20250212

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

Euskadi sigue sin llegar al número de empresas que tenía antes de que estallara la pandemia del covid en 2020, ya que todavía hay en el País Vasco 1.766 menos (una caída del 3%) respecto a febrero de aquel año. Así lo constatan los datos publicados ayer por Confebask, que detalla en un informe que el número de sociedades vascas inscritas en la Seguridad Social llegó en enero a un total de 57.127, que son 458 menos que en diciembre de 2024 y 328 menos que hace exactamente un año. Un poco más de un tercio de esas empresas –220– correspondían al sector servicios. La caída también se produjo en la industria, donde la reducción desde enero de 2024 ha sido de 91 sociedades. Por su parte, la cifra de empresas vascas concursadas ascendió en 2024 a 289, un 29% más que en 2023, que se trata de un crecimiento superior al registrado en el conjunto del país, donde la subida fue del 23%. Por sectores, en 2024 el número de empresas concursadas creció en todos, con la mayor subida en construcción (+70% y 51 empresas concursadas), seguido de servicios (+23,9% y 176 compañías), y de industria (+15,4% y 60 empresas concursadas). Los datos recogidos por la patronal no ofrecen información sobre el tamaño de las sociedades, pero evidencian que la economía vasca atraviesa un periodo de enfriamiento, generado en parte por la debilidad de las grandes industrias europeas, Alemania y Francia, países de los que dependen gran parte de las exportaciones vascas. Ver más en Confebask.  Ver newsletter completo. 

 El tejido empresarial de Gipuzkoa en enero estaba conformado por 20.128 negocios, el número más bajo de los últimos cuatro años tras ver perder 191 firmas en comparación con el mes anterior, diciembre del año pasado. La mayor parte de este descenso se produjo en el sector de servicios, en el que desaparecieron 184 empresas con una caída del 1,2% en comparación con el mes anterior, mientras que la construcción también registró un descenso de 13 negocios, un 0,8% menos. En cambio, el tejido industrial guipuzcoano creció en enero, si bien muy levemente al enriquecerse con una nueva firma, en tanto que en agricultura la creación de empresas ascendió a cinco, un 0,8% más que el mes anterior. Los datos proporcionados ayer por la patronal guipuzcoana Adegi apuntan a que este retroceso del tejido empresarial del territorio en enero respecto a diciembre de 2024 ha tenido como resultado la destrucción de puestos de trabajo. En concreto, se registran 2.031 empleos menos lo que se traduce en una caída de 0,8 puntos porcentuales. 

Entrevista con el director general de Adegi, Jose Miguel Ayerza, en Euskadi Irratia: "Tenemos que analizar en profundidad qué pasa con el absentismo. En ocasiones, no se gestionan de manera adecuada las bajas y las altas. Todos hemos escuchado con frecuencia decir 'voy a cogerme la baja'. La baja no se coge, te la dan. Sin embargo, en la sociedad tenemos interiorizado que la baja 'la cogemos'. Tenemos un problema social que debemos analizar en profundidad. Existe un claro problema con la gestión de las bajas, y cada uno, desde su nivel de responsabilidad, debería pensar qué hacer con este tema, porque, en definitiva, el absentismo es un problema que nos afecta a todos y es malo para todos". Escuchar corte en EiTB. 

La patronal vizcaína ha establecido un observatorio permanente para monitorizar el absentismo laboral en Euskadi. Cebek anunció ayer que liderará una iniciativa para facilitar la gestión efectiva de esta problemática en Bizkaia. Este año la medida entrará en una nueva fase con la implementación de un sistema de análisis en diez empresas, de diferentes tamaños y sectores, que servirá para elaborar un plan de acción adaptado. Este proyecto piloto, que cuenta con el respaldo del departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la diputación de Bizkaia, será la base para desarrollar una ‘caja de herramientas’ que ayude gestionar el absentismo y a definir un itinerario que la patronal pondrá a disposición del tejido empresarial. El observatorio permanente estará respaldado por diferentes instrumentos de recopilación de datos como la encuesta semestral de coyuntura empresarial, el estudio específico sobre absentismo que ya se desarrolló en 2024 o la evaluación especializada sobre salud en la empresa, que se realiza cada dos años y que se actualizará este 2025. El absentismo se mantiene entre las tres principales preocupaciones para las empresas del territorio, debido a su impacto directo en la competitividad. Los análisis que Cebek realizó durante el pasado año llevaron a concluir que detrás de esta realidad hay «una naturaleza multifactorial» que no permite establecer patrones por sectores, tamaño de empresa o estructuras organizativas. Este año el programa incluirá jornadas, formaciones y grupos de trabajo especializados con el fin de proporcionar protocolos de actuación que ayuden a las compañías a reducir el impacto del absentismo. Ver más en Cebek. 

El exdirectivo de BBVA, investigador y secretario de la Comisión Económica de la Universidad de Deusto Luis Ramón Arrieta ha publicado en la revista internacional ‘Riet Journal’ un exhaustivo análisis sobre el impacto económico del terrorismo de ETA. "El terrorismo aquí duró 52 años; en Irlanda del Norte, 28; y el terrorismo corso, 38, que tuvo sin embargo muy poca actividad. Brigadas Rojas y Baader Meinhof fueron menos años. En el mundo occidental no hay otro caso igual...No todos nuestros malos datos son achacables al terrorismo, pero tampoco contamos con estudios sobre el efecto beneficioso de nuestro Concierto Económico en todo ese tiempo. En todo caso, lo hemos analizado en estos últimos seis meses y vemos que la economía vasca tiene un enorme daño estructural derivado de la duración del terrorismo...Hubo unos 150.000 transterrados y se perdieron más de 30.000 puestos de trabajo de alto valor...Perdimos un 24% del PIB. Amenazar a empresarios hizo que la vocación empresarial cayera de forma importante. Somos penúltimos en emprendimiento de España. Hay otro daño menos conocido pero que está estudiado, y es que el marco de las relaciones laborales se radicalizó en el periodo terrorista. Hay investigadores que mantienen que algunos sindicatos como ELA y LAB tienen todavía tics de esa épica tan dura. También afectó al clima social y hubo una pérdida de valores...Seguimos padeciendo ese déficit estructural y, como no lo estamos resolviendo, desde 2011 hasta hoy la economía vasca sigue perdiendo tamaño. Habíamos perdido un 43% de stock hasta 2011 y en 2023 estamos ya en un 49,5%. Y hemos perdido más de 4 puntos de PIB relativo desde entonces. Si tienes una enfermedad y no la tratas, empeora...En los años 2022, 2023 y 2024 hemos crecido menos que el conjunto de España...Hace falta un plan de acción. Sugerimos algo como los planes que lanzó Irlanda del Norte. Si no, nuestra economía va a sufrir mucho y nuestro modelo de autogobierno, el Concierto, puede colapsar. Tenemos que apoyar iniciativas como las de Zedarriak, Cámara Bilbao, Cebek o Confebask..."

El Gobierno vasco aprobó ayer su nuevo plan de ayudas de 500 millones con los que «fortalecer el tejido industrial» a lo largo de este año. Un anuncio que el consejero del ramo, Mikel Jauregi, enmarcó en un «momento histórico» y de «incertidumbre internacional» que requiere reforzar las ayudas. El sector viene reclamando más apoyo ante los problemas de competitividad que está sufriendo en Europa y el escenario de ‘guerra’ arancelaria que está planteando Estados Unidos. Precisamente sobre el posible aumento de aranceles al acero y el aluminio anunciado el fin de semana por el presidente Donald Trump, Jauregi se mostró «preocupado» y señaló que su Gobierno mantiene contactos con la siderurgia vasca. Se trata de un sector que exporta el 14% de su producción y a Estados Unidos lo hace por valor de 350 millones. Más allá de las cifras, el consejero quiso destacar la gravedad de la situación por «la dinámica y la ‘acción-reacción’ que generan estos anuncios», así como por su «impacto en el libre comercio». Las subvenciones aprobadas ayer se centrarán especialmente en la descarbonización y es que con los cambios introducidos en las convocatorias aparecen dos nuevas líneas: una con 80 millones de euros para subvencionar gastos por la instalación de equipos de generación de energía renovable para autoconsumo en las empresas. Y la otra, con 22 millones, para la descarbonización industrial. Así, este campo de actuación absorberá más del 20% de todo el programa de ayudas. Las convocatorias se canalizarán a través de las diferentes sociedades públicas que dependen de Industria en el Gobierno vasco: Spri, Eve, Ihobe, Ura, Basque Trade&Investment y la Sociedad de Capital Riesgo. Las subvenciones se dirigen especialmente a pequeñas y medianas empresas y con los cambios, además, se busca un «esfuerzo didáctico» que permita a los interesados una búsqueda de la convocatoria más sencilla. Otra de las novedades será la agilización de los trámites. El objetivo del Gobierno es reducir en un 50% el tiempo que se dedica a la resolución de las solicitudes.

El grupo de acción que tiene como objetivo liderar la defensa industrial de Euskadi ante la política arancelaria emprendida por Donald Trump iniciará hoy su andadura. Y lo hará en el Kursaal, donde acudirán el lehendakari y el propio consejero de Industria, que se reunirán con representantes de las Cámaras de Comercio, las Diputaciones vascas, miembros de los clústeres siderúrgico y del tejido productivo del País Vasco. En encuentro está previsto para las cinco de la tarde. Tal y como anunció Pradales la pasada semana, el grupo de acción persigue compartir el diagnóstico ante la nueva realidad arancelaria y realizar el seguimiento en tiempo real de todos los sectores impactados. También pretende identificar los instrumentos, recursos y políticas de las que dispone el País Vasco para acompañar a las empresas vascas. Y, finalmente, se buscará potenciar las capacidades y las oportunidades para la industria ante el nuevo contexto.

El respaldo político puede ser un activo mucho más valioso que la capacidad financiera. Es lo que está demostrando la evolución de los acontecimientos en la venta de Talgo en las horas previas a que el viernes termine el plazo para recibir ofertas que ha dado su principal propietario, el fondo británico Trilantic. La importancia estratégica del fabricante de trenes y la apuesta para que siga en manos nacionales, con sede en Euskadi y con un proyecto industrial son los grandes objetivos sobre los que pivota la alianza entre los Gobiernos central y vasco. Por eso, según confirman diversas fuentes conocedoras de las negociaciones, Moncloa ha tirado de teléfono rojo y ha trasladado a Polonia un mensaje claro sobre la opa que el fondo público de aquel país anunció el sábado para hacerse con el 100% de Talgo. No es bien recibida y, si es necesario, se recurrirá al ‘escudo antiopas’ para rechazarla, como ya se hizo con la oferta húngara de Magyar Vagon el pasado agosto. Se trata de un movimiento con el que espera neutralizar los deseos de Pesa, la empresa participada por la Administración presidida por Donald Tusk, uno de los grandes líderes de la UE. El mensaje también se ha trasladado a la compañía india Jupiter Wagons, que también ha participado en las rondas de contactos y estudia una opa por el fabricante de origen vasco. El objetivo es despejar el camino a un acuerdo en el que trabajan intensamente desde el fin de semana el consorcio vasco liderado por Sidenor y el accionista principal de Talgo, Trilantic. Se trata de una vía que, según confirmó ayer el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, ha avanzado y «estamos mucho más cerca de un acuerdo de lo que estábamos la semana pasada».

El despliegue de los fondos Next Generation vuelve a dejar dinero europeo en Álava. El Ministerio de Industria dio ayer luz verde a 15 nuevas adjudicaciones de la primera línea del PERTE de descarbonización. Entre los proyectos que han conseguido financiación comunitaria vuelve a estar Mercedes Vitoria. La factoría alavesa recibirá 13 millones «para un proyecto basado en el diseño de un nuevo proceso productivo que permita reducir la huella de carbono, promover la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética en la fábrica». La planta, con unos 5.000 empleados, está inmersa en una inversión milmillonaria para empezar a producir furgonetas ‘full-electric’ a través de la plataforma VAN.EA, que debería empezar a producir modelos en serie en 2026. Las obras de esta infraestructura están, de hecho, entre las causas de un largo verano en el que la principal fábrica de Álava estará hasta seis semanas sin producir vehículos. Cuatro de ellas serán por las tradicionales vacaciones, pero la dirección ya ha puesto sobre la mesa de los sindicatos un calendario con dos semanas más de parada –una ‘block pause’ en el argot interno– para intensificar los trabajos en esa plataforma eléctrica y llegar a tiempo a 2026. En paralelo, sigue de fondo la amenaza de un ERTE si no se acuerdan medidas de flexibilidad para afrontar un excedente de unas 600 personas en la Avenida de Los Huetos. Además de Mercedes, otra planta alavesa ha conseguido financiación de los fondos europeos. Se trata de la fábrica de Pepsico, en Etxabarri-Ibiña, que ha recibido 1,7 millones «para reducir el consumo de combustibles fósiles y emisiones vinculadas a su consumo». El grupo dueño de Kas quiere que Zigoitia sea la primera planta neutra en emisiones este mismo año, para lo que ha planteado una inversión de más de cinco millones de euros para electrificar su producción.

Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) competirá con la surcoreana Hyundai después de que ambas compañías superaran una nueva fase en la licitación lanzada por Marruecos para la fabricación de 150 trenes regionales y de cercanías, tras haberse excluido ya del concurso a Talgo, Alstom y la china CRRC, según informó ayer la prensa magrebí. La firma pilotada por Andrés Arizkorreta continúa en el proceso de licitación en competencia con la filial de la asiática de automoción para los lotes de 40 trenes interurbanos, 60 trenes lanzadera rápidos (TNR) y 50 trenes regionales RER (Réseau Express Régional). Un primer lote de otros 18 trenes de alta velocidad de este megacontrato de 168 unidades ya lo ganó la francesa Alstom el año pasado, pero la Oficina Nacional del Ferrocarril marroquí (ONCF) la descartó para los siguientes lotes. Esta entidad también decidió excluir a la vasca Talgo.

El despliegue de las renovables se prepara para dar un nuevo paso hoy. El pleno del Ayuntamiento de Oion, en Álava, dará luz verde esta tarde al plan especial para que el parque eólico de Labraza se haga realidad. Aixeindar, la empresa que une a Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía (EVE) para promover centrales de energía verde, obtendrá así los últimos permisos –en este caso, urbanísticos– en su recorrido burocrático. Tras este trámite la pelota estará en el tejado de Iberdrola y del Gobierno vasco. Ahora es Aixeindar quien debe pedir la licencia de obra para empezar a instalar los aerogeneradores. Antes de dar ese paso, no obstante, es necesario que la cotizada vizcaína despeje la incógnita de qué aerogenerador instala en la villa amurallada. Inicialmente el proyecto se tramitó con unos molinos de 5 megavatios de Siemens Gamesa que están teniendo muchos defectos y que son responsables de las millonarias pérdidas que ha registrado la firma en los últimos años. Sin embargo, ahora la empresa podría cambiar por modelos más pequeños o de otro fabricante que no arrastre los defectos de Gamesa. La decisión de Oion llega marcada por la polémica. Y es que el Consistorio que hoy dará luz verde al complejo eólico está gobernado por EH Bildu, que en los últimos años ha oscilado entre el ‘no’ a los proyectos y el posibilismo con centrales como la de Statkraft en Aramaio, ya decaída. En este caso de Labraza el regidor del municipio, José Manuel Villanueva alega que no queda más remedio que dar luz verde a los planes de Iberdrola y el EVE «por imperativo administrativo». Sin embargo, el diputado general difundió ayer una versión diferente. Preguntado por el pleno de Oion, Ramiro González (PNV) se felicitó por la «magnífica noticia» del ‘ok’ del Consistorio gobernado por Bildu, del que dijo que ha «agilizado todos los procesos para facilitar esta instalación», ha sido «colaborativo, rápido y ha trabajado codo con codo con la compañía para facilitar la instalación del parque».

La negociación para aprobar la reforma fiscal comienza a vislumbrar discrepancias en el seno de la coalición PNVPSE. El proyecto económico ha sido presentado por los dos partidos en las Juntas Generales de los tres territorios históricos y requiere del apoyo de EH Bildu, PP o Podemos en Gipuzkoa y Araba para recibir luz verde. Con las dos formaciones de izquierdas muy reacias hacia el proyecto económico, han sido los populares quienes han ofrecido sus votos a cambio de negociar algunas modificaciones. Una proposición que los socialistas ya han rechazado y que choca de lleno con la estrategia que defiende el socio mayoritario de la coalición. Y es que el PNV sigue manteniendo que van a intentar el acuerdo «con todos los grupos», incluido el PP pese a la negativa de su socio. La consecución de la nueva norma económica se enfrío el pasado domingo tras las declaraciones del secretario general del PSE, Eneko Andueza, en una entrevista para este periódico. «Descarto pactar la reforma fiscal con el PP, Euskadi no va a seguir el modelo de Ayuso». Toda una declaración de intenciones para cerrar las puertas a los populares y tantear un pacto con EH Bildu o Podemos. Un planteamiento que el secretario general de los socialistas en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, secundó este lunes. También cabe la posibilidad de que finalmente, si jeltzales y socialistas no atan el respaldo de algunos de los grupos, el proyecto tenga que ser retirado y no se acabe aprobando la reforma fiscal.

El Gobierno vasco suma 43 días sin abonar las cuotas del programa Emantzipa, una de las medidas estrella del Ejecutivo, por el cambio de presupuestos. Más de 4.500 personas –al menos 4.680 a datos de noviembre– llevan 43 días esperando a recibir la ayuda de 300 euros que el Ejecutivo debería haber abonado en el mes de enero. Cuarenta días de espera en los que los jóvenes han tenido que adelantar de su bolsillo, sin apoyo público, los alquileres o las hipotecas de enero y de febrero sin haber percibido los subsidios ni de este mes ni del anterior. Cuarenta y tres jornadas sin noticias de las ayudas que Lakua anunció como medida estrella para reducir la edad media de emancipación en Euskadi desde los 30,2 años a los 29 a lo largo de este año. A preguntas de este periódico, portavoces del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico replican que «el cierre de un presupuesto y la carga del nuevo de 2025 han impedido que se abonara el mes de enero de las ayudas de Emantzipa». «El abono del mes de enero se realizará junto al abono del mes de febrero», detallan. En la plataforma Gaz, que comunica al Ejecutivo con los jóvenes, sus técnicos respondían lo mismo a quienes preguntaban por esta cuestión. Ayer mismo concretaban «que se pagará este mes la cuota de enero, pero al no estar automatizados los pagos no tenemos una fecha concreta de la que informaros». «Lamentamos mucho las molestias que esta situación os pueda ocasionar», respondían hace unos días. Mientras, la realidad es que la situación complica el día a día de los jóvenes vascos. 

En las últimas semanas la imagen de enfrentamiento interno no ha hecho sino aumentar y ayer escaló varios peldaños, a la vista de todos, a cuenta de la decisión de Hacienda de no tomar ninguna medida para evitar que quienes se beneficien de la nueva subida del salario mínimo, hasta los 1.184 euros al mes (700 más al año), tengan que tributar el IRPF. La bronca llevaba ya días larvándose y las diferencias entre la visión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo eran públicas. Pero fue ayer, minutos después de que el Consejo de Ministros aprobara el incremento de un 4,4% del SMI, cuando los socialistas confirmaron su decisión. Sentada en la mesa en la que cada martes el Gobierno da traslado de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, la máxima representante de Sumar en el Ejecutivo dio rienda suelta a su malestar y, tras afirmar que ni ella ni nadie de su espacio político había sido informado previamente, anunció que cualquier iniciativa que se presente en el Congreso contra esa carga fiscal contará con su «anuencia». Sumar fue el primero en anunciar que daría el paso. Pero Podemos y el PP le adelantaron por la izquierda y la derecha. La formación de Ione Belarra registró una proposición de ley para que no se practiquen retenciones por rendimientos del trabajo a quienes perciban, en cómputo anual, el SMI. Y, yendo más allá, el PP presentó otra para elevar los límites en la obligación de declarar y que afectaría a un mayor número de personas. Aunque legalmente el Gobierno puede vetar el debate de todos esos textos, la presión política será fuerte. EH Bildu se alineó ayer con Díaz. Y también el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, es partidario de que se haga el ajuste. Pero, de momento, Montero no da su brazo a torcer. 

Hacienda se convirtió ayer, de forma inédita, en la principal beneficiaria del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). Su negativa a ceder a las pretensiones del Ministerio de Trabajo y a acompasar el mínimo exento del IRPF al nuevo umbral de remuneraciones, obligará por primera vez a tributar a los contribuyentes que perciban el salario mínimo. La decisión, difundida minutos antes de que el Consejo de Ministros aprobara un alza del SMI del 4,4%, hasta 1.184 euros brutos en 14 pagas (16.576 euros al año), causó un choque frontal entre los socios del Gobierno de coalición. Tal como ha explicado en ocasiones anteriores la propia vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hasta la fecha el Gobierno había ido actualizando el Impuesto sobre la Renta en paralelo a los avances del SMI para que los trabajadores con menores ingresos del país quedaran siempre libres de tributar. Así, el mínimo exento de IRPF se elevó de 14.000 a 15.000 euros en 2023 y alcanzó los 15.856 euros en 2024, igualando el SMI. Este año, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, venía reclamando igualmente la plena exención fiscal del nuevo SMI, aprobado ayer con el apoyo de sindicatos pero sin el aval de la patronal. El departamento que dirige Montero, sin embargo, se negó ayer, alegando que el monto exento ya es muy elevado por las adaptaciones realizadas en los últimos años. Hacienda recuerda que desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018, el SMI se ha elevado un 61%, pasando de 10.302,6 a 16.576 euros brutos al año. Un ritmo de incremento nunca antes visto, que supera con creces la inflación, y que hasta ahora había quedado siempre exento de obligaciones fiscales.

Los afectados verán mes a mes en sus nóminas las correspondientes retenciones y tendrán que realizar la declaración de la renta. Esto ya sucede en Euskadi –cuenta con 56.000 perceptores de SMI–, donde las haciendas vascas tienen fijado en estos momentos el mínimo exento para tributar por el IRPF en los 14.000 euros cuando los ingresos provienen de un solo pagador. Sin embargo, cuando se perciben de dos pagadores se eleva a 20.000 euros. Esta segunda casuística puede ocurrir cuando se firman contratos con diferentes empresas o si en el mismo ejercicio se queda en el paro y cobra la prestación de desempleo, ya que el pagador en este caso es el Sepe. No obstante, la reforma fiscal que está en ciernes contempla elevar ese mínimo exento para tributar por el IRPF hasta los 19.000 euros anuales para un pagador o más. De este modo los que perciban el SMI quedarían exentos de rendir cuentas con Hacienda. Una medida que, de aprobarse, entraría en vigor desde el 1 de enero de este año. Con todo, desde el fisco foral guipuzcoano recuerdan que aunque los perceptores del SMI no estarían obligados a realizar la declaración de la renta, en algunos casos podría interesarles hacerla, ya que existen deducciones, como la de los 200 euros a menores de 35 años, que redundarían en su beneficio. 

La rúbrica salarial que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) –las últimas cifras disponibles son para los sueldos de 2023– ofrece una panorámica de esta distribución sectorial del impacto de la subida del salario mínimo desde dos prismas: primero, por el nivel de remuneración media que se abona a los trabajadores en cada rama de actividad, donde los más bajos son los más sensibles a verse incrementados por la nueva revalorización y, después, por el peso del número de asalariados instalados en los sectores dentro de los deciles de renta más bajos en los que se divide la distribución de salarios de la EPA. De este segundo aspecto se extrae una doble lectura: qué sectores tienen más trabajadores en esos rangos salariales más bajos sobre el total de empleados de los deciles en cuestión y el volumen que suponen sobre el total de ocupados de cada actividad incluyendo todos los niveles de renta. De la primera lectura, el nivel de los salarios abonados en los diferentes sectores, los más afectados y donde habrá mayores beneficiarios son el empleo del hogar –con el salario más bajo de las veinte rúbricas que recoge la estadística–, donde la remuneración media se sitúa en los 1.014 euros mensuales –en doce pagas–, seguido de los 1.455 euros mensuales de la hostelería, los 1.561 euros de la agricultura, los 1.615 euros de las actividades administrativas, los 1.705 euros de la categoría de otros servicios, los 1.716 euros de las actividades artísticas y los 1.815 euros del comercio. Estos sueldos medios son los menores del ránking con cifras de 2023 y que por ende cuentan con más trabajadores en los rangos salariales más bajos.

Hacienda vuelve a jugarse cientos de millones de recaudación en los tribunales. El endurecimiento de los anticipos tributarios que el Fisco exige anualmente a las empresas a cuenta del Impuesto de Sociedades ha vuelto al Tribunal Constitucional que, tras tumbar su aprobación por la vía del decreto en 2016, aceptó ayer a trámite dos recursos para analizar la constitucionalidad de su posterior incremento en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. En manos de los magistrados queda ahora sopesar la validez, tanto de forma como de fondo, de un aumento de los pagos fraccionados que en su día buscaba aumentar los ingresos públicos en 8.000 millones de euros. El sistema de pagos fraccionados fue introducido en España en el año 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó para las empresas un sistema de anticipos al Fisco similar al que opera con las personas físicas en el caso de las retenciones mensuales del IRPF. En el caso del Impuesto de Sociedades el tipo mínimo del anticipo se fijó inicialmente en el 12%. En el año 2016, sin embargo, en el marco de la batalla del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por cuadrar las cuentas públicas, se aprobó un doble endurecimiento del sistema. A fin de acercar la retención al tipo nominal del impuesto (que actualmente cuenta con un tipo general del 25% sobre la base imponible de las compañías, del 23% para pymes y del 29% para banca y petroleras), Montoro incrementó la cuantía del pago fraccionado al 23% de los resultados o el 24% de la base imponible. Además, el universo de empresas afectadas se incrementó con fuerza al rebajar de 20 a 10 millones de euros de ingresos anuales el umbral desde el que se exigen los pagos fraccionados. La medida acabó siendo tumbada por el Tribunal Constitucional en 2020, cuando al analizar un recurso de la Audiencia Nacional consideró que su aprobación en el Real Decreto-ley 2/2016 era inconstitucional. Hacienda devolvió unos 460 millones.

Celsa sigue avanzando en su hoja de ruta hacia su salvación tras la conflictiva salida en 2023 de la familia Rubiralta. Los fondos acreedores que tomaron el control tras el fallo judicial histórico con el que se culminó la reestructuración de la acerera están tratando de sanear su situación financiera y reposicionar a una multinacional que emplea a 3.500 personas de forma directa en España (70.000 trabajadores indirectos a nivel mundial). En este contexto, la empresa busca refinanciar su deuda de más de 1.000 millones de euros. Para ello, ha contratado a Houlihan Lockey, uno de los mayores expertos financieros del mercado y que ya trabajó con los fondos acreedores y actuales accionistas en el pasado. Aunque este proceso de refinanciación es muy incipiente, en una situación de recuperación, la firma quiere aprovechar para mejorar las condiciones de su pasivo. Tanto Celsa como Houlihan Lockey han declinado hacer comentarios. La optimización de su pasivo se da en paralelo a la recapitalización de la compañía. La firma liderada por el ex consejero delegado de Gas Natural Fenosa Rafael Villaseca, ha emprendido en las últimas semanas la búsqueda de un socio industrial español que tome un 20% de las acciones de la firma en una ampliación de capital. Para este proceso, comprometido con el Gobierno, Celsa se ha puesto en manos de Citi y Grant Thornton. Tras quedarse al borde de la quiebra, la firma está ya en vías de lograr su salvación definitiva, aunque el proceso ha sido traumático y ha implicado la expulsión de la familia fundadora, algo inédito en España. 

El primer ejecutivo del grupo Ryanair, Michael O’Leary, aterrizó ayer en Madrid con el firme propósito de elevar el tono de la bronca con el Gobierno. El irlandés posó al mediodía, en una multitudinaria rueda de prensa, junto a la imagen de dos payasos con la cara del ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy. Se trata de un paso más en su cruzada contra el político, al que ha calificado de “payaso” y “loco comunista” en reiteradas ocasiones. La empresa se revuelve una vez más ante las multas por 179 millones impuestas el pasado mes de noviembre por Consumo a cinco aerolíneas. Desde el Ejecutivo se ha penalizado el cobro a los clientes por subir el equipaje de mano a la cabina de viajeros, entre otras prácticas que considera abusivas. Esta vez no solo se utilizó mayor calibre en el insulto desde la sede de Ryanair; el uso de los carteles con la cara de Bustinduy superó anteriores capítulos en la agria disputa desatada al minuto de oficializarse la histórica sanción. La compañía se llevó la peor parte de este revés administrativo: 107,8 millones de euros. Las otras compañías sancionadas son Vueling, Easyjet, Volotea y Norwegian, todas de bajo coste. Los recursos ante la Audiencia Nacional están servidos: Volotea confirmó ayer que presentó el suyo el lunes pasado, y Ryanair confía en ganar el pulso judicial al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El responsable de Asuntos Públicos, David Simón-Santiñán, afirmó que la justicia europea prevalece sobre los ordenamientos nacionales y, en este caso, está a favor del sector aéreo. 

La respuesta de Bruselas ante los aranceles que Donald Trump impuso este martes al aluminio y al acero europeo no se ha hecho esperar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicó ayer un comunicado en el que «lamenta» la decisión de Washington de establecer un gravamen del 25% a las exportaciones de aluminio y acero europeo –que entrarán en vigor el 15 de marzo– y destacó que estas medidas «injustificadas» tendrán una respuesta europea «firme y proporcionada», aunque aún no ha detallado qué medidas concretas tomará Bruselas. La jefa del Ejecutivo comunitario subrayó que las tarifas «son malas para los negocios y para los consumidores» y aseguró que la UE «actuará para defender sus intereses económicos y proteger a sus trabajadores, empresas y consumidores». La Comisión Europea deberá analizar qué herramientas activar contra Estados Unidos (EE UU) y a qué sectores dirigirlas. Podría tomar represalias contra las empresas tecnológicas americanas, con la puesta en marcha de la tasa digital europea –entre otras medidas–. También podría poner en marcha su instrumento «para combatir la coerción», que permitiría al Ejecutivo comunitario poner en marcha restricciones al comercio de servicios contra un país que está utilizando aranceles para forzar cambios en su política.

«Esta carrera todavía no se ha terminado». Con estas palabras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó ayer su deseo de que el Viejo Continente no quede rezagado en la competición mundial por la inteligencia artificial. «Deseamos que Europa sea uno de los continentes líderes» en este sector innovador y que «adoptemos un modo de vida en que la IA tenga una mayor relevancia», añadió en el acto de clausura de la cumbre de París. Tras los celebrados en Reino Unido y Corea del Sur, el tercer evento internacional sobre inteligencia artificial ha estado marcado por una visión entusiasta sobre esta tecnología, así como por el pulso entre Estados Unidos y China, simbolizado por el duelo entre ChatGPT y DeepSeek. Ante esta rivalidad creciente entre las dos mayores potencias comerciales del mundo, la UE desea impulsar «una tercera vía (…). Queremos para la IA un acceso equitativo para todos los continentes», defendió el presidente francés, Emmanuel Macron, quien se ha asociado con India en la organización de la cumbre. Para evitar que los Estados europeos queden como meros segundones ante esta transformación, Von der Leyen anunció una inversión de 200.000 millones de euros en los próximos años, básicamente procedentes de capital privado. A los 150.000 millones prometidos por una alianza de 60 empresas, Bruselas se ha comprometido a sumarle 50.000 más. De esos fondos, unos 20.000 millones se destinarán a la construcción de gigafactorías. La UE abre así una nueva guerra con Estados Unidos, sobre todo, pero también con China por el dominio de la nueva tecnología.