20240703

La creación de empleo se frenó en Euskadi en junio al sumar solo 560 nuevos trabajadores mientras que el paro apenas se redujo en 55 personas, el recorte más pobre en décadas. Aun así, el avance fue suficiente para que el número de cotizantes encadenara otro récord histórico –el tercero consecutivo– con el que acoger al nuevo Gobierno vasco: 1.019.773. Este dato es el punto de partida con el que se encuentra el recién nombrado vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que realizó ayer el análisis en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «Es un crecimiento mínimo pero confirma que el mercado laboral sigue activo», afirmó, tras recordar que «nunca antes había habido tanta gente trabajando en Euskadi». No obstante, rechazó caer en «triunfalismos» puesto que más de 100.000 personas –106.307– siguen desempleadas. Por sectores, se produjo la habitual caída de afiliación en educación por el fin de curso, que supuso la pérdida de 3.000 cotizantes. Pero también cayó el empleo en hostelería –1.400 menos–. En el otro extremo figuran las áreas que se benefician de las contrataciones para sustituciones de verano como la sanidad y las residencias (2.298), así como el comercio (1.231). Si la creación de empleo fue modesta, la reducción del paro en 55 personas fue la menor para un junio en más de veinte años. Eso sí, los 106.307 desempleados registrados en Lanbide constituyen un nuevo mínimo desde 2008. El paro repuntó en servicios el mes pasado, mientras que cayó en el resto de sectores. Confebask señaló que junio «no ha sido un mes muy brillante», aunque sí positivo.

El comercio y la industria cogen el relevo de la hostelería en la creación de empleo en Gipuzkoa. Si hasta la fecha habían sido bares, restaurantes y hoteles los que habían impulsado la afiliación durante la primavera, ahora son estos dos sectores los que han llevado a Gipuzkoa a registrar el cuarto récord consecutivo de afiliados en nuestro territorio. Según los datos aportados ayer por la Seguridad Social, el territorio creó 692 empleos en junio y alcanza ya los 340.203 cotizantes medios, cota nunca antes vista. Además, es el territorio vasco que más afiliados incorporó en junio, y ya tiene 4.627 empleos más que hace un año, un 1,37% más. El buen comportamiento del comercio y la industria está detrás de estas buenas cifras, al sumar 438 y 332 cotizantes, respectivamente. También aportan otros sectores como las actividades administrativas, científicas y técnicas (+88), la administración pública y defensa (+72) o la construcción (+49). En la otra cara de la moneda nos encontramos con la educación, que pierde 916 afiliados por las vacaciones escolares y las colectividades (comedores). La hostelería, que venía registrando máximos de afiliación en los últimos meses, también pierde 92 afiliados. La positiva evolución del comercio y la industria en el mercado laboral guipuzcoano está refrendada no solo por los datos publicados ayer por la Seguridad Social, también por diferentes instituciones y asociaciones del territorio que, en sus últimas encuestas empresariales, ya apreciaban una mejoría y una estabilidad en la contratación. En el caso de la patronal Adegi, la asociación de empresas de Gipuzkoa constataba a finales de mayo que el 88% de las compañías del territorio preveían mantener o aumentar sus plantillas en el segundo semestre del año. 

El mercado laboral marcó un nuevo máximo en junio, alcanzando los 21.392.889 ocupados a pesar de la ralentización de la creación de empleo en el sexto mes del año. El arranque de la temporada turística estival se ha saldado con un avance bastante débil de la ocupación, con uno de los junios más flojos de la última década en el que se generaron 71.095 puestos de trabajo respecto a mayo. Por su parte, las cifras del paro se han reducido hasta niveles que no se veían desde el verano de 2008, pero de forma mucho más leve que la creación de empleo, lo que pone de manifiesto la dificultad para alcanzar el pleno empleo del que el Gobierno lleva varios meses hablando. En junio se crearon 71.095 puestos de trabajo respecto al mes anterior, una cifra que palidece frente al promedio de los diez años anteriores (91.615 empleos), de acuerdo con las cifras publicadas ayer por el Ministerio de Seguridad Social. Esto se ha debido fundamentalmente a que la hostelería ha aflojado el ritmo respecto a años anteriores, sumando apenas 34.345 puestos de trabajo el último mes, un 26,4% menos de lo habitual. Aunque esta cifra pueda parecer muy elevada, hay que tener en cuenta que junio es el pistoletazo de salida de la temporada turística estival, por lo que la hostelería suele ser la gran protagonista del mercado laboral. La razón de que esta vez no lo haya hecho con la misma intensidad puede deberse tanto al creciente peso del empleo fijo discontinuo como al progresivo adelanto de la temporada turística, con más empleos creados en meses anteriores, pero también a una ralentización en la creación de empleo. Por detrás de la hostelería se sitúan el comercio, que ha generado 31.050 puestos de trabajo este mes, seguido de las actividades administrativas y servicios auxiliares (28.645), las actividades sanitaria (21.527), la Administración Pública (12.563), la industria manufacturera (9.621) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (5.903), mientras que la educación ha perdido 52.772 afiliados a la Seguridad Social, seguida de la agricultura y la ganadería (34.995). 

Movimiento de fichas en el núcleo duro de Lehendakaritza tras la llegada al cargo de Imanol Pradales. El Consejo de Gobierno de ayer dio luz verde al fichaje de Ion Muñoa, director de estrategia de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, como nuevo hombre fuerte en el equipo de plena confianza del lehendakari. De hecho, el gabinete aprobó su nombramiento como secretario general de Transición Social y Agenda 20-30 en sustitución de Jonan Fernández, uno de los históricos que se incorporaron en las legislaturas anteriores al Ejecutivo de Iñigo Urkullu procedente del movimiento Elkarri, y que en una primera etapa fue el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia. Muñoa es un hombre muy vinculado a Pradales y a su estilo. De hecho, ha sido su alumno en la Universidad de Deusto cuando dio clases en su campus donostiarra. Nacido en Zerain en 1985, es licenciado en Humanidades y máster en Comunicación estratégica e institucional, y doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Hasta ahora ha impartido docencia relacionada con transformaciones globales y tecnológicas, los cambios en la comunicación pública y política y sus efectos. Durante los últimos años ha participado en proyectos de participación locales e internacionales ligados a la calidad democrática y la innovación política. Actualmente, Muñoa compatibiliza su dedicación académica con labores de jefe de gabinete de estrategia de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. También ha sido responsable de diferentes iniciativas de innovación: del plan estratégico 2024-2027 de Gipuzkoa y del proyecto Etorkizuna Eraikiz. El Consejo también acordó el cese del sociólogo Manu Castilla, también de Tolosa, de 62 años, y secretario general de Coordinación y Comunicación Social de Lehendakaritza. En su sustitución, el Consejo dio también la luz verde al nombramiento de Mikel Iriondo, un ingeniero de Amorebieta y nacido en 1976, como nuevo secretario general de este área. Iriondo ha sido en las últimas legislaturas director de Infraestructuras Viarias y de Carreteras de Bizkaia.

El nuevo Gobierno vasco quiere tender puentes con ELA después de años de tensiones y enfrentamientos. Ya lo anunció el lehendakari, Imanol Pradales, en su reciente entrevista cuando manifestó su intención de reunirse «con todos los sindicatos, incluido ELA, para hacer una reflexión como país sobre la alta conflictivivad y su impacto en la competitividad». Fuentes de la central que lidera Mitxel Lakuntza señalaron ayer a este periódico su disposición a aceptar esa invitación y poner fin a la falta de comunicación que ha habido en la etapa de Iñigo Urkullu, que nunca llegó a recibirle. El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, explicó ayer en su comparecencia para analizar los datos del paro que ya ha contactado con todos los agentes sociales para mantener una ronda de reuniones, si bien subordinó esta agenda a la del lehendakari Pradales, que «tiene prioridad». En consecuencia, cabe esperar que en las próximas semanas habrá un encuentro entre el lehendakari y el secretario general de ELA, algo que no se ha dado en la última legislatura. La vicelehendakari Idoia Mendia sí se reunió varias ocasiones con Lakuntza, pero Urkullu se negó. Las relaciones han sido muy difíciles desde el principio. ELA y LAB convocaron una huelga general en enero de 2020, poco después de que Lakuntza sucediese a Adolfo ‘Txiki’ Muñoz al frente del sindicato.

Giro inesperado en la negociación de la reducción de jornada laboral. Cuando ya todos daban por hecho que el Gobierno, tal y como advirtió, metería el acelerador y aprobaría cuanto antes la medida estrella de esta legislatura como castigo a la patronal, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hace un cambio de guion que nadie imaginaba y no solo no consuma el ultimátum que dio a los empresarios, sino todo lo contrario: redactará una nueva propuesta en un último intento de atraer a la CEOE a un acuerdo. Así lo anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Como yo no me levanto jamás de una mesa, me lo han enseñado en mi casa, vamos a volver el lunes que viene y el equipo del Ministerio llevará una propuesta de trabajo no a los sindicatos, sino a la patronal. Vamos a hacer nosotros lo que no hacen ellos y vamos a ver cuál es su vocación negociadora», dijo. Díaz, que rebajó notablemente el tono contra la CEOE que empleó el día anterior su número dos, justificó su cambio de actitud en que «no será por nosotros que no exista la vocación no ya de dialogar, sino de hacer propuestas distintas». Sin embargo, detrás de esta nueva propuesta se puede esconder una falta de apoyos para sacar adelante esta medida en el Parlamento, puesto que el PNV y Junts, dos de sus socios habituales, no está nada claro que la vayan a apoyar. De hecho, la vicepresidenta, que está en un momento delicado tras los malos resultados en los recientes procesos electorales, podría viajar en los próximos días al País Vasco para reunirse con el PNV, con el que previsiblemente tratará de amarrar su apoyo. Sin embargo, los empresarios sí parece que han tirado la toalla y descartaron alcanzar un acuerdo con el Gobierno para reducir la jornada laboral a 38,5 horas este año y a 37,5 horas ya desde enero próximo.

El servicio vasco de empleo (Lanbide) afloró el año pasado 55,8 millones de euros abonados de forma indebida a perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), de los que 29,3 millones correspondían a ciudadanos empadronados en Bizkaia, 13,4 a guipuzcoanos y otros 13 a vecinos alavesas. Se trata de prácticamente el doble de lo detectado un año antes en 2022, cuando en los controles se descubrieron 28,4. Semejante incremento está relacionado con la aprobación en abril del año pasado de la nueva ley de la RGI, que entre otras cuestiones ha introducido más y mejores sistemas de control y seguimiento de esta prestación. Por ejemplo, un calendario trimestral para actualizar los importes a los que el perceptor tiene derecho o la creación de nuevas unidades de inspección, así como procesos automáticos que simplifican la gestión y la agilizan. Ello ha permitido detectar antes situaciones que no debían producirse, como por ejemplo la duplicidad que supone que la Administración tuviera aprobada para una misma unidad convivencial la RGI y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ayuda de ámbito estatal cuya gestión asumió el Gobierno vasco en junio de 2022. El recién nombrado vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, admite el importante «impacto que la tramitación del IMV tiene en la generación de cobros indebidos de la RGI».

Los parques fotovoltaicos siguen generando controversia en Álava. La empresa Indarberri, en la que el Ente Vasco de la Energía (EVE) y Solaria comparten el accionariado, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia vasco contra un acuerdo del Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia vinculado a 'Vitoria Solar 1', uno de los dos primeros proyectos que promueve Solaria en suelo alavés. En concreto, el Gobierno vasco y la cotizada madrileña han llevado ante la justicia el acuerdo con el que el Consistorio alavés desistía de elaborar el plan especial del huerto solar, el trámite que da los permisos urbanísticos para hacer realidad las centrales de energías renovables. El asunto fue recurrido el pasado 12 de abril, una semana después de que la Diputación diese un ultimátum de dos meses a Vitoria y Arrazua-Ubarrundia para que regulasen la parte urbanística de 'Vitoria Solar 1' y evitar que la Administración foral asumiese ese trámite. El asunto ya está en manos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los juzgados de Bilbao, que ha admitido a trámite el recurso. La alcaldesa de Arrazua-Ubarrundia, Blanca Antepara, manifestó ayer su «sorpresa» ante la judicialización de este asunto. «No hemos recibido ninguna notificación», señaló. La regidora alega que su municipio «no tiene las competencias» para hacer dar los permisos urbanísticos a 'Vitoria Solar 1' porque el parque solar también pisa suelo de la capital. No obstante, un acuerdo entre los ayuntamientos sí haría factible que ese trámite no recaiga sobre la Diputación. 

Iberdrola ha iniciado ya los trámites que conducirán al pago este mes de un dividendo a sus accionistas, con cargo a los beneficios obtenidos el pasado año. Este reparto fue aprobado en la última junta de accionistas, será un dividendo de 0,351 euros por acción y dejará algo más de 230 millones de euros entre los 61.000 accionistas de la eléctrica –sociedades y particulares– que tienen su residencia en Euskadi. Son las estimaciones realizadas por fuentes próximas a la compañía. La eléctrica es, junto con BBVA, uno de los valores que más penetración tiene en las carteras de ahorro de muchos vascos, fruto de una cultura de inversión directa en Bolsa que ha tenido tradicionalmente muchos adeptos en Euskadi y especialmente en Bizkaia. Junto a ello están las participaciones institucionales, que también tienen mucho peso en la compañía presidida por Ignacio Galán. Es el caso de Kutxabank, que posee el 1,6% de las acciones de Iberdrola o de BBK, con una participación más modesta, algo más de dos millones de títulos. En este reparto de dividendo al banco vasco le corresponderá un ingreso de, aproximadamente, 36 millones de euros y algo más de 700.000 euros a la fundación bancaria vizcaína. Iberdrola obtuvo el pasado año un beneficio de 4.803 millones de euros y repartirá entre sus accionistas casi 3.500 millones de euros contra ese resultado. 

Las renovables españolas no quitan ojo a Holaluz. Tras meses de negociaciones, la comercializadora catalana aún no ha cerrado un acuerdo financiero ni con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ni con la Generalitat, los dos principales balones de oxígeno que había previsto la empresa, que cerró 2023 con 26 millones de pérdidas. La crisis de la compañía que dirige Carlota Pi se ha convertido en un tema recurrente en el sector, donde distintos operadores verdes ya temen por un efecto contagio. En el frente catalán, donde la parálisis política es total, no se esperan avances en las negociaciones de Holaluz, al menos, hasta después del verano. Tampoco con la institución que preside José Carlos García de Quevedo hay horizonte de acuerdo. «El daño reputacional puede llegarnos a todas», apunta el CEO de un grupo rival de Holaluz. Como la firma catalana, su compañía también combina una apuesta decidida por la instalación de autoconsumo y la venta directa de energía verde. Hasta tres altos directivos del negocio de las energías limpias convienen en que existe una preocupación general por el impacto de una eventual caída de la empresa catalana, al menos en el plano financiero, pues anticipan que la banca puede llegar a optar por restricciones de crédito generalizadas a compañías con un patrón similar al de Holaluz. Otras voces enmarcan estos comentarios en una visión «catastrofista» que no responde a la situación de «normalidad» de la compañía y defienden que la búsqueda de financiación a largo plazo para reemplazar deuda a corto plazo es «algo habitual en el negocio de comercialización de energía». Si bien, generalmente y cuando los bancos perciben normalidad, lo habitual es que sean ellos mismos, los acreedores, los que aprueben una extensión de los plazos de amortización. Lo que busca Holaluz, en cambio, son nuevos acreedores, preferiblemente públicos, incluso, un acuerdo con un socio industrial que aporte fondos a cambio de una parte del capital.

Siemens Energy planea contratar a más de 10.000 personas para reforzar su negocio de redes eléctricas (Grid Technologies) dentro de un plan de crecimiento a seis años con el que pretende impulsar la filial que más ingresa y pasar página de los problemas derivados de su división de turbinas (Siemens Gamesa), que ha generado elevadas pérdidas en los últimos años. De este modo, Grid Technologies ampliará su plantilla en dos tercios para 2030 e invertirá 1.200 millones de euros en nuevas fábricas y mayor capacidad de fabricación en EEUU, Europa y Asia, según indicó el responsable de la filial, Tim Holt, al diario Financial Times. La empresa quiere aprovechar el boom que se espera en el negocio de redes de transmisión eléctrica en los próximos años por el aumento de la demanda de electricidad, la multitud de proyectos renovables y la necesidad de actualizar infraestructuras anticuadas. Grid Technologies prevé completar la mayor parte del plan de expansión en los próximos dos años. Alrededor del 40% de los nuevos puestos de trabajo previstos se crearán en Europa, el 20% en EEUU, el 20% en India y el resto en otras partes de Asia y América Latina. La división de ingeniería de redes de Siemens Energy es el segundo mayor fabricante mundial de equipos de transmisión de electricidad en ingresos, por detrás de la japonesa Hitachi Energy, y por delante de la estadounidense GE Vernova.

PAI Partners lanza una ofensiva para acelerar el despliegue de la red de tiendas de BM en Madrid, mientras sondea el mercado en busca de potenciales interesados en la cadena de supermercados. Dos meses después de recibir la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para hacerse con la cadena Hiber y sus 31 supermercados, como había anunciado en febrero, la empresa ha transformado todas las tiendas adquiridas, que ya operan bajo la enseña de la cadena vasca. Según ha podido saber EXPANSIÓN, el proceso de absorción de las tiendas, con una superficie comercial cercana a los 32.000 metros cuadrados, se desarrolló en tan solo dos días, entre el 23 y el 24 de mayo. En estas últimas semanas, BM ha centrado la actuación en la adecuación de fachadas e interiores, realización de inventarios, incorporación y ampliación del surtido (está previsto que los establecimientos cuenten con un total de 10.000 referencias) y cambios en el mobiliario, además de la formación del equipo externo. Aunque el plan de la compañía era conservar el máximo número posible de trabajadores de Hiber, BM ha puesto finalmente en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 115 trabajadores, sobre todo puestos de administración, y que está previsto que se alargue hasta el mes de febrero. Por el momento, son 90 trabajadores los que han salido ya de la compañía. “La totalidad del personal de tiendas va a conservar su empleo”, confirman fuentes cercanas a la empresa, que cifra en 700 los trabajadores que continuarán en los supermercados. 

El próximo 6 de julio se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, destacando la contribución de estas empresas a un futuro sostenible y alineado con los ODS 2030. Rosa Lavín, presidenta de Konfekoop recuerda que “las cooperativas son empresas centradas en las personas” animando a las personas jóvenes a formar parte de este modelo, que genera “empleo estable y de calidad”.  "Este año, en Euskadi nos hemos querido centrar en las personas jóvenes, desde el convencimiento de que el movimiento cooperativo apoya y se compromete mejor con ellos y ellas, y en cómo el cooperativismo puede coadyuvar a resolver los desafíos globales a los que se enfrentan los y las jóvenes, y cómo hacerlo a través de la ayuda mutua entre la juventud y las empresas cooperativas...Las cooperativas son empresas centradas en las personas; empresas que son propiedad de las personas que conforman la cooperativa y que están gestionadas democráticamente por éstas. Porque las empresas cooperativas unen a las personas de forma democrática e igualitaria, con los mismos derechos sociales...Observamos con esperanza, cómo el futuro empresarial se vislumbra en el modelo cooperativo. Las empresas cooperativas, con más de 62.000 empleos, somos generadoras de empleo estable y de calidad, innovación y cohesión social..Este año esperamos que, tras la aprobación de la Ley Vasca de Empleo, se materialice nuestra presencia en el Consejo de Administración de Lanbide, dando forma así a una reivindicación histórica del cooperativismo..."

El vicenconsejero de Formación Profesional (FP) del Gobierno Vasco, Jorge Arévalo, advirtió ayer en el Congreso Secove, celebrado en el Aquarium de San Sebastián, que hay que «prepararse para un mundo emergente y desconocido en el que se transformarán millones de puestos de trabajo». El cónclave reúne a más de 12 países europeos con el objetivo de «avanzar en las bases de una Formación Profesional adaptada al siglo XXI», según sus organizadores, el Clúster Gaia, Politeknika Txorierri y Ondoan. El alcalde, Eneko Goia, inauguró el acto».

El Ministerio de Industria y Turismo lanzó ayer a consulta pública la que tiene que ser su medida estrella de la presente legislatura: la Ley de Industria y Autonomía Estratégica. El Ejecutivo ha abierto el período para la presentación de propuestas de modificación del anteproyecto, abierto hasta el 11 de julio. La intención del Gobierno es que, una vez que se hayan recibido las recomendaciones de cambios, se analizarán con la vista puesta a la aprobación del texto definitivo de la norma en septiembre en Consejo de Ministros. La idea es tener la ley lista para el último trimestre del ejercicio. El anteproyecto de ley, lejos de incorporar medidas concretas y cifras, establece un marco general que servirá de paraguas para coger las diferentes actuaciones que se ejecutarán en materia de política industrial durante los próximos años. Con este texto se quiere atraer inversiones en materia industrial, que permitirán mejorar la competitividad de España y reforzar su autonomía industrial. La nueva ley, que sustituye a la anterior que databa de 1992, quiere servir de paraguas para preparar a España ante nuevos retos como la digitalización o la electrificación. Para ello, se simplificarán los trámites administrativos (una demanda histórica de las empresas). Industria se pondrá hitos de seis años para ejecutar sus planes bajo la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, cuyo primer vencimiento será en 2030. 

Arabia Saudí ha desplegado una intensa campaña diplomática en España para ofrecer a las grandes empresas del Ibex y al propio Gobierno importantes contratos en el reino árabe, en un momento en el que STC –controlada por el Gobierno saudí a través del fondo soberano PIF– está pendiente de la autorización del Ejecutivo a su inversión en Telefónica, empresa en la que ha adquirido acciones representativas de un 10% del capital, pero sobre las cuales no puede ejercer aún todos los derechos políticos. La delegación árabe, liderada por el ministro de Inversiones del país, Khalid Al-Falih, aterrizó en Madrid en la noche del pasado jueves y, desde entonces, ha mantenido encuentros bilaterales con representantes de Navantia, Repsol, Urbas, Iberdrola, Siemens Gamesa, Acciona, FCC o Airbus, así como con los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para fomentar la inversión española en Arabia Saudí, dentro de un plan de adjudicaciones valorado en 1,5 billones de euros para los próximos años. Según la agenda de la comitiva, Al-Falih se reunió con el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, el pasado viernes, día en el que también despachó con el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, justo en un momento en que Aramco, la petrolera estatal saudí, está interesada en asociarse a Repsol Renovables.

El motivo del adiós es el paso a la electrificación que experimentará la factoría española, que a partir de 2026 hará dos modelos eléctricos: un SUV pequeño para Volkswagen y otro para Skoda. Esto último la convertirá en una fábrica multimarca, algo inédito en su etapa como fábrica del grupo Volkswagen, pero no en su historia, que se inicia en 1965 cuando se pone su primera piedra. De cara al futuro, la fábrica está ampliando con 5.000 metros cuadrados adicionales la nave de chapistería y ha desmontado una de sus tres prensas de estampación que se ha quedado antigua. La compañía montará en su lugar una nueva prensa, lo que demandará una inversión de 52 millones de euros, que se destinará exclusivamente para los vehículos eléctricos que empezará a hacer dentro de dos años. Estos serán el Skoda Epiq y otro SUV de la marca Volkswagen del que todavía no se sabe el nombre. Ambos se venderán en el entorno de los 25.000 euros en un contexto de fuerte competencia, sobre todo por la llegada en cascada de numerosas marcas chinas que cuentan con ventaja tanto en costes como en tecnología respecto a empresas europeas como el grupo Volkswagen. Este tipo de reformas y la necesaria adaptación de las líneas de producción provocarán una bajada en el nivel de actividad de la planta, sobre todo el año que viene, según admiten fuentes de la compañía. Entonces deberá de acometer unas obras que no podrán hacerse mientras la fábrica esté en funcionamiento, por lo que Landaben se verá obligada a parar máquinas algunas semanas.

Cepsa, la segunda petrolera en España, ha sellado una alianza con el grupo PreZero para unir fuerzas en el negocio del biometano en España. Cepsa endosa así un golpe a Repsol y Naturgy, que están compitiendo por liderar esa carrera. Y lo hace con un fuerte aliado. PreZero es la filial del grupo alemán Schwarz, hólding controlado por Dieter Schwarz, considerado la mayor fortuna alemana. Además de PreZero, Schwarz también controla los supermercados Lidl y Kaufland. Cepsa y PreZero han acordado colaborar en el desarrollo de proyectos conjuntos y la introducción en el mercado de esta nueva energía, que está provocando una frenética carrera empresarial de energéticas y fondos de inversión en España. El acuerdo arranca con el compromiso de PreZero para el suministro de este gas renovable en algunos de sus proyectos a Cepsa, además del desarrollo conjunto de plantas de biometano o biogás.

La llegada de la temporada de huracanes a las costas de Estados Unidos mantiene encendidas las alarmas del mercado global petrolero. El precio del barril de Brent, el tipo de crudo de referencia en Europa, cotizaba ayer en 87,3 dólares por barril, su importe más alto en dos meses tras escalar casi un 3% desde el cierre del viernes. El prematuro inicio de la temporada de tormentas en el Atlántico amenaza las zonas productoras en el golfo de México, donde Norteamérica extrae cerca del 15% de todo su crudo. La posible escalada del conflicto entre Israel y Gaza también preocupa a los analistas, que resaltan que el último ataque con un escuadrón de drones a un cuartel israelí podría disparar de nuevo la tensión en la zona. La noticia se hizo sentir mercados internacionales del crudo. El petróleo Brent superó los 87 dólares por barril, un máximo al que no llegaba desde finales de abril de este año. Aunque aún lejos del pico de los 91 euros al que llegó a inicios del mismo mes, cuando la OPEP+ –el cartel de países productores liderado por Rusia, Arabia Saudí y Emiratos Árabes– cerró aún más el grifo de la producción, lo que apuntaló los precios. Por su parte, el precio del West Texas, de referencia en Estados Unidos, se elevó este martes un 2% hasta los 84,05 dólares por barril, después de registrar una subida durante junio del 6%.

Christine Lagarde, presidenta del BCE, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), subieron al estrado para su debate y rápidamente centraron la toda la atención, acompañados por Roberto Campos Neto, gobernador del Banco de Brasil. Los dos grandes bancos centrales se encuentran en un momento crítico. Mientras el BCE acaba de recortar los tipos de interés, hasta el 4,25%, y valora cuándo podrá afrontar un nuevo descenso del precio del dinero, la Fed no ha iniciado ese camino todavía, pero se espera que lo haga pronto. Ayer, Powell reforzó esa percepción con sus optimistas intervenciones en relación a la inflación. “Los últimos datos sugieren que hemos vuelto al camino de la desinflación”, apuntó el presidente de la Fed, que sin embargo, anticipó que, pese a la reciente mejoría, todavía “necesitamos algo más de confianza antes de bajar los tipos de interés”. La autoridad monetaria estadounidense ha reducido enormemente el número de recortes de los tipos de interés esperados para este año y mantiene el precio del dinero en niveles de entre el 4,25% y el 4,5%. Sin embargo, en Portugal las palabras de Powell se tomaron como un aviso de que septiembre podría ser la fecha elegida para comenzar a recortar las tasas. “No va a haber un movimiento en julio porque ha reiterado que necesita más confianza, pero el hecho de que haya celebrado la mejoría en el terreno de la inflación supone un cambio en el discurso”, señalan fuentes financieras. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), celebró ayer el descenso de la inflación en la zona euro que, aunque ligero –de 0,1 puntos hasta el 2,5%– refuerza su confianza respecto a alcanzar el objetivo de estabilidad de precios en la región. La banquera central señaló que “la inflación va en la buena dirección, pese a que vendrán baches en el camino hacia el 2%”.

La subida de precios en Europa se moderó ligeramente en junio, hasta el 2,5% interanual, si bien el ajuste de la inflación en el sector servicios se resiste. El Índice de Precios de Consumo (IPC) en la eurozona subió un 2,5% interanual en junio, de acuerdo con los datos publicados ayer por la oficina estadística comunitaria, Eurostat, una décima menos que el mes anterior. Esta ralentización se debe fundamentalmente a los alimentos frescos (que moderan su avance en cuatro décimas, hasta el 1,4%) y a la energía (una décima, al 0,2%), mientras que los bienes industriales mantienen el mismo ritmo que el mes anterior (0,7%), igual que la comida procesada (2,8%) y los servicios (4,1%). España escala posiciones y se sitúa como el segundo país con una inflación más elevada, solo por detrás de Bélgica, donde los precios subieron un 5,5% anual, desbancando a Portugal y Croacia. En concreto, los precios subieron un 3,5% en España, tres décimas menos que el mes anterior, pero otros países experimentaron mayores descensos. Además, seis países ya se sitúan por debajo del objetivo del 2% marcado por el BCE: Finlandia (0,6%), Italia (0,9%), Lituania (1%), Letonia (1,4%), Irlanda (1,5%) y Eslovenia (1,6%).

El modelo laboral de Glovo, que opera mediante falsos autónomos, “constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena”. Además, considera “indiscutible” que los riders son empleados por cuenta ajena, en vez de propia. Así de contundente se expresa la Fiscalía Provincial de Barcelona en la denuncia que presenta contra Oscar Pierre, consejero delegado y cofundador. El ministerio público acusa a Pierre de un delito contra los derechos de los trabajadores sobre la base del artículo 311 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a 12 meses a “los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”. Según ha adelantado El Periódico, el juzgado ya ha abierto una investigación. Este punto, el segundo del artículo 311, llegó al Código Penal el 12 de enero de 2023. Fue un paso más del Gobierno para intentar atajar las prácticas de Glovo. El primero fue la aprobación de la ley rider en 2021, cuyo objetivo es que los repartidores estén protegidos por un contrato de trabajo en lugar de uno mercantil. Pero Glovo ignora esa legislación, a pesar de los 200 millones en multas impuestas por Inspección y la sentencia del Supremo de 2020 que reconocía el carácter laboral de la relación de la empresa y sus repartidores. 

Cerca de 47 millones de británicos podrán votar mañana para elegir candidatos a ocupar los 650 escaños que componen la Cámara de los Comunes en el Parlamento de Westminster. Los tres últimos sondeos registran un descenso de la ventaja del Partido Laborista con respecto al Conservador. Reduce a 15 el promedio de 20 puntos que calcula la mayoría de los medios, pero eso no evita la sensación de profunda derrota del ‘premier’ Rishi Sunak. Nadie pone en duda que sir Keir Starmer será el primer ministro del Reino Unido en la mañana del viernes, poniendo fin a 14 años de gobernación conservadora. El único aspirante que tiene asegurada su posición en la futura Cámara es sir Lindsay Hoyle, porque los grandes partidos no compiten en su circunscripción por haber ejercido como presidente de esa institución. Son las primeras elecciones generales en las que los votantes tienen que mostrar un documento de identificación personal. Las encuestas registraban en el inicio de la campaña electoral un alto número de indecisos. Se han dado cifras del 8% y su sentido del voto podría alterar los pronósticos.