20240704

El grupo Baskonia-Alavés, liderado por Josean Querejeta, se hará de manera inminente con la propiedad del edificio de Kutxabank en Salburua, que actualmente acoge en su planta baja la Universidad Euneiz. La decisión de compra se comunicó hace unos días a los órganos ejecutivos y de dirección del banco después de meses de negociaciones. El acuerdo es firme a falta de algunas cuestiones técnicas y la firma se producirá en las próximas horas. Servirá para que la universidad privada impulsada por el grupo Baskonia-Alavés cuente con su sede definitiva. De esta manera se renuncia a la construcción de un nuevo edificio en Salburua, en una parcela próxima a la residencia para estudiantes y deportistas (y que será hotel en verano) que ya se ha empezado a levantar. Al lado se había proyectado la sede de Euneiz, en forma de ‘H’, que ahora ha sido descartada. El proyecto educativo de Querejeta, que cuenta con el respaldo de las escuelas catalanas ENTI y EUSES, se inauguró en el año 2022 en las instalaciones de Kutxabank, que se alquilaron para este fin. La intención siempre fue que la estancia fuera temporal y actualmente el contrato de arrendamiento estaba prorrogado hasta el año 2027. El importe de la operación de compra no ha trascendido, pero lo que sí se sabe es que la obra del edificio superó los 30 millones de euros. Allí comparten espacio los estudiantes de grados como Fisioterapia, Gestión Deportiva o Desarrollo de Videojuegos con los pocos trabajadores de los servicios centrales de la entidad bancaria que todavía permanecían en las instalaciones, en las plantas superiores.

La gestora española de capital riesgo Portobello Capital ha cerrado un acuerdo para la venta de su cerca del 80% en USA Group, fabricante de piezas de precisión para la automoción y la bicicleta eléctrica, a Stellum Capital, vehículo impulsado por la Fundación Artizarra, en la que participan empresarios vascos como José Poza (Ibercom), Ignacio Martín (Gamesa y Cie Atomotive) o José Galíndez (Solarpack). Entre los accionistas que ya estaban en la empresa y que ahora han reforzado su apuesta figuran directivos y también el ‘family office’ del consejero delegado de Tubacex, Jesús Esmorís y su esposa, Amaia Gorostiza. El Gobierno vasco también participa en la transacción a través de los vehículos Ezten y Ekarpen. Además, aumentan su participación los socios industriales que ya estaban en minoría en el accionariado junto a Portobello Capital. La gestora que dirigen Íñigo Sánchez-Asiaín, Juan Luis Ramírez, Luis Peñarrocha, Carlos Dolz, Ramón Cerdeiras, Norberto Arrate y Víctor Virós entró en la compañía en 2020 cuanto tenía en torno a 50 millones de ventas y 7 millones de ebitda. Ahora, la facturación está cerca de 100 millones y el ebitda se ha casi triplicado, hasta cerca de 20 millones. Norgestión ha sido el asesor financiero de la transacción, que también despertó el interés de JBCapital, el brazo inversor de Javier Botín, mientras que Cuatrecasas ha estado al frente de los asuntos legales. Según varias fuentes del mercado consultadas, el valor empresa de USA Group en la transacción se ha situado entre 100 y 150 millones de euros. Fundada hace más de medio siglo, en 1972, la empresa es una referencia dentro del sector del decoletaje, que consiste en la fabricación de piezas de revolución a través de tornos automáticos. Actualmente, más del 80% de los ingresos de USA Group vienen del extranjero. Tiene oficinas comerciales en Alemania, México y Singapur. El grupo cuenta con siete plantas de producción situadas en País Vasco, Cantabria, Cataluña y China, confiando en poder ampliar su huella en breve a México, dentro de su plan estratégico 2024-2029. 

El grupo húngaro Magyar Vagon, que lanzó en marzo una opa de 617 millones para comprar Talgo, dio ayer un paso más. El máximo dirigente del consorcio industrial, Andras Tombor, mandó un claro mensaje en una rueda de prensa celebrada en Madrid: estaría dispuesto a dar entrada a capital español «si eso facilita y fortalece el proceso» a través del propio Gobierno central o empresas españolas, siempre que «sean proyectos con sentido». Una vía que busca convencer al Ejecutivo. Fue la primera intervención pública en España del empresario magiar, que escenificó un «respeto máximo» a la legalidad del país, a «la autorización de la operación que establece la ley», reconociendo como «legítima y adecuada la labor del Gobierno para requerir la información pertinente». «Estamos hablando –admitió– de una empresa icónica para España y eso es muy importante para nosotros». Lo que sí defendió es que la opa ofrece un precio «generoso» y que es «la única alternativa sobre la mesa que puede ayudar a que Talgo siga teniendo éxito y sea más fuerte». Explicó que se trata de una operación «exclusivamente industrial» en la que se ofrece una capacidad de fabricación que necesita Talgo en estos momentos. El planteamiento permitiría también elevar la facturación actual del fabricante de origen vasco de los 600 a los 1.000 millones, además de abrir nuevos mercados en Europa del este y en el mundo en un momento en que el tamaño y la escala son claves en el sector, que afronta importantes inversiones en un contexto de internacionalización y competencia entre gigantes empresariales.

Las grandes empresas de Gipuzkoa han estabilizado y consolidado ya sus resultados tras el parón del Covid en 2020 y presentaron en 2022 un mejor balance de ingresos de explotación que las pymes y microempresas. Así lo refleja el estudio presentado esta semana por Empresa XXI, que sirve, además, de ranking de las empresas de mayor tamaño en el territorio guipuzcoano y toda la Comunidad Autónoma Vasca. Y el resultado vuelve a arrojar que la constructora de trenes y autobuses beasaindarra CAF es la empresa más grande de Gipuzkoa, con unos ingresos de explotación (ingresos por la actividad ordinaria de la firma) de 1.641 millones de euros, un 3% más que en el ejercicio de 2021. También es la que más empleados tiene, con 4.031, según esta encuesta presentada en la sede de Kutxabank en Bilbao. CAF repite en lo más alto del podio de las empresas guipuzcoanas y ha arrancado el año también con buenos números, tal y como expusieron el mes pasado en su asamblea general, con un incremento su beneficio neto en un 16%, hasta los 23 millones de euros, pese a la ligera disminución temporal de la cartera de pedidos, que continúa en niveles elevados, aunque cae un 4%. Una empresa que es fiel reflejo del carácter industrial del territorio y con gran proyección exportadora. No obstante, en la clasificación global de toda la Comunidad Autónoma Vasca, CAF desciende hasta la undécima plaza, por detrás de las diez primeras vizcaínas, lideradas por Iberdrola Clientes, con unos ingresos de explotación de 14.500 millones, y Petronor, con algo más de 10.000 millones en el mismo concepto, a caballo del alza de la energía y los combustibles. La multinacional eléctrica con sede en Bilbao suma además a tres filiales en el top 10: Iberdrola Energía España (5.000 millones), Iberdrola SA (3.058 millones) e Iberdrola Generación Térmica (1.890 millones).

La multinacional Ayesa, proveedor global de servicios de tecnología e ingeniería, alcanzó una facturación en Euskadi durante el año 2023 de 110,8 millones de euros, frente a los 103,6 millones con los que cerró el ejercicio precedente. Un aumento del 6,9% que demuestra el crecimiento de la empresa tras la compra del 100% de la histórica firma donostiarra Ibermatica, culminado justo a finales de 2022. La empresa con sede en Sevilla prevé seguir creando empleo en el País Vasco y se marca el objetivo de llegar a los 3.000 empleados en 2026. En este sentido, cabe destacar que estos trabajadores de Euskadi facturan más de los 110 millones mencionados, pero estos beneficios no computan al ser servicios prestados a organizaciones de fuera de Euskadi. Ayesa también se marca como meta lograr los 150 millones de facturación en Euskadi en 2026. En cuanto al aumento de los empleados, la empresa incrementó su plantilla en 157 personas en 2023, pasando de las 1.890 que tenía en 2022 a las 2.047 con las que cerró el ejercicio del pasado año, superando la barrera de los 2.000 empleados. En el conjunto del Estado la empresa alcanzó una facturación de 717 millones de euros al cierre de 2023, lo que supone un 10,5% más respecto al ejercicio anterior.

Más del 10% de las compañías vascas usan esta tecnología de manera habitual, por encima de datos de España o Francia. Así lo anunció la responsable de Estrategia y Coordinación del Basque Artificial Intelligence Center (BAIC), Arrate Jaureguibeitia, una asociación público-privada que ha elaborado el primer diagnóstico del ecosistema vasco en el ámbito de la inteligencia artificial. «No estamos mal situados. Nos encontramos por encima del nivel estatal y de Francia, aunque por debajo de países como Alemania o Reino Unido», comparó. En el BAIC han desarrollado un código ético para abordar su desarrollo, uso e implementación en Euskadi, pero también buscan fórmulas sobre cómo aprovechar realmente la tecnología. «La IA es una herramienta y las empresas tienen que pensar muy bien en cómo maximizar su uso. Deben preguntarse más el ‘para qué’, que el ‘qué’», reflexionó. José María Lucía, socio responsable del EY Wavespace –un centro de innovación y transformación a través de la IA recogido en la firma de servicios profesionales–, admitió su convencimiento de que la inteligencia artificial «es una tecnología esperanzadora», más allá de la búsqueda que todavía está en desarrollo sobre cómo sacar provecho a las oportunidades que genera, y cómo garantizar un retorno de las inversiones. «La gran revolución no va a venir tanto de la tecnología, sino que estará basada en el conocimiento que genera», planteó, firmemente convencido de que esta transformación debe aterrizar sobre una confianza afianzada en bases como «la regulación responsable» o «la protección del usuario».

En un mundo marcado por profundas transformaciones, la IA «cambiará de forma transversal nuestras vidas». Así lo pronosticó el responsable de EY en la Zona Norte, Pablo Sanz, que se encargó de dar la bienvenida al encuentro. No dudó en abordar el debate de esta nueva tecnología en todas sus aristas, desde la necesidad de aprovechar «una oportunidad absolutamente única», controlando los riesgos, hasta el extendido miedo a sus efectos en el mercado laboral. «Van a desaparecer profesiones, pero creemos que todas o casi todas serán más productivas», añadió. Lo fundamental, ante el horizonte de sucesos que se avecina, es no desaprovechar las posibilidades que ofrece a la hora de generar un mayor valor, sin menospreciar los posibles riesgos en la ciberseguridad, ni las garantías éticas. Por su parte, la diputada de Promoción Económica en Bizkaia, Ainara Basurko, subrayó durante la apertura de la cita «la creciente conciencia sobre el impacto positivo que la IA puede tener en los negocios». «Bizkaia tiene fortalezas significativas para transformar la innovación digital», señaló, recordando que el ecosistema vasco está amparado por «la colaboración público-privada», por los «centros tecnológicos de reconocido prestigio» y una «formación valorada en Europa». Basurko también cuantificó el número de empresas vizcaínas que ya han alcanzado un nivel básico de digitalización (el 65%), las que ya están en una situación avanzada (el 24%) y las cerca del 10% que ya tienen implementada la IA. «También hay un 16% que indica que invertirá en esta tecnología próximamente», detalló.

«No es lo mismo construir el coche, que conducir el coche». Así abordó ayer José María Lucía, socio responsable del EY Wavespace, cómo será la evolución y el impacto de la IA cuando ya se encuentre completamente desarrollada. «Son escasas las claves de cómo va a ser la adopción de la tecnología», señaló, pero sobre todo incidió en que será «un reto formativo completamente diferente», que no es posible prever. El CEO de Brainandcode.tech, Alex Rayón, abrió este melón al remarcar que el sistema educativo actual no es capaz de mantener el ritmo al que corre el progreso tecnológico, por lo que «habría que buscar un sistema diferente». Ocurre en las formaciones avanzadas de IA. «Diseñar una carrera puede llevar dos años y la primera promoción saldría en otros cuatro o cinco años, pero no tengo ni idea de qué va a ser la de la inteligencia artificial generativa de aquí a cinco años», resumió Rayón, quien se describió «crítico con el sistema universitario, pero no con las universidades». De hecho, las facultades vascas gozan de un prestigio internacional y atractivo que ayer defendieron todos los ponentes. El director de Innovación y Digitalización de Sener, Óscar Juliá, reconoció que impulsan las «vocaciones» con diferentes iniciativas que han calado en etapas más tempranas, llegando a colocar a los alumnos en carreras STEAM. «Esto evoluciona a una velocidad tremenda, por lo que no solo va de formar a la gente, sino de que la gente quiera aprender», destacó en referencia a que los profesionales del futuro tendrán que salir de las aulas dispuestos a seguir aprendiendo constantemente sobre las tecnologías que ellos mismos harán evolucionar.

Nueve de cada diez personas que consiguen un título en alguna de las tres universidades vascas (UPV/EHU, Deusto y Mondragon Unibertsitatea) tienen un empleo a los tres años de concluir la carrera. Con una media global del 92%, las tasas de ocupación más elevadas se registran en los grados técnicos y de ciencias experimentales (96%), mientras que las más bajas, con un 88%, se dan en Humanidades y Sociales, según el estudio 'Incorporación a la vida laboral' que ha realizado Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, sobre los graduados en las universidades del País Vasco. El informe, elaborado sobre un total de 6.804 personas encuestadas pertenecientes a la promoción universitaria egresada en 2020, revela que para esa promoción la tasa de actividad (porcentaje de personas que desarrollan un trabajo o lo están buscando) alcanza el 93%; la tasa de empleo (personas que tienen un empleo remunerado o ejercen una actividad profesional independiente sobre el total) el 85%; y la tasa de paro (personas que buscan empleo sobre el total de personas activas) un 8%. El salario medio neto con jornada completa es de 1.751 euros netos en catorce pagas (1.820 los hombres y 1.693 las mujeres). La mayor diferencia (158 euros) se da en las carreras técnicas y la menor (9 euros) en las experimentales. Por áreas de conocimiento, los salarios de mayor a menor son los siguientes: Ciencias de la Salud (1.955 euros), Enseñanzas Técnicas (1.902), Ciencias Económicas y Jurídicas (1.686), Ciencias Experimentales (1.587), Humanidades (1.624) y Ciencias Sociales (1.616).

La empresa fotovoltaica Solaria pretende instalar tres plantas en Álava. Una se encuentra en Ribera Baja, otra en la zona de Zuia y la tercera en Vitoria, y en todos los casos evacuarían su energía en la costa vizcaína por medio de una línea de alta tensión de alrededor de cien kilómetros. El Ayuntamiento de la capital alavesa, como muchas otras instituciones afectadas, ha tenido que aportar su propio análisis al Gobierno vasco y en ese documento se alerta de que la solar prevista entre Iruña de Oca y la zona rural vitoriana afectaría de manera «crítica» a terrenos de alto valor estratégico en los pueblos de Martioda y Mendoza. El informe municipal, a priori, no impide el desarrollo de este proyecto, ya que será el Ejecutivo autonómico quien tramite la definitiva declaración de impacto ambiental, pero sí complica su desarrollo si no incorpora cambios relevantes. Porque en cada uno de los concejos, como determinan los técnicos, «más del 40% de los suelos agrarios de la mejor calidad serían ocupados por la planta solar». No sólo eso. A su paso por Vitoria, las líneas de evacuación pasarían por espacios de las sierras de Badaia y Arrato, que están protegidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que –siempre según el criterio de los técnicos municipales– el proyecto tendría que incorporar modificaciones para su ejecución. Pero hay muchos detalles que se le escapan al Ayuntamiento. Cree que Solaria no ha entregado información suficiente.

El autoconsumo en Euskadi no ha parado de crecer en los últimos años, como consecuencia del incremento en los precios de la energía. Esta realidad, unida a la publicación de nuevos programas de subvención de este tipo de instalaciones, hizo que durante 2022 y 2023 las solicitudes despegaran de forma notable. Así, el año pasado se pusieron en marcha un total de 46,2 MW en 2.161 instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo, una tendencia que ha continuado durante el primer trimestre de 2024, cuando se han alcanzado 30,1 MW de potencia global en 830 nuevas instalaciones. Este incremento de las solicitudes hizo que el mercado se tensionara y que los plazos de tramitación así como de legalización de los proyectos se alargaran en el tiempo, lo que motivó que el Ente Vasco de Energía (EVE) convocara a todos los agentes a la Mesa del Autoconsumo de Euskadi –formada por las asociaciones de instaladores UNEF, APPA, INSTAGI, SEA y AEIEB, la distribuidora i-DE de Iberdrola, el EVE y el Gobierno vasco– para consensuar soluciones y permitir una tramitación estándar y con plazos más asumibles.

Nuevo capítulo en la guerra accionarial que enfrenta a los fundadores de Holaluz, Carlota Pi, Oriol Vila y Ferran Nogué, titulares cada uno de algo más del 14% de las acciones, con los fondos Axon Partners y Geroa Pentsioak, que controlan el 16,8% y el 6,68% de la empresa, respectivamente. La compañía, símbolo de las comercializadoras de energía surgidas tras la liberalización del sector y el auge de las renovables, comunicó ayer al BME Growth que el pacto accionarial firmado entre los fundadores y los fondos en julio de 2019, antes de la salida al mercado alternativo para pymes de la firma, se da por roto con carácter inmediato. Este pacto de socios definía aspectos clave de la gobernanza de Holaluz que requerían el voto favorable de los consejeros de Axon, Alfonso Juan de León Castillejo, y Geroa Pentsioak, Jordan Sáenz. Aquí se incluye la aprobación del plan de negocio y el presupuesto anual, la realización de adquisiciones o enajenaciones de activos por encima de los 500.000 euros, las operaciones financieras que conlleven un endeudamiento superior a 500.000 euros, la firma de contratos o hipotecas y la cesión de licencias, entre otros puntos. Es decir, cualquier decisión clave para el día a día de Holaluz debía pasar por los fondos. El acuerdo también preveía el visto bueno para el nombramiento de los máximos directivos, incluido el CEO, la revisión y modificación de sus condiciones laborales o la contratación de personal con planes de stock options. La resolución del pacto parece una medida lógica después de que la mayoría de accionistas votaran presentar una acción social de responsabilidad contra De León y Sáenz la semana pasada y estos fueran expulsados del consejo. 

«Basta ya». Los pequeños y medianos empresarios dieron un paso al frente y alzaron ayer la voz para denunciar «las injerencias» del Gobierno en su actividad y cargar contra la «avalancha» de reformas y medidas que les complican cada vez más su actividad económica, hasta el punto de que muchos temen por su supervivencia. También mostraron su desacuerdo contra otra la iniciativa que se sumará previsiblemente en breve a esta «sobrerregulación» y que supondrá otro fuerte incremento de sus costes: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que impactará no en las grandes compañías, sino fundamentalmente en los pequeños negocios, según advierten. El grito, que se escuchó durante la Asamblea Anual de Cepyme celebrada ayer en Madrid, fue unánime : «La aprobación de reformas por parte del Gobierno que intervienen en el funcionamiento de la empresa y hurtan la flexibilidad necesaria para su desarrollo debe cesar», clamaron. Esta fue solo una de las múltiples críticas que fueron leyendo diferentes pequeños empresarios procedentes de toda España, extraídas del ‘Manifiesto de la pyme española por la libertad de empresa’. El documento fue aprobado por los diferentes órganos de Gobierno de la confederación con el objetivo de exigir la defensa de la libertad de empresa. La misma se encuentra reconocida en la Constitución, junto al cese del intervencionismo y de la estigmatización de esta figura del empresario. «Estoy harto». «¿A dónde nos llevan?» «Tenemos que hacer algo». El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, aprovechó el encuentro para desvelar algunos de los lamentos que en estos últimos tiempos le venían haciendo alguno de estos pequeños y medianos empresarios a los que representa la patronal. Y fue esto lo que le llevó a decidir «hablar alto y claro, justo ahora, cuando el escenario de ataque a la libertad del empresario es extremo».

"La reducción de la jornada laboral es un tema recurrente en el ámbito del mercado de trabajo. No en vano, desde los comienzos de la era industrial, las primeras reivindicaciones sociales se centraban en limitar jornadas excesivas de trabajo y a lo largo de más de un siglo se han ido produciendo avances notables en los países más desarrollados. Así ha ocurrido igualmente en nuestro país gracias a la negociación colectiva. Hasta ahora...Los estudios que han analizado esta cuestión parten siempre de la premisa que una reducción sólo tiene sentido si no afecta al empleo, responde a ganancias de productividad y sirve para mejorar la calidad de vida de las personas. Lo deseable es que se produzcan simultáneamente estas tres condiciones para plantear una hipotética reducción de la jornada de manera generalizada y por la vía del imperativo legal, sin dejar a nadie atrás...Desde una perspectiva económica, la reducción de la jornada laboral es una de las consecuencias de los aumentos de la productividad...Las ganancias permanentes de productividad por ocupado (un shock de oferta positivo) permiten que trabajadores y empresas puedan negociar la distribución de estas mejoras entre aumentos de los salarios o reducciones del tiempo de trabajo, sin que se produzca un aumento del desempleo. Al incrementar los salarios y la renta permanente, lo hace la demanda de bienes, de servicios y también de ocio...Por el contrario, cuando el recorte de la jornada laboral viene causado por un cambio regulatorio como el que se plantea en España, sin una mejora previa de la productividad o de una reducción proporcional de los salarios, se produce un incremento del coste laboral, es decir, un shock de oferta negativo. Las empresas responden contrayendo su demanda de empleo y concentrándose en las actividades más productivas que permiten absorber costes laborales más elevados...España se encuentra todavía lejos del promedio de la UE en tasa de empleo y productividad por ocupado, que ha ido incluso divergiendo en las dos últimas décadas...El objetivo de disminuir la jornada laboral es loable, pero la forma en la que se consigue es clave para alcanzar los efectos deseados. La negociación colectiva es claramente el instrumento idóneo para adaptar las necesidades de empresas y trabajadores a cada realidad empresarial y sectorial, de manera eficaz y flexible. En determinados ámbitos ya se han implementado en España jornadas de 37 y 38 horas semanales, o incluso menos. Nuestro moderno y maduro sistema de relaciones laborales permite y promueve estas soluciones. No lo dejemos de lado". 

El megaproyecto industrial de Stellantis en España cada vez está más cerca de llevarse a cabo, después de que el Gobierno haya aceptado sus alegaciones y elevado la cuantía de las ayudas de la línea de cadena de valor del segundo Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC). El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, anunció ayer en el XI Encuentro Sernauto que finalmente Stellantis recibirá 98,6 millones entre ayudas directas y financiación blanda en la línea B del Perte VEC 2, lo que supone un empujón de casi 15 millones adicionales. Según ha podido saber este diario, la planta de Figueruelas (Zaragoza) pasará a percibir 56,3 millones, es decir, 1,7 millones más, mientras que el centro de Vigo obtendrá 41,1 millones (+11,9 millones) y el de Madrid logrará 1,2 millones. La primera fase del megaproyecto de Stellantis, que activa las demás, es la adjudicación a sus factorías de Vigo y Figueruelas de una plataforma para producir la nueva generación de coches eléctricos del grupo (STLA Small). Esta plataforma vendrá acompañada de una inversión de 1.000 millones y asegurará carga de trabajo para las fábricas más allá de esta década. Si la STLA Small finalmente recae en España, se abriría una segunda fase que conlleva instalar una gigafactoría de baterías en Figueruelas, y que vendría acompañada de una inversión de 3.000 millones. En conjunto, el macroproyecto supondría una inversión en España de unos 4.000 millones. Mientras, Renault recibe 62 millones para producir eléctricos. 

El mercado de coches no tira porque está atenazado por la incertidumbre sobre el futuro de los motores tradicionales mientras los eléctricos no terminan de despegar por su alto precio y la falta de red de recarga. Ante este diagnóstico, Marta Blázquez, elegida presidenta de la patronal nacional de los concesionarios (Faconauto) el pasado año, está de ronda por las comunidades autónomas para solicitar el impulso de planes Renove con ayudas a la compra de coches diésel, gasolina e híbridos convencionales, es decir, aquellos que no cubre el Gobierno central con el Moves. Hoy recala con este mensaje en San Sebastián, donde se reunirá con todo el sector en el Kursaal. Espera que el nuevo Gobierno vasco lo atienda. "El mercado crece porque el turismo impulsa a las alquiladoras. Pero si quitamos este efecto y nos fijamos en particulares y empresas, la evolución es plana. Es algo muy preocupante porque aún estamos un 23% por debajo del nivel prepandemia. Tampoco vamos bien en electrificación. La cuota de eléctricos e híbridos enchufables era del 11,8% el año pasado y ahora es del 10,5%. En resumen, el mercado no tira y la electrificación no avanza. Todo ello pone en riesgo la cadena de valor de la automoción que tanto ha invertido...Hemos confundido al cliente. Una encuesta reciente que hicimos apunta que, ante las dudas, un 48% de los usuarios está retrasando la decisión de comprar un coche nuevo y opta por seguir con el viejo. Quizás se podría aspirar a que un 25% se decante por eléctricos o enchufables pero hay un 75% que no puede acceder a ese mercado. Hay que transmitirles tranquilidad y decirles que si compran un diésel, un gasolina o un híbrido convencional van a poder circular sin ningún problema hasta 2050 porque la fecha de 2035 solo afecta a la comercialización. Lo importante es que se renueve el parque automovilístico, que ha envejecido muchísimo y en Euskadi tiene una media de 14 años y medio..."

Ford alcanzó ayer un acuerdo con los representantes de los trabajadores para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) en la planta de Almussafes (Valencia). El ERE, que comenzó a negociarse a finales de mayo, afectará finalmente a 626 personas –frente a las 1.622 planteadas inicialmente–, de las 4.600 que prestan servicio en esta factoría. Además, se ha abierto un proceso para definir un expediente temporal (Erte) para el personal que permanece en la planta. Las condiciones pactadas son similares a las del expediente que se aplicó el año pasado, cuando salieron más de 1.100 trabajadores. Se ofrece una indemnización equivalente a 45 días por año de servicio con un tope de 42 mensualidades. Igual que ocurrió el año pasado, se va a promover que las bajas incentivadas se materialicen cuanto antes y para ello Ford ofrece compensaciones: se pagará 40.000 euros extra a los trabajadores que se acojan a las bajas antes del 31 de julio. Los que se vayan desde esa fecha al 15 de septiembre recibirán 30.000 euros brutos, y los que se inscriban antes del 31 de octubre tendrán derecho a 20.000 euros, aparte de las indemnizaciones establecidas en el acuerdo. Estas condiciones se aplicarán a los empleados que dejen la compañía y hayan nacido después de 1971. Los que tienen más de 53 años se podrán acoger a las prejubilaciones, percibiendo un porcentaje de su salario que oscila entre el 75% y el 85%, en función de la edad del trabajador, hasta que alcancen una edad que les permita acceder a las jubilaciones públicas.

Poco antes de que entren en vigor aranceles provisionales más elevados a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China, la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA) ha vuelto a advertir de las consecuencias para la economía en Europa y ha pedido que se dé marcha atrás al plan de la Comisión Europea que en junio comunicó su intención de imponer una tasa suplementaria de hasta el 38,1% a la importación de estos automóviles por considerar que la subvención de sus baterías daña a los productores europeos. “El objetivo declarado de garantizar unas condiciones competitivas justas y proteger a la industria nacional de prácticas desleales no se lograría”, explicó la VDA ayer a través de un comunicado de prensa colgado en su página web. Por el contrario, el riesgo de una escalada del conflicto comercial es “real”, señaló. “Además, perjudican tanto a los consumidores europeos como a las empresas europeas. Por lo tanto, no redundan en interés de la Unión Europea”, apuntó sobre unos aranceles que están previstos que entren en vigor hoy jueves. La industria automovilística alemana lleva tiempo preocupada por estos planes, que en su opinión, solo tienen desventajas y que supondrían, además, que la transformación hacia la electromovilidad también se vería obstaculizada, así como la descarbonización y la consecución de los objetivos climáticos de CO2 de París, a los que también se ha comprometido la industria automovilística alemana, recordó la asociación. El sector del motor europeo depende actualmente de la importación de materias primas y baterías. Los aranceles de la UE encarecerían estos coches o impedirían su llegada al mercado y tampoco habría coches eléctricos más baratos que impulsaran las ventas en este segmento, señaló la VDA. “La Comisión Europea debería renunciar a los aranceles anunciados y encontrar una solución negociada con China”.

Los datos turísticos de los primeros meses del año preludian una muy buena temporada estival para el sector. El número de visitantes extranjeros se incrementó un 13,6% entre enero y mayo con respecto al mismo periodo del año anterior lo que, junto con un fuerte aumento de los precios, hizo que el gasto realizado en el país se disparara un 21,8%, hasta los 43.200,4 millones de euros. Con ello, los ingresos derivados de la llegada de turistas extranjeros se han disparado en casi toda España respecto a las cifras previas a la pandemia, aunque Cataluña todavía sigue por debajo de las cifras de 2019 en términos reales, una vez descontados los efectos de la inflación. El número de turistas extranjeros se disparó un 13,6% entre enero y mayo con respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar los 33,2 millones de visitantes en lo que va de año y los 9,3 millones de turistas internacionales solo en el quinto mes del año, un 11,5% más. Con ello, de mantenerse este ritmo a partir de junio, España cerraría el año rebasando su récord de llegada de turistas, si bien hay que tener en cuenta que buena parte del avance del sector turístico se está produciendo fuera de las fechas principales por el agotamiento de plazas en algunas zonas en julio y agosto y por que los visitantes tratan de mitigar las subidas de precios, por lo que es posible que el crecimiento se modere en los próximos meses.

Desde el 1 de julio, las empresas griegas pueden imponer un sexto día laboral y variar los horarios de los empleados para adaptarlos a las necesidades de la producción. Además, el nuevo marco legal permite que un trabajador que ya tiene un contrato de ocho horas tenga un segundo empleo de hasta cinco, durante cinco días a la semana, para complementar su salario. El salario mínimo interprofesional está situado en 830 euros y el coste de la vida es similar al de España. Los trámites parlamentarios para la reforma comenzaron en agosto, mientras gran parte del país estaba de vacaciones, fue aprobada en trámite de urgencia en septiembre y ahora entra en vigor. La ampliación de la semana laboral quiere facilitar la producción de los sectores económicos cuyo flujo de trabajo es continuo. Hasta ahora las empresas debían organizar los horarios de sus trabajadores con dos días de descanso; ahora podrá ser solo uno si el salario correspondiente al sexto está un 40% mejor pagado. El objetivo es combatir la economía sumergida y elevar los ingresos de los empleados. En el caso de que el sexto día caiga en domingo o festivo, el trabajador tiene derecho a que su salario diario suba en un 115%. Si además el turno es nocturno, se aplica un recargo adicional del 25%. El descanso de los empleados se sitúa en 11 horas diarias y el semanal, en 24 horas, un único día completo.

No hay alegrías para el Partido Conservador británico ni siquiera en la víspera de las elecciones. Una última encuesta a gran escala, realizada por la firma especializada Yougov y con la que ‘The Times’ abría anoche su edición digital, pronosticó a los ‘tories’ un batacazo todavía mayor de lo barajado en la última semana. Por el contrario, el sondeo advierte que el laborista Keir Starmer podría estar a las puertas de un triunfo electoral sin precedentes y conseguir hoy la mayoría más amplia de un partido desde 1832. El estudio demoscópico calcula que la formación hasta ahora al frente del Gobierno del Reino Unido se quedará con un máximo de 102 diputados, un 70% menos de los que cosechó hace cinco años. De ser así, hasta 16 de los 26 ministros del gabinete se quedarían sin escaño; entre ellos, el responsable de Hacienda, Jeremy Hunt, o Penny Mordaunt, la presidenta de la Cámara que sostuvo la pesada Espada de Estado durante toda la ceremonia de Coronación de Carlos III. Por su parte, la encuesta calcula una ganancia de 431 asientos para el Partido Laborista. Se alzaría con la «supermayoría» que el primer ministro, Rishi Sunak, ha tratado de combatir en sus últimos mítines. En ese caso, Starmer, que cogió las riendas de la formación en 2020, podría arrogarse el título de líder con más éxito electoral de la reciente política británica. Los ‘tories’ han reprochado históricamente a Tony Blair haber causado una reducción de la participación en las elecciones. Es cierto que su gran victoria en 1997 se debió a una gran abstención de los votantes conservadores, que habían sido desanimados por la división aguda entre John Major y algunos de sus ministros.

No quiere renunciar a la reelección como presidente de EEUU, pero Joe Biden empieza a dudar de que sea capaz de recuperarse de la imagen que proyectó en el debate de la semana pasada contra Donald Trump. Al menos, eso es lo que ha confesado entre sus colaboradores más cercanos tras la presión a la que se ha visto sometido estos últimos días, tal y como publicó ayer The New York Times. La presión sobre el presidente crece. Ayer mismo mantuvo un encuentro a puerta cerrada con la vicepresidenta, Kamala Harris, los gobernadores demócratas y los líderes del partido, desatando los rumores sobre la posibilidad de que renuncie a la carrera a favor de la vicepresidenta. Sin embargo, las fuentes oficiales desmienten estas informaciones y aseguran que Biden todavía no estaría dispuesto a tirar la toalla y podría intentar recuperar terreno en diversos actos públicos este fin de semana, entre los que se incluye una entrevista en ABC News el viernes y varios actos de campaña en Pennsylvania y Wisconsin hasta el domingo tras la celebración oficial del Día de la Independencia este 4 de julio. La próxima semana comparecerá durante la cumbre de la OTAN en Washington. “Estoy comprometido hasta el final”, aseguró ayer Biden ante los miembros de su equipo de campaña. Aun así, el presidente sabe que le analizan con lupa y que otra noche como la del debate del pasado jueves acabaría con sus aspiraciones de seguir en la Casa Blanca otros cuatro años más.