha acelerado de forma notable, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó ayer que España ha transferido 34.000 millones de euros correspondientes a la primera parte del Plan de Recuperación. Es decir, ha llegado a la economía real la mitad de los 70.000 millones asignados. «Es necesario seguir mejorando en agilidad para el despliegue de los fondos y reducir las barreras administrativas», reconoció Cuerpo durante un evento organizado por KPMG. En todo caso, el ministro –que ayer presentó en el Senado la herramienta ELISA con la que ciudadanos y analistas podrán seguir el desarrollo de estos proyectos– sí puso en valor que de esos 34.000 millones puestos en marcha, 13.000 han ido a parar a pymes, microempresas y hogares.

Una de cada tres empresas españolas ha optado ya a los fondos europeos del programa Next Generation o bien prevé hacerlo próximamente. Esta es la principal conclusión del informe Perspectivas España 2024. Fondos Europeos, en el que han participado 1.350 empresarios y directivos, elaborado por KPMG en colaboración con CEOE, y que fue difundido ayer en el evento Metafuturo, organizado por la consultora junto a Banco Santander, Antena 3 TV y OHLA. El informe detalla, concretamente, que el 26% de las empresas españolas ha optado ya a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a los que se sumará otro 8% que prevé acabar optando a las ayudas comunitarias en el futuro, alcanzando un 34% del universo empresarial español. Por sectores, el porcentaje de empresas que opta a los fondos comunitarios supera la media nacional en casos como el de Automoción (48%), Energía (59%), Industria (42%, en el caso de la química), Transporte (62%) y Turismo (50%). Por tipos de empresas interesadas en acceder a los recursos comunitarios destacan las de mayor tamaño. El 60% de las organizaciones que ya han optado a los fondos registra unas ventas superiores a los 50 millones de euros, y el 57% de las que se han postulado para ello cuenta con una plantilla superior a los 250 empleados. Por origen, las más pujantes son firmas de Asturias, Cataluña y Andalucía. El informe destaca que buena parte del interés empresarial rodea los grandes proyectos de colaboración público-privada, los Perte, entre los que los encuestados destacan el EHRA (Energía renovable, hidrógeno renovable y almacenamiento), el de Economía Circular y el VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado).

La policía italiana anunció ayer una operación contra el fraude relacionada con el cobro de fondos europeos y con los esquemas de reparto en el país, aunque el grupo operaba en varios territorios comunitarios. La intervención se saldó con el arresto de 22 personas y la incautación de bienes, como mansiones o relojes de lujo, por valor de más de 600 millones de euros.En concreto, la red se habría aprovechado de los fondos europeos de recuperación de la pandemia y los generosos programas para la mejora de las casas que puso en marcha Italia con esa financiación procedente de la UE. La policía señala que se trata de pequeños grupos relacionadas con el crimen organizado, pero no apunta a ninguna relación con mafias nacionales. En la operación, según el relato de la policía, se incautaron pisos y mansiones, oro y criptomonedas, así como relojes, joyas y coches de marcas de lujo como Lamborghini. Estos se habrían obtenido a través del fraude, que consistía básicamente en obtener créditos fiscales ilegales para la rehabilitación de hogares. De los 22 detenidos, 17 se encontraban en varios lugares de Italia, además se arrestó a dos personas en Austria y a tres en Eslovaquia. Pero la intervención no se considera cerrada, ya que se está buscando algunas personas presuntamente involucradas en Rumanía. Italia siempre ha tenido serios problemas en la gestión de los fondos europeos procedentes de Bruselas. Durante años, muchas administraciones han tenido que renunciar a recibir grandes sumas de dinero por el temor -y la aceptación implícita- de que caerían en manos del crimen organizado. 

Las inversiones reales engloban infraestructuras como tramos de carreteras, obras hidráulicas o transporte ferroviario de competencia exclusiva de las comunidades. Cada año, en función de las necesidades, los Gobiernos autonómicos destinan a esta rúbrica un importe inicial en sus presupuestos, que a lo largo del ejercicio suele ser modificado, casi siempre al alza. Por eso se distingue la ejecución sobre los créditos iniciales, que es el importe destinado a la partida a 1 de enero, de aquella sobre los créditos totales, que incluye las modificaciones presupuestarias y que a menudo es menor a la primera. Las Administraciones autonómicas casi nunca llegan a agotar los importes previstos. Es decir, ejecutan menos de lo que estiman en sus cuentas. Eso significa que hay proyectos que se quedan en el aire porque directamente no arrancan o porque se produce algún cortocircuito en la tramitación. Es el caso de la reforma de la unidad de cardiología en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, licitada por un millón de euros de fondos europeos y que no llegó a ejecutarse en 2023 porque no hubo puja, o de dos obras de carreteras, siempre en Cataluña, con un coste de siete y cinco millones, que tenían que haber comenzado el año pasado y que se han iniciado en los inicios de este año, informa Dani Cordero. “Siempre se presupuesta más y se suele ejecutar cerca de dos tercios. Se pinta el dinero con mucha facilidad, pero es muy difícil gastarlo bien, en tiempo y forma”, resume Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. En los últimos cinco años, la media de ejecución sobre créditos iniciales en el conjunto de las comunidades ha sido del 69,7% –63,7% si se consideran las modificaciones presupuestarias–, pero ha habido cierta volatilidad entre un ejercicio y otro. Si en 2023 el porcentaje rebasó el 70% –se invirtieron 10.762 millones de euros de los 15.320 que los Ejecutivos autonómicos habían inicialmente previsto en sus cuentas–, el ejercicio previo ni llegó al 60%.

El Banco Central Europeo se acerca con máxima cautela a la bajada de tipos después de haber llevado el precio del dinero desde el cero al 4,5%, máximos desde 2001, en poco más de año y medio. Junio apunta a ser la fecha propicia para el recorte, según sugirió la propia presidenta, Christine Lagarde, al término de la reunión del consejo de gobierno del 7 de marzo. Para entonces, el BCE dispondrá de la información necesaria para tomar la decisión, pero ello no supondrá que se haya alcanzado con total garantía el ansiado objetivo de estabilidad de precios en la zona euro. Según señalan las actas del encuentro publicadas ayer, el proceso de desinflación ahora en marcha, que manda claras señales de descensos de precios, podría ser más frágil y accidentado de lo previsto. “Podría avecinarse un proceso de desinflación más incierto, lento y accidentado”, advierten las actas del encuentro. El BCE rebajó sus previsiones de inflación en su cita de marzo. Si en diciembre esperaba un IPC medio para 2024 del 2,7%, ahora calcula un IPC del 2,3%. También recortó una décima su previsión para 2025, dejándola en el 2%. El BCE reconoce que la inflación ha continuado descendiendo hacia el objetivo del 2% en un proceso que el banco central ve con optimismo. 

La sucesión de borrascas en Semana Santa sigue dejándose notar en la factura de la luz, cuyo precio de generación cae con contundencia hoy hasta los 0,44 euros/MWh, el coste más bajo del mercado eléctrico desde 2013. La activación de las centrales hidroeléctricas, cuyos pantanos han visto incrementar sus niveles, así como las eólicas y la fotovoltaicas, permiten el desplome del precio de la luz para estos días. Se trata, además, de un mínimo anual y del quinto más barato en la historia. Además, hoy volverán a registrarse varias horas con precios en negativo. En concreto, entre las 14.00 y las 16.00 horas. Será la segunda vez que ocurre en toda la historia del mercado español, después de que ya ocurriera el pasado lunes. Ante estas circunstancias, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que los precios de la electricidad seguirán siendo bajos durante un tiempo, con «episodios puntuales» de precios negativos, como ocurrió el pasado lunes. «Puede haber puntualmente episodios como el del lunes en el que haya precios negativos por muy poquito, muy por debajo de cero, y sí que durante un tiempo todavía muy importante tengamos precios muy bajos», señaló.

Un informe elaborado por el centro de investigación británico InfluenceMap ha rastreado la contribución al cambio climático de los grandes productores de combustibles fósiles y cementeras del mundo, tanto públicos como privados. Y señala a 122 grandes entidades como responsables del 72% de todas las emisiones de dióxido de carbono vinculadas al sector fósil y al cemento. Para su estudio han tenido en cuenta el CO2 expulsado de forma directa (relacionado con el proceso de extracción y fabricación) y el indirecto (el de los productos que comercializan una vez que se queman para generar energía). El dióxido de carbono es el gas que más responsabilidad tiene en el calentamiento global. En el estudio se clasifica a las entidades en tres categorías: empresas propiedad de inversores, empresas estatales y Estados nación. Y se analiza el periodo comprendido entre 1854 y 2022. Las compañías privadas acumulan el 31% de todas las emisiones rastreadas de las 122 entidades estudiadas; Chevron, ExxonMobil y BP son los tres mayores contribuyentes en este caso. Las empresas estatales acumulan otro 33% de las emisiones históricas, y destacan Saudi Aramco, Gazprom y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán como los principales emisores. Los Estados nación representan el 36% restante, siendo China y la antigua Unión Soviética los mayores contribuyentes a la producción de carbón.

Grifols refleja en las aclaraciones presentadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una ratio de endeudamiento más elevado al reportado en sus cuentas. Según los cálculos de la compañía trasladados ayer al regulador, el apalancamiento de la empresa alcanza 8,4 veces el ebitda, frente a las 6,3 veces publicado en sus informes financieros. El pasado 21 de marzo el supervisor bursátil publicó las conclusiones de su informe sobre el ataque de la firma bajista Gotham City Research contra la farmacéutica. Entre otras precisiones, la CNMV indicó que Grifols expresa correctamente las principales magnitudes de sus estados financieros, pero advirtió de “deficiencias relevantes” en sus cuentas. El regulador apuntó a que Grifols calcula su ebitda ajustado y su deuda sin excluir los resultados atribuibles a las filiales no controladas, por lo que le dio quince días para que publicara estas magnitudes sin incluir esas filiales, así como el detalle del ebitda y las deudas de los últimos dos años de las entidades más relevantes donde existan participaciones no controladas. La empresa que preside Thomas Glanzmann trasladó ayer a la CNMV estas aclaraciones, donde la ratio de apalancamiento reportado crece hasta las 8,4 veces. Esta cifra suma 1.111 millones de euros de deuda.

El Gobierno está construyendo la arquitectura jurídica para prevenir y reprimir las eventuales decisiones de las empresas que supongan un trato discriminatorio o de incumplimientos en la igualdad con los trabajadores, ante los avances en la protección de las mujeres y de las crecientes diferencias sobre las orientaciones sexuales. En consecuencia, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considerará “infracciones muy graves” las represalias que pueda tomar un empresario contra el trabajador que reclame un trato igual y no discriminatorio con sus compañeros, o ante una situación de pluriempleo, dentro de la compañía, ante la administración laboral o ante los tribunales. Así se recoge en la enmienda número 84 que la coalición de Gobierno, formada por el PSOE y Sumar, ha presentado al proyecto de ley que adapta al Estatuto de los Trabajadores la directiva comunitaria, de 20 de junio de 2019, sobre “unas condiciones laborales transparentes y previsibles”. La enmienda modifica la disposición final primera del Estatuto de los Trabajadores que, a su vez, introduce el nuevo apartado 12 bis del artículo 8 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La enmienda no es baladí porque supone la aplicación de fuertes sanciones para el empresario que cometa infracciones “muy graves” por tomar represalias contra el trabajador que ha reclamado, dentro y fuera de la compañía, por sufrir desigualdad en el trato y discriminación.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró ayer que el Gobierno pedirá un asiento en el consejo de administración de Telefónica en el marco del mandato realizado por el Ejecutivo al hólding estatal Sepi –dependiente del Ministerio de Hacienda– el pasado diciembre de adquirir hasta un 10% de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete. Cuerpo no desveló si el Ejecutivo ya ha elegido algún candidato para ocupar la representación de la Sepi. “No me corresponde a mí”, señaló el ministro en una entrevista. Sepi reveló el pasado 25 de marzo que disponía ya de un 3,044%. Hacienda ya ha hecho una aportación patrimonial a la Sepi de 2.000 millones de euros, la cantidad necesaria para la compra de acciones de Telefónica, según informaron ayer fuentes del Gobierno. Esta aportación patrimonial viene reflejada en el informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda del pasado mes de febrero. De hecho, el Gobierno señaló que se prevé que la Sepi alcance el 10% de Telefónica “en el menor tiempo posible”, según avanzó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Lo que no se ha aclarado es la fórmula para ejecutar ese desembarco. Al estar ya cerrado el orden del día de la próxima junta de accionistas que se celebra el próximo 12 de abril, no se podría incluir el nombramiento.

Se espera que la tecnología que hay detrás de ChatGPT, Google Gemini y tantas otras aplicaciones similares dé lugar a un mercado de 1,3 billones de dólares en 2032. Es la llamada inteligencia artificial (IA) generativa, que en 2022 movía un volumen de 40.000 millones de dólares, y crecerá a un apabullante ritmo del 41% anual, según Bloomberg Intelligence. En esta explosión por venir, las empresas mejor colocadas para obtener beneficio económico son las proveedoras de servicios de IA. OpenAI, Google o Microsoft llevarán sus productos a los consumidores finales. Pero lo harán a través de las redes de las operadoras, que no quieren quedarse fuera del reparto del pastel. Otras veces, con la explosión del vídeo bajo demanda, las redes sociales o las aplicaciones móviles, todo el volumen de negocio ha pasado de extremo a extremo de la red, sin ceder nada por el camino. La pregunta es si con la inteligencia artificial ocurrirá lo mismo. El incremento en el uso de la IA generativa, además, podría traer también un aumento del tráfico en las redes. En un estudio sobre el sector de las telecos, la consultora IDC prevé que la cantidad de tráfico se dispare, y habla de un impacto significativo en la capacidad de la infraestructura y la latencia. El caso más básico: una consulta a ChatGPT genera más congestión que una búsqueda en Google Por ahora, las operadoras no han notado nada fuera de lo normal. “El crecimiento del tráfico de datos en nuestras redes ha sido una constante desde hace más de diez años; crece un 30% al año”, comenta Bernard Despres, vicepresidente de red central, automatización, seguridad y servicios E2E de Orange. “Diría que no es difícil de gestionar el aumento de volumen, es más complicado cuando hay más diversidad en el tipo de datos”, añade en referencia a la variedad de tráfico que generan servicios y aplicaciones diferentes.

El atentado contra un convoy de la ONG del chef José Andrés ha sido la gota que ha colmado el vaso de la Casa Blanca. Joe Biden tomó ayer el teléfono para decirle a Benjamín Netanyahu que las muertes de los siete cooperantes internacionales eran «inaceptables» y dejar claro que si Israel no anuncia e implementa una serie de medidas «verificables, concretas y específicas» para garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios y minimizar el sufrimiento de los civiles, «Estados Unidos tendrá que reconsiderar la política con Gaza», contó en conferencia de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, una advertencia en la que incidió también en similares términos el secretario de Estado, Antony Blinken, tras la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas. John Kirby no quiso entrar en detalles sobre lo que mayormente se interpreta como un cambio en la política de ayuda militar a Israel, que dado el uso actual de esas armas podría violar las leyes estadounidenses. A juicio de varios senadores demócratas, «ha llegado el momento de reconsiderarla», como dijo ayer la excandidata presidencial Elizabeth Warren. Ante la presión de los medios, Kirby argumentó que no quiere «restar espacio al presidente» en las opciones que tendrá para responder a Netanyahu si este no atiende al ultimátum. Pero dijo que la Casa Blanca espera que Israel anuncie medidas concretas «en las próximas horas o días».