20240325

Emilia Málaga (Portugalete, 52 años) tomó el pasado noviembre las riendas del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, siendo la primera mujer que accede a este cargo. Licenciada en Derecho, presidió el Consejo Económico y Social. desde 2019. En su nueva responsabilidad, aspira a «mantener la dinámica de encuentros, diálogo y acuerdos» de un organismo, dice, que se encuentra «en un momento dulce» después de que su precedesor lo situara «en el corazón de las relaciones laborales». "Cuando hablamos de convenios decaídos hablamos de decaídos y sin cobertura de un convenio de ámbito superior. Cuelgan del Estatuto de los Trabajadores. Son 30.000 trabajadores vascos que tienen sus condiciones sin actualizar. También se está avanzando en eso. El porcentaje de decaídos en 2022 era del 7,2%, el año pasado era del 5,6% y en lo que llevamos de 2024 ya se ha recuperado algún convenio. En estos momentos está en el 4,7% y se está negociando algún otro, así que bajará más...– No ha sido posible abrir la mesa de negociación del convenio de empleadas de hogar porque Confebask se negó a asumir la representación de la patronal. LAB lo ha recurrido a los tribunales. ¿Deberían tener un convenio?– Es un sector especialmente complicado. Hay necesidad de actuar sobre sus condiciones laborales. Es complicado porque ¿en teoría quién es la representación de la parte empleadora? Habrá que esperar a ver qué deciden los tribunales. Siempre va a haber una dificultad añadida, como es el centro de trabajo en el que se desarrolla, que es el hogar. Yo creo que necesita de una especial protección. Si esa protección va a producirse en un convenio, no lo sé. Es necesario que sea un sector donde las condiciones de trabajo se dignifiquen...– ¿En el blindaje de los convenios vascos respecto de los estatales se incluyen también los sectoriales y provinciales, además de los de ámbito autonómico vasco? Había diversas interpretaciones.– No hay dudas. Si nos atenemos a lo que tenemos hoy, porque el real decreto no se convalidó, claramente no hay ninguna duda, porque tenemos un acuerdo interprofesional de 2017 que no deja ninguna posibilidad de interpretarlo de otra manera. Dice ‘en Euskadi’. El real decreto, en su articulado decía una cosa pero en su exposición de motivos hablaba ‘de Euskadi’. Y ahí se generó la confusión. En todo caso, entiendo que nos nos habría afectado porque en el real decreto se establecía la aplicación de los acuerdos como el Interprofesional. Si se vuelve a poner encima de la mesa sería una buena oportunidad para disipar todas las dudas. El de 2017 no genera dudas interpretativas, pero si se va a poner algo en el Estatuto de los Trabajadores sería bueno que no diera lugar a la más mínima duda interpretativa...-La consejera Mendia ha encargado ya el proyecto piloto de Semana de cuatro días. Confebask se niega. ¿La reducción de jornada debería pasar por ese tipo de fórmulas?-– Habrá que esperar a los resultados del experimento y ver si se pueden sacar conclusiones. En Euskadi estamos por debajo de las 40 horas en general. Estamos en una jornada media de 1.698 horas anuales. También es verdad que en los últimos tres años ha habido un descenso del porcentaje de convenios que recogen reducción de jornada. Al final la reducción de jornada se está consiguiendo vía acuerdos. En Euskadi hay muchos trabajadores que estarían por debajo de las 37 horas y media, las 1.711horas al año que se ha propuesto desde el ministerio. El 54% estaría por debajo..."

Repsol, la primera petrolera española, que hace tiempo lanzó ofertas de luz y gas, ha conseguido abrir un boquete comercial a Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres mayores eléctricas y gasistas. El pasado año, en pleno caos de precios de luz y de gas, y con todo el mercado energético patas arriba, Repsol aceleró la captación de clientes. Mientras tanto, Iberdrola, Endesa y Naturgy, que durante décadas habían conseguido mantener su poder comercial y un monopolio de facto, perdieron usuarios. Así se desprende de los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las cifras a diciembre de 2023 aún son provisionales, pero suponen la primera foto de los efectos de la guerra comercial desatada por Repsol el pasado ejercicio, cuando lanzó ofertas combinadas de luz, gas y carburantes, a las que sumó incluso autoconsumo. Fueron los denominados Planes Energía, que aún siguen vigentes. La ofensiva comercial de Repsol incluyó otros movimientos, como la compra e integración de la comercializadora CHC, a mediados del pasado año. Según los datos, Repsol ha cerrado 2023 con un total de 1.535.446 clientes de electricidad. Son 246.104 clientes más de los que tenía a finales de 2022. Si a esta cifra se suman los 305.877 con los que cerró CHC en 2023, Repsol ha sumado a su cartera un total de 551.981 clientes nuevos de luz.

Hitachi y Alstom han sido excluidas de una licitación valorada en 580,8 millones de euros lanzada por Metro de Madrid para el suministro de 40 trenes, lo que allana el terreno a CAF, la otra empresa interesada por el contrato, para hacerse con el proyecto. Según las actas de la licitación consultadas por Europa Press, la exclusión de la francesa y de la japonesa se ha decidido por el incumplimiento del contenido mínimo y de los requerimientos del pliego de condiciones particulares y el pliego de prescripciones técnicas. "En consecuencia, y de conformidad con lo previsto en la condición 8.3 del pliego de condiciones particulares, las ofertas presentadas por las licitadora Alstom Transporte y por Hitachi Rail no son aptas técnicamente y quedan excluidas del procedimiento", indican las actas. Por ello, la única oferta que ha pasado el proceso es la de CAF, con un importe de 372 millones de euros. Además, esta empresa ha obtenido una puntuación de casi 100 puntos, la máxima posible (99,88), por lo que previsiblemente se adjudicará el contrato. Todos los convoyes estarán compuestos por seis coches, de los cuales cuatro serán coches motores y los otros dos serán coches remolques, en composición continua con pasillos de intercomunicación entre coches y una cabina de conducción en cada coche extremo de la composición. En un primer momento serán en conducción protegida con maquinista, es decir, semiautomática, aunque se prevé que a lo largo de su vida útil puedan pasar a una explotación sin tripulación.

A partir del lunes 8 de abril será más complicado trasladarse en tren a Madrid a primera hora. Cuando ya hayan pasado las vacaciones de Semana Santa, los horarios de Renfe traerán cambios y estos supondrán retrasos. Adif comienza las obras que tienen como objetivo duplicar la capacidad para trenes de alta velocidad y larga distancia de la estación de Chamartín-Clara Campoamor, lo que ha obligado a las compañías ferroviarias a organizar parte de sus servicios al menos «hasta julio», según confirmaron ayer portavoces de la empresa pública ferroviaria. Esto afecta sobre todo a las conexiones matutinas de los días laborables entre Vitoria y Madrid. Según se puede ya ver en la web de Renfe, desde el lunes 8 de abril el primer tren Alvia partirá de la capital alavesa a las 8.08 horas. Ahora el Intercity, que es también un servicio rápido, lo hace a las 6.48 horas (el segundo tren es el Alvia de las 7.40 horas) y deja a los viajeros en la estación madrileña a las 9.53 horas. Con el cambio, el primer tren que partirá desde la capital alavesa a las 7.40 será uno de media distancia que se demora más de cinco horas en llegar. El siguiente más rápido será el Alvia de las 8.08 con llegada prevista a las 11.40. Este cambio, trastocará por tanto los planes de muchos alaveses que acuden a Madrid por negocios u otras cuestiones. De llegar antes de las diez, los viajeros pasarán a llegar a las 11.40 horas. Esta modificación tendrá otra consecuencia, y es que además de partir más tarde se incrementará el tiempo de viaje. Ahora, con el Intercity el trayecto dura apenas tres horas y 5 minutos. Con el Alvia, sin embargo, el viaje se prolongará durante más de tres horas y media, debido a que para en alguna estación más.

Ni la escalada de la inflación ni la guerra en Ucrania ni la subida de tipos ni el nuevo incremento del salario mínimo y las cotizaciones han impactado en la afiliación, que sigue creciendo y se espera que supere este mismo mes por primera vez los 21 millones de cotizantes en alta. Pero, en la otra cara de la moneda, también se han incrementado con fuerza los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE), a los que la empresa les ha puesto de patitas en la calle alegando, en su mayor parte, un deterioro de su situación económica. Así fue como en 2023 un total de 36.505 trabajadores se vieron afectados por un despido colectivo, cien cada día del año, lo que supone una subida del 50,7% respecto a 2022, una de las mayores alzas de la última década. De igual manera, se trata del mayor número de afectados por un ERE en los últimos diez años, una cifra que solo fue superada en 2021, debido a la debacle que supuso la pandemia para el mercado de trabajo y el tejido empresarial; y en 2013, año en el que España batió récord con más de cinco millones de parados por la crisis de la burbuja inmobiliaria. Hay que decir, también es verdad, que sigue siendo un número bajo y que representa casi la mitad de los que se sucedían en la Gran Recesión, puesto que en 2013 el número escalaba por encima de los 70.000. Pero ahora no hay crisis económica, por lo que, ¿a qué puede deberse?

El Ministerio de Trabajo y Economía Social mantiene en los tribunales una larga batalla con la patronal CEOE. El departamento de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclama a la confederación empresarial 4,7 millones de euros en subvenciones para la formación de los trabajadores. Esta cuantía en litigio se divide en dos partes: por un lado, Trabajo y CEOE mantienen un litigio en la Audiencia Nacional por 3,3 millones de euros. El asunto está pendiente de sentencia, según las fuentes empresariales consultadas. Y, por otro lado, el Ministerio de Trabajo reclama a la patronal en el Tribunal Supremo cerca de 1,4 millones de euros. Exactamente, 1.389.000 euros. En total, entre ambas cantidades suman 4,7 millones de euros. Se trata de un conflicto muy largo que el Ministerio de Trabajo tiene con la patronal desde 2010. Entonces el Tribunal de Cuentas publicó uno de sus informes demoledores sobre la gestión de los fondos de formación que hacían las organizaciones empresariales y sindicales. A raíz de ese informe, el Servicio Público de Empleo Estatal reclamó a CEOE y a Cepyme doce millones de euros con la acusación de gestión irregular de los cursos y de los fondos. Este no es un tema baladí pues fue uno de los quebraderos de cabeza que se llevó Juan Rosell cuando asumió la presidencia de CEOE, entre 2010 y 2018. Hay que tener en cuenta el contexto económico de entonces. Una recesión de la economía, como consecuencia de la depresión financiera que tuvo lugar entre 2007 y 2013. Por lo tanto, en ese momento la patronal vivía un momento muy difícil porque muchas organizaciones empresariales no pagaban las cuotas o rebajaban sus aportaciones. Hasta el punto fue así que la patronal tuvo que recurrir a su fundación de formación para poder provisionar semejante cantidad. Pero, a partir de ahí, los empresarios reclamaron los fondos a Trabajo en la Audiencia Nacional.

Cuatro de cada diez personas en España cuentan con una titulación superior -FP superior o carrera universitaria- frente a una proporción media de tres de cada diez en la Unión Europea, lo que provoca que nuestro país tenga la tasa de sobrecualificación más elevada de la Unión y la segunda tasa de paro más alta para este colectivo, sólo por detrás de Grecia. Según los datos de Eurostat, un 7,4% de la población de 20 a 64 años en España con estudios superiores estaba en 2023 en situación de desempleo, frente a una media del 3,8% en la UE. Sólo nos supera Grecia, con una tasa del 8,3% para este colectivo. «España es el país europeo con más sobrecualificación, entendida como el porcentaje de ocupados graduados superiores que están empleados en puestos de trabajo por debajo de su formación. Casi un 36% de los graduados superiores españoles desempeña tareas de baja cualificación», recoge la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) en su último informe. Además de superar a la media en proporción de personas sobrecualificadas, nuestro país también cuenta con más población que solamente tiene la educación obligatoria: un 36% frente al 20,5% de la UE, lo que provoca que entre medias de ambos segmentos haya una capa con estudios medios demasiado pequeña. Un 45,2% de la población europea cuenta con estudios postobligatorios no terciarios, frente a tan sólo un 23,1% de los españoles. De ellos, un 35,3% en el caso de la UE tienen un FP de grado medio, frente a sólo el 10% en España. La escasa penetración de la FP en nuestro país es una de las preocupaciones de los legisladores, que han aprobado reformas en los últimos años para tratar de impulsarla y darle un valor añadido con su modalidad dual. El sistema alemán, donde tiene mucha penetración, es un modelo a seguir para nuestro país, así como las buenas prácticas que llevan años implantadas en algunas comunidades como el País Vasco.

La industria turística española tiene como tradición tomarle el pulso a la temporada completa en Semana Santa. Y lo que adelantan las reservas, los precios, el volumen de viajeros y las contrataciones de la próxima semana es que 2024 supondrá encadenar otro récord más para el sector que más ha salido fortalecido de la crisis del Covid en 2020. La subida de precios que acumulan en los dos últimos años los hoteles sigue sin tocar techo, aunque ya este año el crecimiento en las reservas se verá notablemente frenado respecto a las cifras de 2023, calificado entre los empresarios como el del desquite, en referencia a que sus clientes convirtieron los viajes en la prioridad de sus decisiones de consumo por las restricciones que había impuesto antes la pandemia. Hasta cuándo se prolongará el desquite es una incógnita pero lo cierto es que el primer hito de 2024, los destinos urbanos como Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla han colgado el cartel de completo con unas tarifas que han crecido a ritmos de dos dígitos. En general, patronales de las agencias de viajes como CEAV, UNAV o Acave prevén un alto nivel de reservas en una Semana Santa en España de mucha actividad, con aumentos en las contrataciones del 10% o más con respecto a 2023. Para la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), las cifras se situarán ya un 25 % por encima de la misma época de 2019. Estas cifras no incluyen, por ejemplo, el turismo de cruceros, para el que el Jaime Collboni, alcalde de Barcelona, pidió ayer imponer un límite por no poder absorber la ciudad más cruceristas. Tampoco la actividad prevista de pisos turísticos, un negocio cuya huella tanto regularizada como al margen de cualquier norma se ha expandido sin control en el centro de las capitales hasta el punto de ser identificado como uno de los factores del gran problema social de la vivienda en España.

Más de cinco millones de accionistas de los bancos de la Bolsa española recibirán una cifra superior a los 7.000 millones de euros en las próximas semanas en forma de dividendo. CaixaBank lidera el ránking por cuantía, con los más de 2.890 millones que distribuirá entre sus inversores. Le sigue BBVA, que supera los 2.200 millones y Santander, que se sube al tercer puesto del podio, con 1.500 millones. Entidades medianas como Sabadell, Unicaja y Bankinter distribuyen entre 163 y 97 millones. Estos pagos (únicos o complementarios con cargo a 2023), coronan un año récord en resultados que ha impulsado al sector en Bolsa un 23% desde enero. El fuerte crecimiento del beneficio en 2023 ha llevado al sector a apostar por un fuerte aumento en el pago en efectivo, a lo que se suma una avalancha de recompras de acciones, que añaden un extra de rentabilidad. Y según la estimación de pagos para 2024 de los expertos, la rentabilidad por dividendo de las entidades se sitúa en la banda del 5%/9%, con pagos seguros. Esta semana le toca el turno a Bankinter, que el jueves distribuirá 0,107 euros brutos por acción como pago complementario de los resultados de 2023. Es un 20,6% más respecto al mismo abono de un año antes. Para cobrarlo habrá que tener las acciones al cierre de hoy 25 de marzo, último día para optar al pago, ya que la cotización lo descontará mañana. La entidad, que ha estrenado como consejera delegada a Gloria Ortiz, ofrece una rentabilidad por dividendo estimada para este año superior al 7%. El siguiente pago, ya a cuenta del ejercicio 2024, será a finales de junio.

Orange y MásMóvil, segunda y cuarta operadoras de telecos del mercado español, prevén cerrar mañana 26 de marzo su fusión tanto desde el punto de vista jurídico como financiero, según han señalado fuentes conocedoras de la operación. La fusión creará la compañía más grande del sector en España en términos de clientes, con más de 30 millones de líneas móviles de las que 25 millones son de contrato, aunque estará aún lejos de Telefónica en volumen de ingresos, con unos 7.500 millones frente a los 12.500 millones del ex monopolio. Las dos compañías empezarán a operar como una sola de forma inmediata, pero antes, los accionistas de ambos grupos –la multinacional francesa controlada por el Estado galo en el caso de Orange y KKR, Cinven y Providence (85% entre los tres), junto con un grupo de accionistas españoles en el caso de MásMóvil– se repartirán un megadividendo asimétrico. Tal y como estaba previsto, el grupo Orange cobrará mucho más porque acude a la fusión sin deuda, mientras que MásMóvil llega a la fusión después de haber registrado una deuda de 6.541 millones de euros a cierre del ejercicio 2023. En marzo de 2022, cuando se alcanzó el acuerdo preliminar entre las dos partes, que consagraba una fusión al 50%, con un consejo paritario, se pactó que Orange cobraría un dividendo de unos 4.500 millones de euros y que los accionistas de MásMóvil obtendrían unos 1.500 millones. Pero unos meses después, en julio de 2022, cuando se cerró el acuerdo definitivo y la financiación de la deuda nueva para pagar el megadividendo, el equilibrio había cambiado: se pactó que Orange cobrase 4.200 millones, mientras que los socios de MásMóvil obtendrían 1.650 millones. Ahora, sin embargo, el equilibrio ha vuelto a cambiar, esta vez más a favor de Orange.

Las grandes tecnológicas son los nuevos monopolios. Apple acapara el mercado de los teléfonos inteligentes; Google no tiene rival en las búsquedas ni en la publicidad digital; Amazon domina el comercio electrónico; Microsoft, los sistemas operativos y Meta tiene una posición privilegiada en las redes sociales con Facebook, Instagram y WhatsApp. El Gobierno de Estados Unidos considera que esas compañías han abusado de su posición de dominio de forma ilegal y se ha lanzado a combatir sus prácticas monopolísticas. La batalla está servida en los tribunales, pero mientras, esos gigantes, a los que se ha unido Nvidia con sus microprocesadores de gran potencia, se han lanzado a la conquista de la tecnología del futuro: la inteligencia artificial. El último movimiento del Gobierno de Joe Biden ha sido la presentación de una demanda del Departamento de Justicia en la que acusa a Apple de construir un monopolio de forma ilegal con el iPhone. La presentación de la demanda hizo perder a la compañía unos 110.000 millones de dólares de valor en Bolsa en un solo día. “El Departamento de Justicia tiene un legado perdurable, enfrentándose a los mayores y más duros monopolios de la historia. Esto incluye casos históricos contra Standard Oil, AT&T y Microsoft”, afirmó Jonathan Kanter, fiscal responsable de la división antimonopolios.

La economía europea surca aguas procelosas. Afronta serios problemas de competitividad por los mayores costes energéticos, padece una crisis industrial y ha quedado rezagada en el campo de la tecnología. El horizonte puede incluso empeorar si Trump gana las elecciones y deja a Europa desasistida en Ucrania. En este contexto preñado de malos presagios, la UE ha encargado al expresidente del BCE, Mario Draghi, que elabore un informe sobre la competitividad. La cuestión preocupa a las autoridades. Draghi ya avanzó algunas líneas de lo que publicará en junio a los ministros de Finanzas. Y hace unos días, en una intervención en EE UU, desarrolló sus argumentos. El relato es rompedor en tanto que deja entrever la agonía de la globalización; defiende un mayor intervencionismo con ayudas a las empresas y una relajación de las reglas de competencia; prevé una mayor tolerancia con la inflación para financiar, por una parte, la transición verde y tecnológica y, por otra, hacer frente a los futuros shocks que se van a generar en un mundo sin los colchones de la globalización y en el que será más difícil salir de las crisis exportando. Aunque a largo plazo mejorarán la productividad, las inversiones verdes se hacen en general para sustituir fuentes de energía y no para mejorar el rendimiento de la economía. Este es el diagnóstico que dibuja Draghi. Aunque mantengan su independencia, los bancos centrales, la Comisión o la Competencia no podrán estar separados de los objetivos de la política europea. Tendrán que unir fuerzas con los gobiernos y subyace, por tanto, la idea de que la política monetaria tendrá que flexibilizarse para que la fiscal pueda invertir. Hará falta mucho dinero y una capacidad fiscal común, advierte Draghi.

En un momento en el que el robusto crecimiento económico chino empieza a declinar, el gobierno del país está decidido a abrir más sus fronteras a las empresas internacionales. Así lo aseguró al menos ayer el primer ministro chino, Li Qiang, que en un discurso en la sesión inaugural del Foro de Desarrollo de China afirmó que el país se pondrá manos a la obra para eliminar las barreras que se encuentran las compañías del resto del mundo en China: “Una China más abierta traerá al mundo más oportunidades de cooperación en beneficio mutuo”. Pekín reúne estos días en dicho foro a 400 líderes de grandes compañías internacionales y organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, además de académicos, funcionarios y expertos. Entre los asistentes, presidentes o directores generales de Visa, Broadcom, Mercedes Benz y Hewlett Packard, y el CEO de Apple, Tim Cook. Este último, además de participar en el foro se reunió con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao. Tras su encuentro, Cook prometió más inversión de la compañía en el país. En su intervención, el primer ministro destacó el potencial para atraer inversión extranjera de sectores como el urbanístico, la “economía verde” y la modernización industrial e insistió en que el Gobierno creará mayores oportunidades para el capital foráneo a través de políticas macroeconómicas. El Ejecutivo que preside Xi Jinping, aseveró, está estudiando “atentamente” algunos de los problemas de los que se han quejado repetidamente las empresas extranjeras que operan en China, como las barreras de acceso al mercado o el flujo transfronterizo de información y datos.

El presidente libertario de Argentina, Javier Milei, ha lanzado una agresiva campaña para reformar las empresas estatales, mientras los legisladores frenan sus planes de privatizarlas. Milei, que tiene a Margaret Thatcher entre sus héroes políticos, describió en campaña la privatización de las empresas estatales argentinas como una de sus principales prioridades, pero hasta ahora ha tenido dificultades para obtener el respaldo del Congreso. Mientras tanto, sus funcionarios han empezado a aplicar recortes de costes a gran escala en docenas de grupos estatales dentro de sus esfuerzos por equilibrar el presupuesto de Argentina este año, abriendo feroces conflictos con el personal y los sindicatos. “Todas estas empresas... dedican el 20% de sus presupuestos a cumplir sus objetivos específicos, y el 80% a gastos de gestión”, afirmó Guillermo Francos, ministro del Interior de Milei, en la cadena de televisión argentina LN+ el mes pasado. “Debemos luchar por la eficiencia”. ASAP, una ONG que realiza un seguimiento de las finanzas del Gobierno, descubrió que Milei había recortado las transferencias a las empresas estatales a 456.000 millones de pesos, o 535 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en febrero, lo que supone un descenso del 61% en términos ajustados a la inflación con respecto a febrero de 2023. Las cerca de 40 empresas estatales prestan servicios públicos, como ferrocarriles de pasajeros, alcantarillado y energía. La mayoría operaban con pérdidas bajo gobiernos anteriores. Ahora, la Administración de Milei ha nombrado nuevos directivos en muchas de ellas, con el mandato de recortar la plantilla y renovar sus estrategias. Juan Cruz Díaz, director general de la consultora política Cefeidas, afirma: “Hay mucho margen para reducir costes, hacer las cosas más eficientes, mejorar la gestión. Pero el Gobierno tiene la ambición de avanzar con mucha más intensidad. Es una cuestión de principios tanto como de costes”.