20240917

El Gobierno Vasco realizará un «análisis profundo de las bajas médicas» laborales ante el alto absentismo que tiene lugar en Euskadi, que se sitúa en 22,09 días de media por trabajador al año, un 31% más que el conjunto del Estado. Así lo aseguró ayer el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en el Parlamento Vasco. El nuevo Gobierno Vasco realizará un «análisis profundo de las bajas médicas por Incapacidad Temporal (IT), y su duración en el tiempo». El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo puso ayer negro sobre blanco las prioridades de su área para esta nueva legislatura, entre las que figura, con especial atención, el elevado absentismo laboral de Euskadi, que continúa siendo uno de los más altos del Estado, toda vez que la cifra de días de media de baja por trabajador a causa de una enfermedad en el territorio se ha duplicado en los últimos diez años, hasta situarse en 22,09 días, un 31% por encima del conjunto del Estado (16,8 días). En cualquier caso, este registro, que sólo se sitúa por detrás del que presenta Galicia (22,2 días), ha llevado a que el asunto de la duración de las bajas médicas por Incapacidad Temporal –«muchas veces derivadas del envejecimiento de los trabajadores, riesgos psicosociales y trastornos musculares», enumeró Torres– esté subrayado en rojo en el decálogo de objetivos a tratar de la consejería de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. En esta línea, el área socialista volvió a insistir en que prevé reactivar la Mesa de Diálogo Social con patronal y sindicatos para buscar «soluciones y no culpables», aunque el acuerdo, por lo menos por ahora, no parece cercano puesto que ni siquiera se ha podido llegar a una entente en cuanto al diagnóstico del problema. Fuentes de la citada Mesa de Diálogo Social admitieron a este periódico que la negociación sobre este asunto se mantiene «encallada». LAB interpela al vicelehendakari segundo para que «se oponga a los nuevos recortes que pretende aplicar la patronal con la excusa del absentismo». CC OO también mostró su preocupación en un reciente informe sobre la «criminalización de las personas por estar de baja médica».

El nuevo Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco también promoverá «en esta mesa, y desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales, un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica de Euskadi». Así lo aseguró ayer Mikel Torres en el seno de la Comisión de Economía, Trabajo y Empleo del Parlamento Vasco. En esta línea, el socialista agregó que «nuestra intención es impulsar una Ley de Participación Institucional que fije el marco jurídico para la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la toma de decisiones para el desarrollo económico y social de Euskadi y el bienestar de la ciudadanía». El SMI vasco es una reivindicación de largo recorrido de los sindicatos. Los distintos grupos parlamentarios ya consensuaron durante la pasada legislatura esta necesidad, aunque el SMI lo regula el Gobierno central, pero eso sí, en consenso con los agentes sociales y empresariales. En ese texto, firmado por el PNV, PSE, Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu, coincidieron en que un posible aumento de la retribución mínima sería un paso «importante» y beneficiaría a alrededor de 50.000 vascos. Aunque el documento no fijó cuál debería ser ese SMI vasco, tanto Podemos como EH Bildu sí que marcaron un objetivo: los 1.400 euros al mes. En la actualidad, el SMI se sitúa en los 15.876 euros anuales distribuidos en 14 pagas de 1.134 euros, con un incremento del 54% desde el año 2018.

El sindicato LAB pondrá en marcha una campaña que se prolongará durante los próximos meses para «aumentar la presión» con objeto de reivindicar un salario mínimo de 1.600 euros, una jornada laboral de 30 horas y el reforzamiento de los servicios públicos. El coordinador general de la central abertzale, Igor Arroyo, presentó ayer en Bilbao esta iniciativa, que comprende la celebración de 14 asambleas de delegados sindicales en las próximas semanas y reparto de folletos en los centros de trabajo y otra serie de movilizaciones que tendrán como colofón una gran asamblea y manifestación el 12 de diciembre en Bilbao. Arroyo aseguró que «no hay cambios profundos sin confrontación» y por ello LAB apuesta por aumentar la presión para «lograr medidas a favor de la gente trabajadora». En concreto, son tres las medidas urgentes que reivindica el sindicato con esta campaña. La primera es un salario mínimo de 1600 euros porque en la actualidad «tener un empleo no es garantía para alejarse del riesgo de pobreza». La segunda reivindicación es una jornada de 30 horas, porque la reducción de jornada es «un reto fundamental para responder a la destrucción de empleo que conllevará la digitalización». Y el tercer objetivo es «reforzar los servicios públicos» en cuatro ámbitos: cuidados, vivienda, educación y salud, para lo que LAB considera necesaria una «reforma fiscal profunda».

El Gobierno Vasco revisará «al alza algunos indicadores económicos» que el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, publicará el próximo día 24 de septiembre, tal y como adelantó ayer Mikel Torres, quien mantiene las previsiones de crecimiento de la economía vasca para este año y el siguiente. En concreto, el Ejecutivo autonómico espera un aumento del PIB real de Euskadi del 1,9% este año y del 2,1% el próximo. A grandes rasgos, explicó el dirigente socialista, «las hipótesis que se hicieron entonces se mantienen ahora y, en algunos casos, se revisarán al alza». También se refirió a los fondos de Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR), de los cuales 1.241 millones han sido para gestión autonómica y 1.262, para gestión estatal. Torres aseguró que ya han asignado a instrumentos jurídicos el 88% (1.039 millones), y el 62% (775 millones) ya han sido ejecutados.

Tres semanas después de que el Gobierno central vetara la opa de Magyar Vagon sobre Talgo el escenario ha cambiado radicalmente. El consorcio húngaro anunció recursos judiciales en todas las instancias por lo que entendió como un grave perjuicio económico y una «absoluta indefensión». Pero según ha confirmado EL CORREO de fuentes conocedoras del proceso, el grupo magiar podría acabar dando carpetazo a una operación de 617 millones sin siquiera presentar el recurso anunciado ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo de Ministros. Hasta ayer se venían preparando con intensidad los trámites legales para la impugnación del veto gubernamental en el Alto Tribunal, pero las perspectivas de un largo y costoso proceso han hecho que varios de los miembros del grupo empresarial construido sobre Magyar Vagon se hayan planteado seriamente la conveniencia de seguir adelante. El consorcio empresarial dirigido por su consejero delegado, Andras Tombor, sigue considerando que la decisión del Gobierno «carece de la más mínima motivación» y supone «privar ilegítimamente a los accionistas de la oferta más atractiva y de más interés para la compañía». No obstante algunos de sus miembros creen que de poco serviría que un tribunal les diera la razón cuando el momento empresarial de Talgo ya haya pasado. Y eso, en el caso de que la decisión judicial fuera favorable.

El grupo siderúrgico vasco Sidenor deja atrás las cifras récord de 2022, pero mantiene la reactivación de su negocio registrada tras el Covid. El pasado ejercicio, el fabricante de aceros especiales, que tiene en la automoción su principal cliente, redujo sus ventas un 12% y volvió a colocarlas por debajo del listón de los mil millones: 930 millones. Sus responsables justifican este recorte por la bajada de los costes de energía y materias primas, que el grupo repercute en sus clientes y que en 2022 dispararon su cifra de negocio. En volumen (medidas en toneladas), las ventas cayeron sólo un 2%, contención que Sidenor destaca y explica por su estrategia comercial de diversificación hacia sectores distintos de la automoción; y, dentro del automóvil, hacia áreas diferentes del motor de combustión. En 2023, la siderúrgica disminuyó su ebitda un 41%, hasta 60,6 millones. Su resultado neto creció ligeramente y cerró en 49,7 millones gracias a la activación de créditos fiscales. El beneficio bruto bajó a 23,5 millones, frente a los 62 millones del año anterior. En el arranque de 2024, el sector del automóvil –sobre todo motores de combustión, su mercado tradicional– reactivó la demanda, explica Sidenor. Sus directivos tienen para la segunda mitad de este año “buenas previsiones de demanda”; esperan la reactivación de otros mercados, y confían en cerrar 2024 con un volumen de ventas por encima de los dos últimos ejercicios.

El Juzgado de lo Social número dos de San Sebastián ha dictado una sentencia que condena a la empresa siderúrgica vasca Sidenor a aumentar un 30% las prestaciones a un laminador de Orbegozo-Acenor afecto de cáncer pulmonar por amianto, por «incumplir la normativa de seguridad». En un comunicado, la asociación de víctimas del amianto de Euskadi, Asviamie, destaca que en el fallo se declara «ajustada a derecho» la resolución administrativa de recargo del 30% de las prestaciones que les impuso el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Sidenor Industrial y Cofivacasa a pagar al laminador Santi F. G. que trabajó entre 1967 y 1995 en Pedro Orbegozo-Acenor, afectado de cáncer pulmonar, derivado de la exposición a fibras de amianto, mientras desconocía el riesgo y trabajó sin medidas preventivas. Además, se impone una «multa por temeridad» de tres mil euros a Sidenor por interponer demanda, a los que se suman 600 euros de sanción a cada letrada demandada.

Iberdrola, la mayor energética española por capitalización en Bolsa, ultima un acuerdo con un gran fondo o grupos de fondos de inversión para lanzar una filial especializada en el negocio de centros de datos. Con este movimiento corporativo, Iberdrola va a revolucionar ese sector. Pretende convertir a esa filial, a la que inicialmente ha bautizado como CPD4Green, en el mayor hub europeo para albergar centros de datos y procesamiento para Inteligencia Artificial (IA). Su intención es rebasar ampliamente a los actuales líderes del mercado español: Nabiax, la filial de Telefónica y el fondo Asterion, y Data4, grupo adquirido hace un año por Brookfield a AXA. Ayer, Iberdrola hizo una presentación ante analistas, a modo de road-show para completar el lanzamiento de la nueva filial y cerrar, en los próximos meses, la incorporación de un socio financiero que ayude al desarrollo de CPD4Green. Iberdrola quiere replicar así el modelo partnership que aplica a otros grandes proyectos estratégicos. En la presentación financiera, según ha podido saber EXPANSIÓN, Iberdrola explicó a unos 200 inversores que su intención es cerrar la operación de incorporación de un socio antes de mediados de 2025. La presentación corrió a cargo de David Mesonero, director de Desarrollo Corporativo y hombre clave en las últimas operaciones corporativas de Iberdrola, que han supuesto un salto estratégico histórico para el grupo (venta de activos en México con plusvalías récord y compra de North West en Reino Unido entre otras). Iberdrola ya ha estado recibiendo ofertas de potenciales socios, entre los que se encuentran los grandes fondos y otros grupos, algunos de ellos ya partícipes en otros proyectos. Entre ellos están Norges, KKR, Cinven, Antin, CVC, Copenhagen Infraestructure, GIP, GIC y Masdar.

La directora general de Lortek Jaione Ganzarain ha sido designada Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la consejería de Industria que dirige Mikel Jauregi. Ganzarain era la responsable del centro tecnológico con sede en Ordizia, miembro del BRTA y de la Corporación Mondragon. Es ingeniera industrial por la Universidad de Navarra y Doctora en Ingeniería por Mondragon Unibertsitatea.

El viceconsejero de Formación Profesional (FP) del Departamento de Educación del Gobierno vasco, Jorge Arévalo, abandonará la consejería esta semana, según ha podido saber este periódico. El cese se anunciará hoy tras el Consejo de Gobierno. Le sustituirá Jon Labaka, director de Tknika, un centro avanzado que hace las veces de ‘laboratorio’ de la FP en Euskadi y que el hasta ahora viceconsejero contribuyó a poner en marcha. Ambos guardan una excelente relación. A sus 68 años, Arévalo pone fin a una trayectoria de más de dos décadas en el Ejecutivo en dos etapas distintas. Primero fue director de FP entre 1995 y 2001 y luego viceconsejero hasta 2005. Volvió al departamento, de nuevo como máximo responsable de este área, en 2012 y ha ocupado el cargo hasta ahora. Entre 2008 y 2011 fue asesor del Ministerio de Educación. El éxito actual de la FP no se puede entender sin su figura. Se va en un buen momento, con la reforma de la FP bien encarrilada y con más alumnos y empresas vinculadas que nunca. El sistema vasco de FP está a la vanguardia de Europa y ha sido referente del Ministerio de Educación para rediseñar de la Formación Profesional en todo el país.

Los trabajadores extranjeros no se libraron del bache del empleo en agosto y la cifra de cotizantes se redujo ligeramente ese mes. Así, su número descendió en 209, con lo que el total se situó en 96.618, ligeramente por debajo del récord histórico de julio, según los datos publicados ayer por la Seguridad Social. A pesar de este pequeño paso atrás, el análisis del último año muestra claramente el creciente peso de los extranjeros en el envejecido mercado laboral vasco, muy necesitado de mano de obra. De los casi 10.600 nuevos afiliados al sistema, 5.673 vienen de fuera. En otras palabras, más de la mitad de los cotizantes incorporados en los últimos doce meses es extranjero. Esto se debe a que entre los autóctonos tienen una gran relevancia las jubilaciones, que casi superan a los jóvenes que se incorporan al trabajo. Pese a este incremento, el número de afiliados extranjeros sobre el total todavía no alcanza el 10% en Euskadi. En concreto, el porcentaje es del 9,6% mientras que en el conjunto de España supera el 13,5%. De los 96.618 cotizantes de otros países en Euskadi, 75.209 proceden de fuera de la Unión Europea, con Colombia, Marruecos, Nicaragua y Venezuela como países más destacados. Entre los 21.409 afiliados a la Seguridad Social de la UE, predominan los trabajadores de Rumanía, seguidos de los de Portugal, Italia y Francia. Por sectores, el mayor crecimiento se ha producido a la hostelería, que es la actividad que más extranjeros emplea. En agosto sumaban casi 18.000 personas. Le siguen el comercio, con 13.440, y la construcción, con 11.560. Por contra, la afiliación ha caído entre las empleadas del hogar de origen extranjero. Hace un año el colectivo superaba las 12.200 y el pasado mes no llegaban ni a 11.000, con lo que hay una pérdida de 1.259. Este descenso puede estar relacionado con el aumento del Salario Mínimo Interprofesional y las cotizaciones, que han elevado el coste de contratar una trabajadora a jornada completa en 600 euros al mes desde 2018.

Alquilar una habitación en San Sebastián en un piso compartido cuesta de media 546,8 euros al mes. La cifra sólo es superada en el resto del Estado por Barcelona, donde los inquilinos abonan 623,14 euros. El informe del portal especializado Pisos.com hecho público ayer arroja una serie de datos acerca del mercado de habitaciones en alquiler, que está en auge. El aumento de los precios parece no tocar techo y la imposibilidad de afrontar el alquiler íntegro de una vivienda en solitario está empujando a muchos jóvenes a tener que compartir piso entre varios amigos o, incluso, desconocidos. Los jóvenes universitarios son uno de los colectivos más afectados por estos precios. Por ejemplo, en lo que respecta a San Sebastián, los barrios más costosos se ubican en Aiete (1.221 euros de media); seguido del Centro (1.155 euros), Ibaeta (1.106 euros), Gros (1.076 euros) y Antiguo (1.075 euros). Lamentablemente, esta situación lleva a que los jóvenes tengan que seguir compartiendo piso mucho más allá de su etapa universitaria. Los otros dos factores que explican el crecimiento de esta modalidad son los sueldos, precarios en los más jóvenes, y que la demanda supera a la oferta, al igual que sucede en el mercado de compra, lo que encarece las rentas. Según las mismas fuentes, alquilar una habitación en un piso compartido en España es un 55% más caro que hace una década. La media estatal, con todo, se sitúa en 423 euros mensuales, un 29% más asequible que en San Sebastián. El precio medio de Donostia es superior incluso al de la capital, Madrid, tercera más cara, donde los inquilinos pagan 538,94 euros (8 menos). En el ranking de las diez ciudades más caras, Bilbao ocupa el octavo puesto (423,81), por detrás de enclaves como Palma (514,75 euros), Girona (474,81 euros), Valencia (443,8 euros) y Málaga (438,89 euros) y por delante de Santa Cruz de Tenerife y Santander, con 401,81 y 387,58 euros, respectivamente. Localidades cercanas como Vitoria y Pamplona no aparecen en ese top 10 exclusivo.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, compareció ayer ante los grupos parlamentarios en la recién estrenada comisión de Cultura, Euskera y Deporte de la Cámara autonómica para dar cuenta de las principales líneas de actuación de su Departamento para esta legislatura. Sobre uno de los temas más candentes del ámbito cultural, el de la materialización del museo Guggenheim en Urdaibai, Bengoetxea hizo autocrítica por no haber explicado «correctamente» ciertos aspectos del proyecto y prometió «diálogo» a la oposición. Así, cuestionada por los grupos de EH Bildu y PP, así como por la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, la consejera admitió errores en la comunicación y se mostró dispuesta a escuchar las diferentes sensibilidades. «No hemos tenido el acierto de compartir y explicar correctamente algunas de las cuestiones relativas a este proyecto y tengo que reconocerlo. Pero el conflicto solo trae más problemas y soy defensora del diálogo y la escucha aunque el Gobierno tenga capacidad de tirar por sí solo», se justificó, antes de añadir que mediante la colaboración «podemos hacer que este proyecto sea mejor entendido». No dijo nada, en cambio, sobre la financiación o las cifras del proyecto de Urdaibai, remitiéndose a comparecencias futuras en el marco de los próximos Presupuestos que en las próximas semanas comenzarán a perfilarse. Está por ver si las Cuentas incluirán partidas concretas para la infraestructura museística, a lo que hasta ahora el Ejecutivo vasco se ha mostrado remiso a diferencia del Gobierno central y la Diputación. Lo que está claro es que el Ejecutivo de Lakua sigue adelante con el nuevo Guggenheim, citándolo la vicelehendakari como uno de los proyectos principales de su Departamento, junto a la reforma del Teatro Principal de Vitoria, ya licitada, o las mejoras en el Victoria Eugenia de San Sebastián.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmará esta semana con las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT, el último acuerdo sobre la reforma de las pensiones que cerraron el pasado 31 de julio el Ejecutivo y los agentes sociales. Exactamente es el pacto que, de forma gradual, hará compatible el salario con la cuantía de la pensión a todos aquellos que sigan trabajando tras cumplir la edad de jubilación. También reforma el retiro parcial y el contrato de relevo del jubilado en las empresas. Sánchez anunció la firma del acuerdo con los agentes sociales, “para facilitar el acceso a una pensión digna para miles de ciudadanos”, en la reunión que mantuvo ayer, en el Congreso de los Diputados, con el grupo parlamentario socialista de las dos cámaras. Con ello, el presidente mostró un ejemplo de la acción del Gobierno, “para beneficiar a los ciudadanos”, frente a las críticas del Partido Popular de que el Ejecutivo no puede hacer nada, porque su posición parlamentaria es muy débil. El PP considera que Sánchez debería convocar ya elecciones generales. Sin embargo, el presidente proclamó a los parlamentarios socialistas: “Os anuncio que esta misma semana vamos a firmar un importante acuerdo, que es clave [para el sistema de pensiones] con la patronal y con los sindicatos, que va a facilitar el acceso a una pensión digna a miles de ciudadanos y de ciudadanas”.

El presidente del Gobierno anunció ayer que el Gobierno firmará a lo largo de esta semana, junto a sindicatos y patronal, la nueva reforma de pensiones. Fuentes del diálogo social indican que el acto está previsto para el miércoles. Pero, aunque haya firma y foto del Ejecutivo con los líderes sindicales y patronales, en absoluto está garantizado que buena parte de la norma salga adelante en el Congreso de los Diputados. Los parlamentarios de ERC, Bildu y BNG, que ya advirtieron la semana pasada de que el texto no les convencía, confirman a este periódico que votarán en contra si no hay modificaciones sustanciales en la propuesta. Hay partes del acuerdo (suscrito a finales de julio) que no necesitan de apoyo parlamentario para salir adelante, ya que son desarrollos reglamentarios. Tampoco depende del voto favorable del Congreso el nuevo rol que la reforma plantea para las mutuas, un papel más protagonista en el tratamiento de dolencias traumatológicas para desatascar las listas de espera, siempre y cuando el paciente consienta. Este nuevo escenario dependerá del desarrollo de convenios autonómicos, así que tampoco podría vetarlo el Parlamento. Sin embargo, la formación de la comisión tripartita de seguimiento de este nuevo papel de las mutuas, así como los cambios en la jubilación activa y la parcial, sí exigen cambios legislativos que necesitan la luz verde de la mayoría del Congreso. El PNV sí se ha manifestado a favor del acuerdo, mientras que Junts no desvelado el sentido de su voto. 

Dirección y sindicatos de Masorange constituyen hoy martes, día 17, la mesa de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que ha anunciado la empresa para 795 trabajadores, alrededor del 10% del total de empleados del grupo que trabaja en España y el 16,4% de la plantilla de las sociedades afectadas, que no incluyen el personal ni de los call center ni de las tiendas propias. La voluntariedad será el principal escollo a salvar por ambas partes en esta negociación, que tienen de plazo un mes para llegar a un acuerdo. Los sindicatos CC OO, UGT, USO, ELA y CGT han reclamado de forma conjunta garantías de una “voluntariedad completa y absoluta” para los afectados, “sin subterfugios ni sucedáneos”. La dirección afirmó el pasado 3 de septiembre en un comunicado interno a los trabajadores, coincidiendo con el anuncio del ERE, que “la voluntariedad será el primer y preferente criterio de adhesión”, pero no el único criterio. Los sindicatos rechazan esta propuesta al entender que es ambigua, y que bajo esa fórmula el ERE se puede convertir “en un programa de destrucción de empleo donde la dirección acepte cierta voluntariedad y que incluya despidos forzosos o prejubilaciones obligatorias”. La dirección de Masorange, encabezada por el consejero delegado, Meinrad Spenger, sostiene que, tras la fusión entre Orange y MásMóvil que dio lugar a la nueva empresa, se comprometieron a que no habría un plan de salidas “forzosas e involuntarias” como tal, lo que no significa que no fueran a aplicar un ERE. 

La rehabilitación de viviendas ha tomado un nuevo impulso en 2024. En los primeros seis meses del año, el país ha alcanzado prácticamente el mismo número de visados para este tipo de intervenciones que los registrados durante todo 2023, lo que a su vez supone un incremento del 149% respecto a 2019, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). En concreto, entre enero y junio se solicitaron permisos de gran rehabilitación para 30.080 casas, lo que supone el 80% de las 37.783 del año pasado. La cifra considera solo las reformas de gran calado, eliminando pequeñas modificaciones como pueden ser reformas de baños o cambios de ventanas, que no requieren licencia. Los arquitectos consideran que si la tendencia continúa, este sería el primer año en el que el país alcanzaría la tasa media de referencia consensuada por los expertos, según la cual se alcanzarían hasta 2026 unas 355.000 actuaciones a razón de 71.000 por año. El impulso no es casual. Gran parte de este avance se debe al despliegue de parte de los 4.800 millones de euros de fondos europeos que se consagraron para la rehabilitación de la vivienda y que contemplan una financiación de entre el 40% y el 80% de proyectos enfocados a mejorar el aislamiento de la fachada de los inmuebles, cambiar el sistema de calefacción o reducir el consumo de aire acondicionado.

La ausencia de un verdadero mercado común interior en España, sumida en 17 marcos regulatorios para la actividad empresarial como consecuencia de la heterogénea avalancha normativa producida en cada autonomía, resta cerca de un 3% de crecimiento al PIB español, según coinciden en señalar diferentes estudios públicos y privados. Aprovechando la renovada apuesta desde Bruselas por reforzar el Mercado Único europeo, el Ministerio de Economía ha convocado para mañana a comunidades autónomas y ayuntamientos a un cónclave en el que busca impulsar un régimen de actividad única para todas las regiones españolas, unificando los requisitos a las empresa para que operen indistintamente en todos los territorios, lo que podría potenciar el crecimiento económico del país en unos 35.000 millones de euros. “El cumplimiento de cargas administrativas derivadas de esta fragmentación normativa supone costes para las empresas de entre el 1,5% y el 2,5% del PIB, mientras que la liberación de estos recursos y la mejora del marco regulatorio que se deriva de una reducción de la fragmentación normativa supondría un impulso sobre el crecimiento económico a largo plazo de entre el 1,5% y el 3% del PIB”, estimaba en uno de sus últimos análisis de coyuntura económica el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el servicio de estudios de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). “En términos monetarios, podemos estar hablando de un impacto total de unos 35.000 millones de euros más de PIB a largo plazo”, incidía el think tank en su último informe específico sobre la unidad de mercado.

El tramo final del verano ha devuelto al mercado eléctrico español a la situación inmediatamente anterior a la llegada del calor, con precios cero en el ecuador de varias jornadas de diario consecutivas. No sucedía desde mediados de junio: en los dos últimos meses, tanto la subida de las temperaturas (y con ellas, el mayor uso de los aires acondicionados, que elevan el consumo de luz) como la menor aportación de la eólica y la hidroeléctrica habían restringido estos valores de derribo a unas horas solares de los fines de semana. Ya no es así. Tanto el viernes pasado como este lunes y este martes, el mercado español ha vuelto a arrojar roscos en la franja central del día, aquellas en las que la producción fotovoltaica -de largo, la fuente más barata de electricidad- es mayor y la suma de las renovables y la nuclear se basta y se sobra para cubrir toda la demanda. El último día de la semana pasada fueron seis las horas a precio cero. La situación volvió a repetirse el fin de semana, cuando la demanda habitualmente cae y los precios cero y negativos son bastante más habituales. Y tanto este lunes como este martes los valores mínimos han vuelto a las pantallas de Red Eléctrica de España (REE). “Estos días de precios cero son, sobre todo, consecuencia del regreso del viento: al juntarse con el sol a mediodía, hace bajar mucho todo el mercado”, desgrana Francisco Valverde, analista independiente del sector eléctrico.

A pesar de que actualmente los vuelos comerciales apenas llevan combustible sostenible para la aviación (SAF) en sus depósitos, la iniciativa ReFuelEU Aviation establece que todos los vuelos que salgan de la UE deberán llevar un porcentaje mínimo de SAF a partir de 2025 que irá aumentando. El problema –y la oportunidad derivada– es que actualmente no existe ese SAF y son ya muchos países los que compiten en la carrera para convertirse en uno de los proveedores mundiales. Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa, cree que «hay que acelerar para que España no pierda la oportunidad del SAF». El directivo participó en la presentación de un informe de PwC en el que se desgranan los retos a los que se enfrenta España para lograr esa posición dominante. Conseguirlo, apunta el documento, tendría un impacto de 56.000 millones de euros en el PIB por la construcción y operación de las plantas a 2050 y supondría también la creación de 270.000 puestos de trabajo. El directivo estuvo acompañado de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Garau; Marco Sansavini, presidente y CEO de Iberia; Carolina Martinoli, presidenta y CEO de Vueling; y Margarita de Gregorio, CEO de BIOCIRC. Wetselaar apeló al reciente informe Draghi. «Estoy convencido de que no podemos vivir de los servicios, ni Europa ni España», detalló. Para cambiar esta tendencia, hay que invertir en industria y «una de las más lógicas» es la del SAF, porque no existe y porque España tiene fortalezas de las que otros competidores carecen. «Lo tiene todo para ser un éxito para España, pero no va a llegar fácilmente», insistió, al tiempo que pidió «agilizar» los procesos necesarios.

Los sondeos se le resisten. 24 horas después del suceso en el campo de golf, Trump solo ha logrado arañar un punto en las encuestas, nada que ver con el primer intento de asesinato, cuando su popularidad se disparó hasta niveles nunca vistos en estas elecciones y que prácticamente pronosticaban una victoria aplastante del candidato republicano. Cierto es que nada tiene que ver una situación y otra. El atentado que sufrió en julio se materializó con varios disparos, dos fallecidos entre el público y la imagen triunfal de un Donald Trump ensangrentado dio la vuelta al mundo. Además, coincidió con los días previos a la celebración de la Convención Republicana, diseñada para mayor gloria de su candidato. El otro contendiente por aquel entonces en las elecciones era Joe Biden, que vivía su propia crisis con todos los miembros de su partido presionando en su contra para que se retirara de la carrera a la reelección. Trump no tenía rival. Pero en cuestión de días, Biden cambió la retórica, dio un paso al lado y la campaña demócrata eclipsó el intento de asesinato, que todavía sigue bajo investigación por parte del FBI. Kamala Harris pasó entonces a liderar los sondeos. El efecto se fue diluyendo, y ambos candidatos llegaron a septiembre con empate técnico. Fue el momento para el primer y único debate entre ambos. Harris brilló y volvió a coger algo de ventaja. Tras el segundo intento de asesinato, muchos analistas esperaban un impulso mayor de Trump entre las bases de votantes, pero el efecto no ha sido el esperado.