20241015

El empresario vasco y presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha mostrado su interés en asumir el papel de único futuro socio industrial de la compañía ferroviaria Talgo, sumida en la actualidad en una crisis accionarial tras la fracasada opa del grupo húngaro Magyar Wagon. Jainaga ya ha trasladado sus intenciones a los gobiernos central y vasco, así como al accionista de referencia de la compañía, el fondo de inversión Trilantic. Todo apunta a que las conversaciones se iniciaron hace ya algunas semanas y estarían sometidas a una recta final de negociaciones en la que como elemento clave se situaría el precio a pagar por las acciones en manos del fondo de inversión. Las mismas fuentes han indicado que el Gobierno vasco ya ha trasladado también al empresario que estaría dispuesto a acompañarle en la operación, siguiendo así el principio fijado públicamente por el lehendakari, Imanol Pradales, en una reciente comparecencia pública. El lehendakari señaló la disposición de la Administración vasca a participar en el futuro accionariado de Talgo –que tiene una de sus dos factorías de producción en la localidad alavesa de Ribavellosa–, pero condicionado a que hubiese un socio industrial que garantizase el proyecto. Jainaga ha trasladado al Gobierno vasco su deseo de ser el único socio industrial en la operación, si bien se haría acompañar de otros inversores financieros, para dar estabilidad al accionariado de la compañía. De este modo podría materializarse la solución al principal problema que bloquea la toma de decisiones en Talgo: la propiedad de la compañía. Resuelta la gobernanza con un socio industrial, habría también un liderazgo para afrontar el apremiante refuerzo de su capacidad fabricación. Y es que la actual cartera de pedidos, con más de 4.000 millones, asfixia a Talgo. La apuesta del presidente de Sidenor refuerza además el carácter vasco de la operación. 

Pese a las dificultades coyunturales, las haciendas forales vascas terminarán este año con un récord histórico en la recaudación por impuestos. Y si las previsiones se mantienen dentro de los márgenes razonables, en 2025 también habrá un nuevo récord de ingresos tributarios, que puede ser más o menos intenso en función de los cambios que las diputaciones se aprestan a introducir en los principales impuestos en la ya famosa reforma fiscal que, con toda seguridad, va a quedar reducida a meros retoques con una limitada trascendencia recaudatoria. Que 2024 y 2025 serán años de récord alcanzará hoy la categoría de predicción oficial, en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas. Este es el organismo que se reúne al menos dos veces al año y que en su convocatoria de octubre establece las estimaciones de cierre del año –ya con los resultados reales de ingresos de nueve meses– y la apuesta en torno a lo que sucederá en el siguiente ejercicio. En el Consejo están representados el Gobierno vasco, que ostenta la presidencia en la figura del consejero de Hacienda –en este caso Noël d’Anjou–; las tres diputaciones forales y los ayuntamientos a través de Eudel, la asociación que representa sus intereses comunes. La reunión de hoy, convocada para la primera hora de la tarde en la sede del Ejecutivo vasco en Lakua, será la primera que se produzca con la actual configuración institucional, tras las elecciones forales y autonómicas, que han provocado un cambio profundo en los equipos de gobierno. En octubre de 2023, el Consejo estimó que este año se recaudarían 19.000 millones de euros en impuestos en Euskadi. Pese a que las principales variables macroeconómicas que inciden en los ingresos públicos no se han desviado mucho de lo estimado, lo cierto es que no se alcanzará esa cifra. Los ingresos, apuntan fuentes de la Administración, van a estar por debajo de esa cuantía pero por encima de los 18.212 millones de euros recaudados por el fisco. Se había previsto un aumento del 4,3% para este año pero no ha podido ser. La clave hay que buscarla en la devolución del dinero cobrado de forma indebida en el IRPF a los exmutualistas, tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que una parte de su pensión está libre de impuestos. Las últimas estimaciones apuntan a un recorte de algo más de 700 millones en los ingresos de este año debido a la sentencia.

La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha afirmado que, aunque hubieran sido invitados al acto previsto por Confebask sobre absentismo laboral en noviembre, no habrían participado porque es "comprar el marco a la patronal", que busca "un nuevo recorte de derechos". Aranburu ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde LAB se ha movilizado en demanda de un refuerzo del sistema público de salud y donde también se ha referido al absentismo laboral y al acto que tiene previsto desarrollar Confebask sobre este tema el próximo 7 de noviembre. La responsable sindical ha indicado que no les han invitado a tomar parte de esta jornada, a la que sí han sido invitados los miembros de la mesa de diálogo social, -en la que únicamente participan CCOO y UGT, y no LAB o ELA-, y donde un grupo de trabajo está abordando el tema del absentismo laboral en Euskadi. Aranburu ha asegurado que, aunque les hubiesen invitado, no hubieran participado en el acto porque es "otra forma de comprarle el marco a la patronal", que, con el tema del absentismo, está buscando "un nuevo recorte de derechos". "Y eso es algo que LAB va a combatir y que no vamos a ser partícipes, de esos debates y de esas cuestiones y no nos vamos a sentar con la patronal a hablar sobre el absentismo", ha asegurado. Garbiñe Aranburu ha señalado que les parece "muy arriesgado" y no comparten "comprarle el marco ideológico a la patronal y hacer ese tipo de propuestas". La dirigente de LAB ha añadido que lo que pretende también la patronal es "darle más cobertura y competencias" a las mutuas para que "puedan controlar las bajas". A su juicio, el problema que hay "justo lo contrario", que, cada vez más trabajadores tienen que acudir a sus puestos de trabajo "sin haberse recuperado totalmente". "Es un filo muy peligroso que se está abriendo y que como LAB vamos a combatir", ha insistido.

El País Vasco lidera la oferta universitaria dual en España. Mondragon Unibertsitatea, la UPV/EHU y la Universidad de Deusto concentran la mitad de la oferta total del país. La formación dual es aquella en la que las empresas forman parte activa en la enseñanza: colaboran en el diseño del plan de estudios, ofrecen oportunidades de aprendizaje que van mucho más allá de unas prácticas... De lo que se trata, en el fondo, es de facilitar el acceso al mundo laboral. Las tres universidades vascas ofertan 36 grados y 23 másteres en esta modalidad; sólo Mondragon cuenta con 32 titulaciones. En toda España son 72 y 51, respectivamente. Tras Euskadi, Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas con una mayor oferta de este tipo, según el informe ‘Radiografía de la Formación Dual Universitaria en España’, publicado ayer y elaborado por la Fundación Bertelsmann, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y Mondragon Unibertsitatea. La rama en la que más extendida está la formación dual es la ingeniería, que aglutina el 64% de los grados de este tipo. Los campos de la arquitectura, construcción, edificación, urbanismo e ingeniería civil apenas representan el 2% de estos estudios. A su vez, la mayoría de las ingenierías duales del país, el 68%, se imparten en Euskadi. Esto se debe, sobre todo, al gran peso de la industria en el PIB vasco. La necesidad de contar con mano de obra cualificada, y una cultura empresarial muy arraigada, explican que las compañías hayan formado parte activa en los planes de estudios. No sólo en la universidad, sino también en la FP, donde el País Vasco también es pionero. La intención del Departamento de Educación es que todos los grados de FP sean duales para 2026. La formación dual tiene un impacto directo en el empleo juvenil. En Alemania, alrededor del 70% de los estudiantes que completan estos programas son contratados directamente por la empresa en la que realizaron su formación.

El fondo de inversión estadounidense Blackstone invertirá 7.500 millones de euros en un centro de datos en Calatorao (Zaragoza) creando 1.400 puestos de trabajo directos. Este campus de centros de datos ocupará 224 hectáreas en torno a la autovía A-2 y su influencia alcanzará municipios como Lucena de Jalón, Épila o La Muela. El empleo se creará, principalmente, en el sector tecnológico y en la construcción, tal y como explicó el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Esta inversión se une a las anunciadas recientemente por Amazon, que ascienden a 15.700 millones y también están centradas en la construcción de centros datos. Estas infraestructuras demandan una gran cantidad de energía eléctrica para refrigerar sus procesadores. Para ello, Aragón ha liderado la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos en España en los últimos años. Una política que ha convertido a la región en uno de los destinos más importantes de España para los centros de datos. «El futuro será tecnológico o no será» y por eso el Gobierno de Aragón pone «la alfombra roja» a todas las inversiones relacionadas con el sector de la tecnología, aseguró Azcón. El presidente insistió en su idea de convertir Aragón en «la Virginia europea». Blackstone es el mayor gestor de activos alternativos del mundo. Sus inversiones superan el billón de dólares e incluyen estrategias de inversión globales centradas en el sector inmobiliario, el capital riesgo, las infraestructuras, las ciencias de la vida, el capital crecimiento, el crédito, los activos reales, los activos secundarios y los ‘hedge funds’. Esta inversión de Blackstone es la más importante de las que ha realizado en Europa y, según el Gobierno de Aragón, su repercusión en el PIB regional para los próximos 25 años está entre los 16.500 millones y los 25.450.

El actual consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, no excluye el cierre de plantas de las marcas de su grupo ante la competencia china, que consideró que no se detendrá por el alza de aranceles a nivel europeo. “No hay que excluir nada”, aseguró el consejero delegado a la pregunta de si se plantea cerrar plantas o vender alguna de la quincena de marcas que gestiona. Tavares, que será sustituido en su cargo próximamente, hizo esas declaraciones en una entrevista publicada ayer por el diario económico Les Echos, con motivo de la apertura del Salón del Automóvil de París. Sin embargo, por la tarde, en conversación con Bloomberg, rectificó e insistió en que la compañía no busca desprenderse de ninguna de sus icónicas marcas de coches. Precisamente, la semana pasada el mayor fabricante de coches en España confirmó que se queda con más de 133 millones de euros del tercer Perte VEC y, por lo tanto, alcanzó la ayuda suficiente para levantar una gigafactoría en Zaragoza. Stellantis, de la mano de su socio chino CATL, invertirá 4.000 millones de euros en este proyecto. En este sentido, insistió en que los problemas en Estados Unidos son “puramente operacionales” y se deben a un plan “fallido” de marketing que se implementó en Norteamérica. Tavares no esquivó las preguntas sobre el efecto de la competencia china en Europa. “Si los chinos se hacen con el 10% del mercado en Europa al término de su ofensiva, eso son 1,5 millones de coches. Equivale a siete plantas de montaje. Los constructores europeos tendrán que cerrarlas o venderlas a los chinos. De eso no habla nadie”, aseguró. El directivo del grupo que controla marcas como Citroën, Peugeot, Fiat u Opel aseguró que “el cierre de fronteras a los productos chinos es una trampa” porque “se saltarán las barreras invirtiendo en plantas en Europa”, en parte con “subvenciones estatales” de su país “a bajo coste”.

Carlos Tavares, consejero delegado del grupo automovilístico Stellantis, dijo ayer que la compañía valora de forma positiva el apoyo del Gobierno español a la gigafactoría de baterías que planea para Zaragoza, con más de 300 millones de euros en ayudas, aunque indicó que la decisión depende ahora del Gobierno chino. El megaproyecto industrial, que se instalaría en Zaragoza con una inversión de 3.000 millones, depende ahora de obtener luz verde de China, con motivo de la joint venture que ha firmado con CATL para la producción de baterías en España. Tavares instó a esperar a la decisión “que se tomará pronto”, aunque, en su opinión, “está en el aire” por la tensión Europa-China con motivo de los aranceles que ha establecido la Comisión Europea a la importación de eléctricos made in China. El primer ejecutivo de Stellantis valoró el trabajo de las plantas españolas para reducir costes, aunque instó a mirar al sur (Marruecos) en vez de al norte en términos de competencia, añadiendo que Marruecos tiene costes más bajos. Por su parte, el CEO del grupo Renault, Luca de Meo, aseguró ayer que la compañía ha confiado en las plantas españolas para producir en la actualidad cinco modelos híbridos, “que son ahora los que se venden, frente a los eléctricos, cuya demanda es baja”. “En 60 años nunca hemos dejado tirada a España y ahora tampoco lo haremos”. De Meo dijo ayer que sus plantas españolas son de las más productivas del grupo y del sector y resaltó el trabajo que han hecho en términos de competitividad. “En Francia los sindicatos nos están pidiendo fabricar híbridos porque los eléctricos no se venden”, explicó el directivo, que confirmó la apuesta del grupo por el vehículo eléctrico, pese a las bajas ventas, por lo que solicitó una extensión de los plazos para cumplir con los límites de emisiones de la Comisión Europea (CE).

El directivo, que también es presidente de la patronal europea Acea, indicó que negocian con la CE por una posible extensión de plazos.

Hay numerosos cuellos de botella que frenarán el crecimiento a medio y largo plazo, como el exceso de ahorro, la falta de mano de obra, la debilidad de la inversión, la ralentización de la productividad, los límites al avance del turismo, la necesaria corrección del déficit público y la escasez de vivienda, que dispara el coste de la vida. El servicio de estudios de BBVA revisa hoy al alza sus previsiones de PIB para este año en medio punto, hasta el 2,9% en su informe Situación España. Esta mejoría se debe en buena medida a la revisión al nuevo cálculo de la actividad por parte del INE, que ha dado un impulso de cuatro décimas al PIB. En segundo lugar, la ralentización de la inflación en los últimos meses también está sirviendo de estímulo a la economía, sumando otras cuatro décimas, ya que no solo apuntala la capacidad de compra de las familias españolas, sino que también facilita próximas rebajas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que a su vez influye en la carga hipotecaria. Todo ello hará que, a pesar de la debilidad de la economía europea, España mantenga el tirón en la segunda mitad del año, con un crecimiento del 0,7% entre julio y septiembre seguido de un avance del 0,6% en el cuarto trimestre. Pero “para que este crecimiento se mantenga en el futuro deberíamos ver mas inversión productiva y aumentos de la productividad”, explica Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research. De hecho, más allá del corto plazo, hay numerosas señales que apuntan a una ralentización. Y precisamente la debilidad de las inversiones es una de ellas. “La inversión sigue sin mostrar las señales de dinamismo que se esperaban con los fondos europeos anunciados”, advierte Doménech. 

BBVA Research ha elevado cuatro décimas su previsión de crecimiento para la economía española hasta el 2,9% para este ejercicio, convirtiéndose así en una de las más optimistas, por encima del Banco de España (que la ha elevado recientemente al 2,8%) y del Ejecutivo (que la sitúa en el 2,7%). Según su informe Situación España que publica hoy, martes, la economía crecerá este año cuatro décimas más de lo que pensaban en junio y tres décimas más el próximo ejercicio, para el que incrementan su estimación hasta el 2,4%. Sin embargo, esta mejora se ve ensombrecida por el comportamiento de la inversión, una anomalía en este escenario de bonanza. Los elementos que se encuentran detrás de la mejora son las revisiones al alza que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística del crecimiento acumulado en los últimos años, que aportan cuatro décimas adicionales, y una inflación que ha bajado más de lo que se esperaba (hasta situarse en el 1,5% en septiembre), lo que suma otras cuatro décimas. Sin embargo, estas sorpresas positivas se ven mermadas por el comportamiento de la inversión, que ha dado una sorpresa a la baja y resta 3 décimas este año y 2 en 2025. «Deberíamos estar viendo mucha más inversión productiva y mejoras de la productividad que no estamos viendo. El crecimiento está siendo por adición, extensivo, por acumulación de nuevo empleo (sobre todo extranjero) pero no en términos de productividad. No estamos viendo dinamismo en la inversión en I+D+i, hay algo de mejora en intangibles pero la brecha es muy grande», lamenta Rafael Doménech, responsable de análisis económico, en alusión a que la inversión sigue siendo el único componente del PIB que se encuentra por debajo de los niveles prepandemia.

Aunque la decisión de que el trazado se ejecutará por Vitoria está prácticamente tomada en base a criterios técnicos y económicos, Puente anunció una ampliación de los estudios geológicos que se estaban realizando desde abril del año pasado en la sierra de Aralar. El Gobierno central, el vasco y el navarro se han comprometido desde entonces a que cuando el estudio adicional esté disponible anunciarán oficialmente de una vez por todas si la ruta elegida es la alavesa o la guipuzcoana. En una comparecencia conjunta en Pamplona el pasado septiembre, el lehendakari Imanol Pradales y la presidenta María Chivite llegaron a pedir que las labores técnicas se desarrollen con celeridad, pero casi tres meses después del anuncio realizado por el ministro Puente, las pruebas geológicas no han empezado. La razón es el rechazo social y político que los técnicos del ministerio se han encontrado en el entorno de Aralar. Según las fuentes consultadas son «numerosos» los vecinos y los ayuntamientos –todos de la zona navarra– los que se han negado a autorizar que los geólogos entren en terrenos de su propiedad para poder hacer catas o acceder a otras zonas. Inicialmente el Gobierno pensó que podría solventar la situación realizando las labores en parcelas de titularidad pública –tramos de carretera, entornos de torretas eléctricas...–, pero la complicada orografía de la zona requiere labores mucho más exhaustivas. «Son sondeos muy singulares, a mucha profundidad, que necesitan unos cuantos meses», explicaba la semana pasada en la ‘Ser’ el secretario de Estado de Transportes, el exalcalde de Irún, José Antonio Santano. También calificó como «conflictivo» el proceso para intentar hacer las catas. Tal es la resistencia encontrada que el ministerio ha tenido que buscar una base legal para entrar a las parcelas. La Abogacía del Estado ha avalado esta misma semana que los técnicos ‘ocupen’ de forma temporal los terrenos que consideren necesarios para llevar a cabo las labores geológicas. La previsión es que los sondeos puedan arrancar este mes, según apuntan fuentes conocedoras del proceso.

BM Supermercados, la cadena de supermercados del grupo Uvesco, se alía con Glovo para incrementar su alcance en Madrid. En plena expansión de la compañía vasca por la zona centro de España, donde continúa con su ambicioso proyecto de aperturas, la empresa ha cerrado la alianza con la plataforma de reparto para vender el surtido disponible de sus tiendas. La intención de las compañías es que el servicio se extienda a las tiendas de BM de forma progresiva. En la primera fase, que comienza este martes, Glovo ofrece la posibilidad de hacer la compra en 57 supermercados BM, de los 79 con los que cuenta en Madrid, distribuidos en una quincena de municipios. Desde hoy, Glovo ofrece la opción de hacer un pedido a través de su app, localizando BM en la pestaña “supermercados”. Los pedidos se prepararán directamente en las tiendas, lo que implica que el usuario podrá recibirlo en aproximadamente media hora desde que lo realiza. La alianza de BM con Glovo supone un impulso para la compañía vasca, que busca incrementar su llegada a nuevos clientes con este canal mientras prosigue con su proceso de aperturas.

La Federación Mercantil de Gipuzkoa, que representa a 1.700 negocios, defendió ayer en las Juntas Generales del territorio una idea novedosa. Se trata de una acción amplia de generación de una corriente a favor del comercio local que iría más allá de las tradicionales campañas de apoyo a las tiendas de proximidad, ya que debería tener, «un carácter más social y sumar a diferentes agentes del ámbito empresarial, cultural, deportivo, académico, sanitario, de la comunicación y, por supuesto, institucional». La presidenta de la Federación Mercantil, Estibaliz Tello, utilizó dos referentes, como son la Korrika en defensa del euskera o Realzale, en alusión a las emociones que «nos suscitan nuestros equipos del alma», para defender esta propuesta. Se trataría, en cualquier caso de «una corriente que comience ahora y sin fecha de caducidad, día a día, año a año». Un camino que requiere del impulso inicial del parlamento territorial pero que no debería quedarse ahí. «Nos gustaría que esta comparecencia prosperara en una apuesta decidida de las Juntas Generales por el comercio guipuzcoano apoyando la puesta en marcha de una acción de sensibilización sostenida en el tiempo», defendió Tello.

MasOrange ha reducido a 650 empleados la afectación del expediente de regulación de empleo (ERE) que ejecutará en la compañía, frente a los 695 de la oferta anterior y los 795 del planteamiento inicial, y ha elevado la indemnización para los afectados hasta un máximo de 47 días por año trabajado y un tope de 24 mensualidades, según la propuesta definitiva que la teleco trasladó anoche a los sindicatos. La propuesta final presentada por MasOrange sitúa las indemnizaciones en una horquilla de entre 47 y 34 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades para aquellos empleados que se presenten de forma voluntaria al ERE. Los trabajadores que salgan de la compañía de manera forzosa tendrán una indemnización de entre 45 y 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Además,, los trabajadores con menos de ocho años de antigüedad que se presenten de manera voluntaria al ERE cobrarán una prima de 3.000 euros, una cifra que se incrementa a 8.000 euros para los empleados con una antigüedad de entre nueve y 12 años y de 15.000 para los que lleven más de 12 años en la compañía.

El Ministerio de Seguridad Social ha llevado por primera vez a una mesa oficial de negociación las palabras de la ministra, Elma Saiz, quien abogó por abrir el debate sobre las bajas flexibles y voluntarias para determinados tipos de casos. Esto es, combinar el trabajo con la recuperación de un empleado enfermo con algunas patologías que así lo requirieran. Aunque esta puesta de largo ha sido suavizada por el número dos de Saiz, al apuntar que esa reincorporación sería «gradual», si bien solamente «en el momento en el que se produzca la recuperación». Es decir, con el alta médica. Al menos es lo que se desprende de las palabras del secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, tras la reunión mantenida ayer con los agentes sociales para tratar, entre otros asuntos, la modificación de la incapacidad temporal. «Esa alta debe producirse en el momento en que se ha recuperado la salud», apuntó Suárez. «Para determinadas enfermedades la reincorporación puede ser muy problemática si se ha estado de baja muchos meses completos. De ahí la gradualidad, pero la gradualidad en el momento en que se produzca la recuperación», insistió. Tras la polvareda levantada la semana pasada por la propuesta de la ministra, ahora el departamento de Seguridad Social ha planteado a empresarios y sindicatos «favorecer una reincorporación gradual al puesto de trabajo que permita que esa recuperación de la salud tenga todas las garantías y sea más satisfactoria». Y que ello pueda derivar incluso en combinar la prestación pública con el sueldo de la empresa. En cualquier caso, los sindicatos volvieron a oponerse a la medida de las bajas flexibles, a pesar de que desde CC OO aseguraron que «no se ha precisado ninguna propuesta concreta». «Hemos rechazado plenamente el concepto de bajas flexibles, tanto asociaciones sindicales como empresariales». 

El PP ha ido suavizando la propuesta que Alberto Núñez Feijóo lanzó a principios de octubre como punta de lanza de su giro social para tratar de recuperar el centro, la jornada laboral de cuatro días a la semana. El líder del PP anunció en una entrevista en Vanity Fair que se abría a considerar una concentración de la jornada para reducir los días de trabajo. “El objetivo debe ser trabajar cuatro días, pero tenemos un problema de productividad. ¿Podemos trabajar cuatro días durante nueve o diez horas?”, dijo en la revista, pero la iniciativa no cayó bien ni en la patronal ni en el ala dura del PP, que la rechazó de plano. Tras el revuelo, el partido dejó caer la propuesta y no la incluyó en la proposición de ley de conciliación que registró en el Congreso a principios de mes. Feijóo anunció además que se abría a modificarla con los agentes sociales, con quienes anunció que se reuniría. Ayer, después de que el líder del PP se reuniera en Génova con el líder de la patronal, Antonio Garamendi, el partido terminó de modular su iniciativa. “Nosotros no entramos en el ámbito de la reducción de la jornada o de los días en los que hay que desarrollar esa jornada”, afirmó en una comparecencia la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales, Ana Alós, que defendió que se trata de un “debate legítimo” que el PP lo deja en manos de los agentes sociales. “En nuestra ley no aparece nada de que tenga que ser una jornada laboral de cuatro días”, incidió marcando distancias con una propuesta que hace semanas el PP anunció, sin embargo, a bombo y platillo.

«Flexibilidad» y «diálogo social». Son los dos pilares sobre los que pivota la propuesta del Partido Popular en materia de conciliación laboral. Frente a la reducción de la jornada por ley que está imponiendo el Gobierno en la negociación abierta con la patronal y los sindicatos, los populares se desmarcan con un planteamiento basado en la distribución de los horarios pactada entre empresarios y trabajadores. Un modelo que, así planteado y a diferencia de la semana laboral de cuatro días que lanzó hace unas semanas Alberto Núñez Feijóo, sí encaja en la hoja de ruta de la CEOE. Nada impuesto y todo negociado. Es lo que ofreció ayer Feijóo al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que fue el primero en acudir a Génova a conocer el detalle de la Ley de Conciliación del PP. En el documento pudo constatar que no hay ni rastro de la controvertida semana laboral de cuatro días. Y no sólo eso, sino que todo el apartado sobre flexibilidad laboral deja la implementación de las medidas al albur de la negociación entre las empresas y los representantes de los trabajadores y en función de las necesidades de los distintos sectores. Algo que Garamendi vio con buenos ojos: «Estamos abiertos a hablar de horas, días, flexibilidad... siempre y cuando sea dentro de ese marco de negociación colectiva. Está en esa onda, igual que estamos exigiendo con las 37,5 horas». El máximo representante de los empresarios valoraba el encuentro con el líder de la oposición como «una reunión positiva» e insistía en que todo lo discutido, en el marco de la negociación colectiva, a la patronal le «encaja». Un tono más conciliador que el que mostraba hace tres semanas respecto a la propuesta de semana laboral de cuatro días que lanzó Feijóo. «Hay que separar la política del día a día», advertía entonces Garamendi, en pleno debate interno en el seno del PP por este asunto al oponerse el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso a la reducción de la jornada laboral en España.

Hacienda se prepara para dar un importante salto en el control de los contribuyentes al volver a ampliar los colectivos obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta. Tras imponer la participación en la Campaña de la Renta a todos los trabajadores autónomos independientemente de su volumen de ingresos o a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el Gobierno ha aprovechado un real decreto-ley para obligar a todos aquellos que perciban prestaciones por desempleo a presentar la declaración de la Renta, comenzando por la de este ejercicio en la próxima primavera, aunque no rebasen los umbrales exigibles al resto de contribuyentes. Así queda establecido tras la modificación del artículo 299 de la Ley General de Seguridad Social que el Ejecutivo impulsó en el Real Decreto-ley 2/2024 de medidas urgentes para la simplificación y mejoras del nivel asistencial de la protección por desempleo, que completa la transposición de la directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y profesional. Entre otras cosas, el decreto añadió un nuevo apartado a las obligaciones de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo que les exige “presentar anualmente la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. El decreto, en realidad, no lo impulsa Hacienda sino el Ministerio de Trabajo, pues se trata de la norma de reforma del subsidio de desempleo que inicialmente Podemos tumbó a la vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz en enero, y que, tras ceder a sus peticiones, apoyó en primavera. El Parlamento avaló finalmente su convalidación en junio con la abstención de PP y Vox.

El impacto del teletrabajo y de la presencialidad en el crecimiento de las compañías ha sido materia de numerosos debates en los últimos años. Ahora, un trabajo elaborado de manera conjunta por Arcano Partners y CBRE viene a arrojar luz y datos sobre este asunto y concluye, entre otras cosas, que las personas son «significativamente más productivas en las oficinas» y que el trabajo presencial «arroja aumentos de la productividad de doble dígito» para las compañías. Son dos de las conclusiones del primer informe que ambas firmas han preparado en el marco de un acuerdo de colaboración que acaban de lanzar para el desarrollo de estudios sucesivos centrados en la evolución de las oficinas y su productividad. El estudio pretende seguir la estela del conocido The Case for Spain, un informe elaborado por Arcano en 2012, en plena crisis bancaria en España y con la prima de riesgo en niveles históricos, en el que defendía la competitividad de la economía española. El texto iba a contracorriente del mercado en aquel momento, pero sus tesis acabaron demostrándose como acertadas. Con ese modelo como referencia, Arcano y CBRE lanzan ahora el formato The Case aplicado a las oficinas, uno de los activos más golpeados desde la pandemia que ahora parecen volver a tomar vuelo.

Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol son las cuatro mayores energéticas en España. Pero cada una representa un modelo accionarial totalmente distinto, por no decir diametralmente opuesto. ¿Cómo han llegado a ellos? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más estable? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada uno? Estas y otras preguntas surgen cuando se examina en profundidad y se compara la distribución accionarial de las Big Four de la energía en España.  Lo primero que choca cuando se analiza a los cuatro grandes de la energía en España es que en cada una hay un formato distinto de control y convivencia accionarial. En Iberdrola, el emirato de Catar es el mayor accionista y aunque no está en el consejo, influye notablemente. En Endesa, el gigante energético italiano Enel tiene la mayoría del capital y domina el consejo sin tapujos. En Naturgy, CriteriaCaixa, el hólding empresarial de La Caixa, convive con tres grandes fondos, CVC, GIP (ahora BlackRock) e IFM. Repsol no tiene núcleo duro y sus accionistas más representativos, BlackRock y Norges, mueven permanentemente su participación hacia arriba y hacia abajo, y no están en el máximo órgano de administración. Primera conclusión: las cuatro grandes energéticas nacionales en realidad no son españolas desde el punto de vista de la mayoría accionarial o de sus primeros inversores. A excepción de Naturgy, cuyo primer accionista es español, el resto de inversores relevantes son foráneos.

“Vamos a deshacernos de toda esa burocracia que bloquea la inversión y vamos a asegurarnos de que todos los organismos reguladores de este país, especialmente los reguladores económicos y de la competencia, se tomen en serio el crecimiento tanto como nos lo tomamos todos los que estamos en esta sala”, advirtió ayer el primer ministro británico, Keir Starmer, a los representantes de bancos, fondos de inversión y gigantes multinacionales –más de 200– congregados ayer en la cumbre de inversores internacionales celebrada en Guildhall, el palacio que suele acoger las ceremonias principales de la City de Londres, el corazón financiero y legal de la ciudad. El Partido Laborista de Starmer se ha esforzado desde un primer momento –a lo largo de varios años en la oposición– por presentarse como una formación de izquierdas aliada de los trabajadores, pero dispuesta a trabajar con los empresarios. A la incertidumbre y nerviosismo que trajo consigo el Brexit se ha sumado un marco regulador, a la hora de planificar viviendas, infraestructuras o instalaciones energéticas, que favorece los intereses locales frente a las estrategias nacionales. Un plan de construcción, por ejemplo, de una central eólica, puede suponer la entrega a la Administración de hasta 1.000 formularios legales. Cada nuevo proyecto, metro a metro, se enfrenta a un aluvión de demandas por parte de los que la jerga británica bautizó hace tiempo como Nimbys (acrónimo de not in my backyard, no en mi patio trasero), ciudadanos a favor del progreso, siempre que no altere su barrio o su paisaje. Starmer, cuyos 100 primeros días al frente del Gobierno (se cumplieron el pasado sábado) se han centrado en sofocar el incendio por el escándalo de los trajes y entradas de fútbol gratuitos y la irritación de los sindicatos por los recortes sociales, busca desesperadamente el espaldarazo de la comunidad empresarial a sus promesas de estabilidad y crecimiento.

El Premio Nobel de Economía, que anualmente otorga la Real Academia Sueca de Ciencias en memoria de Alfred Nobel, ha recaído este año no en uno sino en tres economistas: el turco Daron Acemoglu –aunque de padres armenios– y los británicos Simon Johnson y James A. Robinson “por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad”. Es decir, por sus investigaciones para ayudar a entender por qué unas naciones son más ricas o más pobres que otras y demostrar “la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país”, plasmando en negro sobre blanco que “las sociedades con un Estado de Derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios para mejor”, explicó la Academia Sueca en un comunicado. Los tres flamantes premios Nobel han analizado por qué las naciones con déficits en sus Estados de Derecho no logran generar crecimiento económico y prosperidad. Para ello, se han remontado hasta la época del colonialismo para intentar entender el porqué. Y la principal conclusión es que “cuando los europeos colonizaron grandes partes del mundo, las instituciones de esas sociedades cambiaron. A veces fue dramático, pero no ocurrió de la misma manera en todas partes”, señala la Real Academia Sueca en su argumentación de los galardones, añadiendo que “en algunos lugares el objetivo era explotar a la población indígena y extraer recursos para beneficio de los colonizadores; en otros, los colonizadores formaron sistemas políticos y económicos inclusivos para el beneficio a largo plazo de los inmigrantes europeos”. Es decir, la brecha en prosperidad que exhiben hoy muchos de esos países se debe, en parte, a “las instituciones sociales que se introdujeron durante la colonización”, de modo que “las instituciones inclusivas se introdujeron a menudo en países que eran pobres cuando fueron colonizados, lo que con el tiempo dio lugar a una población generalmente próspera”. Sin embargo, paradójicamente, “esta es una razón importante de por qué las antiguas colonias que alguna vez fueron ricas ahora son pobres, y viceversa”.