20240408

Un informe elaborado por la patronal guipuzcoana Adegi alerta de que las abundantes cargas administrativas que afectan a los negocios entorpecen el progreso empresarial del territorio. El documento se basa en una encuesta promovida por la asociación empresarial europea de pequeñas y medianas empresas European Entrepeneurs CEA-PMA de la que forma parte Adegi, quien ha consultado a 82 negocios del territorio de los que la mitad son pequeñas empresas con plantillas de hasta 49 personas y un 35% son medianas, donde trabajan entre 50 y 249 profesionales. La principal conclusión de sus respuestas apunta a que el tejido empresarial guipuzcoano presenta un grado superior de cargas administrativas que las europeas lo que, según lamentan, les supone una pérdida de tiempo y mayores costes adicionales que condicionan su competitividad.  La obligación administrativa más repetida, en la que coinciden más de la mitad de las consultadas, es la facilitación de datos para las sucesivas encuestas que han de atender, procedentes de organismos como el Eustat, el INE o el Banco de España. No muy lejos se sitúa el “exceso legislativo y administrativo”. En este epígrafe citan ejemplos más concretos como duplicidades en las comunicaciones con diferentes administraciones, la normativa medioambiental o la referente a la protección de datos y “el aluvión y dispersión de normas legales”. También critican los cambios constantes en la normativa y la elevada regulación legal respecto a planes de igualdad o informes retributivos, entre otros. El ámbito fiscal es otro de los aspectos que incrementan “excesivamente” en opinión de las empresas de Gipuzkoa las cargas administrativas que están obligadas a cumplir. Como quejas principales, el informe de Adegi recoge la necesidad de presentar el mismo impuesto en Haciendas diferentes, la aplicación a todas las empresas del impuesto al plástico y “un control fiscal no homogéneo entre regiones”.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social prepara en estos momentos una ley para quitar peso a la patronal CEOE en la mesa de diálogo social. El objetivo de esta futura normativa, según Trabajo, es “ desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional”. Así figura en el Plan Anual Normativo del año 2024 publicado por el Gobierno, que incorpora la llamada Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. En el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar ya había un apartado en el que los socios se comprometieron a desarrollar esta representatividad de las pymes y también del colectivo de autónomos mediante “un sistema basado en principios democráticos”. Ahora, la vicepresidenta segunda y titular del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, da un paso más e incluye esta ley en el plan normativo, lo que refleja la intención de su departamento de aprobar la norma este año. Las pymes tienen a Cepyme como representante en el diálogo social, una organización que integrada en la patronal CEOE, pero parece que la apuesta del Gobierno sería incluir también a la Confederación Nacional de Pymes y Autónomos (Conpymes). El presidente de esta patronal, José María Torres, defendió que la organización debería estar representada en el diálogo social, porque ya cumple con el requisito de representar a más del 10% de los trabajadores.

Artículo de Rosa Lavín, presidenta de Konfekoop: "...Desde la Confederación de Cooperativas de Euskadi, con la convicción de que necesitamos una mirada ambiciosa y de largo recorrido, con la certeza de que necesitamos nuevos raíles por los que transitar un futuro nuevo, nos hemos reunido con todos los candidatos y candidatas de los partidos que concurren a las elecciones del día 21. En estas reuniones hemos podido compartir la agenda política de las empresas cooperativas para la XIII Legislatura. Una agenda con diez propuestas, que reflejan el compromiso firme de Konfekoop con el desarrollo socioeconómico y el bienestar de Euskadi a través del fortalecimiento de las empresas cooperativas en el territorio. Hemos propuesto a todos los partidos impulsar un nuevo modelo de gobernanza que eleve la relevancia institucional de las empresas cooperativas en la estructura del nuevo Gobierno vasco con la creación de una viceconsejería de Empresas Cooperativas. Esto permitirá impulsar un nuevo modelo de gobernanza que reconozca a estas sociedades como un agente decisivo para el desarrollo de Euskadi y permita aprovechar todo nuestro conocimiento y experiencia para contribuir a la construcción económica y social de Euskadi...Euskadi ha sido, es y debe seguir siendo una referencia industrial, pero hay riesgo de perder competitividad y referencialidad en el ámbito estatal e internacional si no se toman las decisiones adecuadas. Por eso, desde las empresas cooperativas hemos incluido una propuesta para hacer de la soberanía industrial estratégica una línea prioritaria de la acción del nuevo Gobierno vasco que permita reforzar la competitividad de las empresas cooperativas del sector industrial en Euskadi. Si queremos ser una referencia industrial, que la industria sea nuestro valor diferencial, necesitamos crear las directrices adecuadas para que el tejido industrial vasco no se quede atrás. Un tiempo nuevo requiere de una nueva fiscalidad. Hemos de dotarnos de un sistema fiscal adaptado que impulse el modelo cooperativo en toda su amplitud y que no obstaculice su desarrollo..."

Europa ha ‘regañado’, una vez más, a España. En esta ocasión por tener un sistema de despido improcedente contrario a la Carta Social Europea. La resolución adoptada por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) a finales del mes pasado no ha salido aún a la luz pública –previsiblemente no se conocerá de forma oficial hasta el 29 de julio–, pero se ha filtrado ya que da la razón a UGT, que presentó una demanda en marzo de 2022 argumentando que la indemnización que se paga cuando un trabajador es despedido sin causa justificada es «claramente insuficiente para reparar de forma íntegra los daños derivados del despido antijurídico, fraudulento o abusivo y absolutamente ajena a la más mínima función disuasoria». A falta de conocer los detalles, Estrasburgo previsiblemente marcará a España un camino en el que se eliminen las indemnizaciones máximas, se adecuen al daño causado y se otorgue al trabajador la opción de elegir entre ser readmitido en la empresa o cobrar dicha indemnización, puesto que así lo ha hecho en otras decisiones previas. En la actualidad, y tras la reforma laboral de 2012, cuando una empresa despide a un empleado y un juzgado declara que es improcedente, es la compañía la que elige entre pagar una indemnización que está fijada en 33 días de salario por año trabajado con un límite máximo de 24 mensualidades o reincorporarlo de nuevo. Cabe señalar, no obstante, que solo Italia y Portugal conceden al trabajador el derecho de volver a su puesto. Instaurar una indemnización a la carta, sin tasar previamente, y subjetiva en función de factores como la edad, la renta, el género, la formación, la situación familiar, etc., puede tener también el efecto contrario del que se busca: favorecer a los trabajadores más vulnerables o a los que más dificultades tienen para encontrar otro empleo en el futuro. De esta forma, las empresas, que siempre buscan la certidumbre, podrían tomar la decisión de no contratar a los trabajadores mayores, a las personas con algún tipo de discapacidad, a los que tengan varios hijos o a los de escasa formación por el miedo a que si el día de mañana tienen que despedirlos les vaya a salir más caro que si cogen a jóvenes, sin familia, con estudios...

El poder del modelo de financiación vasco, con mayor capacidad financiera de la que disponen las autonomías del régimen común, se levanta blindado por la Constitución sobre dos pilares. Por una parte, la capacidad de recaudación de todos los impuestos que se pagan en la comunidad a las diputaciones forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa y que acaban engrosando también las arcas del Gobierno autonómico, que se quedó con un 70% de los 18.200 millones recaudados en 2023. Por otra, porque después se efectúa un pago al Estado por los servicios prestados en competencias no transferidas. La teoría dice que esa compensación, denominada cupo, varía en función de la negociación política con el Gobierno. Este 2024 toca pagar en torno a 1.677 millones de euros, próximo al 6,24% (lo que pesaba su aportación al PIB). “Es una fórmula de éxito porque la gente tiene claro que lo que se recauda se queda aquí, lo que ofrece una gran libertad para escoger el gasto”, destaca el economista Iñaki Fernández de Gamboa en defensa del modelo. Y esa fórmula, dicen no pocas estadísticas, ha dado resultados. El País Vasco es, junto a Madrid, la única comunidad autónoma con una renta per capita superior a la media de la UE y la que menor porcentaje de residentes tiene en riesgo de pobreza. Es el territorio con mayor peso de la industria en relación al PIB (la oficina estadística autonómica lo sitúa en el 24%, por encima del objetivo de la UE) y el de mayor inversión en I+D de España, con 800 euros al año por habitante, muy por encima del resto de las comunidades españolas. Y su presupuesto público está saneado: su deuda en relación al PIB es de las más bajas de España, las agencias de rating le dan mejor nota que al Estado español y solo el Gobierno vasco tiene aprobados unos Presupuestos que sitúan el gasto bruto por habitante alrededor de los 6.900 euros. En opinión de Guillermo Dorronsoro, consultor en Zabala Innovation Consulting y miembro de la Comunidad del Concierto, una joven plataforma creada para dar a conocer el sistema de financiación, la utilización de los recursos del sistema de financiación vasco ha servido para impulsar el gasto en el Estado del bienestar a la vez que se invertía en la reconversión del modelo económico. Pedro Luis Uriarte, exconsejero vasco de Economía y uno de los padres del concierto, acostumbra a explicar que el estreno del modelo llegó en un momento difícil, con una “catastrófica” situación de la industria, un decrecimiento de la economía del 10%, un 40% de paro en la margen izquierda del Nervión y plena actividad del terrorismo. Los nuevos recursos del concierto aliviaron la tormenta y los esfuerzos permitieron que, según Uriarte, 15 años después se creara un círculo expansivo que se prolongaría hasta la gran crisis de 2008: el Gobierno ayuda a las empresas, las empresas ganan competitividad y beneficios, y acaban pagando más impuestos, que se siguen quedando en el País Vasco. “Es público y notorio que el concierto genera ventajas, por eso aquí todo el mundo está a favor, y el Gobierno vasco ha conseguido crear un clima de confianza con las empresas, esa proximidad ha surtido efecto”, señala el presidente de una gran empresa vasca, que se expresa con condición de anonimato 

En los últimos tiempos están llegando mensajes algo pesimistas en relación con el avance de la movilidad eléctrica. Algunos factores exógenos están aportando algo de incertidumbre temporal en relación con la implantación definitiva del coche eléctrico por delante de los modelos de combustión, lo que ha provocado que las cifras de ventas se hayan desacelerado últimamente, en comparación con los grandes crecimientos que venían contabilizando desde hace años. A pesar de estos efectos recientes, que han cambiado un poco las perspectivas de futuro, el compromiso de lanzamiento de vehículos eléctricos e híbridos enchufables por parte de las marcas de coches y el calendario regulatorio europeo de emisiones son firmes y adelantan una expansión generalizada de los modelos electrificados en los próximos años. La previsión de electrificación de los fabricantes de automóviles y la exigente regulación europea, que obligará a dejar de vender coches y furgonetas contaminantes desde 2035, empujarán las ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables hasta que acaben superando a las de automóviles diésel y de gasolina. Un reciente estudio de EY y Eurelectric resalta que los modelos eléctricos e híbridos enchufables representaron el 23% de las matriculaciones de automóviles en Europa a cierre del año pasado y anticipa que estos modelos superarán en ventas a los de combustión antes de 2027.

Han surgido hace pocos meses indicios de incertidumbre sobre el futuro de los coches eléctricos, ya que tras años de fuertes crecimientos de ventas se están viendo caídas esporádicas en algunos mercados. Como ejemplo, en marzo las ventas de vehículos eléctricos bajaron un 12,4% en España, rompiendo con años de subidas, mientras que en Alemania también se vendieron un 29% menos de eléctricos. La desaceleración apunta a ser puntual, puesto que la previsión es que la movilidad eléctrica se generalice en Europa, pero la menor demanda de modelos eléctricos responde a un cierto ambiente de incertidumbre alrededor de la electromovilidad. Estas dudas parten, principalmente, de comentarios de algunos partidos políticos que han avisado de que podrían revisar plazos de la normativa europea sobre emisiones si ganan las elecciones europeas. Otro factor que genera dudas es el fin de las ayudas a la compra de coches eléctricos en Alemania, que provocó una caída inmediata en las ventas. Tampoco ayudan los vaivenes de precios que se están produciendo en el mercado, ya que, impulsados por Tesla, muchas marcas anunciaron rebajas de precios en sus eléctricos, aunque ahora algunas han reculado, lo que no ayuda a generar confianza en los consumidores. Algunas marcas también están alargando la vida de modelos de combustión y retrasando el lanzamiento de modelos eléctricos a la espera de una mayor demanda de los clientes.

Impuesto energético, nuevos requerimientos para las subastas de retribución a renovables, tasa nuclear, precios de la luz a cero euros, candidatos para la nueva Comisión de Energía. El Ministerio de Transición Ecológica, siempre agitado desde que se creó, es ahora un hervidero de asuntos, la mayor parte con una relevancia tan enorme que condicionarán la energía española durante años. Entre ellos está incluso despejar el futuro profesional de la titular de esa cartera, Teresa Ribera, quien a pesar de su intensa agenda, saca tiempo para repasar minuciosamente los temas más candentes en una entrevista. “Me siento muy privilegiada de lo que he hecho y estoy deseando seguir haciéndolo”, dice la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica cuando le preguntan si finalmente irá como cabeza de lista por el PSOE a las elecciones europeas, o si el Gobierno luchará por situarla como futura comisaria europea de Energía o incluso vicepresidenta de la Comisión. Ribera, que ha repetido en los últimos días que está “a disposición” de lo que decida su Gobierno, reconoce que “trabajar en Europa en este momento es importantísimo”. “Hay que ponderar si tiene más interés y valor estratégico estar aquí o estar allí”. En cualquier caso, “es una decisión que trasciende mi voluntad”. Es “un tema que aún está abierto”, dice Ribera, que no tiene inconveniente en abordar asuntos sensibles. Como el impuesto que decretó el Gobierno de Sánchez a las mayores energéticas a modo de aportación solidaria a cuenta de sus supuestos beneficios extraordinarios, en plena escalada de precios. “No es un impuesto, es una prestación [patrimonial]”, matiza Ribera, que recuerda que se estableció para dos ejercicios, 2022 y 2023, a liquidar, respectivamente, en 2023 y este año. El Gobierno trabaja ahora en “rediseñar” esa tasa introduciendo alguna fórmula que la dulcifique. No está claro cómo ni cuándo y, sobre todo, si lo conseguirá, habida cuenta de la complejidad para formar mayorías parlamentarias que validen nuevas leyes. “La tasa decae al finalizar este ejercicio, no hay más después”, dice abiertamente Ribera. “La cuestión es si se transforma en algo más estable, en un incentivo a la inversión. En eso estamos todos de acuerdo”.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, siempre usa un tono didáctico en todas sus explicaciones. Hasta que llega al asunto del cierre de las centrales nucleares en España, donde además de enseñanza añade un notorio apasionamiento. “Se acabó el mito de que las nucleares son baratas”, dice. La ministra recuerda que ahora hay momentos del día en los que algunas nucleares piden a Red Eléctrica reducir su producción “porque las cuentas no les salen”, frente a instalaciones de renovables, con costes más bajos. “Es algo insólito, que jamás había ocurrido en España”, dice Ribera para recalcar que las nucleares han perdido su ventaja competitiva. Entre otras cosas, Ribera pasará a la historia por haber sido la ministra que fijó un calendario de cierre ordenado de todas las nucleares en España, entre los años 2027 y 2035. “El calendario que se acordó es el que se acordó”, asegura tajante. Y recuerda que ese calendario fue resultado de un acuerdo “extraordinariamente inteligente”. Aunque a veces se vuelva a generar ruido en el sector, “hasta ahora, nadie ha pedido ampliar plazos”, explica Ribera, recordando el pacto con las eléctricas propietarias de las centrales –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP–, firmado en 2019. Ribera es consciente de que el asunto del apagón nuclear ha vuelto a levantar polémica ante la propuesta del Gobierno de subir la tasa que pagan las empresas precisamente para clausurar centrales. Sobre todo, por el coste extra que supondrá la gestión de residuos, una vez que ha quedado cancelado el cementerio nuclear de Villar de Cañas, en Cuenca, menos caro que otras alternativas. “Lo que no se va a hacer es que los Presupuestos Generales del Estado sufraguen el gasto de los residuos”, dice la ministra. “No se puede socializar ese coste” y trasladarlo a todos los usuarios vía Presupuestos.

Cuando a Teresa Ribera le preguntan qué debería hacer Repsol para evitar la confrontación dialéctica que mantiene desde hace tiempo con ella, por las distintas formas de entender la transición energética, la ministra contesta con suavidad pero firme. “Repsol ha hecho muchas cosas, y no tengo ningún comentario negativo; lo importante es que siga actualizando una estrategia empresarial de largo plazo, siendo realista con la necesidad de descarbonización”, dice Ribera. “La descarbonización es algo que debemos hacer sí o sí, y es mejor hacerlo de forma anticipada”. Es cierto que “el uso de los derivados del petróleo para automoción y otros usos químicos no va a cambiar de un día a otro”. Repsol “tiene tiempo, pero no debe retrasarse”. Hoy “tiene recursos; el retorno es muy importante en el sector del petróleo para empujar la transformación”. Es siempre “bueno trabajar de la mano, y desde el Gobierno acompañar a las empresas”. Pero también que se “eviten palabras altisonantes que cuestionen la política industrial, económica y ambiental de la UE y de España, y la necesidad de facilitar la transformación”. En este sentido, Ribera reconoce su malestar con algunas declaraciones de Antonio Brufau, presidente de Repsol, y Josu Jon Imaz, consejero delegado. A veces, “dicen cosas muy llamativas”, como “afirmar que solo se puede mantener empleo con su modelo empresarial”.

En pleno apogeo de proyectos eólicos y fotovoltaicos, Álava puede vislumbrar en el horizonte el reto de renovar el primer complejo de molinos instalado en Euskadi: la central de Elgea-Urkilla. Según ha podido saber este periódico, Iberdrola estudia ya la posibilidad de sustituir en unos pocos años los aerogeneradores de este parque por nuevos molinos más potentes, lo que se conoce como repotenciación. Cada una de las 38 turbinas instaladas en el parque eólico de Elgea-Urkilla tiene una potencia de 850 kilovatios. En conjunto, aportan el equivalente al consumo de 50.000 hogares. Son de Siemens Gamesa, una empresa que hoy en día no vende ninguna turbina de menos de 2 megavatios; es decir, de más del doble de lo que hay puesto en la sierra fronteriza con Gipuzkoa. Dicho de otra manera: cuando el parque llegue al final de su vida útil bastaría con colocar menos de la mitad de los aerogeneradores actuales para generar exactamente la misma energía. Esa posibilidad es la que está estudiando Iberdrola. Hasta ahora, la energética vasca ha obtenido ayudas de los fondos europeos para repotenciar dos parques eólicos en Galicia y otros dos en Castilla La Mancha. Sin embargo, José González, responsable de Promoción de Renovables de Iberdrola, admitió hace unas semanas que esta posibilidad también estaba en fase de «análisis» en Euskadi.

La asociación GoinerAm, que agrupa a 24 empresas del municipio de Amurrio, ha puesto en marcha la creación de una comunidad energética, la segunda de este tipo en Álava, tras la que se acaba de constituir en Llodio. La agencia de desarrollo local Amurrio Bidean explica que se trata de uno de los objetivos de este colectivo para 2024. Es una comunidad energética de autoconsumo que se extenderá por los polígonos industriales de la zona. Del total de empresas, nueve se localizan en Aldaiturriga, siete en Maskuribai y cinco en Saratxo. Además, las zonas industriales de Kalzadako y Zankueta cuentan con una firma cada uno y otra se localiza en Artomaña. De momento, la asociación está recabando información acerca de las empresas interesadas en participar en este proyecto, que persigue obtener energía en sus propias instalaciones, habitualmente mediante la colocación de paneles fotovoltaicos. Se trata de una red autosuficiente y autónoma del tendido convencional. El objetivo es lograr el autoabastecimiento y, al mismo tiempo, rebajar los costes y mejorar el medio ambiente. Se trata de la segunda comunidad energética de este tipo que se crea en el territorio histórico de Álava tras la que acaba de arrancar en Llodio a través de un grupo similar, Laudiogroup.

Nunca antes España había contado con tanta población activa, es decir, con tanto número de personas en edad de trabajar que lo hacen o quieren hacerlo. Desde la pandemia, de hecho, es el segundo país de la UE, solo por detrás de Alemania, que ha registrado el mayor incremento de población activa de 15 a 64 años. Tras este aumento del factor laboral –cuanto mayor sea la población activa más recursos humanos tiene a su disposición el país para producir– se encuentra, principalmente, la llegada de inmigrantes más que el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) ya que, como todos los países de Europa, el nuestro también está amenazado por un incremento de la longevidad y una caída de la tasa de natalidad que condenan a la demografía el envejecimiento. Con todo, los datos de Eurostat muestran que en España la población activa de 15 a 64 años (colectivo escogido por la agencia de estadística comunitaria como el que está en edad de trabajar) ha crecido en 1,075 millones de personas desde que irrumpió la pandemia, un aumento del 4,8%, superior al registrado tanto en términos absolutos como relativos en países como Francia, Italia, Polonia o Países Bajos. Que aumente la población activa supone un reto para cualquier mercado laboral, ya que ante el aumento de la gente que está dispuesta a trabajar tiene que ser capaz de absorberla y derivarla al empleo. De lo contrario, engordaría el colectivo de parados. En España, el tejido productivo ha sido capaz de asimilar todo este incremento de la población activa, lo que ha contribuido a que el número de afiliados a la Seguridad Social roce los 21 millones –se ha llegado a superar ese récord incluso el día 25 de marzo–. La tasa de paro, sin embargo, muestra resistencias a bajar precisamente por este incremento y sigue situándose en el 11,76%, complicando el objetivo del Gobierno de llegar al denominado pleno empleo, que sería compatible con una tasa de paro por debajo del doble dígito. 

La renta del conjunto de los hogares españoles prácticamente recuperó en 2023 los niveles previos a la pandemia. Una vez restada la inflación, se situó apenas un 0,1% por debajo de la registrada en 2019, según datos del INE. Se trata de un hito destacable si se tiene en cuenta la envergadura de los obstáculos a los que se ha enfrentado la economía: la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis energética y de precios, los cuellos de botella, la subida de tipos o la ralentización europea. El apoyo del BCE ha permitido alejar las tensiones financieras y que el Estado acuda al rescate de la economía de una forma que no pudo entre 2008 y 2014. Sin embargo, esta recuperación de las rentas totales se ha conseguido en buena medida porque la población ha crecido en más de un millón de individuos respecto a 2019 por la llegada de inmigrantes. En consecuencia, si se mide la renta por habitante y se corrige con el IPC, la recuperación no ha sido completa: en 2023 los ingresos por persona fueron un 2,7% inferiores que antes de la covid. El mordisco de la inflación sigue haciendo mella en los bolsillos de los españoles. No obstante, esta pérdida de renta ha sido un poco menor en los asalariados. En parte porque son los ingresos de los autónomos los que están peor que en 2019 incluso sin tener en cuenta la inflación.

Las nuevas reglas fiscales europeas buscan que los Estados miembros vuelvan a la senda de control del gasto público tras la montaña de deuda generada por las crisis sistémicas, primero, y la pandemia de covid-19 como colofón. Pero el acuerdo político alcanzado en febrero entre el Consejo y el Parlamento Europeo, tras intensas negociaciones, y que deberá ser ratificado a lo largo de este mes, hará que numerosos países, entre ellos España, no sean capaces de cumplir sus objetivos climáticos y sociales, advierte un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC). “Las reglas propuestas van a poner una camisa de fuerza a los Estados miembros y les impedirán hacer las inversiones mínimas necesarias para lograr los objetivos climáticos y sociales de la propia UE”, denuncia la secretaria general de ETUC, Esther Lynch. El estudio de la confederación sindical, realizado por el laboratorio de ideas New Economics Foundation, concluye que con las nuevas reglas fiscales, un total de 18 países, entre ellos España, Italia, Francia o hasta Alemania, uno de los países que más ha pujado por endurecer los ajustes en el acuerdo, no podrán gastar lo necesario para cumplir sus objetivos de inversión en infraestructura social como hospitales, escuelas o planes de vivienda. En el caso español, el estudio destaca que, según las nuevas reglas, en 2027 se requerirá un recorte del 0,1% en el gasto social, cuando el mínimo necesario para cumplir los objetivos es una inversión del 0,6% más. Si se añaden las necesidades para cumplir la transición ecológica, en total la brecha de inversión social y verde será en 2027 de al menos 26.400 millones de euros en España, que llegará a los 80.600 millones en Alemania, casi 67.000 millones en Italia y más de 53.000 en Francia, destaca ETUC, que ha usado para sus cálculos los datos de Eurostat de 2021, dado que son las últimas cifras completas de todos los países.

Urrearekin parekatu dute askok bitcoina. Metal preziatua bezala diru mugatua da Bitcoina, Satoshi Nakamoto izeneko kolektiboak sortua 2008an. Nazioarteko ekonomia dardarka jarri zuen finantza krisiaren testuinguruan, bestelako transakzio eredua aldarrikatu nahi izan zuten bitcoinaren sortzaileek, deszentralizatutako finantza sistema berri bat. Merkatuetako begirale zein agintarien bitartekaritzaren bidezko transakzioen aurrean, erabiltzaileen arteko aktiboen truke zuzena proposatu zuen Satoshi Nakamotok, blockchain teknologian oinarrituta. Hala, blokeen katearen bidez (blockchain) merkatuko parte-hartzaile guztiek berresten dituzte transakzioen datuak, zerbitzari zentral baten beharrik izan gabe. Deszentralizatutako ordenagailuen sarea da, hortaz, bitcoinaren funtzionamenduaren gakoa. Ordenagailu bakoitzak “nodo” bat osatzen du, eta bertan transakzio guztien kopia egiten da, horretarako algoritmo kriptografikoetan oinarritutako zifratze-teknikak erabiltzen dira, sistemaren segurtasuna bermatuz.Gehiago irakurri hemen. 

El cerebro humano es la estructura natural más compleja del universo conocido, con 86.000 millones de neuronas que transmiten 1.000 impulsos por segundo. Imitar solo una parte de esa extraordinaria maquinaria biológica para aprender, entender y responder en el español que hablan más de 500 millones de personas es la monumental tarea encargada por el Gobierno y en la que se han embarcado el Barcelona Supercomputing Center (BSC) con su superordenador MareNostrum y la multinacional IBM, que pondrá a disposición del proyecto todo su potencial de programación, investigación e infraestructura mundial de inteligencia artificial. Darío Gil, murciano criado en Madrid que este 2024 cumple 49 años, ha sido el principal valedor tecnológico de esta aventura como máximo responsable de la división mundial de investigación de IBM. Realiza esta entrevista poco después de firmar el acuerdo que dará lugar al primer gran modelo de lenguaje de IA nacido en español. Convencido de que este avance es “una revolución”, apuesta por una arquitectura abierta y colaborativa donde quepa todo, desde las actas de sesiones parlamentarias hasta la Real Academia Española o cualquier universidad o colectivo hispanohablante. Calcula que el primer desarrollo se podrá mostrar este año. "La tecnología en sí está evolucionando a una velocidad como nunca he visto hacerlo a ninguna otra. Y ya no planificamos a un año o dos, sino para dentro de un mes, semanas o días. No veo burbuja. Si la hay es de catastrofistas, pero la base tecnológica es potente y sólida..."

Hefei, una ciudad en el este del gigante asiático, se ha convertido en el modelo de progreso tecnológico de Pekín. La azafata avanza por los pasillos y presenta los productos más punteros de la compañía iFlytek, una de las joyas mimadas de la inteligencia artificial (IA) china. Hay un pequeño perro robot que se pasea entre expositores, una pizarra inteligente llamada a transformar la educación, redes para la gestión del tráfico urbano desplegadas en un muro led y un brazo autómata que nunca pierde al Go, el milenario juego chino de tablero de estrategia. La compañía, fundada en 1999, ha cimentado su éxito sobre un sistema de interpretación simultánea, de uso extendido en China, que genera una traducción de forma casi instantánea a más de 80 lenguas; la aplicación casi permite ir por la vida con subtítulos. El año pasado, iFlytek lanzó Spark Desk, una IA concebida para competir con ChatGPT. La empresa ha asegurado que ya supera al modelo GPT en varios campos en chino; en inglés, consigue igualarla en decenas de tareas. Y esto, bajo el peso de las sanciones y de restricciones estadounidenses a tecnología punta vinculada al sector de los semiconductores, se percibe en Pekín y en la sede de la compañía, como un triunfo. iFlytek tiene su cuartel general en Hefei, la capital de la provincia de Anhui, de la que pocos fuera de China habrán oído hablar. Pero el Gobierno del gigante asiático se ha apresurado a organizar un viaje hasta esta urbe de 12,5 millones de habitantes, ubicada en el este del país, porque la considera un modelo a seguir en el avance de las “nuevas fuerzas productivas”, el concepto de moda en Pekín. Lanzado en 2023 por el presidente, Xi Jinping, bajo su nombre laten ecos marxistas, pero se proyecta hacia un futuro de alta tecnología.